Document - Afghanistan: All who are not friends, are enemies: Taleban abuses against civilians

[Embargado hasta el 19 de abril de 2007]

Público

Amnistía Internacional

Afganistán

Los que no son amigos, son enemigos: los abusos de los talibanes contra la población civil

Resumen

Índice AI: ASA 11/001 2007

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLASA110012007

La población civil ha pagado un alto precio en el conflicto armado que sigue librándose en Afganistán. Ha sido objetivo directo de los talibanes y otros grupos armados y también ha quedado atrapada en el fuego cruzado entre el ejército afgano y las fuerzas extranjeras por un lado y los talibanes y otros grupos armados que se oponen al gobierno afgano y a la presencia de tropas extranjeras, por otro.

Este informe se centra en las graves violaciones del derecho internacional humanitario y los abusos contra los derechos humanos perpetrados por los talibanes entre enero de 2005 y marzo de 2007, consistentes en amenazas, intimidaciones y ataques contra civiles y escuelas, ataques suicidas con bomba, secuestros y ejecuciones. El informe formula recomendaciones a todas las partes en conflicto para que respeten el derecho internacional humanitario (las “leyes de la guerra”).

Los talibanes

En general, en todo Afganistán se vio con buenos ojos que Estados Unidos sacara a los talibanes del país en 2001. Sin embargo, al no haberse establecido unas condiciones de seguridad y buen gobierno y un Estado de derecho en el país, se ha ido erosionando la confianza de la opinión pública en el gobierno afgano y en la intervención dirigida por Estados Unidos de octubre de 2001. Los talibanes han aprovechado esta pérdida de confianza para conseguir el control de grandes extensiones de territorio, especialmente en el sur y en el este de Afganistán.

Los talibanes son en su inmensa mayoría pastunes del sur de Afganistán, y obtienen apoyo generalizado de pastunes que viven del otro lado de la frontera con Pakistán. Se financian con el dinero que obtienen de fuentes locales –según los informes por coacción o donaciones– y al parecer también con el de ricos donantes de los Estados del Golfo Pérsico y el procedente del narcotráfico, los rescates de secuestros y el contrabando.

La población civil, amenazada

Los talibanes sistemáticamente no distinguen entre objetivos militares y civiles, vulnerando con ello sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario, que prohíbe estrictamente los ataques contra la población civil. Decenas de civiles afganos han muerto a manos de insurgentes talibanes por ser considerados “espías” o “colaboradores”. En la lista hay candidatos electorales, clérigos, personal del gobierno, docentes, profesionales médicos y personas que trabajaban para agencias de cooperación o para las fuerzas extranjeras.

Los ataques violentos contra el sistema educativo del país se incrementaron radicalmente durante 2006. Además de perpetrar ataques con misiles y bombas y de provocar incendios, los talibanes han lanzado amenazas en forma de “cartas nocturnas” (notas o carteles fijados a árboles, mezquitas o escuelas durante la noche, en los que advierten de agresiones contra el personal docente o los estudiantes). En varias regiones, los padres se muestran reacios a enviar a sus hijos e hijas al colegio, y el clima de temor está socavando el derecho a la educación de miles de menores, especialmente niñas.

En uno de estos ataques, perpetrado el 9 de diciembre de 2006, presuntos insurgentes talibanes irrumpieron en una casa en la provincia de Kunar matando a dos hermanas que eran maestras, junto con su madre, su abuela y un familiar varón. Según los informes, el director provincial de Educación afirmó que el ataque de los talibanes se produjo tras una amenaza de muerte contra las hermanas para que dejaran de dar clase.

Los talibanes también han sido acusados de utilizar escudos humanos, incluidos menores, y de poner en peligro la seguridad de la población civil “transformando las casas en bases y controles”.

Cientos de personas, incluidos menores, han resultado muertas o heridas en atentados indiscriminados, como ataques suicidas, en ocasiones dirigidos contra convoyes militares y bases militares extranjeras, y en otros casos contra civiles. Desde 2003, los talibanes han resurgido emulando tácticas utilizadas en Irak, como atentados suicidas, artefactos explosivos improvisados, asesinatos y decapitaciones.

El autor de un ataque suicida, perpetrado el 18 de septiembre de 2006, atentó contra una patrulla de soldados canadienses que daban lápices y cuadernos a un gran grupo de niños y niñas en el poblado de Char Kota en Pashmul. Hubo unos 24 civiles heridos, la mayoría menores.

La intensificación de la insurgencia ha supuesto un deterioro para la situación de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, que sufren amenazas, hostigamientos y ataques de los talibanes y otros grupos armados. Las mujeres temen salir de sus casas y enviar a sus hijas al colegio. Su libertad de circulación, su capacidad de salir a trabajar y su participación en la vida pública han quedado limitadas.

Safiye Amajan, directora de Asuntos de la Mujer en la provincia de Kandahar, murió víctima de homicidio en septiembre de 2006. Según los informes, un jefe talibán afirmó que había sido “ejecutada” por trabajar para el gobierno. Otros destacados activistas en favor de los derechos de las mujeres también han recibido amenazas de muerte o han sido atacados por hombres armados sin identificar.

Secuestros y toma de rehenes

A Amnistía Internacional le preocupan los informes según los cuales decenas de afganos y de extranjeros han sido secuestrados por insurgentes vinculados a los talibanes. Muchas de las personas secuestradas fueron ejecutadas posteriormente. La mayoría de las víctimas han sido civiles, entre ellos personas que realizaban tareas de reconstrucción y cooperantes, así como contratistas privados.

Los talibanes y otros grupos armados han utilizado la toma de rehenes para presionar a los gobiernos o las empresas extranjeras para que salgan de Afganistán. La toma de rehenes, los secuestros y los homicidios también se han utilizado para atemorizar a la población local y disuadirla de cooperar con el gobierno y las fuerzas extranjeras.

Amnistía Internacional ha recibido informes según los cuales en zonas de Afganistán bajo su control los talibanes están usando órganos cuasijudiciales para administrar “justicia”. Apenas se sabe nada sobre los procedimientos. La mayoría de las personas juzgadas por estos tribunales han sido acusadas de “espionaje”, o de “asesinato” y “prostitución”. Muchas habían sido secuestradas previamente por los talibanes. En muchos casos, estos tribunales han dictado penas de muerte, que se han aplicado.

Derecho internacional humanitario

Un principio fundamental del derecho internacional humanitario es que las partes en un conflicto armado deben distinguir en todo momento entre objetivos civiles y militares. Los ataques dirigidos contra un objetivo militar que causen un daño desproporcionado a la población civil o a bienes de carácter civil también están prohibidos, al igual que los actos o amenazas de violencia cuyo objetivo sea aterrorizar a la población civil.

Muchos de los homicidios y otros actos descritos en este informe constituyen crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad.

Recomendaciones principales

Amnistía Internacional recalca a todas las partes en conflicto que todas las personas que no participan activamente en las hostilidades deben, sin excepción, ser tratadas con humanidad y con respeto para sus derechos, según las disposiciones pertinentes de los Convenios de Ginebra y las normas internacionales de derechos humanos.

• Amnistía Internacional pide a los talibanes y a otros grupos armados de Afganistán que cesen inmediatamente y condenen públicamente los ataques dirigidos contra la población civil, los ataques indiscriminados y desproporcionados, los secuestros y la toma de rehenes, la tortura y otros malos tratos, el hostigamiento y las amenazas de muerte o de secuestro de civiles. Asimismo pide que dejen de situar objetivos militares entre concentraciones de civiles y pongan fin a los procedimientos cuasijudiciales que derivan en el homicidio de civiles. Amnistía Internacional pide asimismo a los talibanes y otros grupos armados que retiren a aquellos de sus miembros sospechosos de cometer abusos de puestos en los que podrían seguir perpetrándolos.

• Amnistía Internacional insta al gobierno de Afganistán y a las fuerzas extranjeras a que respeten plenamente todas las disposiciones pertinentes del derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos en sus operaciones contra los talibanes y otros grupos armados. Todo el personal debe ser claramente informado de que no se tolerarán violaciones del derecho internacional. Debe ponerse fin inmediatamente a todo acto que viole el derecho internacional, y sus responsables, incluidos los mandos que hayan ordenado o no hayan impedido las violaciones, deben ser puestos a disposición judicial en procesos que se ajusten a las normas internacionales sobre garantías procesales.

• Amnistía Internacional pide al gobierno de Pakistán que condene inequívocamente todos los abusos cometidos por los talibanes y otros grupos armados y utilice su influencia para instar a estos grupos a dejar de cometerlos. También le pide que impida que su territorio sea utilizado para proporcionar ayuda militar o de otro tipo que pudiera contribuir a abusos; y, de acuerdo con las normas internacionales, que ponga a disposición judicial a cualquier persona que esté bajo su jurisdicción y sea sospechosa de implicación en abusos contra la población civil.

• Por último, Amnistía Internacional insta a los líderes religiosos, comunitarios y de la diáspora que utilicen su influencia con los talibanes y otros grupos armados y sus simpatizantes para convencerlos de que no cometan abusos, como atacar a civiles y otros no combatientes, realizar ataques indiscriminados y desproporcionados, tomar rehenes o perpetrar homicidios ilegítimos, torturas y otros malos tratos.

Este texto resume el documento titulado Los que no son amigos, son enemigos: los abusos de los talibanes contra la población civil (Índice AI: ASA 11/001/2007), publicado por Amnistía Internacional en abril de 2007. Si desean más información o emprender acciones al respecto, consulten el documento completo. En el sitio web http://www.amnesty.orgencontrarán una amplia selección de materiales de AI sobre éste y otros asuntos. Los comunicados de prensa de la organización pueden recibirse por correo electrónico solicitándolo en la dirección:

http://www.amnesty.org/email/email_updates.html

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Traducción de Editorial Amnistía Internacional (EDAI), España

[Embargado hasta el 19 de abril de 2007]

Público

Amnistía Internacional

Afganistán

Los que no son amigos, son enemigos: los abusos de los talibanes contra la población civil

Índice

Afganistán

Los que no son amigos, son enemigos: los abusos de los talibanes contra la población civil

1. Introducción

La población civil afgana ha pagado un alto precio desde que a principios de octubre de 2001 comenzaron las hostilidades entre los talibanes y las fuerzas de coalición dirigidas por Estados Unidos, y continúa pagándolo. El conflicto armado internacional¹se dio por finalizado de forma oficial con la concesión de poder a la Administración Transitoria del Afganistán en junio de 2002. Desde entonces, la población civil se ha convertido en objetivo de ataques por parte de los talibanes y otros grupos armados. Asimismo, se ha visto atrapada en el fuego cruzado del conflicto armado que sigue librándose entre el ejército afgano y las fuerzas extranjeras por una parte, y los talibanes y otros grupos armados contrarios al gobierno afgano y a la presencia de tropas extranjeras por otra.²Ambas partes han cometido graves abusos contra los derechos humanos, así como violaciones del derecho internacional humanitario (las “leyes de la guerra”), lo que ha provocado un gran número de muertos y heridos entre la población civil afgana.³

Los talibanes han sido responsables de cientos de muertes de civiles. Según la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán (AIHRC),⁴alrededor de 600 civiles resultaron muertos o heridos durante los primeros siete meses de 2006. En torno al 70 por ciento de estas víctimas estuvieron vinculadas a ataques de los talibanes.⁵Los talibanes han dirigido sus ataques y homicidios contra civiles considerados “espías” o “colaboradores”, entre ellos personas afganas y extranjeras que trabajaban en tareas de reconstrucción y ayuda, líderes religiosos, personal del gobierno, activistas en favor de los derechos humanos de las mujeres y docentes. Los talibanes han llevado a cabo ataques contra la población civil y bienes de carácter civil, tales como escuelas, haciendo poco o ningún esfuerzo para distinguir entre éstos y objetivos militares, como soldados y vehículos de combate.

