Document - Afghanistan: No more empty promises in Paris


AMNISTÍA INTERNACIONAL

Documento informativo



Índice AI: ASA 11/007/2008 (Público)

Fecha: 11 de junio de 2008



Afganistán: En París, basta ya de promesas vanas


El jueves 12 de junio se celebrará en París la Conferencia Internacional de Apoyo a Afganistán, que congregará a representantes de alto nivel de unos 80 países y organizaciones que participan en la reconstrucción de Afganistán desde la caída del régimen talibán en 2001. El objetivo de la Conferencia de París consiste en realizar una revisión de medio plazo del Pacto para Afganistán, programa marco de cinco años adoptado en enero de 2006 por el gobierno afgano y la comunidad internacional para avanzar en tres áreas principales: (1) seguridad; (2) gobernanza, Estado de derecho y derechos humanos; y (3) desarrollo económico y social. A estas alturas ha quedado claro que ni la comunidad internacional ni el gobierno de Afganistán han cumplido plenamente sus compromisos con el pueblo afgano.


Amnistía Internacional reconoce los progresos realizados en la reconstrucción de Afganistán desde que Estados Unidos y sus aliados derrocaron a los talibanes en 2001. Son muchas las personas en Afganistán que hoy en día se atreven a confiar en un futuro mejor. Millones de niños y niñas afganos pueden ya acudir a los centros escolares, muchas mujeres tienen acceso a atención básica de la salud, y un reducido grupo de periodistas y activistas de la sociedad civil han dado voz a la población del país por primera vez en muchos años. Sin embargo, las mejoras en las condiciones económicas, políticas y de seguridad se han estancado. En amplias zonas del país (sobre todo en el sur y el sudeste), estas condiciones se han deteriorado seriamente debido a la intensificación del conflicto armado con los talibanes y otros grupos antigubernamentales. La población afgana sigue sufriendo las consecuencias de la pobreza extrema, el desgobierno ligado al floreciente narcotráfico, una gobernanza deficiente, la corrupción endémica, un sistema judicial endeble y torpe y la falta de respeto por el Estado de derecho. Ni la comunidad internacional ni el gobierno de Afganistán han mantenido su promesa de proporcionar a la población del país, especialmente a las mujeres y las niñas, mayor seguridad, una gobernanza más receptiva o un desarrollo económico sostenible. En concreto, Amnistía Internacional insta a los representantes reunidos en la Conferencia de París a que cumplan los siguientes compromisos: (1) reformar el sistema judicial e instaurar el Estado de derecho; (2) combatir la impunidad por violaciones de derechos humanos cometidas tanto en el pasado y como en el presente; (3) proteger y respetar los derechos de las mujeres; y (4) fortalecer la libertad de expresión.


El Pacto para Afganistán fijó objetivos para el gobierno afgano y la comunidad internacional, y creó la Junta Mixta de Coordinación y Vigilancia, órgano decisorio de alto nivel integrado por representantes del gobierno afgano y de la comunidad internacional y encargado de vigilar la aplicación de los compromisos recogidos en el Pacto. En su informe de situación emitido en febrero de 2008, la Junta admitía que había “carencias significativas de financiación” en la comunidad de donantes, problemas graves en la coordinación de la ayuda entre proyectos bilaterales y multilaterales y escasez de información acerca de las condiciones sobre el terreno. Además, la Junta ha calificado de “demasiado amplios para ofrecer orientación práctica” algunos de los principios establecidos en el Pacto. La comunidad internacional y el gobierno afgano no han dado prioridad al respeto por los derechos humanos ni por el Estado de derecho, lo cual agrava las deficiencias existentes. En lugar de ello, ambos se han centrado en la estabilidad política a corto plazo y en el conflicto con los talibanes y otros grupos antigubernamentales, a menudo adoptando estrategias contraproducentes que consisten en contar con el apoyo de funcionarios corruptos y señores de la guerra aparentemente favorables al gobierno. Esta conducta proporciona una potente herramienta propagandística a los talibanes y otras fuerzas antigubernamentales y ayuda a explicar la continua inestabilidad que expone a miles de afganos a un aumento de la violencia e impide a millones de personas disfrutar de derechos humanos básicos, como el acceso a la alimentación, el alojamiento, la atención de la salud y la educación.


