Document - People's Republic of China: Women in China: detained, victimized but mobilized
Amnistía Internacional
REPÚBLICA POPULAR CHINA
MUJERES EN CHINA: DETENIDAS Y ATACADAS,
PERO EN MOVIMIENTO
JULIO DE 1996RESUMENÍNDICE AI: ASA 17/80/96/s
DISTR: SC/CO/GR/PG (34/96)
Este informe actualiza las amplias preocupaciones sobre las violaciones de los derechos humanos de la mujer en China expuestas por Amnistía Internacional antes de la Cuarta Conferencia Mundial de la ONU sobre la Mujer, celebrada en Pekín en septiembre de 1995.
Resulta imposible determinar la cifra total de mujeres detenidas en China por el ejercicio no violento de su derecho a la libertad de expresión y asociación. Además del cargo de «actividades contrarrevolucionarias», para llevar a cabo detenciones por motivos políticos también se utilizan los cargos de filtración de secretos de Estado, interferencia en la producción o alteración del orden social, aparte de otras acusaciones de delitos administrativos poco definidos. Este informe detalla también los casos de detenidas políticas recluidas sin cargos durante períodos prolongados o condenadas a largas penas de prisión tras procedimientos judiciales que no cumplen las normas internacionales relativas a juicios con las debidas garantías.
Las mujeres han sido las principales víctimas de la represión de las actividades religiosas llevada a cabo por el Estado. En el Tíbet, numerosas monjas budistas han sido detenidas por su destacado papel en las actividades de disidencia. También se ha sometido a detenciones, restricciones y hostigamientos a mujeres que luchaban por la justicia para sus familiares detenidos o que se pronunciaban sobre las violaciones contra terceras personas.
Según los informes, las mujeres detenidas han recibido golpes con porras eléctricas, palos, culatas de rifles y cinturones de cuero. Las mujeres en espera de ser ejecutadas han permanecido encadenadas a tablas durante meses, y hay casos no resueltos de muertes bajo custodia en circunstancias poco claras tras malos tratos.
Este informe examina la respuesta de las autoridades chinas a estas cuestiones desde 1995, frente a los compromisos contraídos en la Conferencia Mundial sobre la Mujer. También reitera las preocupaciones de Amnistía Internacional por las violaciones de derechos humanos derivadas de la aplicación coactiva de la política sobre control de natalidad. Además, examina el creciente uso de la pena de muerte en el país, especialmente por delitos no violentos y económicos, que ha llevado a un incremento proporcional del número de mujeres condenadas a muerte.
Los casos aquí citados son una muestra representativa de los que han llegado a conocimiento de Amnistía Internacional. Pueden encontrar más información sobre individuos detenidos, hostigados o maltratados en Mujeres en China: Perseguidas por disentir (Índice de AI: ASA 17/29/95/s).
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PALABRAS CLAVE: MUJERES1 / INTOLERANCIA RELIGIOSA1 / TORTURA/MALOS TRATOS1 / PENA DE MUERTE1 / VIGILANCIA1 / MUERTE BAJO CUSTODIA1 / DETENCIÓN EN RÉGIMEN DE INCOMUNICACIÓN1 / PRESOS DE CONCIENCIA1 / PERIODISTAS1 / FAMILIAS1 / CONDENA A MUERTE / EJECUCIÓN / DETENCIÓN PARA REEDUCACIÓN / JUICIOS / CONFESIONES / TRABAS / IMPUNIDAD / EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL / AGRESIÓN SEXUAL / CENSURA / PROSCRIPCIÓN / POSIBLES PRESOS DE CONCIENCIA / ACTIVISTAS POLÍTICOS / CLÉRIGOS - BUDISTAS / GRUPOS RELIGIOSOS - CATÓLICOS / GRUPOS RELIGIOSOS - PROTESTANTES / DIRECTORES / MAESTROS / TRADUCTORES / VENDEDORES AMBULANTES / EMPLEADOS DE OFICINA / DESEMPLEADOS / AGRICULTORES / CAMPESINOS / ESTUDIANTES / GRUPOS ÉTNICOS / SINDICALISTAS / AVANZADA EDAD / MENORES / MALA SALUD / HUELGA DE HAMBRE / POLICÍA / PERSONAL PENITENCIARIO / MANIFESTACIONES / ANIVERSARIOS / LEGISLACIÓN / NARCOTRÁFICO / REUNIONES INTERNACIONALES / ONU / AI Y LOS GOBIERNOS / DECLARACIONES DE LOS PRESOS / ACCIONES RECOMENDADAS / FOTOGRAFÍAS / |
Este informe resume el documento titulado República Popular China: Mujeres en China: Detenidas y atacadas, pero en movimiento (Índice AI: ASA 17/80/96/s), publicado por Amnistía Internacional en julio de 1996. Quien desee más información o emprender alguna acción al respecto deberá consultar el documento en su integridad.
SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 8DJ, REINO UNIDO
TRADUCCIÓN DE EDITORIAL DE AMNISTÍA INTERNACIONAL, ESPAÑA
Amnistía Internacional
REPÚBLICA POPULAR CHINA
MUJERES EN CHINA: DETENIDAS Y ATACADAS,
PERO EN MOVIMIENTO
Julio de 1996
Índice AI: ASA 17/80/96/s
Distr: SC/CO/GR/PG
SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 8DJ, REINO UNIDO
TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL, ESPAÑA
REPÚBLICA POPULAR CHINA
MUJERES EN CHINA: DETENIDAS Y ATACADAS,
PERO EN MOVIMIENTO
INTRODUCCIÓN
Este informe actualiza un documento publicado por Amnistía Internacional en junio de 1996 en el que se enumeraban las amplias preocupaciones sobre las violaciones de los derechos humanos de la mujer en China. Desde el 28 de agosto hasta el 8 de septiembre de 1995, miles de mujeres de todo el mundo se reunieron en Pekín y Huairou para la Cuarta Conferencia Mundial de la ONU sobre la Mujer y para el Foro de Organizaciones No Gubernamentales. Bajo el lema de «igualdad, paz, justicia, inclusión y la plena participación de todos», las mujeres debatieron sus experiencias y sus logros y planificaron acciones futuras. Captaron apoyos entre los gobiernos que, mediante la Declaración y la Plataforma de Acción de Pekín aprobadas por la conferencia, reafirmaron la universalidad de los derechos humanos y el hecho de que «los derechos de la mujer son derechos humanos». En los documentos se incluían compromisos de los gobiernos para «promover la potenciación del papel de la mujer y el adelanto de la mujer, incluido el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión y de creencia»; para la protección de «las mujeres que se dedican a la defensa de los derechos humanos»; y para asumir responsabilidades y emprender acciones frente a la violencia contra la mujer cuando dicha violencia sea cometida o permitida por el Estado.
Las autoridades impidieron asistir al Foro a muchas mujeres de China que podrían haber contribuido a una mayor diversidad de opiniones. Otras personas que sí asistieron se encontraron sometidas a una vigilancia estricta y obstaculizadora por parte del personal de seguridad. Mientras en Pekín se alcanzaban compromisos, muchos disidentes chinos y sus familiares eran detenidos, trasladados lejos de sus ciudades de origen o sometidos a estrecha vigilancia durante la celebración del Foro y de la Conferencia, para impedir el contacto con los participantes extranjeros y con los medios de comunicación.
En China siguen cometiéndose violaciones graves de derechos humanos contra personas de todos los estratos sociales. Las mujeres son condenadas a penas de prisión o a períodos de detención administrativa por el ejercicio pacífico de sus derechos fundamentales. A algunas las detienen a consecuencia de la represión constante de las actividades religiosas no legalizadas; a otras para acallar la disidencia política; y a otras mediante el uso de las nueves leyes sobre secretos de Estado, para impedir que la información delicada de carácter político llegue a los medios de comunicación extranjeros.
Las mujeres y los niños también sufren las consecuencias muchas veces devastadoras del encarcelamiento de sus familiares varones. Las mujeres que se han pronunciado públicamente contra las violaciones de derechos humanos sufridas por sus familiares se han visto sometidas a detenciones periódicas, vigilancia constante, intimidación y hostigamiento por parte de la policía. Ante semejante persecución, algunas mujeres se han vuelto cada vez más osadas. Las esposas de algunos presos de conciencia detenidos actualmente buscan incansables cualquier medio legal que se les ofrezca para impugnar la detención arbitraria de sus seres queridos. Las esposas y madres que buscan justicia para sus familiares muertos bajo custodia continúan con su lucha. Las madres, esposas y otras familiares de las víctimas de la matanza del 4 de junio han comenzado también a presentar peticiones ante las autoridades y a protestar abiertamente por la detención de miembros de su grupo.
En virtud de la Declaración y la Plataforma de Acción de Pekín aprobadas por la Cuarta Conferencia Mundial de la ONU sobre la Mujer celebrada en Pekín en septiembre de 1995, los gobiernos han asumido claramente la responsabilidad de la violencia contra la mujer cuando dicha violencia sea cometida o permitida por el Estado. También han contraído una amplia gama de compromisos para actuar frente a la violencia contra las mujeres. Desde la Conferencia, las autoridades chinas han presentado varios informes ante la ONU relativos a la tortura y a otras violaciones de derechos humanos. El presente informe de Amnistía Internacional examina las declaraciones oficiales pertinentes, teniendo en cuenta el tratado y otros compromisos. Hay informes persistentes de tortura y malos tratos a mujeres bajo custodia policial y penitenciaria que demuestran que cualquiera puede ser víctima. Esas torturas y malos tratos son llevados a cabo por empleados del Estado o por «jefes de celda» a los que estas actividades se les permiten o se les fomentan. Algunos ex presos han declarado que a las mujeres en espera de ejecución se las tortura encadenándolas durante meses a una tabla con grilletes. Este informe examina casos de tortura, malos tratos y muerte bajo custodia de mujeres que ilustran cómo la policía y los funcionarios penitenciarios actúan en una atmósfera de impunidad fomentada por la detención en régimen de incomunicación, la falta de supervisión efectiva y la arbitrariedad de las investigaciones y los procesamientos relativos a dichos casos.
1.MUJERES DETENIDAS
Resulta imposible determinar la cifra total de mujeres detenidas en China por el ejercicio no violento de su derecho a la libertad de expresión y asociación. El gobierno afirma que no mantiene recluido a ningún preso político, sólo a personas condenadas por delitos «contrarrevolucionarios» (en virtud de un capítulo específico del Derecho Criminal que incluye disposiciones redactadas de forma muy vaga que permiten el encarcelamiento por actividades políticas pacíficas). Sin embargo, además del cargo de «actividades contrarrevolucionarias», para llevar a cabo detenciones por motivos políticos también se utilizan los cargos de filtración de secretos de Estado, interferencia en la producción o alteración del orden social, aparte de otras acusaciones de delitos administrativos poco definidos. Además, muchos presos políticos permanecen recluidos sin cargos durante períodos prolongados o son condenados a penas de hasta tres años de «reeducación por el trabajo» impuestas sin que se imputen cargos y sin que se celebre ningún juicio. Otros son condenados a largas penas de prisión tras procedimientos judiciales que no cumplen las normas internacionales relativas a juicios con las debidas garantías.
A. REPRESIÓN RELIGIOSA
Las autoridades gubernamentales han calculado que un importante resurgir religioso iniciado a comienzos de los años ochenta ha dado como resultado la existencia de decenas o centenares de millones de seguidores de las cinco religiones reconocidas oficialmente en China. Pero muchos otros creyentes ahora pertenecen a grupos no reconocidos por las autoridades o que prefieren no ser oficiales y cuyos miembros son hostigados o detenidos periódicamente. Algunos de sus presuntos dirigentes son encarcelados por cargos como «alteración del orden público», «interferencia en la producción» o «agitación y propaganda contrarrevolucionaria»1. A algunos grupos les han confiscado sus propiedades o les han demolido sus hogares o su lugar de culto. Según los informes, la brutalidad policial también ha sido una característica de muchos ataques contra reuniones religiosas pacíficas.
Las mujeres han sido las principales víctimas de la represión de las actividades religiosas llevada a cabo por el Estado. En el movimiento no oficial de «congregaciones religiosas en domicilios particulares», perteneciente a la comunidad cristiana, la mayoría de los miembros y muchos de los dirigentes o los predicadores son mujeres. En el Tíbet, numerosas monjas budistas han sido detenidas por su destacado papel en las actividades de disidencia.
En enero de 1994 entraron en vigor dos nuevas normas nacionales sobre actividades religiosas. Una de ellas regula la participación de extranjeros en las actividades religiosas de China. La otra refuerza las disposiciones para convertir en oficiales los «lugares de actividad religiosa», fuera de los cuales las actividades religiosas pueden ser consideradas ilegales y quienes participan en ellas pueden ser detenidos y castigados. Las normas incluyen algunas nuevas disposiciones para proteger los derechos humanos, pero también consolidan las restricciones sobre aquellas actividades religiosas que se considere que «minan la unidad nacional y la estabilidad social», una fórmula que da lugar a una amplia interpretación.
Desde entonces, las autoridades provinciales han promulgado sus propias normas, y han llevado a cabo campañas más y menos severas para obligar a diversos grupos a hacerse oficiales. Según los informes, las normas locales son muy poco claras y permiten que se lleven a cabo prácticas arbitrarias que, al parecer, en algunas regiones limitan la libertad de religión aún más que las leyes nacionales2. Estas prácticas incluyen interferencias en el funcionamiento interno de la iglesia y una supervisión para comprobar la lealtad política. Los principios subyacentes en algunas provincias se han calificado como los «tres determinen» - «determinen el lugar de reunión, determinen el distrito dentro del cual se permite el trabajo de la iglesia, y determinen el predicador» o los «tres no permitido», según los cuales los familiares de funcionarios o miembros del partido y los menores de 18 años tienen prohibido ser creyentes.
Las autoridades han reiterado recientemente la necesidad de destacar el «patriotismo» en todas las actividades religiosas, especialmente en las prácticas de los budistas del Tíbet y de los musulmanes del noroeste de China. En estas zonas en particular, las autoridades consideran las prácticas religiosas como una amenaza en potencia para la seguridad nacional, debido a su estrecha relación con la identidad cultural y nacional de los grupos étnicos. La retórica oficial más reciente ha vinculado cada vez más las prácticas religiosas con el «divisionismo» y el «separatismo».
En enero de 1996, en una importante conferencia sobre religión celebrada en China, las autoridades reiteraron su afirmación de que había personas en el país que estaban utilizando la religión para subvertir el Estado, y pidieron que se reprimiera a aquellos que «utilizan la religión» para interferir en los asuntos administrativos, judiciales, conyugales o educativos, y en especial a aquellos que «aprovechan motivos religiosos para dividir el país»3. Además, algunos grupos tachados de «grupos religiosos ilegales y aberrantes» y algunos creyentes del Tíbet y Xinjiang han sido sometidos a frecuentes ataques en documentos oficiales, acusados de perturbar la política de planificación familiar. Especialmente en el Tíbet, la retórica oficial ha vinculado la oposición a dicha política de planificación familiar con tendencias «divisionistas». El 24 de mayo de 1996, al anunciar una nueva campaña para «promover por la fuerza la ley de matrimonios, una política de natalidad razonable y nacimientos de alta calidad», el Xizang Ribao dijo que dicha campaña debía iniciarse pese a la oposición de los activistas independientes. Según manifestó: «Los divisionistas se oponen a cualquier cosa que beneficie al pueblo, y la política de control de natalidad no es una excepción. Debemos reconocer esta cuestión y abordarla desde una posición política elevada»4.
A.1 Budistas tibetanas
Desde comienzos de 1996 se han producido señales de una renovada represión de las actividades religiosas en el Tíbet. Las autoridades comenzaron a poner en práctica las normas existentes relativas al número de monjes y monjas permitidos en los monasterios y conventos. El 15 de febrero de 1996 el diario oficial Xizang Ribao citó una declaración del Comité de Nacionalidades y Asuntos Religiosos del Tíbet que decía: «debemos cerrar las puertas de los lamaserios que tienen graves problemas o en los que se producen problemas políticos frecuentes para que hagan una revisión general y se consoliden, y fijar un plazo límite para que se corrijan». Desde entonces, el periódico ha seguido pidiendo que se lleven a cabo esfuerzos para «debilitar la influencia de la religión», afirmando que «el tamaño y la influencia de los monasterios... ha crecido hasta quedar fuera de control».
Fuentes no oficiales han informado que las monjas «sobrantes» han sido obligadas a abandonar sus conventos. El 29 de noviembre de 1995, ordenaron a unas monjas que abandonaran el convento de Shongchen, en la comarca de Ngamring, y les dieron cinco días para demoler los edificios que habían construido como viviendas. Les dijeron que debían regresar a sus casas y que no debían unirse a otro convento. Según los informes, Khedrup Gyatso, lama del convento, ha desaparecidos desde este cierre.
En el Tíbet, especialmente, la persecución religiosa está estrechamente vinculada a la represión de la disidencia política. La enorme mayoría de los presos políticos de los que Amnistía Internacional ha tenido conocimiento en esa región son monjes y monjas budistas, y de ellos las monjas representan aproximadamente un tercio del total. Según los informes, desde 1989 han sido detenidos más de 200, y se cree que al menos 74 se encontraban encarcelados en julio de 1996. Con escasas liberaciones confirmadas, se desconoce cuál es la situación actual de los restantes5. Casi todos fueron detenidos por participar en manifestaciones a pequeña escala en apoyo de la independencia del Tíbet, muchas de las cuales no duraron más de cinco minutos. Algunos manifestantes han sido detenidos incluso antes de que comenzara la protesta. Muchas monjas cumplen penas de hasta tres años de «reeducación por el trabajo» impuestas sin cargos ni juicio. Otros han sido condenadas a penas de prisión por «incitación y propaganda contrarrevolucionarias». Algunos detenidos eran menores de 18 años cuando los encarcelaron por primera vez. Los informes de tortura y malos tratos a monjas durante los interrogatorios y las detenciones son muy frecuentes.
A un grupo de 14 monjas de la prisión de Drapchi les aumentaron bruscamente sus sentencias de prisión por grabar canciones en favor de la independencia desde el interior de la cárcel. Todas ellas son presas de conciencia, y sus sentencias actuales oscilan entre los 8 y los 17 años. Tenzin Thubten, de 22 años de edad, de la comarca de Medro Gonkar y monja del convento de Michungri, fue detenida originalmente junto con otras 14 por participar en una manifestación en favor de la independencia celebrada el 21 de agosto de 1990 en el Palacio de Norblinka, a las afueras de Lhasa. Fue condenada por «incitación y propaganda contrarrevolucionarias» y sentenciada el 30 de noviembre de 1990 a cinco años de prisión.
En octubre de 1993 le aumentaron la sentencia a 14 años por participar en la composición y la grabación de las canciones antes mencionadas. Dichas canciones reafirmaban el compromiso de las monjas para con la independencia del Tíbet, y aseguraban al público tibetano que se encontraban en buen estado de ánimo a pesar de los malos tratos. Se grabaron en un magnetófono que consiguieron introducir en la prisión, y la cinta se distribuyó después en secreto por el Tíbet. Se desconocen los cargos exactos contra las monjas, pero parece ser que las autoridades chinas consideraron la distribución de las cintas como «difusión de propaganda contrarrevolucionaria», un delito castigado normalmente con una pena máxima de cinco años de prisión. Sin embargo, para los cabecillas y para aquellas personas «cuyos delitos son monstruosos» las sentencias pueden ser más duras. Parece ser que a Tenzin Thubten la consideraron un cabecilla, a consecuencia de lo cual ahora se enfrenta a la perspectiva de permanecer encarcelada por lo menos hasta el año 2006. Lhundrup Zangmo, Gyaltsen Drolkar y Gyaltsen Choezom, detenidas todas junto con Tenzin Thubten, también participaron en las canciones, y sus sentencias también fueron aumentadas: la de Lhundrup Zangmo se aumentó de cuatro a nueve años de prisión, la de Gyaltsen Drolkar de cinco a doce años, y la de Gyaltsen Choezom de cinco a diez años.
Phuntsog Nyidron, de 29 años y también monja del convento de Michungri, también debió ser considerada cabecilla de la sesión de canto. A ella le impusieron la pena más dura, pues su sentencia fue aumentada de 9 a 17 años de prisión. Originalmente, había sido detenida por participar junto con otras cinco monjas el 14 de octubre de 1989 en una manifestación pacífica que sólo duró unos minutos. Según los informes, todas ellas fueron torturadas durante los interrogatorios de la policía.
Pero las monjas no parecen haberse acobardado por la experiencia de sus hermanas encarceladas: las manifestaciones y las detenciones continúan. Según los informes, en junio de 1996 ocho monjas fueron detenidas y golpeadas por la policía tras llevar a cabo una manifestación en favor de la independencia que coincidió con el 61 cumpleaños del Dalai Lama.