Cientos de personas han resultado muertas o heridas, entre ellas menores, como consecuencia de ataques indiscriminados mediante coches bomba, ataques suicidas y artefactos explosivos improvisados, como bombas colocadas en los bordes de las carreteras, dirigidos contra patrullas militares y bases de las fuerzas extranjeras. Entre los objetivos de estos ataques indiscriminados también se incluye personal del gobierno, miembros del cuerpo de policía y particulares.

Muchos de estos homicidios constituyen crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad. Por ello, tanto el gobierno de Afganistán como la comunidad internacional en general tienen la obligación de garantizar que los autores de estos crímenes sean identificados y puestos a disposición judicial. El derecho internacional humanitario identifica claramente ciertos actos como crímenes de guerra, independientemente de las causas del conflicto o las razones en las que se apoyen las partes contendientes para justificar su participación.

Aunque en los dos últimos años Amnistía Internacional ha expresado en otros lugares su preocupación por los abusos cometidos por las fuerzas internacionales,⁶este informe se centra en las violaciones del derecho internacional humanitario y los abusos contra los derechos humanos perpetrados por los talibanes entre enero de 2005 y marzo de 2007, como amenazas, intimidaciones y ataques dirigidos contra la población civil, así como ataques indiscriminados, consistentes en ataques suicidas a escuelas, secuestros y ejecuciones de rehenes. El informe insta a todas las partes en el conflicto a que respeten el derecho internacional humanitario al que están sujetas, y a que actúen dentro del marco de los derechos humanos, e incluye recomendaciones detalladas dirigidas a los talibanes y otros grupos armados.

Amnistía Internacional es independiente de todo gobierno, tendencia política o creencia religiosa. No mostró apoyo ni oposición a la guerra de Afganistán en octubre de 2001, y no ha adoptado ninguna postura en cuanto a la legitimidad del enfrentamiento armado contra las fuerzas extranjeras o el ejército afgano. Al igual que en otros conflictos armados internacionales o no internacionales, Amnistía Internacional ha centrado todos sus esfuerzos en informar sobre los abusos contra los derechos humanos y las violaciones del derecho internacional humanitario cometidos por todas las partes involucradas en las hostilidades y en hacer campaña contra ellos.

Metodología

Este informe está basado principalmente en fuentes secundarias. Las fuentes primarias utilizadas recogen las entrevistas realizadas a personas que trabajan en el ámbito de la promoción de los derechos humanos y el desarrollo en Afganistán. Los testimonios recogidos por los delegados de Amnistía Internacional en diciembre de 2005 corresponden a particulares anteriormente residentes en la provincia de Zabul, al sur de Afganistán. Un observador independiente presente en el país de mayo a octubre de 2006 también facilitó testimonios de la población del sur de Afganistán. Se realizaron entrevistas telefónicas a Qari Yousef Ahmadi, que afirma representar a los talibanes y aparece en numerosas ocasiones en los medios de comunicación como “portavoz”del grupo para reclamar la autoría de los ataques.⁷Es difícil poder determinar hasta qué punto coincide la visión de Ahmadi con la de los dirigentes talibanes, así como la fiabilidad de la información que proporciona. Algunas de las declaraciones ofrecidas por diferentes portavoces han resultado contradictorias.

Asimismo, Amnistía Internacional se ha basado en documentos publicados por los talibanes, entre los que se incluye su reglamento militar, el Layeha. También se ha consultado material impreso, como boletines informativos y artículos de periódicos y agencias de prensa, así como informes de grupos asesores en política internacional.⁸

En general, Amnistía Internacional ha decidido destacar los casos de ataques dirigidos hacia la población civil así como los ataques indiscriminados, consistentes en atentados suicidas, secuestros y ejecuciones de rehenes, cuya autoría ha sido asumida por los talibanes. Los casos mencionados en el informe fueron seleccionados también como ejemplos de abusos generalizados contra los derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario.

2.Información general

¿Quiénes son los talibanes?

La composición de la insurgencia en Afganistán es diversa y compleja, y no siempre queda claro quién está detrás de los actos de violencia. Se dice que en Afganistán operan muchos grupos armados, entre ellos Al Qaeda, el Ejército del Profeta Mahoma (Jeysh-e-Mohammadi), el Ejército de los Justos (Lashkar-e-Tayyiba) y el grupo político armado Partido del Islam (Hezb-e-Eslami). El término “talibán” se ha utilizado con frecuencia como una expresión comodín para designar a los grupos armados o elementos hostiles al gobierno central y a las fuerzas extranjeras. Como consecuencia de ello, algunos de los ataques atribuidos a los talibanes por los medios de comunicación podrían haber sido llevados a cabo por Al Qaeda o el grupo político armado Partido del Islam, liderado por Gulbuddin Hekmatyar. Tanto el Partido del Islam como Al Qaeda se oponen a la intervención internacional. Otros elementos atribuidos a los talibanes podrían ser líderes locales, bandas delictivas involucradas en el narcotráfico o particulares. En este informe se ha intentado, en la medida de lo posible, distinguir entre los ataques cometidos por los talibanes y aquellos cometidos por otros elementos armados que operan en Afganistán.

Los talibanes son, en su inmensa mayoría, pastunes del sur de Afganistán, y obtienen apoyo generalizado de pastunes que viven al otro lado de la frontera con Pakistán, principalmente en la provincia de la Frontera Noroeste y en las Zonas Tribales bajo Administración Federal. En estas dos regiones, así como en algunas zonas de Baluchistán, la mayor parte de la población es de etnia pastún y comparte la misma historia, normas y creencias religiosas que sus vecinos afganos. Muchos pastunes de ambos países no aceptan la porosa frontera entre Pakistán y Afganistán y la atraviesan a su voluntad.⁹

En 2003, el líder talibán mulá Omar creó un consejo de dirigentes compuesto por diez miembros (Rahbari Shura) con el fin de dirigir las operaciones militares talibanas en Afganistán. Desde entonces, el consejo se ha ampliado hasta alcanzar un número total de 33 miembros, y entre ellos se incluyen antiguos dirigentes talibanes, que llevaron a cabo campañas contra las operaciones militares estadounidenses entre 2001 y 2002, así como nuevos combatientes reclutados en seminarios religiosos o madrasas de Pakistán.¹⁰Una pequeña parte del movimiento está compuesta por combatientes extranjeros, entre ellos árabes, chechenos e iraníes.¹¹Actualmente, se cree que las filas de los talibanes cuentan con 5.000 combatientes “plenos” y 10.000 combatientes “con dedicación parcial”.¹²

Los talibanes reciben apoyo económico de fuentes locales y, al parecer, también de ricos donantes de los Estados del Golfo Pérsico. Otras fuentes de ingresos provienen del narcotráfico, los rescates de secuestros y el contrabando. Los talibanes también reciben financiación y apoyo en bastiones situados en el sur de Afganistán por medio de coacciones, como exigir manutención y alojamiento, o por medio del Zakat (obligación religiosa musulmana de realizar una donación anual, según se dicta en el Corán).

En lo que respecta a sus obligaciones legales internacionales, la Constitución talibana establece unos claros límites de aceptación del derecho internacional. La Constitución dispone: “El Emirato Árabe de Afganistán apoya y defiende [...] la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros tratados reconocidos, siempre que no contravengan la doctrina islámica [...]”.¹³Los talibanes han afirmado en repetidas ocasiones que sus políticas son conformes a la ley islámica y a la cultura afgana, y que, por tanto, no son cuestionables. El líder talibán, mulá Mohammad Omar, ha afirmado: “Nosotros no aceptamos algo que nos viene impuesto bajo el nombre de derechos humanos y que contradice la ley sagrada del Corán. Cualquiera que se dirija a nosotros debe estar dentro del marco del islam. El sagrado Corán no puede ajustarse a los requisitos de otros pueblos. Son los pueblos los que deben ajustarse a los requisitos del sagrado Corán”.

Cae el gobierno talibán, pero la inseguridad continúa

La incapacidad de atraer “corazones y mentes” en el conflicto armado que está librándose, así como de establecer unas condiciones de seguridad en el país, ha erosionado la confianza de la opinión pública en el gobierno de Afganistán y en la intervención dirigida por Estados Unidos. En general, en todo Afganistán se vio con buenos ojos que Estados Unidos sacara a los talibanes del país en 2001. No obstante, con el paso del tiempo, el apoyo de la opinión pública parece haber disminuido.

Gran parte de este descontento puede atribuirse a las violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas del estado afganas y las fuerzas extranjeras. Entre 2001 y 2004, las fuerzas extranjeras, junto con el ejército nacional afgano, aprehendieron y detuvieron arbitrariamente a cientos de hombres, sin respetar en muchos casos los derechos humanos, negando, por ejemplo, las garantías procesales debidas. Muchos de los detenidos fueron sometidos a torturas u otros malos tratos, y al menos ocho murieron bajo la custodia de Estados Unidos.¹⁴Al tratarse de hombres, que en la sociedad afgana son con frecuencia los que aportan el sustento económico a los hogares, su detención ha provocado que el resto de los miembros de la familia tenga que enfrentarse en muchos casos a situaciones de pobreza y miseria.

Desde el comienzo de la intervención dirigida por Estados Unidos en 2001 se han producido miles de muertes de civiles como consecuencia de las operaciones militares extranjeras, y esto ha hecho que aumente de forma gradual el descontento de la población, especialmente en el sur.¹⁵La conducta agresiva, y en algunos casos violenta, de las tropas extranjeras en las ocupaciones de las casas, así como la falta de sensibilidad cultural mostrada con las mujeres durante los registros domiciliarios también han avivado el resentimiento de la población local.

Aunque se considera que la falta de condiciones de seguridad es un factor clave en el resurgimiento de los talibanes,¹⁶el fracaso en el proceso de formación del Estado también ha fomentado la falta de confianza en el gobierno. Tras la caída del régimen talibán y el Acuerdo de Bonn de diciembre de 2001, Afganistán y sus colaboradores internacionales contaron con una oportunidad clave para la formación de un Estado eficaz, que funcionase correctamente. El fracaso de este proceso ha tenido como resultado la debilidad y corrupción de las instituciones,¹⁷especialmente del Ministerio del Interior y del sistema judicial y el cuerpo de policía: “Si no se cuenta con administradores, jueces y policías eficaces y honestos, el Estado no puede hacer mucho para proporcionar unas condiciones de seguridad interna; y si el gobierno no proporciona condiciones de seguridad, la población no lo va a aceptar como gobierno”, apuntó Barnett Rubin, director del Centro de Cooperación Internacional con sede en Estados Unidos y experto en Afganistán, en su discurso frente al Comité de Relaciones exteriores del Senado estadounidense.¹⁸Esta debilidad de las instituciones ha sido la causa de corrupción en el gobierno y de la ausencia de Estado de derecho en todo el país, dejando un vacío de seguridad que han asumido los talibanes.

