Document - Myanmar: Crimes against humanity in eastern Myanmar

[Embargado hasta el: 5 de junio de 2008]

Público

Amnistía Internacional


Crímenes de lesa humanidad en Myanmar oriental


Resumen


Índice AI: ASA 16/011/2008



Los soldados, antes de marcharse del pueblo, colocaron minas terrestres, una de ellas delante de la iglesia. Un anciano, de unos 70 años, pisó una y murió [...] Lo perdí todo: la cocina, los muebles, la reserva de arroz. No quedó ni un papel. Lo mismo les sucedió a las otras 19 familias cuyas casas quemaron.

Cultivadora de arroz del municipio de Tantabin



En los últimos nueve meses, Myanmar ha sido testigo de tres momentos clave de la turbulenta historia reciente del país: la brutal represión tras las manifestaciones masivas de septiembre de 2007, un referéndum constitucional con graves defectos tanto de contenido como de procedimiento, y un desastre humanitario y de derechos humanos tras el paso del ciclón Nargis.

Al mismo tiempo, está surgiendo otra emergencia de derechos humanos en el este del país. Durante dos años y medio, el ejército birmano, conocido como tatmadaw, ha desatado una ofensiva contra la población civil karen del estado de Kayin (Karen) y la división de Bago (Pegu), ofensiva que incluye violaciones generalizadas y sistemáticas del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. Esas violaciones constituyen crímenes de lesa humanidad.

Al contrario que en las campañas contra la insurgencia llevadas a cabo durante casi 60 años contra la Unión Nacional Karen y su brazo armado (el Ejército de Liberación Nacional Karen), en la ofensiva actual la población civil es el objetivo principal. La operación actual es la más grande llevada a cabo en la última década, y es excepcional en cuanto a que, al contrario que las operaciones estacionales anteriores, que por lo general concluían al llegar la estación de lluvias –entre mayo y octubre–, esta ofensiva ha continuado a lo largo de dos estaciones de lluvias consecutivas y no da señales de detenerse ahora que ha llegado ya la tercera.

Se calcula que en el estado de Kayin y en el este de la división de Bago 147.800 personas se han visto obligadas a desplazarse internamente, y continúan en esa situación. Muchas de ellas han sido objeto de otras violaciones generalizadas y sistemáticas del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, como homicidios ilegítimos, tortura y otros malos tratos, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, trabajo forzoso –incluido el porteo–, destrucción de casas y pueblos enteros, destrucción o confiscación de cosechas y reservas de alimentos, y otras formas de castigo colectivo.

Civiles karen de poblaciones pequeñas relataron a Amnistía Internacional la forma en que viven temiendo por su vida, por su dignidad y por sus bienes, tras haber sufrido o presenciado torturas, ejecuciones extrajudiciales, trabajos forzados y la destrucción de casas. Según las descripciones, esos abusos van dirigidos contra civiles, simplemente por su etnia karen o por vivir en zonas de mayoría karen, o como represalia por las actividades del Ejército de Liberación Nacional Karen.

Amnistía Internacional ha documentado cómo estas violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos han venido precedidas o acompañadas de constantes amenazas y advertencias del ejército, y de declaraciones de autoridades gubernamentales de Myanmar. Por ello, a la organización le preocupa que sean resultado de una política oficial del Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo (el gobierno de Myanmar) y el ejército. Además, el ejércitoparece gozar de impunidad por los abusos cometidos contra civiles karen. La impunidad imperante para estos delitos, sin vía de reparación para las víctimas, ha contribuido a la actual crisis de derechos humanos del país.

Los crímenes de lesa humanidad son ciertos actos que, ya se cometan en tiempos de guerra o de paz, forman parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil. Según el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, un acto como el asesinato, la esclavitud, la deportación o traslado forzoso de población, la encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional, la tortura, la persecución, la desaparición forzada y otros actos inhumanos puede constituir un crimen de lesa humanidad “cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”. Esta definición refleja el derecho internacional consuetudinario, vinculante para todos los Estados, independientemente de que sean parte o no en el Estatuto.

Recomendaciones

Basándose en los hechos presentados en este informe, Amnistía Internacional formula las siguientes recomendaciones:

Al Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo

Que ponga fin de inmediato a todas las violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos cometidas por las fuerzas gubernamentales y las milicias aliadas, que incluyen ataques contra civiles, ataques indiscriminados, ejecuciones extrajudiciales y otros homicidios ilegítimos, desapariciones forzadas, tortura y otros malos tratos, destrucción de casas y cosechas y trabajo forzoso.

Que garantice que todos los actos que violan el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos son investigados sin demora y de forma independiente e imparcial, y que los presuntos autores, incluidos los presuntos responsables de ordenar esos actos, comparecen ante la justicia, independientemente de su rango.

Que garantice que las víctimas de violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos reciben una reparación completa, que incluya restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.

A los grupos armados de oposición

Los grupos armados de oposición deben comprometerse públicamente a respetar las disposiciones del artículo 3 común de los Convenios de Ginebra y otras disposiciones del derecho internacional humanitario aplicables a los conflictos armados no internacionales.

A la ONU

El Consejo de Seguridad debe pedir que el Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo ponga fin de inmediato a todas las violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos cometidas por las fuerzas gubernamentales y las milicias aliadas, incluidas las cometidas en la actual ofensiva en Myanmar oriental.

El Consejo de Seguridad debe estudiar la posibilidad de visitar Myanmar, incluidas las regiones orientales, para obtener información de primera mano en torno a la situación sobre el terreno.

El Consejo de Seguridad debe pedir al secretario general que presente un informe específico sobre la situación en Myanmar oriental.

El Consejo de Seguridad debe imponer un embargo de armas general y obligatorio para Myanmar, que debe abarcar el suministro directo e indirecto de material, municiones y conocimientos militares y de seguridad, incluidas las transferencias de armas supuestamente “no letales”.

El secretario general debe seguir vigilando de cerca la situación humanitaria y de derechos humanos de Myanmar e informando sobre ella, y debe utilizar su mandato de buenos oficios para seguir instando al Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo a poner fin a todas las violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos cometidas por las fuerzas gubernamentales y las milicias aliadas en el estado de Kayin y la división de Bago. También debe instarle a terminar con la impunidad por esas violaciones y a garantizar el acceso seguro y sin trabas a las organizaciones humanitarias.

La Asamblea General debe hacer un seguimiento de las recomendaciones que formuló en la Resolución 61/232 (2006), en la que hace un llamamiento al Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo para que “[a]dopte medidas urgentes para poner fin a las operaciones militares contra civiles de las zonas habitadas por minorías étnicas y a las violaciones conexas de los derechos humanos y del derecho humanitario cometidas contra personas que pertenecen a las nacionalidades étnicas, como los actos de violación generalizados y otras formas de violencia sexual perpetradas sistemáticamente por miembros de las fuerzas armadas, y facilite una misión de investigación compuesta por representantes de los organismos pertinentes de las Naciones Unidas que ayude a determinar las medidas necesarias para mitigar las consecuencias humanitarias y en materia de derechos humanos del conflicto en el estado de Karen”.

El Consejo de Derechos Humanos debe incluir en sus deliberaciones y acciones sobre la situación en Myanmar un enfoque específico sobre la situación humanitaria y de derechos humanos en el estado de Kayin y la división de Bago. El Consejo de Derechos Humanos debe seguir además instando al Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo a prestar su plena colaboración al relator especial sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar y a otros órganos de la ONU.

A los Estados miembros de la ONU

Que ejerzan la jurisdicción universal sobre las personas sospechosas de estar implicadas en crímenes de lesa humanidad cometidos en Myanmar.


Que suspendan de inmediato el suministro a Myanmar de todas las transferencias directas e indirectas de material, municiones y conocimientos militares y de seguridad, incluidas las transferencias de armas supuestamente “no letales”.

A la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN)

Que inste al Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo, tanto en el marco de la ASEAN como en los intercambios entre países individuales, a poner fin de inmediato a todas las violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos cometidas en el estado de Kayin y la división de Bago, y a cumplir con sus obligaciones jurídicas internacionales, incluidas las obligaciones básicas establecidas por la Carta de la ASEAN.

















Este texto resume el documento titulado Crímenes de lesa humanidad en Myanmar oriental (Índice AI: ASA 16/011/2008), publicado por Amnistía Internacional en junio de 2008. Si desean más información o emprender acciones al respecto, consulten el documento completo. En el sitio web http://www.amnesty.orgencontrarán una amplia selección de materiales de AI sobre éste y otros asuntos. Los comunicados de prensa de la organización pueden recibirse por correo electrónico solicitándolo en la dirección:

http://www.amnesty.org/email/email_updates.html









SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDON WC1X 0DW, REINO UNIDO

Traducción de Editorial Amnistía Internacional (EDAI), España





Público

Amnistía Internacional




Crímenes de lesa humanidad en Myanmar oriental









Índice AI: ASA 16/011/2008




SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDON WC1X 0DW, REINO UNIDO


TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA

ÍNDICE



[Embargado hasta el: 5 de junio de 2008] 1

Público 1

Resumen 1

Índice AI: ASA 16/011/2008 1

Recomendaciones 2

Al Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo 2

A los grupos armados de oposición 3

● Los grupos armados de oposición deben comprometerse públicamente a respetar las disposiciones del artículo 3 común de los Convenios de Ginebra y otras disposiciones del derecho internacional humanitario aplicables a los conflictos armados no internacionales. 3

A la ONU 3

A los Estados miembros de la ONU 4

A la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) 4

SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDON WC1X 0DW, REINO UNIDO 4

Público 5

1 Introducción 1

2 Información general 6

2.1 Los karen 6

2.2 La oposición armada karen 6

3 Graves violaciones en el este de Myanmar 8

3.1.1 Homicidios de personas detenidas 9

3.1.2 Disparar a matar 10

3.1.3 Homicidios como castigo colectivo 11

3.2 Tortura 12

3.2.1 Tortura durante los interrogatorios 13

3.2.2 Tortura y otros malos tratos para obligar a cumplir las órdenes del ejército 14

3.2.3 Tortura y otros malos tratos a personas obligadas a hacer de porteadoras para el ejército 15

3.2.4 Tortura y otros malos tratos como castigo colectivo 16

3.3 Desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias 17

3.4 Trabajo forzoso y porteo 19

3.5 Desplazamiento forzado 25

3.5.1 Condiciones en los lugares de reasentamiento 29

3.5.2 Destrucción de escondites por parte de las patrullas del ejército 29

3.6 Confiscación y destrucción de cosechas y reservas de alimentos 30

3.7 Toques de queda, cierres y otras restricciones a la libertad de circulación 32

3.8 Minas antipersonal 33

3.9 Impuestos y multas arbitrarios 36

4 Ausencia de cooperación con la ONU y otras organizaciones internacionales 37

4.1 Consejo de Derechos Humanos de la ONU 37

4.2 Secretario general de la ONU 39

4.3 Asamblea General de la ONU 40

4.4 Consejo de Seguridad de la ONU 41

4.5 La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) 42

4.6 El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) 43

5 Ausencia de reparación por las violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos 44

6 Conclusiones 45

7 Recomendaciones 48

7.1 Al Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo 48

7.2 A los grupos armados de oposición 51

7.3 Al Consejo de Seguridad de la ONU 51

7.4 A otros órganos de la ONU y a sus Estados miembros 52

7.5 A la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático 53



Crímenes de lesa humanidad en Myanmar oriental



Perdimos lo que quedaba de nuestra paz1



1 Introducción

En agosto y septiembre de 2007 tuvieron lugar en todo Myanmar las manifestaciones más grandes en casi 20 años. Las protestas por el fuerte incremento del precio del combustible, en medio de una crisis económica generalizada y de proporciones notables, fueron convirtiéndose gradualmente en manifestaciones en favor de la democracia encabezadas por monjes budistas. El gobierno de Myanmar respondió a finales de septiembre reprimiendo violentamente la libertad de expresión y asamblea, dando muerte a al menos 31 personas –aunque era probable que la cifra ascendiera a más de un centenar– y deteniendo a miles más. Tras esta represión, la comunidad internacional se unió para expresar una indignación inmediata por la situación. Entre las recomendaciones formuladas se encontraban el redoblar los esfuerzos de las Naciones Unidas para poner fin a la represión, el abordar algunas de las violaciones de derechos humanos subyacentes y el acelerar los esfuerzos del gobierno para adoptar la democracia a través de un proceso de reconciliación nacional.

El 2 y 3 de mayo de 2008, el ciclón Nargis azotó Myanmar, dejando tras de sí decenas de miles de muertes y a dos millones de personas afectadas por el desastre. Pese a sus devastadoras consecuencias, el gobierno siguió con sus planes y, el 10 de mayo –el 24 en las zonas más afectadas por el ciclón–, realizó un referéndum nacional sobre una nueva Constitución bastante deficiente, y planeaba celebrar elecciones nacionales en 2010. Mientras miles de sus ciudadanos luchaban por conseguir un cobijo básico, comida y atención médica, el gobierno dio prioridad a la aceptación de una nueva Constitución que socava el respeto por los derechos humanos y afianza el gobierno militar y la impunidad.2

Casi dos años antes de estas recientes crisis, el ejército de Myanmar –conocido como tatmadaw– lanzó una ofensiva militar contra la población civil karen del estado de Kayin (Karen) y la división de Bago (Pegu). Desde noviembre de 2005, más de 140.000 civiles karen han muerto o han sufrido tortura, desplazamiento forzado, violencia sexual, trabajo forzoso u otras violaciones generalizadas y sistemáticas del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. Esas violaciones constituyen crímenes de lesa humanidad, y la ofensiva continuada contra los civiles karen apenas llega ahora a las pantallas internacionales.

Este informe se centra en las violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos cometidas en el estado de Kayin y la división de Bago entre 2005 y todo el 2007. Incluye información sobre los abusos cometidos por el ejército durante las operaciones militares en el norte del estado de Kayin y las zonas adyacentes, y sobre las políticas y prácticas militares que han atacado a la población civil y han negado a muchas personas sus derechos humanos. El ejército lleva casi 60 años librando campañas contra la Unión Nacional Karen y su brazo armado (el Ejército de Liberación Nacional Karen). Sin embargo, no está nada claro que la actual ofensiva se esté llevando a cabo en absoluto en el contexto de la contrainsurgencia, ya que la población civil ha sido su principal objetivo –no un daño colateral–, y el ejército ha evitado abiertamente los enfrentamientos con el Ejército de Liberación Nacional Karen.

Durante la ofensiva militar se han cometido las siguientes violaciones, generalizadas y sistemáticas, de derechos humanos: homicidios ilegítimos, tortura y otros malos tratos a personas detenidas y presas, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, trabajo forzoso –incluido el porteo–, desplazamiento forzado, destrucción o confiscación de cosechas y reservas de alimentos, y otras formas de castigo colectivo. Estos abusos, dirigidos contra civiles o llevados a cabo de forma indiscriminada, han venido precedidos o acompañados de constantes amenazas y advertencias del ejército, y de declaraciones de autoridades gubernamentales de Myanmar. Amnistía Internacional teme que estas prácticas sean resultado de una política oficial del gobierno y el ejército, y considera que constituyen crímenes de lesa humanidad.3

Amnistía Internacional siente además preocupación porque el Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo (el gobierno militar de Myanmar) no ha cumplido con su obligación, contraída en virtud del derecho internacional, de proteger a la población civil frente a los abusos generalizados de derechos humanos en el contexto del conflicto armado. A la organización le preocupa la aparente impunidad de que goza el ejército por las violaciones cometidas contra civiles karen, y le inquieta la ausencia de vías de reparación.

Este informe se basa en los testimonios de más de 50 personas del estado de Kayin y la división de Bago que huyeron de la actual ofensiva y llegaron a Tailandia o a un campo de desplazados internos del estado de Kayin entre finales de 2005 y octubre de 2007. Esta información de primera mano fue reunida por investigadores de Amnistía Internacional en julio de 2006 en los campos de refugiados de Tailandia, y en noviembre de 2007 en el campo de desplazados internos, y también a través de otras fuentes. Se calcula que en el estado de Kayin y en el este de la división de Bago 147.800 personas se han visto obligadas a desplazarse internamente, y continúan en esa situación, a causa de la continuada ofensiva y de las violaciones de derechos humanos que la acompañan.4 Las personas que huyeron del conflicto describieron un aumento de la frecuencia y la intensidad de las violaciones de derechos humanos a medida que aumentaban las actividades y la presencia militar en los distritos de Hpa’an y Papun, en el estado de Kayin, y el distrito de Nyaunglebin, en la división de Bago.5

Civiles karen de poblaciones pequeñas relataron a Amnistía Internacional la forma en que viven temiendo por su vida, por su dignidad y por sus bienes, y describieron decenas de casos de tortura, ejecución extrajudicial y desaparición forzada ocurridos en sus comunidades.6 Según estas personas, estos abusos eran una aparente represalia por las actividades militares del Ejército de Liberación Nacional Karen, estaban dirigidos deliberadamente contra civiles, o se debían simplemente a la etnia karen de las víctimas o al hecho de que vivían en zonas de mayoría karen. Estas personas dijeron también que el ejército les había dicho que eran responsables de la seguridad de los militares. El ejército atacó y destruyó localidades y ordenó a sus habitantes que se reasentaran en otro lugar. Además, según los informes, destruyó cosechas y almacenes de alimentos. En otros lugares impidió a los granjeros cultivar sus tierras o comprar alimentos, y en algunas zonas anunció una política de disparar a matar contra quienes se encontraran fuera de su localidad. Obligaron a personas a actuar como porteadoras para el ejército, y a llevar a cabo otros trabajos forzados no remunerados, en algunos casos con el doble de frecuencia de lo que lo habían hecho antes. El uso de minas terrestres por parte tanto del ejército como del Ejército de Liberación Nacional Karen, incluso en campos y carreteras, aumentó notablemente durante la ofensiva. Las personas que huían de los abusos de los militares, o que infringían las normas para cultivar o comprar comida, se arriesgaban a que las mataran. El aumento de la presencia militar dio lugar a una escasez considerable de recursos para la población civil, a lo que contribuyeron las exigencias del ejército de alimentos y de trabajo forzoso no remunerado. Dos años y medio después del comienzo de la ofensiva, estos abusos continuaban.

Amnistía Internacional no ha tenido acceso directo a las áreas en las que se estaban cometiendo los abusos y violaciones de derechos humanos descritos en este informe. Sin embargo, las descripciones que escuchó la organización coincidían con un patrón antiguo y bien documentado de violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos cometidas durante operaciones militares anteriores contra la oposición armada o directamente contra la población civil.7 Para proteger frente a las represalias a las personas que han prestado su testimonio, los nombres de esas personas, y en ocasiones de sus localidades, no se especifican en el informe.

La actual ofensiva militar, que comenzó en noviembre de 2005, vino precedida por otros intentos del ejército de hacerse con el control de la zona montañosa del norte del estado de Karen y los territorios adyacentes, donde la Unión Nacional Karen/Ejército de Liberación Nacional Karen tiene una presencia más fuerte que en otras zonas del estado y donde viven muchos civiles karen. La operación actual es la más grande llevada a cabo en la última década, y es excepcional en cuanto a que, al contrario que las operaciones estacionales anteriores, que por lo general concluían al llegar la estación de lluvias –entre mayo y octubre–, esta ofensiva ha continuado a lo largo de dos estaciones de lluvias consecutivas y no da señales de detenerse ahora que ha llegado ya la tercera.

En abril de 2006, el ministro de Información de Myanmar, el general de brigada Kyaw Hsan, afirmó en una conferencia de prensa que el Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo había tomado “medidas de seguridad” contra la Unión Nacional Karen, y que los lugares en los que podían ocultarse “elementos destructivos” serían “despejados”.8 En otra conferencia de prensa, en mayo de 2006, añadió que el ejército había lanzado una ofensiva “para proteger a la población rural” frente a los abusos del Ejército de Liberación Nacional Karen, y había “peinado la zona por motivos de seguridad y protegido la vida y los bienes de la población”.9 Dijo que el desplazamiento masivo de civiles en el estado de Kayin era una estratagema de la Unión Nacional Karen para impedir que sus miembros dimitieran y para conseguir el apoyo internacional para que se incluyera la situación de los derechos humanos de Myanmar en el orden del día del Consejo de Seguridad de la ONU. También señaló la presunta implicación de la Unión Nacional Karen en la colocación de minas antipersonal y en la quema de casas.

Sin embargo, por el contrario, las investigaciones de Amnistía Internacional señalan como causa primera del desplazamiento de miles de civiles las violaciones generalizadas y sistemáticas del derecho internacional por parte del ejército y, en menor medida, de las fuerzas paramilitares aliadas del gobierno. El Ejército Budista Democrático Kayin, escindido de la Unión Nacional Karen en 1994, es el principal grupo paramilitar aliado del ejército. Además, Amnistía Internacional siente preocupación porque la ofensiva no es una medida de seguridad o contrainsurgencia contra el Ejército de Liberación Nacional Karen, sino una operación dirigida principalmente contra la población civil. Muchas personas se han visto obligadas a abandonar sus casas como consecuencia directa de la estrategia de “Cuatro Cortes” del ejército, utilizada desde hace décadas y concebida para cortar el acceso de los grupos armados de oposición a la comida, la financiación, el reclutamiento y la información. Otras personas han tenido que marcharse tras los repetidos requerimientos del ejército –como el trabajo forzoso y la requisa excesiva de alimentos–, que han dificultado enormemente la supervivencia de la población civil. Tal como dijo a Amnistía Internacional un granjero de 48 años que abandonó su pueblo en el municipio de Tantabin (distrito de Nyaunglebin, división de Bago) para buscar refugio en Tailandia en marzo de 2006: “Estamos acostumbrados a sufrir. Llevamos sufriendo desde 1995. Si hubiéramos podido sobrevivir allí, no habríamos venido aquí”.

