Document - China: Sustaining conflict and human rights abuses: The flow of arms continues

Embargado hasta: 11 de junio de 2006 21.00 GMT

Público

Amnistía Internacional

República Popular de China

Contribuye al conflicto

y los abusos contra los derechos humanos
El flujo de armas se acelera

Público

Resumen

Índice AI: ASA 17/030/2006

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLASA170302006

China está emergiendo como uno de los principales países exportadores de armas del mundo. Está extendiendo su influencia por Asia, África y Latinoamérica, y la venta de armas es una parte integral de los vínculos comerciales que está creando con países de éstas y otras partes del mundo. En los últimos 20 años, China ha suministrado toda una gama de material militar, de seguridad y policial a países con un historial de graves violaciones de los derechos humanos. Gran parte del debate internacional sobre los controles que aplica China a las exportaciones de armas se ha centrado en la transferencia de tecnología nuclear o de misiles de largo alcance a países como Corea del Norte, Irán y Pakistán. Sin embargo, la exportación regular de armas convencionales y armas pequeñas ha contribuido a violaciones de los derechos humanos, en ocasiones en conflictos armados sumamente brutales.

China es la única potencia exportadora de armas que no se ha adherido a ninguno de los acuerdos multilaterales para fijar criterios –entre ellos el respeto de los derechos humanos– que guíen las decisiones sobre la concesión de licencias para la exportación de armas. Muchas de las empresas que participan en el comercio de armas fueron establecidas como dependientes del Ejército Popular de Liberación chino y la agencia estatal de policía. El flujo de armas va destinado con frecuencia a países en los que existe verdadero riesgo de que las armas se utilicen para cometer abusos graves.

Por ejemplo, China ha seguido permitiendo el envío de material militar a Sudán, pese a que los homicidios, las violaciones y los secuestros cometidos por las fuerzas armadas gubernamentales y los grupos militares aliados en Darfur son generalizados y están bien documentados. En Nepal, China ha proporcionado armas pequeñas y armas ligeras (APAL) a las fuerzas armadas, responsables de gran parte de los homicidios y torturas –a menudo de civiles–, en el conflicto armado que vive el país. También se ha utilizado fuerza letal para reprimir las protestas que piden democracia en Nepal, y se han documentado torturas, detenciones arbitrarias, lesiones injustificadas e incluso muertes. En Sudáfrica, las armas confiscadas a los criminales han demostrado ser con frecuencia de origen chino.

El material que suministra China a las fuerzas armadas y a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley incluye armas convencionales, armas pequeñas y armas ligeras, así como material de seguridad y policial. Con frecuencia, el uso de este tipo de material en los conflictos de todo el mundo viola las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario (los Convenios de Ginebra y otras leyes de la guerra), como las disposiciones que prohíben el uso de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

En este informe se subraya, con ejemplos de distintos países, que la política china de autorización de exportaciones no incluye consideraciones de derechos humanos. Amnistía Internacional pide al gobierno chino que refuerce sus medidas de control de las transferencias militares, de seguridad y policiales para que sean congruentes con el derecho internacional, especialmente con las normas de derechos humanos y el derecho internacional humanitario, que sea más transparente al informar sobre tales transferencias, y que prohíba la fabricación y el comercio de material de seguridad, como los dispositivos restrictivos, que son intrínsecamente crueles y degradantes. Amnistía Internacional pide asimismo a los demás gobiernos que tomen medidas para evitar contribuir a las exportaciones de armas de China que se utilizan para cometer abusos graves contra los derechos humanos, como les corresponde hacer en virtud de las responsabilidades que ya pesan sobre todos los Estados. En este informe se describen abusos contra los derechos humanos que se cometen en todo el mundo, y que demuestran gráficamente cuán urgente es la necesidad de contar con un Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas que sea firme y completo, que pueda hacerse cumplir, y que permita controlar la transferencia internacional de armas convencionales de una manera acorde con los principios de derecho internacional existentes. Además, se insta a China a apoyar la iniciativa de elaboración de un tratado de este tipo. Como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, China está muy bien situada para apoyar el importante papel que desempeña la ONU en la consolidación del consenso internacional y el reforzamiento de la cooperación internacional para impedir la proliferación de armas.

SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDON WC1X 0DW, REINO UNIDO

Traducción de Editorial Amnistía Internacional (EDAI), España

Embargado hasta: 11 de junio de 2006 21:00 GMT

Público

Amnistía Internacional

República Popular de China

Contribuye al conflicto y los abusos contra los derechos humanos
El flujo de armas se acelera

Índice

República Popular de China

Contribuye al conflicto y los abusos contra los derechos humanos
El flujo de armas se acelera

Introducción

China está emergiendo como uno de los principales países exportadores de armas del mundo.¹Está extendiendo su influencia por Asia, África y Latinoamérica, y la venta de armas es una parte integral de los vínculos comerciales que está creando con países de éstas y otras partes del mundo. En los últimos 20 años, China ha suministrado toda una gama de material militar, de seguridad y policial a países con un historial de graves violaciones de los derechos humanos. Gran parte del debate internacional sobre los controles que aplica China a las exportaciones de armas se ha centrado en la transferencia de tecnología nuclear o de misiles de largo alcance a países como Corea del Norte, Irán y Pakistán. Sin embargo, la exportación regular de armas convencionales y armas pequeñas ha contribuido a violaciones de los derechos humanos, en ocasiones en conflictos armados sumamente brutales.

China es la única potencia exportadora de armas que no se ha adherido a ninguno de los acuerdos multilaterales para fijar criterios –entre ellos el respeto de los derechos humanos– que guíen las decisiones sobre la concesión de licencias para la exportación de armas.²Muchas de las empresas que participan en el comercio de armas fueron establecidas como dependientes del Ejército Popular de Liberación chino y la agencia estatal de policía.³El flujo de armas va destinado con frecuencia a países en los que existe verdadero riesgo de que las armas se utilicen para cometer abusos graves.

Por ejemplo, China ha seguido permitiendo el envío de material militar a Sudán, pese a que los homicidios, las violaciones y los secuestros cometidos por las fuerzas armadas gubernamentales y los grupos militares aliados en Darfur son generalizados y están bien documentados. En Nepal, China ha proporcionado armas pequeñas y armas ligeras (APAL) a las fuerzas armadas, responsables de gran parte de los homicidios y torturas –a menudo de civiles–, en el conflicto armado que vive el país. También se ha utilizado fuerza letal para reprimir las protestas que piden democracia en Nepal, y se han documentado torturas, detenciones arbitrarias, lesiones injustificadas e incluso muertes. En Sudáfrica, las armas confiscadas a los criminales han demostrado ser con frecuencia de origen chino.

El material que suministra China a las fuerzas armadas y a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley incluye armas convencionales, armas pequeñas y armas ligeras, así como material de seguridad y policial. Con frecuencia, el uso de este tipo de material en los conflictos de todo el mundo viola las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario (los Convenios de Ginebra y otras leyes de la guerra), como las disposiciones que prohíben el uso de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

En el 2002 el gobierno chino revisó y actualizó la normativa de control de las exportaciones de armas que regulaba la transferencia internacional de armas por el gobierno.⁴Sin embargo, es prácticamente imposible evaluar la eficacia de la normativa revisada, ya que China no publica información sobre sus transferencias de material militar, de seguridad y policial al extranjero. A esto hay que añadir que sus disposiciones para la autorización de exportaciones no imponen a los Estados receptores el requisito de respetar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. La normativa tampoco incluye medidas específicas para asegurar que las transferencias de armas no contribuyen a los abusos contra los derechos humanos, tales como medidas de control del corretaje internacional de armas o buenos sistemas para monitorizar y hacer cumplir el uso final acordado.

En su informe del 2005 sobre la aplicación del Programa de Acción de las Naciones Unidas para Prevenir, Combatir y Eliminar el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en Todos sus Aspectos, China describía como “cauteloso y responsable” el enfoque que aplicaba el país a la autorización de exportaciones de armas convencionales.⁵Sin embargo, en el pasado ha suministrado armas a países como Irán, Myanmar, Pakistán y Sudán, lo que sugiere, por el contrario, un enfoque peligrosamente permisivo del control de la exportación de armas, tanto convencionales como pequeñas y ligeras.

La responsabilidad primaria del control del flujo de armas recae en los gobiernos –en todos los gobiernos, sean o no fabricantes–, que exportan, reexportan o permiten el tránsito de armas por su país. Los Estados tienen derecho a comprar armas para su legítima defensa y para hacer cumplir la ley de forma responsable, llevar a cabo operaciones lícitas en el extranjero (como es la participación en las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU), o realizar transferencias a otros Estados para fines similares. Sin embargo, no deben autorizar las transferencias de armas que vayan a usarse, o tengan probabilidad de hacerlo, en violaciones de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario, o para impedir el desarrollo. Estos criterios reflejan responsabilidades ya existentes de los Estados y figuran en diversos acuerdos de armas, multilaterales y regionales (véase el apartado sobre controles internacionales).

Amnistía Internacional se opone a las transferencias de material, tecnología, personal o formación militares, de seguridad o policiales –así como al apoyo logístico o económico para tales transferencias– cuando es razonable creer que contribuirán a graves violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario (los Convenios de Ginebra y otras leyes de la guerra). Estas violaciones incluyen genocidio, agresiones contra civiles y objetivos civiles, ataques indiscriminados, expulsiones y otras infracciones del derecho internacional humanitario, así como homicidios arbitrarios, desapariciones forzadas y tortura u otros malos tratos. Amnistía Internacional trabaja activamente para que se promulguen leyes eficaces y se acuerden mecanismos que prohíban las transferencias militares, de seguridad y policiales a menos que pueda demostrarse razonablemente que no contribuirán a la comisión de graves violaciones de los derechos humanos. Amnistía Internacional también trabaja activamente para conseguir que las instituciones militares, de seguridad y policiales establezcan sistemas rigurosos de rendición de cuentas y de formación que impidan estas violaciones.

En este informe se subraya, con ejemplos de distintos países, que la política china de autorización de exportaciones no incluye consideraciones de derechos humanos. Amnistía Internacional pide al gobierno chino que refuerce sus medidas de control de las transferencias militares, de seguridad y policiales para que sean congruentes con el derecho internacional, especialmente con las normas de derechos humanos y el derecho internacional humanitario, que sea más transparente al informar sobre tales transferencias, y que prohíba la fabricación y el comercio de material de seguridad, como los dispositivos restrictivos, que son intrínsecamente crueles y degradantes. Amnistía Internacional pide asimismo a los demás gobiernos que tomen medidas para evitar contribuir a las exportaciones de armas de China que se utilizan para cometer abusos graves contra los derechos humanos, como les corresponde hacer en virtud de las responsabilidades que ya pesan sobre todos los Estados. En este informe se describen abusos contra los derechos humanos que se cometen en todo el mundo, y que demuestran gráficamente cuán urgente es la necesidad de contar con un Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas que sea firme y completo, que pueda hacerse cumplir, y que permita controlar la transferencia internacional de armas convencionales de una manera acorde con los principios de derecho internacional existentes. Además, se insta a China a apoyar la iniciativa de elaboración de un tratado de este tipo. Como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, China está muy bien situada para apoyar el importante papel que desempeña la ONU en la consolidación del consenso internacional y el reforzamiento de la cooperación internacional para impedir la proliferación de armas.