El gobierno ha llevado a cabo una dura campaña para la erradicación del opio, poniendo poco o ningún empeño en ofrecer medios de vida alternativos a los agricultores, lo cual ha suscitado la oposición de la población local, especialmente en el centro de producción de opio de Helmand. Los talibanes han aprovechado de forma eficaz esta política, y han ganado el apoyo de los cultivadores de adormidera ofreciéndoles protección. Entre tanto, la falta de ayuda eficaz y progreso en las regiones del sur y el sureste ha amentado la frustración y desilusión de la opinión pública con el gobierno afgano y la comunidad internacional.¹⁹

Ante la situación reinante, parte del apoyo de la población se ha inclinado hacia los talibanes, y jóvenes descontentos con la ocupación internacional se han unido a sus filas. Asimismo, la pobreza y la falta de oportunidades económicas han favorecido que los talibanes hayan atraído a más personas a sus filas. Un combatiente talibán recibe alrededor de 300 dólares estadounidenses al mes, mientras que el salario mensual de un soldado afgano es de aproximadamente 100 dólares estadounidenses, lo cual supone un incentivo económico para muchos de los que viven en uno de los países más pobres del mundo.²⁰Además, en las áreas controladas por los talibanes, según informes, los jóvenes se han visto con frecuencia coaccionados a unirse al grupo armado.

Estos factores, junto con el aumento de la violencia, amenazan ahora con dar marcha atrás a algunos de los avances conseguidos anteriormente en el ámbito político, social y económico del país.²¹Los talibanes han sacado provecho de este vacío político, económico y de condiciones de seguridad y han ganado el control sobre amplias franjas del territorio situado al sur y este del país, y, según informes, está aumentando el número de ataques en los alrededores de Kabul y en centros del noroeste a lo largo de la frontera con Irán y Turkmenistán.²²

Cuando la insurgencia ganó terreno en 2003, los talibanes comenzaron a resurgir emulando tácticas empleadas en Irak, como ataques suicidas, artefactos explosivos improvisados, asesinatos y decapitaciones, todo ello mostrando un escaso respeto por la vida de la población civil.²³

Conexión con Pakistán

Gran parte de la fuerza y el apoyo que reciben los talibanes puede estar vinculado a la aparente tolerancia de Pakistán con los combatientes talibanes afganos y locales en sus regiones fronterizas, especialmente en la provincia de la Frontera Noroeste, en las Zonas Tribales bajo Administración Federal y en algunas partes de Baluchistán.²⁴Según informes, los combatientes talibanes, tanto locales como afganos, se han reagrupado y recibido reabastecimiento de bases situadas en estas regiones, dirigiendo desde estos emplazamientos ataques en Afganistán. En la mayoría de los casos, las autoridades pakistaníes prácticamente no han intervenido.²⁵

Un informe publicado en Jane’s Intelligence Review apunta:

“Los líderes talibanes asentados en Pakistán han dividido sus operaciones en el sur de Afganistán en tres áreas de control. [...] Desde Quetta se dirigen operaciones en Kandahar, Helmand y Uruzgan, y algunas veces en Farah. Desde Miranshah, los líderes dirigen operaciones en Khost, Paktia y Paktika. Desde Peshawar se coordinan operaciones en Jalalabad, Kunar y Logar y Laghman. [...] Según un experto de la coalición, los mandos asentados en estas ciudades hacen uso de adjuntos para comunicarse con los mandos de nivel medio en Afganistán, que normalmente se encargan de grupos de 50 a 100 combatientes, mientras que células más pequeñas, de 10 a 15 personas, operan de forma más independiente.”²⁶

En marzo de 2004, el gobierno pakistaní lanzó en las Zonas Tribales la operación militar más fuerte desde que sus tropas entraron por primera vez en la región a principios de 2002. El gobierno pakistaní afirmó que llevó a cabo esa operación con el fin de continuar su campaña para “acabar a cualquier precio” con las personas vinculadas a Al Qaeda que quedaban en la región.²⁷Esta ofensiva, junto con el apoyo continuado del presidente de Pakistán, Musharraf, a la invasión dirigida por Estados Unidos, ha radicalizado ciertos sectores de la población local y ha incrementado su hostilidad hacia el gobierno pakistaní.

En un intento por disminuir la tensión y violencia que aparecieron a raíz de la ofensiva militar de 2004 en las Zonas Tribales, el gobierno de Pakistán firmó un acuerdo de paz en Waziristán Sur en marzo de 2004 y otro en Waziristán Norte en septiembre de 2006.²⁸Las condiciones de los acuerdos de paz proporcionaron de hecho a los combatientes extranjeros de zonas de seguridad y tal vez hayan servido para reforzar la insurgencia. Mientras que los ataques al ejército pakistaní disminuyeron tras el acuerdo de 2006, según funcionarios de la OTAN, Estados Unidos y Afganistán, los ataques a sus fuerzas se triplicaron, cometidos cada vez en más ocasiones por atacantes suicidas, especialmente en las zonas de Afganistán fronterizas con Waziristán Norte. En algunos de los informes difundidos por los medios de comunicación se afirma que la mayoría de los suicidas que cometen ataques en Afganistán provienen del otro lado de la frontera con Pakistán.²⁹

Muchos observadores consideran que la intervención del ejército pakistaní en las Zonas Tribales ha debilitado la condición e influencia de los ancianos de las tribus, los agentes políticos designados por el gobierno³⁰y los representantes elegidos en el ámbito local. Este vacío de autoridad se ha ido ocupando con clérigos integristas, que reivindican e imponen un programa islamista estricto valiéndose de los grupos pastunes que resurgen bajo su mando.³¹Las Zonas Tribales han presenciado una creciente “talibanización”, con la creación de estructuras talibanas cuasi gubernamentales, entre ellas cuerpos administrativos, recaudación de impuestos, estructuras judiciales y un “Código Penal”.³²

Las operaciones militares del gobierno de Pakistán se encontraron con resistencia, especialmente de grupos islámicos. El grupo político religioso pakistaní más importante de la región es el Muttahida Majlis-e-Amal (MMA), una alianza de seis partidos políticos islámicos influyentes, entre ellos Jamaat-i-Islami y Jamiat Ulema-i-Islam.³³Muchos de los seminarios religiosos que, según informes, están vinculados a los partidos islámicos del MMA han alimentado los movimientos insurgentes de simpatizantes de la causa talibana. El International Crisis Group apunta: “El presidente Musharraf está jugando a dos bandas, ya que, por un lado está ganando el apoyo internacional como aliado en la ‘guerra contra el terror’, y por otro no modifica las políticas de su gobierno que fomentan el extremismo. La supervivencia política del gobierno militar de Pakistán reside precisamente en el acuerdo con los partidos islamistas que apoyaron, y siguen apoyando, a los talibanes.³⁴

Aunque el presidente Musharraf ha negado repetidas veces que exista cualquier tipo de apoyo a los talibanes por parte del gobierno, en septiembre de 2006, en un documento filtrado a la prensa y elaborado por un funcionario de la Escuela de Defensa, grupo asesor vinculado al Ministerio de Defensa de Reino Unido, se afirmaba que los Servicios de Información (ISI)³⁵estaban ofreciendo apoyo a los talibanes.³⁶Seth Jones, de la Rand Corporation, grupo asesor que trabaja muy de cerca con el ejército de Estados Unidos, dijo en noviembre de 2006 que el gobierno estadounidense creía que los ISI estaban entrenando, financiando y ofreciendo información confidencial a los talibanes, especialmente “información [...] sobre los movimientos de las fuerzas de Estados Unidos y de la OTAN; en algunos casos, información de gran importancia estratégica”.³⁷

Autoridades del gobierno de Afganistán han instado en numerosas ocasiones a las autoridades pakistaníes a que detengan la infiltración talibana. De forma similar, aunque las autoridades estadounidenses consideran que Pakistán es un “aliado clave” en la “guerra contra el terror”, han pedido al país que tome medidas más efectivas contra los talibanes.³⁸Las autoridades pakistaníes han rechazado tales críticas argumentando que Pakistán tomaría medidas respecto a “cualquier material que pudiese conducir hasta los líderes talibanes”, proporcionado por las fuerzas de Estados Unidos y la OTAN.³⁹

3. Ataques dirigidos contra civiles y bienes de carácter civil

No hay diferencia entre las personas armadas que luchan contra nosotros y los civiles que cooperan con los extranjeros.

Qari Yousef Ahmadi, portavoz talibán, 25 de octubre de 2006

Los talibanes sistemáticamente no distinguen entre los objetivos militares y la población civil o los bienes de carácter civil, infringiendo así las obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional humanitario, que prohíbe estrictamente los ataques contra la población civil. Los insurgentes talibanes han matado a decenas de civiles afganos durante los últimos dos años, al parecer porque eran considerados “espías” o “colaboracionistas”. Entre las personas atacadas se han contado candidatos electorales, clérigos, funcionarios gubernamentales, docentes, trabajadores de la salud y otras personas civiles que trabajaban para organismos de ayuda o para las fuerzas extranjeras.

Una fetua de los talibanes ordena la muerte de los llamados “infieles” Una fetua o edicto religioso, emitido, según informes, por los talibanes en diciembre de 2005 y firmado por cerca de 100 ulemas de Afganistán, ordena la muerte de toda persona que apoye la intervención liderada por Estados Unidos.40 Qari Yousef Ahmadi, portavoz de los talibanes, explicó: “Se dice en la fetua que no se debe tener compasión con los infieles, que debe eludirse la amistad con ellos y que debe evitarse darles apoyo moral o material. Toda persona que les preste apoyo moral o material debe morir.” Ahmadi continuó: “En la fetua se dice que los funcionarios públicos deben abandonar sus puestos. Toda persona que tenga padres o hijos que trabajen para los estadounidenses debe romper sus vínculos con ellos y tratarlos como enemigos, porque favorecen a los infieles”. En la fetua de 2005, los ulemas o doctores en la ley del islam examinan la situación actual de Afganistán. Desde su punto de vista, la Yihad (en este contexto Yihad significa lucha armada) es una obligación legal, debido a que los ulemas consideran a las fuerzas extranjeras como una “fuerza de ocupación”.41 La fetua de 2005 al parecer tiene como modelo a una fetua similar emitida por los talibanes en Kabul en septiembre de 2001, la cual, según informes, prescribe la pena de muerte por el delito de espionaje. 42 En virtud del Artículo 3 común a los Convenios de Ginebra, que es vinculante para los talibanes, está prohibido atacar a las “personas que no participen directamente en las hostilidades”. A Amnistía Internacional le preocupa que el lenguaje plagado de generalizaciones de la fetua apruebe actos que constituirían crímenes de guerra.