Los testimonios y otra información recogidos por Amnistía Internacional, así como la información de otras fuentes, suscitan una honda preocupación, pues indican que las violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos contra la población karen descritas en este informe han formado parte de un patrón generalizado y sistemático de crímenes cometidos durante la última década y media. Las pruebas sugieren que algunas de estas violaciones constituyen crímenes de lesa humanidad, y que la impunidad que impera para ellos en el país ha contribuido a crear nuevas crisis de derechos humanos como, en especial, la represión gubernamental de las manifestaciones de septiembre de 2007.

Los crímenes de lesa humanidad son ciertos actos que, ya se cometan en tiempos de guerra o de paz, forman parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil. Los actos aislados no constituyen crímenes de lesa humanidad, pero incluso una persona que cometa un único acto que forme parte de ese ataque puede ser culpable de estos crímenes.

El artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional define los crímenes de lesa humanidad como “cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque [...]”. Los ataques que enumera a continuación incluyen, entre otros, el asesinato, la esclavitud, la deportación o traslado forzoso de población, la encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional, la tortura, la persecución, la desaparición forzada y otros actos inhumanos.10 Aunque Myanmar no es parte en el Estatuto de Roma, la definición de crímenes contra la humanidad realizada en él refleja el derecho internacional consuetudinario, vinculante para todos los Estados, independientemente de que sean parte o no en el Estatuto.

Amnistía Internacional insta por tanto al Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo a poner fin de inmediato y prevenir todas las violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos cometidas en el estado de Kayin y la división de Bago, y a garantizar que se investigan de forma inmediata, independiente e imparcial. Los presuntos autores, independientemente de su rango y categoría, deben comparecer ante la justicia de acuerdo con las normas internacionales sobre juicios justos, y las víctimas deben tener acceso a la justicia y la reparación, de conformidad con las normas internacionales.

Dadas la persistente falta de cooperación efectiva del gobierno de Myanmar con los órganos de la ONU y la continuación de la ofensiva en el estado de Kayin y la división de Bago, Amnistía Internacional insta a la ONU, y en particular a su Consejo de Seguridad, a mantener una estrecha vigilancia sobre la situación de Myanmar. El Consejo de Seguridad debe emprender acciones adicionales para garantizar que se pone fin de inmediato a los actos que constituyen crímenes contra la humanidad y a todas las demás violaciones del derecho internacional, y debe garantizar que los autores de esos crímenes comparecen ante la justicia y que las víctimas reciben reparación.

2 Información general

2.1 Los karen

Los karen, grupo étnico de origen sino-tibetano, es el segundo en tamaño de los 135 grupos étnicos que constituyen más de un tercio de la población de Myanmar. Los miembros de estos grupos viven principalmente en los siete estados que rodean la llanura central de Myanmar, y que reciben cada uno el nombre del grupo étnico que predomina en su población. Sin embargo, también hay miembros de estos grupos étnicos que residen en las otras siete divisiones –pobladas principalmente por la etnia mayoritaria birmana– que componen Myanmar. Según estadísticas oficiales, en Myanmar viven casi 3.500.000 karen, de los que más de 830.000 residen en el estado de Kayin.11 Entre los karen hay budistas practicantes, cristianos y animistas. Este informe se centra en el norte del estado de Kayin y las zonas vecinas de la división de Bago. Se trata de una zona montañosa y de densos bosques, poblada principalmente por agricultores que cultivan arroz como medio de sustento. Algunos cultivan también café, nueces de betel o cardamomo, o plantan otros cultivos comerciales como bananas o caña de azúcar. Como sus campos suelen estar alejados de sus poblados, los granjeros pasan un tiempo considerable fuera de sus casas para cuidar de sus cosechas, durmiendo en sus campos o en refugios construidos de bambú y hojas.

2.2 La oposición armada karen

Desde que Myanmar se independizó de Reino Unido en 1948, los grupos armados de oposición de distintas minorías étnicas han luchado contra el gobierno central para conseguir la independencia o una mayor autonomía. La Unión Nacional Karen y su brazo armado, el Ejército de Liberación Nacional Karen, se formaron en 1949 con el fin de conseguir la independencia o una mayor autonomía para los karen.

Aunque la mayoría de los demás grupos armados étnicos han llegado a acuerdos de alto el fuego con el Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo, que les ha otorgado ciertos poderes administrativos sobre sus territorios, la Unión Nacional Karen ha seguido luchando para lograr un acuerdo político. Tras perder varias de sus bases fundamentales, la mayoría de las actividades del Ejército de Liberación Nacional Karen contra el ejército gubernamental en los últimos años han sido ataques en pequeña escala. En este informe se trata la situación de los derechos humanos tanto en las localidades controladas por el ejército en el territorio antes controlado por la Unión Nacional Karen como en las áreas que no se encuentran bajo el control total del gobierno.

En enero de 2004 se acordó un alto el fuego provisional entre la Unión Nacional Karen y el Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo. Sin embargo, continuaron las escaramuzas y la población civil se vio obligada a desplazarse por las operaciones militares contra la Unión Nacional Karen, especialmente en el norte del distrito de Hpa’an, estado de Kayin, y en el distrito de Nyaunglebin, división de Bago. Los dirigentes de la Unión Nacional Karen informaron de que, tras una visita a Yangón en octubre de 2006, casi un año después de que comenzara la ofensiva del ejército contra los karen, el alto el fuego se había cancelado oficialmente. El Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo manifestó que no estaba dispuesto a negociar un acuerdo político. En diciembre de 2006, el dirigente de la Unión Nacional Karen, el general Saw Bo Mya, murió.

En enero de 2007, el comandante de la 7ª Brigada del Ejército de Liberación Nacional Karen, el general de brigada Htain Maung, anunció la formación de un grupo separado, la Unión Nacional Karen/Consejo de Paz del Ejército de Liberación Nacional Karen. Anteriormente, el general había negociado presuntamente con el Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo, pero esas negociaciones no contaban con el beneplácito de los dirigentes de la Unión Nacional Karen, que lo destituyeron de su puesto. En febrero de 2007, el Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo anunció que había alcanzado un acuerdo de paz con este nuevo grupo, compuesto por unos 300 combatientes. En abril de 2007, la Unión Nacional Karen/Consejo de Paz del Ejército de Liberación Nacional Karen participó en operaciones conjuntas con el Ejército Budista Democrático Karen y el ejército gubernamental, y atacó a las fuerzas del Ejército de Liberación Nacional Karen cerca de la frontera entre Myanmar y Tailandia.

En enero de 2008, el yerno del general de brigada Htain Maung, el coronel Ler Moo, murió en un atentado con explosivos cerca de la comandancia de la Unión Nacional Karen/Consejo de Paz del Ejército de Liberación Nacional Karen. En febrero de 2008, Mahn Sha, secretario general de la Unión Nacional Karen, fue abatido a tiros en su casa de Mae Sot, Tailandia. Había participado en las conversaciones anteriores de alto el fuego con el Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo, y según los informes se estaba preparando para asumir el liderazgo de la Unión Nacional Karen. Hasta la fecha no se ha determinado la responsabilidad de estos homicidios.

3 Graves violaciones en el este de Myanmar

3.1 Ejecuciones extrajudiciales y otros homicidios ilegítimos

Las personas entrevistadas por Amnistía Internacional han hablado a la organización de incidentes en los que se cree que el ejército gubernamental o el Ejército Budista Democrático Karen dieron muerte a más de 25 civiles karen entre julio de 2005 y julio de 2007 en el municipio de Thandaung, distrito de Hpa’an, y en zonas del distrito de Papun, ambos en el estado de Kayin, así como en el municipio de Tantabin y otras zonas del distrito de Nyaunglebin, división de Bago. La mayoría de estos casos se exponen en los tres siguientes apartados.

El derecho internacional de los derechos humanos se aplica en todo momento. Hay algunos derechos humanos, como el derecho a la vida –del que las ejecuciones extrajudiciales son una violación–, el derecho a no sufrir esclavitud y el derecho a no ser sometido a tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, cuya aplicación no admite excepciones, ni siquiera en tiempos de guerra. La aplicación de otros derechos sólo admite ciertas excepciones en la medida en que lo requiera la situación.

El derecho internacional humanitario (las leyes de la guerra) rige la conducta de las partes de los conflictos armados. Su objetivo es proteger del posible daño a la población civil, a otras personas que no participan en las hostilidades, los bienes civiles (todos los bienes que no son objetivo militar) y, en algunos contextos, a los combatientes. Los Estados y los grupos armados de oposición están obligados a cumplir ciertas normas y principios del derecho internacional humanitario contenidos en el artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y otras normas del derecho internacional consuetudinario. El artículo 3 común establece que las personas no participen activamente en las hostilidades “serán, en todas las circunstancias, tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna o cualquier otro criterio análogo”. La comunidad internacional también ha aceptado como vinculantes para todas las partes de los conflictos armados internacionales y no internacionales otros principios y normas específicos de la conducción de las hostilidades.

Las circunstancias de los homicidios relatados a Amnistía Internacional sugieren que se ha ejecutado extrajudicialmente a civiles. Estos homicidios seguían un patrón que se ha hecho desafortunadamente familiar en las operaciones emprendidas por el ejército en el estado de Kayin y en otras áreas. Esos homicidios violan el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. En virtud del derecho internacional humanitario que rige los conflictos armados no internacionales como el del este de Myanmar, “los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas” están prohibidos, y quienes no participen activamente en las hostilidades no deben ser blanco de tales ataques. Amnistía Internacional sigue sintiendo honda preocupación porque el Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo ha violado esta norma básica.



Un principio fundamental del derecho internacional humanitario es que las partes de un conflicto armado deben distinguir en todo momento entre no combatientes (civiles, prisioneros de guerra, heridos, enfermos y otras personas) y combatientes, y entre bienes civiles y objetivos militares. Nunca está permitido atacar a civiles, a otros no combatientes o a bienes civiles. Este principio, conocido como principio de distinción, está codificado en los cuatro Convenios de Ginebra y sus dos Protocolos Adicionales. También es una norma del derecho internacional consuetudinario, vinculante para todas las partes de los conflictos armados, ya sean internacionales o no internacionales.

3.1.1 Homicidios de personas detenidas

Refugiados de Tailandia y desplazados internos del distrito de Papun, estado de Kayin, hablaron a Amnistía Internacional de la muerte de personas detenidas por el ejército en sus pueblos, en sus granjas o en cuarteles militares. Los cadáveres se encontraban fuera de los pueblos, a menudo varias semanas después de la detención de las víctimas. En muchos casos, al parecer, se había detenido a personas por sospecharse que pertenecían a la Unión Nacional Karen o que tenían información sobre las actividades del Ejército de Liberación Nacional Karen. También relataron casos de personas a las que se había matado a tiros fuera de sus pueblos.

Una persona contó a Amnistía Internacional la muerte, a finales del verano de 2005, de Pa Thoo Koo, cultivador de arroz, en su campo del municipio de Dweh Loh (distrito de Papun, estado de Kayin). Según esta persona, a Pa Thoo Koo lo detuvieron unos miembros del ejército cuando lo encontraron trabajando en su campo de arroz. Lo golpearon para extraerle información sobre la ubicación de un escondite cercano del Ejército de Liberación Nacional Karen. Después de que se lo mostrara, lo mataron a tiros. Por su parte, un granjero del distrito de Hpa’an, estado de Kayin, dijo a Amnistía Internacional que, mientras hacía de porteador para el ejército en julio de 2005, vio “a los soldados matar a un detenido. Estaba muy débil, así que un soldado lo apuñaló en el lado izquierdo del pecho. Lo arrojaron por la ladera de una montaña, como a un animal”.

En febrero de 2006, cuatro granjeros del oeste del municipio de Tantabin (distrito de Nyaunglebin, división de Bago) fueron detenidos, según los informes, en asaltos sorpresa por miembros del Batallón de Infantería Ligera 48. Los habitantes de la zona creían que Saw Ko Ko, de 36 años, del pueblo de Shan Si Bo, y Saw Blu Say, de edad desconocida, Wa Leh Htoo, de 25 años, y Wen Leh Se, de 38, del pueblo de Ye Shan, habían sido llevados al cuartel del Batallón de Infantería Ligera 48. Según los informes, los soldados dijeron a quienes preguntaron por el paradero de los granjeros que éstos estaban “descansando en paz”, es decir, que estaban muertos. Sus cadáveres fueron hallados cerca de sus pueblos varias semanas después, con las manos atadas a la espalda. Los cuerpos estaban demasiado descompuestos para determinar la causa de la muerte.

Amnistía Internacional también recibió información según la cual, en febrero de 2006, varias personas del municipio de Tantabin (distrito de Nyaunglebin, división de Bago) que regresaban de una localidad cercana fueron detenidas por miembros del ejército. Según los informes, estas personas fueron halladas más tarde con señales de golpes y muertas a puñaladas. También en el municipio de Tantabin, en marzo de 2006, un ex soldado del Ejército de Liberación Nacional Karen fue capturado por el ejército gubernamental mientras trabajaba en su arrozal. Lo acusaron de ser miembro de Unión Nacional Karen, lo interrogaron y lo mataron a tiros.

Después de que su pueblo en el municipio de Thandaung (distrito de Hpa’an, estado de Kayin) fuera incendiado en 1997, una mujer dijo que unos miembros del ejército gubernamental la habían detenido junto con sus dos hijas, su hijo y su esposo. Según su relato:

Nos separaron, se llevaron a mi esposo y a mi hijo de tres años y los mataron. No vi el cadáver, pero mi primo lo vio, y me dijo que le habían cortado las piernas y las manos. Nuestro hijo yacía sobre su espalda. El ejército dijo que lo había matado la Unión Nacional Karen, no ellos.

3.1.2 Disparar a matar

Si nos encuentran nos matarán, porque para el ejército birmano los karen y la Unión Nacional Karen son lo mismo.

Granjero de 35 años del municipio de Thandaung (distrito de Hpa’an, estado de Kayin)

Varias personas informaron a Amnistía Internacional de que el ejército les había advertido en varias ocasiones de que dispararían a matar contra cualquier persona que encontraran fuera de su pueblo durante los periodos de clausura de los pueblos o cuando el Ejército de Liberación Nacional Karen estuviera en la zona. También relataron casos, ocurridos en 2006 y 2007, de personas a las que el ejército había disparado sin previo aviso, causándoles la muerte o heridas, tanto dentro como fuera de sus pueblos: por ejemplo, granjeros que llevaban a pastar al ganado o personas que buscaban comida.

Cuando, en octubre de 2006, el ejército atacó el pueblo de Ka Lay Hta, en el municipio de Tantabin (distrito de Nyaunglebin, división de Bago), un habitante que huyó del ataque sorpresa contó más tarde a Amnistía Internacional que había visto a soldados disparar contra quien encontraban. A su hermano lo mataron. Este hombre contó también que, en el pueblo cercano de Baw Ka Li Gyi, también en el municipio de Tantabin, el ejército bloqueó el suministro de comida y amenazó con disparar a cualquiera que tratara de burlar esta restricción.

Otras dos personas dijeron a Amnistía Internacional que la causa de su huida había sido el homicidio de dos vecinos a los que unos soldados habían disparado al encontrárselos en mayo de 2007. Una de estas personas vivía en el pueblo de Sho Kho, municipio de Thandaung (distrito de Hpa’an, estado de Kayin), donde los soldados llegaron un día y empezaron a disparar contra quienes encontraban. La otra vivía en el pueblo de Saw Tay Der, municipio de Tantabin (distrito de Nyaunglebin, división de Bago), donde el ejército había disparado contra un vecino que caminaba de vuelta a la granja que le habían obligado a abandonar.

Otra persona contó a Amnistía Internacional que los soldados habían disparado contra su hijo de 32 años, Saw Wah Wah, y dos sobrinos en julio de 2007 cuando se los encontraron en la jungla cercana al pueblo de Si Khe Der, en el municipio de Tantabin. Los tres formaban parte de un grupo más grande que huía de la presencia del ejército en la zona.

3.1.3 Homicidios como castigo colectivo

El ejército birmano dice que nosotros, los habitantes de los pueblos, no somos diferentes de la Unión Nacional Karen y que sus miembros sobreviven gracias a nosotros. Dicen: “no sois diferentes, sois exactamente lo mismo”.

Viuda de 35 años del municipio de Tantabin (distrito de Nyaunglebin, división de Bago)

Amnistía Internacional escuchó relatos sobre las acciones del ejército contra la población civil, aparentemente –o expresamente– como represalia por las actividades del Ejército de Liberación Nacional Karen. Las circunstancias en las que murieron muchos civiles son una prueba adicional de ello. Además de constituir violaciones del derecho a la vida y de las salvaguardias asignadas a la población civil por el derecho internacional humanitario, estos homicidios constituyen un castigo colectivo ilegal. Los castigos colectivos, es decir, las acciones punitivas emprendidas contra individuos, familias, grupos o poblaciones por los presuntos actos de otros, constituye una violación del derecho internacional humanitario.12

Varias personas de los municipios de Thandaung (distrito de Hpa’an, estado de Kayin) y Tantabin (distrito de Nyaunglebin, división de Bago) dijeron que los soldados castigaban a los civiles, a los que habían obligado a actuar de guías y porteadores, si se encontraban con fuerzas del Ejército de Liberación Nacional Karen. Estas personas denunciaron el homicidio a manos de soldados de un hombre de 40 años, casado, del pueblo de Play Hsa Loh, municipio de Tantabin (distrito de Nyaunglebin, división de Bago) a finales de 2005 o principios de 2006. Lo acusaron de dirigir deliberadamente al ejército a una emboscada tras encontrarse con fuerzas del Ejército de Liberación Nacional Karen mientras él actuaba de guía. Le amputaron una pierna y las dos manos, y lo dejaron morir desangrado.

En una asamblea que convocaron con la población civil en el sur del municipio de Thandaung (distrito de Hpa’an, estado de Kayin) en febrero de 2006, soldados del Batallón de Infantería Ligera 66 dijeron, según los informes, a los civiles “que informáramos sobre la Unión Nacional Karen o nos atuviéramos a las consecuencias. Dijeron que las represalias serían de ojo por ojo, diente por diente. Así que, si un soldado moría, ellos matarían a un civil. Nos dijeron que teníamos que asumir la responsabilidad y que, si no lo hacíamos, nos castigarían”. Una mujer del pueblo de Kaw Mi Kho, en el municipio de Thandaung (distrito de Hpa’an, estado de Kayin), cuyo esposo había sido obligado a actuar de porteador para el ejército, dijo que, si un soldado moría, un porteador karen moriría también.

Varias personas hablaron a Amnistía Internacional del homicidio, en febrero de 2006, del jefe y cuatro residentes del pueblo de Ko Der Ker, en el municipio de Thandaung (distrito de Hpa’an, estado de Kayin), en una aparente represalia por las cinco bajas militares causadas por un artefacto explosivo improvisado que, según se creía, había sido colocado por el Ejército de Liberación Nacional Karen:

El 25 o 26 de febrero, el Batallón de Infantería Ligera 66 nos reunió a los habitantes del pueblo y nos preguntó si nuestro pueblo podía garantizar su seguridad si ellos seguían avanzando. Luego, varios soldados murieron por minas terrestres al este del pueblo; nosotros creemos que las puso la Unión Nacional Karen. Los soldados de la Brigada volvieron al pueblo esa tarde y se llevaron a varias personas que trabajaban en su plantación de café. Detuvieron al jefe del pueblo, Saw Nu, cuando se informó de la explosión, y lo llevaron al recinto militar. De las personas que se habían llevado de la plantación, separaron a las más jóvenes y las más mayores. En total hubo cinco cadáveres, que se encontraron dos semanas después en el arroyo que hay junto al pueblo. Dos de los cadáveres estaban atados juntos. Se encontraron los cadáveres de Saw Nu –el jefe del pueblo– de 52 años, Abo Tee, de 35, Saw Koo Koo, Saw Da y Saw Ni Ke Min. Preguntamos a los soldados qué había sido de las demás personas que se habían llevado, y nos dijeron que estaban trabajando en otro lugar.

Otras fuentes informaron de que el jefe del pueblo, Saw Nu, había sido castigado por el ejército antes de su detención por no informar de la presencia del explosivo.

Igualmente, en otro pueblo del centro del municipio de Thandaung (distrito de Hpa’an, estado de Kayin), el ejército, en marzo de 2006, dio instrucciones verbales a los habitantes diciendo que, si no informaban de las minas terrestres que se hubieran colocado, los matarían.

3.2 Tortura

Tienden a torturar a personas cuando el Ejército de Liberación Nacional Karen está activo, pero torturan a los habitantes de los pueblos.

Viuda de 58 años del municipio de Thandaung (distrito de Hpa’an, estado de Kayin)



En 2005, un soldado del ejército gubernamental –un capitán– me dijo que nos torturarían hasta que no pudiéramos volver a caminar.

