Document - India: Government urged to stop all executions as new concerns emerge

AMNISTÍA INTERNACIONAL

AMNISTÍA INTERNACIONAL

DECLARACIÓN PÚBLICA

Índice AI: ASA 20/022/2013

17 de abril 2013

INDIA: SE INSTA AL GOBIERNO A DETENER TODAS LAS EJECUCIONES, AL TIEMPO QUE SURGEN NUEVOS MOTIVOS DE PREOCUPACIÓN

Amnistía Internacional ve con gran alarma la decisión tomada el 12 de abril de 2013 por el Tribunal Supremo de India en el caso de Devender Pal Singh Bhullar. La organización insta a las autoridades del país a no llevar a cabo ésta ni ninguna otra ejecución y a establecer de inmediato una moratoria sobre la aplicación de condenas de muerte como primer paso para la abolición de la pena capital.

El juicio de Devender Pal Singh no cumplió las normas internacionales sobre juicios justos. La decisión de Tribunal Supremo hace que el modo en que se trata la tardanza en atender las peticiones de indulto sea motivo de preocupación. Además, Amnistía Internacional considera muy decepcionante que el Tribunal Supremo haya hecho prácticamente caso omiso de normas internacionales de derechos humanos sumamente pertinentes, pese a haber reconocido reiteradamente los jueces que lo componen que es “una norma aceptada de interpretación judicial que deben tomarse en consideración los convenios y las normas internacionales para la interpretación del derecho interno preferentes” Por ejemplo, en la causa Vishaka & Others vs. State of Rajasthan & Others 1997 (6) SCC 24.

La reciente reanudación de las ejecuciones y el secretismo en torno a ellas se suman a un catálogo sumamente alarmante de motivos de preocupación relativos al uso de la pena de muerte por parte de las autoridades indias.

Preocupación por falta de garantías procesales: el caso de Devender Pal Singh Bhullar

El juicio de Devender Pal Singh Bhullar, uno de los presos que corren ahora riesgo inminente de ejecución, no cumplió las normas internacionales sobre juicios justos. Devender Pal Singh Bhullar fue condenado a muerte en agosto de 2001 por su participación en un atentado con explosivos perpetrado en Nueva Delhi en 1993 y que mató a nueve personas. Lo habían detenido en el aeropuerto de Nueva Delhi en enero de 1995 en aplicación de la Ley sobre Actividades Terroristas y Subversivas, norma que dejó de aplicarse posteriormente y que contenía disposiciones incompatibles con el derecho internacional de los derechos humanos, en especial con el derecho a un juicio justo.

Devender Pal Singh Bhullar no tuvo acceso a un abogado durante su reclusión inicial ni durante el juicio. Fue declarado culpable sobre la base de una confesión no corroborada que había hecho ante la policía y de la que se retractó posteriormente, afirmando que era falsa y que la había hecho bajo presión policial. Ha mantenido en todo momento su inocencia.

El Tribunal Supremo confirmó la sentencia y la condena de muerte en marzo de 2002. Sin embargo, uno de los tres jueces declaró a Devender Pal Singh inocente, tras llegar a la conclusión de que no había pruebas para condenarlo y de que una confesión dudosa no podía servir de base para imponer la pena de muerte. Nuevamente por mayoría de dos contra uno, los mismos jueces del Tribunal Supremo rechazaron en diciembre de 2002 una petición de revisión. Los dos jueces a favor de la condena de muerte observaron que su imposición no unánime podía ser un factor a tener en cuenta en el proceso de petición de indulto.

El presidente rechazó la petición de Devender Pal Singh Bhullar en mayo de 2011, ocho años después de haberse presentado. Devender Pal Singh Bhullar impugnó la decisión ante el Tribunal Supremo, solicitando la conmutación de la condena de muerte dada la excesiva tardanza en examinarla e impugnando la constitucionalidad de su prolongada reclusión como condenado a muerte, que consideraba cruel, inhumana y degradante, además de una violación del derecho internacional de los derechos humanos.