El mercado global de armas

China es un exportador de armas de gran importancia: uno de los 10 mayores proveedores de armas del mundo. Según el Instituto Internacional de Investigación de la Paz de Estocolmo (SIPRI), en el año 2004 China figuraba en octavo lugar entre los principales proveedores de armas convencionales.⁶Sin embargo, la falta de transparencia del gobierno impide una comprensión total de los tipos de armas que China suministra, su cantidad, destino o usuarios finales. Las estadísticas de que se dispone tienden a subestimar enormemente el valor económico real de este comercio que, según se estima, supera anualmente los 1.000 millones de dólares estadounidenses.⁷

Esta falta de transparencia se observa en el hecho de que el gobierno no elabora un informe anual sobre las transferencias militares, de seguridad y policiales que muestre qué transferencias se autorizaron y qué armas se suministraron. Sin embargo, la escasa información y datos disponibles, por ejemplo, la Base de Datos Estadísticos de la ONU sobre Comercio de Mercancías conocida como Comtrade y los informes de los medios de comunicación, dejan claro que China ha estado suministrando una amplia gama de material militar a muchos países de todo el mundo, muchos de ellos con una trayectoria lamentable en cuestión de derechos humanos. Estos materiales son, entre otros:

• grandes armas convencionales: aviones de combate, tanques, vehículos blindados, misiles y lanzamisiles

• armas pequeñas y armas ligeras: pistolas y revólveres

• material policial, de seguridad y de restricción del movimiento: grillos con pernos y armas incapacitantes

China siempre ha mantenido una política de independencia industrial en la producción de material militar. Sin embargo, los fabricantes de China producen suficiente excedente para que el país se haya convertido en un importante proveedor. Las reformas económicas introducidas por Deng Xiaoping en 1979 produjeron grandes cambios en la industria armamentística china durante la década de 1980. Permitieron que determinadas agencias del gobierno e instituciones públicas, incluidas las pertenecientes al sector militar, establecieran sus propias empresas comerciales. Como consecuencia de esto, numerosas subunidades militares comenzaron a operar empresas con fines lucrativos en el sector de la fabricación, importación y exportación de armas. Las mayores empresas del sector incluyen a:

• Norinco (China North Industries Corporation)⁸

• Poly Group (China Poly Group Corporation), una de las mayores empresas exportadoras de armas de China, gestionada por el Departamento del Estado Mayor del Ejército Popular de Liberación ⁹

• Xinxing Corporation, gestionada por el Departamento de Logística General del Ejército Popular de Liberación

  Pese a las disposiciones del gobierno central chino de finales de los años noventa para que las unidades militares desinvirtieran en sus empresas comerciales, persisten fuertes vínculos informales. Como observaba un estudio del 2005 sobre el control de las exportaciones en China, realizado por el instituto de estudios estadounidense Center for International Trade and Security (CITS) :

La desinversión de los últimos cinco años en las empresas comerciales del Ejército Popular de Liberación, pese a haberse cumplido nominalmente, probablemente no haya separado completamente a las empresas de las redes de patrocinio e influencia que les permiten comerciar sin la supervisión del aparato de control de las exportaciones de China.¹⁰

Además, las fuerzas armadas y las compañías industriales chinas del sector de la defensa han establecido varias empresas conjuntas y acuerdos de producción bajo licencia con empresas canadienses, estadounidenses, europeas y rusas. Toda una serie de material militar y de doble uso ha sido suministrado a China, o desarrollado por compañías de armamento chinas con la ayuda de compañías estadounidenses y europeas. Esto ha ocurrido pese a los embargos de armas que la Unión Europea (UE) y Estados Unidos impusieron a China como respuesta a la represión armada que puso fin, en junio de 1989, a las manifestaciones en favor de la democracia en la Plaza Tiananmen y sus alrededores.

El embargo de armas estadounidense, adoptado el 7 de junio de 1989, suspendió todas las licencias y autorizaciones de exportación de artículos y servicios de defensa a China por fabricantes y exportadores estadounidenses, incluidos los “acuerdos de licencias de fabricación y de asistencia técnica” para todos los artículos de origen estadounidense.¹¹Por tanto, parece lógico pensar que este embargo debería abarcar los acuerdos de empresas conjuntas celebrados entre compañías estadounidenses y chinas, particularmente cuando se trata de producción de bienes y tecnologías de doble uso como motores, palas de rotor, y otros componentes, que el gobierno estadounidense designa como adaptados específicamente para aplicaciones militares.¹²

El embargo de armas de la Unión Europea, adoptado por el Consejo Europeo el 27 de junio de 1989, condenaba con firmeza la “brutal represión” en China y pedía a las autoridades chinas que respetaran los derechos humanos.¹³La Declaración del Consejo adoptaba varias medidas, entre ellas el compromiso de abordar la cuestión de los derechos humanos en China en los foros internacionales apropiados, y la imposición de un embargo de armas. El texto de la Declaración del Consejo no especifica las armas que abarca el embargo, ya que reza:

[...] interrupción de la cooperación militar por parte de los Estados miembros de la Comunidad y embargo del comercio de armas con China¹⁴

Así, los gobiernos de la UE han interpretado este embargo de maneras diferentes. Algunos han seguido permitiendo la venta de una selección de material militar y de doble uso a China. La transferencia de productos y tecnología de doble uso por parte de Estados miembros de la UE está regulada por el Reglamento de la UE sobre Productos y Tecnologías de Doble Uso, adoptado el 22 de junio del 2000. No está claro, sin embargo, si el apartado 2 (cláusula “comodín”) del artículo 4 de este reglamento es aplicable a productos tales como sistemas de radar, sistemas de transmisión y motores para uso final militar transferidos a China. El apartado 2 reza:

También se exigirá una autorización para exportar productos de doble uso no enumerados en el anexo I cuando el país adquiriente o el país de destino esté sometido a un embargo de armas decidido por una posición común o una acción común adoptada por el Consejo, por una decisión de la OSCE o por un embargo de armas impuesto por una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y cuando el exportador haya sido informado por las autoridades a que se refiere el apartado 1 de que los productos en cuestión están o pueden estar destinados total o parcialmente a un uso final militar.¹⁵

En abril del 2005, un artículo delJane’s Defence Weekly destacó la participación de empresas europeas en la prestación de asistencia a China para el desarrollo de un nuevo helicóptero de combate. El artículo describía cómo el secreto que rodea la producción china de material militar, de seguridad y policial había ayudado a las empresas europeas a ocultar la amplitud de su asistencia y participación:

El intenso secreto que rodea al Z-10[helicóptero de combate] se debe probablemente a la participación en él de empresas occidentales, que han proporcionado mucha asistencia técnica. Al amparo de un proyecto paralelo sobre el CMH (helicóptero medio chino, al que con frecuencia se refieren como “helicóptero de seis toneladas”) del Instituto de Investigación y Desarrollo de Helicópteros de China (CHRDI), Chinaestá adquiriendo conocimientos y tecnologías disponibles que se está desviando directamente a un programa militar. Los funcionarios chinos han descrito el Z-10y el CMH como una misma cosa, tratando así de desmentir las alegaciones occidentales sobre el Z-10como si se tratase de un malentendido sobre un programa civil.¹⁶

Según este artículo, entre las empresas que participan en el proyecto del Z-10 figura la compañía canadiense Pratt & Whitney, que ha proporcionado 10 motores de turbina PT6C-67C a China. La empresa italobritánica Agusta Westland habría asistido en el desarrollo de la principal pala del rotor del Z-10 y en el sistema de transmisión y de la caja de cambios. La compañía estadounidense Lord Corporation también parece estar involucrada. La compañía aeroespacial europea EADS (European Aeronautic Defence and Space Company), que ahora posee el grupo filial Eurocopter, habría suministrado el sistema de transmisión del Z-10 mediante un acuerdo de desarrollo conjunto.¹⁷El secreto con que China rodea la producción y exportación de armas se acrecienta al solaparse la industria de defensa y la civil de carácter comercial.

Canadá, los países europeos, Rusia y Estados Unidos han aceptado los Principios Reguladores de las Transferencias de Armas Convencionales (1993) de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), que incluyen el compromiso de que “[c]ada Estado participante evitará las transferencias susceptibles de [...] ser utilizadas para violar o suprimir los derechos humanos y las libertades fundamentales”. Estos principios abarcan las armas convencionales y la tecnología conexa. Los países mencionados son además Estados Partes en el Arreglo de Wassenaar sobre el Control de las Exportaciones de Armas Convencionales y de Bienes y Tecnologías de Doble Uso (“Arreglo de Wassenaar”).

La UE ha estado intentando reforzar su Código de Conducta en materia de Exportación de Armas (Código de Conducta de la UE) como contrapeso al levantamiento del embargo de armas a China. Sin embargo, para que el Código de Conducta de la UE pueda sustituir adecuadamente al embargo de armas, tendría que ser jurídicamente vinculante. De momento, el Código no es un instrumento vinculante, y no todos los Estados miembros lo han incorporado o hecho referencia a él en sus legislaciones nacionales. En el futuro, el Código pasará a ser una Posición Común, con lo adquirirá carácter de ley. En virtud del artículo 15 del Tratado de la Unión Europea, los Estados miembros “velarán por la conformidad de sus políticas nacionales con las posiciones comunes”. Sin embargo, no está claro hasta qué punto se requerirá que cada Estado miembro promulgue los criterios y disposiciones del Código en su propio ordenamiento jurídico. Y, además, el Código no abarca la transferencia de tecnologías de doble uso a China.

Las transacciones de armas de China suelen conllevar intercambios de armas por materias primas, y el aumento en el número de estos trueques guarda estrecha relación con la rápida expansión económica que ha experimentado China en los últimos 25 años y con su creciente necesidad de obtener materias primas. Según informes, en la década de 1990, el Ejército Popular de Liberación participó activamente en transferencias de armas a Irán a cambio de petróleo.¹⁸China importaba también considerables cantidades de madera de Liberia, y exportaba armas a ese país.¹⁹A través de los años, Amnistía Internacional ha documentado en Liberia violaciones generalizadas y sistemáticas de los derechos humanos con armas pequeñas.²⁰China es asimismo uno de los principales proveedores de armas a Sudán, y las empresas chinas poseen la mayor participación extranjera en los yacimientos de petróleo sudaneses. El gobierno de Sudán ha utilizado el aumento en los ingresos petroleros –petróleo del que China depende en gran medida y en el que también invierte considerablemente–, para financiar una capacidad militar de la que a su vez se ha servido para hacer la guerra en Darfur y cometer violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.²¹Según informes, China también va camino de convertirse en el principal inversor extranjero en Zimbabue²²y, según la información a la que ha tenido acceso la organización, el presidente zimbabuense Robert Mugabe se reunió en noviembre del 2004 con representantes de Norinco para discutir posibles áreas de cooperación en varios sectores de la economía del país. El comandante general de las Fuerzas de Defensa de Zimbabue, Constantine Chiwenga, y el director general de Zimbabwe Defence Industries, el coronel retirado Tshinga Dube, también asistieron a esa reunión.²³Además de África, Latinoamérica se está convirtiendo también en otro mercado clave para las exportaciones de armas de China.

Armas pequeñas y armas ligeras

China es también uno de los grandes fabricantes y exportadores de armas pequeñas y ligeras. Según el Estudio sobre Armas Pequeñas y Ligeras, proyecto de investigación con sede en Suiza, China era en el 2002 uno de los principales exportadores de armas pequeñas, por un valor anual no inferior a los 100 millones de dólares estadounidenses, según se desprende de los escasos datos disponibles en Comtrade, la Base de Datos Estadísticos de la ONU sobre Comercio de Mercancías.²⁴El gobierno chino oculta gran parte de la información relativa a muchas de las categorías concretas de la base sobre armamento militar. El valor total de las transferencias de armas pequeñas y armas ligeras también es un cálculo bajo por no estar claro si los datos que contiene la base Comtrade incluyen sólo las transacciones comerciales entre empresas privadas y destinatarios extranjeros o también incluye las ventas de gobierno a gobierno. Asimismo, resulta muy difícil contabilizar las ventas a precio reducido o los regalos de excedentes de armas pequeñas y armas ligeras de un gobierno, ya que apenas se informa sobre estas transferencias. No obstante, a falta de cifras sobre el número real de armas suministradas (que no siempre se proporciona), el total estimado es útil para dar una idea de la escala de la transferencia de armas.