Mujer de 26 años del municipio de Dweh Loh (distrito de Papun, estado de Kayin)

El derecho internacional, incluido el derecho humanitario y de los derechos humanos, establece la prohibición absoluta de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Esta prohibición es una norma imperativa del derecho internacional general, y como tal es vinculante para todas las naciones, que no pueden considerarse eximidas de su cumplimiento.

Durante muchos años, el ejército ha hecho uso de la tortura para obtener información sobre la identidad y los movimientos de los miembros del Ejército de Liberación Nacional Karen, para castigar y controlar a la población local por apoyar al Ejército de Liberación Nacional Karen o por no desvelar información sobre él, y para intimidar y disuadir a la población con el fin de que no apoye a la oposición armada. El ejército utiliza también la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes como castigo y como medio para hacer cumplir órdenes relativas, por ejemplo, a los toques de queda, la requisa de alimentos y el trabajo forzoso. Ha habido gente que ha denunciado haber sufrido personalmente o haber presenciado torturas infligidas por el ejército gubernamental y el Ejército Budista Democrático Karen en campos militares y en lugares de detención no oficiales como, por ejemplo, en los campos cultivables, junto a los ríos que pasan cerca de los asentamientos, o en lugares públicos dentro de los pueblos. En muchos casos, a las personas torturadas las mataron después.

3.2.1 Tortura durante los interrogatorios

Una cultivadora de arroz del municipio de Dweh Loh (distrito de Papun, estado de Kayin) dijo que el Ejército Budista Democrático Karen interrogaba con frecuencia a personas junto al río que pasaba cerca de su pueblo. Relató un incidente de abril de 2005, cuando las fuerzas del Ejército Budista Democrático Karen acusaron a un hombre al que ella no conocía y a un vecino del pueblo del que ella creía que no tenía ninguna relación con Ejército de Liberación Nacional Karen de pertenecer al grupo armado. Esto fue lo que contó a Amnistía Internacional:

Los encapucharon y los sacaron del pueblo, llevándolos hasta el río, donde les sujetaron una y otra vez la cabeza debajo del agua mientras les hacían preguntas. Algunas personas salieron del pueblo y vieron lo que sucedía. Aquello continuó durante todo el día, y les sujetaban la cabeza debajo del agua durante mucho rato. Las tropas se los llevaron, y no sé qué les hicieron exactamente. Volvieron al pueblo unas semanas después; uno estaba paralizado y muy delgado. Tenían señales de tortura en el cuerpo, y no pregunté qué les había sucedido.

En agosto de 2005, según los informes, el jefe del pueblo de Pyinmabin Seit (distrito de Thaton, estado de Mon), de 50 años de edad, fue llevado a un cuartel local del ejército para ser interrogado. Había sido puesto en libertad dos días antes tras permanecer bajo custodia militar mientras le interrogaban sobre los movimientos y actividades de los soldados del Ejército de Liberación Nacional Karen. Dijo a los habitantes de su pueblo que el ejército le había tratado bien, y que le habían interrogado con amabilidad. Cinco soldados lo detuvieron por segunda vez y lo llevaron a un cuartel militar local, donde testigos presenciales afirmaron haberlo visto atado con una cuerda y siendo torturado mientras lo interrogaban. Los soldados encargados del interrogatorio parecían disgustados con las respuestas que les daba. Le daban patadas y puñetazos, y le destrozaban las espinillas con una barra de metal, levantándole la piel y presionando la barra contra el hueso. Su cadáver fue hallado quince días después en un estanque cerca del campo del ejército, con puñaladas en el abdomen.

Amnistía Internacional escuchó también el relato sobre la tortura y el homicidio de dos hombres del pueblo de Ma Lay Ler (distrito de Nyaunglebin, división de Bago), detenidos por el ejército en el verano de 2005. Unos soldados de una unidad del ejército no identificada que no solían visitar el pueblo acusaron a dos granjeros de pertenecer a la Unión Nacional Karen, cosa que el jefe del pueblo negó. Los interrogaron a los dos bajo un árbol en el centro del pueblo, y los encargados del interrogatorio los escaldaron con agua hirviendo. Luego los llevaron al cementerio del pueblo, donde más tarde se encontraron sus cadáveres degollados.

Un hombre detenido en septiembre de 2005 junto con otros 15 civiles en su pueblo por soldados que investigaban las actividades del Ejército de Liberación Nacional Karen en la frontera del distrito de Thaton, estado de Mon, y el distrito de Hpa’an, estado de Kayin, dijeron a Amnistía Internacional:

Nos interrogaron de uno en uno. No todo el mundo fue torturado, pero a mí me golpearon con una caña de bambú y perdí dos dientes. También me golpearon con fuerza en la espalda. Mi interrogatorio duró unas dos horas. Todavía hoy tengo dolores de espalda, y tengo limitado el movimiento del brazo izquierdo. Estaba realmente asustado; podrían haberme matado. El principal torturador era un capitán. Tenía muy mal genio, y estaba enfadado. No obtenía la información que quería. A veces me despierto en plena noche con esa imagen de lo que sucedió, y no consigo volver a dormir. Otras personas regresaron con costillas rotas y hematomas.

Otra persona, del distrito de Papun, estado de Kayin, contó a Amnistía Internacional que, a finales de 2005, una fuerza conjunta compuesta por soldados del Batallón de Infantería Ligera 44 y el Ejército Budista Democrático Karen 999 detuvo e interrogó a un hombre de su pueblo durante una semana. Durante ese tiempo, al hombre lo tuvieron con los brazos atados continuamente a la espalda, lo obligaron a beber grandes cantidades de agua, lo golpearon y lo quemaron con cigarrillos. Algunos de sus interrogatorios se llevaron a cabo en público dentro del pueblo, por ejemplo cuando lo colgaron cabeza abajo en un pozo y le sumergieron repetidamente la cabeza bajo el agua. Lo interrogaron sobre los movimientos y las actividades del Ejército de Liberación Nacional Karen, de los que, según los informes, no sabía nada.

En diciembre de 2005, Tu Tu, granjero de 22 años, regresaba al atardecer a su pueblo desde su granja en el distrito de Nyaunglebin, división de Bago. Unos soldados lo detuvieron y lo acusaron de comunicarse con la Unión Nacional Karen o de ser un soldado del Ejército de Liberación Nacional Karen, por el hecho de que regresaba a su pueblo a las siete de la tarde. Los soldados lo golpearon y apuñalaron mientras lo interrogaban cerca de su granja. Su cadáver se encontró posteriormente en las cercanías, degollado y con la boca y los dientes quemados.

En 2006, el anciano padre de un habitante de 46 años del pueblo de Thit Cha Seik, en el municipio de Tantabin (distrito de Nyaunglebin, división de Bago), fue golpeado, según los informes, por soldados por no conocer la respuesta a las preguntas que le hacían.

3.2.2 Tortura y otros malos tratos para obligar a cumplir las órdenes del ejército

Algunas personas denunciaron que los soldados las habían golpeado por encontrarlas fuera de sus pueblos, especialmente tras el toque de queda. Unas personas del distrito de Papun, estado de Kayin, dijeron a Amnistía Internacional que el ejército también las castigaba con palizas cuando no tenían provisiones suficientes de arroz para satisfacer sus exigencias. En el distrito de Nyaunglebin, división de Bago, unos miembros del Batallón de Infantería Ligera 66 golpearon a un hombre hasta dejarlo inconsciente, según los informes porque había tardado demasiado en obedecer las órdenes del ejército de que bajara de su tejado cuando el ejército entró en su pueblo.

Un hombre del pueblo de Ohn Bin Kyaung, municipio de Tantabin (distrito de Nyaunglebin, división de Bago), contó que, a principios de 2006, los soldados encontraron a dos civiles viviendo fuera del pueblo, algo no permitido. Les cortaron los labios y luego los mataron. A mediados de 2006, según una mujer que vivía en un pueblo vecino, cuatro personas que dormían junto al pueblo de Ma La Gon, también en el municipio de Tantabin, fueron golpeadas por soldados; un niño murió a consecuencia de los golpes. Al parecer, dormir fuera del pueblo donde uno vivía iba en contra de las órdenes del ejército.

Antes de huir del pueblo de Kaw Mi Kho, municipio de Thandaung (distrito de Hpa’an, estado de Kayin), a finales de 2006, una mujer de 55 años fue golpeada por dos soldados en su casa por tener una linterna, un artículo prohibido por el ejército. La mujer contó a Amnistía Internacional que tardó una semana en recuperarse, y que todavía tenía una cicatriz en las nalgas de la rama de árbol de café con la que la golpearon los soldados.

3.2.3 Tortura y otros malos tratos a personas obligadas a hacer de porteadoras para el ejército

Unos civiles a quienes el ejército había exigido que realizaran trabajo forzoso no remunerado, incluido porteo, para él, dijeron a Amnistía Internacional que los golpeaban cuando no cumplían las órdenes. A los porteadores les daban patadas y los golpeaban con las culatas de los rifles si, por ejemplo, no podían caminar más rápido. Un hombre del distrito de Papun, estado de Kayin, relató que él y un vecino de su pueblo recibieron palizas tan brutales que tuvieron que guardar reposo en sus casas durante varias semanas para recuperarse de sus lesiones.

Este hombre y otros dijeron que los delincuentes convictos obligados a actuar de porteadores para el ejército soportaban un trato mucho peor. Permanecían en condiciones aún peores, sin comida adecuada ni tratamiento médico. Tenían que llevar cargas más pesadas, y recibían golpes y patadas más frecuentes y más fuertes que los demás porteadores. A los que atrapaban intentando escapar solían matarlos.

Un hombre al que obligaron a actuar de porteador en el municipio de Bilin (distrito de Thaton, estado de Mon) en junio de 2005, dijo que lo habían golpeado como represalia por un tiroteo con el Ejército de Liberación Nacional Karen; los soldados lo acusaron de engañarlos sobre la presencia del grupo armado en la zona:

Hubo unos enfrentamientos con la Unión Nacional Karen un día después de que me obligaran a unirme a ellos. Oí disparos. Luego los soldados me dijeron: “Nos dijiste que no había nadie de la Unión Nacional Karen en esta zona”. No era cierto: creo que, sólo porque soy karen, y ellos no pudieron encontrar a la Unión Nacional Karen, me torturaron. Mientras lo hacían no me preguntaron nada. Un oficial me quemó cuatro veces con un cigarrillo y me golpeó en la cabeza con la culata de un rifle. Cuando caí al suelo me dio patadas en el pecho con sus botazas. Tenía toda la cara sangrando. El cuerpo entero me temblaba. Creí que iba a morir.

Un cultivador de arroz, de 50 años de edad, del municipio de Lu Thaw (distrito de Papun, estado de Kayin), habló a Amnistía Internacional de las habituales palizas que recibía cuando actuaba de porteador:

A veces los soldados nos ordenaban que les guiáramos. Nos golpeaban con cañas de bambú y, en ocasiones, nos daban patadas. Si haces de porteador, te golpean si estás enfermo y no puedes con tu trabajo. Si dices algo o haces preguntas, también te golpean. Además, te hacen muchas preguntas si te encuentran fuera del pueblo, y te golpean si les dices que has actuado de porteador para alguno de los grupos armados de oposición.

Un hombre al que atraparon cargando arroz para fuerzas del Ejército de Liberación Nacional Karen fuera de su pueblo en abril de 2006 dijo a Amnistía Internacional que dos soldados del Batallón de Infantería Ligera 66 lo habían golpeado durante media hora con cañas de bambú después de interrogarlo a punta de pistola. Sufrió daños permanentes en la zona lumbar y, según afirma, los soldados lo amenazaron con matarlo la próxima vez.

3.2.4 Tortura y otros malos tratos como castigo colectivo

Las personas con las que se entrevistó Amnistía Internacional también informaron del uso de actos constitutivos de tortura o malos tratos para castigar de forma colectiva a la población por los actos de unos pocos, o de otros.

Una mujer dijo que, en marzo de 2005, el ejército obligó a todas las personas de su pueblo, en el distrito de Hpa’an, estado de Kayin, a reunirse en la casa del jefe del pueblo, tras la explosión de un artefacto explosivo improvisado fuera del pueblo. Relató:

Hicieron que todo el mundo se pusiera de pie y se sentara una y otra vez, en público. Hicieron que la gente –hombres, mujeres, niños y niñas– fuera a la casa del jefe, y los golpearon con grandes cañas de bambú. No hubo fracturas de huesos, pero sí muchas contusiones dolorosas e inflamaciones. Fue humillante. El ejército dijo que nadie podía abandonar el campo. Todos los vecinos nos vimos implicados. El ejército nos acusó a los civiles de tener relación con la Unión Nacional Karen.

Un granjero dijo a Amnistía Internacional que había huido de su pueblo en el municipio de Lu Thaw (distrito de Papun, estado de Kayin) tras la detención del jefe del pueblo en abril de 2006. Según los informes, el ejército había dado órdenes de que los habitantes de cuatro pueblos le llevaran, en un plazo de cuatro horas, todas las armas que tenían, o de lo contrario mataría al jefe. Los vecinos de los pueblos, según los informes, huyeron, y no se supo qué había sido del jefe.

También en marzo de 2005, mientras actuaba como porteador para el ejército, un habitante del pueblo de Ye Da Gon, municipio de Tantabin (distrito de Nyaunglebin, división de Bago), perdió dos dientes cuando los soldados lo golpearon en la cara porque otro soldado había muerto por una mina. Lo amenazaron con matarlo si sucedía de nuevo.

Un hombre de un pueblo del municipio de Thandaung (distrito de Hpa’an, estado de Kayin) dijo a Amnistía Internacional que el jefe de su pueblo había sido detenido en 2006 y sometido a malos tratos, como patadas y golpes, por el ejército. Su delito era no informar “satisfactoriamente” sobre las actividades de la Unión Nacional Karen.

3.3 Desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias

Mi hijo me pregunta con frecuencia por su padre. Le digo que no sé dónde está. Mi hija, que es mayor, no pregunta: sabe que se lo llevaron los soldados.

Esposa de un hombre del que se cree que fue víctima de desaparición forzada en julio de 2006

La desaparición forzada se define así:

[...] el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”.13

Los actos de desaparición forzada violan una diversidad de derechos humanos, entre ellos el derecho a no sufrir detención arbitraria, el derecho al reconocimiento como persona ante la ley y el derecho a no ser sometido a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.14 Los órganos internacionales de derechos humanos han afirmado que las desapariciones forzadas constituyen por sí mismas malos tratos o tortura, habida cuenta del considerable sufrimiento que padecen las personas detenidas sin contacto con el mundo exterior y sin saber cuándo serán liberadas o podrán ver a sus familias de nuevo, o si llegará siquiera ese momento.15 Lo mismo se aplica al sufrimiento causado a los familiares de las personas desaparecidas. En algunos casos, los órganos internacionales de derechos humanos han afirmado que la negación por parte de las autoridades del derecho de estas personas a conocer qué les sucedió a sus seres queridos ha violado la prohibición de la tortura y otros malos tratos.16 Además, la desaparición forzada está explícitamente prohibida en varios instrumentos internacionales, y en determinadas circunstancias puede constituir un crimen de lesa humanidad.

Amnistía Internacional escuchó relatos de casos de desapariciones forzadas de personas que habían sido detenidas por el ejército. A causa de las restricciones con las que se encontró la organización a la hora de acceder al estado de Kayin, no ha sido posible determinar si las personas citadas a continuación siguen en situación de desaparición forzada.

En julio o agosto de 2005, dos mujeres, Ma Aye Yee, de 17 años, y Naw Ba Leh, de 20, caminaban por fuera de su pueblo en el distrito de Nyaunglebin, división de Bago, cuando se les acercaron unos soldados que las obligaron a acompañarlos a un lugar desconocido. Las mujeres no regresaron al pueblo. Cuando se intentó averiguar su paradero, las tropas estacionadas en la zona dijeron que no podían hacer nada, pues la unidad implicada en el incidente había sido trasladada.

Kyaw Mu Shay, granjero, fue detenido por el ejército, según los informes, en su plantación de arroz del municipio de Bilin (distrito de Thaton, estado de Mon), cerca del distrito de Papun, estado de Kayin, en diciembre de 2005 o enero de 2006. Lo detuvieron durante la noche y no se dio ningún motivo para su detención, aunque ésta se produjo después de que, según los informes, unos soldados quemaran su cosecha de arroz. Inmediatamente antes de detenerlo, también habían rodeado y habían empezado a disparar contra una granja cercana, que creían que pertenecía a simpatizantes o miembros de la Unión Nacional Karen. Tras realizarse indagaciones, incluso en el campo militar cercano, el ejército, según los informes, dijo que no sabía cuál era la unidad que había detenido a Kyaw Mu Shay. Tras una nueva indagación en mayo de 2006, los soldados con base en otro pueblo se comunicaron por radio con la unidad que, al parecer, lo había detenido. La respuesta fue que estaba vivo, pero no se reveló su paradero, ni la base legal de su detención, ni el plazo en que sería liberado. También se desconocía la identidad de la unidad.

En marzo de 2006, dos estudiantes fueron capturados fuera de su pueblo después de un intercambio de disparos entre el ejército gubernamental y el Ejército de Liberación Nacional Karen en la zona central del distrito de Hpa’an, estado de Kayin. Los estudiantes, Then Nu y Kar Bar, de 18 y 20 años, respectivamente, se habían visto atrapados, según los informes, en el fuego cruzado fuera del pueblo. Cuatro meses después, cuando Amnistía Internacional habló con personas de su pueblo, no se les había vuelto a ver ni se habían tenido noticias suyas. Una persona que presenció la detención dijo: “Los soldados los detuvieron y los acusaron de ser de la Unión Nacional Karen, porque tenían las manos suaves, no ásperas como las de los granjeros. Los vecinos trataron de convencer a los soldados de que tenían las manos suaves porque eran estudiantes. No se ha vuelto a saber nada de ellos. Creo que los mataron en el campo militar de Leke”.

En abril de 2006, un hombre de 74 años dijo a Amnistía Internacional que el ejército se había llevado un buen día a dos de sus sobrinos y a su nieto de su casa en el pueblo de Ye Sha, municipio de Tantabin (distrito de Nyaunglebin, división de Bago). Supuso que se los llevaban para hacer trabajos forzados o como porteadores, pero un amigo suyo vio más tarde a los soldados cavando unos hoyos allí cerca. Cuando, unos meses después, las tropas cambiaron, el hombre excavó en los hoyos y encontró la ropa de uno de sus sobrinos. Preguntó entonces a los nuevos soldados por el paradero de sus familiares, pero ellos negaron saber algo al respecto, y dijeron que habían sido trasladados a otra zona. Temiendo por su vida por haber comunicado sus sospechas al ejército, el hombre huyó.

Amnistía Internacional considera que la ausencia de protección ante la detención arbitraria en Myanmar es un factor clave que facilita abusos tales como las desapariciones forzadas (y también el trabajo forzoso, la tortura y las ejecuciones extrajudiciales). Esta ausencia de protección ha creado una situación en la que las personas carecen de acceso a procedimientos formales para determinar la suerte y el paradero de sus familiares “desaparecidos”. Es frecuente que las autoridades de Myanmar no respeten los derechos fundamentales en los procedimientos de detención y reclusión; de hecho, es habitual que no se siga ningún procedimiento en absoluto. Los agentes del Estado detienen a menudo a personas sin orden judicial y sin exponer los motivos, mantienen a personas recluidas en régimen de incomunicación, y no revelan por sistema el paradero de los detenidos a sus familiares o abogados. Si se considera que su detención está relacionada con cuestiones de seguridad, es aún más probable que los detenidos permanezcan recluidos en lugares no oficiales ni reconocidos durante los interrogatorios. Muchos presos políticos carecen de acceso a su familia o a asistencia letrada antes de que se inicien las vistas judiciales. Los detenidos tampoco tienen medios efectivos de impugnar la legalidad de su detención.

Unas personas del estado de Kayin informaron a Amnistía Internacional de numerosos casos de personas recluidas en lugares no oficiales de detención, o detenidas en campos del ejército durante periodos prolongados sin recurso a procedimientos judiciales. Los informes indican que el ejército detuvo también a personas arbitrariamente para trabajos forzados y porteo, sin fecha fija de final.

3.4 Trabajo forzoso y porteo

Huí porque el trabajo forzoso se volvió excesivo. Tiene que ir al menos una persona de la familia: por ejemplo, si el esposo no está, va la esposa. A veces piden a dos personas, y entonces tienen que hacerlo también los niños. Durante 2005 y 2006 tuvimos que trabajar todos y cada uno de los días. No ha habido tiempo para cultivar nuestra propia comida, porque casi todo el mundo tiene que marcharse. Realmente he hemos estado en peligro de morir de hambre.