El Pacto para Afganistán señala “la gobernanza, el Estado de derecho y los derechos humanos” como uno de los tres pilares del desarrollo del país y afirma en el preámbulo un compromiso común de “trabajar por un Afganistán estable y próspero, dotado de una gobernanza adecuada y protección de los derechos humanos para todas las personas al amparo del Estado de derecho”. El gobierno afgano y sus aliados internacionales todavía no han alcanzado esta meta. Para cumplir las promesas suscritas en el Pacto con el pueblo afgano, deben emprender de inmediato acciones destinadas a lograr los objetivos fijados.


En el marco de los preparativos para la Conferencia de París, las autoridades afganas han presentado un plan, dotado con 50.000 millones de dólares estadounidenses, que se centra en fortalecer el gobierno del país para que pueda cumplir mejor sus funciones de gobernanza, proporcionar más seguridad y propiciar el desarrollo económico. Esta nueva Estrategia de Desarrollo Nacional para Afganistán es más realista y está más detallada que sus predecesoras, pero sigue sin contener suficientes objetivos específicos y creíbles.


Amnistía Internacional pide a la comunidad internacional y al gobierno de Afganistán que aprovechen la Conferencia de París para mejorar la estrategia de desarrollo propuesta y valorar de forma objetiva y transparente qué se ha logrado y, lo que es más importante, a qué desafíos se enfrentan y qué medidas realistas adoptarán para cumplir los compromisos contraídos con el pueblo afgano. En particular, la organización los exhorta a avanzar para alcanzar los objetivos del Pacto en los ámbitos clave que se exponen a continuación.


1. Reformar el sistema judicial e instaurar el Estado de derecho

Amnistía Internacional acoge con satisfacción los progresos realizados en la redacción y promulgación de leyes; la formación de varios centenares de jueces y fiscales; la introducción del sistema de representación letrada para las personas inculpadas en los juicios; y la creación de un colegio profesional de la abogacía. Sin embargo, la judicatura afgana adolece de una corrupción sistémica y de falta de personal judicial cualificado en todo el país, por lo que sigue siendo vulnerable a las presiones de cargos públicos y grupos armados afines al gobierno. Los juicios se caracterizan por incumplir las normas internacionales de garantías procesales, por ejemplo, por no respetar el derecho a llamar y examinar a testigos o por negar a las personas acusadas el derecho a disponer de una defensa o a acceder a la información. En el informe de situación presentado en enero de 2008, la Junta Mixta de Coordinación y Vigilancia afirmaba que “es notable la ausencia de un entorno que favorezca la autonomía de los jueces a la hora de emitir los fallos”. La Junta criticó al gobierno afgano por no mostrar la voluntad política necesaria para combatir la corrupción y garantizar una conducta adecuada del poder judicial.


Una de las medidas provisionales acordadas por el gobierno de Afganistán y los donantes internacionales fue la creación de un “mecanismo de designación de altos cargos”, antes de febrero de 2008, para garantizar un mayor respeto por el Estado de derecho y para mejorar la precaria legitimidad del gobierno afgano. Según la Junta, este mecanismo abarcaría “todos los nombramientos de altos cargos en la judicatura y el gobierno central, así como en las gobernaciones provinciales, jefaturas de policía, administración de distritos y direcciones provinciales de seguridad”. Pero en su informe de situación de enero de 2008, la Junta comunicaba que este mecanismo no había avanzado mucho, aparte de fijar su mandato, y que la propia Junta “no había sido consultada desde la formulación [de dicho mecanismo], excepto para el nombramiento de los viceministros y en un par [sic] de ocasiones en la designación de gobernadores”.


La Policía Nacional Afgana recibe salarios ínfimos y escasa formación y es tristemente famosa por su corrupción y conducta abusiva. Según la Junta Mixta de Coordinación y Vigilancia, el Grupo Especial sobre la Calidad y las Estructuras de la Policía Nacional Afgana (compuesto por el Ministerio del Interior de Afganistán, la Oficina Europea de Policía, la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán, el Mando Conjunto Transitorio de Seguridad y la Embajada de Estados Unidos) reconoció el escaso prestigio público de la policía afgana y su falta de profesionalidad. En enero de 2008 se hizo pública una revisión sobre la policía que recomendaba “la creación por el Ministerio del Interior y la comunidad internacional de un órgano conjunto permanente encargado de supervisar la investigación de las candidaturas a policías y de revisar la actuación de los principales mandos policiales”. El documento de revisión también recomendaba el establecimiento de “un mecanismo externo de vigilancia para recibir denuncias, evaluar el nivel de los servicios prestados y mantener un diálogo público”. Amnistía Internacional aplaude estas recomendaciones, pero hace hincapié en que tales recomendaciones ponen de relieve que la comunidad internacional ha incumplido manifiestamente las promesas contraídas con la población de Afganistán.