A.2 Católicas
Numerosos católicos practican su religión fuera de la iglesia oficialmente reconocida y se han convertido en víctimas de la represión del Estado.
Se cree que Li Huizhen, católica de 43 años de edad, cumple actualmente una pena de 7 años de prisión. Según los informes, fue detenida en la ciudad de Wenzhou, provincia de Zhejiang, el día de Navidad de 1993, y fue acusada de ser miembro de la Legión de María. La Legión o «Ejército de la Madre Bendita» es una organización católica que llegó a China por primera vez de la mano de misioneras irlandesas en 1947. Creció hasta contar con un gran número de seguidores antes de ser proscrita en septiembre de 1951 como movimiento secreto y «reaccionario», «producto del capitalismo mundial».
Rao Yanping, católica de 18 años, cumple actualmente una pena de cuatro años de prisión por sus actividades religiosas. Muchos católicos de la comarca de Chongren, provincia de Jiangxi, han sufrido hostigamiento, detenciones y multas por sus actividades religiosas. Desde hace mucho tiempo, los católicos de toda la provincia de Jiangxi han utilizado el monte Yu Jia, en esa comarca, como lugar de culto, y han atraído a grandes multitudes en las festividades religiosas más importantes. Desde hace varios años se vienen denunciando agresiones de la policía y detenciones de participantes durante este tipo de actos. En abril de 1995, durante las celebraciones de Pascua, a las que asistieron grandes multitudes de creyentes, entre 30 y 40 católicos fueron detenidos por policías de la ciudad de Linchuan, provincia de Jiangxi. La mayoría permanecieron recluidos muy poco tiempo. Al menos 14, la mayor parte mujeres, permanecieron recluidos hasta que pagaron una multa de 900 yuan (equivalente a los ingresos de tres meses, aproximadamente). El 9 de junio, Rao Yanping fue condenada a cuatro años de prisión por «alteración del orden público» y por «retener información». Otras tres acusadas, Pan Kunming, Yu Qixiang y Yu Shuisheng, fueron condenadas a penas de entre dos y cinco años de prisión. Sus apelaciones contra las sentencias fueron rechazadas.
Posteriormente, cuatro de sus familiares han presentado una apelación ante el Tribunal Supremo para impugnar la legalidad de las sentencias, exponer la falsedad de los hechos imputados y cuestionar la objetividad de los jueces. Dicha apelación establece argumentos basándose en puntos de la ley y hace referencia al derecho a la libertad de reunión y de culto garantizadas por la constitución china. En lo que se refiere a la presunta «incitación» de Rao Yanping y a su papel de «liderazgo» sobre «un gran grupo de mujeres jóvenes, ignorantes de los procedimientos», la apelación manifiesta: «Suponiendo que Rao y los demás y el gran grupo de mujeres jóvenes no hubieran ido al monte Yu Jia, ¿habrían acudido allí de todas formas más de 10.000 personas?... ¿Es posible que más de 10.000 personas reunidas en un lugar de interés cultural se comporten de repente como marionetas y sean «incitados» por una muchacha? Desde luego que nadie ha disfrutado jamás de un poder de tal magnitud».
Entre un grupo de católicos detenidos en la provincia de Hebei en diciembre de 1995 se encontraban dos monjas. El 21 de diciembre de ese año fue el primer aniversario de la muerte de Chen Jianzhang, obispo católico de Baoding, provincia de Hebei, detenido en varias ocasiones por sus actividades religiosas pacíficas. Ese día, un gran número de personas intentaron reunirse para rezar ante su tumba y, según los informes, las autoridades sellaron el área y se lo impidieron. A algunos católicos de la región les registraron las casas, y las dos monjas fueron detenidas junto con otros 10 creyentes, entre los que se encontraban Liu Fumin, Hu Fun, y Huang Quanlu. Se desconocen su paradero y su situación actuales.
Zhou Guang'e, una mujer de unos sesenta años, se encontraba entre un grupo de católicos de la comarca de Xiao, provincia de Anhui, que, según los informes, permanecieron recluidos tras ser detenidos por la policía el 5 de abril de 1996. Formaban parte de un gran grupo de personas que fueron golpeadas e «insultadas» por la policía tras pedir a las autoridades locales la devolución de propiedades de la iglesia. A algunas las dejaron inconscientes a consecuencia de los golpes. Posteriormente, 14 católicos fueron detenidos: ocho mujeres y seis hombres. A la mayoría los liberaron poco después pero, según los informes, muchos de ellos fueron golpeados por negarse a reconocer su participación en una religión local «ilegal». Entre ellos se encontraba Liu Fengxia, a quien, según los informes, los policías la agarraron por el pelo y le golpearon la cabeza contra una mesa. Los informes indican que Zhou Guang'e, Dong Yimin y Zhang Zhongxiao permanecen detenidos. También indican que Zhou Guang'e recibió fuertes golpes, que le arrancaron parte del pelo y que le golpearon tanto la cara que se le hinchó. A algunos de los detenidos les obligaron a poner sus huellas dactilares sobre confesiones escritas por la policía. Se trataba de personas que no sabían leer y a quienes no dijeron lo que contenían sus confesiones.
A.3 Protestantes
Los cristianos Cai Bochun y su esposo, Fu Xiqiu, profesor de inglés en la Escuela del Partido Comunista de Pekín, fueron detenidos el 9 de mayo de 1996 cuando la policía registró su casa. Se cree que la pareja permanece recluida en régimen de incomunicación en un centro de detención de Fengtai dirigido por el Departamento de Seguridad Pública del distrito de Chongwen. Según los informes, esta pareja fue detenida por dirigir un centro de formación cristiana en Fangshan, en el oeste de Pekín, y desde entonces el centro, que está registrado como una empresa, ha sido sellado por la policía.
A.4 Grupos religiosos prohibidos
Algunos grupos de base cristiana que actúan al margen de la iglesia oficial y son considerados no ortodoxos por los grupos cristianos más tradicionales han sido prohibidos y atacados específicamente por las autoridades como «organizaciones religiosas ilegales y aberrantes». Según los informes, una Circular del Comité Central del Partido Comunista Chino hecha pública en noviembre de 1995 manifestaba que «se han convertido en el peligro subyacente más grave en algunas sociedades rurales, y en una fuerza maligna que puede corroer y minar nuestro poder político básico y puede convertirse en nuestro oponente al ganarse el corazón y la mente de las personas»6. Muchas mujeres miembros de estos grupos han sufrido hostigamientos sistemáticos por parte de las autoridades y han cumplido largas penas de prisión en más de una ocasión.
Zhang Ruiyu, de 58 años de edad y miembro de la Iglesia del Nuevo Testamento, de la comarca de Xianyu, provincia de Fujian, fue detenida por cuarta vez el 13 de febrero de 19967. Ya ha cumplido tres penas de prisión que suman un total de más de 10 años por sus actividades políticas religiosas. A las 7:10 de la mañana, ocho agentes del Departamento de Seguridad Pública llegaron a su casa cuando ella y cuatro ancianas estaban rezando.
Según un informe recibido por Amnistía Internacional, la policía rodó metraje de vídeo de las mujeres rezando y registró la casa tras mostrar una orden de registro. Los agentes confiscaron muchos artículos, entre ellos biblias, libros de himnos y libros espirituales. A las 9 de la mañana ordenaron a Zhang Ruiyu que fuera con ellos. Ella preguntó si la estaban deteniendo, para llevar consigo una manta si era así. Le dijeron que no la estaban deteniendo, y que, si la necesitaba, podía pedirle a su hija que le llevara la manta más tarde. Sin embargo, lo cierto es que sí la detuvieron. Primero permaneció recluida en el centro de detención de Gulou, perteneciente al Departamento de Seguridad Pública, en la localidad de Fuzhou, provincia de Fujian, y ahora se cree que permanece en detención administrativa en el Centro de Albergue e Investigación de Puxia, en la localidad de Fuzhou. Según los informes, permanece en régimen de incomunicación, y a su hija no le han permitido visitarla. Según la información de la que se dispone, no se le ha imputado ningún cargo.
Los informes indican que, durante un ataque similar llevado a cabo contra su casa en mayo de 1990, los agentes de policía le quemaron a Zhang Ruiyu la cara con una porra eléctrica y se la golpearon con tal fuerza que le rompieron varios dientes. Fue detenida el 25 de agosto de 1990 y permaneció recluida en régimen de incomunicación durante muchos meses antes de ser juzgada en abril de 1991 por los cargos penales de «agitación y propaganda contrarrevolucionaria». Según los informes, estos cargos se basaron en el hecho de que ella celebraba reuniones religiosas «ilegales» y mantenía correspondencia con extranjeros. Fue condenada a cuatro años de prisión y puesta en libertad condicional en mayo de 1994 por «buena conducta».
Otra mujer miembro de la Iglesia del Nuevo Testamento, Cai Lifen, de 34 años de edad y madre de tres hijos, procedente de Putian, provincia de Fujian, fue detenida por la policía el 10 de marzo de 1996. Otros miembros de este grupo religioso han sido hostigados y golpeados con porras eléctricas por la policía, según los informes.
Se sabe que, desde 1993, en la localidad de Zhoukou, provincia de Henan, las autoridades locales han iniciado una serie de ataques a gran escala contra quienes celebran cultos en iglesias no oficiales o congregaciones religiosas en domicilios particulares. Han detenido a numerosos participantes, que sólo han sido liberados tras pagar multas que oscilan entre los 300 y los 1.800 yuan (sumas equivalentes al menos a los ingresos de varios meses). A algunos les han asignado penas de «reeducación por el trabajo». En un anuncio hecho público en la comarca de Xihua, localidad de Zhoukou, en junio de 1995 se decía que las actividades cristianas eran «ilegales» y que tres grupos, citados como los Gritadores, el grupo Holístico y el grupo del Discípulo habían tomado parte en «actividades ilegales e ilegítimas, difusión de rumores, estafas a personas y alteración de la producción normal». El anuncio afirmaba que: «En el nombre del exorcismo y la curación, sacaban dinero a la gente, mancillaban a nuestras mujeres, ponían en peligro vidas y propiedades, alteraban la planificación familiar e interferían con la labor de educación del país»8. Sin embargo, una mujer cristiana detenida brutalmente por la policía en una redada el 12 de marzo de 1995 afirmó que su grupo no tenía nada que ver con los grupos citados. Según su declaración, la policía estaba utilizando los grupos como excusa para atacar y detener a cristianos en la región «por dinero», ya que los multaban después de detenerlos.
Según los informes, a Xu Qiying y Wang Xiuling (ambas de 45 años de edad), presuntas dirigentes del grupo «Holístico» de congregaciones religiosas en domicilios particulares de la localidad de Zhoukou, provincia de Henan, les asignaron penas de 3 años de «reeducación por el trabajo» el 14 de agosto de 1995. Se cree que permanecen recluidas en la tercera brigada del Centro de Reforma por el Trabajo para mujeres de Zhengzhou. A un hombre, Wang Changqing, le impusieron la misma pena. Según los informes, los tres habían sido acusados de participar en el grupo «Holístico» y de conspirar para «derrocar al Partido Comunista con grupos religiosos extranjeros». Según los informes, los tres negaron la acusación. Al parecer, Xu Qiying llevaba más de ocho años siendo dirigente de una congregación local religiosa en domicilios particulares. A fines de 1994 fue multada con 1.000 yuan (unos 120 dólares estadounidenses), acusada de organizar estudios de la Biblia para grupos numerosos en su casa. Wang Xiuling abandonó la Iglesia del Movimiento Patriótico de las Tres Autonomías, oficial, a fines de 1994, y desde entonces ha sido detenida en tres ocasiones por sus actividades religiosas. Los tres fueron puestos bajo custodia junto con más de 60 personas durante un ataque policial contra las congregaciones religiosas en domicilios particulares no autorizadas en el distrito, en junio de 1995. La mayoría de los detenidos fueron liberados tras imponérseles fuertes multas.
Al ser entrevistado sobre estas sentencias por un periódico de Hong Kong, el jefe del Movimiento Patriótico de las Tres Autonomías en la provincia, el reverendo Helian Zhaoxuan, declaró que ayudarían a los detenidos a «respetar las leyes religiosas del país»9. También afirmó que el crecimiento religioso del distrito había desbordado la capacidad de las iglesias oficiales.
B. CASOS DE SECRETOS DE ESTADO10
Entre los periodistas y otras personas detenidas durante los últimos años en virtud de leyes relativas a los secretos de Estado, en un movimiento de las autoridades chinas para interrumpir el creciente flujo de información políticamente delicada que alcanzaba los medios de comunicación extranjeros, se encontraban varias mujeres.
Las leyes sobre secretos de Estado y la manera en que se han puesto en práctica violan las normas internacionales en varios aspectos. La definición de secretos de Estado que se da en China, y que el gobierno parece justificar en gran medida basándose en motivos de seguridad nacional, va mucho más allá del ámbito restrictivo de los intereses de seguridad nacional en la ley internacional. Las referencias de carácter general a los asuntos que afectan a «la seguridad y el interés del Estado» y las amplias categorías en las que se ubican los «secretos de Estado», incluidas «decisiones políticas importantes sobre asuntos de Estado» y «desarrollo económico y social», abarcan claramente cuestiones que no tienen nada que ver con amenazas directas políticas o militares a China. Muchas de las cuestiones abarcadas en la definición de secreto de Estado serían objeto de escrutinio y debate públicos en la mayoría de los países, y no parecen plantear ninguna amenaza para la seguridad nacional tal como se exponen en las leyes internacionales.
En virtud de las leyes internacionales, las restricciones a la libertad de expresión deben ser «estipuladas por la ley» y «necesarias». Esto significa que, incluso cuando una cuestión pueda estar legítimamente relacionada con la seguridad nacional, la ley debe definir claramente el ámbito exacto de las restricciones admisibles, y las restricciones impuestas deben ser proporcionales a la amenaza a la seguridad nacional. Sin embargo, la definición de secreto de Estado en la legislación china es muy amplia, e incluye una categoría en la que aparentemente cabe todo y que es «otros secretos de Estado que, por decisión de los departamentos estatales sobre protección de secretos de Estado, deben ser salvaguardados». Las categorías que se especifican son muy generales, y el ámbito «concreto» de la ley queda a la decisión de una serie de órganos tanto nacionales como locales. Esto permite mantener recluidos sin cargos durante períodos prolongados a detenidos por motivos políticos, pendientes de la decisión de los órganos locales sobre si la revelación o la difusión de determinada información constituye o no un delito según la ley. El efecto general es que resulta muy difícil anticipar con cierto grado de exactitud qué tipo de información puede constituir un «secreto de Estado».
Amnistía Internacional siente preocupación porque la legislación sobre secretos de Estado se está utilizando para impedir el debate público sobre una amplia gama de cuestiones que tienen poco que ver con la seguridad nacional y para encarcelar a personas por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión y de asociación. Los casos que exponemos a continuación destacan la amplia definición de «secretos de Estado» y su aplicación, la ambigüedad de la ley y los motivos políticos que yacen tras los procesamientos y las sentencias. La organización siente también preocupación porque los acusados de delitos relacionados con secretos de Estado son juzgados en muchos casos en procesos judiciales sin las debidas garantías.
Gao Yu, una periodista que permaneció encarcelada durante 15 meses tras la represión de las manifestaciones en favor de la democracia de 1989, volvió a ser detenida el 2 de octubre de 1993, dos días antes de la fecha en la que debía viajar a Nueva York para realizar un curso sobre periodismo en la Universidad de Columbia. Permaneció recluida en régimen de incomunicación durante muchos meses y el día 10 de octubre de 1994, tras una serie de procedimientos judiciales manifiestamente injustos, fue juzgada en secreto y sin contar con asistencia letrada. Fue condenada a seis años de prisión por «revelar importantes secretos de Estado».
En noviembre de 1994 su apelación fue rechazada, y a ella la trasladaron a una prisión a 80 kilómetros de Pekín, donde permanece recluida. Sufre una enfermedad cardíaca.
Gao Yu fue acusada de obtener «secretos de Estado» de un amigo, Gao Chao (condenado posteriormente a 13 años de prisión), que trabajaba para la oficina general del Comité Central del Partido Comunista Chino (CCPCC). También fue acusada de publicar dicha información en unos artículos que escribió para una revista de Hong Kong a principios de 1993. El veredicto del tribunal afirma que los «secretos de Estado» procedían de dos documentos clasificados que le mostró Gao Chao. Uno de ellos era un discurso de un dirigente del CCPCC; el otro era un informe sobre reformas estructurales y sobre el servicio de funcionarios públicos. Al emitir su veredicto, el tribunal no tuvo en cuenta como prueba existían o no los artículos periodísticos en cuestión.
Aunque la información presuntamente obtenida por Gao Yu puede haber sido confidencial, no hay nada que indique que se refería a asuntos cuya divulgación pudiera afectar a la seguridad nacional. A pesar de ello, el tribunal concluyó que las acciones de Gao Yu habían violado las leyes y normas sobre secretos de Estado y constituían una «difusión de secretos de Estado importantes».
En su apelación ante el Tribunal Superior del Pueblo de Pekín, Gao Yu mantuvo que su detención y su juicio se debían a motivos políticos. Afirmó que los documentos de cuya «filtración» le acusaban no contenían «secretos de Estado». Uno se refería a los ajustes que debían hacerse en ministerios y comisiones tales como la «reforma del sistema de salarios» que, según dijo, eran de dominio público en China y habían sido publicados por el periódico pro chino con sede en Hong Kong Wen Wei Po. El segundo documento era un discurso del presidente Jiang Zemin, del que había publicado extractos sobre tres ideas centrales de Deng Xiaoping que, según afirmaba ella, a lo largo de los años se habían convertido en parte de la política exterior china.
El desarrollo general del caso de Gao Yu plantea además dudas sobre la validez de las pruebas en su contra. El veredicto del tribunal revela que el caso de la acusación fue examinado en varias vistas judiciales antes del juicio definitivo y fue declarado «inadecuado» o «falto de verificación»11. Se sabe que, de todas estas vistas, Gao Yu sólo contó con asistencia letrada en una de ellas, y todas se celebraron a puerta cerrada. Además, Gao Yu no contó con asistencia letrada en el juicio definitivo, que se celebró en secreto. En contra de lo estipulado por la ley china, ni a su esposo ni a sus abogados les notificaron de antemano la celebración del juicio; según los informes, a sus abogados posteriormente les dijeron que el tribunal «no había conseguido localizarles». En su apelación, Gao Yu señaló irregularidades adicionales de procedimiento tales como la negativa del Tribunal Intermedio del Pueblo de Pekín de incluir en el expediente del juicio las numerosas páginas de pruebas recopiladas por sus abogados, y la manipulación de las declaraciones de los testigos.
Durante la Conferencia Mundial sobre la Mujer y el Foro de ONG celebrados en Pekín en agosto y septiembre de 1995, Amnistía Internacional planteó y difundió los casos de Gao Yu y de otras mujeres detenidas, y el de Gao Yu fue el único caso comentado en detalle por los representantes oficiales de China. Los delegados de la Fiscalía del Pueblo y de la Asociación Capital de Periodismo de Mujeres reiteraron la declaración del portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Chen Jian, que dijo que «Gao Yu es una criminal condenada a prisión por robar y filtrar importantes secretos de Estado y por dañar la seguridad nacional». Mantuvieron que había sido «juzgada de acuerdo con la ley». Amnistía Internacional mantiene que la legislación sobre secretos de Estado en China y la forma en la que se aplica violan las normas internacionales. En el caso de Gao Yu, Amnistía Internacional considera que los «secretos» que presuntamente reveló ya eran de dominio público, y que las autoridades chinas no demostraron cómo la revelación y posterior publicación de dichos «secretos» habían dañado la seguridad nacional.
Amnistía Internacional considera a Gao Yu una presa de conciencia detenida por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión, y pide su liberación incondicional. El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria la declaró detenida arbitrariamente en noviembre de 1995, en relación con el ejercicio de la libertad de expresión12.
Zhao Lei y su esposo Bai Weiji fueron juzgados a puerta cerrada el 20 de mayo de 1993 y condenados a seis y diez años de prisión respectivamente por «proporcionar ilegalmente secretos nacionales a un extranjero». Wang Jun y Tang Yi también fueron condenados a dos y cuatro años de prisión respectivamente en relación con el caso.
Zhao Lei era intérprete del Ministerio de Asuntos Exteriores cuando conoció a Bai Weiji, que entonces trabajaba para el departamento de información del ministerio. Bai Weiji perdió su empleo en 1989, tras ayudar a organizar una marcha de jóvenes empleados del ministerio durante el movimiento en favor de la democracia; posteriormente encontró trabajo en una compañía extranjera. Ambos eran amigos de varios periodistas extranjeros en Pekín.