Mujer de 30 años, distrito de Papun, estado de Kayin

El trabajo forzoso no remunerado contraviene el Convenio relativo al trabajo forzoso u obligatorio (Convenio núm. 29) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de 1930, que el gobierno de Myanmar ratificó en 1955. Según el artículo 1 de este Convenio, los Estados Partes deben “suprimir, lo más pronto posible, el empleo del trabajo forzoso u obligatorio en todas sus formas”. Aunque el artículo 2.2.d permite la imposición de trabajo forzoso en casos de emergencia, incluida la guerra, una Comisión de Encuesta de la OIT, designada especialmente para investigar los informes de trabajo forzoso en Myanmar, concluyó, ya en 1998, que:

La Comisión tiene ante sí numerosas pruebas que demuestran que las autoridades y el ejército recurren de manera intensiva a la imposición del trabajo forzoso a la población civil en todo Myanmar para el transporte de cargas, la construcción, el mantenimiento y el servicio de los campos militares, otros trabajos para el ejército, trabajos agrícolas, el desmonte de terrenos y otros proyectos de producción realizados por las autoridades o el ejército, en ciertas oportunidades en beneficio de particulares, la construcción y el mantenimiento de carreteras, vías férreas y puentes, otros trabajos de infraestructura y una serie de otros trabajos. Ninguno de estos trabajos figura entre las excepciones enumeradas en el párrafo 2 del artículo 2 del Convenio.17

La Comisión concluyó que “[a]parentemente la carga de trabajo forzoso también es considerable para los grupos étnicos no birmanos, en particular en las zonas donde hay fuertes efectivos militares”,18 y advirtió al gobierno de Myanmar de que:

Un Estado que apoya, incita, acepta o tolera el trabajo forzoso sobre su territorio comete un acto ilícito y compromete su responsabilidad por violar una norma de derecho internacional imperativa. Cualquiera sea la legislación nacional con respecto a la imposición de trabajo forzoso u obligatorio y al castigo de aquellas personas que lo imponen, toda persona que viola la prohibición de recurrir al trabajo forzoso según el Convenio es culpable de un crimen internacional que es también, de ser cometido de una manera generalizada y sistemática, un crimen de lesa humanidad.19

La Comisión de Encuesta pidió al gobierno de Myanmar que tomara medidas “sin demoras” para poner fin a esta política. En 1999, el Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo, en respuesta a las preocupaciones manifestadas por la OIT y la comunidad internacional, emitió la Ley 1/99 y la Ley Suplementaria 1/99, que declaraban ilegal esta práctica y establecían penas tanto para los militares como para los civiles a los que se declarara responsables.

Sin embargo, durante la actual ofensiva del ejército, el Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo ha eludido de forma rotunda el cumplimiento de esta orden en el estado de Kayin y la división de Bago. Si los civiles no pueden o no quieren realizar trabajo forzoso, ellos, sus familias y sus comunidades se arriesgan a sufrir represalias o castigos colectivos a manos de los militares. Además, la manera y las condiciones en las que se lleva a cabo el trabajo forzoso constituyen a menudo malos tratos y, tal como se ha descrito antes, las personas a las que se obliga a realizar este trabajo son en ocasiones torturadas hasta morir o ejecutadas sumariamente. En algunas zonas, la población ha denunciado que las exigencias de trabajo forzoso en 2006 fueron tan onerosas que su propia capacidad para cultivar comida con la que sobrevivir se vio seriamente minada.

En noviembre de 2006, en plena ofensiva y siete años después del informe de la Comisión de Encuesta, el Consejo de Administración de la OIT expresó su frustración por que las autoridades de Myanmar no habían podido llegar a un acuerdo con él sobre un mecanismo con el que hacer frente a las denuncias de trabajo forzoso. Tras las recomendaciones del Consejo de Administración, el director general de la OIT presentó la documentación pertinente sobre trabajo forzoso en Myanmar ante el Consejo de Seguridad de la ONU, y la puso a disposición de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para que emprendiera las acciones oportunas. La OIT luego anunció que en su reunión de marzo de 2007 estudiaría la adopción de nuevas medidas para conseguir que Myanmar cumpliera las recomendaciones formuladas en 1998 por la Comisión de Encuesta. Entre ellas se encontraba la consideración de otras opciones legales, como pedir una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia respecto a si Myanmar, al amenazar con procesar a personas que realizaran denuncias supuestamente falsas de trabajo forzoso, violaba el Convenio núm. 29 sobre Trabajo Forzoso.

A finales de febrero de 2007, la OIT estableció con el gobierno de Myanmar un Protocolo de Entendimiento complementario sobre un mecanismo para que las víctimas de trabajo forzoso pudieran pedir reparación. En virtud de este Protocolo de Entendimiento, las personas que afirmen haber sido víctimas de trabajo forzoso pueden presentar denuncias ante el funcionario de enlace de la OIT en Yangón. El funcionario de enlace realiza entonces una evaluación preliminar confidencial para determinar si el caso implica realmente trabajo forzoso. Si la determinación es positiva, el caso puede ser investigado por las autoridades de Myanmar y pueden tomarse medidas adecuadas contra los responsables, sin que los denunciantes corran peligro de recriminación.

Tras alcanzarse el Protocolo de Entendimiento, la Oficina Internacional del Trabajo notificó al Consejo de Administración que ya no había razón para enviar a la Corte Penal Internacional una petición de opinión consultiva sobre el tema. No obstante, también aconsejó al Consejo de Administración que, si en el futuro concluía que las autoridades de Myanmar no cooperaban o no hacían progresos para poner en práctica las recomendaciones de la Comisión de Encuesta de la OIT, especialmente en relación con el mecanismo conjunto de investigación y con el Protocolo de Entendimiento, la OIT volviera a enviar el asunto a la Corte Penal Internacional. En febrero de 2008, el Protocolo de Entendimiento, establecido en principio para un periodo de prueba de un año, se renovó para otro año más.

La OIT no ha recibido denuncias oficiales de trabajo forzoso del estado de Kayin, principalmente, según la propia OIT, porque la mayoría de los habitantes de la zona probablemente no conocen el Protocolo de Entendimiento y su derecho a presentar denuncia, o porque tienen miedo de hacerlo. Además, la OIT ha subrayado la dificultad que supone para la población del estado de Kayin el presentar físicamente una denuncia en la oficina de la OIT en Yangón, tal como establece el Protocolo de Entendimiento.20

Personas refugiadas y desplazadas internamente dijeron a Amnistía Internacional que el ejército las estuvo obligando periódicamente a trabajar y hacer de porteadores durante 2006 y 2007. También tuvieron que hacer algunas veces de porteadores para el Ejército Budista Democrático Karen, y ocasionalmente para el Ejército Karenni (brazo armado del Partido Nacional Progresista Karenni, otro partido étnico) y para grupos karenni que han acordado un alto el fuego y actúan por separado o junto con el ejército gubernamental. La función de los porteadores es transportar, entre otras cosas, municiones, comida, agua y leña, y actuar como dragaminas, centinelas o guías del ejército. Algunas personas afirmaron que, en ocasiones, las obligaban a llevar cargas de hasta 40 kilos. La frecuencia de las demandas de trabajo forzoso o porteo variaba de un mínimo de una vez al mes a un máximo de casi a diario, con una frecuencia media de entre una y dos veces a la semana. Muchas personas dijeron que, cuando los soldados llegaban al pueblo, todos los hombres huían para evitar los trabajos forzados.

La población civil no era la única que tenía que trabajar regularmente como porteadores: algunas personas informaron también del uso de presos convictos como porteadores del ejército en las operaciones del norte del estado de Kayin y el distrito de Nyaunglebin, división de Bago. Según los informes, estos presos recibían un trato aún peor que el de los civiles. A los que tenían mala salud, normalmente el ejército los dejaba atrás, y varios de ellos murieron, según indican los informes. En ocasiones, las autoridades de las prisiones extorsionaban a los presos amenazándolos con enviarlos de porteadores si no les daban dinero, con lo que al final lo que realizaban el trabajo de porteo eran los presos más pobres, los que no podían permitirse pagar los sobornos.

Según los informes, a las personas a las que obligaban a trabajar un día a la semana en el norte del municipio de Thandaung (distrito de Hpa’an, estado de Kayin) y en el distrito de Papun, estado de Kayin, se les ofrecía la posibilidad de pagar al ejército 1.000 kyats (160 dólares estadounidenses) en lugar de llevar a cabo el trabajo no remunerado. Según dijeron a Amnistía Internacional, la gente rara vez podía permitirse esa suma. También en el distrito de Papun, si el jefe del pueblo no proporcionaba suficientes hombres –o en tiempos de “emergencia”–, el ejército se llevaba a hombres de sus casas al azar.

El ex jefe del pueblo de Ya Da Gon, municipio de Tantabin (distrito de Nyaunglebin, división de Bago) dijo a Amnistía Internacional que había tenido que reclutar y organizar a personas de su pueblo para que trabajaran e hicieran labores de porteo para el ejército, y que, puesto que su nombramiento como jefe del pueblo tenía que tener el consentimiento del ejército, él no podía negarse a sus exigencias. Aunque los vecinos podían pagar dinero en lugar de trabajar, el ex jefe dijo que él tenía “problemas” si no había dinero o porteadores. Sin embargo, un habitante del sureste del municipio de Tantabin declaró que no había alternativa al trabajo forzoso, y que a la gente la amenazaban con quemar el pueblo si no se prestaban a realizarlo. Por lo general, los hombres huían para evitar esas exigencias.

El derecho internacional humanitario prohíbe obligar a la población civil a realizar trabajo insalubre o peligroso. En particular, no se debe obligar a los civiles a realizar actividades que tengan “relación alguna directa con la conducción de las operaciones militares”.21 El obligar a los civiles karen a trabajar como porteadores, exploradores y centinelas en zonas en las que se producen hostilidades viola claramente esta prohibición. Amnistía Internacional siente especial preocupación por el uso de civiles karen como dragaminas y escudos humanos, pues es una clara violación del derecho humano a la vida y del derecho internacional humanitario,22 y constituye un crimen de guerra, ya que viola la prohibición de la violencia contra la vida y las personas y el principio de distinción entre combatientes y personas que no participan activamente en las hostilidades.23

Una mujer del municipio de Tantabin recordó que a ella y a otras personas que hacían de porteadoras las obligaron a hacer de dragaminas, y dijo que algunas pisaron minas. Otra mujer de Tantabin relató cómo tuvo que hacer de centinela para vigilar si había tropas del Ejército de Liberación Nacional Karen en su propio pueblo. Otras personas del distrito de Nyaunglebin declararon que las habían utilizado como escudos humanos y las habían obligado a caminar delante de los soldados si se preveía un ataque del Ejército de Liberación Nacional Karen o cuando estallaban combates. A los hombres de algunos pueblos los obligaron regularmente a actuar como guías para el ejército y a transportar municiones durante los conflictos, así como comida. Con frecuencia los golpeaban. Un hombre del pueblo de Ye Sha, también en el municipio de Tantabin, dijo a Amnistía Internacional que, como el ejército se había apropiado básicamente de parte de su pueblo para establecer su propio campamento, el trabajo forzoso era frecuente y los abusos se incrementaron en 2006.

Durante 2006 se construyeron nuevas bases militares en el municipio de Thandaung (distrito de Hpa’an, estado de Kayin), el distrito de Papun (estado de Kayin) y el municipio de Tantabin (distrito de Nyaunglebin, división de Bago). A menudo se ubicaban cerca de pueblos que ya existían o de nuevos lugares de reasentamiento, y a los habitantes de esos lugares se les pedía sistemáticamente que contribuyeran con trabajo forzoso no remunerado. Los civiles de esas zonas dijeron a Amnistía Internacional que los habían obligado a ayudar en la construcción de nuevos puestos del ejército en sus pueblos. En el nordeste del municipio de Thandaung (distrito de Hpa’an, estado de Kayin) los obligaron a construir cuarteles, participando en tareas como la recogida de materiales (bambú y hojas) para el tejado. En los primeros tres meses de 2006, los habitantes de un pueblo tuvieron que realizar esos trabajos hasta dos veces por semana, con lo que apenas les quedaba tiempo para trabajar en sus campos.

En la zona central del municipio de Thandaung, según la declaración de sus habitantes, las exigencias de trabajo forzoso y porteo se duplicaron en 2006, para alcanzar una frecuencia de dos veces por semana por hogar. Una mujer de 55 años del pueblo de Kaw Mi Kho, en el municipio de Thandaung, relató cómo el ejército, una vez que se hizo con el control del pueblo, empezó a obligar a la gente a hacer trabajos forzados tres días por semana. Aunque ella estaba demasiado débil para trabajar, su esposo, su hijo de 20 años y su hija de 18 tuvieron que ayudar a construir la base del ejército en las cercanías y llevar allí comida día y noche.

Un hombre del distrito de Papun, estado de Kayin, dijo a Amnistía Internacional que le habían hecho trabajar todos los días en un campo militar local, transportando materiales para las tropas. Un viudo del distrito de Papun contó que, desde mediados de 2005 y durante todo 2006, se estuvo exigiendo trabajo diario en el sur del municipio de Lu Thaw, distrito de Papun, un trabajo que incluía romper piedras y realizar labores de porteo para el ejército. Según afirmó, en ocasiones se les pedía que llevaran varias cargas pesadas, y se obligaba a las mujeres a cocinar para los soldados y a transportar cosas. Prácticamente todo el mundo, con la única excepción de los muy jóvenes y los muy ancianos, tenía que participar. Sin embargo, existía el requisito estricto de que debía trabajar al menos una persona –y en ocasiones dos– de cada hogar, por lo que de vez en cuando se obligaba también a los niños y niñas a llevar a cabo trabajo no remunerado. Otros civiles del distrito de Papun tuvieron que cortar bambú, llevar leña o transportar munición para el ejército entre tres y cinco veces al mes. El problema, según los informes, se agravó hasta tal punto que en un pueblo concreto sólo quedaron mujeres y niños y niñas: todos los hombres huyeron para escapar del trabajo forzoso.

Igualmente, unas personas contaron a Amnistía Internacional que, en el suroeste del municipio de Tantabin (distrito de Nyaunglebin, división de Bago), los obligaban a construir cuarteles para un nuevo puesto de entre 30 y 40 soldados de los Batallones de Infantería Ligera 48 y 73, y a llevar comida entre la base existente y el nuevo puesto. Una mujer de Thit Cha Seik, Tantabin, dijo que este trabajo aumentó a tres días a la semana después de que comenzara la ofensiva, y que al menos un miembro de cada hogar tenía que participar. La base en cuestión estaba lejos de la casa de esta mujer. Otra persona de Tantabin señaló que, cuando llevaban comida a la base, los porteadores a veces se encontraban con combates.

Otras personas relataron cómo, durante 2006, el ejército las obligó a trabajar en proyectos de infraestructura en los municipios de Thandaung (distrito de Hpa’an, estado de Kayin) y Tantabin (distrito de Nyaunglebin, división de Bago). En la zona central de Thandaung, varias personas dijeron haber tenido que construir vallas, mientras otras del distrito de Hpa’an dijeron que tanto el ejército gubernamental como el Ejército Budista Democrático Karen las habían obligado a hacer de porteadoras y a arreglar carreteras. Unas personas de Tantabin dijeron también a Amnistía Internacional que el ejército las había obligado a construir una valla para impedir que los vecinos abandonaran el pueblo en marzo de 2006, y a proporcionar cuatro hombres para que vigilaran el perímetro. En otro pueblo de Tantabin, cada hogar tuvo que aportar una persona al día para reconstruir una carretera.

Al menos en un caso, una mujer que huyó de su pueblo en el municipio de Thandaung (distrito de Hpa’an, estado de Kayin) en 2006 había sido obligada por el ejército a realizar trabajo doméstico. Según dijo, no había vuelto a ver a su hija desde 1997, cuando las separaron y las obligaron a realizar servidumbre doméstica en sendos hogares del ejército durante dos años: “Se limitaron a decirme que fuera con ellos y trabajara para ellos”. Dijo a Amnistía Internacional:

Cuando llegamos a Yangón, me dijeron que se llevaban a mi hija de siete años de compras y a enseñarle las vistas. Nos separaron, y me llevaron a la casa de uno de los oficiales del ejército que me habían capturado [...] Allí conocí a la esposa, que me habló de manera muy desagradable y me obligó a trabajar para su familia, cocinando y limpiando la casa. Me puse enferma. La esposa me gritaba. Pregunté a los oficiales si podía ver a mi hija, y me dejaron verla una vez, pero nos separaron de nuevo casi inmediatamente. Estuve allí un año, y empecé a pensar en suicidarme.

Unas personas de los distritos de Hpa’an y Papun, en el estado de Kayin, y del distrito de Nyaunglebin, en la división de Bago, dijeron a Amnistía Internacional que el Ejército Budista Democrático Karen también obligaba a gente a trabajar en campos que eran propiedad privada de sus miembros. Cada familia tenía que hacer trabajo forzoso aproximadamente dos veces al mes. Normalmente ese trabajo recaía en los hombres pero, si no estaban disponibles, tenían que participar las mujeres, normalmente con trabajos más ligeros que los de los hombres.

3.5 Desplazamiento forzado

Puesto que Myanmar no es un país en conflicto armado, rechazamos la afirmación de que existe un elevado número de personas desplazadas internamente. Desde su independencia hace casi cinco décadas, el país goza por primera vez de paz y tranquilidad gracias al repliegue legal de 17 de los 18 grupos armados. Puesto que los enfrentamientos con grupos insurgentes pequeños y escindidos sólo se producen en las zonas fronterizas, esas escaramuzas no pueden dar lugar a una cifra de personas desplazadas internamente de la magnitud presentada en el informe.

U Nyunt Maung Shein, representante permanente de Myanmar ante la ONU en Ginebra, Consejo de Derechos Humanos de la ONU, 27 de septiembre de 2006



El ejército lleva desde la década de 1970 reasentando por la fuerza a civiles karen del distrito de Papun, estado de Kayin, y del distrito de Nyaunglebin, división de Bago. Desde al menos principios de la década de 1980, se ha reasentado a pueblos de zonas de minorías étnicas de Myanmar en asentamientos vallados conocidos como lugares de reasentamiento. Por lo general, a los habitantes de esos pueblos les dan un preaviso muy corto antes del reasentamiento, y con frecuencia los pueblos son quemados y minados para impedir el regreso. En muchos casos, el ejército ha seguido una política de disparar contra cualquier persona a la que se encontrara en los pueblos una vez transcurrido el plazo de preaviso para el reasentamiento. A los habitantes se les ha dicho que los matarían si no cumplían las órdenes de reasentamiento, y que cualquier persona que permaneciera allí sería considerada simpatizante de los grupos armados de oposición y, por lo tanto, blanco militar legítimo durante las operaciones de contrainsurgencia o los combates.

Se cree que, entre 1996 y 2006, cuando el ejército inició operaciones de reasentamiento forzado en gran escala en los estados de Kayin, Shan y Kayah, la población de más de 3.000 pueblos de estados de minorías étnicas se vio obligada a desplazarse. Esto ocurrió porque los pueblos fueron incendiados para obligar a sus habitantes a huir, o porque sus habitantes los abandonaron ante el temor por su seguridad, o bien porque el ejército obligó a los habitantes a reasentarse. Tan sólo en 2007, los habitantes de al menos 167 pueblos enteros se convirtieron en desplazados,24 entre ellos los de pueblos del municipio de Thandaung (distrito de Hpa’an, estado de Kayin), donde se calcula que se desplazaron 5.000 personas.25 Algunas personas han soportado ciclos repetidos de desplazamiento, a menudo mientras intentaban escapar de los ataques militares contra sus pueblos, o de las exigencias de trabajo forzoso. El estado de Kayin cuenta con la segunda cifra más elevada de personas desplazadas de los estados de Myanmar.

En virtud del derecho internacional humanitario, la población civil sólo puede ser desalojada temporalmente de sus casas para garantizar su seguridad, o por razones militares imperativas.26 Según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, es un crimen de guerra ordenar, en un conflicto armado no internacional, “el desplazamiento de la población civil por razones relacionadas con el conflicto, a menos que así lo exija la seguridad de los civiles de que se trate o por razones militares imperativas”.27 La política de desplazamiento forzado del ejército viola también los derechos humanos de las personas afectadas, incluidos el derecho a un nivel de vida adecuado y el derecho a elegir el lugar de residencia.

Además, a las personas desplazadas de Myanmar no se les permite el acceso a los derechos y salvaguardias que les otorgan los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos.28 Estos Principios son una serie de normas ampliamente respaldadas y autorizadas, pero no vinculantes, que se aplican a la protección de las personas desplazadas internamente. Reflejan las normas y el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos y son conformes a ellos. A Amnistía Internacional le preocupa el hecho de que el ejército no ha respetado las normas expuestas en los Principios Rectores sobre el respeto y la protección de los derechos humanos de las personas desplazadas, incluido el derecho fundamental a gozar de protección frente al desplazamiento arbitrario. Otros principios que no se han respetado en relación con las personas desplazadas internamente son: el derecho a no sufrir discriminación; el derecho a recibir protección y ayuda humanitaria; el derecho a que el desplazamiento se lleve a cabo de manera que no viole los derechos a la vida, la dignidad, la libertad y la seguridad de todas las personas afectadas; el derecho a gozar de protección frente a los ataques, la violación, el asesinato, la tortura y otros actos de violencia; la libertad de circulación; el derecho a no ser objeto de reasentamiento forzado; el derecho a un nivel de vida adecuado; y el derecho a la educación. Las autoridades tampoco han establecido condiciones ni han proporcionado medios para permitir que las personas desplazadas internamente regresen voluntariamente, sin peligro y con dignidad a sus casas o se reasienten voluntariamente en otros lugares.

Amnistía Internacional insta al Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo a permitir que quienes decidan regresar voluntariamente a sus casas lo hagan en condiciones de seguridad y dignidad, y se beneficien de una reintegración no discriminatoria que incluya la restitución de bienes o la indemnización. Quienes no puedan o no quieran regresar a sus casas deben poder reasentarse voluntariamente en otra parte del país. Las personas desplazadas internamente deben ser debidamente consultadas sobre los planes para su reasentamiento o su reintegración. La organización pide al Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo que investigue de manera exhaustiva las violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos perpetradas contra personas desplazadas internamente y que lleve a juicio a los responsables. Además, puesto que la ofensiva militar contra la población civil karen continúa, Amnistía Internacional pide que se ponga fin de inmediato al desplazamiento forzado.