Los ataques de grupos armados contra organizaciones no gubernamentales y su personal han tenido como consecuencia que las agencias humanitarias han reducido la escala de sus proyectos o han limitado sus operaciones a un menor número de distritos, especialmente en el sur del país.⁴³Se han restringido los programas de inmunización y de salud y se ha observado que los casos de poliomielitis se han sextuplicado en 2006 –los 26 casos, con una sola excepción, se han producido en la agitada región del sur–.⁴⁴Los ataques de los talibanes a los convoyes de alimentos procedentes de Quetta, Pakistán, también han dificultado la entrega de ayuda alimentaria.⁴⁵La interrupción de la entrega de ayuda esencial y de los proyectos de desarrollo en las zonas donde más se los necesita está afectando a millones de afganos ya empobrecidos. Una reducción sostenida del acceso de las agencias humanitarias puede llevar a que extensas zonas del país permanezcan sumidas en un estado de subdesarrollo extremo.⁴⁶

De acuerdo con una norma consuetudinaria del derecho internacional humanitario, está prohibido que los talibanes ataquen, destruyan, trasladen o inutilicen bienes que son indispensables para la supervivencia de la población civil.⁴⁷

La Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad (ISAF) ha acusado a los talibanes de utilizar “escudos humanos”. El coronel Tom Collins, portavoz de la ISAF, informó de que el 12 de febrero de 2007, “durante una acción en el distrito de Kajaki, provincia de Helmand, unos extremistas talibanes recurrieron al uso de ‘escudos humanos’, concretamente menores afganos, para escapar a disparos de armas de fuego”.⁴⁸Asimismo el ex jefe de la OTAN, general James Jones, informó de que unos combatientes talibanes habían utilizado “escudos humanos” durante unas operaciones militares llevadas a cabo en el distrito de Panjwai, en la provincia de Kandahar, en octubre de 2006. Según informes, unos funcionarios locales habían dicho que entre 30 y 80 civiles habían perdido la vida.⁴⁹De acuerdo con la información, los talibanes pusieron en un peligro aún mayor las vidas de civiles bajo su control en Kandahar y Helmand “transformando viviendas en bases y puestos de control”.⁵⁰

Un integrante del personal de la Misión de Asistencia de la ONU en Afganistán (UNAMA) manifestó a Amnistía Internacional que “no bien los talibanes afirman que un lugar está bajo nuestro control, la mayoría de la población huye, previendo que allí se van a librar combates [...] Sin duda eso es lo que ocurre en Musa Qala [...] la gente abandona la zona con la esperanza de que la ISAF o las Fuerzas Nacionales Afganas lancen muy pronto una campaña militar para recuperarla”.⁵¹Un asesor jurídico que trabaja para la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán hizo un relato similar al del funcionario de la Misión de Asistencia, señalando que cuando los talibanes se apoderaron del control de Musa Qala, la población local evacuó la zona por “temor a ser bombardeados”.⁵²

El derecho internacional humanitario requiere que cada parte de un conflicto evite, en lo posible, el establecimiento de objetivos militares en zonas densamente pobladas o en sus cercanías.⁵³

Reglamento militar talibán

Durante el mes de Ramadán de 2006, Haji Obaidullah, ex ministro de Defensa talibán, distribuyó al consejo supremo de los talibanes, el Rahbari Shura, un reglamento militar talibán o Layeha,⁵⁴que contiene 30 reglas. El reglamento se refiere esencialmente a tres esferas: el trato a los considerados “enemigos”, la disciplina y el comportamiento de los soldados y la administración de justicia. Desde entonces el reglamento se ha distribuido a los combatientes talibanes sobre el terreno, aunque es difícil determinar con qué frecuencia lo consultan.⁵⁵Las reglas, no obstante, respetan poco o nada las disposiciones del derecho internacional humanitario, que los talibanes están obligados a cumplir. El reglamento no explica quiénes son los “civiles” y, en comparación con el derecho internacional humanitario, les ofrece poca protección. El derecho internacional humanitario dispone que las personas civiles y otras que no participan directamente en las hostilidades sean, “en todas las circunstancias, tratadas con humanidad”, mientras que el reglamento talibán sólo exige al grupo que garantice la “seguridad personal” y la “seguridad de los bienes” de las personas que “dan la espalda a los infieles”.⁵⁶

Algunas reglas autorizan de forma explícita la identificación como objetivo y el homicidio de civiles. La regla 25 establece que una persona que trabaje como docente y, haciendo caso omiso de las advertencias de los talibanes, siga enseñando, “debe ser golpeada” y si “continúa enseñando contra los principios del islam, el jefe de distrito [talibán] [...] debe matarla”. La regla 26 indica que las ONG y el personal de ayuda humanitaria pueden ser seleccionados como objetivos: “Las ONG que vienen al país bajo el gobierno de los infieles deben ser tratadas del mismo modo que se trata al gobierno [...] [N]o toleramos ninguna de sus actividades, ya sea la construcción de calles, puentes, clínicas, escuelas, madrasas u otras obras”.

La existencia del reglamento militar talibán fue confirmada por el portavoz de los talibanes, Qari Yousef Ahmadi. El 25 de octubre de 2006 Amnistía Internacional se entrevistó con él a fin de tratar de comprender los puntos de vista talibanes y su interpretación del derecho internacional humanitario. Ahmadi reveló que el concepto de civil, tal como lo entiende la dirigencia talibán, dista mucho de las disposiciones del derecho internacional humanitario. También afirmó que el ataque a civiles “desarmados” a quienes los talibanes no consideran una amenaza está “prohibido”. Los objetivos legítimos, según Ahmadi, son, en primer lugar, “las tropas estadounidenses y extranjeras” y, en segundo lugar, “las personas que no están armadas pero que trabajan y cooperan con los extranjeros”. Añadió: “No hay diferencia entre las personas armadas que luchan contra nosotros y los civiles que cooperan con los extranjeros”.

Cuando se le pidió que aclarara su concepto de “cooperación”, Ahmadi declaró que, por ejemplo, todos los funcionarios del Ministerio de Defensa y la mayoría de los del Ministerio del Interior estaban “combatiendo contra los talibanes y cooperando con los extranjeros”. Se consideraba, entonces, que estos funcionarios eran objetivos legítimos de ataque: “Advertimos muchas veces a esas personas que dejaran de cooperar con organismos gubernamentales que son fuerzas de combate”.⁵⁷A las instituciones que se dedican a las “actividades civiles” y a “proporcionar servicios”, como el Ministerio de Salud Pública, Agua y Electricidad y la Media Luna Roja no se las considera objetivos.

Las reglas que contiene el Layeha y las interpretaciones que Ahmadi hace de ellas no concuerdan con las obligaciones de los talibanes en virtud del derecho internacional humanitario. En la práctica, los talibanes al parecer seleccionan libremente a la población civil como objetivo.

Los casos siguientes son ejemplos de personas civiles a las que, según informes, los talibanes han seleccionado y dado muerte, violando el derecho internacional humanitario.

• El 23 de julio de 2005, dos presuntos pistoleros talibanes que se trasladaban en una moto mataron a tiros al juez Qazi Namatullah en el distrito de Panjwai, provincia de Kandahar. Un portavoz de los talibanes manifestó que éstos habían matado al juez porque trabajaba para el gobierno.⁵⁸

• El 9 de agosto de 2005, insurgentes talibanes, según informes, sacaron a rastras a una mujer de su casa en el distrito de Mirzan, provincia de Zabul, y la mataron a tiros. De acuerdo con los informes, Abdul Latif Hakimi, portavoz de los talibanes, declaró que los talibanes la habían matado “porque estaba espiando para los invasores estadounidenses”.⁵⁹

• El 21 de agosto de 2005, insurgentes talibanes mataron, de acuerdo con los informes, a Maulawi Abdullah Malang, subdirector del Ulema Shura (Consejo de los Ulemas) y a un colega, mientras iban camino a su mezquita. Latif Hakimi reclamó la responsabilidad del ataque en nombre de los talibanes, diciendo: “Seguiremos llevando a cabo ataques como éste en el futuro”.

• El 12 de octubre de 2005, según informes, presuntos insurgentes talibanes mataron en el distrito de Zherai, al sur de la ciudad de Kandahar, a cinco personas –dos médicos, un farmacéutico, un enfermero y un administrador–e hirieron a tres, todas ellas integrantes del personal de los Servicios Afganos para el Desarrollo de la Salud, que regresaban de una visita a un pueblo.⁶⁰

• El 3 de enero de 2006, según informes, presuntos insurgentes talibanes mataron, disparándole a la cabeza, al ingeniero Mirwais, trabajador afgano de una organización de ayuda, mientras rezaba en una mezquita de Lashkar Gar.⁶¹

• El 23 de mayo de 2006, de acuerdo con los informes, un médico, dos enfermeros (un hombre y una mujer) y su chofer, que trabajaban para los Servicios Afganos para el Desarrollo de la Salud, resultaron muertos por una bomba a control remoto que impactó el vehículo en que viajaban, en la provincia de Wardak. El portavoz del Ministerio del Interior, Yousef Stanizai, culpó del ataque a “elementos enemigos de Afganistán”, una expresión que se utiliza con frecuencia para calificar a los insurgentes talibanes.⁶²

• El 15 de junio, según informes, insurgentes talibanes llevaron a cabo un atentado con bomba en un microbús en la ciudad de Kandahar, que mató a al menos 10 personas e hirió a otras 15. El autobús trasladaba trabajadores afganos a su lugar de trabajo en una base militar de la coalición en esta ciudad. Un portavoz talibán asumió la responsabilidad del atentado mediante una llamada telefónica a una agencia de noticias local. ⁶³

• El 27 de agosto de 2006, Haji Atiqullah, candidato a la Wolesi Jirga (cámara baja del Parlamento), murió en la provincia de Uruzgan por disparos cuando el convoy en que viajaba fue atacado por 15 insurgentes. El portavoz de los talibanes, Abdul Latif Hakimi, reivindicó el homicidio en nombre de los talibanes.⁶⁴

3.1 Ataques a escuelas y a docentes

Después de todo lo que han tenido que soportar los niños de Afganistán, exponerlos a este tipo de violencia terrible es atroz.

Bernt Aasen, representante del UNICEF en Afganistán, 4 de agosto de 2006

A pesar de que se ha quintuplicado el número de niños y niñas que asisten a la escuela desde la caída de los talibanes en diciembre de 2001, siete millones de menores no tienen acceso a la educación formal, según la organización de desarrollo Oxfam.⁶⁵Actualmente, unos cinco millones de menores, entre niños y niñas, asisten a la escuela. En educación primaria, del primer al sexto grado, hay aproximadamente 1,73 millones de niñas que asisten actualmente a la escuela, mientras que el número de varones es de unos 3 millones.⁶⁶Sin embargo, la implacable campaña de violencia contra las escuelas que llevan a cabo los grupos armados está dañando gravemente el ambicioso programa educativo que el gobierno ha aplicado en el país, especialmente en las regiones sur y sureste.

Los ataques contra las escuelas de Afganistán se han atribuido a varios grupos diferentes, entre ellos los talibanes y el Partido del Islam. Otros ataques se han atribuido, según informes, a caudillos locales que seleccionan como objetivo las escuelas, intentando debilitar la intervención del gobierno en las regiones que están bajo su control. Los ataques a las escuelas también los han cometido bandas criminales, al parecer con el propósito de desviar la atención de su implicación en actividades ilegales como el tráfico de drogas.⁶⁷Un motivo claro y común que subyace a estos ataques es la intención de socavar la autoridad del gobierno central. Una consecuencia común de dichos ataques es que se mata y hiere a civiles y que un sistema educativo de por sí frágil se ve gravemente debilitado.

Los ataques violentos dirigidos contra el sistema educativo del país se han incrementado radicalmente durante el transcurso de 2006 y han adoptado la forma de ataques con misiles, ataques con bombas y ataques incendiarios. Las estadísticas sobre los ataques a escuelas revelan la magnitud los trastornos causados al sistema educativo del país.

