AMNISTÍA INTERNACIONAL

Declaración pública

Índice AI: ASA 11/014/2007 (Público)

Servicio de Noticias: 193/07

9 de octubre de 2007

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLASA110142007

Consternación de Amnistía Internacional por la ejecución de 15 hombres en Afganistán

Amnistía Internacional ha condenado la ejecución, el domingo 7 de octubre de 2007, de 15 hombres en Afganistán. Los 15 fueron ejecutados por fusilamiento en la prisión de alta seguridad de Pul-i Charkhi, a las afueras de Kabul. Habían sido condenados por una diversidad de delitos, como violación, asesinato, ataque contra puestos de seguridad, robo y saqueo.

Amnistía Internacional lamenta particularmente estas ejecuciones en un momento en el que existe un auténtico impulso mundial hacia la abolición de la pena de muerte. Un total de 133 países de todas las regiones del mundo han abolido esta pena en la ley o en la práctica, y existe una disminución general del número de ejecuciones notificadas. El 10 de octubre, Día Mundial contra la Pena de Muerte, personas de todo el mundo protestarán contra el uso de la pena de muerte, y este mismo mes la Asamblea General de la ONU someterá a votación una resolución en la que se pide a todos los gobiernos que respalden una suspensión global de las ejecuciones.

Estas ejecuciones marcan el fin de una suspensión de tres años de las ejecuciones en Afganistán, y se producen poco después de que los talibanes ejecutaran a un muchacho de 15 años en el sur del país.

Amnistía Internacional considera que la pena de muerte es una violación del derecho a la vida, y el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante. Mientras el mundo sigue apartándose del uso de la pena de muerte, la ejecución de estos 15 hombres supone una anomalía. Estos homicidios autorizados por el Estado son aún más inaceptables en los casos en los que, como éste, existen serias dudas sobre la justicia de los procedimientos judiciales.

La última ejecución que se había llevado a cabo en Afganistán había sido la de Abdullah Shah, en abril de 2004. En el momento de su juicio en octubre de 2002, la relatora especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, tras observar los procedimientos judiciales, manifestó que existía preocupación porque "en esta fase no se pueden observar las salvaguardias y restricciones establecidas por las normas internacionales para imponer la pena de muerte". En 2003, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU pidió al gobierno afgano que "[de]clare una moratoria para la pena de muerte en vista de los defectos de procedimiento y de fondo del sistema judicial afgano".

La pena de muerte es a menudo discriminatoria en su aplicación, y se usa de forma desproporcionada contra las personas sin recursos económicos, las minorías y los miembros de determinadas comunidades raciales, étnicas y religiosas. Con frecuencia se impone tras juicios injustos, se ha visto una y otra vez el peligro de ejecutar a un inocente, y no se ha demostrado que las ejecuciones tengan un especial efecto disuasorio frente a la delincuencia. Amnistía Internacional cree que las ejecuciones son embrutecedoras, que deshumanizan a quienes las llevan a cabo y que devalúan el valor que la sociedad da a la vida humana.

Amnistía Internacional pide una vez más al gobierno afgano que dicte de inmediato una suspensión oficial del uso de la pena de muerte.

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