Las armas pequeñas desempeñan una función muy particular en las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario: bien por su uso directo o por la amenaza de uso. Se cometen o infligen más muertes, lesiones, violaciones y otros actos de tortura, desplazamientos de personas y delincuencia con armas pequeñas que con cualquier otro tipo de armas. Según se desprende de los datos presentados por el gobierno chino a la ONU sobre transferencias de APAL de China a otros países, se cometieron abusos de este tipo, a manos de las fuerzas de seguridad, en países a los que China vendió piezas y accesorios para armas pequeñas y armamento militar en 2003 y 2004, entre ellos Brasil, Myanmar, Indonesia, Irán, Pakistán y Sudán.²⁵

En los últimos 15 años, China ha exportado grandes cantidades de armas pequeñas y armas ligeras a países de la Región de los Grandes Lagos, en África, donde se han cometido graves violaciones de los derechos humanos. El fusil de asalto AK-47 chino es un arma frecuente entre soldados, milicianos y combatientes de los grupos armados que operan en las provincias de Kivu y en el distrito de Ituri de la República Democrática del Congo, lugares en los que se han cometido frecuentes atrocidades con ese armamento, asociadas a menudo a los esfuerzos de las empresas extranjeras por hacerse con el control de valiosos minerales. En noviembre de 2005, se investigó la procedencia de 1.100 armas recogidas por la Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUC) en Bunia, distrito de Ituri, descubriéndose que el 17 por ciento de ellas eran copias chinas del fusil de asalto AK-47 conocido como Tipo 56.²⁶Supuestamente, estas armas de fabricación china habían sido suministradas directamente por China a la República Democrática del Congo, Uganda, Ruanda y Burundi, o por terceros países abastecidos por China, como Albania y Zimbabue, que han suministrado armas a países de los Grandes Lagos.²⁷

China exporta grandes cantidades de pistolas y revólveres. La proliferación de estas armas ha aumentado su disponibilidad en países como Sudáfrica. Estas armas pequeñas han contribuido a la comisión de violaciones de los derechos humanos y alimentado la violencia armada, particularmente en áreas sin conflicto armado. El análisis de los datos proporcionados por países receptores reveló que entre el año 2000 y el 2003 se comunicaron importaciones de “pistolas y revólveres” de China por un valor superior a 10 millones de dólares estadounidenses.²⁸Los países importadores incluían a: Alemania, Arabia Saudí, Argentina, Australia, Bangladesh, Bolivia, Burkina Faso, Canadá, Chile, Costa Rica, Eslovaquia, Filipinas, Finlandia, Guatemala, Hong Kong, India, Indonesia, Irán, Italia, Macao, Malaisia, Níger, Pakistán, la República Checa, la República Dominicana, Sudán, Tailandia y Uganda. No es una lista exhaustiva de los países que reciben “pistolas y revólveres” chinos, pero muestra la diversidad de países que declaran importaciones de este tipo de China.

Ventas a Nepal

La visita realizada en marzo del 2006 a Nepal por el consejero de Estado chino, Tang Jiaxuan, fue, según los informes, la de más alto nivel realizada por un dignatario extranjero desde que el rey Gyanendra se hizo con el poder absoluto en el país el 1 de febrero de 2005. En unas declaraciones efectuadas durante un programa organizado por la Embajada de China en la capital, Katmandú, Tang Jiaxuan manifestó: “Nos alegra poder trabajar con Nepal para que nuestra contribución a la paz, estabilidad y prosperidad mundiales sea mayor.”²⁹

Sin embargo, las transferencias militares realizadas por China durante el año anterior, más que contribuir a la paz y a la estabilidad en Nepal, con toda probabilidad han contribuido a la comisión de más violaciones de los derechos humanos por las fuerzas de seguridad en el contexto de una brutal guerra civil y de crecientes protestas civiles en el 2005 y 2006. El suministro chino menoscabó el esfuerzo internacional –en respuesta a una situación de derechos humanos en creciente deterioro– por limitar el flujo de armas al Real Ejército de Nepal,³⁰enfrentado a las fuerzas del Partido Comunista de Nepal (PCN, Maoísta). En junio del 2005 llegaron a Nepal, procedentes de China, cinco vehículos blindados para transporte de personal que representaron, según informes, el primer suministro militar de envergadura al país desde que la toma de poder por el rey hizo que Estados Unidos, la India y el Reino Unido suspendieran casi toda la ayuda militar.

Según informes, en septiembre del 2005, pese a las graves violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas de Nepal, China acordó suministrar armas y munición por un valor aproximado de 1.000 millones de rupias indias (unos 22,4 millones de dólares estadounidenses) en un acuerdo negociado durante la visita a China del ministro de Exteriores de Nepal, Ramesh Nath Pandey.³¹En octubre, el jefe del Estado Mayor del Ejército de Nepal, general Pyar Jung Thapa, anunció que el gobierno chino había prometido una ayuda militar de 72 millones de rupias nepalíes (un millón de dólares estadounidenses).³²A finales de noviembre, se informó a la organización de que 10 camiones cargados de material militar chino habían cruzado la frontera entre Nepal y el Tíbet.³³Las fuerzas armadas reconocieron haber recibido suministros militares de China, pero se negaron a proporcionar más información.

En enero del 2006, China dio señales de preocupación ante la nueva ola de represión de manifestantes políticos pacíficos en Nepal. “Confiamos en que todas las fuerzas de Nepal puedan reducir sus diferencias mediante el diálogo y trabajar juntas en pro del desarrollo y la prosperidad del país”, dijo un portavoz del Ministerio de Exteriores.³⁴Sin embargo, pese a la expresión pública de esta preocupación, parece que China no impuso ninguna restricción a la transferencia de suministros militares. En febrero, la organización recibió informes según los cuales el gobierno de Nepal había consignado 10 millones de dólares estadounidenses a la compra de fusiles chinos, y estaba por llegar a Katmandú una partida de casi 25.000 fusiles.³⁵Dichos informes añadían que en el 2005 el Ministerio de Defensa de Nepal había gastado casi 800.000 dólares estadounidenses en munición para fusiles del calibre 7,62 y en 18.000 granadas de fabricación china. Según los informes de mayo del 2006, el nuevo gobierno de transición de Nepal estaba pensando cancelar los pedidos de suministros militares, entre ellos la compra de dos aviones chinos. Amnistía Internacional no pudo verificar esa información antes de la publicación de este informe.³⁶

Las fuerzas de seguridad han utilizado vehículos blindados para transporte de personal en operaciones de intimidación, restricción o control de manifestantes políticos pacíficos, como hicieron por ejemplo en abril del 2006 en Katmandú.³⁷Ante cada anuncio de manifestaciones por la oposición política, el gobierno respondió imponiendo prohibiciones absolutas de todas las reuniones públicas. Durante los primeros cuatro meses del 2006, más de 5.000 manifestantes –en su mayoría activistas políticos y de la sociedad civil no violentos–, fueron detenidos por participar en manifestaciones en favor de la democracia o por programarlas.

Las fuerzas de seguridad utilizaron con frecuencia una fuerza excesiva al reprimir las manifestaciones, e incluso llegaron a disparar contra manifestantes desarmados. Según informes, el 8 de febrero del 2006, personal de las fuerzas armadas disparó entre 25 y 30 veces contra un grupo de unos 15 activistas políticos, dando muerte a Umesh Thapa, de 45 años de edad, miembro del consejo de distrito local perteneciente al Partido Comunista de Nepal (Marxista Leninista Unificado), e hiriendo a Krishna Giri, de 55 años, miembro del Partido del Congreso Nepalí,³⁸que protestaban pacíficamente contra las elecciones municipales convocadas por el rey Gyanendra.

La fuerza excesiva que utilizaron soldados y policías para controlar el creciente número de manifestaciones en favor de la democracia dio lugar a una brusca escalada de la violencia en abril del 2006. El 13 de abril, la policía disparó gas lacrimógeno y balas de goma contra una manifestación pacífica encabezada por el Colegio de Abogados de Nepal. Por lo menos cuatro abogados resultaron heridos ese día por balas de goma,³⁹y al menos 17 personas resultaron muertas y centenares gravemente heridas en otras manifestaciones a medida que las fuerzas de seguridad añadieron fuerza letal al gas lacrimógeno y las balas de goma.

Las fuerzas de seguridad continuaron cometiendo violaciones de los derechos humanos en el contexto del conflicto armado interno que vive el país desde hace ya un decenio. Miles de personas han sido detenidas arbitrariamente, centenares han “desaparecido”, y se han recibido numerosas denuncias de tortura, por ejemplo violaciones, a manos de las fuerzas de seguridad. En el bando de la oposición, las fuerzas del Partido Comunista de Nepal (Maoísta) también han sido responsables de abusos graves, incluidos homicidios, secuestros, tortura, utilización de menores en actividades militares y ataques a la infraestructura civil. Pese a sus publicitados compromisos con los derechos humanos, ninguno de los bandos del conflicto ha investigado los abusos ni castigado a los responsables, permitiendo que sus fuerzas operaran en un clima de total impunidad.

Las fuerzas de seguridad de Nepal no han respetado los principios de distinción y de proporcionalidad del derecho internacional humanitario, ni han tomado las medidas necesarias para proteger la vida de los civiles. El 24 de septiembre del 2005, tres unidades del ejército abrieron fuego al entrar en el pueblo de Bahadupur, distrito de Palpa. Una delegación de investigación enviada por organizaciones de derechos humanos locales reveló que, aunque había miembros del Partido Comunista de Nepal (Maoísta) entre los civiles residentes en el pueblo, se encontraban desarmados cuando se produjo el ataque.⁴⁰La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Nepal (ACNUDH-Nepal) señaló que había dos niños entre los heridos y un civil adulto, además de maoístas, entre los muertos.⁴¹

El 24 de marzo del 2006, la policía de Janakpur, distrito de Dhanusha, abrió fuego contra una multitud congregada en un concurrido mercado, dando muerte en el acto a un civil –Ram Chandra Yadav, de 55 años de edad–, e hiriendo de muerte a otro, Daya Ram Pariyar, de 23 años, empleado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Nepal. El incidente se produjo apenas unas horas después de un ataque por el Partido Comunista de Nepal (Maoísta) en Janakpur, en el que habían resultado muertos dos agentes de policía.

Es obvio que el suministro de material y ayuda militar a un ejército con inadecuada formación y que opera con impunidad, aumenta el riesgo de causar víctimas civiles, y puede prolongar y exacerbar el conflicto. El 24 de abril, tras casi tres semanas de protestas públicas masivas a nivel nacional contra el régimen de palacio, el rey Gyanendra anunció que restablecería el Parlamento. El nuevo gobierno de transición declaró un alto el fuego el 3 de mayo e invitó al Partido Comunista de Nepal (Maoísta) a participar en las negociaciones de paz. También suspendió de su cargo a agentes de seguridad de alta graduación sospechosos de haber participado en violaciones de los derechos humanos, y tomó medidas para poner al ejército bajo control parlamentario. Amnistía Internacional cree que continuar con la suspensión de suministros militares y de seguridad a Nepal es esencial para fortalecer la rendición de cuentas y fomentar las reformas de derechos humanos durante este periodo de transición tan crítico. Incluso si se reanudaran las hostilidades, no se debería proporcionar suministros militares hasta que pudiera comprobarse, con puntos de referencia acordados, que existe un compromiso por parte del gobierno y sus fuerzas de seguridad de respetar y defender las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

Armas en manos de los grupos armados de Chad

Armas fabricadas por la compañía china Norinco han sido vistas en manos de combatientes del Frente Unido por el Cambio Democrático (Front uni pour le changement démocratique au Tchad, FUC). El 28 de febrero del 2006, miembros del grupo que portaban lanzagranadas automáticos QLZ87 de 35 mm fueron fotografiados a las afueras de la ciudad sudanesa de El Geneina, en Darfur Occidental, cerca de la frontera con Chad. Las armas no parecen viejas y no se sabe exactamente cómo llegaron a manos de un grupo armado chadiano. El QLZ87 se exhibió por primera vez en marzo del 2003 en IDEX, feria internacional de armamento, en los Emiratos Árabes Unidos.⁴²

Un miembro de un grupo armado chadiano que opera en la región fronteriza entre Chad y Sudán, con un lanzagranadas automático QLZ87 de 35 mm fabricado por la compañía china Norinco. © Daniel Pepper/Getty Pictures

Según informes, el gobierno sudanés proporciona apoyo a algunos de los grupos armados chadianos opuestos al presidente de Chad, Idriss Deby. Estos grupos armados de oposición operan desde Darfur y, según parece, cooperan con los yanyawid, milicia que apoya al gobierno sudanés. Recientemente se ha acusado de contar con el apoyo de dicha milicia a la Unión para la Democracia y la Libertad (Rassemblement pour la Démocratie et la Liberté, RDL), formada en octubre del 2005, bajo el liderazgo de Mahammat Nour. El 18 de diciembre del 2005, la RDL lanzó un ataque contra Adre, Chad, en el que perecieron numerosos civiles. El gobierno de Chad afirmó que el ataque había contado con apoyo del gobierno sudanés. Posteriormente, Mahammat Nour se convirtió en líder del FUC, coalición de ocho grupos armados en Chad y Darfur creada en diciembre del 2005. Según informes, al preguntársele si obtenía sus armas de Sudán, Mahammat Nour dijo: “[n]uestras armas proceden de otros gobiernos de África, y Sudán permite que se transporten aquí”.⁴³

El embargo de armas de la ONU debe aplicarse a todos los grupos armados que operan en Darfur, y no sólo a los yanyawid. El embargo se impuso de conformidad con la Resolución 1556 del Consejo de Seguridad, que establece en sus párrafos 7 y 8 que:

[...]todos los Estados adopten las medidas necesarias para impedir la venta o el suministro, a todas las entidades no gubernamentales y los particulares, incluidos los Janjaweed que realicen actividades en los Estados de Darfur septentrional, Darfur meridional y Darfur occidental […] [y] adopten las medidas necesarias para impedir el abastecimiento a las entidades no gubernamentales y a las personas mencionadas en el párrafo 7 que realizan actividades en los Estados de Darfur septentrional, Darfur meridional y Darfur occidental.

