Document - Fiji: Downward spiral continues for human rights following persecution of prominent human rights lawyer

AMNISTÍA INTERNACIONAL

DECLARACIÓN PÚBLICA

19 de enero de 2010

Índice AI: ASA 18/001/2010



Fiyi: Continúa la espiral de violaciones de derechos humanos tras la persecución de una destacada abogada




El gobierno de Fiyi ha comenzado el nuevo año reiniciando los ataques al derecho a la libertad de expresión mediante amenazas, intimidación, discriminación y recurriendo cínicamente a la ley como herramienta de opresión.


El ejemplo más reciente de esta represión es la persecución, escudándose en pretextos jurídicos, de la destacada abogada de derechos humanos Imrana Jalal por parte de la Comisión Independiente de Fiyi contra la Corrupción (FICAC, por sus siglas en inglés). El objetivo concreto del procesamiento de Jalal ha sido castigarla por su firme posición pública contra las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas desde el derrocamiento del gobierno encabezado por Laisenia Qarase en diciembre de 2006.


El 1 de enero, representantes de la FICAC notificaron a Jalal la imputación de siete delitos menores con arreglo a la Normativa sobre Salud Pública (Hoteles, Restaurantes y Bares), la Ley de Seguridad Alimentaria y el Código Penal. Los cargos estaban relacionados con un negocio gestionado por una empresa que Jamal dirige conjuntamente con su esposo. Amnistía Internacional considera que estos cargos, que corresponden a infracciones menores de un reglamento, tienen una motivación política.


El 11 de enero, representantes de la FICAC se dirigieron a la oficina de Jalal en Suva para notificarle que debía entregar su pasaporte. Ese mismo día, más tarde, al comparecer ante el tribunal, se comunicó a Jalal y a su abogado que ahora se la acusaba de los mismos delitos en aplicación de la Ley de Prevención del Soborno de 2007. También se le informó de que la Ley de Prevención del Soborno autorizaba a la FICAC a confiscar su pasaporte y retenerlo durante un periodo de hasta seis meses. Jamal ha entregado su pasaporte al tribunal; se le ha comunicado que deberá presentar solicitudes y declaraciones juradas ante el tribunal cada vez que desee viajar al extranjero.


Su actual puesto de asesora en materia de derechos humanos en el secretariado del Equipo de Recursos para la Educación en Derechos Humanos de la Región del Pacífico, de la Comunidad del Pacífico y su pertenencia a numerosas organizaciones internacionales de derechos humanos la obligan a viajar con frecuencia por toda la región de Asia y Oceanía y a otros países. Dado lo apretado de su calendario de viajes, tendría que presentar solicitudes ante el tribunal casi semanal o quincenalmente, lo que resultaría sumamente costoso y llevaría mucho tiempo.

Las autoridades también han continuado con sus ataques a la independencia del poder judicial y han amenazado a ciudadanos y ciudadanas. En una entrevista radiofónica concedida el 5 de enero, el comandante del Ejército de Tierra Pita Driti advirtió a críticos y disidentes que las fuerzas armadas los tratarán con dureza en 2010 si no “colaboran”.


El 30 de diciembre de 2009, el gobierno destituyó sumariamente a los magistrados Elsie Hudson, Mary Muir y Eparama Rokoika sin ninguna explicación. Según información recibida por Amnistía Internacional, Mary Muir fue destituida tras criticar a la FICAC por procesar al esposo de Imrana Jalal por cargos de los que se suponía que se iba a encargar el ayuntamiento de Suva. La destitución sumaria del magistrado jefe Ajmal Khan y el magistrado Maika Nakora en julio y agosto de 2009 respectivamente se produjo en circunstancias similares.


La destitución de los tres magistrados supone una injerencia directa en la independencia del poder judicial, lo que socava una salvaguarda fundamental contra las violaciones de derechos humanos.


El 8 de enero, oficiales de las fuerzas armadas se dirigieron al domicilio del sindicalista Pramod Rae y le advirtieron de que los miembros de su sindicato que trabajaban en el Banco de Baroda no debían organizar la huelga que tenían prevista para manifestar las constantes quejas que tenían con respecto a su empleador.


Ese mismo día, funcionarios de la oficina del primer ministro suspendieron indefinidamente de empleo a 20 trabajadores del ayuntamiento de Suva, incluidos algunos altos cargos, y confiscaron los ordenadores de sus oficinas. Además, acusaron a los trabajadores suspendidos de actividad bloguera en contra del gobierno.


El 11 de enero, funcionarios de inmigración negaron la entrada en Fiyi de Padma Lal, ciudadana australiana nacida en Fiyi y con permiso de residencia válido en ese país, sin alegar ninguna razón. La detuvieron y la devolvieron a Australia al día siguiente. Su esposo, Brij Lal, destacado historiador fiyiano, se vio obligado a abandonar el país cuando altos mandos de las fuerzas armadas en el campamento del ejército en Suva lo amenazaron el 4 de noviembre por criticar la decisión del gobierno de Fiyi de expulsar a altos representantes diplomáticos de Australia y Nueva Zelanda. Los militares lo amenazaron de muerte si continuaba en Fiyi.


El 12 de enero, el primer ministro anunció que el gobierno dejaría de pagar la pensión a los pensionistas que se mostrasen “disidentes y críticos” con el gobierno. El Decreto de Pensiones y Prestaciones por Jubilación de 2009 otorga al primer ministro competencias para que dejen de pagarse pensiones u otras prestaciones si una persona “entre otras cosas, perjudica el correcto funcionamiento del gobierno, promueve o incita sentimientos de animadversión y hostilidad entre los diferentes sectores de la población de Fiyi, provoca odio, desprecio o desafecto contra la administración de justicia”. Estas competencias son amplias, arbitrarias, constituyen una violación de los derechos humanos a la seguridad social y a condiciones laborales justas y favorables, y son un medio de represión de la disidencia.

El 13 de enero, el primer ministro anunció que se prohibía a la Iglesia metodista celebrar su congreso anual hasta 2014, y acusó a pastores de la iglesia de espiar a las fuerzas armadas del país en favor del gobierno derrocado en el golpe de Estado de 2006. Esta orden viola el derecho de los fieles de la Iglesia metodista a la libertad de reunión y religión. (Pueden encontrar más información sobre la persecución que sufre la Iglesia metodista en www.amnesty.org.)


Amnistía Internacional pide al gobierno de Fiyi que ponga fin de inmediato a todas las medidas que violan el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión y se abstenga de adoptar otras medidas encaminadas a reprimir la disidencia pacífica. En concreto, las autoridades deben:


Poner fin de inmediato a todas las injerencias en la independencia del poder judicial;

Poner fin de inmediato a las amenazas, el hostigamiento, la intimidación y la persecución que sufren las personas críticas, incluido el procesamiento de Imrana Jalal;

Restablecer de forma inmediata e incondicional el pago íntegro de las pensiones de personas que pueden mostrarse críticas con el gobierno;

Revocar la prohibición de celebración del congreso anual de la Iglesia metodista y poner fin a la persecución de miembros destacados de la iglesia.



FIN/


Documento público

****************************************


Si desean más información, pónganse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía Internacional en Londres llamando al número + 44 20 7413 5566, o escribiendo a press@amnesty.org.


Secretariado Internacional, Amnesty International, 1 Easton St., London WC1X 0DW, Reino Unido www.amnesty.org

How you can help

AMNESTY INTERNATIONAL WORLDWIDE