La Dirección Nacional de Seguridad (servicio de información afgano) se enfrenta a denuncias dignas de crédito sobre abusos infligidos a detenidos y gestión de centros secretos de detención. Amnistía Internacional ha informado sobre las deplorables condiciones de los centros de detención oficiales, en especial los situados fuera de Kabul. Pero incluso en Kabul, la prisión de Pul-i Charkhi ha sido descrita como “la más problemática” en el informe de situación emitido en enero de 2008 por la Junta Mixta de Coordinación y Vigilancia, en el que también se afirma que “cada uno de los pabellones alberga a 400 o 500 presos que viven en condiciones atroces, pero la ayuda prometida no llega”.


La conducta de las fuerzas armadas internacionales, sobre todo las de Estados Unidos, contribuye a agravar el clima de impunidad. Las fuerzas estadounidenses siguen deteniendo a ciudadanos afganos sin tener una jurisdicción clara y sin el debido proceso legal. En la base estadounidense del aeropuerto de Bagram, centenares de afganos permanecen recluidos indefinidamente “por motivos de seguridad” sin derecho a un juicio con las debidas garantías. Las personas capturadas por las tropas de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad y entregadas a las autoridades de Afganistán corren el riesgo de sufrir tortura u otros malos tratos bajo custodia afgana, especialmente bajo la custodia de la Dirección Nacional de Seguridad. Los detenidos apenas tienen acceso a la justicia, y los funcionarios del Estado, sobre todo los agentes de la Dirección Nacional de Seguridad, violan la legislación afgana y el derecho internacional con impunidad.


Con el fin de que se puedan alcanzar los objetivos sobre el Estado de derecho y la reforma del sistema judicial, Amnistía Internacional insta al gobierno afgano a:


  • poner en marcha un mecanismo claro y transparente (tal como especifica la Junta Mixta de Coordinación y Vigilancia en su informe de enero de 2008) destinado a impedir la designación de candidatos con un historial de abusos contra los derechos humanos para ocupar altos cargos del gobierno central y la judicatura, así como de las gobernaciones provinciales, las jefaturas de policía, las administraciones de distrito y las direcciones provinciales de seguridad;

  • promulgar y aplicar legislación que tipifique como delito la tortura y los tratos crueles o inhumanos, prevea el procesamiento de las personas responsables de los abusos y estipule reparaciones para las víctimas;

  • garantizar que todas las personas detenidas comparecen sin demora ante un juez y que, o bien se presentan cargos en su contra por un delito común reconocible y un tribunal civil e independiente ordena la prisión previa al juicio, o bien son puestas en libertad;

  • liberar a las personas presas que han cumplido sus condenas. Mantener registros exactos de los ingresos en prisión ayuda a identificar a los presos. Todos los registros deben distinguir claramente entre personas detenidas antes de ser juzgadas y presos condenados;

  • regular el funcionamiento de la Dirección Nacional de Seguridad mediante legislación que prohíba a este órgano recluir a personas y permita que organismos independientes de derechos humanos, como la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán, vigilen la situación de todos los detenidos, para lo cual deberán tener acceso tanto a los lugares de detención como a las personas recluidas sin excepción;

  • crear de inmediato un órgano permanente compuesto por representantes afganos e internacionales encargado de supervisar la investigación de las candidaturas al cuerpo de policía, tal como recomienda el Grupo Especial sobre la Calidad y las Estructuras de la Policía Nacional Afgana, sobre todo para garantizar que no se designa para puestos de alto nivel a candidatos con un historial de abusos contra los derechos humanos;

  • crear con carácter prioritario una defensoría del pueblo para asuntos policiales eficaz, independiente y dotada de los recursos necesarios, en línea con las recomendaciones del Grupo Especial sobre la Calidad y las Estructuras de la Policía Nacional Afgana. Esta institución debe tener potestad para investigar las denuncias presentadas contra la policía, como las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por la propia policía o de casos en los que la policía no ha investigado otros abusos;

  • incorporar plena y permanentemente las normas internacionales de derechos humanos y las disposiciones del derecho internacional humanitario a los planes de formación de la policía. Garantizar que la formación sobre estas normas tiene un carácter práctico e incluye procedimientos adecuados de arresto y detención, así como directrices sobre el uso de la fuerza cuando sea necesaria y sobre el interrogatorio de presuntos delincuentes sin recurrir a la tortura o los malos tratos en ninguna circunstancia;

  • restablecer la suspensión de hecho de la pena de muerte que estuvo vigente hasta octubre de 2007 como primer paso hacia la completa abolición de la pena capital.