Cuando, por motivos relacionados con el conflicto armado, el reasentamiento de civiles sea inevitable para la seguridad de los civiles afectados o por razones militares imperativas, ese reasentamiento debe durar únicamente mientras las condiciones así lo exijan, y las personas reasentadas deben poder ejercer su derecho a regresar a sus hogares cuando los motivos del reasentamiento ya no existan. La existencia de conflicto en la zona no puede justificar la expulsión indefinida de personas de sus hogares, pueblos y granjas. Las personas desplazadas internamente deben recibir reparación, que incluya medios para reconstruir sus casas y granjas.

En la mayoría de los casos que han llegado a conocimiento de Amnistía Internacional, los jefes de los pueblos sometidos a alguna forma de control estatal fueron alertados de los planes del ejército de reasentar a los habitantes del pueblo en lugares de reasentamiento oficiales. Por boca de refugiados y desplazados internos karen, Amnistía Internacional supo que, en algunos casos, se advirtió a personas y pueblos, verbalmente o por escrito, de que el ejército dispararía contra quien se negara a marcharse o intentara regresar al pueblo. Según los informes, a los habitantes de Ma Lay Ler, en el distrito de Nyaunglebin (división de Bago), el ejército les informó a principios de 2006 de los planes para seguir reasentando pueblos hasta que cesaran por completo los combates con el Ejército de Liberación Nacional Karen. Según una persona, “las tropas dijeron al jefe del pueblo que, mientras iban de un lugar a otro, querían establecer una situación en la que ya no queden lugares donde la Unión Nacional Karen pueda estar, y que nos reasentarían hasta que eso sucediera”. El 14 de mayo de 2006, según el jefe del pueblo, el ejército se presentó en el pueblo de Ye Da Gon, municipio de Tantabin (distrito de Nyaunglebin, división de Bago), y dio a 120 hogares, incluido el del jefe, un día para reasentarse. No les dijeron dónde tenían que ir, sólo que tenían que marcharse.

Otro hombre del distrito de Nyaunglebin, cuyo pueblo fue quemado en marzo de 2006, dijo a Amnistía Internacional que las tropas gubernamentales habían advertido de su intención al jefe del pueblo, quien a su vez había dicho a los vecinos que no podía garantizar su protección. Las tropas llegaron al pueblo, exigieron arroz y golpearon a quienes no podían proporcionárselo: a un hombre lo golpearon con la culata de un rifle. Luego los soldados saquearon y quemaron las 70 casas del pueblo, robaron utensilios de cocina y otros objetos y ordenaron a los residentes desplazados que se los transportaran.

Sin embargo, en ocasiones los habitantes de los pueblos optaban, por sí mismos o aconsejados por los jefes de sus pueblos, por huir cuando se producía un ataque o parecía inminente. Algunas personas dijeron a Amnistía Internacional que el ejército quemaba casas e incluso pueblos enteros. Los soldados también utilizaban las amenazas de prender fuego para obligar a la gente a reasentarse, y exigían a los habitantes de los pueblos que desmontaran ellos mismos sus casas antes de reasentarlos por la fuerza.

Otras personas denunciaron que el ejército atacaba sus pueblos sin previo aviso, y los habitantes no tenían más remedio que huir a la jungla para salvarse. Esto no puede de ninguna manera describirse como un reasentamiento formal con las salvaguardias previstas por el derecho y las normas internacionales. Una mujer contó que, hacia la una del mediodía del 28 de abril de 2006, el ejército entró en su pueblo de Kaw Mi Kho, Thandaung, sin previo aviso y lo quemó, obligando a todo el mundo a huir. Otra persona de Sho Kho, también en Thandaung, dijo a Amnistía Internacional que, a mediados de mayo de 2007, el ejército destruyó y vació el pueblo.

En junio de 2006, antes de reasentar por la fuerza a los habitantes del pueblo de Saw Tay Der, municipio de Tantabin (distrito de Nyaunglebin, división de Bago), el ejército, según los informes, bombardeó el pueblo indiscriminadamente desde lejos. Después de entrar y desplazar a los habitantes, los soldados les imposibilitaron el regreso colocando minas terrestres, y luego montaron posiciones en torno al pueblo abandonado. Cada vez que estallaba una mina, lo que indicaba movimiento, bombardeaban el pueblo.

También en el municipio de Tantabin (distrito de Nyaunglebin, división de Bago) se quemaron sin previo aviso pueblos desde noviembre de 2005 hasta final de 2007. Una granjera del municipio de Tantabin describió cómo su pueblo entero fue quemado cuando el ejército encontró municiones ocultas en los terrenos que lo rodeaban:

En mi pueblo había 24 familias, todas cristianas. Me marché porque el ejército llegó a principios de 2006 y quemó todas las casas del pueblo. Habían descubierto munición en las cercanías. Todos huimos justo antes de que las tropas entraran en el pueblo. Cuando se marcharon, regresamos, pasamos allí una noche y nos fuimos a Tailandia. Arroz, pasta de pescado, cacerolas, sartenes, objetos personales... no dejaron nada. Estaba tan disgustada que no comí nada en tres días. Los niños lloraban. El pueblo entero se marchó junto y vino aquí. El viaje duró tres días. La gente de los pueblos por los que pasábamos nos alimentó. Me entristeció muchísimo dejar mi pueblo [...] El ejército lo quemó todo. Tenía algunas joyas, oro y plata escondidos en casa. Todo desapareció con el fuego. Ya no puedo hacer nada.

Otra cultivadora de arroz del municipio de Tantabin relató a Amnistía Internacional un incidente a principios de 2006 en el que el ejército se presentó en su pueblo y quemó 20 de las 30 casas que lo componían:

Las tropas llegaron cuando casi todos estábamos trabajando en los campos y cultivos, sólo quedaban los niños y los ancianos. Oí cuatro disparos de mortero. Más tarde me di cuenta de que los disparos se habían realizado en dirección al pueblo. Un proyectil alcanzó el centro del pueblo, otro cayó en las afueras y otros dos fuera del pueblo. Nadie resultó herido, pero los que se encontraban en el pueblo tuvieron que salir corriendo. Luego llegaron los soldados. Los acompañaba un grupo karenni que había aceptado el alto el fuego, la Organización de Solidaridad Nacional Karenni, y más tarde escuché que los guiaban cinco habitantes del pueblo a los que habían detenido en otro pueblo y habían obligado a mostrarles el camino hasta allí. Quemaron 20 casas al azar, no tengo ni idea de por qué. Respecto a los cinco vecinos que utilizaron de guías, oí que más tarde habían dejado en libertad a cuatro de ellos, pero el quinto había desaparecido. La gente supuso que los soldados lo habían matado. Los soldados, antes de marcharse del pueblo, colocaron minas terrestres, una de ellas delante de la iglesia. Un anciano, de unos 70 años, pisó una y murió [...] Lo perdí todo: la cocina, los muebles, la reserva de arroz. No quedó ni un papel. Lo mismo les sucedió a las otras 19 familias cuyas casas quemaron.

Otros dos granjeros de los pueblos de Po Mu Der y Ka Lay Hta, en el municipio de Tantabin, afirmaron que el ejército había atacado y quemado sus pueblos. En Po Mu Der, el 28 de mayo de 2006, los soldados quemaron 17 casas, incluida la del hombre con el que habló Amnistía Internacional. Al entrar en el pueblo, los soldados realizaron disparos de advertencia. En octubre de 2006, el ejército atacó también el pueblo de Ka Lay Hta sin previo aviso y lo quemó hasta los cimientos.

3.5.1 Condiciones en los lugares de reasentamiento

Como se ha señalado anteriormente, el ejército en ocasiones obligaba las personas desplazadas por la fuerza durante la ofensiva militar a trasladarse a lugares de reasentamiento designados. También allí muchas personas denunciaron que el trabajo forzoso y las labores de porteo por parte de hombres, mujeres, niños y niñas eran una práctica habitual. Los porteadores eran obligados a acompañar a los soldados en operaciones militares, transportar munición o provisiones y, en algunos casos, participar activamente en las operaciones, en ocasiones caminando delante de los soldados como escudos humanos.

La salida de estos lugares y la circulación dentro de ellos estaban muy limitadas, pues se encontraban rodeados por vallas y con una presencia constante del ejército. Otras restricciones eran el permiso que había que obtener para abandonar el lugar, el hecho de que algunas áreas se declaraban no cultivables, o los límites a las pertenencias y las reservas de comida que la gente podía llevar consigo o tener dentro de estos lugares. Aunque en algunos casos hubo personas que pudieron comprar al ejército un permiso para marcharse, a las personas reasentadas en estos emplazamientos no siempre se les concedía tiempo suficiente para cultivar sus campos.

3.5.2 Destrucción de escondites por parte de las patrullas del ejército

No hubo ofrecimientos sobre lugares de reasentamiento: simplemente llegaron y lo quemaron todo. El sufrimiento nunca acabará.

Residente desplazado del municipio de Thandaung (distrito de Hpa’an, estado de Kayin)

Miles de civiles que han huido del ejército viven en estructuras temporales en la jungla. Muchos se vieron obligados a huir de los ataques contra sus pueblos que, a menudo, provocaron su destrucción total. Otros decidieron marcharse cuando los ataques parecían inminentes, o cuando las exigencias de trabajo forzoso, comida o dinero por parte del ejército se hicieron excesivas. Incluso para quienes pudieron elegir el momento y el lugar de su reasentamiento, las condiciones eran extremadamente difíciles, ya que la comida escaseaba, el cobijo era rudimentario y la gente no podía llevar ni acumular demasiadas pertenencias. Sin embargo, mucha gente dijo a Amnistía Internacional que su preocupación más grave era el miedo, ya que estos escondites eran de hecho zonas de tiro libre en las que era posible que a los desplazados les dispararan si los veían o los bombardearan desde la distancia. Además, el ejército colocaba minas terrestres en torno a sus pueblos abandonados y también en las zonas de jungla en las que se habían reasentado, lo que les impedía moverse libremente y cultivar tierras; al mismo tiempo, la explosión de las minas permitía al ejército detectar la presencia de civiles. Tal como dijo una persona desplazada del municipio de Thandaung (distrito de Hpa’an, estado de Kayin) a Amnistía Internacional: “Hemos estado viviendo en asentamientos temporales, y cada vez que venían descubríamos que se habían llevado nuestro ganado –cerdos y gallinas– y nuestro arroz, y nos habían quemado las cabañas”.

Una segunda mujer del municipio de Thandaung dijo que sólo había pasado 10 días en la jungla después de que se quemara su pueblo en abril de 2006; cuando se quedó sin comida, se trasladó a otro pueblo, Kaw Law Ka. Allí permaneció unos siete meses pero, como estaba “controlado por el ejército”, a mediados de diciembre terminó por trasladarse junto con sus nueve hijos, con la ayuda del Ejército de Liberación Nacional Karen, al campo de desplazados internos cercano a la frontera con Tailandia. Una tercera mujer de Thandaung dijo a Amnistía Internacional que, después de que ella y sus ocho hijos huyeran de un ataque contra su pueblo en mayo de 2007, el ejército les disparaba con artillería en la jungla cada vez que veía el humo de las hogueras que encendían para cocinar. Cuando, al cabo de 24 días, se quedaron sin comida y sin ánimos, huyeron de nuevo al mismo campo de desplazados internos. El viaje, muy peligroso, les llevó 10 días; cuando cruzaban caminos “hasta los niños sabían que tenían que estar callados”.

Igualmente, en el municipio de Tantabin (distrito de Nyaunglebin, división de Bago), dos familias de pueblos distintos huyeron a la jungla y soportaron bombardeos pero, cuando se les terminó la comida, se dirigieron al campo de desplazados internos de la frontera de Tailandia con la ayuda del Ejército de Liberación Nacional Karen. Uno de los cabezas de familia –que permaneció en la jungla más de dos meses– dijo que la gente había almacenado comida en la jungla por si el ejército atacaba. También en el municipio de Tantabin, tres hombres dijeron a Amnistía Internacional que habían vivido en la jungla desde 1975, cuando tuvieron que desplazarse de su pueblo de Saw Tay Der, pero habían podido regresar a sus granjas tiempo suficiente para mantener a sus familias durante más de 30 años. El ejército había construido bases a unas dos horas de distancia a cada lado del pueblo, y bombardeaba intermitentemente la jungla, pero las familias habían logrado sobrevivir. Sin embargo, a finales de 2006, el ejército intensificó sus bombardeos y envió soldados a vivir en el antiguo pueblo, muy cerca del asentamiento de la jungla. Cuando las familias ya no pudieron seguir cultivando sin peligro sus tierras, se dirigieron todas hacia el mismo campo de desplazados internos entre junio y octubre de 2007.

3.6 Confiscación y destrucción de cosechas y reservas de alimentos

Amnistía Internacional siente preocupación por la destrucción sistemática, el saqueo y la confiscación excesiva de cosechas, ganado, zonas agrícolas, suministros de agua y objetos personales por parte del ejército durante su ofensiva contra los karen y como parte de ella. Estas prácticas violan el derecho internacional consuetudinario, aplicable a todos los tipos de conflicto armado. Aunque las autoridades afirman que las acciones del ejército tienen como finalidad impedir que la Unión Nacional Karen y el Ejército de Liberación Nacional Karen reciban alimentos, los informes indican que la población civil es un blanco directo de esas acciones y se ve afectada por ellas.



El derecho internacional humanitario prohíbe el saqueo y cualquier otra forma de privación arbitraria de bienes civiles.29 Los ataques, la destrucción o la inutilización de objetos indispensables para la supervivencia de la población –entre los que se encuentran los saqueados o destruidos por el ejército, como reservas de alimentos, zonas agrícolas que producen reservas de alimentos, y ganado– están prohibidos por el derecho internacional humanitario30 y constituyen crímenes de guerra.31



Estas confiscaciones y destrucciones excesivas en todo el municipio de Thandaung (distrito de Hpa’an, estado de Kayin) aumentaron en 2006 y 2007, y en ocasiones fueron obra del Ejército de Liberación Nacional Karen. Varias personas del norte de Thandaung, que llevaban desde 2003 viviendo en estructuras temporales cerca de su pueblo original (quemado en 1996), dijeron que la frecuencia de las incursiones del ejército desde una base en el pueblo de Pa Do Ku aumentó en sus zonas a dos o tres veces al mes en 2006. El ejército robó o destruyó sus reservas de comida y utensilios de cocina. “Lo que no se llevaron, lo destruyeron”, dijo una de las personas afectadas. Un hombre dijo a Amnistía Internacional que unos soldados le informaron oficialmente en enero de 2006 de que ya no podía seguir cultivando caña de azúcar, porque sus tierras estaban demasiado cerca de zonas de actividad del Ejército de Liberación Nacional Karen. A continuación, destruyeron su cosecha, “que era mi principal fuente de ingresos”, sin ofrecerle compensación. Otra mujer de Thandaung afirmó que los soldados, a los que los residentes de los pueblos que suministraban a la base principal ya habían proporcionado comida, se llevaron todo el arroz de su pueblo en abril de 2006. En el pueblo de Kaw Law Ka, en Thandaung, el ejército controlaba por completo el suministro de alimentos, y decidía caso por caso si se asignaba comida, y cuánta, a un número específico de personas.

De igual modo, un hombre del distrito de Papun, estado de Kayin, denunció que los campos de arroz que cultivaba habían sido quemados seis o siete veces desde 1999, y que en octubre de 2005 el ejército se llevó su ganado y su arroz y quemó sus almacenes. Otros granjeros de una zona que hace frontera con el distrito de Papun dijeron que los soldados visitaban sus pueblos a menudo, en ocasiones varias veces en un mismo día, y “exigían de todo [...] se llevaban el cerdo más caro [...] llegaban y robaban en tiendas y casas”. Otro granjero de Papun denunció los saqueos y destrucciones de bienes perpetrados periódicamente por el Batallón de Infantería Ligera 73, mientras que un habitante del municipio de Lu Thaw, distrito de Papun, dijo que, en diciembre de 2005, a 12 pueblos del municipio les ordenaron oficialmente que proporcionaran una cesta de arroz por hogar a la Brigada 777 del Ejército Budista Democrático Karen.

Según los informes, el ejército venía perpetrando esos mismos abusos en el municipio de Tantabin (distrito de Nyaunglebin, división de Bago) desde 2004, y siguió haciéndolo en 2006 y 2007. Un habitante de la zona denunció que su campo de arroz y su cabaña habían sido destruidos en 2004, y que desde mayo de 2006 las tropas habían destruido cosechas en otros campos alrededor del pueblo. Los informes indicaban también que, en un pueblo atacado en el sur del municipio de Tantabin, el ejército quemó uno de los 20 graneros de arroz en 2006, después de llevarse todo el arroz. Otro hombre dijo que, desde mediados de 2006, los soldados empezaron a exigir a su pueblo de Ye Sha comida cocinada, en lugar de sólo arroz. En Ye Da Gon, en 2006, las “normas” que regían la confiscación de comida por parte del ejército cambiaban cada vez que había una rotación de tropas.

Varias personas de emplazamientos en la jungla en el norte del distrito de Nyaunglebin dijeron a Amnistía Internacional que el ejército ocupaba periódicamente su asentamiento durante periodos de hasta un mes, y durante ese tiempo se comía su comida y destruía sus bienes, incluidos la ropa, el arroz y los utensilios de cocina que habían escondido. En ocasiones, los soldados buscaban activamente esos productos. Un granjero del este de Nyaunglebin denunció que el ejército había quemado el 10 por ciento de los graneros de arroz de su pueblo en junio de 2006. Un hombre de un asentamiento cercano al municipio de Mone, también en el distrito de Nyaunglebin, dijo que, desde octubre de 2005, cuando los combates se intensificaron, el ejército destruyó constantemente cosechas de piña, nuez de betel y verduras en todo el asentamiento, que se extendía por un área muy amplia.

3.7 Toques de queda, cierres y otras restricciones a la libertad de circulación

Nuestro pueblo últimamente se ha convertido en una prisión: los soldados nos prohibieron salir a los campos. En abril [de 2006] declararon un cierre de seis meses: nadie podía salir. Ni siquiera las vacas. Se anunció públicamente en una reunión que convocaron. Dijeron que querían matarnos de hambre, a nosotros y a la Unión Nacional Karen.

Granjero de 45 años (distrito de Hpa’an, estado de Kayin)

Amnistía Internacional siente preocupación por el uso amplio y arbitrario de los toques de queda, los cierres y otras violaciones del derecho a la libertad de circulación como medida colectiva contra la población civil durante la ofensiva contra los karen. La organización es consciente de que el derecho a la libertad de circulación puede ser objeto de restricciones, entre otros motivos por cuestiones de seguridad nacional. Sin embargo, el carácter colectivo y arbitrario de muchas de las restricciones impuestas durante la ofensiva desdice esos motivos, como se ve en los casos que se exponen a continuación.

Unos granjeros denunciaron que, desde enero de 2006, el ejército les prohibió explícitamente que salieran de sus pueblos, incluso para cultivar sus campos. Esas medidas perjudican a las personas que dependen por completo del cultivo para comer, y las dejan ante la difícil elección de obedecer la orden y arriesgarse a morir de hambre, o desobedecerla y arriesgarse a que las maten. Esas políticas violan el derecho a la vida consagrado en el derecho internacional de los derechos humanos, y constituyen “atentados contra la vida y la integridad corporal” en virtud del derecho internacional humanitario.32 También constituyen un castigo colectivo, prohibido, como se señaló antes, por el derecho internacional humanitario como norma de derecho internacional consuetudinario.

Unas personas dijeron a Amnistía Internacional que, en mayo de 2006, en los municipios de Thandaung (distrito de Hpa’an, estado de Kayin) y Tantabin (distrito de Nyaunglebin, división de Bago), el ejército anunció que se prohibía a la gente salir de sus pueblos, y que se dispararía a quien se encontrara fuera, aunque la persona en cuestión estuviera en sus campos. Un hombre del municipio de Dweh Lo (distrito de Papun, estado de Kayin) recordó que el ejército había informado a su pueblo de que quienes incumplieran la orden serían multados con 6.000 kyats, y que se abriría fuego contra quienes huyeran de los soldados. Antes de esos anuncios, el ejército había estado disparando, sin advertencia verbal alguna, contra las personas a las que encontraba fuera de los pueblos.

Otras personas del municipio de Tantabin denunciaron que, en la primera mitad de 2006, al menos tres personas que pastaban su ganado murieron por disparos de soldados. Un cultivador de arroz describió los efectos de la orden de restricción:

Antes de decidirme a venir a Tailandia, el pueblo fue vallado, en mayo de 2006. No se permitía salir a nadie, y no podíamos comprar comida. En una reunión del pueblo nos dijeron que teníamos que construir una valla y que teníamos que proporcionar guardias de seguridad. No nos permitían cuidar de nuestros campos, y nos disparaban si lo hacíamos. Yo no quería venir, pero tuve que hacerlo, por la escasez de comida. No nos permitían viajar o traer comida de otros sitios. En mi pueblo hay 300 casas, y una colina más allá está el campo de un nuevo batallón. En marzo de 2006 nos advirtieron de que dispararían contra quien encontraran fuera del pueblo. También pusieron más minas en los terrenos que rodean el pueblo.