Bai Weiji fue detenido el 5 de mayo de 1992. Doce días después, las oficinas de la corresponsal del Washington Post, Lena Sun, fueron registradas; la corresponsal fue interrogada por agentes de seguridad que se llevaron varios documentos. Lena Sun reconoció haber recibido documentos de Bai Weiji. Insistió en que dichos documentos no contenían «secretos de Estado», sino información que normalmente no está a la disposición de extranjeros, como artículos de publicaciones oficiales «internas» con una difusión amplia aunque restringida. Dichas publicaciones proporcionan a un gran lectorado de funcionarios y autoridades chinos noticias nacionales e internacionales y análisis que pueden ser considerados políticamente delicados y que no aparecen en los periódicos públicos. En la práctica, los materiales señalados como «internos» cuentan con una amplia difusión y, con frecuencia, las editoriales oficiales venden abiertamente en librerías. Sin embargo, según la legislación de secretos de Estado, la información señalada para circulación restringida puede constituir un «secreto de Estado» cuando a las autoridades les convenga.
Las autoridades no han hecho pública ninguna información sobre este caso, y no han proporcionado ninguna prueba de que la presunta información «secreta» en cuestión se refiriera a un asunto legítimo de seguridad nacional. Zhao Lei fue acusada de traducir algunos de los documentos presuntamente entregados a Lena Sun, y su larga sentencia se basó exclusivamente en eso. Al parecer, fue declarada culpable por asociación. Su sentencia es un indicativo más de que las autoridades están dispuestas a establecer límites arbitrarios para la libertad de expresar y difundir ideas dentro de China o relativas a ella.
El 30 de agosto de 1993, después de un juicio secreto, Ma Tao, directora del China Health Education News, fue condenada a seis años de prisión más un año de privación de sus derechos políticos como cómplice en un caso de presunta «venta de secretos de Estado al extranjero». Wu Shishen, sub director de Xinhuashi, la agencia de noticias oficial (y que, según se cree, es esposo de Ma Tao), fue condenado a cadena perpetua por ese mismo delito. Fue acusado de entregar una copia anticipada de un discurso del secretario general del Partido Comunista, Jiang Zemin, al periodista de Hong Kong Leung Waiman, y de recibir a cambio 5.000 yuan en moneda extranjera (unos 700 dólares estadounidenses). El discurso en cuestión fue publicado posteriormente en Hong Kong una semana antes de la fecha en la que debía ser pronunciado durante el Congreso del Partido Comunista Chino. Al parecer, Ma Tao actuó como intermediaria, y fue quien entregó el texto al periodista. El discurso trataba cuestiones de política y medidas de gobierno, y no cuestiones que, según las normas internacionales, pudieran ser consideradas legítimamente como cuestiones de seguridad nacional. Las autoridades chinas no han demostrado cómo puede constituir la información revelada una cuestión legítima de seguridad nacional.
Fuentes oficiales chinas indican que la pareja contó con abogados «para defenderlos ante los tribunales» pero, según los informes, se declararon culpables. Puesto que el juicio se celebró en secreto, no hay manera de saber si durante su transcurso se demostró la acusación de que se había aceptado dinero a cambio de proporcionar el discurso. La suma de dinero que, según la acusación, se intercambió no es demasiado elevada. Aunque la acusación, si es cierta, podría justificar una declaración de culpabilidad por soborno o corrupción, la pena de cadena perpetua resulta claramente desproporcionada.
Según la información aparecida en la prensa, las fuertes sentencias dictadas en este caso fueron resultado de la presión directa ejercida por el secretario general del Partido Comunista Chino, Jiang Zemin. El periódico de Hong Kong South China Morning Post afirmó que las autoridades judiciales habían sugerido originalmente una sentencia de 10 años para Wu Shishen, pero que, según los informes, el presidente Jiang Zemin había insistido en que se dictara una pena mayor.
Basándose en la información disponible, y teniendo en cuenta la forma arbitraria en la que se aplica la legislación sobre secretos de Estado en China, Amnistía Internacional considera que Wu Shishen y Ma Tao son posibles presos de conciencia y que su encarcelamiento se debe a motivos políticos y es resultado de la restricción arbitraria de su derecho a la libertad de expresión. Amnistía Internacional pide que se aclaren las bases de las acusaciones y los procedimientos en su contra y que se lleve a cabo una revisión exhaustiva de su caso; dicha revisión debe ser llevada a cabo por un órgano judicial que ofrezca las garantías mínimas de independencia e imparcialidad. En noviembre de 1995, tanto Ma Tao como Wu Shishen fueron declarados detenidos arbitrariamente por el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria, considerando que su caso se refería a la libertad de opinión y de expresión13.
C. PRESAS Y VÍCTIMAS OLVIDADAS
En todo China, miles de presos políticos fueron detenidos o encarcelados arbitrariamente durante la represión de las manifestaciones de 1989 en favor de la democracia. Entre los que permanecieron encarcelados en régimen de incomunicación sin cargos durante meses, o fueron condenados a penas de prisión por «incitación y propaganda contrarrevolucionaria» tras juicios sumarios, se encontraban numerosas mujeres.
Otras mujeres encarceladas durante la represión de 1989 fueron condenadas a largas penas de prisión por delitos penales tales como «obstaculizar el tráfico» o sabotear equipo de transporte deshinchando los neumáticos. Wang Lianxi, detenida el 10 de junio de 1989 y condenada a muerte siete días después, fue acusada de abordar un trolebús de Pekín la noche del 3 de junio y «prender fuego a los asientos con una cerilla y quemar el autobús entero». Su sentencia fue conmutada posteriormente por la de cadena perpetua tras la alegación de su abogado de que era retrasada mental.
Entre las mujeres encarceladas por cargos penales «contrarrevolucionarios» se encontraba Jiang Jianhua, condenada a ocho años de prisión por «robo contrarrevolucionario». El 22 de abril de 1989, varias tiendas fueron objeto de pillaje durante unas manifestaciones estudiantiles en Changsha, provincia de Hunan. Jiang Jianhua pasó por dichas tiendas más tarde, según los informes sin ser consciente de lo que había sucedido. Según una compañera de prisión, asegura que vio un montón de jerseys en un lado de la carretera y, pensando que era un feliz hallazgo, se los llevó a casa. La policía la siguió y la detuvo y fue sentenciada en uno de los primeros juicios celebrados durante la represión en Changsha. Según los informes, fue acusada de «aprovechar la oportunidad de las protestas estudiantiles para saquear y destruir una propiedad». Se presentaron apelaciones y peticiones contra la sentencia alegando que las circunstancias eran insuficientes para dictar pena, y que su delito no podía ser «contrarrevolucionario» ya que no había ninguna prueba de su intención de «derrocar al poder político de la dictadura del proletariado y el sistema socialista». Todas las apelaciones fueron rechazadas. Su situación actual no está clara, pero ha estado cumpliendo su sentencia en la Prisión de Mujeres de Changsha.
En estos y otros casos, Amnistía Internacional siente preocupación porque los presos fueron condenados tras juicios sumarios que no cumplían las normas internacionales relativas a juicios con las debidas garantías. Además, a muchos condenados les impusieron sentencias totalmente desproporcionadas con los delitos presuntamente cometidos.
Las mujeres y los niños también sufren las consecuencias del encarcelamiento de sus familiares varones. Siete años después de la represión de 1989, centenares de presos políticos varones de los que Amnistía Internacional ha tenido conocimiento permanecen en prisión por sus actividades durante las manifestaciones en favor de la democracia14. En la mayoría de los casos se trata de presos de conciencia, encarcelados por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión y asociación. Las consecuencias para sus familiares son en muchos casos devastadoras. Ha habido informes de familias de presos que han sufrido graves privaciones económicas aumentadas por los costes de conseguir asistencia letrada y de proporcionar asistencia médica y alimenticia para sus familiares encarcelados. Estas familias también han sufrido discriminación a la hora de obtener empleos o ascensos a causa del historial político negativo de sus familiares encarcelados. En muchos casos, a los presos los mantienen recluidos lejos de sus casas, lo cual hace que el acceso resulte muy difícil y costoso para sus familiares. Los funcionarios de prisiones también pueden impedir dicho acceso. Además, los familiares tienen preocupaciones constantes por la salud de sus seres queridos. Muchos presos han desarrollado problemas graves de salud mientras permanecieron detenidos, problemas que han continuado tras su liberación y han aumentado las cargas económicas de sus familiares.
2. OTRAS VÍCTIMAS: LAS CONSECUENCIAS DE PRONUNCIARSE
En un informe publicado en junio de 1995, Amnistía Internacional detalló las experiencias de mujeres detenidas, limitadas y hostigadas por luchar para conseguir justicia para familiares encarcelados, o por pronunciarse sobre las violaciones contra terceras personas15. La mayoría de los casos destacados en dicho informe correspondían a mujeres detenidas, enviadas lejos de su localidad de residencia o confinadas en sus casas durante la Conferencia Mundial de la ONU sobre la Mujer y el Foro de ONG celebrados en Pekín en agosto y septiembre de 1995. Muchas de esas mujeres han seguido sufriendo desde entonces violaciones de sus derechos fundamentales, y han sido detenidas, hostigadas, puestas bajo vigilancia, intimidadas y amenazadas por la policía. Para unas pocas, las peores luchas han acabado y se han reunido con sus familiares. Mientras tanto, la situación de las familias de presos detenidos más recientemente se ha convertido en motivo de preocupación.
Chu Hailan, esposa del veterano activista Liu Nianchun16, desaparecido bajo custodia de la policía el 21 de mayo de 1995, fue sometida a vigilancia las 24 horas del día durante la Conferencia Mundial sobre la Mujer. Antes del inicio del Foro de ONG, unos agentes vestidos de civil llegaron a su casa para pedir su colaboración en dicha vigilancia. Le dijeron que debía informar de todas las conversaciones telefónicas, y si telefoneaba desde una cabina era sometida a vigilancia. También le habían dicho que debía abandonar Pekín durante la conferencia, pero se negó porque su hija, de siete años, y su suegra, de 80, dependían exclusivamente de ella.
El 5 de julio de 1996, casi 14 meses después de la desaparición de su esposo, Chu Hailan recibió la primera noticia de su paradero. La policía le informó de que a Liu Nianchun le habían impuesto tres años de «reeducación por el trabajo», que debían sumarse al año que ya había pasado bajo custodia. Le acusaban de aceptar ayuda ilegal de organizaciones extranjeras de derechos humanos y de redactar en colaboración con el ex dirigente estudiantil Wang Dan un llamamiento que presuntamente atacaba al gobierno, y le negaban la autorización para realizar actividades profesionales. Chu Hailan dijo: «esto no es en absoluto razonable, no está de acuerdo con la ley ... él no ha cometido ningún delito».
A Chu Hailan le dijeron que podía visitar a su esposo en el campo de trabajo de la Finca de Tuanhe, en las afueras de Pekín, al sur de la ciudad, pero cuando llegó las autoridades le anunciaron que había sido trasladado al campo de trabajo de Shuanghe, a centenares de kilómetros, en la provincia nororiental de Heilongjiang. Cuando finalmente Chu Hailan visitó a su esposo el 16 de julio, apenas lo reconoció. Había perdido al menos 20 kilos de peso desde su detención. Tenía sangre en las deposiciones, y se teme que esté gravemente enfermo. A Chu Hailan le dijeron que, cuando se encontraba en Tuanhe, había sido fuertemente golpeado por compañeros de celda con la connivencia de los guardias, que no hicieron nada cuando pidió ayuda. Según los informes, Liu Nianchun no había recibido tratamiento médico adecuado, y Chu Hailan no pudo conseguirle tratamiento durante su visita. Por lo tanto, volvió pronto a Pekín para presentar una petición directamente a la Asamblea Popular de la Ciudad de Pekín, al alcalde, a las autoridades del Partido Comunista de la ciudad y a las autoridades de seguridad pública. Al abandonar el campo de trabajo, fue obligada a someterse a un registro corporal por los guardias.
El 24 de julio de 1996, tras enviar sus peticiones, Chu Hailan fue también detenida, según los informes, por agentes del Departamento de Policía del Distrito de Haidian que la mantuvieron recluida durante tres horas y media y le advirtieron que «no armara jaleo». «Tengo derecho a presentar peticiones a los dirigentes de mi país», dice, «y aunque no sé si se molestarán en responder, estoy furiosa por la indiferencia de los gobiernos y cansada de que me hostiguen... pero no tengo otra elección más que seguir tratando de obtener ayuda para mi esposo» 17. Chu Hailan ha presentado una demanda contra el Departamento de Seguridad Pública de Pekín y contra el Departamento de Reeducación por el Trabajo por detención ilegal en nombre de su esposo, exigiendo su liberación y una indemnización.
Durante los 14 meses que su esposo permaneció recluido en régimen de incomunicación, Chu Hailan sufrió un rechazo tras otro en su búsqueda de información sobre su paradero. Hizo numerosos llamamientos sobre su detención ilegítima en régimen de incomunicación a autoridades del Partido y a diputados de la Asamblea Popular, y también escribió a la Comisión Internacional de Derechos Humanos, pidiendo que la comunidad internacional supervise el caso «porque parece que el gobierno ha ignorado sus propias leyes y está violando los derechos humanos de mi esposo».
Chu Hailan ha estado sometida a vigilancia constante, ha sido seguida abiertamente cuando abandonaba su casa, y ha tenido policías adicionales estacionados a su puerta durante los aniversarios importantes. La policía se la ha llevado para interrogatorio al menos en cuatro ocasiones. Según los informes, los agentes asignados para seguirla o interrogarla la han hostigado y humillado, han provocado incidentes para interrumpirla cuando trataba de utilizar teléfonos públicos, la han insultado y le han planteado constantemente preguntas degradantes sobre su vida privada. Su hostigamiento e intervención le han dificultado encontrar trabajo y mantener a su familia. Según los informes, a lo largo del año pasado tuvo que cambiar de empleo al menos 20 veces, pues quienes le daban trabajo recibían invariablemente la visita de la policía poco después de emplearla, y la despedían. Una de las personas para las que trabajó le pagó únicamente un tercio del salario que habían acordado, pues dijo que la interferencia de la policía le había ocasionado pérdidas en su negocio.
Antes de la detención de Liu Nianchun, la pareja había sufrido detenciones intermitentes y una vigilancia casi constante durante varios años. Permanecieron prácticamente bajo arresto domiciliario cuando, en marzo de 1994, las autoridades rechazaron la petición de Liu Nianchun de que se reconociera legalmente una organización independiente de trabajadores, la Liga para la Protección de los Derechos de los Trabajadores. El 28 de mayo de 1994 Liu Nianchun fue detenido: fue visto esposado y escoltado por agentes vestidos de paisano. Anteriormente había rechazado una oferta de la policía para que abandonara Pekín durante el período del aniversario del 4 de junio de 1989 y viajara con su esposa, su hija y varios agentes de policía a la isla de Hainan para unas «vacaciones» a expensas del gobierno. Tras su detención, Chu Hailan buscó tenazmente información sobre su paradero, visitó los Departamentos de Seguridad Pública más de 20 veces durante más de tres meses y soportó amenazas antes de que la policía finalmente le confirmara que su esposo había sido detenido. Junto con otras dos esposas de miembros detenidos de la Liga, Wang Jin'na, esposa de Yuan Hongbing, y Gou Qinghui, esposa de Xiao Biguang, escribió una carta abierta al Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular en agosto de 1994, pidiendo que se investigaran las detenciones ilegales de sus esposos. En aquella ocasión, su esposo fue liberado sin cargos al cabo de cinco meses, el 17 de octubre de 1994.
Los padres del ex dirigente estudiantil y preso de conciencia Wang Dan también soportan el trauma de la desaparición y la detención en régimen de incomunicación de su hijo. Wang Dan también fue detenido el 21 de mayo de 1995. Su familia fue visitada el 23 de mayo a las 3 de la madrugada por policías que les comunicaron que estaba recluido para investigación por delitos no especificados relacionados con el orden público. Catorce meses después, a Wang Dan aún no le han imputado ningún cargo, y su familia aún no ha recibido información sobre su paradero. Wang Lingyun, madre de Wang Dan, ha estado sometida a vigilancia constante desde la detención de su hijo. Los agentes de seguridad también han visitado su oficina, por lo que se ha visto obligada a trabajar desde casa. Antes de la Conferencia sobre la Mujer, recibió la visita de agentes de seguridad vestidos de civil que le pidieron su cooperación y la pusieron bajo un control aún más estricto durante la celebración de la Conferencia para impedir que algún ciudadano o periodista extranjero la visitara o hablara con ella.
El 2 de marzo de 1994, la empresaria WANG Hui fue detenida junto con su esposo, Zhou Guoqiang, activista laboral, abogado y promotor de la Liga para la Protección de los Derechos de los Trabajadores. Fue liberada al cabo de una semana, pero en abril de 1994 fue detenida de nuevo y permaneció recluida sin cargos durante tres meses. Ella nunca había participado en las actividades de su esposo; según dijo más tarde: «me encarcelaron sólo porque estaba casada con Zhou».
Pasaron otros ocho meses antes de que Wang Hui descubriera el paradero de su esposo, cuando él escribió desde el campo de trabajo de Shuanghe, una granja en la provincia de Heilongjiang a la que había sido enviado tras ser sentenciado sin juicio el 15 de septiembre a tres años de «reeducación por el trabajo». Había sido acusado de «colaborar con organizaciones y elementos hostiles tanto dentro como fuera del país para llevar a cabo actividades antigubernamentales». Según el Zhongguo Xinwen She, el servicio oficial de noticias con sede en Hong Kong, estas acusaciones se debían a las actividades de Zhou Guoqiang para promover el Manifiesto por la Paz que había publicado junto con un grupo de disidentes en 1993, y también a sus contactos con periodistas extranjeros, su «instalación ilegal de una máquina de fax» y «sus planes para distribuir camisetas con lemas provocativos». (Algunas fuentes indican que dichos lemas eran «negociación colectiva» y «libertad de asociación para los trabajadores».)
Wang Hui presentó una demanda de litigio administrativo en favor de su esposo contra el Departamento de Seguridad Pública de Pekín y contra el Comité de Gestión Administrativa de Reeducación por el Trabajo que le había sentenciado. Inmediatamente sufrió hostigamiento; entre otras cosas, fue sometida a vigilancia por la policía. Hubo ocasiones en que fue seguida por 20 agentes o más, y le resultaba imposible continuar sus actividades empresariales. Sin dejarse coaccionar, Wang Hui siguió presionando a las autoridades sobre el caso de su esposo; entre otras cosas, presentó una petición al presidente de la Asamblea Nacional Popular en marzo de 1995 para que remediara el encarcelamiento indebido de su esposo y eliminara el sistema de «Reeducación por el Trabajo». Sus esfuerzos dieron como resultado la celebración de una de las escasas vistas de una demanda de un disidente contra una detención ilegítima. No ha habido ni un solo caso político cuyo veredicto se haya cambiado en una apelación, y la demanda de Wang Hui fue rechazada en mayo de 1995.
En julio de 1995 se sumó un año más a la sentencia de Zhou Guoqiang tras ser acusado de intentar escapar. Según los informes, a Wang Hui le impidieron visitarle durante el otoño de 1995. Cuando le visitó, en diciembre de 1995, lo encontró muy débil y delgado. Sufría problemas de pecho que se manifestaban en forma de tos muy fuerte, debilidad general y sudores nocturnos; lleva padeciendo estos síntomas varios meses. Wang Hui no ha podido obtener información exacta de la granja de trabajo sobre el diagnóstico o el tratamiento. Sus reiterados llamamientos para que su esposo sea puesto en libertad condicional por problemas médicos no han obtenido respuesta. Las autoridades de Pekín tampoco han respondido su apelación de enero de 1996 para que permitieran a Zhou Guoqiang visitar a su madre, Guo Wenbin, a la que han diagnosticado un cáncer terminal de pulmón. Se trata de un tipo de permiso que en muchas ocasiones se concede a las personas detenidas para «reeducación por el trabajo». Wang Hui ha manifestado: «su madre es un miembro veterano del Partido Comunista y ha luchado al lado del Partido toda su vida. Su último deseo es ver a su hijo antes de morir. No ha hecho nada para merecer esto».
En mayo de 1994, el preso de conciencia Chen Ziming obtuvo la libertad condicional por motivos médicos tras numerosos llamamientos efectuados por su esposa, Wang Zhihong18. Al parecer le concedieron la libertad condicional por una «enfermedad cutánea», pero posteriormente le diagnosticaron un cáncer de próstata e hígado y una enfermedad cardiaca. En noviembre de 1994 fue sometido a cirugía y radioterapia para tratarle el cáncer. Wang Zhihong dedicó todo su tiempo a cuidarle, y él seguía realizándose frecuentes chequeos médicos cuando fue repentinamente encarcelado de nuevo el 25 de junio de 1995 para terminar su sentencia de 13 años. En mayo y junio de 1995, Chen Ziming se había unido a unas peticiones y había iniciado una carta abierta para pedir que se liberara a los presos políticos y se retirara el veredicto de que las protestas de 1989 habían sido «sediciosas». Se cree que ése fue el motivo de que lo volvieran a detener. Chen Ziming es un veterano activista en favor de la democracia, que fue detenido en octubre de 1989 y compareció a juicio el 12 de febrero de 1991. Wang Zhihong fue detenida junto con su esposo en 1989 y permaneció recluida sin cargos durante más de un año.
