Document - China: The Olympic countdown - three years of human rights reform?


[Fecha de embargo: 5 de agosto 00:01 horas GMT]Público


Amnistía Internacional



República Popular de China


Los Juegos Olímpicos: empieza la cuenta atrás ¿Tres años de reformas de derechos humanos?
























República Popular de China



Los Juegos Olímpicos: empieza la cuenta atrás ¿Tres años de reformas de derechos humanos?



"[...] el Olimpismo se propone crear un estilo de vida basado en la alegría del esfuerzo, el valor educativo del buen ejemplo y el respeto por los principios éticos fundamentales universales."

Carta Olímpica, Principios Fundamentales, párrafo 2



Dentro de tres años, el 8 de agosto del 2008, darán comienzo los Juegos Olímpicos en Pekín. Amnistía Internacional pide a las autoridades chinas que cumplan la promesa que hicieron de mejorar la situación de los derechos humanos en el país si Pekín era elegida anfitriona de los Juegos Olímpicos del 2008. En abril del 2001, el vicepresidente del Comité para la Candidatura de los Juegos Olímpicos "Pekín 2008", Liu Jingmin, declaró que "permitiendo que los Juegos se celebren en Pekín contribuirán al desarrollo de los derechos humanos". Liu Qi, alcalde de Pekín, también prometió que la celebración de los Juegos en la ciudad impulsaría el progreso social y el desarrollo económico en China, y mejoraría la situación del país en cuestión de derechos humanos. Los representantes del Comité Olímpico Internacional (COI) han dejado claro que esperan que los derechos humanos mejoren en China como resultado de la elección de Pekín como anfitriona de los Juegos. La revisión de la Constitución china en marzo del 2004, para que incluyera la cláusula "El Estado respeta y protege los derechos humanos", sugiere que las autoridades chinas están intentando tomarse en serio la tarea de mejorar la situación de los derechos humanos en el país.

Pese a estas promesas, en China siguen cometiéndose graves violaciones de derechos humanos. Destacan entre ellas las que se infligen a los ciudadanos chinos en conexión con los preparativos del país para los Juegos, y que incluyen, entre otras, el encarcelamiento de individuos que han enviado cartas abiertas al COI pidiendo que se mejore la situación de los derechos humanos en el país, el desalojo forzado –en muchos casos, ilegal– de miles de residentes de Pekín en preparación para los Juegos, y una creciente dureza en la supresión de aquellos grupos que las autoridades temen puedan poner en evidencia al país durante los Juegos. Las organizaciones internacionales de derechos humanos siguen teniendo un acceso sumamente limitado a China a los efectos de realizar investigaciones y otras actividades de derechos humanos conexas.

Las autoridades chinas deben cumplir las promesas que hicieron de mejorar la situación de los derechos humanos en el país si se les concedían los Juegos. Las normas internacionales de derechos humanos y el espíritu del Olimpismo, para el que "salvaguardar la dignidad del individuo es un requisito fundamental", así lo exigen.

Amnistía Internacional propone hoy –como parte de una agenda más amplia sobre las preocupaciones que suscita el historial de derechos humanos de China–, un conjunto de medidas realistas, prácticas, que las autoridades están en condiciones de aplicar en los tres años que quedan hasta los Juegos del 2008 para acercar la práctica gubernamental a las normas internacionales de derechos humanos y a los ideales de la Carta Olímpica. Amnistía Internacional monitorizará los avances que se realicen en estas áreas a lo largo de los próximos tres años, e informará sobre ellos.



Abolición de la pena de muerte y reforma del sistema de justicia

Amnistía Internacional cree que la aplicación continuada de la pena de muerte en China niega el "mantenimiento de la dignidad humana" que Pekín, como anfitriona de los Juegos Olímpicos, se ha comprometido a respetar. Este menoscabo del espíritu que los Juegos Olímpicos se esfuerzan por promover queda tristemente ilustrado por la decisión del gobierno de sacar a licitación, bajo el lema "Nuevo Pekín, Nuevos Juegos Olímpicos: La Oportunidad para China y el Mundo", una cámara de ejecución en la que los condenados a muerte por el Tribunal Popular Superior de Pekín serían ejecutados por inyección letal. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, porque viola el derecho a la vida y representa la máxima expresión de castigo cruel, inhumano y degradante.

El recurso a la pena de muerte, tan extendido, es particularmente preocupante dadas las deficiencias que presenta el sistema de justicia chino, como son la ausencia de una judicatura independiente e imparcial y la frecuente injerencia directa de agentes políticos, el uso generalizado de la tortura para obtener confesiones forzadas, los graves problemas de acceso a la justicia que padecen particularmente las zonas rurales, y la corrupción que impregna a la judicatura y demás personal judicial, todo ello exacerbado en parte por la falta de transparencia en los procedimientos judiciales. Los errores judiciales que han salido a la luz recientemente en casos punibles con la muerte, no hacen sino acentuar la urgencia de las reformas judiciales que precisa el sistema.