• Al menos 172 ataques violentos a escuelas tuvieron lugar en los primeros seis meses de 2006, mientras que en todo 2005 se llevaron a cabo 60.⁶⁸

• Setenta y cinco personas, entre alumnos, docentes y personal escolar auxiliar murieron en los ataques que se produjeron en 2005 y 2006.⁶⁹

• Entre 2005 y 2006 se cerraron 359 escuelas en las provincias de Kandahar, Paktika, Zabul, Ghazni, Khost, Helmand, Uruzgan y Daikundi debido al temor por la seguridad de menores y docentes, negándosele así acceso a la educación a cerca de 132.800 niños y niñas.⁷⁰

• Se quemaron 183 escuelas en ataques incendiarios en todo el país entre 2005 y 2006.⁷¹

• Seis menores murieron como consecuencia de ataques a escuelas en 2006.⁷²

En varias regiones los progenitores se resisten a enviar a sus hijos e hijas a la escuela por temor a los ataques. De acuerdo con un miembro de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán, “[l]a mayoría de las escuelas se han cerrado por temor a los ataques de los talibanes y de las fuerzas de Al Qaeda y, a causa de la inseguridad que [siente] la gente de la región, los progenitores se niegan a enviar a sus niños y niñas a la escuela.”⁷³Un informe de Human Rights Watch señala: “La inseguridad puede reforzar creencias conservadoras sobre la educación de las niñas, por ejemplo, al exponerlas a peligros físicos reales ya sea en la escuela o en el camino o al impedir que las maestras concurran a ciertas zonas o desalentarlas de hacerlo”.⁷⁴El Banco Mundial señala en un informe:

Es difícil separar la cuestión de las barreras culturales impuestas a la libertad de circulación de la cuestión de la seguridad: ¿hasta qué punto la restricción de la libertad de circulación de las mujeres y el no permitir que las niñas vayan a pie a la escuela son elementos relacionados con la insatisfactoria situación de la seguridad, que podría de hecho mejorar cuando llegara la estabilidad política? ¿Qué proporción de la demanda está constreñida por la falta de mujeres docentes, lo que a su vez podría estar relacionado con la seguridad, así como con las diferencias en las normas culturales?⁷⁵

Como todos los integrantes de la sociedad civil, los alumnos, docentes y demás personal de las escuelas no deben ser elegidos como objetivo de ataque mientras no participen directamente en las hostilidades, en cuyo caso perderían la protección a la que tienen derecho por ser civiles. El homicidio deliberado de civiles, incluido el de docentes y estudiantes, está absolutamente prohibido en virtud del derecho internacional humanitario. Seleccionar como objetivo bienes de carácter civil como edificios escolares también está prohibido. Los edificios escolares se consideran bienes de carácter civil a menos que se los utilice, sin lugar a dudas, con fines militares. Según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, “dirigir intencionalmente ataques contra edificios dedicados a [...] [a] la educación” se considera un crimen de guerra tanto en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales.⁷⁶

Además, los actos o amenazas de violencia cuya finalidad sea aterrorizar a la población civil están prohibidos en aplicación del derecho internacional humanitario.⁷⁷Los talibanes han emitido amenazas en forma de “cartas nocturnas” (shab nameh) –notas o carteles clavados a árboles, mezquitas, o en las paredes de los edificios escolares durante la noche– que advierten de ataques contra docentes o alumnos.⁷⁸En la provincia meridional de Helmand, presuntos insurgentes talibanes distribuyeron cartas nocturnas amenazantes en varios distritos, advirtiendo al personal escolar que debía dejar de trabajar. En una de ellas se decía: “Si quieren estar seguros en este mundo y en el más allá, no vayan a los centros creados por los infieles”. La carta continuaba así: “Los salarios de los docentes los financian los no creyentes. A menos que dejen de percibir los salarios que ellos les pagan, se les considerará títeres de los estadounidenses”.⁷⁹

El carácter coordinado de estos ataques y las amenazas a escuelas y docentes constituyen una agresión deliberada al sistema educativo. El clima de miedo que generan estos ataques está socavando el derecho a la educación de miles de menores, en especial de las niñas. Afganistán es Estado Parte en varios tratados internacionales de derechos humanos que reconocen el derecho a la educación, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. El Comité de los Derechos de Niño de la ONU, órgano encargado de la vigilancia de la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, señala que las disposiciones fundamentales para hacer cumplir los derechos de los menores afectados por conflictos armados incluyen, entre otras, “el acceso a la salud, a la alimentación y a la educación”.⁸⁰

Es más, el artículo 4.3 del Protocolo Adicional II a los cuatro Convenios de Ginebra dispone: “Se proporcionarán a los niños los cuidados y la ayuda que necesiten y, en particular: a) recibirán una educación, incluida la educación religiosa o moral, conforme a los deseos de los padres o, a falta de éstos, de las personas que tengan la guarda de ellos”. Aunque Afganistán no es Estado Parte en el Protocolo Adicional II, este artículo en especial proporciona una norma internacional para la protección de la educación que los talibanes deben cumplir.

Los siguientes casos proporcionan ejemplos de docentes, alumnos y escuelas que, según informes, fueron seleccionados como objetivos por los talibanes y otros grupos armados.

• En la noche del 3 de enero de 2005, Abdul Habib, director de la escuela Sheykh Matthy Baba en la provincia de Zabul, fue decapitado en su casa en presencia de sus hijos. La escuela era mixta, para niños y niñas. El director provincial de Educación, según informes, había manifestado que los insurgentes a veces colocaban carteles intimidatorios en la región, exigiendo poner fin a la educación de las niñas y amenazando con matar a los docentes.⁸¹

• El 18 de octubre de 2005, presuntos insurgentes talibanes mataron a tiros al director de escuela Abdul Wali en su casa del distrito de Panjwai, en la provincia de Kandahar. El homicidio tuvo lugar poco después del asesinato de dos altos funcionarios del gobierno en el área de la educación en la provincia de Paktika.⁸²

• El 14 de diciembre de 2005, según informes, en el pueblo de Zarghon, distrito de Nad Ali, Helmand, dos presuntos combatientes talibanes sacaron a un maestro conocido como Laghmani a rastras de su aula, en cuyo interior se hallaban sus alumnos, y le dispararon en la puerta de la escuela. Laghmani había hecho caso omiso de cartas nocturnas (shab nameh) que le advertían que dejara de enseñar a las niñas.⁸³

• El 27 de marzo de 2006, según informes, unos presuntos extremistas talibanes prendieron fuego durante la noche a una escuela de enseñanza media para niñas en la zona de Tanar, del distrito de Khas Konar, en la provincia de Konar.⁸⁴

• Tarde en la noche del 3 de septiembre de 2006, presuntos insurgentes talibanes llegaron, según informes, al pueblo de Qarabaghi, en la provincia de Ghazni. Los talibanes apercibieron a los residentes de no enviar sus hijas a la escuela local, ya que en caso contrario le prenderían fuego.⁸⁵

• El 9 de diciembre de 2006 presuntos insurgentes talibanes entraron en una casa de la provincia de Kunar y mataron a dos hermanas que eran maestras, a su madre, a su abuela y a un familiar del sexo masculino. De acuerdo con los informes, el director provincial de Educación manifestó que los talibanes habían cumplido una amenaza de muerte que habían hecho a las hermanas, advirtiéndoles que dejaran de enseñar o de lo contrario las matarían.⁸⁶

En un reportaje del programa Newsnight de la BBC,⁸⁷un portavoz de los talibanes, el Dr. Mohammed Hanif, negó que los talibanes estuvieran seleccionando como objetivo a las escuelas. Hanif declaró que “[l]os muyahidines del Emirato Islámico no queman escuelas, están en contra de incendiar escuelas. Destruir una escuela o un hospital causa daño a la gente. Los muyahidines no hacen nada que pueda causar daño a la gente [...] En general son los soldados del gobierno títere de Karzai quienes las queman, para desacreditar a los muyahidines. Repito, los muyahidines no incendian escuelas”.

El desmentido de Hanif contradice el reglamento de los talibanes que confirma su política de incendiar escuelas, atacar a docentes y restringir el derecho a la educación. En la regla 26 se declara lo siguiente: “Si una escuela desoye una advertencia de cierre, debe ser incendiada”. También confirma la oposición de los talibanes al actual sistema educativo del país, en aplicación de la 24, que establece: “Está prohibido trabajar como docente bajo el actual gobierno títere, porque esto fortalece el sistema de los infieles”. La regla sigue así: “Los verdaderos musulmanes deben presentar una solicitud para estudiar con un maestro con formación religiosa y estudiar en una mezquita o institución similar. Los textos deben proceder del periodo de la Yihad o del régimen talibán”. Todos los afganos que aspiran a dar educación a sus hijas e hijos en el actual sistema estatal corren el riesgo de ser considerados colaboracionistas.

En el mismo reportaje del programa Newsnight de la BBC, los puntos de vista del combatiente talibán Haji Mullah Wahidullah eran congruentes con el reglamento de los talibanes y contradecían al Dr. Hanif: “Nos oponemos a las escuelas que enseñan cultura occidental, laicismo y obscenidad, mientras bombardean nuestras escuelas religiosas y despedazan el Corán. Nosotros incendiamos esas escuelas, sí. No estamos contra la educación; tenemos cerebro. Pero mientras ellos queman nuestras escuelas y nuestro Corán, queremos poner fin a esas escuelas que enseñan a las niñas a vestirse con un tipo de uniforme que deja ver sus cuerpos”.

En una entrevista telefónica con Amnistía Internacional, el portavoz de los talibanes Qari Yousef Ahmadi sostuvo que éstos estaban “cerrando” esas escuelas, cuyos libros se habían impreso en los Estados Unidos”, y cuyo “programa de estudio había sido creado por extranjeros”. Ahmadi afirmó que los talibanes “se oponían al programa de estudios escolar; no a los edificios escolares”.⁸⁸

En enero de 2007, Abdul Hai Mutmayn, otro portavoz de los talibanes anunció que el movimiento abriría escuelas en 10 distritos bajo su control durante el periodo marzo-mayo de 2007, a un costo de 1 millón de dólares estadounidenses. Mutmayn no mencionó la campaña violenta de los talibanes contra la educación estatal. Las clases, dijo, se basarían en el mismo programa de estudios que se utilizaba cuando los talibanes tenían el control de Afganistán, desde 1996 a 2001.⁸⁹El plan crearía escuelas para niños “en primer lugar” y escuelas para niñas “después”.⁹⁰Este anuncio suscita especial preocupación, considerando el historial educativo de los talibanes cuando estaban en el poder. Durante ese tiempo, las niñas y las mujeres fueron excluidas de todas las esferas de la vida educativa, las escuelas para niñas se cerraron en todo el país y se prohibió trabajar a las docentes del sexo femenino. Se impusieron severas restricciones al programa de estudios vigente en el país, haciéndose hincapié en una instrucción religiosa intolerante, a expensas de otras asignaturas. La hostilidad de los talibanes hacia la educación de las niñas predomina todavía hoy, y es inherente a su plan actual. El compromiso de construir escuelas para niñas repite una promesa similar que hicieron los talibanes durante su gobierno y que nunca cumplieron.

3.2 Ataques a mujeres

El trato opresivo de las mujeres que practicaron los talibanes mientras estuvieron en el poder, desde 1996 a 2001, ha sido bien documentado.⁹¹Bajo su gobierno de mano dura se discriminó a las mujeres en todas las esferas de la vida; por ejemplo, se les negó el acceso a la educación, al empleo, a la libertad de circulación y a la participación y representación en la vida política. Las excluyeron de la vida pública y les prohibieron estudiar, trabajar o salir de la casa sin que las acompañase un mahram, o familiar consanguíneo del sexo masculino. La severa restricción a su libertad de circulación virtualmente confinaba a las mujeres a la casa.⁹²Los efectos de estas restricciones eran particularmente duros en el caso de las viudas y de otros hogares cuyas cabezas de familia eran mujeres. El Estado talibán también perpetró muchas formas de violencia de género, incluida la lapidación por “adulterio”.⁹³Durante ese periodo Amnistía Internacional expresó repetidamente su preocupación ante esas políticas.⁹⁴

En el conflicto armado en curso, las mujeres continúan enfrentando ataques, amenazas y hostigamiento de los talibanes y de otros grupos armados. Durante los últimos dos años las trabajadoras de organizaciones de ayuda y de la salud, candidatas electorales, docentes, activistas en favor de los derechos de las mujeres y otras defensoras de los derechos humanos han sido sometidas a amenazas y ataques, que en algunos casos les han provocado la muerte. Las mujeres también han resultado heridas o muertas en ataques indiscriminados, como ataques suicidas con bombas. Como se ha señalado supra, los talibanes y otros grupos han atacado implacablemente el sistema educativo del país, y las escuelas para niñas y sus docentes han sido objetivo de ataques.