Según los informes, el 29 de agosto de 1995, el segundo día de la Conferencia Mundial sobre la Mujer, a Wang Zhihong le ordenaron que abandonara Pekín. Había estado solicitando que su esposo fuera liberado por motivos médicos urgentes o que le permitieran a ella cuidarle en prisión. Ahora las autoridades la presionaban para que se trasladara desde su casa de Pekín a la prisión donde su esposo permanecía recluido. Fue liberada el 15 de septiembre, una vez terminada la conferencia. Cuando trató de conseguir dinero para pagar las medicinas de la quimioterapia de su esposo, muy caras, descubrió que sus cuentas bancarias habían sido congeladas para un período de seis meses a contar desde el 27 de agosto. Según los informes, el historial médico de Chen Ziming también ha desaparecido del hospital en el que se encontraba guardado.
Preocupada porque peligraban las posibilidades de que su esposo se recuperara y porque le estaban denegando una asistencia adecuada, el 15 de octubre de 1995 Wang Zhihong llevó a cabo una huelga de hambre de 24 horas para pedir su liberación inmediata. Ella, los padres de su esposo y la hermana de éste, Chen Zihua, fueron detenidos tras llevar a cabo una sentada pacífica en el parque de Shuangxiu, en Pekín, el 22 de octubre de 1995; durante dicha sentada mostraron la fotografía de Chen Ziming y leyeron una declaración en la que pedían que se le concediera un tratamiento médico adecuado. Ese mismo mes, había sido rechazada la petición de la madre de Chen Zihua, Wen Yongfen, para celebrar una marcha a los ministerios pertinentes de Pekín para exigir su liberación. Wang Zhihong permaneció detenida durante cinco días, y a continuación a sus familiares les ordenaron que no abandonaran su casa; también les prohibieron su visita mensual a Chen Ziming. Desde entonces, Wang Zhihong ha seguido pidiendo la liberación condicional de su esposo por motivos médicos. Chen Ziming ha mostrado síntomas que sugieren que su cáncer puede estar extendiéndose. Según los informes, su salud continúa empeorando, y necesita urgentemente tratamiento médico adecuado19.
3. CAMPAÑA DE LOS FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS DE 1989
Entre los manifestantes pacíficos y los civiles desarmados muertos por el ejército hacia el 4 de junio de 1989 había mujeres de todas las esferas sociales. Siete años después, las circunstancias de muchos de los homicidios siguen sin aclararse, y no se han llevado a cabo investigaciones públicas. Entre las mujeres que se sabe que resultaron muertas en el barrio residencial de Muxidi, en el oeste de Pekín, se encontraban Wang Weiping, médico en prácticas de 25 años, muerta de un disparo a través de la barbilla mientras atendía a los heridos; Huo Xiangping, de 54 años, trabajadora retirada de una fábrica, y Ma Chenfen, de 58 años, que hablaba con los vecinos en el patio de su edificio de apartamentos cuando fue alcanzada en el estómago por las balas disparadas desde un tanque. Zhang Jian, de 19 años, recibió una ráfaga mortal de disparos de las tropas de la ley marcial cerca de Xidan, en el centro de Pekín. Amnistía Internacional no ha podido confirmar todos estos casos con detalle. Los repetidos llamamientos de la organización a las autoridades para que aclaren las circunstancias de las muertes y lleven ante los tribunales a cualquier responsable de violaciones de derechos humanos no han recibido respuesta. En la atmósfera de terror que siguió a la represión, los familiares no pudieron llorar abiertamente a sus muertos. Algunos fueron sometidos a una investigación de sus lealtades políticas y sufrieron hostigamiento cuando dieron señales de no aceptar el veredicto oficial de que los muertos eran «alborotadores», «rufianes» o «rebeldes contrarrevolucionarios». Otros sufrieron sanciones económicas o intimidaciones en un intento constante por parte de las autoridades de ocultar los hechos en torno a los homicidios de junio de 1989.
Aunque las familias de muchas víctimas permanecen en silencio, temerosas de las represalias de las autoridades, hay un número cada vez mayor que se manifiestan, algunos inspirados por Ding Zilin, catedrática asociada de Filosofía de la Universidad Popular de Pekín cuyo hijo de 17 años, Jiang Jielian, resultó muerto de un disparo la noche del 3 de junio de 1989. Ding Zilin buscó a los familiares de otras víctimas. Tal como insiste en decir: «no hago nada ilegal... Es lo que el gobierno debería estar haciendo, pero si no lo hacen ellos, lo haré yo». Ding Zilin y su esposo, Jiang Peikun, también han hablado sobre otras cuestiones de derechos humanos. Por ejemplo, se encontraban entre los 45 signatarios de una carta abierta en la que se pedía tolerancia, y también han protestado por la detención ilegal de importantes disidentes.
Cada año, en el aniversario de la matanza del 4 de junio, Ding Zilin y otras madres, esposas y familiares de las víctimas, piden al Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular que se lleve a cabo una investigación independiente y justa de los hechos y que se hagan públicos sus resultados. Poco después de que se presentara por primera vez dicha petición (véase el recuadro), las autoridades de la Universidad Popular visitaron a Ding Zilin para decirle que dejara de oponerse al gobierno, violar las leyes y empañar la imagen de China en el extranjero. Cuándo les preguntó cómo podían sacar tales conclusiones a partir de sus escritos, le dijeron: «si no cesas en tus actividades, sólo tú tendrás que afrontar las consecuencias»20. Poco después, la pareja abandonó Pekín hacia su localidad natal de Wuxi, en la provincia de Jiangsu, en parte para escapar a la vigilancia y el hostigamiento.
El 18 de agosto de 1995, justo cuando planeaban regresar a Pekín, fueron detenidos para investigación por la Fiscalía de Wuxi por presuntas «irregularidades económicas graves». Permanecieron detenidos y sometidos a interrogatorio durante la Conferencia Mundial sobre la Mujer y, según los informes, fueron interrogados sobre todo acerca de su participación en la ayuda humanitaria a las familias de las víctimas del 4 de junio. Fueron liberados el 30 de septiembre de 1995 pero, según los informes, les informaron de que las investigaciones continuarían. Algunos de sus amigos y asociados también fueron detenidos o sometidos a restricciones durante el período de la conferencia. Según los informes, Jiang Qisheng, que vive en Pekín, era conducido a la comisaría local de policía cada día y sólo le permitían regresar a su casa por la noche. A fines de agosto, Qi Zhihong, que perdió las dos piernas a consecuencia de las heridas sufridas la noche del 3 al 4 de junio de 1989, fue llevado de su casa por agentes de policía que dijeron a sus familiares que no lo liberarían hasta el final de la conferencia. El 4 de septiembre de 1995, durante la detención de Ding Zilin y su esposo, los familiares de las víctimas presentaron una petición al Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular para protestar por su reclusión sin cargos; en dicha petición decían: «en el momento de iniciarse la Conferencia Mundial de la ONU sobre la Mujer, esperamos en particular que los derechos de las mujeres y los ciudadanos puedan estar realmente protegidos». La pareja permanece sometida a vigilancia, que se hace especialmente intensa en los períodos del aniversario de la matanza.
4.TORTURA Y MALOS TRATOS
En documentos anteriores de Amnistía Internacional se han detallado numerosos ejemplos de tortura y malos tratos a mujeres bajo custodia de la policía o en instituciones penitenciarias, en las que estos tratos se infligen por igual a presos comunes y políticos21. Según los informes, las mujeres han sido golpeadas con palos, culatas de rifles y cinturones de cuero. También se han denunciado frecuentes agresiones con porras eléctricas. En algunos casos, dichas porras se han utilizado para aplicar descargas en la boca y en la cabeza, así como en los pechos, los muslos y los órganos sexuales. Algunas mujeres han afirmado haber sido golpeadas con porras eléctricas hasta que ya no podían controlar la vejiga. A algunas las han mantenido esposadas o con grilletes durante largos períodos. A otras les han esposado los brazos en diagonal a la espalda y luego las han colgado de una cuerda atada a las esposas. También se han producido informes de una de las formas más crueles de encadenamiento: el encadenamiento a una tabla conocida como «la cama del tigre». En algunos casos, se han producido muertes a consecuencia de la tortura y los malos tratos bajo custodia.
Hay informes procedentes de numerosas fuentes en China que muestran que cualquiera puede correr peligro de sufrir malos tratos a manos de la policía o de otros agentes de seguridad. Según los informes, el 5 de marzo de 1996, en Shenzhen, la esposa del alcalde de la ciudad y su chófer fueron golpeados por dos agentes de la Policía Armada Popular cuando el chófer hizo sonar la bocina ante un todoterreno de la policía que estaba bloqueando la carretera. En una carta de protesta dirigida al presidente Jiang Zemin, el alcalde escribió, según los informes: «Si yo, como alcalde de Shenzhen, ni siquiera puedo proteger a mi esposa, ¿cómo voy a proteger a los ciudadanos de Shenzhen?».
Esta violencia es un reflejo de la brutalidad que tiene lugar bajo custodia de la policía, fuera de la vista del público, donde los agentes pueden actuar con impunidad contra quienes tienen a su cargo.
A. TORTURA Y MALOS TRATOS DURANTE LOS INTERROGATORIOS
Los sospechosos de delitos comunes no son los únicos vulnerables a la tortura y los malos tratos bajo custodia de la policía. Entre las víctimas ha habido mujeres que se vieron implicadas en disputas con policías y agentes de otro tipo, mujeres que intentaban defender sus derechos o mujeres consideradas como presa fácil por agentes corruptos. Recientemente se publicaron en periódicos oficiales de China varios casos que se están investigando.
Según los informes, el 28 de marzo de 1995, Gao Xinming, jefe de una subcomisaría de policía de la comarca de Taoyuan, provincia de Hunan, llevó sin ningún motivo a tres trabajadoras de un restaurante privado a la subcomisaría. Allí las obligó a arrodillarse, las golpeó en la cabeza, les ató las manos a la espalda y las obligó a ponerse a cuatro patas, azotándolas con un bastón durante horas para obligarlas a confesar que eran «prostitutas». Después las mantuvo recluidas ilegalmente durante ocho días. Cuando, al día siguiente de su detención, su jefe acudió a la comisaría, fue detenido, recluido durante 12 días y multado con 10.000 yuan (unos 1.200 dólares estadounidenses). El Fazhi Ribao informó, el 15 de junio de 1995, de que Gao Xinming había sido detenido por detener a gente ilegalmente, obtener confesiones mediante tortura y otros delitos; sin embargo, la noticia no indicaba cómo había concluido el caso.
Entre las víctimas también ha habido menores. El 21 de mayo de 1995, el Liaoning Ribao informó de que cuatro muchachas menores de 16 años de la Escuela de Enseñanza Media Núm. 16 de la comarca de Fuxin, en la provincia de Liaoning, habían sido detenidas y torturadas por Liu Shangyu, jefe de una Sección de Seguridad Pública del Departamento Comarcal de la Oficina de Asuntos Minerales del Transporte Ferroviario, en un intento de inventar un «caso de gamberrismo». En la primavera de 1995, Liu obtuvo por la fuerza confesiones de «comportamiento gamberro» de dos hombres a los que había detenido y golpeado con porras eléctricas. Basándose en estas «confesiones», cuya firma falsificó, Liu llevó a las cuatro muchachas a la Sección de Seguridad Pública para obligarles a confesar «problemas de gamberrismo». Como no confesaban, les dio puñetazos en la boca, les propinó patadas, las estiró del pelo, las agredió con porras eléctricas y llevó a cabo otros «castigos físicos». El interrogatorio más largo duró 26 horas. Las muchachas sólo fueron liberadas cuando «confesaron» haber mantenido un «comportamiento promiscuo y gamberro» y después de que sus familias pagaron 5.000 yuan (unos 600 dólares estadounidenses). El informe indica que las muchachas «sufrieron daños físicos y psicológicos... y problemas de salud». Se desconoce el resultado del caso.
Los presos son especialmente vulnerables durante los interrogatorios, cuando los agentes de policía intentan obtener de ellos información o confesiones para formalizar los arrestos o justificar las detenciones ante sus superiores.La detención para investigación puede durar muchos meses y, durante este período, los presos no tienen derecho a acceder a sus familiares, y tampoco tienen derecho a acceder de forma inmediata y periódica a un abogado. Es frecuente la detención prolongada en régimen de incomunicación22.
Las monjas tibetanas detenidas por participar en manifestaciones han sido víctimas, según los informes, de un trato especialmente brutal durante los interrogatorios. Los agentes parecen mostrarse más violentos en su determinación de «romper el espíritu» de las monjas que están orgullosas de su participación en las protestas, o de las que se defienden con vigor. Al igual que en otros casos de presos políticos, las autoridades niegan sistemáticamente las acusaciones de malos tratos y tortura a monjas tibetanas. Cuando afirman que se han investigado las denuncias y se ha demostrado que son falsas, no se da ninguna prueba de dichas investigaciones, ni ningún detalle sobre su naturaleza. Mientras tanto, los informes recientes aparecidos en los medios de comunicación chinos reflejan pautas de tortura y malos tratos detallados en los testimonios de presos políticos.
La tarde del 14 de enero de 1995, Pu Qiong, empleado del tribunal comarcal de Jilong, en la Región Autónoma del Tíbet, pidió a Qiong Da, jefe del Departamento de Seguridad Pública de la comarca, que detuviera a una comerciante independiente llamada Dangzhen Wangmu, quien, según afirmaba, le había calumniado. Qiong Da y varios agentes más detuvieron a Dangzhen Wangmu y la llevaron al edificio del tribunal, donde Pu Qiong se les unió para atarla, golpearla y agredirla «desde la medianoche hasta las seis de la mañana siguiente». Dangzhen Wangmu sufrió heridas en las piernas, las nalgas y las muñecas, y magulladuras por todo el cuerpo. Precisó 65 días de tratamiento en el hospital. Durante el ataque, Qiong Da le dijo: «Yo estoy al mando aquí, no sirve de nada que se lo digas a nadie». Según un informe sobre el caso aparecido en el Procuratorial Daily (el 29 de abril de 1996), basándose en este y otro delito, Qiong Da fue declarado culpable de «detención ilegal» y condenado a dos años de prisión, que sería condicional durante tres años. El informe no indica si Pu Qiong o los otros hombres implicados fueron acusados.
En su volumen y detalle, los testimonios también han demostrado que la tortura no sólo tiene lugar como una infracción accidental de la ley, como afirman las autoridades chinas, sino a consecuencia de prácticas institucionalizadas y políticas oficiales. El hecho de que los procesos judiciales se basen de forma generalizada en las confesiones, los llamamientos periódicos para que se haga uso de «todos los medios necesarios» para «reprimir con dureza» a determinadas categorías de delincuentes, y la supervisión escasa y poco efectiva del trato a los detenidos son factores que contribuyen a que la policía y otros agentes utilicen todo tipo de medios expeditivos, incluidos la tortura y los malos tratos.
B. TORTURA Y MALOS TRATOS EN INSTITUCIONES PENITENCIARIAS
Según los informes, en las prisiones y los campos de trabajo se utilizan de forma generalizada la tortura y los malos tratos. Allí, la política penitenciaria oficial, que hace del «reconocimiento de la culpa» y los trabajos forzados un requisito fundamental para la «reforma» de los presos, crea un entorno en el que los presos son sometidos a frecuentes abusos. Se ha castigado a mujeres por quejarse, por no cumplir los objetivos de trabajo y por infringir la disciplina de la prisión. Entre los castigos se encuentran descargas eléctricas en la boca o los pechos, golpes con porras eléctricas, encadenamiento durante períodos prolongados y reclusión en aislamiento en condiciones penosas.
En la prisión de Changsha, una prisión «modelo» para mujeres en la provincia de Hunan, durante el principio de la década de los noventa se utilizaban sistemáticamente porras eléctricas para castigar a mujeres por infracciones de la disciplina penitenciaria. Según los informes, también eran frecuentes los castigos en un «Equipo de Gestión Severa», que consistía en que las mujeres eran esposadas y obligadas a permanecer a cuatro patas o de rodillas, con la cabeza inclinada, durante muchas horas. También eran golpeadas. Este castigo continuaba hasta que las mujeres «reconocían sus errores», y era supervisado en unas ocasiones por los guardias y en otras por presas seleccionadas por los guardias.
Muchas veces, los castigos y los malos tratos los llevan a cabo otros presos seleccionados por los funcionarios de la prisión para «mantener el orden» en las celdas y supervisar los trabajos. A estos presos se les conoce como «administradores», «segundo gobierno» o «jefes de celda». En ocasiones controlan la distribución de comida en las celdas, y pueden ser el principal canal de comunicación con los guardias. En muchos casos disfrutan de privilegios tales como la exención del trabajo. En muchos informes se muestra su brutalidad o la violencia e intimidación que llevan a cabo. Esto en muchas ocasiones sucede por instigación de las autoridades de la prisión, o con su connivencia y conocimiento. Se han registrado malos tratos por parte de «jefes de celda» y «administradores» en testimonios de mujeres recluidas en centros de detención, campos de «reeducación por el trabajo» y prisiones, incluidas instituciones «modelo».
Tong Yi, presa de conciencia y ex ayudante del destacado disidente Wei Jingsheng, detenida el 4 de abril de 1994, ha estado cumpliendo una sentencia de dos años y medio de «reeducación por el trabajo» en la provincia de Hubei. En el Campo de Trabajo de Hewan, en Wuhan, Tongyi denunció haber sido golpeada repetidamente en la cara y el cuerpo por dos «administradoras» del campo el 16 de enero de 1995. Estos golpes se produjeron poco después de que presentara una queja ante las autoridades del campo por haber tenido que trabajar hasta las 10 de la noche y, en ocasiones, hasta las dos o las tres de la mañana para cumplir las cuotas de producción. Tongyi presentó una queja por los golpes ante los guardias de la prisión, pero éstos no emprendieron ninguna acción; al día siguiente de presentar la queja, fue golpeada más de 10 veces. Según los informes, en julio de 1995 a los familiares de Tongyi les comunicaron que iba a ser trasladada a la Finca de Reeducación Por el Trabajo de Shayang, donde se utilizarían «medidas forzosas» para garantizar que cumplía su «cuota de producción» y «aceptaba la reforma». Posteriormente, los guardias la golpearon con porras, según indican los informes.
El 3 de mayo de 1996, mientras se consideraba el segundo informe periódico de China ante el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura, el embajador de China ante la ONU, Wu Jianmin, declaró: «No hay jefes de celda ni administradores. Los guardias son los responsables de la supervisión». Esta negativa categórica no ha sido respaldada ni siquiera por documentos oficiales. Aunque las normas para los funcionarios de las instituciones penitenciarias incluyen disposiciones que prohíben que los guardias utilicen a los presos para funciones de supervisión, las autoridades judiciales han indicado que estas normas son declaradas no efectivas mediante avisos periódicos que se publican para pedir «represiones» o «señores de la prisión». Mientras tanto, Amnistía Internacional sigue recibiendo testimonios de presos que muestran que el uso de los jefes de celda y los administradores es un hecho habitual.
Una presa política que permaneció recluida en el Centro de detención Núm. 2 de Wuhan, provincia de Hubei, durante 15 meses hasta ser «eximida de castigo penal» en marzo de 1991, denunció las torturas y malos tratos de las mujeres condenadas a muerte con las que compartía una celda. La celda podía ser supervisada, a través de agujeros en la pared, por los guardias que estaban en la habitación de al lado. A la cama común de la celda se le habían añadido dos tablas con grilletes en las que las mujeres condenadas a muerte permanecían encadenadas por los pies y con los brazos extendidos durante varios meses, hasta su ejecución. A la presa política los guardias le habían ordenado que vigilara las 24 horas del día a tres presas así encadenadas, y la habían eximido de trabajar durante el día. Otra mujer condenada a muerte con una suspensión de dos años estaba también encadenada a la tabla. Los guardias querían evitar los suicidios, por lo que ordenaron a la presa política que «se asegurara de que no había incidentes». Tenía que hacerles todo a aquellas mujeres: alimentarlas, lavarlas y ayudarlas a defecar. Tras permanecer una semana encadenadas a la tabla, las mujeres no podían mantenerse de pie sin ayuda. La presa política tuvo que pedir a los guardias que las desencadenaran de vez en cuando.
Una de las mujeres así encadenadas era una trabajadora de limpieza viaria de 50 años. Un hombre de 70 años llegó a su casa, le dio unas ropas de segunda mano y la violó. Fue declarada culpable de asesinarle para robarle las ropas, y condenada a muerte. Según la presa política, dio la casualidad de que el hijo de esta mujer llegó para visitarla el día de la ejecución. No sabía que su madre había sido condenada a muerte, y llegó unas horas después de que se la llevaran para ejecutarla.