Amnistía Internacional exhorta a la comunidad internacional a:


  • garantizar la puesta en marcha de programas separados de formación para jueces, fiscales y abogados defensores que incluyan cuestiones de derechos humanos.


Amnistía Internacional insta en especial al gobierno de Estados Unidos a:


  • conceder a todas las personas detenidas en Bagram acceso a asistencia letrada, familiares, médicos y representantes consulares, sin demora y de forma regular;

  • permitir a todas las personas detenidas en Bagram que comparezcan ante un tribunal para poder impugnar la legalidad de su detención. Las personas capturadas en el campo de batalla durante conflictos internacionales deberán ser consideradas prisioneros de guerra hasta que un tribunal competente determine lo contrario, en cuyo caso deberán ser procesadas o puestas en libertad.


2. Combatir la impunidad por violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado y en el presente

La impunidad por violaciones de derechos humanos socava la justicia, la seguridad y la estabilidad de Afganistán. Durante casi 30 años de conflicto, la población afgana ha sufrido violaciones graves del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos, como matanzas, bombardeos indiscriminados y desapariciones forzadas. Ni en la época del gobierno comunista, ni durante la guerra civil de principios de la década de 1990 ni durante el régimen talibán se ha hecho comparecer ante la justicia a los responsables de estos crímenes. La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán ha documentado el deseo de la población afgana de iniciar un proceso de justicia transicional que exponga los hechos de su historia reciente y le ayude a asimilar el pasado. La destacada presencia en el gobierno y el Parlamento afganos de varias figuras clave acusadas de violaciones graves de derechos humanos merma considerablemente la legitimidad del gobierno. La provisión de justicia transicional es crucial en el proceso político y en las reformas en curso de los sectores de la justicia, la seguridad y la gobernanza.


El Plan de Acción para la Paz, la Justicia y la Reconciliación en Afganistán, adoptado en diciembre de 2005, pretendía abordar los abusos cometidos en el pasado y promover la reconciliación nacional. En el Pacto para Afganistán de 2006, el gobierno afgano se comprometía a poner en práctica el Plan de Acción “con el apoyo de la comunidad internacional”. Dicho plan contiene cinco medidas: (1) reconocer el sufrimiento de la población afgana; (2) garantizar un Estado digno de crédito y que rinda cuentas; (3) averiguar la verdad de los hechos y documentarlos; (4) promover la reconciliación y la unidad nacional; y (5) establecer mecanismos de rendición de cuentas eficaces y razonables.


Poco se ha avanzado en estas cinco áreas clave. En el informe de situación de enero de 2008, la Junta Mixta de Coordinación y Vigilancia admitía que “apenas se han hecho progresos en la aplicación del Plan de Acción para la Paz, la Justicia y la Reconciliación. El plazo de tres años fijado para la aplicación del Plan de Acción expira al final de 2008. Habida cuenta de los limitados avances logrados hasta la fecha, es muy improbable que puedan cumplirse plenamente las acciones clave establecidas”. Hay elementos específicos del plan que han recibido escaso apoyo del gobierno, como la Acción 2, que aspiraba a crear una comisión asesora para ayudar al presidente a investigar las candidaturas a cargos políticos de alto nivel que no estuvieran en el ámbito de la Comisión de Funcionariado Público. La Acción 5, relativa a la rendición de cuentas por crímenes de guerra, quedó socavada por la aprobación de la Ley de Amnistía de marzo de 2007, cuya finalidad era conceder inmunidad procesal a los presuntos criminales de guerra.