En Sudán, el actual conflicto de Darfur se ha caracterizado por graves violaciones de los derechos humanos, cometidas con ayuda de diverso material militar, de seguridad y policial, como señaló Amnistía Internacional en el informe titulado Sudán: Armas para los responsables de los graves abusos cometidos en Darfur.⁴⁴China es uno de los distintos Estados, entre ellos Arabia Saudí, Francia e Irán, que han exportado grandes cantidades de armas pequeñas y ligeras, y munición, a Sudán. La región de Darfur se ha visto profundamente afectada por la proliferación de armas pequeñas y ligeras. La violencia en Darfur se ha reanudado a niveles altos desde septiembre del 2005. La magnitud del desastre de derechos humanos y la matanza de personas y destrucción de vastas áreas de Darfur, es ingente: se estima que 1,6 millones de personas están desplazadas dentro de Darfur y 200.000 refugiados sudaneses han huido y cruzado la frontera con Chad.⁴⁵La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha condenado el reclutamiento forzado, por diversos grupos armados, de los refugiados sudaneses que residen en campos de la parte oriental de Chad, junto a la frontera con Darfur.⁴⁶

Envío de armas chinas a Liberia

Según parece, han salido a la luz pruebas de que por mediación de un tratante de armas neerlandés, Gus van Kouwenhoven, se enviaron grandes cantidades de armas a Liberia desde China, violando el embargo de las transferencias de armas a Liberia dictado por la ONU. Van Kouwenhoven ha sido presidente de la Oriental Timber Company (OTC), una empresa maderera con sede en Liberia que, a finales de la década de 1990 y principios de la del 2000, poseía las mayores concesiones madereras de Liberia y que, según la ONU, era propiedad de diversos intereses de Singapur. Amnistía Internacional y TransArms publicaron un informe en mayo –Dead on Time – arms transportation, brokering and the threat to human rights–, en el que se mostraba cómo se habían efectuado los envíos de armas chinas a Liberia por intermediación de un corredor de armas neerlandés y de una compañía con sede en Hong Kong.

Según el periódico South China Morning Post, las autoridades de Hong Kong en particular han proporcionado a la fiscalía de Rotterdam información sobre la relación entre van Kouwenhoven y las empresas de Hong Kong que tenían vínculos con los negocios madereros y de armas de la OTC: una compañía llamada Global Star (Asia), un buque (el “Antarctic Mariner,” actualmente el “Raffles”) que parece haber transportado las armas a Liberia (particularmente los AK-47 de fabricación china, ametralladoras y lanzagranadas propulsados por cohetes) entre el 2001 y el 2003,⁴⁷cuando Liberia estaba bajo el embargo de armas dictado por la ONU,⁴⁸y una lista de las tripulaciones que trabajaron en el mismo barco. Junto con otras compañías conectadas de diversas formas con traficantes de armas, como el traficante ucraniano Leonid Minin y Sanjivan Ruprah,⁴⁹socio del conocido traficante Victor Bout, la OTC y Global Star (Asia) habían servido de conducto para los envíos de armas que alimentaron los sangrientos conflictos de Liberia y Sierra Leona y fueron responsables de graves abusos contra los derechos humanos.

En el 2004, Amnistía Internacional informó de que en Liberia “conforme empeoraba el conflicto armado, las fuerzas del gobierno y los grupos armados de oposición cometieron abusos generalizados contra la población civil, como homicidios, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, y reclutamiento forzado de niños. Centenares de miles de civiles se vieron obligados a huir de sus casas. A pesar de los acuerdos de alto el fuego y de paz, las hostilidades y los abusos contra los derechos humanos continuaron. [...] Los responsables de abusos contra los derechos humanos gozaron de una impunidad casi absoluta”.⁵⁰En el 2001, Amnistía Internacional había informado de que en Liberia “[l]as fuerzas de seguridad siguieron infligiendo torturas y malos tratos y cometiendo otras violaciones de los derechos humanos. Se detuvo, se agredió y obligó a exiliarse a defensores de los derechos humanos y a periodistas. Se impusieron penas de prisión a presos políticos en juicios que no cumplieron las normas internacionales de justicia procesal. No hubo progresos en la investigación de abusos contra los derechos humanos cometidos en el pasado. La comunidad internacional continuó acusando al gobierno liberiano de prestar ayuda a fuerzas rebeldes responsables de atrocidades en la vecina Sierra Leona”.⁵¹Van Kouwenhoven es la primera persona procesada por crímenes contra la humanidad cometidos en Liberia. Lo detuvieron en Rotterdam, Países Bajos, el 18 de marzo del 2005 y las autoridades neerlandesas lo acusaron formalmente y lo procesaron por asistencia en la comisión de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

Pistolas fabricadas por Norinco, en las calles de Sudáfrica

A finales de los años noventa se informó de que las pistolas fabricadas por la compañía china Norinco habían inundado el mercado sudafricano.⁵²El análisis de los informes aparecidos en la prensa del país a lo largo de cinco años, entre julio de 1999 y noviembre del 2004, reveló a Amnistía Internacional que las pistolas de 9 mm de Norinco se utilizaban comúnmente en incidentes de robo, violación y otros delitos. Pese a la introducción, mediante la Ley de Control de Armas de Fuego (2000), de disposiciones más duras para regular la posesión, utilización y transferencia de armas de fuego en Sudáfrica, muchas armas entran ilegalmente en el mercado al perderse o ser robadas.

Ni China ni Sudáfrica comunicaron ninguna transferencia de “pistolas y revólveres” entre el 2000 y el 2003. En todo un decenio, entre 1994 y el 2004, la Base de Datos Estadísticos de la ONU, Comtrade, reflejaba una única transferencia de “pistolas y revólveres” de China a Sudáfrica: 10.079 unidades en 1998.⁵³No es posible establecer si esta transferencia incluía las pistolas de Norinco debido a la falta de transparencia de China en cuestión de transferencias militares, de seguridad y policiales.

La tabla infra, confeccionada a partir del análisis de prensa, muestra la gama de incidentes con pistolas y otras armas de Norinco perpetrados en Sudáfrica entre julio del 2003 y noviembre del 2004, y denunciados en varios medios de comunicación. El texto descriptivo que se incluye en la tabla se ha tomado directamente de los artículos de prensa:

Descripción	Arma de Norinco	Fuente
Los hombres tomaron una pistola de Norinco, calibre 9 mm, de los guardias de seguridad y dos teléfonos celulares.	Pistola de Norinco, calibre 9 mm	Xinhua News Agency, 30 de noviembre del 2004, SOUTH AFRICAN GUARDS DISARMED AND RAPED (Desarman y violan a guardias sudafricanos)
Un hombre fue detenido y se encontró en su posesión una pistola de Norinco, calibre 9 mm, sin licencia.	Pistola de Norinco	Asia Africa Intelligence Wire, 29 de abril del 2004, MPUMALANGA POLICE STOP CASH HEIST (La policía de Mpumalanga aborta un atraco)
… llevándose consigo el arma de fuego de Norinco del guardia herido de muerte.	Arma de fuego de Norinco	Asia Africa Intelligence Wire, 8 de marzo del 2004, JHB SECURITY GUARD SHOT DEAD IN CASH HEIST (Muere un guardia de seguridad en un atraco en Johannesburgo)
Durante el registro se llevó 950 rands, dos teléfonos celulares valorados en 4.200 rands, llaves de auto y una pistola de Norinco, calibre 9 mm.	Pistola de Norinco, calibre 9 mm	Asia Africa Intelligence Wire, 23 de febrero del 2004, FAKE COP WANTED FOR ROBBERY (Se busca a un falso policía acusado de robo)
Entre ellos había dos rifles, cinco revólveres y una pistola de Norinco, calibre 9 mm que se había robado a un guardia de seguridad en Hillbrow en diciembre del 2003.	Pistola de Norinco, calibre 9mm	Asia Africa Intelligence Wire, 19 de febrero del 2004, 10 ARRESTED IN FAILED HEIST (10 personas detenidas en un atraco fallido)
Hacia la una y media de la madrugada, la policía detuvo en el Parque Mandela de Katlehong a un hombre de 33 años en posesión de una pistola de Norinco, calibre 9 mm, sin licencia.	Pistola de Norinco, calibre 9 mm	Asia Africa Intelligence Wire, 24 de diciembre del 2003, PUPIL ARRESTED FOR ALLEGED POSSESSION OF ILLEGAL FIREARM (Joven detenido por presunta posesión de arma ilegal)
Se encontró en posesión de los sospechosos una pistola de Norinco, calibre 9 mm, tarjetas de teléfono y una cantidad de efectivo no especificada.	Pistola de Norinco, calibre 9 mm	Asia Africa Intelligence Wire, 25 de noviembre del 2003, FOUR ARRESTED AFTER BFN GARAGE ROBBERIES (Cuatro personas detenidas en relación con los robos de garajes de Bloemfontein)
El sargento Richard Munyai dijo que a un hombre de 41 años le habían robado su pistola Parabellum de Norinco, calibre 9 mm.	Pistola de Norinco, calibre 9 mm	Asia Africa Intelligence Wire, 17 de septiembre del 2003, POLICE ISSUE WARNING ON CONCEALED WEAPONS (La policía advierte sobre la existencia armas en paradero desconocido)
La policía encontró junto al cadáver del hombre un arma de fuego de Norinco, calibre 9mm, denunciada como robada en noviembre de 2001, con una bala en el cargador. Se encontró una billetera con dinero en efectivo, una licencia de armas y una pistola Luger, calibre 9 mm, enfundada. La policía creía que los asaltantes habían reducido al hombre antes de matarlo disparándole con la Norinco. Las dos armas, así como los cartuchos, se someterán a pruebas de balística.	Pistola de Norinco, calibre 9 mm	Asia Africa Intelligence Wire, 31 de julio del 2003, TAXI DRIVER SHOT DEAD IN MDANTSANE (Muerte a tiros de un taxista en Mdantsane)

Con las armas pequeñas, las bandas de delincuentes de Sudáfrica, como sucede en muchos países, destruyen la vida de la población civil.⁵⁴Cuando gran parte de la población de un país posee pistolas y revólveres legalmente y el país padece una delincuencia violenta que hace uso de armas, la necesidad de controles, no sólo nacionales sino internacionales, de la venta de armas es aún más obvia.