3.8 Minas antipersonal

Han colocado minas terrestres alrededor de mi campo; la carretera está destruida. Así no es posible seguir viviendo.

Granjero de 24 años del municipio de Thandaung (distrito de Hpa’an, estado de Kayin)



Nuestras vidas corren peligro por las minas terrestres. No hay seguridad para nosotros, los civiles, ni para nuestra vida. La situación está empeorando, ya que cada vez explotan más minas alrededor de nuestro pueblo. Aunque tengas dinero, no puedes sobrevivir.

Viuda de 51 años del municipio de Thandaung (distrito de Hpa’an, estado de Kayin)



En la radio birmana se retrata a la Unión Nacional Karen como terroristas y asesinos, pero fue el ejército birmano el que colocó la mina que me voló la pierna. Fue el ejército birmano el que quemó mi casa. Fue el ejército birmano el que me convirtió en refugiada.

Mujer de 35 años del municipio de Tantabin (distrito de Hpa’an, estado de Kayin)

Durante la campaña militar en el estado de Kayin y la división de Bago ha habido un fuerte incremento del uso de minas antipersonal por parte tanto del ejército gubernamental como del Ejército de Liberación Nacional Karen. La gran cantidad de minas colocadas supone una amenaza para la vida de la población civil karen.

El gobierno de Myanmar condenó el uso de minas terrestres por parte del Ejército de Liberación Nacional Karen durante una “gira de estudio” para periodistas en el municipio de Mone (distrito de Nyaunglebin, división de Bago) en 2006, y atribuyó la pérdida de vidas y medios de sustento a las minas presuntamente colocadas por la Unión Nacional Karen: “Es la Unión Nacional Karen la que coloca minas para hacer daño a la población local con el fin de amenazarla para que no trabaje o se gane libremente el sustento bajo la protección del ejército. A causa de las minas trampa de la Unión Nacional Karen, una gran cantidad de personas de zonas rurales pierden la vida o sufren mutilaciones”.33 El gobierno no reconoció en ningún momento el efecto que las minas colocadas por el ejército ha tenido en la población civil.

Amnistía Internacional se opone a la fabricación y colocación de minas antipersonal, pues se trata de armas indiscriminadas, y ha pedido a todos los Estados, incluido Myanmar, que ratifiquen la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción. La organización ha pedido también a todos los grupos armados, incluidos los de Myanmar, que se abstengan de utilizar o fabricar este tipo de minas.

Myanmar fue uno de los 17 países que se abstuvo en la votación de la Resolución 60/80 de la Asamblea General de la ONU, del 8 de diciembre de 2005, que pedía la universalización y la plena aplicación de la convención sobre minas antipersonal. Sin embargo, el representante de Myanmar manifestó que su gobierno se opone al “uso indiscriminado de las minas antipersonal, que causa la muerte y lesiones a personas inocentes en todo el mundo. Estas tragedias suceden a causa de la fácil disponibilidad de las minas terrestres”.34. El representante manifestó también que el Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo estaba, en principio, a favor de una prohibición de la exportación, la transferencia y el uso indiscriminado de las minas antipersonal.

El uso de minas terrestres, incluso en carreteras utilizadas por la población local y cerca de granjas y fuentes de agua, se incrementó fuertemente en los distritos de Hpa’an y Papun, estado de Kayin, y en el distrito de Nyaunglebin, división de Bago, en 2006. Habitantes de la zona dijeron a Amnistía Internacional que, aunque el ejército advertía a los residentes de pueblos “pacíficos” de que había minado ciertas áreas, rara vez les decía la ubicación exacta de las minas. El Ejército de Liberación Nacional Karen, según los informes, informaba con más frecuencia a los civiles de la presencia y la ubicación de minas y dispositivos explosivos improvisados, y en general anunciaba que los colocaría cuando el ejército mantuviera actividad en la zona.

Amnistía Internacional recibió información según la cual en los municipios de Thandaung (distrito de Hpa’an, estado de Kayin) y Tantabin (distrito de Nyaunglebin, división de Bago) había aumentado el uso de minas por parte del ejército en los caminos hacia los campos de arroz cultivados tanto por los civiles de los pueblos como por los que estaban ocultos, en las carreteras a las localidades utilizadas para obtener comida y vender productos, y cerca de los ríos utilizados para lavar y bañarse. Algunas personas denunciaron que la creciente presencia de minas cerca de sus campos les impedía cultivar sus cosechas y provocaba una drástica reducción de su seguridad general. En la zona controlada por el Batallón de Infantería Ligera 66 en particular, la colocación de minas terrestres provocó un notable aumento de las muertes y mutilaciones de civiles.

Según los informes, un pueblo del norte del distrito de Hpa’an fue minado después de que se dictara contra él una orden de restricción de circulación en enero de 2006. La explosión de las minas causó la muerte de muchas cabezas de ganado y otros animales que bebían en el arroyo. En otro incidente del que tuvo conocimiento Amnistía Internacional, dos hermanos pisaron una mina en el municipio de Thandaung, distrito de Hpa’an, en febrero de 2006, en el camino que conducía a sus campos. Uno de ellos murió, y el otro perdió una pierna. En el sur de Thandaung, al menos un civil murió por las heridas causadas por una mina mientras recogía leña en la jungla, y un hombre dijo a Amnistía Internacional que su hermano había muerto por una mina colocada por soldados que se quedaron en su zona tan sólo una noche. Según este hombre, el ejército tenía como política colocar minas en los lugares en los que tenía que dormir, por breve que fuera el periodo. También en el municipio de Thandaung, a principios de 2006, un hombre de 47 años perdió una pierna tras pisar una mina colocada cerca de la iglesia de su pueblo. La gente de la zona denunció que el ejército no había avisado de que había minado el área. También se informó de la muerte de al menos tres civiles en otro pueblo del distrito de Hpa’an en marzo de 2006.

En al menos dos asentamientos del distrito de Papun, en el norte del estado de Kayin, el ejército dijo a los jefes que, desde mayo de 2006, los habitantes de sus pueblos no podían trabajar en sus granjas porque los soldados habían colocado minas en torno al pueblo.

Dos hombres de pueblos distintos del municipio de Tantabin (distrito de Nyaunglebin, división de Bago), uno de los cuales había resultado herido por una mina en 2003, dijeron a Amnistía Internacional que el ejército colocaba minas en sus antiguos pueblos después de quemarlos. Cuando una mina estallaba, bombardeaban el pueblo. Otro civil dijo que, después de que el pueblo de Ye Da Gon, en Tantabin, fuera reasentado por la fuerza en 2006, su hijo y su cuñado intentaron regresar, pero pisaron unas minas: su hijo quedó tuerto, y su cuñado murió.

Un hombre afirmó que el incremento de minas terrestres en torno a su asentamiento en la jungla en Tantabin, en 2006, fue uno de los dos motivos principales que le llevaron a trasladarse al campo de desplazados internos cercano a la frontera con Tailandia al año siguiente. Otro hombre del mismo pueblo, que también se había refugiado en la jungla, denunció que su hijo había perdido parte de una pierna en la explosión de una mina en una fuente de agua, en 2006.

3.9 Impuestos y multas arbitrarios

Si no pagabas el impuesto, te amenazaban con llevarte de porteador o para hacer trabajos forzados durante una semana, así que la gente pedía préstamos y hacia cualquier cosa por pagar y evitar eso.

Habitante del distrito de Papun, estado de Kayin

Amnistía Internacional documentó la confiscación arbitraria de bienes y la extorsión de dinero a la población rural por parte del ejército en el estado de Kayin y la división de Bago. Durante la ofensiva militar, estas prácticas –consecuencia de una política de autosuficiencia de las tropas– contribuyeron notablemente a negar a la gente un nivel adecuado de vida. Se trata de algo que ha sucedido tanto en zonas relativamente pacíficas como en zonas de contrainsurgencia.

Personas procedentes del norte del estado de Kayin y del este del distrito de Nyaunglebin proporcionaron a Amnistía Internacional numerosos ejemplos de confiscación de bienes y extorsión por parte del ejército que habían hecho su vida difícil e incluso insoportable. Algunas tuvieron que pedir dinero prestado para pagar impuestos arbitrarios, y para comprar arroz que entregar al ejército. Una persona del municipio de Thandaung (distrito de Hpa’an, estado de Kayin) dijo del ejército: “Realmente abusan de su poder. Si compramos arroz fuera del pueblo, nos acusan de estar relacionados con la Unión Nacional Karen. También nos amenazan con que, si no les damos dinero –por ejemplo, unos 3.000 o 4.000 kyats–, nos detendrán y nos matarán”. De igual modo, una mujer del municipio de Tantabin (distrito de Nyaunglebin, división de Bago) dijo que el ejército, por un lado asaltaba directamente el pueblo para obtener dinero, y por otro recaudaba impuestos a través del jefe.

La población de zonas de los distritos de Hpa’an y Papun también sufría periódicamente impuestos y “multas” del Ejército Budista Democrático Karen. Varios habitantes del distrito de Hpa’an dijeron a Amnistía Internacional que los multaban si se ausentaban del pueblo –especialmente si los obligaban a hacer trabajos forzados– en un momento en el que hubiera restricciones a la circulación. Un hombre dijo que él y otros dos más, que habían estado ausentes durante un periodo de restricción a la circulación, regresaron al pueblo en marzo de 2006 y fueron multados con 1.500 kyats cada uno por el Ejército Budista Democrático Karen. También dijo que los azotaron “durante dos horas” y que luego se exigió al pueblo que proporcionara dos personas para trabajo forzoso no remunerado. Unos habitantes de Shwe U, también en el distrito de Hpa’an, afirmaron que el Ejército Budista Democrático Karen y el ejército gubernamental habían sometido al pueblo a un impuesto mensual de 10.000 kyats (para las familias) y 5.000 kyats (para las viudas). Creían que ese dinero se utilizaba principalmente para gastos personales de miembros del Ejército Budista Democrático Karen, y quien no pagaba tenía que realizar labores de porteo u otros trabajos forzados durante un mes entero.

Igualmente, hay personas del distrito de Papun, estado de Kayin, que han denunciado que se les exigía el pago de 500 kyats por persona al Ejército Budista Democrático Karen a cambio de un permiso para salir del pueblo a cultivar las tierras. Un hombre del municipio de Lu Thaw, distrito de Papun, dijo a Amnistía Internacional que a su pueblo el Ejército Budista Democrático Karen le impuso en 2006 una multa colectiva de 300.000 kyats. Él sospechaba que se debía a que las tropas del Ejército de Liberación Nacional Karen habían causado bajas al Ejército Budista Democrático Karen el año anterior. Según otras fuentes, un mando del Ejército Budista Democrático Karen impuso multas de entre 200.000 y 300.000 kyats al menos a seis pueblos de la zona en marzo de 2006, expresamente a causa de los combates entre el Ejército de Liberación Nacional Karen y el Ejército Budista Democrático Karen. Este mando amenazó asimismo con quemar los pueblos si sus habitantes no pagaban la multa.

4 Ausencia de cooperación con la ONU y otras organizaciones internacionales

La cooperación con las Naciones Unidas es la piedra fundamental de la política exterior de Myanmar. Con este espíritu, Myanmar ha cooperado constantemente con las Naciones Unidas en varias esferas, en particular en la de los derechos humanos.35

4.1 Consejo de Derechos Humanos de la ONU

Tras la violenta represión gubernamental de las manifestaciones de septiembre de 2007, el Consejo de Derechos Humanos celebró un periodo especial de sesiones en el que se pidió que el entonces relator especial sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar, Paulo Sérgio Pinheiro, visitara urgentemente el país para evaluar la situación de los derechos humanos, y se instó al Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo a cooperar con el relator especial.36 Pese a las reiteradas peticiones, al relator especial llevaba negándosele el acceso a Myanmar desde noviembre de 2003, y el Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo había puesto en práctica muy pocas de las recomendaciones que había formulado antes de ese periodo o en su transcurso, incluidas las relacionadas con la ofensiva contra los karen. Tras el aumento de la presión internacional –incluida la del Consejo de Seguridad–37como respuesta a la represión, el gobierno finalmente concedió al relator especial permiso para realizar una visita, breve y limitada, al país en noviembre de 2007. En diciembre de 2007, el relator especial presentó sus conclusiones preliminares al Consejo de Derechos Humanos, que aprobó una resolución en la que le pedía que realizara una visita de seguimiento a Myanmar para vigilar la aplicación de una serie de cuestiones de derechos humanos abordadas en la resolución.38 El Consejo de Derechos Humanos instó asimismo al Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo a cooperar plenamente con el relator especial. Sin embargo, el Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo no proporcionó al relator especial acceso al país para realizar otra visita.

En marzo de 2008, antes de que expirara su mandato como relator especial, Paulo Sérgio Pinheiro presentó su informe final al Consejo de Derechos Humanos.39 En él reiteraba su preocupación por “las recientes denuncias de violaciones de los derechos humanos en el Estado de Kayin, entre ellas, ejecuciones extrajudiciales, ataques contra la población civil y desplazamientos forzosos”, y concluía instando a la comunidad internacional, incluida la ONU, a dar “una respuesta adecuada a la situación de conflicto en Myanmar oriental”.40 Asimismo, el relator especial deploraba que:

No se han aplicado las recomendaciones formuladas por la Asamblea General (la más reciente, su resolución 62/222), el Consejo de Seguridad, el Consejo de Derechos Humanos (en particular sus resoluciones S-5/1, aprobada en el período extraordinario de sesiones de 2 de octubre de 2007, y 6/33), la Comisión de Derechos Humanos, el Secretario General y su Asesor Especial, los titulares de mandatos de los procedimientos temáticos especiales, así como el Relator Especial y los órganos de tratados de derechos humanos pertinentes.41

El Consejo de Derechos Humanos respondió con una resolución en la que pedía a las autoridades de Myanmar que tomaran medidas urgentes para poner fin a las violaciones de derechos humanos y del derecho humanitario.42 El Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo, sin embargo, rechazó “de manera total y categórica” la resolución, manifestando que “no refleja los aspectos positivos del desarrollo político de Myanmar […] [y] constituye una imposición al gobierno de Myanmar en cuestiones que pertenecen a la competencia interna de Myanmar”.43 En ese mismo periodo de sesiones, el Consejo de Derechos Humanos adoptó otra resolución en la que se renovaba el mandato del relator especial durante un año y se instaba al gobierno de Myanmar “a que coopere plenamente con el Relator Especial y responda favorablemente a sus solicitudes para visitar el país y le proporcione toda la información y el acceso a los órganos e instituciones pertinentes que sean necesarios para que efectivamente pueda cumplir su mandato”.44 Tampoco se ha respondido a las peticiones de visita de otros procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, en concreto el representante especial del secretario general de la ONU sobre los desplazados internos y los relatores especiales sobre el derecho a la alimentación, sobre la libertad de religión o de creencias, o sobre las relaciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.

Pese a las afirmaciones oficiales en el sentido contrario, las acciones del Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo demuestran su falta de cooperación efectiva con la ONU en el ámbito de los derechos humanos.

4.2 Secretario general de la ONU

En mayo y noviembre de 2006, bajo el mandato de “buenos oficios” encomendado al secretario general por la Asamblea General, el asesor especial del secretario general, Ibrahim Gambari, realizó dos visitas oficiales a Myanmar.45 Como resultado de esas visitas, el secretario general esperaba que las autoridades realizaran “progresos tangibles respecto a cuestiones fundamentales como los derechos humanos, la reforma democrática y la reconciliación nacional”.46 Entre otras cosas, el asesor especial pidió que se pusiera fin a las hostilidades, especialmente en el estado de Kayin. Sin embargo, salvo la liberación de un reducido número de presos políticos, sus dos visitas no dieron lugar a mejoras apreciables en la situación de los derechos humanos en general o en el estado de Kayin.

Tras la represión, el asesor especial regresó a Myanmar en septiembre de 2007, y otra vez en noviembre, para seguir alentando al Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo a realizar progresos tangibles en cinco áreas clave: la liberación de todos los presos políticos, un proceso de reconciliación nacional que incluyera a todas las partes, el acceso humanitario, la cooperación con la OIT y el cese de las hostilidades en áreas de conflicto, incluido el estado de Kayin.47 Sin embargo, salvo una cooperación limitada con la OIT, no se han obtenido progresos reales.

Además, al anuncio realizado por sorpresa en febrero de 2008 por el Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo respecto a la celebración, a principios de 2008 ­–pese a que había elecciones previstas para 2010–, de un referéndum sobre su recién redactada Constitución, se le sumó la posterior catástrofe provocada por el ciclón Nargis y, entre los dos temas, desviaron la tan necesaria atención internacional, apartándola de la crisis de derechos humanos que azota el país, incluida la zona oriental. El proceso de referéndum, por ejemplo, fue el foco principal de la visita del asesor especial de marzo de 2008, pero los esfuerzos del asesor, una vez más, no han dado “un resultado tangible inmediato”.48

El secretario general estableció en diciembre de 2007 un Grupo de Amigos de Myanmar que le ayudara a realizar su mandato de buenos oficios y contribuyera a los esfuerzos del asesor especial.49 Las reuniones del Grupo, compuesto por donantes clave, países de la ASEAN y los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, han sido muy infrecuentes y no han logrado señales claras de progreso, pese que sus debates, según los informes, han sido muy francos.

Además, la representante especial del secretario general para la infancia y los conflictos armados ha manifestado su preocupación porque tanto el ejército como los grupos armados siguen cometiendo graves abusos contra niños y niñas.50 Según su informe de noviembre de 2007 al Consejo de Seguridad, todavía no existe un mecanismo efectivo para prevenir el reclutamiento de niños y niñas soldados, y es preciso desarrollar y aplicar con éxito los procedimientos existentes para la desmovilización, la rehabilitación y la reintegración de los ex niños y niñas soldados.

4.3 Asamblea General de la ONU

La Asamblea General, integrada por los 192 Estados miembros de la ONU, ha manifestado reiteradamente su honda preocupación por las violaciones sistemáticas del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos en el estado de Kayin, incluidos los ataques de fuerzas militares contra civiles que han dado lugar a un desplazamiento forzado masivo.51

En 2006, la Asamblea General instó enérgicamente al gobierno a:

Adopte medidas urgentes para poner fin a las operaciones militares contra civiles de las zonas habitadas por minorías étnicas y a las violaciones conexas de los derechos humanos y del derecho humanitario cometidas contra personas que pertenecen a las nacionalidades étnicas, como los actos de violación generalizados y otras formas de violencia sexual perpetradas sistemáticamente por miembros de las fuerzas armadas, y facilite una misión de investigación compuesta por representantes de los organismos pertinentes de las Naciones Unidas que ayude a determinar las medidas necesarias para mitigar las consecuencias humanitarias y en materia de derechos humanos del conflicto en el estado de Karen [...].52

No hay ningún indicio de que el Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo haya iniciado ninguna investigación como la solicitada por la Asamblea General. Además, no se han atendido las reiteradas peticiones de la Asamblea General al ejército en 2006 y 2007 para que pusiera fin a las operaciones militares contra civiles en zonas de minorías étnicas y para que terminara con el desplazamiento forzado sistemático de grandes números de personas y con otras causas que provocan un flujo de refugiados a los países vecinos.

4.4 Consejo de Seguridad de la ONU

La situación en Myanmar se incluyó en el orden del día del Consejo de Seguridad el 15 de septiembre de 2006, tras la presentación de tres informes –en diciembre de 2005, mayo de 2006 y junio de 2006– que abarcaban, entre otros asuntos, las operaciones militares en el estado de Kayin. En enero de 2007, Reino Unido y Estados Unidos presentaron un proyecto de resolución sobre la situación en Myanmar que incluía una petición al gobierno para que cesara los ataques militares contra la población civil de regiones de minorías étnicas, y en particular para que pusiera fin a las violaciones de derechos humanos y del derecho humanitario contra personas pertenecientes a minorías étnicas.53 El representante de Myanmar rechazó los informes sobre ataques a civiles y regiones de minorías étnicas, haciendo especial referencia al estado de Kayin, y afirmó que esos informes eran una “completa falsedad”.54

El Consejo de Seguridad no adoptó el proyecto de resolución, pues China y la Federación Rusa lo vetaron y Sudáfrica votó en contra, alegando que estos Estados no consideraban que la situación en Myanmar constituyera una amenaza para la paz y la seguridad internacionales.55 Los miembros del Consejo de Seguridad que se opusieron a la resolución o se abstuvieron en la votación justificaron asimismo su postura diciendo que la Asamblea General, el Consejo de Derechos Humanos y los buenos oficios del secretario general ya estaban trabajando sobre Myanmar.

La mayoría de los Estados, no obstante, reconocieron la gravedad de los desafíos en materia de derechos humanos respecto a Myanmar, incluida la situación de los desplazados internos y refugiados del país, y la necesidad de que el Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo considerara seriamente las recomendaciones formuladas por la comunidad internacional. China explicó que “[n]adie discute el hecho de que Myanmar verdaderamente hace frente a una serie de problemas graves relacionados con los refugiados, el trabajo infantil, el VIH/SIDA [y] los derechos humanos”. Indonesia, que se abstuvo en la votación, reconoció “[c]omo miembro de la ASEAN, como país vecino y como miembro de este Consejo [...] [que ] la cuestión de Myanmar ya no es una cuestión bilateral ni regional, sino internacional” y que “Myanmar debe responder al imperativo de restablecer la democracia y el respeto de los derechos humanos”.