Otra víctima de la tabla con grilletes era una graduada de enseñanza media de 21 años procedente del campo, que había acudido a la ciudad a trabajar como niñera. Fue condenada a muerte acusada de asesinar al niño de tres años al que cuidaba. Sólo había dicho a los investigadores que la familia que la empleó la maltrataba, por lo que los investigadores pidieron a la presa política que la animara a hablar. La joven permaneció encadenada a la tabla durante más de un mes antes de hablar. Explicó que el padre del niño la había violado en varias ocasiones. Al haber sido violada y al haber matado al niño, dijo que ya no soportaba seguir viviendo, y que por eso no había hablado en su propia defensa. La presa política informó de esto inmediatamente al jefe del Centro de detención, pero no parece que esta declaración fuera tenida en cuenta. La joven fue ejecutada el 9 de junio de 1991; para entonces llevaba detenida seis meses.
Según los informes, la tabla con grilletes también se ha utilizado como forma de castigo en centros de detención de las provincias de Guangdong y Hunan. Su uso en el Centro de Detención Núm. 2 de Wuhan era claramente una práctica institucionalizada conocida tanto por los guardias de la prisión como por los fiscales. Este centro de detención estaba clasificado como «estándar», por lo que también recibía las visitas de agentes de otras ciudades.
Esta claro que el uso de la tabla con grilletes inflige fuertes dolores y sufrimientos, y constituye una tortura. Su uso por parte de funcionarios del Estado contra presos supone una violación de la Convención contra la Tortura, firmada por China. Las normas internacionales prohíben el uso de grilletes en las piernas, sin embargo las normas sobre prisiones y centros de detención de China parecen permitirlo. El uso prolongado de otros instrumentos de restricción también se considera en algunas circunstancias que constituye malos tratos, sin embargo las normas chinas excluyen explícitamente a ciertos presos, como los condenados a muerte, de los plazos sobre su uso23. Estas exenciones se repitieron incluso en las aclaraciones urgentes sobre el uso de instrumentos de restricción publicadas por el Ministerio de Seguridad Pública el 7 de junio de 1991 porque «algunos distritos han confeccionado sus propios grilletes o los han utilizado indiscriminadamente, con lo que han dado lugar a invalidez, lesiones y muertes, han creado una impresión muy mala entre los familiares de los presos y las masas y han dañado la reputación de los órganos de Seguridad Pública».
C.PROHIBICIÓN Y PROCESAMIENTO DE LA TORTURA
En julio de 1995, en respuesta a las preguntas de los periodistas sobre el informe de Amnistía Internacional «Mujeres en China: Perseguidas por disentir», el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Chen Jian, dijo, según los informes: «Cualquier tortura, sea sexual o de otro tipo, contra los presos está estrictamente prohibida en virtud de las leyes de la República Popular China»24.
Las leyes, las normas ministeriales y las instrucciones de los órganos judiciales superiores relativas a la conducta de los policías y los funcionarios de prisiones incluyen disposiciones contra los malos tratos a presos. Sin embargo, algunas están redactadas de forma muy vaga, y otras, tal como hemos descrito anteriormente, excluyen específicamente de la protección a determinados presos. Además, el testimonio de los ex presos indica que, en la práctica, estas disposiciones son burladas, y la mayoría de los presos las desconocen. Por ejemplo, todas las normas disponibles estipulan que las presas deben ser supervisadas por guardias femeninos, y sin embargo las mujeres son interrogadas sistemáticamente por hombres solos, y los guardias masculinos tienen acceso sin necesidad de compañía a las presas.
En virtud de la Convención contra la Tortura, China está legalmente obligada a castigar penalmente todos los actos de tortura y malos tratos. La Convención dice también que los actos de tortura se castigarán «con penas adecuadas en las que se tenga en cuenta su gravedad» (artículo 4). Amnistía Internacional considera que estos requisitos no se cumplen en China ni en la ley25ni en la práctica. La Ley Penal de China prohíbe dos delitos específicos relativos a la tortura o los malos tratos a presos por parte de funcionarios del Estado: el artículo 136 prohíbe «la tortura para obtener por la fuerza una declaración». Es aplicable al «personal del Estado» cuando la tortura se lleva a cabo contra «delincuentes». Ambos términos, de acuerdo con los comentaristas en China, están abiertos a definiciones arbitrarias y restrictivas. El artículo 189 prohíbe los «abusos y castigos corporales» y es aplicable específicamente al «personal judicial». Sólo castiga a quienes considera que han actuado en violación de las normas de la prisión, y sólo cuando las «circunstancias son graves».
Otra disposición utilizada en casos de malos tratos por parte de funcionarios y de otras personas, incluida en el artículo 143, prohíbe la «detención ilegítima, o la privación ilegítima de la libertad de la persona por cualquier otro medio» y dispone castigos «más fuertes» pero no especificados en los casos en los que «se hayan infligido golpes o humillaciones». Para todos estos delitos, la pena mínima es de entre quince días y seis meses de detención. Estas disposiciones no prohíben todos los actos de tortura y malos tratos tal como exige la Convención, y en mayo de 1996 el Comité Contra la Tortura recomendó que China pusiera en vigor una ley que definiera el delito de tortura en términos coherentes con el artículo 1 de la Convención26.
El artículo 7 de la Convención exige también que los Estados procesen a los responsables de torturas. En virtud de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de China (artículo 13), los fiscales son responsables de presentar, investigar y decidir si se debe proseguir con los casos en virtud de los artículos de la Ley Penal detallados antes. Se cree que las normas, establecidas por la Fiscalía Suprema del Pueblo en 1989, para determinar si un caso debe ser sometido a investigación criminal siguen aún en vigor. Dichas normas imponen criterios adicionales, más allá de lo redactado en la Ley Penal, que restringen aún más la criminalización de los actos de tortura en China. En virtud de las normas para los casos englobados por el artículo 136, parece que un acto de tortura cometido por un funcionario del Estado para obtener por la fuerza una declaración sería en sí mismo motivo insuficiente para proseguir con un caso. Más bien, los factores determinantes son las intenciones del torturador o los diversos resultados finales de gravedad. Por ejemplo, un caso debería proseguirse si el torturador llevó a cabo el acto de tortura por venganza personal, o si utilizó «medios muy crueles, creando así un grave impacto», si torturó a muchas personas o lo hizo de forma reiterada, si causó discapacidades, muertes, locuras o suicidios «u otras consecuencias graves», o si creó un caso falso. También son necesarias consecuencias graves similares antes de que se prosiga con un caso de castigos corporales en virtud del artículo 189. Aquí las normas limitan la definición de «personal judicial» a aquellos que «llevan a cabo deberes de custodia» en una diversidad de instituciones policiales y penitenciarias27. Así, los restantes empleados del Estado que cumplen otros deberes en estas instituciones parecen quedar excluidos del procesamiento en virtud de este artículo.
Para que las prohibiciones de la ley sean efectivas es esencial contar con mecanismos eficaces para las denuncias de tortura y malos tratos, y llevar a cabo investigaciones inmediatas e imparciales sobre los informes. El segundo informe periódico de China al Comité contra la Tortura enumera mecanismos de denuncia, pero los testimonios indican que dichos mecanismos no tienen en su mayoría ninguna eficacia para los detenidos. Pocos presos se atreven a presentar denuncias por temor a las represalias o porque piensan que es inútil. Los fiscales responsables de supervisar las condiciones de detención en muchos casos no están dispuestos o no pueden actuar, y su imparcialidad es cuestionable. Los testimonios indican que, en muchos casos, los presos sólo pueden tener acceso a los fiscales y las «cajas de denuncias» a través de los mismos guardias o «jefes de celda» que los atormentan. En la prisión de Changsha, en 1991, una presa fue castigada por atravesar corriendo las dos puertas que la separaban de la sección independiente del recinto penitenciario donde se situaba la oficina de la fiscalía. Trataba de denunciar que un guardia la había golpeado. Se ha informado de visitas de las autoridades locales o de miembros de la Asamblea del Partido a algunas prisiones de mujeres, pero se ha tratado siempre de visitas muy organizadas. A las presas les dicen, o ya lo saben, que el hablar con los visitantes sin permiso significará, como mínimo, perder «puntos de mérito» que van acumulando para conseguir cuanto antes la libertad condicional.
Cuando se reciben denuncias de tortura, los informes muestran que el enfoque de las autoridades hacia la investigación y el procesamiento de los casos es arbitrario e incoherente, y ofrece impunidad a numerosos torturadores. Algunos funcionarios que torturan a presuntos delincuentes han sido procesados. Los casos aparecidos en los medios de comunicación oficiales chinos, entre ellos casos de muertes bajo custodia, se refieren casi exclusivamente a torturas cometidas al cabo de unas horas o unos días de la detención con el fin de obtener confesiones. No hacen referencia a los malos tratos en las instituciones penitenciarias. Amnistía Internacional nunca ha encontrado ningún informe sobre un funcionario que haya sido investigado o procesado por torturar o maltratar a un preso político.
En las investigaciones pueden verse implicados numerosos órganos, incluidos departamentos administrativos, órganos del Partido y la propia policía, todos los cuales pueden imponer sanciones disciplinarias como alternativa al procesamiento penal. El último informe de China ante el Comité contra la Tortura no aclara cómo se coordinan las investigaciones entre los diversos órganos, y en especial quién tiene autoridad sobre si la fiscalía participa o no. Según los informes, las investigaciones policiales internas y encubiertas son frecuentes. En mayo de 1996, el Comité contra la Tortura recomendó que China «establezca un sistema detallado para revisar, investigar y tratar de forma efectiva las denuncias de malos tratos efectuadas por aquellas personas que se encuentren bajo custodia de cualquier tipo».
D.MUERTES BAJO CUSTODIA
La investigación de varios casos no resueltos de muertes bajo custodia en circunstancias poco claras tras malos tratos ilustra gráficamente lo inadecuado del sistema actual y la sensación de impunidad policial que se deriva de ello. Un caso denunciado por Human Rights in China se refería a una mujer llamada Ren Wanxia28. La tarde del 24 de diciembre de 1993, en la ciudad de Fuzhou, provincia de Fujian, Ren Wanxia, de la aldea de Junzhu, se dirigía a su casa desde el trabajo en bicicleta. Varios testigos vieron cómo era interceptada por agentes de policía que comprobaban las licencias de bicicleta. Ella no llevaba licencia, por lo que se organizó un fuerte altercado con los policías, durante el cual recibió una bofetada en la cara. A continuación la llevaron a la comisaría de policía de Xingqi, en el distrito de Mawei. No regresó a su casa, y su cadáver apareció una semana después en un río, según los informes a 100 metros de la comisaría de policía.
Unas horas después de su desaparición, la familia de Ren Wanxia, que había oído a los vecinos hablar de su detención, visitó la comisaría de policía de Xingqi. Fueron despedidos de allí en numerosas ocasiones y, según los informes, los ancianos padres de Ren Wanxia fueron agredidos físicamente. A lo largo de la semana, la familia visitó a la policía local y a autoridades del Partido y del gobierno, en un intento por localizarla. A pesar de sus esfuerzos, pasaron cinco días antes de que se iniciara siquiera una investigación interna del Departamento de Seguridad Pública. Al parecer, esta «investigación» inicial fue llevada a cabo exclusivamente por el alto funcionario implicado en la discusión original con Ren Wanxia, que también había sido responsable de su detención. El era el encargado de «proporcionar actualizaciones» y «notificar sin demora a los dirigentes el descubrimiento de cualquier circunstancia poco usual». Cuando se descubrió el cadáver de Ren Wanxia, su familia tuvo que ir a identificarlo. Según dijeron, mostraba fuertes señales de tortura y violación. Se llevó a cabo una autopsia, pero las autoridades se negaron a dar a la familia una copia del informe.
Un informe interno del Departamento de Seguridad Pública indica también que el caso recibió más atención de lo normal por parte del gobierno local y de las autoridades del Partido, ya que estaban ansiosos por «aplacar a la familia» para impedir que presentaran una petición ante autoridades superiores en un próximo congreso regional del partido. En la localidad se recogieron firmas para pedir que se llevara a cabo una investigación adecuada. Informes no oficiales indican que la comisaría de policía de Xingqi ya contaban con una mala reputación por brutalidad, y que esta no era la primera muerte en circunstancias sospechosas en la que se veían implicados agentes de policía. Los agentes implicados en la detención de Ren Wanxia fueron «puestos bajo custodia de protección». El informe del Departamento de Seguridad Pública indica que se mostraron desafiantes, obstructivos y «resistentes a la educación persuasiva de los dirigentes del partido». Admitieron haber propinado golpes y patadas a Ren Wanxia. Aunque los autores del informe se mostraron circunspectos en el lenguaje que utilizaron contra sus compañeros, está claro que no creían que hubieran contado toda la historia, y pensaban que había alguna relación entre la «acción extrema de la policía» y la muerte de Ren Wanxia. Sin embargo, concluyeron simplemente con un llamamiento general para que se «estabilizara el estado emocional de los agentes de policía» y se iniciara en el distrito una campaña de «ama a tu vecino».
La familia siguió pidiendo justicia para Ren Wanxia, pero hasta abril de 1994 no se iniciaron investigaciones formales. Según la información de que dispone Amnistía Internacional, no se ha producido ningún resultado y, según los informes, ningún agente de policía ha sido sometido a sanción disciplinaria.
En otro caso, Zhang Xiuju, de 36 años de edad, miembro de una congregación religiosa en domicilio particular de la comarca de Xinhua, provincia de Henan, murió, según los informes, bajo custodia de la policía el 27 de mayo de 1996. Fue aprehendida en su domicilio la noche del 26 de mayo y, según informes no oficiales, murió a consecuencia de los golpes que le propinaron. La policía afirmó que había saltado de un automóvil y había resultado muerta accidentalmente. No se sabe si se realizó alguna autopsia o si se llevó a cabo alguna investigación, ya sea interna o por parte de la fiscalía, el gobierno local o las autoridades del Partido. La familia de Zhang Xiuju afirmó que la policía les había ofrecido dinero a cambio de no hacer nada cuando les devolvieron su cadáver.
También ha habido mujeres que han muerto en instituciones penitenciarias o poco después de ser puestas en libertad condicional por motivos médicos. En general, las autoridades no reconocen las muertes en estas circunstancias. Según los informes, muchas son consecuencia de malos tratos combinados con penosas condiciones penitenciarias y con la negativa de atención médica adecuada. Pocos casos se investigan adecuadamente. Por ejemplo, las explicaciones que las autoridades han dado a la muerte de varias monjas tibetanas jóvenes muertas bajo custodia o poco después de ser puestas en libertad condicional por razones de salud entre 1992 y 1995 no han sido satisfactorias. Amnistía Internacional ha estado pidiendo a las autoridades chinas que respondan plenamente de estas muertes. La organización ha pedido que se aclaren los procedimientos seguidos para diagnosticar, tratar y posteriormente identificar la causa de la muerte de los presos cuya salud se ha deteriorado rápidamente durante la detención y después de ella.
Sherab Ngawang, novicia muerta en mayo de 1995 aproximadamente a los 15 años de edad, fue detenida tras llevar a cabo una manifestación en favor de la independencia junto con otras cuatro monjas y un monje en 1992. Según los informes, fue maltratada bajo custodia y recibió una pena de tres años de «reeducación por el trabajo» como presa de conciencia. Fue liberada en febrero de 1995 al cumplir su pena. En el período que siguió a su liberación fue hospitalizada, al parecer con problemas de riñón y pulmón. Murió el 15 de mayo. Las autoridades no han proporcionado ninguna información sobre su muerte.
Phuntsog Yangkyi murió el 4 de junio de 1994 en un hospital de la policía en Lhasa, a los 20 años de edad. Presa de conciencia, cumplía una sentencia de cinco años en la prisión de Drapchi por participar en la misma manifestación de febrero de 1992 en la que fue detenida Sherab Ngawang. Según fuentes no oficiales, fue golpeada por guardias de la prisión cuando ella y otras monjas cantaron canciones nacionalistas el 11 de febrero de 1994. Al parecer «perdió la consciencia» después de que el personal médico de la prisión le dio medicación porque «hablaba incontroladamente». El 4 de junio de 1994 fue trasladada al Hospital de la Policía de Lhasa, donde murió unos días después de que le hicieran una punción lumbar. Según los informes, no se había llevado a cabo ninguna investigación médica independiente sobre las causas de su muerte antes de que se celebrara un funeral tibetano tradicional.
En julio de 1994, el Relator Especial de la ONU sobre la Tortura presentó su caso ante el gobierno chino, que respondió que la dirección de la prisión había enviado a Phuntsog Yangkyi al hospital para que recibiera tratamiento tras descubrir que padecía un tuberculoma. Amnistía Internacional insta al gobierno chino a aclarar las circunstancias de la muerte de Phuntsog Yangkyi, tal como exigen las normas internacionales y las leyes chinas. En especial, pide que se especifiquen cuáles fueron los síntomas que hicieron que la dirección de la prisión la enviase al hospital, en qué momento se diagnosticó por primera vez un tuberculoma y qué tratamiento se le proporcionó antes de su estancia en el hospital y durante ella. Además, la organización pide que se aclare si se ha llevado a cabo una investigación, incluida una autopsia, para determinar las circunstancias de la muerte. Si dicha investigación se llevó a cabo, sus resultados deben hacerse públicos.
Gyaltsen Kelsang, presa de conciencia de 24 años de edad detenida en junio de 1993, murió el 20 de febrero de 1995, poco después de quedar en libertad condicional por razones de salud29. Se desconoce la causa exacta de su muerte. No obstante, según los informes fue sometida a malos tratos mientras permaneció detenida, fue golpeada cuando fue arrestada y en la prisión de Drapchi, y permaneció recluida en condiciones muy penosas. Un año después de su detención, según dijo una fuente tibetana no oficial, «su salud empeoró y tuvo que permanecer en cama durante más de 20 días en prisión, pero a los guardias no les importó». Según los informes, a fines de noviembre de 1994 fue llevada a un hospital de la policía de Lhasa, donde le diagnosticaron graves problemas de riñón. Según los informes, tras ser ingresada en el hospital perdió el movimiento de los miembros inferiores y sufrió dificultades de habla. Un mes después, al parecer su salud no había mejorado y fue enviada a casa de sus padres en libertad condicional por razones de salud. Sus padres arreglaron su ingreso en el Hospital Médico del Tíbet, donde permaneció nueve semanas. Siete días después de abandonar el hospital murió en casa de sus padres.
Amnistía Internacional pide a las autoridades chinas que proporcionen información sobre la fecha en la que se diagnosticó por primera vez la enfermedad de Gyaltsen Kelsang, cuál fue el diagnóstico, qué tratamiento se recomendó y qué tratamiento recibió. La organización pide también a las autoridades que comuniquen si se llevó a cabo una autopsia y, de ser así, que hagan públicos sus resultados.
Las mujeres que tratan de obtener justicia para familiares que han muerto bajo custodia de la policía se convierten a su vez en víctimas del hostigamiento policial. Yin Dongxiu, de la comarca de Dongkou, provincia de Hunan, ha intentado utilizar todos los medios legales a su alcance para averiguar la verdad sobre el asesinato bajo custodia de su esposo. El esposo de Yin Dongxiu, Zheng Musheng, agricultor y cristiano de una congregación religiosa en domicilio particular, murió en enero de 1994. Según varios informes, fue llevado a la comisaría de policía de Shanmen, en la comarca de Dongkou, donde fue torturado por agentes para obligarle a «confesar sus crímenes». Al día siguiente fue trasladado a la oficina de Seguridad Pública de la comarca de Dongkou, donde murió. Posteriormente, unos agentes de policía dijeron a su familia que había muerto tras ser golpeado y herido de gravedad por 13 reclusos. No hubo ninguna investigación. A Yin Dongxiu y el resto de la familia no les notificaron su muerte hasta pasados ocho días. Les permitieron ver su cadáver el 17 de enero, 11 días después de su muerte. Según dijeron, mostraba quemaduras profundas de soga en los tobillos, que indicaban que había permanecido atado, y múltiples heridas de cuchillo en el cuerpo, que no coincidían con la explicación dada por la policía sobre su muerte. Fue incinerado dos días después, pese a que Yin Dongxiu se había negado a firmar la autorización oficial para su incineración. Según los informes, la policía de Shanmen y Dongkou ofreció a Yin Dongxiu una gran suma de dinero para que firmara dicha autorización, pero ella se negó. En mayo de 1994, Yin Dongxiu presentó una demanda contra los agentes de policía por intentar encubrir las circunstancias del asesinato de su esposo. Desde entonces, según los informes, ha sido interrogada por la policía numerosas veces, su casa ha sido asaltada y ella ha estado sometida a una fuerte vigilancia policial. Mientras tanto, parece ser que la demanda que presentó ha experimentado muy pocos progresos.