El uso de la pena de muerte en India presenta múltiples deficiencias sistémicas. La falta de coherencia en la imposición de las condenas es motivo de especial preocupación. También lo es la sucesiva legislación que prevé el enjuiciamiento y la condena a muerte por “delitos de terrorismo”, que viola el derecho y las normas internacionales sobre juicios justos. Entre los motivos de preocupación relativos a esa legislación figuran la amplia definición de “actos terroristas” por los que puede imponerse la pena de muerte, la falta de salvaguardias al practicar las detenciones, las disposiciones excepcionales que permiten admitir como prueba “confesiones” hechas ante la policía y no ante el juez, los obstáculos a la comunicación confidencial con los abogados, la falta de independencia suficiente de los tribunales especiales respecto del poder ejecutivo, la falta de salvaguardias suficientes de la presunción de inocencia, las disposiciones sobre la celebración a discreción de juicios a puerta cerrada, las amplias disposiciones que permiten mantener en secreto la identidad de los testigos y los límites impuestos al derecho de revisión ante un tribunal superior.

Una sentencia alarmante y retrógrada, que no tiene en cuenta las normas internacionales

En el sistema de justicia de India, la solicitud del indulto suele ser la última oportunidad que tiene el condenado a muerte de conseguir que el poder ejecutivo le conmute la pena una vez agotados los recursos judiciales.

En 1989, un grupo de cinco jueces del Tribunal Supremo de India determinaron las circunstancias en que los presos podían dirigirse a los tribunales para impugnar decisiones sobre sus peticiones de indulto alegando demora excesiva.

El Tribunal Supremo sostuvo que “la larga demora indebida en la ejecución de la condena de muerte dará derecho a la persona condenada a dirigirse a este Tribunal en aplicación del artículo 32 […] Este Tribunal podría [no obstante] considerar la cuestión de la demora excesiva a la luz de todas las circunstancias del asunto para decidir si la ejecución de la condena debe llevarse a cabo o sustituirse por cadena perpetua. No podrá alegarse ningún tiempo fijo de demora para declarar la condena de muerte inejecutable”.

Antes incluso de esta sentencia de 1989, el Tribunal Supremo había conmutado condenas de muerte por cadena perpetua al considerar que se habían producido “demora ejecutiva excesiva”, equivalente a violación del derecho a la vida según la Constitución india. En algunos de estos casos de conmutación, la demora ejecutiva fue de dos años, e incluso menor. Por ejemplo, en la causa T V Vatheeswaran vs. State of Tamil Nadu AIR 1983 SC 361.

En su sentencia del 12 de abril del 2013 –Devender Pal Singh Bhullar vs. State of N.C.T of Delhi, Writ Petition (Criminal) D. No. 16039 of 2011, issued on 12 April 2013–, el Tribunal Supremo tomó nota de la alegación del solicitante de que la larga demora de ocho años en atender la petición de indulto “ha hecho que la condena de muerte sea trato cruel, inhumano y degradante” (párr. 39). Sin embargo, decidió no conmutar la condena y rechazar la alegación basándose en la “magnitud del delito”. Un aspecto preocupante es que en la sentencia se afirma también que la demora “no es aplicable en el caso de las personas declaradas culpables de delitos tipificados en la Ley de sobre Actividades Terroristas y Subversivas o normas similares”.

La tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes están absoluta e inequívocamente prohibidos por el derecho internacional de los derechos humanos y humanitario. La prohibición es una norma imperativa de derecho internacional general, aplicable a todos los Estados, y se halla recogida en el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que India es Estado Parte. Esta disposición no admite excepciones, es decir que no puede anularse ni restringirse ni siquiera en las situaciones de emergencia más graves. La interpretación del Tribunal Supremo de que hay que considerar la “magnitud del delito” por encima de la alegación de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes es, por tanto, motivo de extrema preocupación.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todas la circunstancias y no cree, por tanto, que exista ningún periodo “apropiado” durante el que pueda estar recluida una persona antes de su ejecución.

Problemas de salud mental no considerados debidamente

La Comisión de Derechos Humanos de la ONU instó a todos los Estados que seguían utilizando la pena de muerte a “[n]o imponer la pena capital ni ejecutar a ninguna persona que sufra de algún tipo de discapacidad mental o intelectual”. Devender Pal Singh Bhullar ha estado recibiendo tratamiento en un centro psiquiátrico de Nueva Delhi, y en 2011 su abogado solicitó que el Tribunal Supremo de India tuviera en cuenta su mala salud mental como motivo para conmutarle la condena de muerte.

En la sentencia dictada el 12 de abril, el Tribunal Supremo de India reconoció que la documentación aportada por el abogado de Devender Pal Singh Bhullar indicaba que “debido a la prolongada estancia en prisión tras ser declarado culpable y condenado a muerte, el solicitante ha sufrido física y mentalmente”. Sin embargo, determinó que tal documentación “no puede servir de base para llegar a la conclusión de que la salud mental del solicitante se ha deteriorado hasta el punto de que la condena que le ha sido impuesta no pueda ejecutarse”. Dado que Devender Pal Singh Bhullar ha pasado más de dos años en un centro psiquiátrico, esta breve y poco clara forma de desestimar la alegación es una preocupante muestra más de la escasa atención que el Tribunal parece haber prestado a las normas internacionales de derechos humanos.