El tráfico ilícito de pistolas: Australia, Malaisia y Tailandia

Según las Naciones Unidas, por “tráfico ilícito” de armas se entiende el comercio de armas que contraviene la legislación nacional o internacional⁵⁵y que a veces puede incluir transferencias autorizadas por un gobierno cuando no todos los gobiernos de los países involucrados en la transferencia han dado su consentimiento explícito o cuando la transferencia viola una ley internacional. El comercio ilícito de armas también puede ser simplemente el comercio en armas realizado por grupos o individuos no autorizados, como se ha denunciado con pistolas como las de Norinco, fabricadas en China que, según los informes, han sido halladas por la policía en Australia, Malaisia y Tailandia, además de en Sudáfrica (véase supra). No está claro si los traficantes de armas han violado leyes deliberadamente y comerciado en el mercado ilegal, o si esas pistolas han sido transferidas legalmente al país receptor y posteriormente desviadas o robadas al usuario final autorizado. Los tres Estados declararon importaciones de China entre el 2000 y el 2003 bajo la categoría de la ONU “pistolas y revólveres”.⁵⁶

En Malaisia, un análisis de los informes aparecidos en prensa entre abril del 2004 y septiembre del 2005 muestra varias confiscaciones policiales de armas de Norinco:

Descripción	Arma de Norinco	Fuente
Las armas halladas incluyen un rifle Mak-90 de Norinco, de fabricación china, una escopeta Stevens 311R de cañón recortado, tres revólveres F. Lipietta de fabricación italiana, y un rifle de cañón largo MRSportsmen calibre 22, fabricado en Estados Unidos.	Norinco, rifle Mak-90	Asia Africa Intelligence Wire, 16 de septiembre del 2005 POLICE FOIL BID TO SMUGGLE FIREARMS TO WEST ASIA (La policía frustra una operación de contrabando de armas a Asia occidental)
La policía recuperó dos pistolas semiautomáticas y un revólver: una Colt calibre 45, una Norinco calibre 9 mm, un revólver Smith & Wesson, y una réplica de Beretta.	Norinco, pistola calibre 9 mm	Asia Africa Intelligence Wire, 17 de julio del 2005 THREE KILLED IN SHOOT-OUT (Mueren tres personas en un tiroteo)
La policía está tratando de averiguar si el arma, una Norinco calibre 9 mm, de fabricación china…	Norinco, calibre 9mm	Asia Africa Intelligence Wire, 13 de julio del 2004 GUNMAN DETAINED IN ROUTINE CHECK (Detenido un pistolero en una inspección ordinaria)
Las dos armas confiscadas el jueves, una Glock 19 y una pistola Norinco de fabricación china y 33 balas de calibre 9 mm, estaban en posesión de tres sospechosos de Pandan Indah y fueron confiscadas por una patrulla policial de la unidad contra el robo de vehículos.	Norinco, pistola	Asia Africa Intelligence Wire, 26 de junio del 2004 TWO MORE HANDGUNS SEIZED BY CITY POLICE (Dos pistolas más incautadas por la policía municipal)
El pistolero estaba en posesión de una Norinco semiautomática.	Norinco, pistola	Asia Africa Intelligence Wire, 14 de mayo del 2004 COP OVERPOWERS FUMBLING GUNMAN (Un policía reduce a un pistolero, incapaz de oponer resistencia)
La policía confiscó a los sospechosos una pistola Norinco 213, una pistola Llama calibre 22 y 15 balas.	Norinco, pistola 213	Asia Africa Intelligence Wire, 17 de abril del 2004 TWO GUNMEN NABBED OVER CAR GAFFE (Dos pistoleros descubiertos gracias a un coche)

Según se informó a la organización, en Tailandia, en julio del 2002 continuaba habiendo disponibilidad de armas totalmente nuevas de dos fábricas chinas: Norinco y Poly Technology:

Según informes, pueden conseguirse clandestinamente, a través de ciertos agentes, pequeñas partidas de armas de estas dos compañías. Según una fuente china en Bangkok, se requiere un pedido mínimo de 100.000 dólares estadounidenses (unos 4,5 millones de baht). Una fuente interna dice que el transporte marítimo se realiza en cajones de madera, estampados con las palabras “Frágil, Manejar con cuidado” y “Fabricado en Corea del Sur”. Si la entrega se realiza en Cox’s Bazaar, Bangladesh, las armas llegan por barco mercante desde Hong Kong, vía Singapur y el Océano Índico. Cox’s Bazaar es uno de los destinos preferidos pues tiene muchas vías de escape.⁵⁷

En Australia, la policía manifestó en abril del 2002 sus temores sobre la proliferación de pistolas ilegales: según afirmaron, armas de fabricación china estaban entrando en Australia y el 80 por ciento de estas armas de fuego procedían de la empresa china Norinco.⁵⁸

Armas convencionales

La magnitud de las exportaciones chinas de armas convencionales –como tanques, vehículos blindados de combate, misiles y aviones de combate– resulta difícil de determinar, especialmente desde que China dejó de pasar información al Registro de Armas Convencionales de la ONU en 1997, dando por razón la inclusión de exportaciones de armas estadounidenses a Taiwán.⁵⁹Según datos del periodo de 1992 a 1996, China exportó toda una gama de material militar a Bangladesh, Irán, Myanmar, Pakistán, Sri Lanka y Sudán, países en los que se ha documentado la persistencia de violaciones de los derechos humanos a manos de las fuerzas armadas y de seguridad. Como demuestran los ejemplos que se citan seguidamente, China ha suministrado con regularidad material militar a Sudán, país en el que desde hace muchos años se han cometido persistentemente violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

Helicópteros en el conflicto de Sudán

Aviones y helicópteros han desempeñado un papel crítico en la comisión de violaciones de los derechos humanos en varios conflictos internos de Sudán.

En los últimos 15 años, durante el conflicto armado entre el gobierno y el Ejército Popular de Liberación de Sudán en el sur del país y las montañas Nuba, aviones del gobierno han realizado ataques indiscriminados y ataques deliberados contra civiles. Por ejemplo, en agosto de 1995 el fuego de helicópteros artillados dio muerte a cinco civiles en un ataque contra la población civil en Kotobi, Ecuatoria Occidental.⁶⁰En 1999 las fuerzas gubernamentales llevaron a cabo un bombardeo aéreo de la población civil pese a una prórroga del alto el fuego pactada entre el gobierno sudanés y el Ejército Popular de Liberación de Sudán. En un ataque perpetrado el 21 de febrero del 2002 con un helicóptero artillado del gobierno, se dio muerte a 17 civiles y se hirió a muchos más, a la vez que se frustró la operación de distribución de comida del Programa Mundial de Alimentos.⁶¹

En 1998 la población predominantemente masalit de Darfur Occidental se vio envuelta en un conflicto con las milicias respaldadas, según informes, por helicópteros artillados y vehículos blindados del gobierno.⁶²En junio del 2004, en el conflicto de Darfur, un avión y varios helicópteros dispararon cohetes contra pueblos cuya población civil ya había sido atacada por tierra. Una mujer de 25 años, del pueblo de Abu Jidad en la región de Abu Gamra, refugiada en un campo en Chad, contó a Amnistía Internacional:

Hombres a caballo, en camellos y en vehículos rodearon el pueblo a mediodía. Los yanyawid vinieron con soldados del gobierno; estos últimos vinieron en autos. Dos horas después, un avión Antonov y dos helicópteros sobrevolaron el pueblo y lanzaron cohetes. Los invasores entraron en las casas y dispararon contra mi madre y mi abuelo sin decir palabra. La mayoría de los vecinos se habían quedado en sus casas. El ataque duró dos horas. Quemaron el pueblo entero.⁶³

Según informes, en la década de 1990, China vendió a Sudán aviones y helicópteros. En 1996, se dijo que China había suministrado helicópteros Z-6, fabricados por Changhe Aircraft Industries y destinados al transporte de tropas.⁶⁴En el 2001, la Harbin Dongan Engine Manufacturing Company (Harbin) realizó reparaciones en motores de helicópteros Mi-8 para varios gobiernos, entre ellos el de Pakistán y el de Sudán.⁶⁵Los helicópteros Mi-8 se utilizan por lo general para el transporte de tropas, pero algunos modelos también son portadores de diversos sistemas de armas.

Aunque los helicópteros de transporte puedan no llevar cohetes y misiles, se han utilizado para transportar tropas a zonas de combate o a zonas en las que se han cometido atrocidades contra la población civil.

En diciembre del 2004 se utilizó un helicóptero para transportar a un maestro de primaria detenido, que posteriormente “desapareció”. Abu Seri era uno de los 11 miembros del Congreso Popular detenidos, según informes, en Um Hosh, cerca de Tawesha, en Darfur Septentrional, que fueron trasladados en helicóptero a Al Fasher y golpeados públicamente en el aeropuerto de esta localidad. ⁶⁶

Camiones militares de Dongfeng en Myanmar y Sudán

China ha vendido camiones militares de la empresa Dongfeng a Myanmar y a Sudán.

Dongfeng produce varios vehículos militares, y exporta con el nombre de Dongfeng Aeolus. La serie EQ2081/2100 de camiones militares ha sido, según informes, un vehículo popular de transporte en las fuerzas armadas chinas.⁶⁷Tanto el modelo EQ2082E6D como el EQ2001E6D llevan motores diésel fabricados por la compañía estadounidense Cummins.⁶⁸

El camión militar EQ2082E6D, fabricado por la empresa Dongfeng en China, es el modelo más reciente de la serie EQ2081, con un motor turbo diésel 6BT5.9 fabricado por la compañía estadounidense Cummins.⁶⁹©Chinese Defence Today/SinoDefence.com

En agosto del 2005, se comunicó que 400 camiones militares Aeolus para el gobierno de Myanmar habían llegado a Shweli, cerca de la frontera con China.⁷⁰Según informes, China ha estado suministrando regularmente material militar al ejército de Myanmar desde 1988: tanques, vehículos blindados para transporte de personal y piezas de artillería como obuses, artillería antitanques y artillería antiaérea. Entre 1988 y 1995, según informes, China suministró unos 1.000 vehículos, incluidos camiones Aeolus de 6,5 toneladas, camiones Jiefang de 5 toneladas, camiones Lan Jian de 2 toneladas, camiones Kungi de 2 toneladas, y alrededor de 300 piezas adicionales de maquinaria pesada.⁷¹Durante la década de 1990, China pasó a ocupar el primer lugar en las relaciones comerciales de Myanmar. Según los informes recibidos por la organización, un acuerdo de armas por valor de 1.000 millones de dólares estadounidenses permitió que el gobierno de Myanmar comprara toda una gama de material militar y formación para oficiales de las fuerzas armadas en China.⁷²

En Myanmar se han denunciado desde hace mucho tiempo, y se siguen denunciando todavía, graves violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario a manos del ejército y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Estas violaciones se han cometido especialmente en operaciones de contrainsurgencia en zonas con minorías étnicas, y han incluido torturas, ejecuciones extrajudiciales, reasentamientos forzados, participación obligada en trabajos forzados no remunerados (por ejemplo, como porteadores del ejército), y reclutamiento forzado de menores en el ejército. Estas violaciones de derechos humanos han causado el desplazamiento de centenares de miles de personas, tanto en el interior del país como al extranjero. Los funcionarios del Estado que cometen estas violaciones gozan de una impunidad generalizada.⁷³Según informes, a finales de la década de 1990, el ejército de Myanmar utilizaba vehículos militares para el reclutamiento forzado de menores como soldados.⁷⁴

En Sudán, en agosto del 2005, un Grupo de Expertos de la ONU que estaba investigando violaciones del embargo internacional de envíos de armas a Sudán vio un cargamento de camiones verdes del ejército (Dongfeng) en Port Sudan: “También se observó en octubre un tipo similar de camiones verdes nuevos en los cuarteles de Darfur de las fuerzas armadas del Sudán”.⁷⁵Las investigaciones concluyeron lo siguiente:

El Grupo de Expertos comenzó a investigar cuáles serían los usuarios finales y el destino de los vehículos observados en Port Sudan. La investigación mostró que un total de 222 vehículos (212 camiones militares modelo EQ2100E6D y 10 chasis para furgonetas modelo EQ1093F6D) provinieron de la empresa Dongfeng Automobile Import and Export Limited, de China, fabricante de vehículos y equipo militar. El consignatario fue el Ministerio de Finanzas y Economía Nacional del Sudán. Otros informes recibidos indicaron que los vehículos se consignaron en nombre del Ministerio de Defensa.⁷⁶

No está claro si los modelos de camión entregados recientemente a Myanmar y Sudán llevaban motores diésel de Cummins, pero según la Hubei Dongfeng Motor Industry Import & Export Co, el camión EQ2100E6D lleva el motor turbo diésel 6BT5.9 de Cummins.⁷⁷Cummins ha participado en asociaciones de producción conjunta con Dongfeng desde 1986, y Dongfeng Motors ha estado:

[...] produciendo bajo licencia los motores de la serie B de Cummins desde 1986. Dongfeng también usa motores de las series B y C en sus populares camiones de gama media.⁷⁸

En su informe anual del 2002 a la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos, Cummins declara:

[...] en asociación con Dongfeng International Ltd. en 1995 a fin de establecer una operación conjunta en China –Dongfeng Cummins Engine Co. Ltd.–, para producir motores de nuestra Serie C. Esta empresa conjunta produce motores para el segundo fabricante de camiones más importante de China. También hemos dado licencia a Dongfeng Automotive Corporation para la fabricación de motores Cummins de la Serie B en China.⁷⁹

Más recientemente, en octubre del 2005, Cummins anunció que tenía pensado hacer una inversión adicional de 300 millones de dólares estadounidenses en el mercado chino antes del 2010. En noviembre, la compañía anunció que su empresa conjunta –la Dongfeng Cummins Engine Company– había comenzado a trabajar en un motor de 13 litros para camiones pesados.