5. ACTUALIZACIÓN SOBRE LA POLÍTICA DE CONTROL DE NATALIDAD PUESTA EN VIGOR
Amnistía Internacional no adopta postura alguna sobre la política oficial de control de natalidad en China, pero siente preocupación por las violaciones de derechos humanos derivadas de su aplicación coactiva, muchas de las cuales afectan especialmente a mujeres. La organización siente preocupación por los informes que indican que se han llevado a cabo abortos y esterilizaciones forzosas por parte, o bajo la instigación, de personas que actúan a título oficial, como las autoridades de planificación familiar, contra mujeres detenidas, sometidas a restricción o llevadas a la fuerza de sus domicilios para ser operadas. Amnistía Internacional considera que, en estas circunstancias, tales actos constituyen una tortura o un trato cruel, inhumano o degradante a detenidos o personas sometidas a restricción por parte de las autoridades gubernamentales.
Un informe anterior publicado por Amnistía Internacional ha citado una amplia variedad de indicios del uso de medidas de fuerza adoptadas a partir de normas e informes oficiales de planificación familiar; también ha citado artículos de la prensa oficial china, testimonios de ex funcionarios de planificación familiar y testimonios de víctimas de abortos forzados. También se han detallado casos de toma de rehenes y de malos tratos por parte de funcionarios contra familiares de las parejas que no pagan las multas de control de natalidad o que huyen de sus aldeas para tratar de evitar el aborto o la esterilización30.
Las autoridades chinas jamás han respondido de forma detallada a este tipo de informes. Durante los últimos años se han limitado a afirmar que «no se permite la coacción». Amnistía Internacional sigue sintiendo preocupación porque no hay ninguna prueba que demuestre que las autoridades han puesto en práctica medidas efectivas para garantizar que dicha coacción no sólo está prohibida sobre el papel, sino que es impedida, perseguida y castigada en la práctica. Amnistía Internacional no ha podido hallar ningún caso en el que se haya sancionado a los funcionarios que cometen ese tipo de violaciones. En las leyes y las normas hechas públicas sigue sin haber ninguna prohibición explícita e inequívoca de los métodos coactivos que puedan dar como resultado estas violaciones graves de derechos humanos. Amnistía Internacional cree que es necesario introducir urgentemente en la legislación una prohibición semejante, al igual que lo es adoptar medidas prácticas y efectivas para garantizar que las leyes se respetan en la práctica. La ausencia de este tipo de medidas se ha convertido en una causa de preocupación cada vez mayor desde junio de 1995. Desde entonces, China ha contraído compromisos internacionales adicionales para combatir la violencia contra las mujeres. Mientras tanto, el desarrollo de la aplicación de la política de control de natalidad parece ampliar el potencial de coacción.
Nuevos compromisos
En virtud de la Declaración y la Plataforma de Acción de Pekín adoptadas en la Conferencia Mundial sobre la Mujer en septiembre de 1995, los gobiernos han asumido una responsabilidad clara sobre la violencia contra las mujeres cuando dicha violencia sea cometida o permitida por el Estado, y se han comprometido a no emplear la violencia contra las mujeres. La definición que da la Plataforma sobre la violencia contra las mujeres incluye «la violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado, dondequiera que ocurra» (párrafo 113). Incluye explícitamente «la esterilización forzada y el aborto forzado, la utilización coercitiva o forzada de anticonceptivos, el infanticidio de niñas y la determinación prenatal del sexo» (párrafo 115). Los gobiernos se han comprometido a adoptar, reforzar, aplicar y revisar las leyes, normas y prácticas nacionales para poner fin a la violencia contra las mujeres.
Documentación revisada
El gobierno chino redactó un Libro Blanco sobre planificación familiar en agosto de 1995 como base del comentario oficial sobre control de natalidad en China y lo presentó en la Conferencia Mundial sobre la Mujer y el Foro de ONG. Ese Libro Blanco mantiene que la «planificación familiar en China se desarrolla en completo acuerdo con los principios pertinentes y con los requisitos de derechos humanos diseñados por la comunidad internacional». También mantiene que los «defectos de uno y otro tipo son inevitables en el trabajo de planificación familiar» y reconoce algunos problemas específicos en la aplicación de la política31. El Libro se centra en los imperativos económicos, medioambientales y de desarrollo y en los resultados positivos del control de población en China más que en la aplicación de la política en la práctica. Repite la afirmación de que la política se basa en la combinación de la «guía del Estado con la participación voluntaria», y añade que «la participación voluntaria se manifiesta principalmente en el hecho de que, bajo la guía de la política y las normas pertinentes del Estado, se protege y se respeta el derecho de todas las parejas e individuos a poner en práctica la planificación familiar». Afirma además que «el gobierno chino está en contra de promover el aborto inducido como medio de planificación familiar».
Según el Libro Blanco, el énfasis de la política de planificación familiar para el período de 1995 al 2000 debe ponerse en «la publicidad y la educación, la contracepción y el trabajo regular» mientras que «debe cambiarse totalmente la práctica de llevar a cabo planificación familiar principalmente a través de medios administrativos y campañas en algunas áreas». Los «medios administrativos» parecen referirse a la estructura actual para reforzar las cuotas de nacimientos. Esto incluye multas y la destitución de los funcionarios que no cumplen los objetivos, así como una amplia gama de sanciones contra los ciudadanos que tienen hijos «fuera del plan», entre las cuales se incluyen fuertes multas, destituciones y, en la práctica, demolición de casas, detención y abortos y esterilizaciones realizados por coacción física.
La afirmación de que la política se basa en la «participación voluntaria» y se está alejando de los «medios administrativos» no se ve respaldada por los recientes análisis de su aplicación. Los informes siguen demostrando la presión a la que se ven sometidos los funcionarios de planificación familiar para cumplir las cuotas de nacimientos en sus distritos. Testimonios obtenidos en el pasado indican que los funcionarios, al verse enfrentados a esta presión, han recurrido a una coacción física que ha derivado en torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Los empleados de planificación familiar siguen siendo castigados y despedidos por no mantener las cuotas de nacimientos. Por ejemplo, según un informe aparecido en Fujian Ribao el 30 de mayo de 1996, el 24 de mayo la comarca de Longhai anunció castigos para 56 empleados de planificación familiar que no habían cumplido su cuota a lo largo del año; de ellos, 16 perdieron su empleo porque fueron considerados responsables de «relajaciones y encubrimientos que tuvieron como consecuencia 14 nacimientos fuera de la política en el período que va de enero a abril de 1996».
Además de los castigos para los funcionarios que no cumplen los objetivos y para las parejas que tienen hijos «fuera del plan», también se ha utilizado toda la fuerza de las penas administrativas, la detención y el procesamiento penal contra quienes ayudan a las mujeres a esquivar la política, o contra quienes las refugian ante la amenaza de aborto o esterilización forzosos32. Esto contrasta fuertemente con la falta de prohibición explícita de la coacción por parte de los oficiales en las normas publicadas. El gobierno chino, a través de la Plataforma de Acción de la Conferencia Mundial sobre la Mujer, se ha comprometido a adoptar y reforzar leyes para castigar a los agentes del Estado que utilicen la violencia contra las mujeres y a emprender acciones efectivas contra dichos agentes (párrafo 124(o)). También se ha comprometido a proporcionar a las mujeres el acceso a los mecanismos de justicia para conseguir remedios efectivos (párrafo 124 (h)).
Los informes más recientes han detallado «medios administrativos» adicionales que se están introduciendo contra grupos seleccionados específicos. Los trabajadores emigrantes han sido objetivo de una serie de nuevas medidas, como las normas que exigen a los emigrantes que buscan trabajo en la provincia de Fujian llevar tarjetas que demuestren que han sido esterilizados después de tener un hijo33. Las parejas a las que se les diagnostique «que padecen enfermedades hereditarias graves, consideradas médicamente como no aptas para la reproducción» han sido objetivo de medidas adicionales y de una nueva ley34. Estas tendencias sólo pueden servir para aumentar la posibilidad de sufrir coacción física que derive en violaciones de derechos humanos, a menos que se introduzcan de manera urgente prohibiciones efectivas y que las parejas tengan acceso a un remedio legal contra los abusos. La obligación de las autoridades de proteger a las mujeres frente a la tortura o el trato cruel, inhumano o degradante infligidos durante la aplicación de la política de control de natalidad no se cumple simplemente con la afirmación constante de que «la coacción no está permitida».
Con el fin de cumplir los compromisos contraídos en la Plataforma de Acción o de emprender acciones para detener la violencia contra las mujeres cometida o permitida por el Estado, Amnistía Internacional considera esencial que el gobierno chino implante mecanismos efectivos para prohibir la violencia del Estado contra las mujeres; que muestre la debida diligencia para impedir dichos actos; que lleve a cabo investigaciones inmediatas y exhaustivas sobre las denuncias de violencia contra las mujeres; y que haga comparecer a los responsables ante los tribunales. La impunidad sólo sirve para alimentar el ciclo de violencia.
6.LA PENA DE MUERTE
Amnistía Internacional se opone incondicionalmente a la pena de muerte por considerar que constituye una forma extrema de pena cruel, inhumana y degradante y una violación del derecho a la vida tal como aparece proclamado en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en otros instrumentos de dichos derechos.
La pena de muerte se utiliza ampliamente en China. En 1995, Amnistía Internacional registró en el país 3.610 sentencias de muerte y 2.535 ejecuciones. Se cree que estas cifras, basadas principalmente en los informes de supervisión publicados, son muy inferiores a la realidad. Aún así, incluso basándonos en estas cifras incompletas, cada año se ejecuta a más personas en China que en todo el resto del mundo junto. Actualmente hay en China al menos 69 delitos punibles con la muerte. Es la cifra más elevada del mundo e incluye numerosos delitos no violentos y una serie de delitos económicos. El creciente uso de la pena de muerte para este tipo de delitos ha llevado a un aumento proporcional del número de mujeres condenadas a muerte.
En los informes publicados no siempre se especifica el sexo de las víctimas de pena de muerte, pero parece que las mujeres constituyen sólo una pequeña proporción de los condenados a muerte «con efecto inmediato». Parece haber más mujeres condenadas con una suspensión de dos años. Durante ese período de dos años las presas deben llevar a cabo una reforma por el trabajo y «los resultados son observados» en busca de pruebas de «reforma» y «arrepentimiento»35. Fuentes oficiales chinas afirman que a la mayoría de los que reciben una suspensión de dos años se les conmuta la sentencia. Sin embargo, no se hace pública ninguna información sobre estos casos, y sigue sin conocerse la suerte corrida por este tipo de presos. Entre las mujeres contra las que se ha dictado una sentencia de muerte suspendida desde mediados de 1995 se encuentran las siguientes:
Zheng Honghong, (27) cajera de la ciudad de Tianjin, acusada de corrupción por el valor de 340.000 yuan (unos 40,000 dólares estadounidenses). Su sentencia se anunció en un acto público de imposición de sentencias sobre delitos económicos el 18 de diciembre de 1995.
Zhang Jian, (36) de Shanghai, sentenciada en noviembre de 1995 por robo. Fue acusada de drogar y robar a seis hombres y de sustraerles 9.300 yuan (unos 1.120 dólares estadounidenses) y diversos objetos. En su defensa se alegó que, tras su divorcio, atravesaba graves problemas económicos y que cometió los delitos para mantener a su hija pequeña y su anciana madre.
Chen Caibi, de la ciudad de Guangzhou, acusada de asesinato. Fue acusada de contratar a dos hombres acusados con ella para que asesinaran a su esposo, un hombre violento. Los dos hombres, Liu Bingsong y Zhang Qiyun, fueron ejecutados tras anunciarse sus sentencias en un acto público de imposición de sentencias el 30 de noviembre de 1995.
Esta sentencia de muerte con dos años de suspensión de la pena puede utilizarse para algunos delitos incluso cuando el acusado fuera menor de 18 años en el momento de cometerlo. Luo Guan (18), desempleada, de la ciudad de Anshun, provincia de Guizhou, fue declarada culpable de participar en un asesinato y fue condenada a muerte con una suspensión de dos años, ya que era menor de 18 años en el momento del presunto delito. Otra acusada con ella, Fang Guolan (29), agricultora de la provincia de Guizhou, fue acusada de asesinato y ejecutada el 13 de mayo de 1996. Las ejecuciones de Luo Guan y otras personas en casos similares violarían el artículo 37 (a) de la Convención sobre los Derechos del Niño, firmada por China en 1990. En mayo de 1996, el Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño manifestó su opinión de que el uso de la pena de muerte con suspensión de la pena contra menores en China constituía un trato cruel, inhumano y degradante. En virtud de la Ley Penal, sólo los niños menores de 16 años y las mujeres embarazadas en el momento de la detención están exentos de la pena de muerte o de la pena de muerte con dos años de suspensión.
Los aumentos del número de penas de muerte y ejecuciones de las que se tienen noticia suelen producirse durante campañas contra la delincuencia, cuando se anima a los órganos judiciales a que «utilicen todos los medios necesarios» para aplastar con fuerza a un grupo específico. Amnistía Internacional cree que esta interferencia política limita gravemente la independencia del poder judicial y tiene como consecuencia numerosas sentencias de muerte y ejecuciones por delitos que, en otros momentos, se castigarían con menos severidad.
Durante los dos primeros meses de la campaña nacional contra la delincuencia «Golpea Fuerte», lanzada el 28 de abril de 1996, Amnistía Internacional registró, a partir de las cifras publicadas, más de 1.000 sentencias de muerte, la mayoría de las cuales se ejecutaron. Se cree que estas cifras representan sólo una fracción del número real de sentencias de muerte y ejecuciones de entre las 115.759 sentencias impuestas desde abril de 1996. Uno de los lemas principales de la campaña es «castigo severo y rápido de acuerdo con la ley», y se refiere a una ley que ha estado en vigor desde que fue aprobada para una campaña nacional contra la delincuencia muy similar en 1983. La ley de 1983 acelera los procedimientos de juicio, apelación y aprobación de las sentencias de muerte para los delincuentes que «ponen gravemente en peligro la seguridad pública». En virtud de ella, los acusados pueden ser juzgados sin previo aviso, sin recibir una copia de la acusación por anticipado y sin que se notifique el juicio a todas las partes implicadas. A consecuencia de ello, los acusados se han enfrentado a juicios sumarios, y algunos han sido ejecutados tan sólo unos días después de la fecha en la que presuntamente se cometió el delito36. Entre las mujeres ejecutadas durante esta campaña se encuentran:
Chen Yanfang de la comarca de Wuhua, provincia de Guangdong, ejecutada el 9 de mayo de 1996 por robar tres automóviles valorados en 670.000 yuan (unos 80.000 dólares estadounidenses).
Wang Liwen, de 34 años, acusada de robo, por utilizar presuntamente un reclamo sexual para cometer los robos. Condenada el día 10 de mayo de 1996 por el Tribunal Intermedio de Harbin, provincia de Heilongjiang, a muerte y a privación de sus derechos políticos mientras viviera, y ejecutada unos días después.
Du Youyu, provincia de Jiangsu, condenada por causar intencionadamente lesiones que causaron la muerte de su novio y de la madre de éste el 10 de enero de 1996, cuatro días después de practicársele un aborto que ellos insistieron en que llevara a cabo37.
Otra campaña que ha dado como resultado la ejecución de numerosas mujeres es la Campaña Contra la Droga iniciada en junio de 1991 con el fin declarado de eliminar el narcotráfico y el consumo de drogas en un plazo de tres años. Un periódico oficial chino, el Health Daily, ha afirmado que, desde 1991 hasta 1995, de 35.000 personas juzgadas por tráfico de drogas, al menos 7.300 fueron ejecutadas38. En 1991, el Tribunal Supremo del Pueblo traspasó específicamente sus poderes para la aprobación final de las sentencias de muerte por delitos de drogas en la provincia de Yunnan al Tribunal Superior del Pueblo de la provincia. Igualmente, en 1993 traspasó dichos poderes en algunos delitos de drogas al Tribunal Superior del Pueblo de la provincia de Guangdong. Los informes supervisados desde entonces parecen indicar que, en estas dos provincias en particular, se han utilizado las sentencias de muerte como uno de los medios principales de tratar el narcotráfico.
Durante esta campaña, mujeres de todas las edades y de todos los grupos étnicos han sido condenadas a muerte por narcotráfico. Ninguno de los casos registrados indica la cantidad de drogas presuntamente implicada o si la propia acusada era drogadicta. Entre los casos conocidos se encuentran el de una campesina de 81 años condenada a muerte en marzo de 1993 en Mongolia Interior; el de Tao Jing, de 21 años, condenada a muerte a fines de 1993 en Kunming, provincia de Yunnan; el de Zhu Chenghui, ejecutada después de que su sentencia se anunció en un acto público de imposición de sentencias el 7 de noviembre de 1995 en Chongqing, provincia de Sichuan, y muchas otras mujeres cuyo nombre desconocemos y cuyas sentencias de muerte se anunciaron en actos públicos de imposición de sentencias, tras los cuales los presos son llevados directamente al lugar de ejecución.
Durante varios años, las autoridades chinas han utilizado estos actos públicos para conmemorar el 26 de junio, el Día Internacional contra el Consumo y el Tráfico Ilícito de Drogas, declarado por las Naciones Unidas. El 26 de junio de 1996 coincidió también con la campaña nacional «Golpea Fuerte» y, según los informes, al menos 230 personas acusadas de narcotráfico fueron ejecutadas ese mismo día. Otras 769 fueron condenadas a muerte o a cadena perpetua, y 956 a otras penas de prisión. Según los informes, a los actos públicos en los que se anunciaron las sentencias asistieron 1,75 millones de espectadores.
Durante la campaña «Golpea Fuerte» se han celebrado numerosas reuniones y actos públicos descritos con una diversidad de nombres como «arrestos públicos», «juicios abiertos» o reuniones para «pronunciar» sentencias. Los informes aparecidos en los periódicos y en la televisión mostraban a los condenados desfilando con las manos atadas a la espalda, con la soga atada también alrededor de los brazos y el cuello. Algunos aparecían arrodillados o agachados y con la cabeza inclinada, con carteles que decían su nombre y su presunto delito. Muchos estaban encadenados mientras eran transportados en camiones abiertos a los actos de imposición de sentencia y a los lugares de ejecución. Amnistía Internacional considera que la humillación pública de los presos en los actos públicos y el encadenamiento de presos son formas de trato cruel, inhumano y degradante, prohibidas en virtud de la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de la que China se convirtió en Estado parte en 1988.
Los informes sobre la ejecución de varias mujeres a fines de 1995, presenciada al parecer por grandes multitudes, nos dan una indicación de la crueldad del procedimiento de ejecución. Wen Yana (19) y Xie Xiuyun (23) se encontraban entre un grupo de 13 personas ejecutadas por robo en la autopista y asesinato en Shenzhen, provincia de Guangdong, el 15 de diciembre de 1995. Las mujeres fueron acusadas de servir de cebo para atraer a las víctimas y, basándose en el papel secundario que desempeñaron en los crímenes, se presentaron apelaciones que fueron rechazadas. Según los informes, una de las mujeres sobrevivió a dos balazos durante la ejecución y suplicó que la remataran de un tiro antes de que la tercera bala la matara.
Igualmente, Shao Miaomiao (20) y Rong Fenbo (26), empleadas de hotel, se encontraban entre las cuatro personas ejecutadas el 24 de noviembre de 1995 en la comarca de Dongguan, provincia de Guangdong, por su participación en el secuestro y asesinato de un empresario de Hong Kong y su secretaria. Entre quienes presenciaron a cierta distancia la ejecución de estos cuatro y de doce presos más se encontraba un periodista de Hong Kong que obtuvo fotografías. Como es habitual, los presos estaban encadenados tal como hemos descrito; los obligaron a arrodillarse y les colocaron tablas largas entre las manos encadenadas y la espalda. Según la declaración del periodista, los dispararon por la espalda, a la altura del pecho. Una fotografía muestra a Shao Miaomiao claramente herida pero aún erguida de rodillas, mientras al menos cincuenta policías armados hablan entre ellos, de espaldas a los presos a los que han disparado. Según el periodista, Shao Miaomiao se encontraba entre los diez a los que tuvieron que disparar por segunda vez antes de declararlos muertos.
Muchos ex presos de numerosas localidades han declarado que el trato que reciben mientras permanecen recluidos los presos condenados a muerte y en espera de apelación o de ejecución es especialmente cruel. Los testimonios prestados a Amnistía Internacional indican que permanecen encadenados de pies y manos durante largos períodos. Los informes sobre el uso de la «tabla con grilletes» sugieren que su uso puede ser una práctica común con este tipo de presos. (Véase apartado 4.)
7. RECOMENDACIONES
Poner fin al encarcelamiento y la detención arbitrarios
∙Liberar de forma inmediata e incondicional a todos los presos de conciencia - aquellos encarcelados por el ejercicio no violento de sus derechos humanos fundamentales.