Entre las reformas judiciales que Amnistía Internacional considera esencial que China adopte en los próximos tres años para avanzar hacia un sistema de justicia transparente y equitativo –algunas de ellas ya anunciadas por las autoridades chinas pero no implementadas aún–, figuran las siguientes:

Reintroducir ahora, y hasta que quede finalmente abolida la pena de muerte, el sistema de que todas las condenas a muerte sean objeto de revisión final por el Tribunal Supremo; reducir la gama y tipos de delitos punibles con la pena de muerte, reducción que debería eliminar esta pena para los delitos no violentos, y publicar estadísticas nacionales sobre las penas de muerte impuestas y ejecutadas. Y, dados los problemas que padece el sistema de justicia chino –problemas que reconocen tanto el gobierno como los expertos–, declarar una suspensión de todas las ejecuciones.

Abolir el sistema de los Comités Político-Jurídicos, que institucionaliza la supremacía del Partido Comunista Chino frente a la ley, como primera medida para conseguir una judicatura independiente. Reformar el sistema de Comités de Resolución y presidentes de tribunal, pues reduce la autonomía de los jueces. Reformar asimismo los sistemas actuales de evaluación del desempeño judicial, como, por ejemplo, el sistema de basado en el porcentaje de casos resueltos y cerrados, que en la práctica tienden a distorsionar la responsabilidad judicial frente a los encausados y alimentan la corrupción. Comprometerse a asignar muchos más recursos a la formación y retribución de los jueces, pues también es necesario para atraer y formar a personal judicial cualificado.

Imbuir de mayor transparencia los procedimientos judiciales, pues ello contribuirá de forma significativa a erradicar la corrupción y las injusticias que son endémicas hoy en China. Dar prioridad a reforzar todavía más el sistema de asistencia letrada gratuita –que ya ha sido objeto de mejoras considerables en años recientes–; esto es particularmente importante en las zonas rurales, donde la falta de acceso de la población al sistema de justicia continúa siendo un grave problema.

Dar los pasos necesarios para abolir todas las formas de detención arbitraria que persisten, entre ellas el sistema de "reeducación a través del trabajo", que permite encarcelar a personas hasta cuatro años sin formularles cargos, sin darles acceso a un abogado, sin juicio o vista en los que poder defenderse, y sin recurso a un tribunal superior. El sistema de "reeducación a través del trabajo" viola varias normas internacionales de derechos humanos, entre ellas, la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), el Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Muy particularmente, la "reeducación a través del trabajo" viola el artículo 9 del PIDCP, que prohíbe la detención arbitraria, y los párrafos 3(a) y 3(b) del artículo 8, que prohíben el trabajo forzado u obligatorio a menos que sea impuesto por un tribunal competente como pena por un delito.



Libertad de expresión

El PIDCP, que China ha firmado y declarado que tiene intención de ratificar, dispone en su artículo 19 que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, derecho que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Este derecho está reconocido en el artículo 35 de la Constitución de China, en el que se declara que los ciudadanos de la República Popular de China disfrutan de libertad de expresión, de prensa, de reunión, de asociación, de procesión y de manifestación. Wang Wei, secretario general del Comité de Candidatura a los Juegos Olímpicos "Pekín 2008", reconoció estas libertades universalmente reconocidas cuando prometió que, si se escogía la candidatura china para los Juegos, los medios de comunicación tendrían total libertad para cubrirlos.

Como anfitriona de los Juegos Olímpicos, Pekín no sólo debe cumplir su promesa de libertad de prensa durante los Juegos, sino que debe esforzarse para que esta libertad sea disfrutada de forma permanente dentro del país.

Lamentablemente, en la práctica, las autoridades chinas han restringido el derecho de sus ciudadanos al pleno disfrute de la libertad de expresión, de la libertad de prensa y de la libertad de información, y han lanzado sucesivas campañas contra los individuos y grupos que tratan de expresar sus opiniones a través de los medios de comunicación, imponiendo largas penas de prisión a individuos sin más motivo que haber ejercitado pacíficamente estas libertades fundamentales.

En este periodo, hasta la celebración de los Juegos en el 2008, Amnistía Internacional considera que, para demostrar su compromiso de respetar estos derechos tal como están consagrados en la Constitución del país y en los tratados internacionales, las autoridades chinas deben adoptar las siguientes medidas como más esenciales, aun cuando no constituyan una lista completa:

Excarcelar a todos los presos de conciencia. Esta medida dejaría en libertad, entre muchas otras personas, a Huang Jinqiu, escritor y periodista detenido en septiembre del 2003 y posteriormente condenado a 12 años de prisión por "subversión". Con anterioridad a su detención, Huang contribuía periódicamente artículos al sitio web www.Boxun.comy, en enero del 2003, había anunciado sus planes de establecer un Partido Democrático Patriótico de China.