Ataques contra las defensoras de los derechos humanos

El 25 de septiembre de 2006, The Voice of Jihad; Islamic Emirate of Afghanistan, conocido también como Al-Emarah, un sitio web comúnmente asociado con los talibanes, colgó un anuncio en el que se decía que a Safiye Amajan, directora del Departamento de Asuntos de la Mujer de la provincia de Kandahar, “la habían matado a disparos los muyahidines del Emirato Islámico por haber espiado para los Estados Unidos de América en nombre de los derechos de las mujeres contra los muyahidines”.⁹⁵Según informes, un comandante de los talibanes, el mulá Hayat Khan, había dicho que Safiye Amajan había sido “ejecutada” debido a que trabajaba para el gobierno. “Hemos dicho a la gente, una y otra vez, que cualquiera que trabaje para el gobierno, incluidas las mujeres, morirá”.⁹⁶

Cuando le preguntaron por el homicidio de Safiye Amajan, el portavoz de los talibanes, Qari Yousef Ahmadi, negó que ellos fueran responsables de su muerte, a pesar de la declaración emitida el día de su homicidio en el sitio web Al-Emarah.⁹⁷

La muerte de Safiye Amajan ha puesto de relieve aún más los peligros que corren diariamente las activistas en favor de los derechos de las mujeres y las defensoras de los derechos humanos en el actual conflicto armado en Afganistán. El homicidio de Amajan empeoró el clima de miedo e inseguridad para muchas mujeres activistas cuyos actos a menudo generan hostilidad, ya que se los percibe como desafíos a las normas culturales, religiosas o sociales sobre el papel de la mujer en la sociedad afgana.⁹⁸

Fauzia Olumi, la homóloga de Safiye Amajan en la vecina provincia de Helmand, fue atacada por hombres armados cuando visitaba la oficina del gobernador en abril de 2006.⁹⁹Fauzia es la directora de un centro para mujeres que ofrece clases para mujeres en materia de costura, matemáticas, computación, inglés y tratamientos de belleza. Su contador, que en ese momento también oficiaba de chofer, murió en el ataque. Hasta ahora, ni los talibanes ni ningún otro grupo armado han reivindicado el ataque. A Fauzia Olumi también la habían amenazado de muerte, amenazas que reaparecieron tras la muerte de Safiye Amajan: “Recibo llamadas telefónicas a la una o a las dos de la madrugada, y no sé quienes son los que las hacen”. Fauzia ha informado que en Girishk, en Helmand, las mujeres a menudo hacen frente a amenazas e intimidación. Las actividades para mujeres en ese distrito virtualmente han cesado, mientras que el único centro de la provincia donde estas actividades continúan es Lashkar Gar, la capital de Helmand. Los ataques insurgentes han producido un grave impacto en las mujeres, causándoles “daño psicológico”, señala Fauzia Olumi. “Las ejecuciones, homicidios y asesinatos ha destruido a las mujeres”, añade.

La colega de Safiye Amajan en la provincia oriental de Nuristán ha dicho a Amnistía Internacional que ha recibido amenazas a su seguridad. Estas amenazas le han llegado por teléfono móvil y a través de “cartas nocturnas” y mensajes entregados por mano en su lugar de trabajo.

Según informes, las directoras provinciales del Ministerio de Asuntos de la Mujer de las provincias de Nimrouz, Farah, Zabul, Khost, Uruzgan, Paktia, Logar y Paktika han hecho frente a amenazas de muerte de hombres no identificados. Estas provincias, en conjunto, representan toda la región meridional de Afganistán, así como partes del centro y del este del país.

Carta de una defensora de los derechos humanos El 3 de octubre, una prominente defensora de los derechos humanos de Kandahar escribió a Amnistía Internacional describiendo “los desafíos que supone defender los derechos de las mujeres en la provincia de Kandahar, en el sur de Afganistán”.100 En su carta expresó lo siguiente: 101 A pesar de lo mucho que se ha deteriorado la seguridad en la ciudad de Kandahar, yo sigo trabajando por los derechos de las mujeres con cautela y rodeada de amenazas reales. En nuestra lucha por los derechos sociales, económicos y políticos de las mujeres, nos reunimos en casas particulares para por lo menos expresar y analizar algunos de los asuntos fundamentales relacionados con nuestros derechos cívicos y para buscar algunas, aunque escasas, maneras de protegerlos. Para las mujeres de la provincia de Kandahar, la amenaza real hoy es su protección y seguridad general mientras se encuentran fuera de casa; la seguridad en medio de la amenaza terrorista de reagrupaciones talibanes extremistas y el enfrentamiento permanente entre fuerzas del gobierno y activistas armados en la región. Por eso, las mujeres no se atreven a salir de sus casas o a mandar a sus hijas al colegio. Por otro lado, la inseguridad que sufren las mujeres en cuanto al trabajo y el sustento ha debilitado aún más su estado en esta sociedad conservadora. Casi todos los días se producen ataques suicidas, atentados con bombas y enfrentamientos armados que siempre se saldan con la muerte de un gran número de civiles, incluidas mujeres y niñas [...]. La carta continúa así: Las escuelas de niñas en zonas rurales o bien son incendiadas o bien se cierran debido a las continuas amenazas recibidas de los talibanes. Personas residentes en zonas devastadas por la guerra dicen “odiamos tanto a los talibanes como a las fuerzas del gobierno de coalición”. También he confirmado denuncias procedentes de varios distritos urbanos según las cuales, en los últimos nueve meses, se han encontrado los cuerpos sin vida de siete mujeres en distintas partes de la ciudad, sin que nadie se haya responsabilizado de su homicidio. En la mayoría de los casos, se sospecha que tenían relación con la violencia doméstica y los homicidios terroristas más recientes a manos de los talibanes cuyo objetivo era impedir que las mujeres salieran de su casa a trabajar para ganarse el sustento. En lo que respecta a mi seguridad personal, sigo estando sola. El gobierno no me ha proporcionado protección armada ni yo puedo permitirme pagar a un servicio de seguridad privado que me acompañe permanentemente. En los últimos meses he recibido amenazas telefónicas desde números desconocidos, y algunas personas también me han amenazado de muerte si no abandono mi trabajo por los derechos de las mujeres. Como medida de precaución, intento pasar desapercibida hasta que la situación sea lo suficientemente segura como para moverme con libertad.

Para las mujeres y las niñas, la situación de los derechos humanos se ha deteriorado cada vez más a medida que la insurgencia se ha profundizado. Las mujeres tienen miedo de salir de sus casas y de enviar a sus hijas a la escuela, su libertad de circulación está limitada, así como su capacidad de salir a trabajar y de participar en la vida pública.¹⁰²Los ataques contra las defensoras de los derechos humanos revelan la magnitud de la inseguridad que estas mujeres deben afrontar en Afganistán. Como señala un informe de la organización no gubernamental Womankind, del Reino Unido: “La inseguridad sigue siendo el desafío más terrible que caracteriza todos los aspectos de la vida diaria de las mujeres”.¹⁰³

El artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra prohíbe de modo explícito la discriminación basada en el género. En el artículo se dispone, entre otras cosas: “Las personas que no participen directamente en las hostilidades [...] serán, en todas las circunstancias, tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna o cualquier otro criterio análogo”. El artículo 3 común prohíbe, entre otras cosas, “los atentados contra la vida y la integridad corporal” y “los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes”.

El artículo 4 del Protocolo Adicional II prohíbe específicamente, entre otras cosas, “la violación, la prostitución forzada y cualquier forma de atentado al pudor”. Se considera que estas disposiciones reflejan normas del derecho internacional consuetudinario.¹⁰⁴Como se ha señalado, los talibanes han sido responsables de actos de violencia contra las mujeres y de la opresión de éstas, tanto en el pasado como en el presente. En el actual conflicto armado tienen la obligación jurídica, en aplicación del derecho internacional humanitario, de poner fin a estos abusos.

4. Ataques indiscriminados que causan muertes en la población civil

Hemos preparado un grupo de atacantes dispuestos al sacrificio

Mohammad Hanif, portavoz de los talibanes, 11 de septiembre de 2006.

Durante 2005 y 2006 cientos de afganos y afganas resultaron muertos o heridos a causa de ataques con vehículos bomba, artefactos explosivos improvisados como bombas colocadas junto a la carretera, o ataques suicidas atribuidos a los talibanes. Entre los muertos y heridos había menores de edad.¹⁰⁵ Los ataques suicidas con bomba, que eran desconocidos en Afganistán hasta 2001,¹⁰⁶son ahora una táctica de guerra habitual de los talibanes. En noviembre de 2005, el jefe talibán y ex ministro de Defensa mulá Obaidullah anunció que “los talibanes han planificado y se han preparado para ataques suicidas desde hace largo tiempo, y hay un gran número de talibanes destacados en todas las ciudades de Afganistán, incluida Kabul, que sólo esperan la orden de ataque”.¹⁰⁷Según informes, a fines de febrero de 2006, el jefe talibán mulá Dadullah había dicho: “Alabado sea Dios, hemos anunciado que disponíamos de 200 atacantes suicidas, pero ahora son millares y cada vez se ofrece más gente”.¹⁰⁸

El número de ataques suicidas que llevaron a cabo los insurgentes ha aumentado enormemente desde las elecciones nacionales y provinciales de septiembre de 2005. Las cifras proporcionadas por el Departamento de Seguridad de la ONU (UNDSS) indican que los ataques suicidas se han sextuplicado durante los últimos dos años. En 2006 hubo 123 ataques suicidas, mientras que en 2005 hubo un total de 17.

En 2006 el Departamento de Seguridad de la ONU registró un total de 237 muertes de civiles como consecuencia de ataques suicidas.¹⁰⁹Además, las cifras proporcionadas por la OTAN indican que en el mismo año 519 civiles murieron a causa de ataques en los que se utilizaron artefactos explosivos improvisados como bombas colocadas junto a carreteras.¹¹⁰

Los ataques suicidas, ya se dirijan contra objetivos militares o civiles, causan con frecuencia un alto número de muertes y heridas en la población civil que se hallaba junto al lugar del ataque. En algunos casos se han dirigido ataques suicidas contra objetivos militares como convoyes y bases, pero también han alcanzado a civiles y a bienes de carácter civil (tiendas, puestos de mercados, escuelas) y han causado daños desproporcionados a la población civil. En otros casos los ataques se han dirigido contra civiles que no tomaban parte directamente en operaciones militares, como policías, gobernadores, empleados públicos, embajadores y particulares.