En todas las matanzas cometidas en Darfur en el 2004, Amnistía Internacional y otros observadores de los derechos humanos notaron que se usaban camiones militares para transportar tanto a los militares sudaneses como a la milicia yanyawid, y en algunos casos para transportar a personas que iban a ser ejecutadas extrajudicialmente. En abril del 2004, Amnistía Internacional denunció la ejecución extrajudicial de 168 personas de Wadi Saleh, en el oeste de Darfur, cerca de la frontera con Chad. Los hombres fueron capturados en 10 pueblos por un nutrido destacamento de soldados, oficiales de inteligencia militar y milicianos yanyawid, que les vendaron los ojos y, usando camiones militares, se los llevaron en grupos de unos 40 detrás de una colina próxima al pueblo de Deleij. Les ordenaron que se echaran al suelo y los mataron a tiros.⁸⁰

Si los vehículos vistos en Sudán tenían motores Cummins, esto suscitaría serias dudas sobre la vigilancia que llevan a cabo las autoridades estadounidenses del uso final de los componentes fabricados bajo licencia en China y destinados a material militar y a usuarios finales militares. La mayor parte de las exportaciones directas de Estados Unidos a Sudán requieren autorización mediante licencia de exportación. Según figura en las notas explicativas:

La exportación de productos o tecnología de Estados Unidos a terceros países está prohibida si el exportador sabe, o debe saber, que existe la intención de reexportar dichos productos o tecnología a Sudán. La exportación de productos o tecnología destinada específicamente para su incorporación a un producto de un tercer país o para su transformación sustancial al integrarse en un producto de un tercer país, también está prohibida si el producto en cuestión va a ser utilizado en Sudán, si se fabrica específicamente para cumplir un pedido de Sudán, o si las ventas de ese producto concreto del fabricante se destinan predominantemente a Sudán.⁸¹

Los controles que impone el gobierno estadounidense a la exportación de componentes de camiones militares destinados a Sudán deben aplicarse en todos los casos, aunque s trate de una empresa conjunta chino-estadounidense con componentes fabricados en China. Las restricciones del embargo estadounidense impuesto a Sudán fueron introducidas en noviembre de 1997, y estipulan lo siguiente:

Exceptuando la información o los materiales informativos y los artículos donados destinados a aliviar el sufrimiento humano, tales como alimentos, ropa y medicinas, y la exportación de materias primas agrícolas, medicinas y aparatos médicos autorizada por licencia, no podrán exportarse productos, tecnología o servicios de los Estados Unidos a Sudán, sea directamente o a través de terceros países, sin licencia.⁸²

Esta nota debería exigir la aplicación de los mismos estándares a las compañías estadounidenses que operan fuera de Estados Unidos, incluidas las empresas conjuntas, que a las que operan exclusivamente dentro de las fronteras del país. Sin embargo, no está claro si el acuerdo entre las compañías estadounidense y china para la producción de motores Cummins en China recibió autorización oficial o si habría requerido la autorización del gobierno estadounidense, ni cómo debería haberse visto afectado por el embargo estadounidense a Sudán. En cualquier caso, las compañías transnacionales deben fijar y mantener una normativa corporativa que incluya el requisito de respetar las normas internacionales de derechos humanos.

En la República Democrática del Congo se ha recurrido con frecuencia al uso de fuerza excesiva e indiscriminada para dispersar a los manifestantes, a veces con resultados mortales. En enero del 2005, unidades del ejército y de la policía dieron muerte o hirieron de gravedad a decenas de personas en Kinshasa durante protestas contra el aplazamiento de las elecciones. En junio del 2005, según informes, 10 manifestantes fueron abatidos a tiros en diversas ciudades. La fotografía muestra un camión de fabricación china utilizado para transportar a la policía antidisturbios que se disponía a dispersar una manifestación en Kinshasa y que, según los informes recibidos por la organización, recurrió a una fuerza excesiva e indiscriminada.⁸³No se sabe cuándo fue enviado a la República Democrática del Congo este tipo de camión, ni si habría requerido una licencia de las autoridades chinas.

La policía antidisturbios de la República Democrática del Congo, en un camión Jiefang fabricado por Chinese First Automobile Works, se apresta a dispersar manifestaciones en la capital, Kinshasa, el 30 de junio del 2005. Las fuerzas de seguridad dispararon gas lacrimógeno para dispersar a miles de manifestantes que pedían la dimisión del gobierno en protesta por el aplazamiento de las elecciones. © REUTERS/David Lewis.

Material policial y de seguridad

China fabrica y suministra armas de electrochoque, como armas incapacitantes y porras eléctricas. También produce y suministra dispositivos mecánicos de restricción del movimiento como esposas, grillos con pernos y grilletes.

Siete de los 23 fabricantes de grillos con pernos del mundo documentados internacionalmente tienen su sede en China.⁸⁴En el 2002, la fábrica de material policial del distrito de Muping, en Yanti, indicó que era una empresa designada por el Ministerio de Seguridad Pública en 1984 para producir esposas y grilletes, y que se había convertido en el mayor fabricante de este tipo de material en China, produciendo anualmente 500.000 pares de esposas y 20.000 pares de grilletes.⁸⁵

Aunque los dispositivos de restricción, como las esposas, tienen un uso legítimo en muchos casos para controlar a presos peligrosos, la mayor parte de las veces se usan mal. Además, la utilización de cadenas y grillos con pernos para restringir el movimiento de presos está prohibida por las normas internacionales.⁸⁶Pese a ello, entre 1998 y el 2003 Amnistía Internacional documentó el uso de grillos con pernos en por lo menos 38 países.⁸⁷

El gobierno chino no revela a dónde se exporta este tipo de material manufacturado en China. Tampoco queda claro en la lista de control de productos militares que requieren licencia de exportación, según la Normativa para la Administración de las Exportaciones de Armas (2002), si este tipo de material policial está sometido al requisito de licencia en virtud de la normativa. Esta falta de claridad se refleja en las opiniones contradictorias de los fabricantes de porras eléctricas respecto a los requisitos de autorización para exportar y las garantías de uso final para sus productos vigentes en China. Un fabricante dijo que se requeriría, “de la policía o de alguna otra organización”, una licencia de exportación y documentación sobre el uso final para exportar porras eléctricas de China. Otro fabricante y exportador aseguró que no se necesitaba ninguna de las dos cosas.⁸⁸

Dentro de China, las fuerzas de seguridad utilizan las armas de electrochoque, como armas paralizantes y porras eléctricas, para cometer violaciones de los derechos humanos. Al prestar testimonio en abril del 2005 ante el Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Bob Fu, presidente de la organización China Aid describió cómo el pastor Cai Zhuohua de Pekín había sido torturado repetidamente por sus interrogadores con porras de electrochoque para obtener una confesión que lo incriminara.89 La porra de electrochoque utilizada en el testimonio de Bob Fu el 5 de abril del 2005.90

Una pistola de gas lacrimógeno de Norinco, en Tanzania

China también produce y suministra gas lacrimógeno. Amnistía Internacional ha podido verificar que la pistola de gas lacrimógeno que aparece en la siguiente fotografía y que, según los informes recibidos, fue utilizada por un agente de policía tanzano contra manifestantes, es una Norinco de gas lacrimógeno, calibre 35 mm. Se desconoce cuándo fueron exportadas por China a Tanzania. El gas lacrimógeno no está incluido en la lista de control de productos militares de la Normativa para la Administración de las Exportaciones de Armas (2002), y por lo tanto no requiere licencia de exportación del gobierno.

Tras las elecciones del 30 de octubre del 2005 en Zanzíbar, se denunció que la policía y los soldados hicieron uso excesivo de la fuerza cuando se enfrentaron con simpatizantes del partido de la oposición, el Frente Cívico Unido. En Stone Town, Zanzíbar, se utilizaron gases lacrimógenos y camiones cisterna antidisturbios contra los simpatizantes de la oposición.⁹¹

Pie de foto: Un agente de una unidad antidisturbios corre por el distrito Darajani de Stone Town, la principal ciudad de Zanzíbar, blandiendo una pistola Norinco antidisturbios, calibre 38 mm, 1 de noviembre del 2005. La policía de Zanzíbar disparó gas lacrimógeno contra la multitud de simpatizantes de la oposición que aguardaban los resultados de las elecciones. Según informes, unas 20 personas resultaron heridas cuando la policía usó gas lacrimógeno y granadas paralizantes para dispersar a varios centenares de personas congregadas a la puerta de la sede del Frente Cívico Unido. Según testigos presenciales, algunas recibieron el impacto de los botes de gas, y otras resultaron afectadas por el humo. © Marco Longari/AFP/Getty Images

En el 2001 la policía usó gas lacrimógeno y fuego real para dispersar manifestaciones y al menos 37 personas resultaron muertas, seis de ellas policías; el número de heridos se desconoce. Las manifestaciones fueron organizadas por el Frente Cívico Unido, en las islas de Zanzíbar (Unguja y Pemba) y en Dar es Salam, tras las elecciones de octubre para pedir nuevas elecciones presidenciales y parlamentarias y reforma constitucional. La opinión generalizada de los observadores de las elecciones celebradas en Zanzíbar era que habían sido injustas. La policía declaró que las manifestaciones del Frente Cívico Unido eran ilegales y representaban una amenaza para la paz y la estabilidad. La prohibición fue impugnada por el Frente aduciendo que la policía carecía de autoridad jurídica para restringir el derecho de reunión. La respuesta de la policía a que se cuestionara su autoridad fue excesiva.⁹²

Los productos irritantes como el gas lacrimógeno pueden causar dolor. Su uso por la policía y los servicios de seguridad está permitido en muchos países para fines como los de dispersión de multitudes. Las normas internacionales de derechos humanos estipulan que las personas tienen derecho a reunirse pacíficamente y que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben mantener y respetar los derechos humanos de todas las personas, que deben recurrir a la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario, y que el recurso a tales métodos debe estar cuidadosamente controlado y guardar proporción con el objetivo legítimo que se persigue. Sin embargo, en algunos países se hace mal uso del gas lacrimógeno a menudo, y se utiliza para causar daño a individuos y para reprimir su derecho de reunión pacífica.

Controles a la exportación de armas en China

El gobierno chino ha afirmado que controla rigurosamente la transferencia de material militar convencional y tecnologías conexas. Ha declarado que respeta el derecho de todo país a adquirir armas de conformidad con los principios de la Carta de las Naciones Unidas, pero que le preocupan los “efectos adversos que puedan causar en la seguridad mundial y la estabilidad regional las excesivas acumulaciones de armamento”.⁹³El gobierno fija con regularidad su política de control de armas, desarme y no proliferación. En la más reciente de sus declaraciones al respecto, el gobierno expresó su apoyo a los esfuerzos multilaterales para combatir el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras, y participó activamente en el trabajo sobre esta cuestión dentro del marco de las Naciones Unidas.⁹⁴En una reunión de la ONU sobre armas pequeñas celebrada en Nueva York en enero del 2006, la delegación china manifestó su esperanza de que la conferencia que está previsto celebrar para revisar la aplicación del Programa de Acción sobre armas pequeñas “logre resultados sustanciales por consenso, a fin de promover aún más y con eficacia los esfuerzos globales, regionales y nacionales para combatir el tráfico ilícito de armas pequeñas y armas ligeras”.⁹⁵Sin embargo, muchas de las disposiciones del Programa de Acción son imprecisas respecto a controles concretos y criterios rigurosos para autorizar las transferencias de armas. La delegación china, además, se ha opuesto a la elaboración de criterios comunes congruentes con las responsabilidades de los Estados en virtud de la legislación internacional para el control de las transferencias.