∙Garantizar que todos los detenidos sin cargos en relación con sus presuntas actividades políticas y religiosas son acusados de un delito tipificado en el código penal de acuerdo con las normas internacionales y comparecen en un juicio con las debidas garantías y en un plazo razonable, o son liberados.
∙Garantizar que se revisan de forma inmediata e imparcial los juicios de todos los sentenciados tras juicios políticos injustos, o que dichos sentenciados son liberados.
∙Garantizar que todos los detenidos o arrestados son informados inmediatamente de los motivos de su detención y de cualquier cargo en su contra, y que sus familiares son informados sin demora del lugar donde se encuentran recluidos, de los motivos de su detención y de cualquier traslado o cambio en su situación jurídica.
Detener e impedir la tortura y los malos tratos
∙Permitir a todos los detenidos el acceso inmediato y regular a familiares y a abogados y médicos de su elección.
∙Poner fin al uso de porras eléctricas durante los interrogatorios y la custodia.
∙Prohibir los grilletes y las cadenas y limitar estrictamente el uso de otros instrumentos de restricción y de la reclusión en régimen de aislamiento.
∙Garantizar que los funcionarios de las instituciones penitenciarias y de detención impiden los malos tratos a presos por parte de los «jefes de celda» y los «administradores de prisión», y que quienes delegan una autoridad de supervisión en presos «de confianza» se hacen responsables cuando, a consecuencia de esta práctica, otros presos son torturados o maltratados. Poner fin al uso de presos para someter a disciplina y castigar a otros presos.
∙Prohibir todos los actos que constituyan tortura y trato o pena cruel, inhumano o degradante, de acuerdo con la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
∙Introducir una clara división de autoridad entre los órganos responsables de la detención y quienes están a cargo del interrogatorio, así como procedimientos para garantizar la seguridad de los presos durante el interrogatorio y la custodia.
∙Garantizar que se prohíbe de forma efectiva la utilización como prueba ante los tribunales de declaraciones obtenidas mediante tortura.
∙Introducir procedimientos efectivos para permitir a los presos o a sus familiares o abogados presentar denuncias por el trato recibido por los presos y hacer que dichas denuncias se consideren sin temor a represalias; proteger a quienes efectúan denuncias y a los testigos de las coacciones o las intimidaciones.
Poner fin a la impunidad
∙Garantizar que todos los informes o denuncias de tortura, otros malos tratos y muertes bajo custodia son investigados de forma exhaustiva, inmediata e imparcial por autoridades competentes y expertos que no están implicados en el proceso de arresto, detención o interrogatorio de los detenidos; hacer públicos los resultados de estas investigaciones y garantizar que los presuntos torturadores comparecen ante los tribunales siempre que haya motivos razonables para creer que se ha cometido un acto de tortura.
∙Proporcionar una indemnización justa y adecuada y asistencia médica apropiada a las víctimas de tortura o malos tratos bajo custodia.
Poner fin a los abusos derivados de la aplicación de la política sobre control de natalidad
∙Prohibir explícitamente en las normas publicadas el uso durante la aplicación del control de natalidad de métodos coactivos que den lugar a violaciones de derechos humanos.
∙Poner en práctica medidas efectivas para garantizar que dicha coacción no sólo se prohíbe sobre el papel, sino que se impide, se castiga y se persigue en la práctica.
Salvaguardar los derechos relativos a la salud de las mujeres bajo custodia
∙Proporcionar a todas las mujeres sometidas a cualquier forma de detención o prisión tratamiento médico puntual y adecuado; la negativa a proporcionarlo puede constituir malos tratos.
Investigar las ejecuciones extrajudiciales y las muertes bajo custodia
∙Llevar a cabo investigaciones inmediatas, exhaustivas e imparciales sobre todos los informes de ejecución extrajudicial o de muerte bajo custodia, y hacer comparecer ante los tribunales a los responsables.
∙Garantizar que el cometer ejecuciones extrajudiciales o el causar la muerte de un preso es un delito penal, castigado con penas acordes a la gravedad del delito.
∙Proporcionar una indemnización justa y adecuada a los familiares de las víctimas, incluida una indemnización económica.
Poner fin al uso de la pena de muerte
∙Abolir la pena de muerte y poner fin a todas las ejecuciones judiciales.
∙Conmutar todas las sentencias de muerte, incluidas las que cuentan con dos años de suspensión de la pena.
Mientras se lleva a cabo la abolición, reducir o mitigar la aplicación de la pena de muerte
∙Dejar de imponer la pena de muerte con dos años de suspensión de la pena a las personas que fueran menores en el momento de cometer el delito.
∙Abolir la legislación de 1983 que introdujo procedimientos de juicio sumario para algunas sentencias de muerte.
∙Poner fin a la práctica de hacer desfilar a los presos condenados a muerte en actos públicos y de otro tipo.
Poner fin a las persecuciones a causa de relaciones familiares
∙Dejar claro que no se tolerará la práctica de secuestrar o torturar a familiares de determinadas personas para ejercer presión sobre éstas. Los responsables de tales actos deberán comparecer ante los tribunales.
∙Garantizar que las mujeres que trabajan pacíficamente para rectificar abusos contra los derechos humanos cometidos contra sus familiares son libres de hacerlo sin temor a sufrir intimidación o nuevos abusos.
Proteger a los defensores de los derechos humanos
∙Garantizar que las mujeres activistas y las organizaciones no gubernamentales que trabajan de forma pacífica para promover y proteger los derechos humanos disfrutan de todos los derechos expuestos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
AMNISTÍA INTERNACIONAL
Mujeres tibetanas - detenidas por sus creencias
Las graves violaciones de derechos humanos en la Región Autónoma del Tíbet se han intensificado desde que resurgieron las manifestaciones y otras actividades en favor de la independencia del Tíbet iniciadas en septiembre de 1987. Desde entonces, miles de nacionalistas tibetanos han sido detenidos arbitrariamente por su participación en actividades pacíficas en favor de la independencia.
La mayoría de los presos políticos que se encuentran actualmente en el Tíbet son monjes y monjas budistas detenidos exclusivamente por la expresión pacífica de su apoyo a la independencia del Tíbet. Algunos permanecen recluidos sin cargos ni juicio, y otros cumplen largas penas de prisión impuestas tras juicios sin las debidas garantías. Muchos han sido torturados.
Amnistía Internacional no adopta postura alguna respecto a la independencia del Tíbet. Lo que preocupa a la organización es el hecho de que las autoridades niegan el derecho a la libertad de expresión y de asociación en la zona, y la persistente pauta de graves violaciones de otros derechos humanos fundamentales en relación con la supresión del movimiento nacionalista y la libertad de creencias y de expresión de la religión budista tibetana.
Durante la pasada década, miles de personas han sido encarceladas en China por formar pequeños grupos políticos o por hacer públicas sus creencias. La constitución china garantiza, en principio, la libertad de expresión, de reunión y de asociación, pero hay otras disposiciones legales que hacen que el ejercer estos derechos sea punible con la prisión o con la detención administrativa.
La represión de la actividad religiosa se ha intensificado desde 1994, cuando se impusieron nuevas restricciones a las libertades fundamentales. En el Tíbet, las autoridades introdujeron nuevas medidas destinadas a limitar el ámbito de las actividades religiosas y a suprimir las actividades en favor de la independencia.
ACCIÓN:
Las mujeres que citamos a continuación fueron todas detenidas por las autoridades en 1995 por sus actividades en favor de la independencia. No se han producido informes sobre el uso de violencia durante sus protestas. Amnistía Internacional considera que son presas de conciencia.
No se sabe si estas mujeres siguen detenidas o si han sido liberadas. Tampoco se sabe si se han presentado cargos legales formales en su contra o si se les ha concedido el derecho a ser juzgadas.
PARADERO DESCONOCIDO
TRA-SIL - detenida el 12 de agosto de 1995 en relación con la controversia sobre la reencarnación del décimo Panchen Lama (LHASA).
KHETSUL - detenida en febrero de 1995 y presuntamente golpeada durante su detención inicial (PHENPO LHUNDRUP).
NAMDROL WANGMO, LOBSANG TSOMO, CHOEKYI, CHOEYANG KUNSANG, DAMCHOE DROLMA, TENZIN DROLMA eran todas monjas del convento Shar Bumpa en Phenpo Lhundrup, en el Tíbet. Fueron todas detenidas el 28 de febrero de 1995. Se desconoce su paradero.
TSERING CHOEKYI (20 años) NAMGYAL (19 años),CHE-CHE (23 años), CHIME DROLKER (21 años), LODROE TENZIN (29 años), CHOEKYI (19 años), CHOGDRUP DROLMA (24 años), DEKYI (29 años), TENZIN CHOEDRON (33 años),YANGDROL (25 años),YANG-GA (23 años), JAMPA (23 años), CHAMDRON (24 años), RIGZIN (20 años), SHERAB CHOEPHEL (21 años) y TSERING CHOEKYI (20 años) eran todas monjas del convento de Gyadrag en Penpo Lhundrup, en el Tíbet. Fueron todas detenidas el 15 de febrero de 1995. Se desconoce su paradero actual.
Deben enviarse cartas a las autoridades tibetanas citadas a continuación y a las autoridades centrales que aparecen al final de estos casos. Las cartas deben:
*Pedir que se aclaren la situación y el paradero de estas mujeres.
*Manifestar preocupación porque estas mujeres han sido detenidas por lo que parece ser el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión y de asociación.
*Manifestar preocupación por la represión y el hostigamiento contra monjas tibetanas, algunas de las cuales son muy jóvenes.
*Manifestar preocupación porque no se ha hecho pública la suerte corrida por estas mujeres y por otros muchos monjes y monjas del Tíbet detenidos en relación con manifestaciones pacíficas.
Presidente del Gobierno de la Región Autónoma de Xizang
Gyaltsen Norbu Zhuxi
Xizang Zizhiqu Renmin Zhengfu
1 Kang'angdonglu
Lasashi 850000
Xizang Zizhiqu
República Popular China
Télex: 68014 FAOLT CN o 68007 PGVMT CN - Tratamiento: Dear President / Señor Presidente
Telegramas: President of the Regional People's Government, Lhasa, Xizang Autonomous Region, China
AMNISTÍA INTERNACIONAL
La pena de muerte - mujeres amenazadas con la ejecución
La pena de muerte se utiliza ampliamente en China - en este país cada año se ejecuta a más personas que en todo el resto del mundo juntos. En 1995, Amnistía Internacional registró 3.612 sentencias de muerte, 2.535 ejecuciones y al menos 356 sentencias de muerte con una suspensión de la pena por dos años. Se cree que estas cifras son muy inferiores a la realidad. En China la pena de muerte se aplica arbitrariamente, con frecuencia a consecuencia de interferencias políticas, y las campañas contra la delincuencia lanzadas periódicamente por las autoridades políticas tienen como consecuencia un aumento del uso de esta pena. Hay pocas salvaguardias para impedir los errores judiciales. Las autoridades también han aumentado el número de delitos punibles con la muerte de la lista original de 21 delitos en virtud de la ley penal de 1980 hasta aproximadamente 69 delitos que incluyen numerosos delitos no violentos y de tipo económico.
En los informes publicados a los que ha tenido acceso Amnistía Internacional no siempre se especifica el sexo de las víctimas de pena de muerte, pero parece que las mujeres son condenadas con más frecuencia a muerte con una suspensión de la pena de dos años que a la pena de muerte «con efecto inmediato». En virtud de la ley china, las sentencias de muerte pueden imponerse especificándose que se mantendrán en suspenso durante dos años mientras los presos llevan a cabo una «reforma por el trabajo». Si el preso no se «resiste a la reforma de manera odiosa» la sentencia puede ser conmutada. Las autoridades chinas insisten en que a la mayoría de los que reciben una suspensión de dos años se les conmuta la sentencia por cadena perpetua o por una pena de duración determinada, pero no se dispone de ninguna información o estadística sobre estos casos, y sigue sin conocerse la suerte corrida por la mayoría de este tipo de presos.
ACCIÓN:
Las mujeres que citamos a continuación son algunas de las que se cree que se encuentran actualmente bajo amenaza de ser ejecutadas al final de la suspensión de dos años de su sentencia de muerte. Normalmente resulta imposible verificar la suerte corrida por los presos condenados a este tipo de sentencia. Esta información no se hace pública. Sin embargo, el hecho de que las autoridades se den cuenta de que este tipo de presos son objeto de preocupación internacional puede contribuir a la conmutación de sus sentencias.
Deben enviarse cartas a las autoridades tibetanas citadas para cada caso y a las autoridades centrales que aparecen al final de estos casos. Las cartas deben:
*Solicitar información sobre estas presas e instar a que se conmuten sus sentencias.
*Manifestar oposición a la pena de muerte en todos los casos por considerarla una forma extrema de pena cruel e inhumana y una violación del derecho a la vida tal como aparece garantizado en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
*Instar a las autoridades chinas a que respeten el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, que dice:
«1/ «El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente.»
*En el caso de Luo Guan, destacar que la ejecución de un preso por un delito presuntamente cometido cuando era menor de 18 años viola el artículo 37(a) de la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño, ratificada por China. Explicar también que el Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño manifestó en mayo que creía que el uso de sentencias de muerte con suspensión de la pena contra menores en China constituía un trato cruel, inhumano y degradante.
Zhang Jian (36) de Shanghai. En noviembre de 1995 fue condenada a muerte con una suspensión de la pena por dos años acusada de robo. Fue acusada de drogar y robar a seis hombres y de sustraerles un total de 9.300 yuan (unos 1.120 dólares estadounidenses) y diversos objetos. En su defensa se alegó que, tras su divorcio, atravesaba graves problemas económicos y que cometió los delitos para mantener a su hija pequeña y su anciana madre.
Llamamientos a:
Presidente del Tribunal Superior del Pueblo del Municipio de Shanghai
HU Ruibang Yuanzhang
Shanghaishi Gaoji Renmin Fayuan
209 Fuzhoulu
Shanghaishi 200002
República Popular China
Chen Caibi de la provincia de Guangdong. El 30 de noviembre de 1995 fue condenada a muerte con una suspensión de dos años de la pena por asesinato. Fue acusada de contratar a dos hombres para que asesinaran a su esposo, un hombre violento. Los dos hombres fueron ejecutados en noviembre de 1995.
Llamamientos a:
Presidente del Tribunal Superior del Pueblo de la Provincia de Guangdong
MAI Chongkai Yuanzhang
Guangdongsheng Gaoji Renmin Fayuan
26 Cangbian Lu
Guangzhoushi 510090
Guangdongsheng
República Popular China
Zheng Yonghong (27) cajera de banco de la ciudad de Tianjin. En diciembre de 1995 fue condenada a muerte con una suspensión de dos años de la pena por corrupción. Su sentencia se anunció en un acto público de imposición de sentencias para combatir los delitos económicos.
Llamamientos a:
Presidente del Tribunal Superior del Pueblo del Municipio de Tianjin
ZHANG Baifeng Yuanzhang
Tianjinshi Gaoji Renmin Fayuan
Anshan Xidao, Nankaiqu
Tianjinshi 300193
República Popular China
Luo Guan (18) desempleada, de la ciudad de Anshun, provincia de Guizhou. Acusada de asesinato, fue condenada a muerte con una suspensión de dos años, ya que era menor de 18 años en el momento del presunto delito. Otra acusada con ella, Fang Guolan (29), fue ejecutada el 13 de mayo de 1996.
Llamamientos a:
Presidente del Tribunal Superior del Pueblo de la Provincia de Guizhou
XIE Jinhan Yuanzhang
Guizhousheng Gaoji Renmin Fayuan
Yan'an Lu
Guiyangshi
Guizhousheng 550003
República Popular China
AMNISTÍA INTERNACIONAL
Activistas políticos - Paradero desconocido
Los casos que exponemos a continuación de mujeres que han sido detenidas o arrestadas por la expresión de sus ideas políticas han sido elegidos como una pequeña selección de los numerosos presos políticos que han sido detenidos, hostigados y encarcelados en China.
Un aspecto de la detención y reclusión de las activistas políticas en China es la falta de información básica, incluidas la confirmación y la aclaración de su situación. En muchos casos no está claro si se han presentado cargos contra las personas que Amnistía Internacional cree que han sido detenidas, y tampoco está claro si han sido sometidas a un juicio formal.
Paradero desconocido:
Guo Dansheng, profesora de la Universidad de Lanzhou, se encontraba entre un grupo de diez personas detenidas por pertenecer a una «pandilla contrarrevolucionaria», el Partido Socialdemócrata de China39. Fue detenida en mayo de 1995 en Gansu y juzgada en julio de 1993. Se desconocen su sentencia y su paradero actual.
Yang Tao, de la provincia de Yunnan, fue detenida en noviembre de 1990 y acusada de «actividades contrarrevolucionarias» por presunta conspiración para «derrocar el liderazgo del Partido Comunista Chino y subvertir el sistema socialista». Al parecer era miembro de una organización «política»: la Asociación el León Chino Despierta40.
Zhou Yongfang, trabajadora administrativa, y Zhou Ying, estudiante, fueron detenidos ambos en octubre de 1990 acusados de pertenecer a una «organización política» llamada Vanguardia Democrática de China41. Fueron acusados de pertenecer a una «pandilla contrarrevolucionaria».
Mukarram Hadji Nenmin, joven de 24 años de la etnia Uygur, de la Región Autónoma de Xinjiang, fue detenida en enero de 1990 en relación con el levantamiento político de Baren42. Se desconoce su paradero actual.
ACCIÓN:
Las cartas deben:
*Pedir a las autoridades chinas que aclaren la situación y el paradero actual de estas mujeres que, según se cree, se encuentran detenidas.
*Manifestar preocupación porque estas mujeres parecen haber sido detenidas por la expresión pacífica de su derecho a la libertad de expresión y de asociación.
*Solicitar que, si estas mujeres siguen detenidas sin juicio, se hagan públicos los cargos formales en su contra; y que comparezcan sin demora ante un juicio justo y público, en el que disfruten de pleno derecho a la defensa, de acuerdo con las normas internacionales.
Las cartas para los casos de llamamiento deben enviarse a las siguientes direcciones:
Primer Ministro de la República Popular China
LI Peng Zongli
Guowuyuan
9 Xihuangchenggenbeijie
Beijingshi 100032
República Popular China
Télex: 210070 FMPRC CN o 22478 MFERT CN - Fax: + 86 10 6 512 5810 (a través del Ministerio de Asuntos Exteriores)
Telegramas: Premier Li Peng, Beijing, China - Tratamiento: Your Excellency / Su Excelencia
Presidente de la Asamblea Nacional Popular
QIAO Shi Weiyuanzhang
Quanguo renmmin Daibiao Dahui
Great Hall of the People
Beijingshi
República Popular China
Telegramas: Chairman of the National People's Congress, Beijing, China
Ministro de Seguridad Pública de la República Popular China
TAO Siju Buzhang
Gong'anbu
14 Dongchang'anlu
Beijingshi 100741
República Popular China
Télex: 210070 FMPRC CN
Fax: + 8610 524 1596
Telegramas: Minister of Public Security, Beijing, China
Tratamiento: Your Excellency / Su Excelencia
Presidente del Tribunal Supremo del Pueblo de la República Popular China
REN Jianxin Yuanzhang
Zuigao Renmin Fayuan
27 Dongjiao Min Xiang
Beijingshi 100726
República Popular China
Fax: + 8610 512 5012
Telegramas: President of the Supreme People's Court, Beijing, China
Fiscal General de la Fiscalía Suprema del Pueblo de la República Popular China
ZHANG Siqing Jianchazhang
Zuigao Renmin Jianchayuan
147 Beiheyan Dajie
Donganmen, Dongchengqu
Beijingshi 100726
República Popular China
Télex: 210070 FMPRC CN o 22478 MFERT CN
(Por favor, hágase llegar al fiscal general)
Telegramas: Procurator-General of the Supreme People's Procuratorate, Beijing, China
Tratamiento: Dear Procurator-General / Señor Fiscal General
AMNISTÍA INTERNACIONAL
Grupo Yi Guan Dao - mujeres ancianas cuya suerte se desconoce
El grupo Yi Guan Dao (Sendero de Unidad) es una sociedad religiosa clandestina. Muchos de sus miembros llevan en prisión desde principios de los años cincuenta. Muchos han muerto en prisión y muchos otros han sido ejecutados por su implicación con el grupo.
El grupo Yi Guan Dao se formó en el norte de China en el siglo XIX. Tras la revolución de 1949 fue declarado «contrarrevolucionario» y en los años cincuenta se llevaron a cabo intentos sucesivos por aplastarlo durante campañas políticas y sociales. Durante el final de los años setenta la sociedad revivió en algunas regiones, y sus miembros fueron objeto de detenciones por parte de las autoridades. Estas detenciones y esta represión han continuado en años recientes. Según los informes, muchos miembros de Yi Guan Dao permanecen en prisión en el norte de China. Algunos fueron encarcelados en los años cincuenta. Otros fueron detenidos en las provincias norteñas de Shanxi, Shaanxi y Gansu y en otros lugares entre 1981 y 1983. Según los informes, la única actividad que habían llevado a cabo era la difusión de la doctrina de la sociedad. Fueron juzgados sumariamente y sentenciados durante el punto culminante de una campaña «contra la delincuencia» lanzada en agosto de 1983 y a consecuencia de la cual se llevaron a cabo miles de ejecuciones sumarias.