Amnistía Internacional insta al gobierno de Afganistán y a sus socios internacionales a:


  • poner en práctica en el plazo fijado todas las acciones expuestas en el Plan de Acción de Justicia Transicional;

  • crear una comisión asesora sobre designaciones, tal como establece la Acción 2 del Plan de Acción de Justicia Transicional, con el fin de impedir que las personas acusadas de haber cometido crímenes de guerra o abusos graves contra los derechos humanos sean nombradas para cargos públicos;

  • a la espera de la investigación, suspender de su cargo en el gobierno a todas las personas sospechosas de haber cometido crímenes de guerra o abusos graves contra los derechos humanos;

  • crear un mecanismo de búsqueda de la verdad para respaldar y agilizar los esfuerzos por documentar, en los procedimientos judiciales pertinentes, los abusos contra los derechos humanos cometidos en el pasado en Afganistán;

  • antes de las elecciones presidenciales (2009) y las elecciones parlamentarias (2010), investigar a los candidatos que tengan una trayectoria dudosa en materia de derechos humanos o vínculos con grupos armados, milicias o el narcotráfico;

  • promulgar legislación que aplique el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y permita al Estado cooperar plenamente con la Corte.


La organización también exhorta a la comunidad internacional a:


  • destinar fondos al Plan de Acción para la Paz, la Justicia y la Reconciliación de 2005 de modo que sea posible llevar a cabo las acciones recomendadas;

  • prestar apoyo técnico y ofrecer formación en ciencia forense con el fin de capacitar al funcionariado afgano para documentar abusos contra los derechos humanos cometidos en el pasado y preparar los procedimientos judiciales;

  • investigar y, si hay suficientes pruebas admisibles, procesar en juicios justos en los que no se imponga la pena de muerte a los presuntos autores de delitos contra el derecho internacional que se hallen en el territorio de los respectivos Estados. Si los Estados no están dispuestos a investigar o enjuiciar a estas personas, deben extraditarlas a países que tengan la capacidad o la voluntad de procesarlas, o entregarlas a los tribunales penales internacionales.


3. Proteger y respetar los derechos de las mujeres

Amnistía Internacional acoge con satisfacción los avances conseguidos en el ámbito de los derechos de las mujeres desde la caída del régimen talibán, especialmente gracias a la creación del Ministerio de Asuntos de la Mujer, al Plan Nacional de Acción para las Mujeres, a la mejora en su acceso a la educación y al aumento de la representación de las mujeres en el Parlamento. Sin embargo, las mujeres y las niñas afganas siguen padeciendo leyes, políticas y prácticas discriminatorias, que incluyen agresiones físicas contra ellas por ser mujeres. También sufren violencia en el ámbito familiar –que es endémica–, trata, matrimonios forzados, entre ellos los matrimonios prematuros, y son utilizadas como moneda de cambio en la resolución de disputas. La policía, los tribunales y otras autoridades judiciales rara vez dan curso a las denuncias de las mujeres por abusos, como palizas, violaciones u otro tipo de violencia sexual. Las mujeres víctimas y las acusadas de algún delito carecen de acceso a la justicia y son discriminadas, tanto por el sistema de justicia oficial como por el tradicional.


El objetivo general sobre cuestiones de género recogido en el Pacto para Afganistán establece lo siguiente: “Para el 20 de marzo de 2011 ya se habrá puesto en marcha por completo el Plan Nacional de Acción para las Mujeres. Además, se reforzará la participación de las mujeres en todas las estructuras de gobernanza del país, incluidos los órganos elegidos o designados y el funcionariado, de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo del Milenio para Afganistán”. En mayo de 2007, la Junta Mixta de Coordinación y Vigilancia anunció que había organizado sesiones formativas para mujeres parlamentarias, integrantes de consejos provinciales y funcionarias de alto rango, y prometió que se crearía un Instituto de Estudios de Género en la Universidad de Kabul antes de mediados de 2007. La Junta también se comprometió a “redoblar los esfuerzos” para incluir a más mujeres en el funcionariado, pero desde que se hizo pública esta promesa no está claro hasta qué punto se ha cumplido.


Asimismo, otro objetivo del Pacto para Afganistán estipula que: “Al terminar el año 1389 [el 20 de marzo de 2011], el número de familias encabezadas por mujeres que padecen pobreza crónica se habrá reducido un 20 por ciento y los índices de empleo de este colectivo habrán subido un 20 por ciento”. Hasta la fecha se han logrado muy pocos avances en la situación de las mujeres, según se reconoce en los informes de situación elaborados por la Junta Mixta. El Ministerio de Asuntos para la Mujer informó a la Junta de que no podría cumplir este objetivo debido a la falta de datos de partida para medir el progreso. En respuesta, la Junta anunció en mayo de 2007 que “se ha emprendido un estudio completo sobre la situación de las mujeres que viven en la pobreza crónica y estará acabado antes de agosto de 2007”. La Junta no ha hecho público ningún dato que indique si se ha terminado este estudio.