Los controles que impone China a las transferencias internacionales de armas se establecen en la Normativa de la República Popular de China para la Administración de las Exportaciones de Armas, adoptada el 22 de octubre de 1997. Esta normativa estableció un sistema de licencias según el cual no se permitía ninguna transferencia de los productos militares enumerados sin la autorización de los departamentos gubernamentales responsables. Sólo se permitían las transferencias realizadas por entidades o compañías autorizadas a tal efecto y registradas por el gobierno. Según la normativa, las exportaciones especialmente importantes (por ejemplo, las que sientan precedente, las de considerable envergadura o las de artículos muy delicados) han de ser sometidas a la aprobación del Consejo de Estado y la Comisión Militar Central.⁹⁶

La normativa fue revisada y actualizada el 15 de octubre del 2002 para incorporar a ella una lista de control de productos militares que requieren licencia de exportación, y parece ampliar los controles de las exportaciones para incluir a los exportadores privados. Los cambios también concedían al gobierno la autoridad de restringir o prohibir la exportación de artículos por razones de seguridad nacional.

Los tres principios básicos que el gobierno chino establece como guías de la política de licencias de exportación de armas son muy imprecisos y susceptibles de una interpretación flexible. Se requiere que las exportaciones de armas sean conducentes a la legítima defensa del país receptor, que no dañen la paz, la seguridad y la estabilidad de la región en particular y del mundo en general, y que no representen injerencia en los asuntos internos del país receptor.⁹⁷

Estos principios son muy inferiores a los que se contemplan en la mayoría de los acuerdos internacionales para el control de armas, acuerdos como: los Principios Reguladores de las Transferencias de Armas Convencionales (1993), de la OSCE; el Documento de la OSCE sobre Armas Pequeñas y Armas Ligeras (2000); el Código de Conducta de la Unión Europea en materia de Exportación de Armas (1998); las Directrices de Mejores Prácticas para las Exportaciones de Armas Pequeñas y Ligeras del Arreglo de Wassenaar (2002), y las Directrices sobre Mejores Prácticas para la Aplicación del Protocolo de Nairobi sobre APAL. A diferencia de estas normas internacionales, la normativa china no incluye una cláusula concreta que prohíba la transferencia de armas a países en los que existe la probabilidad de que se utilicen para la comisión de graves violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Preocupa a Amnistía Internacional que, a los efectos de sus decisiones sobre el control de armas, el gobierno chino interprete el requisito de no injerencia en los asuntos internos de otros Estados de una manera no acorde con las obligaciones de derecho internacional que pesan sobre los Estados, y que se considere exento de la obligación de tener en cuenta la trayectoria de derechos humanos de un posible Estado receptor.

La normativa china del 2002 es aplicable a las armas convencionales utilizadas principalmente para fines militares, como armas pequeñas, munición, bombas, misiles antitanques, vehículos blindados, las piezas y componentes de estas armas, y otro material militar que requiere licencia.⁹⁸Por tanto, parece que las pistolas requieren licencia en virtud de la normativa, ya que están clasificadas como armas pequeñas.

La normativa del 2002 también da primacía sobre el ordenamiento jurídico interno a los tratados internacionales que China ha firmado o ratificado:

Cuando un tratado internacional acordado o ratificado por la República Popular de China contenga disposiciones distintas de las de esta normativa, prevalecerán las disposiciones del tratado internacional, excepto en relación con aquellas disposiciones que hayan sido objeto de reservas por la República Popular de China.⁹⁹

Sin embargo, los controles de las exportaciones de armas de China no especifican qué constituye una infracción de la normativa o de sus principios rectores, ni a qué tratados internacionales se refiere, cómo deben aplicarse o cómo se vigilará su cumplimiento. Si esto se añade a la falta de información pública sobre la aplicación de los controles de exportación, resulta claro que no hay suficiente rendición de cuentas sobre cómo se interpretan y aplican la normativa y los principios.

Por ejemplo, la normativa requiere que los exportadores de material militar “entreguen certificados y documentos válidos del Estado receptor” (artículo 15). También se considera un delito común la falsificación de tales documentos (artículo 22.4). Sin embargo, la valoración del riesgo de desvío parece limitarse a estas medidas al autorizar la exportación de armas: no existe una monitorización sistemática del uso final de las armas exportadas y, una vez efectuada la exportación, la verificación de las transferencias de armas es muy limitada. Esto incrementa el riesgo de desvío de las exportaciones chinas¹⁰⁰ y, peor aún, aumenta el riesgo de que se utilicen para cometer abusos contra los derechos humanos.

Aunque no parece haber un requisito específico de autorización para los acuerdos de producción bajo licencia, el artículo 2 de la normativa del 2002 se aplica a la exportación de “servicios de producción especiales, así como a los materiales, tecnologías y mantenimiento conexos”. Hay poca información disponible sobre la producción bajo licencia de las principales armas convencionales y de armas pequeñas y ligeras.

No existen disposiciones concretas para el corretaje de armas. Sin embargo, el artículo 20 de la normativa del 2002 “prohíbe que un particular se dedique a la exportación de productos militares”. La prohibición legal del corretaje se refuerza en el informe de China del año 2005 al Programa de Acción de las Naciones Unidas, en el que China manifiesta que “desde el punto de vista jurídico, los intermediarios de armas están prohibidos en China. De conformidad con la Normativa para la Administración de las Exportaciones de Armas, todas las actividades de comercio de armas de China las realizan exclusivamente las compañías que han sido designadas y autorizadas específicamente para ello por el Estado. La participación en esta actividad por parte de cualquier otra entidad o individuo es ilegal.”¹⁰¹Esta afirmación no aclara si las actividades de corretaje de las “compañías que han sido designadas y autorizadas específicamente” por el Estado para llevar a cabo actividades de intermediación están sometidas a la normativa y por lo tanto al requisito de licencia. Sin embargo, según el instituto académico Center for International Trade and Security, el Ministerio de Comercio chino no reconoce la condición de intermediario en las transacciones para la exportación de armas.¹⁰²No está claro si la prohibición abarca sólo a los individuos y compañías chinos, o también a los nacionales y compañías extranjeros que se dedican al corretaje de armas chinas, o a las compañías con sede, o registradas, en Hong Kong que se dedican a actividades de corretaje.

La normativa deja claro que el material policial está sujeto a licencia (artículo 29). Sin embargo, la lista de control de productos militares que requieren licencia de exportación no contiene una categoría específica para material policial. La lista actual incluye material que podría tener una aplicación policial, como “material especial: armas portadas y usadas por un individuo o unidad para cumplir tareas de [...] acción antidisturbios”, “vehículos blindados de seguridad” y “vehículos multiuso con ruedas, de alta maniobrabilidad (incluidos [...] vehículos de seguridad)”. Sin embargo, en la lista no se hace referencia a agentes antidisturbios como el gas lacrimógeno ni a los sistemas de propulsión de éstos o a los dispositivos mecánicos de restricción del movimiento. Por tanto, la información sobre qué “material policial” considera el gobierno chino que debe requerir licencia de exportación, sigue siendo confusa e incompleta.

Controles internacionales

Los Estados poseen el derecho de legítima defensa en virtud de la Carta de las Naciones Unidas, pero también tienen el deber de respetar otros artículos de la Carta, por ejemplo: el artículo 1 (el deber de fomentar y promover el respeto y la observancia de los derechos humanos), y el artículo 26 (el deber de promover el establecimiento y mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales con la menor desviación posible de los recursos humanos y económicos del mundo hacia los armamentos).

El Consejo de Seguridad de la ONU también insiste en que los países exportadores de armas deben ejercer el más alto grado de responsabilidad en relación con las transacciones de armas pequeñas y ligeras con arreglo a sus responsabilidades actuales en virtud del derecho internacional aplicable.¹⁰³Según las Directrices de la Comisión de Desarme de la ONU para las transferencias internacionales de armas (1996), “[c]abe encontrar limitaciones a las transferencias de armas en tratados internacionales, en decisiones vinculantes adoptadas por el Consejo de Seguridad con arreglo al Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas y en los propósitos y principios de la Carta.”[párr. 8] Además, “[s]e entiende que el tráfico ilícito de armas abarca el comercio internacional de armas convencionales que se realiza en contravención de la legislación de los Estados o del derecho internacional.” [párr. 7]¹⁰⁴ Sin embargo, la Asamblea General todavía no ha acordado un conjunto de normas explícitas que proporcionen criterios claros y justos para las decisiones relacionadas con la transferencia internacional de armas convencionales.

Existe un consenso creciente entre gobiernos sobre la necesidad de contar con controles más estrictos relativos a las transferencias internacionales de armas que sigan directrices o principios comunes. Ya se han acordado normas regionales y multilaterales entre 106 Estados en las que se esbozan unos estándares comunes para la autorización de transferencias internacionales de armas, incluidos criterios y directrices para regular la transferencia de armas. Los acuerdos de la Organización de los Estados Americanos (OEA), de la OSCE, de la UE y el Protocolo de Nairobi hacen referencia a un conjunto de criterios o principios comunes, incluido el respeto de las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario, para regular la concesión de licencias de exportación.

Sin embargo, todos estos acuerdos presentan deficiencias, lo que pone de manifiesto la urgente necesidad de contar con un instrumento internacional que asegure que todos los Estados obedecen las mismas normas en virtud del derecho internacional. No todos estos acuerdos son vinculantes, por lo que no todos los Estados han incorporado los requisitos y normas de esos acuerdos en su ordenamiento jurídico o los han puesto en práctica. La formulación de criterios o directrices para autorizar transferencias de armas no siempre refleja completamente las obligaciones que ya tienen los Estados en virtud del derecho internacional. Algunos de los acuerdos se limitan a armas pequeñas y armas ligeras, y la mayoría de las disposiciones de los acuerdos sólo se refieren a las ventas comerciales, por lo que no se aplican a las ventas de gobierno a gobierno.

Un número creciente de Estados han manifestado que apoyan la elaboración de un instrumento vinculante para controlar las transferencias internacionales de armas, y de unos criterios comunes que se basen en las reglas mencionadas. Amnistía Internacional está haciendo campaña para conseguir que los Estados den su apoyo a un Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas que permita controlar con eficacia la transferencia internacional de armas convencionales y material de seguridad. Un tratado de estas características consagraría los criterios y las normas comunes existentes para ayudar a proteger los derechos humanos y garantizar el respeto del derecho internacional. En él, se contemplaría la mayor gama posible de armas, municiones y material de uso en actos militares y operaciones de aplicación de la ley, e incluiría sus componentes y tecnologías, además de la asistencia técnica y la formación para el empleo de ese material. Ayudaría a impedir que las armas cayeran en manos de personas que las utilizan para atacar a los civiles, para lanzar ataques indiscriminados y para perpetrar más abusos de todo tipo contra los derechos humanos.

Son ya más de 50 los Estados que han expresado su apoyo a la idea de un Tratado Internacional sobre el Comercio de Armasque se apoye en las normas internacionales, y muchos más los que han pedido instrumentos internacionales vinculantes para las transferencias de armas. Amnistía Internacionalexhorta a las autoridades chinas a que apoyen la iniciativa para un Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas. Los principios en los que debe basarse el tratado codifican en tres categorías las obligaciones que ya tienen los Estados:prohibiciones expresas, limitaciones basadas en el uso, y factores que se deben tener en cuenta. La versión íntegra de estos principios globales figura en el Apéndice de este informe.

Conclusión y recomendaciones

La responsabilidad de controlar el flujo de armas recae en primer lugar en los gobiernos. Como gran exportador de armas y miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, China tiene una responsabilidad aún mayor de asegurar que sus transferencias de armas no contribuyen a las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

Como se muestra en este informe, China ha transferido material militar, de seguridad y policial a las fuerzas armadas y a órganos encargados de hacer cumplir la ley de países en los que esas armas se utilizan para violar los derechos humanos de forma persistente y sistemática. La ausencia, en la normativa china que regula las decisiones sobre exportaciones de armas, del criterio de respetar los derechos humanos, es una carencia importante en el control de las transferencias de armas.

Amnistía Internacional cree que la transparencia es un componente esencial de un régimen nacional de control de las exportaciones, pues permite un escrutinio eficaz –público y parlamentario–, de las decisiones sobre la autorización de transferencias de material militar, de seguridad y policial. El gobierno chino, sin embargo, no elabora un informe anual de dichas transferencias. Sólo proporciona datos a Comtrade, la Base de Datos Estadísticos de la ONU sobre Comercio de Mercancías, y ha dejado de presentar datos al Registro de Armas Convencionales de la ONU. Esta información tan limitada impide un escrutinio público eficaz que garantice que las transferencias de armas no contribuyen a la comisión de violaciones de los derechos humanos. Así pues, no existe un verdadero mecanismo que vigile que se respetan los derechos humanos y el derecho internacional humanitario al tomar decisiones sobre la concesión de licencias.