En 1994 algunos presos de Yi Guan Dao fueron liberados después de pasar más de 40 años en prisión. Estos informaron de que en la prisión de Weinan (Prisión Núm. 2 de la provincia de Shaanxi) seguían vivos menos de 100 de los presos de Yi Guan Dao, pero que en la prisión de Fuping (Prisión Núm. 1 de la provincia de Shaanxi) permanecían varios centenares encarcelados en los años cincuenta. Los presos liberados hablaron de las penosas condiciones de reclusión y de las frecuentes palizas a manos de guardias y de otros presos. Dijeron que, a lo largo de los años, centenares de presos habían muerto de vejez o a consecuencia de los malos tratos y la falta de cuidados.
ACCIÓN:
Las mujeres que citamos a continuación fueron condenadas a largas penas de prisión por cargos «contrarrevolucionarios» durante los años ochenta por pertenecer a Yi Guan Dao o estar asociadas con él. Se desconoce su situación actual. Si siguen vivas, varias de ellas tendrán más de 70 u 80 años y podrían encontrarse en mal estado de salud.
Zhang Caixian, de la provincia de Yunnan, tenía 61 años en el momento de ser juzgada, en 1983. En septiembre de ese mismo año fue condenada a muerte en Kunming, provincia de Yunnan, acusada de «organizar un grupo contrarrevolucionario» por el papel que desempeñó en Yi Guan Dao. En noviembre de 1983 su sentencia fue revisada y se conmutó de la pena de muerte a cadena perpetua. Zhang Caixian se unió a la sociedad Yi Guan Dao en 1946 y se convirtió en profesora religiosas. Ya había cumplido una sentencia de tres años de prisión durante finales de los años setenta por actividades «contrarrevolucionarias».
Yan Suqing (conocida también como Yan Chengxin), de la provincia de Shaanxi, tenía 69 años en el momento de ser juzgada en 1983. Detenida en diciembre de 1982, fue condenada a cadena perpetua en octubre de 1983 por el Tribunal Intermedio del Pueblo de la comarca de Xianyang, en la provincia de Shaanxi, por su papel en Yi Guan Dao. Fue acusada de llevar a cabo «actividades contrarrevolucionarias» a través de una «sociedad secreta reaccionaria».
Ye Guiying, que en 1983 tenía 70 años, agricultora de la provincia de Gansu. En noviembre de 1983 fue condenada a muerte con una suspensión de la pena por dos años por cargos «contrarrevolucionarios» a consecuencia de su papel en Yi Guan Dao. En marzo de 1984 su sentencia se revisó y se conmutó por 15 años de prisión con otros 5 años más de privación de sus derechos políticos. Si sigue viva, no será liberada hasta 1998.
LLAMAMIENTOS:
Deben enviarse cartas a las autoridades provinciales que citamos a continuación, al director del Departamento de Asuntos Religiosos del Consejo de Estado y a la lista de autoridades centrales incluida al final de estos casos. Las cartas deben:
*Preguntar por el paradero y la situación de estas mujeres que fueron encarceladas en los años ochenta por lo que parece ser el ejercicio pacífico de su derecho fundamental a la libertad de asociación.
*Instar a que, si siguen encarceladas, sean liberadas de forma inmediata e incondicional, en especial teniendo en cuenta su edad.
Director del Departamento de Asuntos Religiosos del Consejo de Estado
Zhang Shengzuo Juzhang
Guowuyuan Zongjiao Shiwuju
Guowuyuan
22 Xianmen Dajie
Beijingshi 100017
República Popular China
Telegramas: Director of the State Council Bureau of Religious Affairs, Beijing, China
Zhang Caixin:
Gobernador del Gobierno Popular de la Provincia de Yunnan
HE Zhiqiang Shengzhang
Yunnansheng Renmin Zhengfu
Wuhuashan
Kunmingshi 650021
Yunnansheng, República Popular China
Telegramas: Governor, Kunming, Yunnan Province, China
Ye Guiying:
Gobernador del Gobierno Popular de la Provincia de Gansu
ZHANG Wule Shengzhang
Gansusheng Renmin Zhengfu
1 Zhongyang, Guangchangqu
Lanzhoushi 730030
Gansusheng, República Popular China
Telegramas: Governor, Lanzhou,Gansu Province, Gansu Province, China
Yan Suqing:
Gobernador del Gobierno Popular de la Provincia de Shaanxi
Chen Andong Shengzhang
Shaanxisheng Renmin Zhengfu
Xixin Jie
Xi'anshi 710004
Shaanxisheng, República Popular China
Telegramas: Governor, Xi'an, Shaanxi Province, China
Tratamiento: Dear Governor / Señor Gobernador
LISTA DE AUTORIDADES CENTRALES
Primer Ministro de la República Popular China
LI Peng Zongli
Guowuyuan
9 Xihuangchenggenbeijie
Beijingshi 100032
República Popular China
Télex: 210070 FMPRC CN o 22478 MFERT CN - Fax: + 86 10 6 512 5810 (a través del Ministerio de Asuntos Exteriores)
Telegramas: Premier Li Peng, Beijing, China - Tratamiento: Your Excellency / Su Excelencia
Presidente de la Asamblea Nacional Popular
QIAO Shi Weiyuanzhang
Quanguo renmmin Daibiao Dahui
Great Hall of the People
Beijingshi
República Popular China
Telegramas: Chairman of the National People's Congress, Beijing, China
Ministro de Seguridad Pública de la República Popular China
TAO Siju Buzhang
Gong'anbu
14 Dongchang'anlu
Beijingshi 100741
República Popular China
Télex: 210070 FMPRC CN
Fax: + 8610 524 1596
Telegramas: Minister of Public Security, Beijing, China
Tratamiento: Your Excellency / Su Excelencia
Presidente del Tribunal Supremo del Pueblo de la República Popular China
REN Jianxin Yuanzhang
Zuigao Renmin Fayuan
27 Dongjiao Min Xiang
Beijingshi 100726
República Popular China
Fax: + 8610 512 5012
Telegramas: President of the Supreme People's Court, Beijing, China
Fiscal General de la Fiscalía Suprema del Pueblo de la República Popular China
ZHANG Siqing Jianchazhang
Zuigao Renmin Jianchayuan
147 Beiheyan Dajie
Donganmen, Dongchengqu
Beijingshi 100726
República Popular China
Télex: 210070 FMPRC CN o 22478 MFERT CN (Por favor, hágase llegar al fiscal general)
Telegramas: Procurator-General of the Supreme People's Procuratorate, Beijing, China
Tratamiento: Dear Procurator-General / Señor Fiscal General
1«China: Repression in the 1990s - a Directory of Victims» (Índice AI: ASA 17/48/96, mayo de 1996) cita a centenares de personas de las que Amnistía Internacional ha tenido noticias y que, según se cree, se encuentran actualmente encarceladas o han sido detenidas de forma periódica por las autoridades a consecuencia de sus creencias religiosas.
2 Véase «La represión religiosa en China» (Índice AI: ASA 17/69/96/s, julio de 1996).
3Véase más información en el documento de AI «La represión religiosa en China»(Índice AI: ASA 17/69/96/s, julio de 1996).
4Citado por Reuters, Pekín, 1 de junio de 1996.
5Véase el apéndice y el documento «Persistent Human Rights Violations in Tibet» (Índice AI: ASA 17/18/95, mayo de 1995).
6Circular sobre el informe del Ministerio de Seguridad Pública relativo a la prohibición de los «Gritadores» y otras organizaciones religiosas aberrantes, Comité Central del Partido Comunista Chino, Anuncio Núm. 50 de 1995, 13 de noviembre de 1995. Estos grupos incluyen: la Iglesia del Nuevo Testamento, la Iglesia del Discípulo, el grupo Liangling Jiao, el grupo holístico y el grupo Bei Li.
7Véase «Mujeres en China: Perseguidas por disentir» (Índice AI: ASA 17/29/95/s, junio de 1995).
8South China Morning Post. 3 de julio de 1995.
9 Eastern Express, 30 de agosto de 1995, citado de China News and Church Report, 8 de septiembre de 1995.
10Para más información sobre este apartado véase: «China: Secretos de Estado - Pretexto para la Represión» (Índice AI: ASA 17/42/96/s, mayo de 1996).
11En virtud del artículo 123 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los tribunales están facultados para devolver un caso a la fiscalía para que ésta lleve a cabo una «investigación suplementaria» si concluyen que «las pruebas son incompletas». Esta estipulación ha contribuido a que se celebren juicios injustos en China, y se sabe que se ha utilizado en otros casos de detenidos políticos. Este artículo no forma parte de la Ley de Enjuiciamiento Criminal revisada que entrará en vigor en enero de 1997. El artículo 166 de la nueva ley también fija un plazo límite de un mes para cualquier «investigación suplementaria» iniciada por la fiscalía durante las vistas judiciales.
12Decisión número 46/1995 (R.P.China) del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria, párrafo 9a.
13Decisión número 46/1995 (R.P.China) del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria, párrafo 9a.
14Véase «China: Repression in the 1990s - A Directory of Victims». (Índice AI: ASA 17/48/96, mayo de 1996).
15«Mujeres en China: Perseguidas por disentir» (Índice AI: ASA 17/29/95/s, junio de 1995).
16Liu Nianchun es miembro desde hace mucho tiempo del movimiento en favor de la democracia. Tomó parte en el movimiento «Muralla Democrática» en 1980 y estuvo encarcelado desde 1981 hasta 1984 por «incitación y propaganda contrarrevolucionaria». Fue miembro fundador de la Liga para la Protección de los Derechos de los Trabajadores, fundada a principios de 1994, y ha sido signatario de varias peticiones a la Asamblea Nacional Popular para que se protejan los derechos humanos.
17Agencia France Presse, 24 de julio de 1996. También el texto del recuadro: AFP, 23 de julio de 1996.
18Cinco meses antes, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria había adoptado una resolución por la que declaraba que la detención de Chen Ziming era «arbitraria y contravenía los artículos 19 y 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 19 y 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos».
19Véase la Acción Médica de Amnistía Internacional - Chen Ziming (Índice AI: ASA 17/67/96).
20Algunos de los que iniciaron y firmaron una petición similar presentada al mismo tiempo fueron detenidos (véase «China: Nueva campaña de represión contra los disidentes al aproximarse el aniversario del 4 de junio» - Índice AI: ASA/17/31/95/s). En julio de 1996, unos de estos detenidos permanecía recluido sin cargos en régimen de incomunicación, y a otro, Liu Nianchun, le habían impuesto una sentencia administrativa (véase el capítulo 2).
21Véase «Mujeres en China: Perseguidas por disentir», junio de 1995, ASA 17/29/95/s, y «Persistent Human Rights Violations in Tibet», mayo de 1995, ASA 17/18/95.
22Normalmente, el acceso a los familiares sólo se concede cuando el preso ya ha sido sentenciado. Las visitas de la familia, normalmente supervisadas de forma muy estrecha por los guardias, se consideran un privilegio, no un derecho, y pueden negarse en cualquier momento. En este momento, el Código de Enjuiciamiento Criminal garantiza el acceso a un abogado siete días antes del juicio, lo cual puede suponer meses o años después de la detención. El Código de Enjuiciamiento Criminal revisado (en vigor desde enero de 1997) incluye mejoras, pero sigue sin cumplir las normas internacionales. Garantiza el acceso a un abogado tras períodos que oscilan entre dos y siete meses, dependiendo del caso. Una disposición adicional satisfactoria indica que el sospechoso «puede» consultar a un abogado después del primer interrogatorio o desde el momento en que se emprendan contra él medidas coactivas, y que el abogado «puede» reunirse con él mientras está bajo custodia. Sin embargo, este no es un derecho garantizado, y el «órgano de investigación» puede tener personal presente durante las reuniones del detenido y su abogado.
23Las normas chinas para guardias de prisiones y campos de trabajo publicadas en 1982 estipulan que las esposas o los grilletes sólo deben utilizarse en mujeres «en circunstancias excepcionales», «normalmente durante siete días, y nunca más de quince días», y sólo con la aprobación de las máximas autoridades de la prisión. Sin embargo, los presos condenados a muerte son excluidos explícitamente de estos límites de tiempo. También son excluidos de los límites de tiempo para el uso de la reclusión en régimen de aislamiento. Las normas sobre Centros de Detención publicadas en 1990 estipulaban que los presos condenados a muerte debían permanecer encadenados. El segundo informe periódico sobre China ante el Comité contra la Tortura (CAT/C20/Add.5/15 de febrero de 1996, 32 (b)) también confirma que los presos «culpables de delitos punibles con la pena capital» pueden permanecer «esposados, con grilletes en las piernas o atados» durante «los interrogatorios, el juicio y el proceso de sentencia».
24Jakarta Post, 3 de julio de 1995.
25Además de la Ley Penal, esto incluye las leyes y normas pertinentes introducidas desde 1992 y citadas en el último informe de China al Comité contra la Tortura (nota 23); estas leyes y normas suponen medidas adicionales satisfactorias, pero no cambian las disposiciones de la Ley Penal. No compensan que ésta no prohíba todos los actos de tortura y malos tratos.
26(CAT/C/SR.254 10 de mayo de 1996). En virtud del artículo 1, la tortura se define como: «...todo acto por el cual se inflijan intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas...».
27Estos centros son: prisiones, centros de detención, campos de trabajo, centros de detención de menores y campos de «reeducación por el trabajo». «Normas relativas a los estándares para presentar casos gestionados directamente por la Fiscalía de violaciones de los derechos democráticos de los ciudadanos y los derechos de la persona y cumplimiento del deber» de la Fiscalía Suprema del Pueblo, 30 de noviembre de 1989.
28«Words without Substance - China's Implementation of the Convention against Torture» Human Rights in China, abril de 1996.
29 Según el sistema de libertad condicional por razones de salud, los presos liberados de esta forma continúan legalmente bajo el control de las autoridades penitenciarias y deben regresar a prisión en cuanto mejora su estado de salud.
30Véase «Mujeres en China: Perseguidas por disentir» (Índice AI: ASA 17/29/95/s, junio de 1995).
31El «elevado porcentaje sexual» (es decir, un desequilibrio en la proporción entre niños y niñas, con muchos más niños que la media mundial) y el «envejecimiento de la población» se reconocen como problemas «que no deben ser descuidados». Estos problemas fueron abordados en mayo de 1996 por el Comité sobre los Derechos del Niño. Al considerar el informe de China, el comité declaró su opinión de que la política de planificación familiar debe diseñarse para evitar cualquier amenaza para la vida de los niños, especialmente de las niñas. Recomendó que se dé a la población y al personal implicado en la política de planificación familiar una guía clara para garantizar que los objetivos que ésta promueve son conformes a los principios y disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño (CRC/c/15/Add.56).
32Según los informes, durante los años noventa algunas personas han sido encarceladas por cargos «contrarrevolucionarios» por permitir a grupos de mujeres que dieran a luz fuera del plan; y los textos legales han indicado que quienes organizan la resistencia a los «procedimientos de planificación familiar» (incluyendo a quienes retiran el DIU a grupos de mujeres con fines lucrativos) pueden ser acusados de «alteración del orden social» o «alteración del servicio público».
33«Los trabajadores emigrantes, al solicitar trabajo, tendrán que mostrar una tarjeta que demuestre que no tendrán más hijos... Las tarjetas serán emitidas cuando los centros de planificación familiar hayan certificado que las trabajadoras emigrantes no pueden tener más hijos o que a los hombres se les ha practicado la vasectomía» Xinhuashi.
34En virtud de la Ley de Atención Sanitaria a la Madre y el Hijo, efectiva a partir de junio de 1995, un médico debe explicar la situación a cualquier pareja en la que a uno de los miembros se le haya diagnosticado «que padecen enfermedades hereditarias graves, consideradas médicamente como no aptas para la reproducción», y esta pareja sólo podrá casarse «si acceden a tomar medidas anticonceptivas de larga duración o si desisten de tener hijos sometiéndose a una ligadura» (artículo 10). «Si el examen prenatal indica que el feto sufre una enfermedad hereditaria grave o un defecto» el médico que realice el examen deberá explicárselo a la pareja y «dar consejo médico para que se interrumpa el embarazo» (artículo 18). El artículo 19 manifiesta que serán necesarios el consentimiento y la firma de los individuos antes de que se lleven a cabo el aborto o la esterilización en virtud de esta ley, pero no establece ninguna responsabilidad legal, pena o remedio específicos contra el aborto o la esterilización practicados sin dicho consentimiento.
35El artículo 210 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal Revisada que entrará en vigor el 1 de enero de 1997 aclara los criterios para la conmutación: «un criminal condenado a muerte con una suspensión de la ejecución de dos años y que no haya cometido crímenes premeditados durante el período de suspensión obtendrá una reducción de la sentencia». En virtud de la Ley Penal actual (artículo 46) es necesario un «arrepentimiento verdadero» para que haya conmutación, y puede ejecutarse a aquellos que «se resistan a la reforma de forma odiosa».
36Para más información véase «La campaña de «dureza» contra la delincuencia se salda con al menos un millar de personas ejecutadas» (Índice AI: ASA 17/72/96/s, julio de 1996).
37Jiangsu Fazhibao, 7 de mayo de 1996.
38Citado por Agence France Presse, 27 de junio de 1996. Durante ese mismo período, los informes públicos supervisados por AI sólo revelaron 3.098 sentencias de muerte.
39Al parecer, el Partido Socialdemócrata de China (Zhongguo Shehui Minzhu Dang) ha sido una de las organizaciones disidentes clandestinas más grandes fundadas en China después de la supresión del movimiento en favor de la democracia de 1989. Tenía su base en Lanzhou, capital de la provincia de Gansu, y parece ser que contaba con más de 100 miembros, muchos de los cuales eran intelectuales que habían participado en el movimiento en favor de la democracia de 1989. Este Partido Socialdemócrata hizo pública su existencia en abril de 1992 distribuyendo un manifiesto en el que pedía reformas democráticas y la liberación de presos políticos. Inmediatamente después se produjeron detenciones de presuntos miembros del grupo. En mayo de 1992, según los informes, habían sido detenidas en distintos lugares de China unas 50 personas, 10 de las cuales han sido identificadas. Durante meses después de su arresto a sus familiares se les negó la información sobre su detención. Para más información sobre estas personas y sobre la organización política del Partido Socialdemócrata de China véase el documento «Amnesty International: Dissidents Detained Since 1992: Political Trials and Administrative Sentences» (ASA 17/05/94).
40Las autoridades chinas detuvieron a cuatro personas en la provincia de Yunnan en noviembre de 1990 por pertenecer al grupo León de China. Las autoridades afirmaron que este grupo tenía como objetivo derrocar al Partido Comunista Chino y al sistema socialista. También afirmaron que tenía vínculos con el partido Nacionalista o Guomindang de Taiwán y que sus miembros pasaban secretos políticos y militares al ejército taiwanés.
41La Vanguardia Democrática de China fue calificada por las autoridades chinas como «grupo contrarrevolucionario con el fin de derrocar el sistema socialista». Hay disponibles muy pocos detalles sobre el manifiesto del grupo. Sin embargo, está claro que Zhou Yongfang y otras tres personas detenidas por los mismos cargos no habían hecho uso de la violencia.
42Xinjiang es una de las regiones autónomas de la República Popular China donde las «minorías nacionales» reconocidas oficialmente disfrutan en teoría de un cierto grado de autogobierno. El pueblo turkic de Xinjiang es predominantemente musulmán. La mayoría de las violaciones de derechos humanos de Xinjiang han estado relacionadas con la restricción de las actividades religiosas, la represión de las manifestaciones nacionalistas y la supresión de los grupos de oposición clandestinos. En los últimos años, las autoridades han informado en varias ocasiones que habían aplastado «organizaciones ilegales» en Xinjiang. Una de esas ocasiones tuvo lugar en 1990, referida a grupos de Yili, una prefectura de Kazaj en el norte de Xinjiang, y Baren, un paraje rural en el oeste de Xinjiang. Tras unos violentos enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad en Baren en abril de 1990, las autoridades llevaron a cabo un fuerte aplastamiento de la oposición. Según los informes, varios miles de personas fueron detenidas en Xinjiang. Más de 200 personas, la mayoría campesinos, fueron detenidas en Baren por su participación en las manifestaciones y, según los informes, muchas fueron torturadas. Amnistía Internacional dispone de información sobre el posterior juicio de muchas personas, pero sigue sin conocerse la suerte corrida por la mayoría de los detenidos.