Revisar las leyes del país para eliminar los delitos de imprecisa redacción relacionados con el orden público y la seguridad nacional. La falta de precisión en las disposiciones actuales crea incertidumbre respecto a qué conducta está prohibida, contrariamente a lo que disponen las normas internacionales. Mientras continúan en vigor, estas disposiciones tan imprecisas pueden utilizarse –y se han utilizado– para criminalizar el ejercicio pacífico de la libertad de expresión y de asociación. Los juicios que se incoan con regularidad en virtud de delitos de redacción imprecisa – como el de "divulgar secretos de Estado" o "incitar a la subversión"–, producen a menudo condenas de prisión de 10 o más años, y han logrado, además, crear un sistema de autocensura entre los usuarios de Internet y de otros medios de comunicación de China, despojando aún más a los ciudadanos chinos del pleno disfrute de estos derechos.

El sistema de control, vigilancia y censura sumamente complejo y carente de transparencia desarrollado por las autoridades chinas, inhibe en la práctica la plena realización de la libertad de expresión y de prensa.

Un primer paso para reformar esta estructura de control político sería eliminar el requisito de que todos los medios de comunicación –que abarcan prensa, editoriales y proveedores de Internet–, cuenten con un patrocinador del gobierno para obtener una licencia. En la práctica, esta medida se ha utilizado para ejercer control político sobre la prensa, mediante intimidación y la amenaza de revocar la licencia.

El amplio y cada vez más cuidadoso sistema de censura que las autoridades chinas aplican a Internet ha servido igualmente en la práctica para inhibir la plena libertad de expresión y de información que este medio promete. Este sistema incluye programas como el "Golden Shield" ("Escudo Dorado"), mediante el cual el gobierno chino ha intensificado su capacidad técnica para monitorizar Internet y vigilar las actividades de determinados usuarios del medio. El bloqueo de sitios de Internet que se centran en democracia, derechos humanos y otras cuestiones que el liderazgo chino considera inaceptables, y el filtrado de sitios web mediante palabras clave como "democracia", "derechos humanos" y "libertad", representan una restricción de los derechos, universalmente reconocidos, a la libertad de información y de expresión, y estas medidas no pueden, pues, justificarse en virtud de las normas internacionales.

Un paso esencial que el gobierno chino debe dar para desmantelar el sistema de censura es el de eliminar el compromiso de autocensura que las compañías de Internet, tanto nacionales como extranjeras, están obligadas a firmar, y el requisito de que los cafés que proporcionan servicio de Internet verifiquen la identidad de sus clientes antes de permitir su acceso al medio.



Libertad de asociación, libertad sindical

La libertad de asociación –la libertad de formar asociaciones con otros ciudadanos de ideas similares– es un derecho reconocido en la DUDH y en el PIDCP. También es un derecho reconocido en la Constitución de China.

Lamentablemente, sin embargo, en la práctica las autoridades gubernamentales han restringido de manera considerable la posibilidad de que sus ciudadanos disfruten de este derecho. Han impedido que numerosos grupos –de trabajadores, religiosos y de activistas pro democracia, entre otros–, formaran y participaran en asociaciones pacíficas de individuos con ideas o creencias similares, y han perseguido a estos grupos con duras campañas de supresión, imponiéndoles largas penas de prisión. Los trabajadores chinos no pueden formar ni hacerse miembros de sindicatos de su elección.

Un número creciente de activistas pro derechos en el trabajo han sido encarcelados simplemente por ejercitar el derecho universalmente reconocido de reunión pacífica, y deben ser puestos en libertad. Por ejemplo, Yao Fuxiny Xiao Yunliangfueron condenados en mayo del 2003 a 7 y 4 años de prisión, respectivamente, tras ser declarados culpables de "subversión" por haber participado en la organización de protestas en la ciudad de Liaoyang (provincia de Liaoning, en el noreste de China), protestas durante las cuales los trabajadores salieron a la calle para pedir que les pagaran los atrasos y las prestaciones perdidas, y para denunciar la corrupción y la mala gestión de sus fábricas. Estas protestas se produjeron cuando los trabajadores llevaban ya más de cuatro años pidiendo reparación por las injusticias sufridas. El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria consideró que la privación de libertad de Yao Fuxin había sido arbitraria y que había violado artículos de diversos pactos y declaraciones internacionales de derechos humanos, incluidos aquéllos que protegen la libertad de opinión y de expresión, y la libertad de reunión pacífica.