El informe también señala cómo la cooperación entre compañías chinas y europeas, rusas y estadounidenses suscita graves temores por el riesgo de que China exporte el material militar y de doble uso resultante de esta cooperación a fuerzas armadas o grupos que lo utilizan para la comisión de violaciones manifiestas de los derechos humanos. Esta actividad de las empresas extranjeras parece ser una infracción de los compromisos que suscribieron los gobiernos canadiense, estadounidense, europeo y ruso en virtud de los Principios Reguladores de las Transferencias de Armas Convencionales, de la OSCE, en relación con el deber de cada Estado de evitar “las transferencias susceptibles de [...] ser utilizadas para violar o suprimir los derechos humanos y las libertades fundamentales”, y de los criterios de control de los bienes y tecnologías de doble uso con potencial militar que dispone el Arreglo de Wassenaar sobre el Control de las Exportaciones de Armas Convencionales y de Bienes y Tecnologías de Doble Uso.

También pone de relieve la conveniencia de mantener los embargos de armas a China impuestos por Estados Unidos y la UE, en vista del alto riesgo de que la capacidad militar y de seguridad transferida por Estados Unidos y los países de la UE pueda ser usada por las empresas chinas para producir y exportar material militar, de seguridad y de doble uso que puede ser fácilmente transferido y utilizado para cometer graves abusos contra los derechos humanos en la propia China o en ciertos terceros países.

Amnistía Internacional insta por tanto al gobierno chino, así como a los socios comerciales de China, a que cumplan sus obligaciones internacionales existentes y tomen las siguientes medidas para asegurarse de que las exportaciones de armas y de material de seguridad no contribuyen a cometer graves abusos contra los derechos humanos.

Recomendaciones a las autoridades chinas para el control nacional de armas por China

Amnistía Internacional pide a las autoridades chinas que:

• cumplan, e incorporen al ordenamiento jurídico interno, las obligaciones que China ha contraído en virtud del derecho internacional, de no autorizar las transferencias de armas y la asistencia militar y de seguridad conexa a menos que pueda demostrarse claramente que dichas transferencias no contribuirán a la comisión de graves violaciones de los derechos humanos o de infracciones del derecho internacional humanitario.

• especifiquen exactamente qué material policial está sometido a controles y a la obtención de licencia en virtud del artículo 29 de la Normativa para la Administración de las Exportaciones de Armas (2002). La Lista de Control de las Exportaciones de Productos Militares anexa a la Normativa debería incluir una categoría específica sobre material policial –que abarque todos los principales tipos de material policial y de seguridad–, en la que se hiciera constar el tipo de material sometido a controles.

• prohíban el uso, fabricación, comercio y promoción de métodos y dispositivos policiales para la restricción del movimiento que sean intrínsecamente crueles, inhumanos y degradantes, y que prohíban su promoción y comercio con otros países. Dicha prohibición debería abarcar los grillos con pernos, los cinturones paralizantes (de electrochoque) y los dispositivos intrínsecamente dolorosos como las esposas dentadas para pulgares.

• refuercen la transparencia en materia de transferencias de armas elaborando informes anuales y públicos de todas las transferencias militares, de seguridad y policiales que han recibido autorización para exportar y han sido exportadas: la información debe incluir cuántos artículos han recibido licencia de exportación, para qué país y para qué usuario final; y que reanuden la presentación anual de datos al Registro de Armas Convencionales, de la ONU, tanto de las exportaciones como de las importaciones, e incluyan información sobre exportaciones de APAL como información voluntaria.

• establezcan sistemas oficiales, adecuados y fiables, para el marcado de las armas durante su fabricación o importación, así como para mantener un registro adecuado de la producción, posesión y transferencia de armas. Deberán abarcar las transferencias entre Estados, y cumplir las normas establecidas en acuerdos internacionales para el rastreo de armas.

• impidan las actividades ilícitas de corretaje, logística y transporte de armas, especialmente a destinos en los que dichas armas tienen probabilidad de ser usadas para facilitar la comisión de graves violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario. El control del corretaje internacional de armas debe tener aplicación extraterritorial. Los intermediarios de armas deben estar registrados, y deben mantenerse datos de los intermediarios, transportistas y tratantes de armas registrados por un periodo de por lo menos 10 años.

• establezcan un sistema de rigurosa vigilancia del uso final, que incluya procedimientos de verificación de la entrega para comprobar que las armas han sido recibidas por el receptor autorizado, y de monitorización del uso final para asegurarse de que las armas no son reexportadas o desviadas a un usuario no autorizado.

Recomendaciones a las autoridades chinas para que China apoye las iniciativas internacionales de control de armas

China debe usar su creciente influencia en el mundo para respaldar activamente la responsabilidad de todos los Estados de cumplir sus compromisos internacionales e impedir las transferencias irresponsables de armas, a fin de incrementar la seguridad internacional y el respeto de los derechos humanos.

Amnistía Internacional pide a las autoridades chinas que:

• respalden la inclusión de directrices sobre las transferencias internacionales de armas en el marco del Documento Final de la Conferencia de Revisión de la ONU (junio-julio del 2006), basadas en el derecho internacional pertinente, lo que incluye las normas de derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

• apoyen el establecimiento de un grupo gubernamental de expertos en corretaje internacional de armas, que deberá presentar un informe como máximo antes de finales del 2007 con sus propuestas para la elaboración de un instrumento global que comprenda: normas y disposiciones operativas para regular la intermediación y el transporte internacionales de armas; adecuación y discrepancia de las leyes y normativas nacionales existentes sobre corretaje de armas con respecto a los pertinentes compromisos internacionales de los Estados; elementos para la cooperación y asistencia internacionales en materia de control del corretaje y transporte de armas; y las consultas realizadas a expertos no gubernamentales en estas cuestiones.

• apoyen los esfuerzos que se están realizando para establecer un Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas que abarque todas las armas convencionales a partir de un acuerdo, en la Asamblea General de octubre del 2006, basado en los seis principios propuestos (véase el Apéndice) para velar por los principios pertinentes del derecho internacional, incluidas las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

Recomendaciones a los socios comerciales de China para el control de armas

Amnistía Internacional pide a los socios comerciales de China que:

• apliquen plenamente los Principios Reguladores de las Transferencias de Armas Convencionales, de la OSCE, y el Arreglo de Wassenaar sobre el Control de las Exportaciones de Armas Convencionales y de Bienes y Tecnologías de Doble Uso.

• mantengan los embargos de armas existentes impuestos a China. Mientras China continúe permitiendo la exportación de armas a las fuerzas armadas de países que perpetran violaciones manifiestas de los derechos humanos, los gobiernos de Estados Unidos y de la UE no deben relajar sus embargos de armas a China. Amnistía Internacional pide particularmente a los Estados miembros de la UE que aclaren y especifiquen el alcance y aplicación de su embargo de armas a China a fin de reducir al mínimo la distinta interpretación que se da en todos ellos, y que se aseguren de que la UE no colabora en los tipos de armas exportados por China que se utilizan para cometer graves violaciones de los derechos humanos.

• apoyen los esfuerzos que se están realizando para establecer un Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas que abarque todas las armas convencionales empezando con un acuerdo, en la Asamblea General de octubre del 2006, basado en los seis principios propuestos (véase el Apéndice) para velar por los principios pertinentes del derecho internacional, incluidas las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

Apéndice: Principios Globales para las Transferencias Internacionales de Armas

NOTA: Los siguientes Principios engloban las obligaciones actuales de los Estados en materia de transferencias internacionales de armas y municiones. Los ha propuesto un grupo muy variado de organizaciones no gubernamentales.

En ellos se refleja el contenido de diversos instrumentos internacionales, como tratados internacionales y regionales, declaraciones y resoluciones de las Naciones Unidas y de otras organizaciones multilaterales y regionales y normas concebidas para servir de modelo a las legislaciones nacionales. En algunos se refleja el derecho consuetudinario y de los tratados; en otros, normas incipientes ampliamente aceptadas. La compilación indica las normas generales óptimas que se deberían adoptar para establecer un control efectivo de todas las transferencias internacionales de municiones y armas convencionales. En ellas se reflejan las obligaciones de los Estados según el derecho internacional, al tiempo que se reconoce el derecho de los Estados a la legítima defensa y al mantenimiento del orden según las normas internacionales.

Principio 1: Responsabilidad de los Estados

Todas las transferencias internacionales de armas y municiones deberán estar sujetas a la autorización de todos los Estados que tengan jurisdicción sobre cualquier parte de la transferencia (incluidas importación, exportación, tránsito, transbordo y corretaje) y deberán ser ejecutadas de acuerdo con leyes y procedimientos nacionales que reflejen, como mínimo, las obligaciones de los Estados de acuerdo con el derecho internacional. La autorización de cada transferencia será concedida, por escrito, por funcionarios públicos designados con este fin, sólo si la transferencia en cuestión se ajusta a los Principios enunciados infra, y no se concederá cuando sea probable que las armas o municiones se desvíen a un receptor distinto del destinatario legal estipulado o se reexporten con fines contrarios a los objetivos de estos Principios.

Principio 2: Limitaciones expresas

Los Estados no autorizarán transferencias internacionales de armas o municiones que violen sus obligaciones expresas de acuerdo con el derecho internacional.

Estas obligaciones comprenden:

1. Obligaciones derivadas de la Carta de las Naciones Unidas, incluyendo:

   1. resoluciones vinculantes del Consejo de Seguridad, tales como las que imponen embargos de armas;

   2. la prohibición de la amenaza o el uso de fuerza;

   3. la prohibición de intervenir en asuntos internos de otro Estado.

2. Cualquier otro tratado o decisión por el cual ese Estado esté obligado, incluyendo:

3. Principios universalmente aceptados del derecho internacional humanitario, incluyendo:

   1. la prohibición del uso de armas de tal índole que causen males superfluos o sufrimientos innecesarios;

   2. la prohibición de armas o municiones que sean incapaces de distinguir entre combatientes y civiles.
      
      

Principio 3: Limitaciones basadas en el uso real o probable

Los Estados no autorizarán transferencias internacionales de armas o municiones cuando éstas vayan a ser usadas para violar el derecho internacional o sea probable que vayan a ser usadas para este fin, incluyendo:

1. violaciones de la Carta de las Naciones Unidas y normas del derecho consuetudinario relativas al uso de la fuerza;

2. graves violaciones del derecho internacional de los derechos humanos;

3. graves violaciones del derecho internacional humanitario;

4. actos de genocidio y crímenes de lesa humanidad.

Principio 4: Factores que se deben tener en cuenta

Antes de autorizar una transferencia de armas, los Estados tendrán en cuenta otros factores, como el uso probable de las armas o las municiones, antes de autorizar una transferencia de armas, incluyendo el historial del receptor en materia de cumplimiento con los compromisos y la transparencia en el campo de la no proliferación, el control de armas y municiones y el desarme.

Los Estados no deben autorizar la transferencia si es probable que ésta:

1. vaya a ser usada para la comisión de actos terroristas o para facilitar dicha comisión;

2. vaya a ser usada para la comisión de crímenes violentos o actos de delincuencia organizada o para facilitar dicha comisión;

3. perjudique la seguridad o la estabilidad regional;

4. perjudique el desarrollo sostenible;

5. suponga prácticas corruptas;

6. contravenga otros compromisos asumidos o decisiones tomadas en el ámbito internacional, regional o subregional o acuerdos suscritos sobre no-proliferación, control de armas y desarme por los Estados exportadores, importadores o de tránsito.

Principio 5: Transparencia

Los Estados remitirán cada año informes nacionales exhaustivos sobre todas sus transferencias internacionales de armas y municiones a un registro internacional, que se encargará de publicar anualmente un exhaustivo informe internacional compilatorio. En estos informes figurarán todas las transferencias internacionales de armas y municiones convencionales, incluidas las armas pequeñas y ligeras.

Principio 6: Controles exhaustivos

Los Estados establecerán normas comunes sobre mecanismos específicos para controlar:

1. todas las importaciones y exportaciones de armas y municiones;

2. las actividades de corretaje de armas y municiones;

3. las transferencias de la capacidad de producción de armas y municiones; y

4. el tránsito y transbordo de armas y municiones.

Los Estados establecerán disposiciones operativas para la vigilancia del cumplimiento de estos Principios, así como procedimientos de revisión destinados a reforzar su aplicación plena.