Desde que el Consejo de Seguridad mantuvo estas deliberaciones en enero de 2007, la crisis de derechos humanos de Myanmar no ha cedido: de hecho, parece haberse intensificado a causa de los constantes ataques del ejército contra la población civil en el estado de Kayin y la división de Bago, la violenta represión de las manifestaciones de septiembre de 2007 y el defectuoso proceso de redacción de la Constitución y de referéndum. El 11 de octubre de 2007, el Consejo de Seguridad respondió a la creciente crisis con su primera declaración de la historia sobre Myanmar, en la que deploraba enérgicamente el uso de la violencia contra manifestaciones pacíficas, aplaudía las conclusiones y recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos, subrayaba la necesidad de que se liberara cuanto antes a todos los presos políticos y al resto de las personas detenidas, y pedía al gobierno que creara las condiciones necesarias para un auténtico diálogo con todas las partes interesadas y grupos étnicos.56 Existen, no obstante, indicios cada vez más claros de que el Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo se niega a cooperar de forma efectiva con el Consejo de Seguridad para cumplir estos requisitos.57

4.5 La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN)

En noviembre de 2007, la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) adoptó la Carta de la ASEAN,58 que se convertirá en un tratado regional legalmente vinculante cuando todos los Estados miembros la hayan ratificado. Hasta el momento la han ratificado seis de los diez Estados miembros de la ASEAN, pero Myanmar no es uno de ellos. Según parece, la situación de los derechos humanos en Myanmar puede estar detrás de los problemas que algunos Estados parecen estar teniendo para ratificar la Carta.59

La Carta de la ASEAN contiene varias disposiciones que abordan directa o indirectamente la cuestión de los derechos humanos. Uno de los “propósitos de la ASEAN”, conforme establece la Carta, es “promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales” (artículo 1). Además, mediante la Carta, los Estados de la ASEAN se comprometen a actuar de acuerdo con el principio de “respetar las libertades fundamentales, promover y proteger los derechos humanos y promover la justicia social”, así como “respetar y defender la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional” (artículo 2). El artículo 14 dispone el establecimiento de un “órgano de derechos humanos” de la ASEAN. Los ministros de Asuntos Exteriores de la ASEAN han acordado establecer un “grupo especial de alto nivel” para redactar el mandato del órgano de derechos humanos. Este grupo especial presentará su informe a los ministros de Asuntos Exteriores en julio de 2008.

Aunque Amnistía Internacional aplaudió la inclusión en la Carta de la ASEAN del compromiso de promover, proteger y respetar los derechos humanos y establecer un órgano regional de derechos humanos, también manifestó su honda preocupación por las violaciones de derechos humanos que se están cometiendo en la región de la ASEAN en general y en Myanmar en particular. La organización declaró:

Amnistía Internacional no tiene claro cómo es posible que el gobierno militar de este Estado [Myanmar] haya podido firmar la Carta de la ASEAN –o, de hecho, se le ha permitido firmarla–, cuando este gobierno ha cometido, sin ningún género de duda, lo que [...] la Carta califica de "infracción grave" de sus disposiciones en materia de derechos humanos. A Amnistía Internacional le preocupa la posibilidad de que la Carta de la ASEAN haya perdido credibilidad desde el mismo principio, aunque la confortan los informes según los cuales algunos líderes de la Asociación comparten esta preocupación.60

Amnistía Internacional confía no obstante en que la Carta de la ASEAN se convierta en una herramienta clave para abordar las violaciones de derechos humanos en Myanmar y otros lugares de la región si los compromisos en materia de derechos humanos que contiene se toman en serio y se aplican con rigor. En particular, la organización considera fundamental que el órgano de derechos humanos que establece la Carta sea fuerte, profesional y representativo, y aplique las normas internacionales. Los Estados que violen los derechos humanos deben rendir cuentas. Los abusos generalizados y sistemáticos, como los cometidos en Myanmar, deben recibir una respuesta seria y contundente, pues constituyen una violación material de la Carta de la ASEAN que pone en duda el compromiso mismo del Estado en cuestión respecto de la Carta.

4.6 El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)

En junio de 2007, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) emitió una excepcional denuncia de la situación en Myanmar, y en ella describió abusos contra detenidos y civiles, especialmente en las “comunidades afectadas por el conflicto armado a lo largo de la frontera de Tailandia y Myanmar”. Tras describir varias de las violaciones mencionadas en el presente informe –como los homicidios ilegítimos, las labores de porteo, la práctica de obligar a la población civil a abandonar sus casas, la destrucción de las reservas de alimentos y de los medios de producción en gran escala, la práctica de obligar a los civiles a respaldar las operaciones militares, o las severas restricciones a la libertad de circulación–, el CICR concluyó que “[l]os repetidos abusos cometidos contra hombres, mujeres y niños que viven en la frontera entre Tailandia y Myanmar violan muchas disposiciones del derecho internacional humanitario”.61 El CICR tiene un acceso limitado a Myanmar desde diciembre de 2005, cuando las restricciones impuestas por el gobierno, que le impidieron llevar a cabo actividades básicas, lo obligaron a reducir considerablemente sus operaciones.

5 Ausencia de reparación por las violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos

Cuando las Fuerzas Armadas de Myanmar lanzaron sus operaciones militares para garantizar la paz, la estabilidad y el Estado de derecho, estos grupos armados huyeron a Tailandia. Sus familias también viven allí con el pretexto de ser refugiados. Estos grupos armados inventan denuncias y acusaciones para desacreditar al gobierno de Myanmar. Se sienten alentados por ciertas organizaciones que se oponen a Myanmar, y tanto los insurgentes como sus familias en los campos de refugiados hacen llegar mentiras a la comunidad internacional a través de diversos medios.

U Nyunt Maung Shein, representante permanente de Myanmar ante la ONU en Ginebra, Consejo de Derechos Humanos, 27 de septiembre de 2006

Los Estados tienen el deber de prevenir las violaciones graves del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos que constituyan delitos en virtud del derecho internacional. También tienen el deber de investigar esas violaciones de manera efectiva, inmediata, exhaustiva e imparcial y, cuando sea oportuno, actuar contra los presuntos responsables de acuerdo con el derecho nacional e internacional. Asimismo, deben proporcionar a las víctimas acceso a la justicia y remedios efectivos, incluida la reparación.62

En respuesta a los informes sobre violaciones sexuales generalizadas contra mujeres de la minoría étnica shan perpetradas en 2002, el Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo dijo que “el ejército de Myanmar jamás ha practicado la política de torturar a las razas nacionales, y jamás la practicará en el futuro”.63 El Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo también ha afirmado que “no existe política alguna de ordenar la quema de pueblos, el homicidio de civiles u otras atrocidades” en Myanmar oriental, y que “tenemos un código militar, y cualquiera que cometa estos crímenes será castigado”.64

Las autoridades no han revelado públicamente si han iniciado alguna investigación sobre los informes en torno a violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos perpetradas durante operaciones militares en el estado de Kayin y la división de Bago. Muchas personas que sufrieron los efectos de esas violaciones manifestaron también su absoluta falta de confianza en la voluntad o la capacidad de las autoridades para proporcionar reparación formal. Al preguntárseles por la posibilidad de recibir reparación, muchas de las personas con las que habló Amnistía Internacional respondieron con una carcajada. También expresaron su temor a sufrir recriminación si trataban de obtener una reparación o de pedir una investigación en torno a las violaciones de derechos humanos que habían sufrido o presenciado. Aunque algunas personas karen refugiadas y desplazadas internamente informaron de que algunos mandos del ejército estaban dispuestos a actuar de manera privada e informal respecto a las indagaciones sobre el paradero de otras personas, no parecían existir mecanismos formales que obligaran al ejército a notificar a los familiares de las personas detenidas el motivo de su detención o su suerte y paradero. Tampoco existe ningún mecanismo nacional encargado de iniciar investigaciones sobre las denuncias de violaciones de derechos humanos.

Amnistía Internacional siente honda preocupación por la ausencia de investigaciones sobre denuncias de violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, y por la ausencia de remedio en Myanmar para las víctimas de esas violaciones.

6 Conclusiones

Los testimonios y otra información reunidos por Amnistía Internacional, así como la información procedente de otras fuentes, suscitan honda preocupación por el hecho de que las violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos contra la población karen descritas en este informe parecen haber formado parte de un patrón generalizado y sistemático de delitos cometidos a lo largo de la última década y media. Por ello, el peso de la prueba sugiere que algunas de estas violaciones constituyen crímenes contra la humanidad, y que la impunidad imperante en el país para estos crímenes ha contribuido a agravar las crisis de derechos humanos, especialmente la represión del gobierno contra las manifestaciones de septiembre de 2007.

Como ya se mencionó anteriormente, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional define en su artículo 7.1 los crímenes de lesa humanidad:65 “A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por ‘crimen de lesa humanidad’ cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque [...]”. El término “ataque contra una población civil” se define en ese mismo artículo 7 como “[...] una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos mencionados en el párrafo 1 contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer ese ataque o para promover esa política”. El artículo 7 enumera 11 crímenes, muchos de los cuales, conforme demuestra este informe, se han perpetrado contra la población karen. Entre ellos se encuentran los siguientes

a) Asesinato; […]

c) Esclavitud;

d) Deportación o traslado forzoso de población;

e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional;

f) Tortura; […]

h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte;

i) Desaparición forzada de personas; […]

k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.

La definición de crímenes de lesa humanidad establecida por el Estatuto de Roma refleja las normas del derecho internacional consuetudinario, vinculante para todos los Estados –incluido Myanmar– independientemente de que sean o no parte en el Estatuto.

Amnistía Internacional ha recibido con alarma los informes sobre la “comisión múltiple” de actos de deportación y traslado forzoso, privación grave de la libertad física y persecución, todo ello en contra de las normas fundamentales del derecho internacional, que han tenido lugar en Myanmar, y entre los que se encuentran:

  • la destrucción o confiscación de cosechas y reservas de comida;

  • la quema de casas y, en ocasiones, de pueblos enteros, que han obligado a sus habitantes a reasentarse en otro lugar;

  • la imposición del trabajo forzoso;

  • los cierres prolongados de pueblos y otras formas de castigo colectivo.


Según los informes, estos actos se llevan perpetrando desde hace años, con consecuencias a largo plazo. Algunas personas, por ejemplo, informaron a Amnistía Internacional de que se habían visto obligadas a abandonar sus pueblos –que luego fueron quemados o minados– ya desde mediados de la década de 1970 y hasta mediados de la de 1990. Estas personas vivieron como desplazadas internas durante años, e incluso décadas, antes de que los nuevos ataques de entre 2005 y 2007 las obligaran a huir a Tailandia o a campos de desplazados internos. Además, se han cometido con frecuencia violaciones graves de derechos humanos, tales como tortura, asesinato y desaparición forzada. Todos estos actos han estado dirigidos contra la población civil que reside en el norte del estado de Kayin y el este de la división de Bago. Según los informes, sus autores han sido el ejército y las milicias afiliadas a él, como parte de un ataque tanto “generalizado” como “sistemático” contra la población civil karen, de conformidad con la política gubernamental, y constituyen, en ambas vertientes, crímenes de lesa humanidad tal como se describe en este informe.

La importancia de esta conclusión reside en el hecho de que los crímenes de lesa humanidad son exactamente lo que el término sugiere: crímenes tan graves que afectan no sólo a las víctimas, los supervivientes o el Estado en cuestión, sino a la humanidad en su conjunto.66 Se trata de crímenes sujetos a la jurisdicción universal,67 lo cual significa que cualquier Estado puede, en virtud del derecho internacional consuetudinario, emprender una de las siguientes acciones contra sus autores, incluso cuando no sean ciudadanos ni residentes del Estado en cuestión y los delitos no hayan tenido lugar en su territorio: 1) llevar a los autores ante sus propios tribunales; 2) extraditarlos a un Estado parte que esté dispuesto a procesarlos; 3) entregarlos a un tribunal penal internacional con competencia para juzgar a personas por estos crímenes. En el caso de la tortura, los Estados Partes en la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes están de hecho obligados por este tratado a ejercer la jurisdicción universal sobre cualquier sospechoso que se halle en un territorio sujeto a su jurisdicción.68

Además, existe un respaldo cada vez mayor hacia la opinión de que los Estados no pueden dar cobijo a personas sospechosas de haber cometido crímenes de lesa humanidad, sino que deben ejercer la jurisdicción sobre esas personas cuando se encuentren en su territorio –independientemente de dónde se hayan cometido los crímenes– o, si no van a ejercerla, deben extraditarlas a otros Estados que puedan o quieran hacerlo, o entregarlas a un tribunal penal internacional con competencia sobre los crímenes y sus presuntos autores. En la medida en que esta norma puede no estar todavía plenamente reconocida como norma de derecho internacional consuetudinario en lo que se refiere a crímenes de lesa humanidad, Amnistía Internacional considera que los principios generales de la ley, la lógica y la moral dictan que los Estados deben aplicarla.

El informe de Amnistía Internacional pone de manifiesto que el Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo no ha dado muestras de un compromiso real para con la protección de la población civil en el conflicto armado, compromiso que se habría demostrado permitiendo la realización de investigaciones independientes y efectivas sobre los numerosos y persistentes informes de violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. El Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo tampoco ha puesto en práctica la recomendación formulada en 2006 por la Asamblea General de la ONU respecto a facilitar una misión de investigación de la ONU que ayude “a determinar las medidas necesarias para mitigar las consecuencias humanitarias y en materia de derechos humanos del conflicto en el estado de Karen”,69 y ha adoptado una postura obstaculizadora respecto a otras resoluciones y recomendaciones de la ONU.

Teniendo en cuenta la persistente falta de cooperación del Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo con las organizaciones internacionales, incluidos la Asamblea Nacional y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Amnistía Internacional insta al Consejo de Seguridad de la ONU a mantener bajo estrecha vigilancia la situación humanitaria y de derechos humanos en Myanmar oriental, y a emprender acciones adicionales para garantizar que se pone fin de inmediato a los actos que constituyen crímenes contra la humanidad y a todas las demás violaciones del derecho internacional en el país. Amnistía Internacional pide asimismo al Consejo de Seguridad y a la comunidad internacional que ayuden a garantizar que los presuntos autores comparecen ante la justicia de acuerdo con el derecho y las normas internacionales, y que las personas que han sufrido esas violaciones reciben plena reparación.

7 Recomendaciones

7.1 Al Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo

  • Que ponga fin de inmediato a todas las violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos cometidas por las fuerzas gubernamentales y las milicias aliadas, que incluyen ataques contra personas y bienes civiles, ataques indiscriminados, ejecuciones extrajudiciales y otros homicidios ilegítimos, desapariciones forzadas, tortura y otros malos tratos, trabajo forzoso, destrucción de casas, campos y cosechas y confiscación arbitraria de bienes.

  • Que garantice que todos los actos que violan el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos son investigados sin demora y de forma independiente e imparcial, y que los presuntos autores, incluidos los presuntos responsables de ordenar esos actos, comparecen ante la justicia, independientemente de su rango, en procedimientos que cumplan las normas internacionales sobre juicios justos y sin que se imponga la pena de muerte.

  • Que garantice que las víctimas de violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos reciben una reparación completa, que incluya restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.

  • Que garantice que los sospechosos de violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos son apartados del servicio activo mientras se llevan a cabo las investigaciones.

  • Que garantice que los miembros del ejército, de la policía, del personal penitenciario y de las milicias aliadas cumplen las disposiciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. Esto debe hacerse mediante: reformas oportunas de la ley, la política y la práctica; programas exhaustivos de formación para todas estas personas; declaraciones inequívocas del gobierno y de los responsables de estas fuerzas en el sentido de que no se tolerarán esas violaciones.

  • Que garantice que todos los militares que participen en la detención y custodia de personas detenidas y presas, y todos los funcionarios autorizados a utilizar fuerza letal, saben que tienen el derecho y el deber de negarse a obedecer toda orden de participar en violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.

  • Que elabore políticas para hacer saber a la población civil que los actos que violan el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, como los detallados más arriba, son delito; que informe a las víctimas de su derecho legal a obtener remedio y de la manera de hacerlo; que garantice, mediante leyes, políticas y prácticas, que las personas que afirmen haber sufrido violaciones de derechos humanos pueden denunciarlo sin temor a represalias; que garantice asimismo que se toman medidas para proteger a las víctimas, a los testigos y a sus familias.

  • Que pida ayuda técnica internacional con vistas a establecer un poder judicial independiente e imparcial y unos órganos de cumplimiento de la ley que sean conformes con el derecho y las normas internacionales.

  • Que inicie reformas legales que garanticen que las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por soldados, ya sea durante el servicio activo o no, son investigadas por órganos civiles y juzgadas ante tribunales civiles.

  • Que garantice su plena colaboración, con un acceso significativo de las organizaciones humanitarias al país, incluidos el estado de Kayin y la división de Bago, y que permita al CICR libre acceso a las prisiones y los centros de detención.

El Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo debe garantizar que:

  • las familias de todas las personas detenidas son informadas de inmediato de su detención y del lugar donde se encuentran recluidas; nadie debe ser recluido en lugares de detención secretos o no oficiales;

  • todas las personas detenidas tienen acceso inmediato y confidencial a abogados, acceso periódico a sus familiares y el acceso a la atención médica que puedan necesitar;

  • todas las personas detenidas son liberadas a menos que sean acusadas sin demora de delitos reconocibles y que un tribunal independiente ordene su reclusión;

  • todas las personas detenidas tienen derecho a impugnar sin demora ante un tribunal la legalidad de su detención, y a ser liberadas si se determina que dicha detención es ilegal;

  • todas las personas sospechosas son juzgadas en procedimientos que cumplan las normas internacionales sobre juicios justos, lo cual incluye el derecho a asistencia letrada, a la presunción de inocencia, a un juicio público, a defenderse uno mismo, a disponer de tiempo y recursos adecuados para preparar la defensa, y a apelar ante una instancia superior.

El Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo debe también:

  • poner plenamente en práctica las recomendaciones de la Comisión de Encuesta de la OIT sobre el trabajo forzoso en Myanmar;

  • poner en vigor la Ley 1/99 y la Ley Suplementaria 1/99, que convierten en ilegal la práctica del trabajo forzoso de civiles, sean militares o civiles quienes obliguen a realizar dicho trabajo;

  • procesar a los civiles y militares sospechosos de obligar a personas a participar en trabajo forzoso;

  • tratar a las personas desplazadas internamente de acuerdo con las disposiciones de los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos;

  • abstenerse de ordenar a la población civil que abandone sus casas o sus bienes a menos que sea imprescindible para la seguridad de la población civil en cuestión o por razones militares imperativas, y sólo mientras las condiciones que justifican esa medida sigan existiendo. El Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo debe abstenerse de desalojar a personas por otros motivos si no media un proceso debido, que incluya asegurarse de que no existen alternativas factibles, informar plenamente a la población afectada, pedir su consentimiento libre e informado, incluir a la población afectada en la planificación y la puesta en práctica, proporcionarle alojamiento adecuado y respetar el derecho a un remedio efectivo;

  • dejar de utilizar minas terrestres antipersonal; prohibir el uso, la producción, el almacenamiento, la venta, la transferencia o la exportación de minas terrestres antipersonal; firmar, ratificar y aplicar la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción, de 1997, y vigilar su cumplimiento; y proporcionar recursos para programas comunitarios de desminado y de conocimiento sobre las minas, y ayudas a las víctimas d las minas terrestres;

  • cooperar plenamente con la ONU, entre otras cosas poniendo en práctica las recomendaciones del relator especial sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar, la ya desaparecida Comisión de Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos, la Asamblea General y el Consejo de Seguridad; garantizar el acceso completo y sin obstáculos al país por parte de las entidades de la ONU, incluidos el asesor especial del secretario general sobre Myanmar, el relator especial sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar y los demás procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, de acuerdo con las Atribuciones otorgadas para las misiones de investigación de los Procedimientos Especiales;

  • ratificar y aplicar de manera efectiva los tratados internacionales de derechos humanos, incluidos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y sus Protocolos Facultativos, la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y su Protocolo Facultativo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

7.2 A los grupos armados de oposición

  • Los grupos armados de oposición deben comprometerse públicamente a respetar las disposiciones del artículo 3 común de los Convenios de Ginebra y otras disposiciones del derecho internacional humanitario aplicables a los conflictos armados no internacionales.

  • Los dirigentes de estos grupos deben informar a sus miembros de las responsabilidades que deben asumir en virtud del derecho internacional humanitario, y deben tomar medidas efectivas para impedir las infracciones de ese derecho. Deben dar a sus fuerzas órdenes claras que prohíban, entre otras cosas, los ataques a civiles u otras personas que no participen activamente en hostilidades, los ataques indiscriminados, la toma de rehenes, la tortura, el trato cruel y los atentados a la dignidad personal.

  • Todo miembro de estos grupos que sea sospechoso de haber cometido abusos debe ser apartado de cargos y situaciones en los que pueda seguir cometiéndolos.

  • Debe cesar de inmediato el uso de minas terrestres antipersonal.

  • En ninguna circunstancia se debe torturar, maltratar o ejecutar a presuntos informantes o colaboradores.

7.3 Al Consejo de Seguridad de la ONU

  • El Consejo de Seguridad debe pedir que el Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo ponga fin de inmediato a todas las violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos cometidas por las fuerzas gubernamentales y las milicias aliadas, incluidas las cometidas en la actual ofensiva contra la población civil en Myanmar oriental.