El gobierno chino debe fortalecer asimismo su protección de la libertad de asociación en el periodo hasta los Juegos Olímpicos del 2008, retirando su reserva al artículo 8.1 (a) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) relativo al derecho de todas las personas a formar o unirse a sindicatos de su elección, reserva hecha con el pretexto de que no se consideraba "necesario" dadas las promesas que ya existían en la legislación china sobre estos derechos. El gobierno chino debe también ratificar los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativos a la libertad sindical, el derecho de sindicación y el derecho de negociación colectiva.



Protección contra el desalojo forzado

Mientras las autoridades chinas promueven los Juegos Olímpicos de Pekín como un gran ejemplo del progreso social y económico del país y como símbolo del mayor reconocimiento internacional de China, los preparativos para los Juegos han menoscabado de manera lamentable ciertos derechos sociales y económicos básicos garantizados por el PIDESC, un tratado que China ha ratificado.

Según representantes de la central constructora del proyecto olímpico, unas 6.000 familias han sido afectadas por los preparativos para los Juegos. Amnistía Internacional cree que la cifra real debe de ser mucho mayor. Muchas de estas familias han sido desalojadas sin un procedimiento de protección apropiado o sin el debido proceso, y sin ofrecerles una indemnización adecuada. Además, se ha detenido y encarcelado a personas simplemente por protestar pacíficamente por haber sido desalojados de sus hogares. Ye Guozhu, por ejemplo, fue detenido en el 2004 y condenado a cuatro años de prisión por haber protestado cuando demolieron su hogar y dos restaurantes que poseía. Ese mismo año, Ye Guozhu había tratado de conseguir permiso para organizar una manifestación con otras personas afectadas por los desalojos forzados, una acción que fue calificada como "perturbación del orden social".

Los desalojos forzados –los realizados sin la protección legal apropiada–, son una violación de derechos humanos, como el derecho a una vivienda adecuada, derecho reconocido en el PIDESC. Amnistía Internacional pide al gobierno de China que ponga fin al desalojo forzado de sus hogares que están sufriendo sus ciudadanos sin el debido procedimiento de protección, sin el debido proceso, sin provisión estatal alternativa de alojamiento adecuado para los que no pueden procurárselo ellos mismos, y sin indemnización adecuada como compensación por los bienes afectados. La organización pide además al gobierno chino que indemnice adecuadamente a las personas que ya han sido desalojadas de sus hogares.



Justicia para las víctimas de la represión de Tiananmen (1989)

La reputación internacional de Pekín sigue profundamente empañada por los hechos ocurridos en junio de 1989, cuando las fuerzas armadas chinas dispararon contra manifestantes desarmados en la Plaza Tiananmen y sus alrededores. Se cree que decenas de personas siguen encarceladas, unas en conexión con las protestas y otras por difundir información sobre la represión o simplemente por pedir que se llevara a cabo una investigación y se pusiera fin a la impunidad que ha caracterizado la actuación de las autoridades en aquella ocasión. La profesora Ding Zilin –cuyo hijo, Jiang Jielian, de 17 años, resultó muerto en Pekín como consecuencia de los disparos de 1989–, fundó el grupo "Madres de Tiananmen" para obtener justicia, y desde entonces no ha dejado de ser hostigada, incluso sometida a largos periodos de vigilancia o "arresto domiciliario" en su casa de Pekín. Ding Zilin ha manifestado que teme que las gigantescas obras de los preparativos para los Juegos Olímpicos del 2008 haría "sumamente difícil encontrar ya el menor rastro" de las personas a las que las fuerzas armadas dieron muerte en 1989.

Entre las decenas de personas encarceladas por difundir información relacionada con la represión de 1989 se encuentra Shi Tao, un escritor, poeta y periodista de 36 años de edad, al que condenaron en abril de este año a 10 años de prisión por "divulgación ilegal de secretos de Estado en el extranjero". Según parece, se adujo como fundamento para esta acusación el echo de que había enviado a contactos en medios de comunicación extranjeros el contenido de una orden gubernamental que prohibía a los medios de comunicación de China cualquier conmemoración del 15º aniversario de la represión de Tiananmen.

Las autoridades chinas deben responder positivamente a las peticiones internas e internacionales de los activistas de derechos humanos de que se realice una investigación exhaustiva y pública de los sucesos del 3-4 de junio de 1989, con el objeto de procesar a los responsables de los homicidios ilegítimos y otras violaciones de los derechos humanos y de indemnizar a las víctimas o a los familiares de éstas. Las autoridades deben poner en libertad a todas las personas que siguen encarceladas en conexión con la represión del movimiento pro democracia de 1989, así como a todas las que han sido detenidas o encarceladas con posterioridad por actividades pacíficas en apoyo de una investigación de la represión. ********





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