Según el derecho internacional humanitario, atacar a civiles, es decir, dirigir intencionalmente ataques contra la población civil que no toma parte en las hostilidades, es ilegal. Del mismo modo, cuando el objetivo de un ataque son las fuerzas armadas, el ataque es ilegal si causa daños desproporcionados a la población civil. Ambos tipos de ataque constituyen crímenes de guerra, incluso en aplicación del Estatuto de Roma, que Afganistán ratificó en 2003.¹¹¹

De acuerdo con el derecho internacional humanitario, a los integrantes de la policía y otras fuerzas de seguridad civiles análogas se los considera civiles y, por tanto, objetivos ilícitos de ataque, a menos que participen directamente en las hostilidades.¹¹²

Los siguientes casos son ejemplos de ataques indiscriminados presuntamente llevados a cabo por los talibanes:

• A mediados de noviembre de 2005, ocurrieron tres ataques suicidas dirigidos contra convoyes militares en un lapso de tres días, en los que murieron un soldado alemán del cuerpo de mantenimiento de la paz y varios civiles afganos. El mulá Obaidullah, jefe de los talibanes y ex ministro de Defensa durante la época en que los talibanes controlaban Afganistán, de 1996 a 2001, informó de que “los [combatientes] talibanes han planificado y se han preparado para los ataques suicidas desde hace largo tiempo, y hay un gran número de talibanes en todas las ciudades de Afganistán, incluida Kabul, que sólo esperan la orden de ataque”.¹¹³

• El 5 de enero de 2006, según informes, al menos 10 personas murieron y 50 resultaron heridas cuando un atacante suicida al parecer trató de matar al embajador de Estados Unidos cuando éste visitaba la oficina del gobernador en Tirin Kot, Uruzgan. Se cree que todas las víctimas eran civiles. Qari Yousef Ahmadi afirmó que el ataque lo había llevado a cabo el mulá Abdul Rahim, residente en Uruzgan, en nombre de los talibanes.¹¹⁴

• El 31 de julio de 2006, el gobernador de la provincia de Nangarhar, Gul Agha Sherzai, sobrevivió, según informes, a la explosión de una bomba a control remoto que mató a cinco policías y a tres civiles. Cinco policías y siete civiles más resultaron heridos. Un automóvil de la policía explotó pocos minutos antes de que el gobernador saliera de la mezquita de Hada, al sur de la ciudad de Jalalabad. La agencia Afghan Islamic Press informó que el portavoz de los talibanes Muhammad Hanif había declarado que un combatiente talibán, Ahmad Baseer, había llevado a cabo el ataque.¹¹⁵

• El 28 de agosto de 2006, un atacante suicida mató a 17 personas e hirió a 47 en un mercado de Lashkar Gah. Qari Yousef Ahmadi, según informes, reivindicó el atentado, pero lamentó la gran cantidad de muertos, diciendo que la bomba iba dirigida contra Khan Noorzai, un ex jefe de policía, que murió junto a su hijo en la explosión.¹¹⁶

• El 10 de septiembre, un ataque suicida se cobró la vida de Abdul Hakim Taniwal, gobernador de Patkia y ex ministro de Minas e Industria, de su sobrino y de su guardaespaldas. El ataque ocurrió en la capital de la provincia de Gardez, cuando un atacante suicida se arrojó contra su automóvil. Mohammed Hanif asumió la responsabilidad del ataque y añadió: “Nuestros muyahidines llevarán a cabo ataques similares. Hemos preparado un grupo de atacantes suicidas”.¹¹⁷

• El 18 de septiembre de 2006 un atacante suicida atacó a una patrulla de soldados canadienses cuando entregaban lapiceras y cuadernos a una multitud de niños y niñas en la aldea de Char Kota, en Pashmul. Según informes, al menos cuatro soldados murieron y hubo algunos civiles entre las víctimas; resultaron heridos otros 24 civiles, la mayoría de los cuales eran menores. Qari Yousef Ahmadi reivindicó el ataque, diciendo que un combatiente talibán de Kandahar, de nombre Qudratollah, había llevado a cabo el ataque contra la patrulla canadiense.¹¹⁸

• El 26 de septiembre de 2006, Mohammed Daoud Safi, gobernador de Helmand, fue blanco de un ataque suicida con bomba que, según informes, mató al menos a 18 civiles, entre ellos a unos peregrinos que trataban de conseguir documentos para viajar a la Meca para la Haj (peregrinación). La bomba detonó en un control de seguridad frente a la puerta principal de la casa del gobernador en Lashkar Gar. Según informes, Qari Yousef Ahmadi asumió la responsabilidad, diciendo: “Un miembro de los talibanes procedente de Helmand, llamado Sayfollah, llevó a cabo [el] ataque suicida”.¹¹⁹

• El 26 de febrero de 2007, un atacante suicida atacó la principal base militar estadounidense en Bagram, al parecer en un intento de matar al vicepresidente de los Estados Unidos, Dick Cheney, que estaba visitando el país. Según informes, 12 personas murieron, entre ellas dos soldados y un contratista del gobierno estadounidense. Otras 27 personas resultaron heridas. De acuerdo con los informes, el portavoz de los talibanes, mulá Hayat Khan, reivindicó el ataque. ¹²⁰

Adolescente suicida El testimonio siguiente permite comprender mejor el pensamiento de un recluta talibán de 15 años de edad, preparado para llevar a cabo un ataque suicida y decidido a hacerlo: Quiero sacrificar mi vida por el islam. Continúa así: Este es nuestro país y somos musulmanes, y los británicos, perdón, los extranjeros, están aquí. Por tanto, quería expulsar a los extranjeros. Por eso estoy listo a estallar para matarlos. Para que ellos estallen. Ese es mi deber. Fuente: Testimonio proporcionado por un observador independiente presente en Afganistán de mayo a octubre de 2006. El nombre se reserva por razones de seguridad.

Amnistía Internacional preguntó a Qari Yousef Ahmadi si los talibanes consideran que evitar causar daños desproporcionados a los civiles cuando llevan a cabo sus ataques es su obligación legal.¹²¹Ahmadi reconoció que en sus ataques habían muerto civiles, pero dijo que los talibanes estaban “haciendo todo lo posible para no atacar a civiles”, y añadió: “Puedo decir con toda seguridad que el número de civiles que han sido atacados por error es muy pequeño [...] [E]n muchos casos algunas de nuestras operaciones se suspenden por la seguridad de los civiles”. Cuando se le preguntó acerca del ataque suicida del 18 de septiembre (mencionado supra), en el que se había mostrado muy poca consideración por la seguridad de los menores, Ahmadi negó la veracidad de los numerosos informes de prensa que afirmaban que en la zona había civiles y menores.

El reglamento militar talibán no prevé la cuestión de los ataques suicidas. Este asunto se trata en otro documento de 49 páginas llamado Misiles de Omar: Un atajo hacia el cielo . Los muyahidines islámicos, autores de este documento, legitiman los ataques suicidas con bomba por medio de su interpretación de la palabra “Yihad” en el Corán, los Hadices (compilación de los dichos del profeta Mahoma), y los decretos religiosos de varias escuelas de pensamiento del islam.

5. “Justicia” de mano dura y homicidio ilegítimo de prisioneros

Estamos haciendo un gran esfuerzo para no maltratar a los prisioneros

Qari Yousef Ahmadi, portavoz de los talibanes, 25 de octubre de 2006

De acuerdo con los informes, en las zonas bajo control de los talibanes se han producido incidentes de tortura y otros malos tratos de civiles, como amenazas, palizas y homicidios. El artículo 3 común a los Convenios de Ginebra prohíbe esos tratos y dispone que todas las personas que no participen directamente en las hostilidades deben ser, “en todas las circunstancias, tratadas con humanidad”.

Según el reglamento militar talibán, en aplicación de la regla 16 se prohíbe a los combatientes “registrar viviendas o confiscar armas sin la autorización de un jefe de distrito o de un jefe provincial”. La regla 17 prohíbe confiscar “dinero o efectos personales de civiles”. No obstante, numerosos informes indican que el trato que los talibanes dan a la población civil al parecer contradice sus propias reglas.

En diciembre de 2005, unos residentes de los distritos de la provincia de Zabul informaron a Amnistía Internacional de que los insurgentes talibanes amenazaban y golpeaban a los campesinos si éstos no les proporcionaban alimentos y combustible y si no les permitían usar sus vehículos u otros artículos. En Shah Jui, según informes, los insurgentes talibanes obligaban a los campesinos a pagar un impuesto, en efectivo o en especie. Si se negaban a cumplir con esta exigencia, se enfrentaban a la posibilidad de que los golpearan, les disparasen o secuestraran a sus hijos.

Un integrante del personal de UNAMA informó de que “[l]a naturaleza de las acciones talibanes ha cambiado, en especial en los últimos meses y semanas, ya que la ISAF ha obtenido victorias tácticas militares. Sin duda resulta obvio que, desde fines del año pasado, la población afgana autóctona de los distritos está cada vez menos dispuesta a apoyar a los talibanes. Por eso los talibanes, en especial los [insurgentes] que no son de la zona, ya sean originarios de otros distritos o provincias o inclusive extranjeros, tienen que utilizar medios persuasivos más severos para sembrar miedo en la población [local] a fin de instigarlos a combatir junto a ellos. Se han difundido historias no verificadas de personas a quienes amenazaron diciendo que debían ofrecer un varón joven de la familia para combatir junto a los talibanes, y también historias de secuestros”.¹²²

Un observador independiente¹²³que visitó un improvisado campo de refugiados en Helmand, lleno de personas que buscaban protegerse temporalmente de los combates, habló con un hombre afgano que había huido de su aldea cuando llegaron los talibanes: “Vinimos aquí para librarnos del azaabs (sufrimiento). No queríamos unirnos a ellos [los talibanes] y morir por su dinero”. Otro afgano de Lashkar Gar comentó: “Si, por ejemplo, los talibanes capturan a una persona, la obligarán a obedecerlos. Si no lo hace, la acusarán de ser funcionaria del gobierno”.

En las zonas de Afganistán bajo control de los talibanes, éstos gobiernan parcialmente en cooperación con los shuras (consejos) locales, pero principalmente por medio del miedo y la intimidación. La población civil afgana que vive en esas zonas se enfrenta con frecuencia a hostigamiento y malos tratos. En Lashkar Gar, Helmand, presuntos insurgentes talibanes irrumpieron en una casa de huéspedes y les afeitaron la cabeza a un residente y a sus invitados porque estaban escuchando música. Luego de esto los golpearon, y los amenazaron de muerte si escuchaban música otra vez. Un residente de la aldea de Mian-Pista relató una historia similar. “Serás castigado según la shari’a si escuchas música o te afeitas la barba”.¹²⁴

Secuestros y homicidios

Amnistía Internacional siente preocupación a causa de informes de que decenas de ciudadanos afganos y extranjeros han sido secuestrados por insurgentes vinculados con los talibanes. A muchos de los secuestrados después los mataron. La mayoría de las víctimas eran civiles, entre ellos trabajadores de programas de reconstrucción y ayuda, chóferes y contratistas particulares.