  • El Consejo de Seguridad debe estudiar la posibilidad de visitar Myanmar, incluidas las regiones orientales, para obtener información de primera mano en torno a la situación sobre el terreno.

  • El Consejo de Seguridad debe pedir al secretario general que presente un informe específico sobre la situación en Myanmar oriental, a la luz de la continuación de las violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos cometidas en el estado de Kayin y la división de Bago desde noviembre de 2005, violaciones que Amnistía Internacional considera que constituyen crímenes de lesa humanidad.

  • El Consejo de Seguridad debe pedir que todas las notificaciones periódicas que reciba sobre la situación en Myanmar incluyan información sobre la actual situación humanitaria y de derechos humanos en el estado de Kayin y la división de Bago.

  • El Consejo de Seguridad debe seguir instando al Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo a cooperar plenamente con la ONU mediante, entre otras cosas, la puesta en práctica de sus propias recomendaciones, de las resoluciones de la Asamblea General y el Consejo de Derechos Humanos, de las recomendaciones del secretario general y su asesor especial, y de las recomendaciones del relator especial sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar.

  • El Consejo de Seguridad debe imponer un embargo de armas general y obligatorio para Myanmar, que debe abarcar el suministro directo e indirecto de material, municiones y conocimientos militares y de seguridad, incluidas las transferencias de armas supuestamente “no letales”.

7.4 A otros órganos de la ONU y a sus Estados miembros

  • El secretario general debe seguir vigilando de cerca la situación humanitaria y de derechos humanos de Myanmar e informando sobre ella, y debe utilizar su mandato de buenos oficios para seguir instando al Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo a poner fin a todas las violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos cometidas por las fuerzas gubernamentales y las milicias aliadas en el estado de Kayin y la división de Bago. También debe instarle a terminar con la impunidad por esas violaciones y a garantizar el acceso seguro y sin trabas de las organizaciones humanitarias.

  • La Asamblea General debe hacer un seguimiento de las recomendaciones que formuló en la Resolución 61/232 (2006), en la que hace un llamamiento al Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo para que “[a]dopte medidas urgentes para poner fin a las operaciones militares contra civiles de las zonas habitadas por minorías étnicas y a las violaciones conexas de los derechos humanos y del derecho humanitario cometidas contra personas que pertenecen a las nacionalidades étnicas, como los actos de violación generalizados y otras formas de violencia sexual perpetradas sistemáticamente por miembros de las fuerzas armadas, y facilite una misión de investigación compuesta por representantes de los organismos pertinentes de las Naciones Unidas que ayude a determinar las medidas necesarias para mitigar las consecuencias humanitarias y en materia de derechos humanos del conflicto en el estado de Karen”.

  • El Consejo de Derechos Humanos debe incluir en sus deliberaciones y acciones sobre la situación en Myanmar un enfoque específico sobre la situación humanitaria y de derechos humanos en el estado de Kayin y la división de Bago. El Consejo de Derechos Humanos debe seguir además instando al Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo a prestar su plena colaboración al relator especial sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar y a otros órganos de la ONU y a poner en práctica sus recomendaciones.

  • El Consejo de Derechos Humanos y sus miembros deben seguir prestando al relator especial sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar el apoyo que necesita para poder seguir vigilando de cerca la situación en el estado de Kayin y la división de Bago e informando periódicamente de la situación en esa zona.

  • Los Estados miembros de la ONU deben ejercer la jurisdicción universal sobre las personas sospechosas de estar implicadas en crímenes de lesa humanidad cometidos en Myanmar.

  • Los Estados miembros de la ONU deben suspender de inmediato el suministro a Myanmar de todas las transferencias directas e indirectas de material, municiones y conocimientos militares y de seguridad, incluidas las transferencias de armas supuestamente “no letales”. Esta suspensión debe mantenerse hasta que el Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo tome medidas concretas, verificadas por órganos independientes, para mejorar la protección de los derechos humanos para todas las personas. Esas medidas deben incluir, como mínimo, el cese inmediato de los delitos perpetrados contra civiles karen en el estado de Kayin y la división de Bago, y la liberación incondicional de todos los presos de conciencia.

  • Los Estados miembros de la ONU deben respaldar activamente el proceso de la Asamblea General para establecer un Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas, con disposiciones enérgicas que exijan que, al estudiar las solicitudes de transferencias de armas convencionales, se tenga en cuenta el respeto absoluto del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, con el fin de prevenir transferencias que puedan contribuir a violaciones de dicho derecho.

7.5 A la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático

  • Que inste al Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo, tanto en el marco de la ASEAN como en los intercambios entre países individuales, a poner fin de inmediato a todas las violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos cometidas en el estado de Kayin y la división de Bago, y a cumplir con sus obligaciones jurídicas internacionales, incluidas las obligaciones básicas establecidas por la Carta de la ASEAN.

  • Que garantice que el órgano de derechos humanos que se va a crear en virtud de la Carta de la ASEAN goza de poder suficiente, así como de independencia, recursos y conocimientos, para hacer frente de forma efectiva a las violaciones de derechos humanos cometidas contra la población civil karen en el estado de Kayin y la división de Bago, y que su actuación es conforme con el derecho y las normas internacionales de derechos humanos.





1 Granjero betelnut del municipio de Thandaung (distrito de Hpa’an, estado de Kayin).

2 Comunicados de prensa de Amnistía Internacional: Myanmar: Colaborar con la comunidad internacional para garantizar la ayuda apropiada para las víctimas, 7 de mayo de 2008, http://www.amnesty.org/es/for-media/press-releases/myanmar-cooperate-international-community-ensure-appropriate-aid-victims, y Myanmar: El referéndum sobre la Constitución no respeta los derechos humanos, 9 de mayo de 2008, http://www.amnesty.org/es/for-media/press-releases/myanmar-constitutional-referendum-flouts-human-rights-20080509.

3 Véase el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, adoptado el 17 de julio de 1998 y que entró en vigor el 1 de julio de 2002 (A/CONF.183/9). Encontrarán el texto completo en: http://www.icc-cpi.int/library/about/officialjournal/Rome_Statute_Spanish.pdf.

4 Thailand Burma Border Consortium (TBBC), Internal Displacement in Eastern Burma, estudio de 2007, octubre de 2007, pág. 25. El TBBC calculaba que el total de desplazados internos de Myanmar al concluir 2007 ascendía a 503.000.

5 La demarcación del territorio que realiza la Unión Nacional Karen es diferente de la establecida por el Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo. La Unión Nacional Karen considera que las zonas administrativas que rodean el estado de Kayin pertenecen a dicho estado, y no a la división de Bago. También se refiere al municipio de Thandaung, en el distrito de Hpa’an, estado de Kayin, y el municipio de Tantabin, distrito de Nyaunglebin, división de Bago, como pertenecientes al “distrito de Taungoo”, en el estado de Kayin. Por coherencia con las designaciones de las Naciones Unidas, en este informe se utilizan las demarcaciones del Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo. Además, se utiliza el término “Kayin” para indicar el estado, mientras que el término “karen” se utiliza para hablar de la gente (y su etnia) que vive en esa zona y en otras que se indican.

6 Al hablar de estas poblaciones y de sus habitantes en este informe, se considera que se trata siempre de civiles.

7 Véanse, por ejemplo, Human Rights Watch, “They Came and Destroyed Our Village Again”: The Plight of Internally Displaced Persons in Karen State, Índice HRW: C1704, junio de 2005, http://www.hrw.org/reports/2005/burma0605/; Thailand Burma Border Consortium (TBBC), Internal Displacement in Eastern Burma, estudio de 2006, noviembre de 2006, http://www.tbbc.org/idps/report-2006-idp-english.pdf; Karen Human Rights Group (KHRG), One Year On: Continuing abuses in Toungoo District, KHRG #2006-06, noviembre de 2006, http://www.khrg.org/khrg2006/khrg0606a.html; Free Burma Rangers (FBR), Over 1,000 Villagers Displaced as Burma Army Launches New Attacks in Papun District and Mon Township, marzo de 2007, http://www.freeburmarangers.org/Reports/2007/20070324.html; TBBC, Internal Displacement in Eastern Burma, estudio de 2007, octubre de 2007, http://www.tbbc.org/idps/report-2007-idp-english.pdf; FBR, People struggle to survive attacks in northern Karen State as villagers are captured and killed in central Karen State, Burma, enero de 2008, http://www.freeburmarangers.org/Reports/2008/20080129.html; y KHRC, Oppressed twice over: SPDC and DKBA exploitation and violence against villagers in Thaton District, KHRG #2008-F4, marzo de 2008, http://www.khrg.org/khrg2008/khrg08f4.html; informes del relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar, 12 de febrero de 2007 (A/HRC/4/14) y 7 de marzo de 2008 (A/HRC/7/18).

8 Conferencia de prensa 3/2006, 9 de abril de 2006, www.mrtv3.net.mm.

9 Conferencia de prensa, 14 de mayo de 2006, www.myanmar.com.

11 Myanmar TV3, 31 de mayo de 2006, www.mrtv3.net.mm.

12 Los castigos colectivos están expresamente prohibidos, por ejemplo, por el Convenio IV de Ginebra, art. 33, su Protocolo Adicional I, art. 75.2.d, y su Protocolo Adicional II, art. 4.2.d. El CICR considera que esta disposición es una norma del derecho internacional consuetudinario aplicable también a los conflictos armados tanto internacionales como no internacionales. Véase Comité Internacional de la Cruz Roja, Jean-Marie Henckaerts y Louise Doswald-Beck, eds., El derecho internacional humanitario consuetudinario, Volumen I: Normas, págs. 426-427. Véase también Comité de Derechos Humanos, Observación general nº 29: Estados de emergencia (artículo 4), doc. ONU CCPR/C/21/Rev.1/Add.11, del 31 de agosto de 2001, párr. 11.


13 Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, adoptada por la Asamblea General de la ONU en su Resolución 61/177, del 20 de diciembre de 2006, art. 2. Esta Convención aún no ha entrado en vigor, pero la definición contiene elementos generalmente acordados que se utilizan en documentos y jurisprudencia anteriores. Respecto a la definición de la desaparición forzada como crimen de lesa humanidad en virtud del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, véase el artículo 7.2.i del Estatuto.

14 Véanse, por ejemplo, los informes del Comité contra la Tortura, entre ellos: doc. ONU A/52/44 (sobre Namibia), párr. 247; doc. ONU A/57/44 (2001-2), párr. 93.a (sobre la Federación Rusa); doc. ONU A/59/44 (2003-4), párr. 56.l (sobre Chile); y doc. ONU A/61/44 (2005-6), párrs. 29.24 (sobre Nepal) y 30.12 (sobre Sri Lanka).

15 Véase, por ejemplo, Comité de Derechos Humanos, El Megreisi v. República Árabe Libia Popular y Socialista, Comunicación núm. 440/1990, doc. ONU CCPR/C/50/D/440/1990 (1994); Rafael Mojica v. República Dominicana, Comunicación Núm. 449/1991, doc. ONU CCPR/C/51/D/449/1991 (1994).

16 Véase, por ejemplo, Comité de Derechos Humanos, El Megreisi, íbidem.

17 Trabajo forzoso en Myanmar (Birmania), Informe de la Comisión de Encuesta instituida en virtud del artículo 26 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo para examinar la observancia por Myanmar del Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29), Boletín Oficial, Vol. LXXXI, Serie B, suplemento especial, 1998, párr. 528.

18 Íbidem, párr. 534.

19 Íbidem, párr. 538.

20 Mensaje de correo electrónico enviado por la OIT a Amnistía Internacional el 11 de abril de 2008.

21 Artículo 40 del Convenio IV de Ginebra, que se aplica únicamente a conflictos armados internacionales. Sin embargo, esta norma se aplicatambién, como cuestión de derecho internacional consuetudinario, a los conflictos armados no internacionales. Véase, por ejemplo, Henckaerts y Doswald-Beck, op cit, págs. 341-437.

22 Véase, por ejemplo, Henckaerts y Doswald-Beck, op cit, pp. 341-437.

23 Véase, por ejemplo, el artículo 8.c.1 del Estatuto de Roma, y el artículo 8.c en general.

24 Thailand Burma Border Consortium, Internal Displacement in Eastern Burma, estudio de 2007, octubre de 2007. pág. 3.

25 Thailand Burma Border Consortium, Internal Displacement in Eastern Burma, estudio de 2006, diciembre de 2006, pág. 36.

26 Véase el artículo 17 del Protocolo II de los Cuatro Convenios de Ginebra. Myanmar no lo ha ratificado, pero esta norma se aplica, como cuestión de derecho internacional consuetudinario, tanto a los conflictos internacionales como a los no internacionales. Véase por ejemplo Henckaerts y Doswald-Beck, op cit, págs. 517-537.

27 Artículo 8.2.e.viii.

28 Doc. ONU E/CN.4/1998/53/Add.2 (1998).

29 Véase, por ejemplo, el artículo 4.2.g del Protocolo II. Esta prohibición se considera una norma del derecho internacional consuetudinario. Véase, por ejemplo, Henckaerts y Doswald-Beck, op cit, págs. 341-437. Esos actos pueden constituir también un crimen de guerra. Véase, por ejemplo, el Estatuto de Roma, artículos 8.2.e.v y 8.2.e.xii.

30 Véase, por ejemplo, Henckaerts y Doswald-Beck, op cit, págs.341-437. Tanto el derecho internacional humanitario como el derecho penal internacional permiten excepciones a esta norma, cuando esa destrucción o inutilización responda a una necesidad militar imperativa. Amnistía Internacional no ha visto indicios de que ese sea el caso en las operaciones de saqueo y destrucción llevadas a cabo por el ejército.

31 En contraste con la situación respecto a los conflictos armados internacionales, no existen normas internacionales que penalicen específicamente estos actos. Sin embargo, es evidente que entran en las prohibiciones más generales aplicables a los conflictos armados no internacionales, como la prohibición de dirigir ataques contra la población civil en sí.

32 Artículo 3 común de los cuatro Convenios de Ginebra.

33 Myanmar TV 3, 15 de mayo de 2006, www.mrtv3.mm/open/150506p.html.

34 Delegación de Myanmar ante la Asamblea General de la ONU, explicación de la votación sobre el borrador de resolución Aplicación de la Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción, doc. ONU A.C.1/60/L.56, del 12 de octubre de 2005.

35 Memorando sobre la situación de los derechos humanos en la Unión de Myanmar, enviado como anexo en la Carta de fecha 5 de noviembre de 2007 dirigida al Secretario General por el Representante Permanente de Myanmar ante las Naciones Unidas, A/C.3/62/7, párr. 19.

36 Resolución S-5/1 del Consejo de Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar, adoptada por consenso el 2 de octubre de 2007.

37 El 11 de octubre, el presidente del Consejo de Seguridad emitió una declaración (S/PRST/2007/37) en la que apoyaba la resolución S-5/1 del Consejo de Derechos Humanos.

38 Resolución 6/33 del Consejo de Derechos Humanos sobre el seguimiento del informe del relator especial sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar, adoptada el 14 de diciembre de 2007.

39 El 28 de marzo de 2008, el Consejo de Derechos Humanos aprobó por consenso una resolución por la que renovaba el mandato del relator especial sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar (A/HRC/7/L.37).

40 Informe del relator especial sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar, Paulo Sérgio Pinheiro, 7 de marzo de 2008, A/HRC/7/18, párr. 80 y 101.c.

41 Íbidem, párr. 89.

42 Resolución 7/31 del Consejo de Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar, adoptada por consenso el 28 de marzo de 2008.

43 Declaración de U Wunna Maung Lwin, embajador/representante permanente de la Unión de Myanmar, antes de la adopción del borrador de resolución (A/HRC/7/L.36) en el Consejo de Derechos Humanos, 28 de marzo de 2008, http://mission.itu.ch/MISSIONS/Myanmar/pressrelease_PMGev/HRC%20statement%20L%2036.htm.

44 Resolución 7/32 del Consejo de Derechos Humanos relativa al mandato del relator especial sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar, adoptada por consenso el 28 de marzo de 2008. En su séptimo periodo de sesiones, el Consejo de Derechos Humanos nombró a Tomas Ojea Quintana nuevo relator especial.

45 Comunicados de prensa de la ONU: SG/SM/10464, del 16 de mayo de 2006, y SG/SM/10721, del 7 de noviembre de 2006.

46 Annan stresses need for human rights progress in Myanmar as top political officer to visit, UN News Centre, 7 de noviembre de 2006.

47 Informe del Consejo de Seguridad, presentado por Ibrahim Gambari, asesor especial del secretario general, 5 de octubre de 2007. Acta de la 5753ª reunión del Consejo de Seguridad (SC/9136).

48 Acta de la 5854ª reunión del Consejo de Seguridad, 18 de marzo de 2008 (SC/9278).

49 El Grupo está compuesto por Australia, China, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Japón, Noruega, Reino Unido, Rusia, Singapur, Tailandia, Vietnam y, actualmente, Eslovenia (como titular de la presidencia de la UE). Secretary-General convenes meeting of “Group of Friends” on Myanmar, UN News Centre, 19 de diciembre de 2007.

50 Informe del Secretario General sobre los niños y el conflicto armado en Myanmar, S/2007/666, del 16 de noviembre de 2007. El informe abarca el periodo de julio de 2005 a septiembre de 2007.

51 Resolución 60/233 , adoptada el 23 de diciembre de 2005; Resolución 61/232 , adoptada el 22 de diciembre de 2006; Resolución 62/222 , adoptada el 22 de diciembre de 2007.

52 Resolución 61/232, párr. 3.b.

53 Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Estados Unidos de América, proyecto de resolución, 12 de enero de 2007 (S/2007/14).

54 Acta de la 5619ª reunión del Consejo de Seguridad, 12 de enero de 2007 (SC/8939).

55 Íbidem. Las decisiones del Consejo de Seguridad sobre cuestiones sustantivas requieren nueve votos, incluidos los votos concurrentes de los cinco miembros permanentes (China, Estados Unidos, Federación Rusa, Francia y Reino Unido). La votación de este proyecto de resolución fue de nueve votos a favor (Bélgica, Eslovaquia, Estados Unidos, Francia, Ghana, Italia, Panamá, Perú y Reino Unido) y tres en contra, con tres abstenciones (Congo, Indonesia y Qatar). En enero de 2008, Congo, Eslovaquia, Ghana, Perú y Qatar fueron sustituidos por Burkina Faso, Costa Rica, Croacia, Libia y Vietnam.

56 Declaración de la Presidencia del Consejo de Seguridad, (S/PRST/2007/37), 11 de octubre de 2007.

57 Véanse: comunicados de prensa del Consejo de Seguridad sobre Myanmar, 15 de noviembre de 2007 (SC/9171) y 17 de enero de 2008 (SC/922); acta de la 5854ª reunión del Consejo de Seguridad, 18 de marzo de 2008 (SC/9278); Declaración de la Presidencia del Consejo de Seguridad (S/PRST/2008/13), 2 de mayo de 2008.

58 Carta de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, firmada el 20 de noviembre de 2007, http://www.aseansec.org/21069.pdf.

59 Véase, por ejemplo, Jeremy Au Yong, “Countries slow to ratify shouldn't hold back Asean Charter”, The Strait Times, 21 de enero de 2008, http://singapuranews.multiply.com/journal/item/901/ST- Countries_slow_to_ratify_shouldnt_hold_back_Asean_Charter, y “Brunei, Laos, Malaysia ratify Asean charter”, The Manila Times, 22 de febrero de 2008, http://www.manilatimes.net/national/2008/feb/22/yehey/world/20080222wor1.html.

60 Amnistía Internacional, ASEAN: Los derechos humanos en la Carta y más allá de la Carta, Índice AI: ASA 01/009/2007, del 21 de noviembre de 2007.

61 Myanmar: el CICR denuncia graves y repetidas violaciones del derecho internacional humanitario, comunicado de prensa 82/07 del CICR, 29 de junio de 2007, http://www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/htmlall/myanmar-news-290607?opendocument.

62 En 2005, la Asamblea General de la ONU adoptó los Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones. En estos principios se codifica la obligación de los Estados, en virtud del derecho internacional, de responder, haciendo valer los derechos de las víctimas, a los delitos graves contemplados por dicho derecho cuando quiera que se cometan. Resolución A/RES/60/147 de la Asamblea General, 16 de diciembre de 2005.

63 “The disciplined Tatmadaw”, The New Light of Myanmar, 30 de julio de 2002.

64 Ye Hut, del Ministerio de Información del Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo, citado en “Myanmar wages offensive against Karen”, Associated Press, 24 de noviembre de 2006.

66 Sobre el tema de los crímenes de lesa humanidad en el contexto de la jurisdicción universal, véase Amnistía Internacional, Universal Jurisdiction: The duty of states to enact and enforce legislation, Índice AI: IOR 53/008/2001, del 1 de septiembre de 2001, capítulo 5.

67 Véase íbidem y Amnistía Internacional, Reino Unido – El caso Pinochet: La jurisdicción universal y la ausencia de inmunidad por crímenes de lesa humanidad, Índice AI: EUR 45/001/1999, del 1 de enero de 1999, apdo. II.B.

68 Véase el artículo 5 de la Convención. De igual modo, los Estados que han ratificado los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y su Protocolo I de 1977 están obligados a ejercer la jurisdicción universal respecto a las personas sospechosas de cometer “infracciones graves” de estos tratados.

69 Resolución 61/232, 3.b, y resolución 62/222, 4.h.


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