Temor de nuevas ejecuciones inminentes

Amnistía Internacional teme que la decisión tomada en el caso de Bhullar y el razonamiento seguido para ello afecten a otras causas pendientes ante el Tribunal Supremo por razones similares. Son motivo de preocupación en especial las causas abiertas en aplicación de la Ley sobre Actividades Terroristas y Subversivas. Amnistía Internacional teme que el fallo del Tribunal Supremo reste posibilidades de éxito a las peticiones de indulto de estas personas.

El 6 de abril de 2013, el Tribunal Supremo de India aplazó las ejecuciones de varias personas mientras se presentaban peticiones en su nombre para que se les conmutara la condena de muerte por prisión dada la “demora excesiva” del poder ejecutivo para tomar una decisión sobre sus peticiones de indulto. Esas personas son: Praveen Kumar, Gurmeet Singh, Jafar Ali, Suresh y Ramji, Sonia y Sanjeev, Sunder Singh, y Dharampal. Algunas de ellas llevan mucho tiempo condenadas a muerte; por ejemplo, Suresh, Ramji y Dharampal llevan más de 10 años.

Otras personas cuyas peticiones de indulto se rechazaron y a las que se ha concedido un aplazamiento de la ejecución en espera de la decisión judicial son: Santhan; Murugan, Perarivalan y Gnanaprakasam; Simon; Meesekar Madaiah; Bilavendran; Mahendra Nath Das, y Saibanna. De ellas, Santhan, Murugan, Perarivalan, Gnanaprakasam, Simon, Madaiah y Bilavendran han sido declarados culpables de delitos tipificados en la Ley sobre Actividades Terroristas y Subversivas.

India reanudó las ejecuciones, tras una pausa de más de ocho años, en noviembre de 2012, cuando fue ahorcado Ajmal Kasab, único de los responsables de los atentados de Mumbai de 2008 superviviente. En febrero de 2013 se llevó a cabo otra ejecución, la de Afzal Guru. El presidente ha rechazado al menos nueve peticiones de indulto más sólo en 2013.

Secretismo en el uso de la pena de muerte

Aunque Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte incondicionalmente, ve también con preocupación la falta de transparencia existente en torno a su uso en India desde noviembre del año pasado.

Cuando se ejecutó a Ajmal Kasab el 21 de noviembre de 2012, se informó públicamente de ello cuando la ejecución había tenido ya lugar. Asimismo, cuando se ejecutó a Afzal Guru el 9 de febrero de 2013, ni siquiera su familia recibió la notificación de la ejecución antes de que se llevara a cabo, y tampoco se les entregó su cadáver para que lo enterraran.

La información relativa a las decisiones del presidente sobre las peticiones de indulto no está ya disponible en el sitio web de la secretaría presidencial. El 5 de abril se tuvo noticia de que el presidente había tomado su decisión sobre las peticiones de indulto que se le habían remitido y había rechazado al menos las de siete personas. Sin embargo, hasta la fecha el Ministerio del Interior de India no ha aclarado cuántas peticiones se rechazaron, ni ha comunicado tampoco el número ni la identidad de las personas cuyas peticiones se rechazaron.

La información recibida indica que el 5 de abril al menos un preso fue trasladado a un centro de detención preparado para llevar a cabo ejecuciones inmediatamente después de haberse rechazado su petición de indulto y antes de la presentación de un recurso extraordinario ante el Tribunal Supremo.

La transparencia sobre el uso de la pena de muerte es una de las salvaguardias fundamentales del debido proceso que impiden privar arbitrariamente de la vida a una persona. La publicación de información sobre la legislación que prevé la pena de muerte, así como sobre su aplicación, permite determinar si se han respetado las normas internacionales sobre juicios justos y sobre otros aspectos pertinentes.

En la Resolución 2005/59, aprobada el 20 de abril de 2005, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU exhortó a todos los Estados que utilizaban aún la pena de muerte a “[p]oner a disposición del público la información relativa a la imposición de la pena de muerte y a las ejecuciones previstas”.

El relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias ha manifestado, asimismo, que “negarse a facilitar con antelación la fecha y la hora de la ejecución a los condenados y a sus familiares es una clara violación de los derechos humanos”. Relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, La transparencia y la imposición de la pena de muerte, doc. ONU E/CN.4/2006/53/Add.3, 24 de marzo de 2006, párr. 32. El relator especial de la ONU sobre la cuestión de la tortura ha afirmado que negarse a entregar el cadáver de la persona ejecutada para su enterramiento es un acto intencional y plenamente consciente, que causa a sus familiares desconcierto, miedo y angustia por la suerte que ha corrido. Informe del relator especial sobre la cuestión de la tortura, doc. ONU E/CN.4/2003/68/Add.2, 3 de febrero de 2003, párr. 65.

Ampliación del ámbito de aplicación de la pena de muerte

En abril, el presidente ha promulgado la Ley (de Reforma) del Derecho Penal de 2013, que prevé la pena de muerte por determinadas formas de violación y amplía su ámbito de aplicación en India, en contra de las recomendaciones de los órganos y mecanismos de derechos humanos de la ONU y de las recomendaciones de un comité encabezado por el juez Verma, ex presidente del Tribunal Supremo.

Reanudación de la pena de muerte en contra de las tendencias mundiales

En la actualidad hay 140 países abolicionistas en la ley o en la práctica. De los 41 países de la región de Asia y Oceanía, 17 han abolido la pena capital para todos los delitos, 10 son abolicionistas en la práctica y uno –Fiyi– utiliza la pena de muerte sólo por delitos excepcionales de índole militar. En los últimos 10 años, cuatro países de Asia y Oceanía han abolido la pena de muerte para todos los delitos: Bután y Samoa, en 2004; Filipinas, en 2006, e Islas Cook, en 2007. Sólo uno de cada 10 países del mundo lleva a cabo ejecuciones, y sólo en 21 de los países del mundo se registraron ejecuciones en 2012.

Los órganos y mecanismos de la ONU ha pedido reiteradamente a los Estados miembros que establezcan una moratoria de las ejecuciones con miras a abolir la pena capital, e incluso han probado con tal fin cuatro resoluciones de la Asamblea General, en diciembre de 2007, 2008, 2010 y 2012. India votó en contra de las cuatro.

En una observación general sobre el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que India es Estado Parte, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, órgano de expertos que se encarga de vigilar la aplicación del Pacto, manifestó que dicho artículo (que prevé el derecho a la vida) "se refiere también en forma general a la abolición [de la pena de muerte] en términos que denotan claramente [...] que ésta es de desear. El Comité llega por lo tanto a la conclusión de que todas las medidas encaminadas a la abolición deben considerarse como un avance en cuanto al goce del derecho a la vida”.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción y con independencia de la naturaleza y de las circunstancias del delito; la culpabilidad, inocencia o cualesquiera otras características de la persona, y el método que utilice el Estados para llevar a cabo la ejecución.

Amnistía Internacional ha condenado también constantemente los ataques de grupos armados contra civiles, incluso en India, con independencia de la causa en nombre de la cual se lleven o pretendan llevar a cabo.

La organización reitera además que los Estados tienen la obligación de garantizar justicia a las víctimas de atentados terroristas y a sus familias. Los Estados deben realizar con prontitud investigaciones oficiales exhaustivas, efectivas e independientes sobre todos los casos de atentado terrorista, que hagan posible la identificación de las personas de quienes quepa sospechar razonablemente que son responsables de tales actos, y juzgar a los acusados de acuerdo con las normas internacionales sobre juicios justos y sin recurrir a la pena de muerte.

Recomendaciones:

Amnistía Internacional insta a las autoridades indias a:

-no ejecutar a Devender Pal Singh Bhullar, anular de inmediato su condena de muerte y volver a ver su causa de cuerdo con las normas internacionales sobre juicios justos;

-conmutar por penas de prisión todas las condenas de muerte;

-establecer de inmediato una moratoria de las ejecuciones como primer paso para la abolición completa de la pena de muerte.

Más información

India: Amnesty International calls for death sentence on Devender Pal Singh not to be carried out (24 de junio de 2011):

http://www.amnesty.org/en/library/info/ASA20/033/2011/en

India: Ejecución inminente tras rechazo de petición de indulto (12 de abril de 2013): http://www.amnesty.org/es/library/info/ASA20/020/2013

Condenas a muerte y ejecuciones 2012: http://www.amnesty.org/es/library/asset/ACT50/001/2013/en/492ee41d-9c97-4f73-ba08-2112045b6349/act500012013es.pdf

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