Las mujeres y las niñas también se enfrentan a serios obstáculos para el progreso social, especialmente en los ámbitos de la educación y la salud. Transcurridos seis años desde el derrocamiento del régimen talibán, sólo el 35 por ciento de las niñas van al colegio y, según el Informe sobre Desarrollo Humano de Afganistán elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), “el índice de alfabetización de las mujeres ronda tan sólo el 12,6 por ciento, en comparación con el 32,4 por ciento en el caso de los hombres”. En el sur y el sudeste, a la falta de acceso a la educación de las mujeres y las niñas se suma la situación de la seguridad: muchas niñas y mujeres corren peligro de sufrir heridas graves o morir si asisten a centros escolares o enseñan en ellos. Debido a la inseguridad reinante, cientos de escuelas están cerrando sus puertas en las provincias meridionales, por lo que a muchas mujeres y niñas se les está negando su derecho a la educación. Según el informe del PNUD, Afganistán también tiene uno de los índices de mortalidad materna más altos del mundo, aproximadamente 1.600 muertes por cada 100.000 nacidos vivos.


Amnistía Internacional insta al gobierno de Afganistán y a sus socios internacionales a:


  • evaluar la adecuación de los niveles actuales de financiación y recursos para mejorar los programas educativos dirigidos a mujeres y niñas, y garantizar el acceso a servicios y profesionales de la salud, como personal de partería cualificado, con el fin de reducir la mortalidad materna en Afganistán;

  • dotar de fondos y recursos suficientes al Ministerio de Asuntos de la Mujer y a sus oficinas provinciales para aumentar su capacidad y asegurar que pueden poner en marcha, coordinar y vigilar el funcionamiento del Plan Nacional de Acción para las Mujeres en todo el país;

  • dotar de fondos y recursos suficientes para respaldar la reforma del sistema de justicia penal, que habrá de incluir programas completos de formación de la judicatura y la policía destinados a posibilitar la aplicación de las normas internacionales que promueven y protegen los derechos de las mujeres;

  • garantizar que no se elude el cumplimiento de las leyes que protegen a las mujeres y las niñas mediante sistemas de justicia paralelos o prácticas tradicionales;

  • asegurarse de que las mujeres y las niñas participan de forma equitativa en todos los proyectos de reconstrucción del país.


Amnistía Internacional insta al gobierno de Afganistán a:


  • incrementar la participación de las mujeres en todas las estructuras de gobernanza del país, tal como establece el objetivo del Pacto para Afganistán;

  • reclutar y formar a suficientes mujeres agentes de policía (también interrogadoras), fiscalas y juezas para que, siempre que sea posible, haya mujeres presentes en representación de la autoridad cuando se arresta o recluye a mujeres y, como mínimo, cuando éstas son interrogadas por la policía o la fiscalía;

  • investigar con prontitud, imparcialidad y exhaustividad todos los asesinatos, intentos de asesinato y aparentes suicidios de mujeres, con el fin de llevar ante la justicia a los responsables de los actos de violencia contra ellas, incluidos miembros de las jirgas y shuras (asambleas locales) que puedan haber ordenado la comisión de tales delitos;

  • modificar o abolir leyes (como el Código Penal), reglamentos, costumbres y prácticas existentes que discriminen a las mujeres en los asuntos de familia. En particular, garantizar sin restricciones la igualdad jurídica entre las mujeres y los hombres, tanto en la ley como en la práctica, por lo que respecta al derecho a escoger al cónyuge libremente; a contraer matrimonio con pleno y libre consentimiento; y a disfrutar de iguales derechos y responsabilidades durante el matrimonio y en su disolución;

  • tipificar expresamente como delitos las siguientes formas de violencia: la que tiene lugar en el ámbito familiar contra las mujeres y las niñas, incluida la violencia sexual; la entrega de niñas y mujeres en matrimonio como medio de solucionar una disputa, por la que se obliga a hombres o mujeres a casarse en contra de su voluntad; los matrimonios de personas menores de 18 años; y la violación, incluida la violación conyugal y de menores;

  • apoyar públicamente el trabajo de organizaciones no gubernamentales destinado a prestar asistencia y alojamiento a mujeres en peligro y financiar y respaldar medidas que permitan a las mujeres vivir sin sufrir violencia, como los programas de educación cívica;

  • aumentar el acceso de las mujeres a los servicios de salud y tratar de eliminar los factores sociales y culturales, como la pobreza, el analfabetismo o la ausencia de mujeres en las profesiones médicas, para reducir las mortalidad materna e infantil en Afganistán.


4. Fortalecer la libertad de expresión

En el Pacto para Afganistán se afirma que, para el año 2011, “se habrá reforzado el ejercicio de la libertad de expresión, incluida la libertad de los medios de comunicación”. Sin embargo, en el último año se han minado gravemente las posibilidades de avance en la libertad de expresión. Periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación han sido objeto, cada vez en más ocasiones, de amenazas y ataques de agentes tanto estatales como no estatales. Recientemente, el 7 de junio de 2008, Abdul Samad Rohani, periodista afgano que trabajaba para la BBC en la provincia de Helmand, fue secuestrado y hallado muerto por disparos al día siguiente en la capital provincial, Lashkar Gah. Los talibanes han negado la autoría de esta muerte. En junio de 2007, hombres armados no identificados dispararon y mataron a Zakia Zami, directora y periodista de la emisora de radio privada Radio Paz, en la provincia de Parwan. Zakia Zami se había mostrado crítica con los caudillos locales, que le habían advertido que debía cerrar la emisora. Le dispararon siete veces en su casa mientras dormía junto a sus hijos.


El gobierno, en particular la Dirección Nacional de Seguridad y el Consejo de Ulemas (consejo religioso), han tratado de mermar la independencia de los medios de comunicación. En junio de 2006, la Dirección Nacional de Seguridad emitió una directiva por la que se ordenaba a los medios de comunicación que limitaran sus actividades informativas, y que incluía la restricción inaceptablemente vaga de toda cobertura informativa que fuese “contraria al interés nacional”. El 22 de enero de 2008, un tribunal provincial de Mazar-e Sharif, en la provincia de Balkh, condenó a muerte por blasfemia al estudiante universitario y periodista Perwiz Kambakhsh, al parecer por descargar material de Internet que examinaba el papel de las mujeres en el islam. Este caso ha tenido un efecto demoledor en otros periodistas. Amnistía Internacional también ve con preocupación otros informes de hostigamiento a periodistas por parte de cargos del Estado. En 2007, la Dirección Nacional de Seguridad detuvo a Kamran Mir Hazar, director de un sitio web de noticias, kabulpress.org, al parecer por publicar artículos críticos con la actuación del gobierno. En abril de 2007, a instancias del fiscal general, Abdul Jabit, la policía hizo una redada en la sede del canal de televisión Tolo TV para detener al periodista Hamed Haidary, así como al responsable de la emisora, por reproducir “incorrectamente” las palabras del fiscal Jabit en un boletín de noticias. Estos incidentes ponen de manifiesto la creciente intolerancia de las autoridades hacia las críticas contra su actuación, así como su abuso de poder para reprimir la libertad de los medios de comunicación y la libertad de expresión en general.


Está pendiente de aprobación por el presidente Karzai una ley revisada sobre los medios de comunicación que restringiría todavía más la libertad de éstos. La ley contiene varias disposiciones ambiguas que podrían aplicarse para limitar la libertad de expresión mucho más de lo que prevé el derecho internacional de los derechos humanos; por ejemplo, prohíbe la divulgación de contenido que sea contrario a los principios del islam. La nueva ley introduce un elemento de censura y vigilancia estatal al exigir a los organismos internacionales e intergubernamentales que obtengan la autorización previa del Ministerio de Cultura antes de publicar cualquier material.


Amnistía Internacional exhorta al gobierno de Afganistán a:


  • garantizar que se investigan todos los ataques a periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y otras personas que ejercen su derecho a la libertad de expresión, y que se procesa a los presuntos autores en juicios que se ajustan a las normas internacionales de justicia procesal y en los que no se impone la pena de muerte;

  • derogar o modificar las disposiciones de la ley revisada sobre los medios de comunicación, pendiente de aprobación por el presidente Karzai, que restrinjan la libertad de expresión, en contravención de la Constitución afgana y las obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional.


Con carácter de urgencia, Amnistía Internacional insta al presidente Karzai a indultar a Perwiz Kambakhsh, que fue condenado a muerte en enero de 2008 en un juicio injusto.






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