Los talibanes y otros grupos armados han tomado rehenes con propósitos diversos, como ejercer presión sobre gobiernos extranjeros a fin de que retiren sus tropas, u obligar a empresas extranjeras a suspender sus actividades comerciales en el país. Los talibanes también se han servido de la toma de rehenes, el secuestro y el homicidio para sembrar el miedo.¹²⁵Parte de un vídeo talibán emitido recientemente mostraba las operaciones del grupo armado. Una sección del vídeo, titulada La suerte de los espías mostraba, según informes, a un jefe talibán, el mulá Dadullah, decapitando a cinco personas, presuntamente capturadas por “cargos” de espionaje.¹²⁶Algunos informes de prensa afirmaron que habían matado a ocho cautivos. Según informes, a estos hombres los calificaron de “espías” que trabajaban para los “cristianos y cruzados”. Aparentemente el vídeo forma parte de una campaña de los talibanes para ganar adeptos y al mismo tiempo sembrar el miedo entre la población afgana a fin de disuadirla de apoyar al gobierno y a las fuerzas extranjeras o cooperar con ellos.¹²⁷

Con respecto a la obligación legal de los talibanes de tratar a los prisioneros con humanidad, Qari Yousef Ahmadi manifestó a Amnistía Internacional: “[...] estamos haciendo un gran esfuerzo para no maltratar a los prisioneros, y esto no es solamente nuestra obligación como seres humanos, sino también la obligación que nos impone la shari’a, que requiere que nos comportemos correctamente con los prisioneros”.¹²⁸Agregó que el ex líder de los talibanes, el mulá Mohammed Omar, siempre hace hincapié en el buen comportamiento y en evitar [...] actos inhumanos y degradantes contra los prisioneros”. Ahmadi continuó: “Siempre actuamos con respeto por los derechos humanos y con arreglo al derecho internacional”. Ahmadi aclaró, no obstante, que “los derechos humanos y los convenios y tratados internacionales” sólo son aceptables para los talibanes si se ajustan a la shari’a (ley islámica): “Somos contrarios a las normas y reglamentos que contradicen nuestros valores islámicos y la shari’a”.

Los siguientes casos de secuestros seguidos de muerte son ejemplos de un comportamiento repetido de abusos contra las personas civiles.¹²⁹

• De acuerdo con los informes, el 29 de abril de 2006, un ingeniero indio, K. Suryanarayana, fue secuestrado por los insurgentes talibanes, quienes amenazaron con matarlo a menos que se diera cumplimiento a su exigencia de que todos los trabajadores indios abandonaran Afganistán. Según informes, a Suryanarayana, que trabajaba para una empresa de telecomunicaciones con base en Bahréin, lo mataron a tiros cuando intentaba escapar. Encontraron su cuerpo en la provincia de Zabul. El portavoz de los talibanes, Qari Yousef Ahmadi, reivindicó su muerte en nombre de los talibanes.¹³⁰

• Según informes, el 12 de junio de 2006, presuntos insurgentes talibanes mataron a Jan Mohammed, un juez adjunto de un tribunal superior, frente a su casa en el distrito de Qara Bagh, provincia de Ghazni, tras secuestrarlo. Los hombres, armados, también secuestraron a su hijo.¹³¹

• El 11 de agosto de 2005, según informes, unos extremistas talibanes secuestraron en la provincia meridional de Helmand a dos personas, una de ellas agente de policía, y las decapitaron. El portavoz de los talibanes Abdul Latif Hakimi asumió la responsabilidad: “Nosotros los matamos. Los decapitamos porque eran espías estadounidenses”. Hakimi también informó de que habían decapitado a dos afganos en la vecina provincia de Zabul por presunto “espionaje”.¹³²

• El 31 de agosto de 2006, de acuerdo con los informes, los talibanes decapitaron a un hombre llamado Fakhrudin en el distrito de Greshk, en la provincia de Helmand. Los insurgentes lo habían secuestrado tres días antes. Encontraron su cadáver a la orilla de un río en el mismo distrito. Según Pajhwok Afghan News, un portavoz de los talibanes, el mulá Muhammad Usmani, dijo que los talibanes lo habían decapitado por espiar para las fuerzas estadounidenses.¹³³

• De acuerdo con los informes, el 19 de diciembre de 2006 los talibanes mataron a no menos de 26 hombres afganos en el distrito de Panjwai y exhibieron sus cuerpos decapitados en diversos lugares de una aldea local. En sus cuerpos prendieron cartas en las que se declaraba que los talibanes ahorcarían a cualquier persona que asistiera a las fuerzas extranjeras y a toda persona implicada en la distribución de ayuda humanitaria.¹³⁴

5.1. Homicidios tras procesos cuasi judiciales

Los tribunales talibanes llenan un vacío en la seguridad La incapacidad de proporcionar seguridad ha dado a los talibanes influencia en las zonas rurales, ya que pueden desempeñar un papel populista pero limitado, ofreciendo protección y en algunos casos un servicio de “justicia” a las comunidades rurales. El primer contacto que muchos vecinos tienen con el gobierno es a través de algún policía corrupto que los extorsiona, lo cual socava aún más su legitimidad ante la población. Fuente: Jane’s Foreign Report, “Winning hearts and minds in south Afghanistan”, 16 de octubre de 2006: http://frp.janes.com/public/frp/index.shtml

Amnistía Internacional ha recibido informes de que en las zonas de Afganistán controladas por los talibanes éstos están utilizando órganos cuasi judiciales encargados de administrar “justicia”. Algunos vecinos, desilusionados del sistema oficial del Estado, recurren a estos “tribunales” talibanes, que perciben como más justos y menos corruptos que el sistema estatal de justicia. Aunque se dispone de poca información sobre los cargos que se presentan contra las personas, la mayoría de la gente que ha sido llevada ante esos tribunales ha sido acusada de “espionaje”; en otros casos, de asesinato y prostitución. Muchas de las personas que se han llevado ante esos órganos han sido secuestradas por los talibanes. En muchos casos se han impuesto y ejecutado condenas a muerte. Poco se sabe del carácter de los procedimientos. Un asesor jurídico de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán dijo: “los talibanes intentan llevar a cabo el procesamiento con rapidez, sin permitir que haya tiempo para trámites legales como el acceso a asistencia letrada. En muchos casos deciden la ejecución sin la presencia de un tribunal. Acusan a la gente de espionaje para crear un ambiente de miedo e intimidación para los demás”.¹³⁵

El artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra prohíbe “el homicidio en todas sus formas” y “las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido”.

El 8 de junio de 2006, Leandro Despouy, relator especial de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, condenó el homicidio público ilegal de un presunto asesino, Badshah Khan, a comienzos de mayo de 2006. La “ejecución” de Khan se produjo después de un “juicio” ante un tribunal talibán local en la aldea de Ququr en el pueblo de Gizab, en Daikundi. “La administración de justicia es una función que corresponde claramente al Estado de Afganistán –dijo Despouy–. Es totalmente inaceptable que una entidad no estatal como los talibanes ejerza una función del Estado, procesando y castigando a un presunto delincuente.”¹³⁶

Los siguientes casos ilustran la utilización por los talibanes de órganos judiciales informales, que ha tenido como resultado homicidios sumarios:

• Según informes, el 19 de junio de 2005, tras la emisión de una fetua (un edicto religioso) por los mulás, los insurgentes talibanes ejecutaron al jefe de policía de distrito Nanai Khan y a siete de los 31 policías que mantenían cautivos en Kandahar. El portavoz de los talibanes, Abdul Latif Hakimi, reivindicó los homicidios, diciendo que a esas personas las habían matado en cumplimiento de las órdenes dadas por líderes religiosos durante los juicios.¹³⁷

• El 2 de septiembre de 2005, Khan Mohammad Yaqoubi, candidato a la Wolesi Jirga (cámara baja del Parlamento) fue secuestrado junto con otras cuatro personas en el distrito de Ghorak, en Kandahar, cuando unos pistoleros le tendieron una emboscada. Sus cadáveres, decapitados y acribillados a balazos, fueron descubiertos el 9 de septiembre. Según informes, Abdul Latif Hakimi telefoneó a la Afgan Islamic Press Agency, asumiendo la responsabilidad en nombre de los talibanes y diciendo que las cinco personas habían sido fusiladas por orden de un tribunal talibán.¹³⁸

• El 3 de septiembre de 2005 se encontró el cadáver de David Addison, ingeniero británico, en la provincia de Farah. Lo habían secuestrado tres días antes unos insurgentes talibanes. Según informes, el portavoz de los talibanes, Abdul Latif Hakimi, manifestó a la agencia Afghan Islamic Press que se creía que Addison era un “oficial militar” y que lo habían matado, junto con otros cinco rehenes, por orden de un consejo talibán.¹³⁹

• De acuerdo con los informes, el 12 de marzo de 2006 unos insurgentes talibanes secuestraron a tres ciudadanos albaneses de etnia macedonia y a un ciudadano alemán, empleado de la empresa Ecolog, junto con cuatro colegas afganos. El portavoz de los talibanes, Qari Yousef Ahmadi, telefoneó a la agencia Pajhwok Afghan News y afirmó que a los trabajadores extranjeros los habían matado cuando el consejo central de los talibanes los consideró culpables de espionaje para las fuerzas estadounidenses.¹⁴⁰

• Según informes, el 13 de julio de 2006 los talibanes mataron a Zahra Madadi en la provincia meridional de Ghazni. Zahra, de 23 años de edad, trabajaba con dedicación parcial en el Departamento de Asuntos de Refugiados y Retornados. Según los informes, los insurgentes talibanes la secuestraron por su presunta vinculación con la prostitución y, después de mantenerla en cautividad durante dos días, la mataron. De acuerdo con los informes, el portavoz de los talibanes, mulá Hilal, afirmó que la habían matado tras ser declarada culpable de prostitución por un tribunal talibán. ¹⁴¹

• De acuerdo con los informes, el 26 de noviembre de 2006, en el distrito de Manogay, provincia de Kumar, los talibanes mataron a cuatro trabajadores afganos a quienes el grupo había secuestrado el día anterior. El portavoz de los talibanes Mohammad Hanif confirmó que a las cuatro personas las habían matado después de ser declaradas culpables por un tribunal islámico talibán de espionaje para las fuerzas estadounidenses.¹⁴²

6. El derecho internacional aplicable

El derecho internacional humanitario comprende principios y normas que regulan la conducta de todas las partes en conflictos armados de carácter internacional y no internacional. Las disposiciones fundamentales del derecho internacional humanitario moderno fueron establecidas por la comunidad internacional después de la Segunda Guerra Mundial en los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y luego en sus dos Protocolos Adicionales de 1977.¹⁴³

Muchas de las disposiciones del derecho internacional humanitario se han convertido en normas del derecho internacional consuetudinario, es decir, normas que se basan en la práctica sistemática de los Estados y en el reconocimiento general por parte de los Estados de que están obligados a cumplir con ellas. Ciertas normas que originalmente se formularon para ser aplicadas en los conflictos armados internacionales ahora se reconocen como vinculantes para las partes también en conflictos no internacionales.

El actual conflicto en Afganistán es un conflicto armado de carácter no internacional –hay fuerzas extranjeras implicadas pero no combaten contra el Estado, sino junto a él–. Todas las partes en un conflicto armado no internacional están obligadas, como mínimo, a aplicar el artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra, que protege a todas las personas que no participan directamente en las hostilidades. Este artículo refleja principios y normas del derecho internacional consuetudinario, que se resumen infra, que son vinculantes para los talibanes, así como para las fuerzas extranjeras y para el Ejército Nacional Afgano.

El principio de distinción

Un principio fundamental del derecho internacional humanitario es que las partes en un conflicto armado deben distinguir en todo momento entre bienes de carácter civil y objetivos militares.¹⁴⁴Sólo es lícito dirigir operaciones contra los combatientes y los objetivos militares. No está permitido en absoluto dirigir ataques contra civiles o bienes de carácter civil. Este principio, conocido como el “principio de distinción”, se recoge en el Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra, y es una norma del derecho internacional consuetudinario, vinculante para todas las partes en los conflictos armados, tanto internacionales como no internacionales.¹⁴⁵Dirigir intencionalmente ataques contra la población civil es un crimen de guerra respecto del cual tiene competencia la Corte Penal Internacional.¹⁴⁶

Según el derecho internacional humanitario, un civil es toda persona que no es integrante de las fuerzas armadas.¹⁴⁷Son miembros de las fuerzas armadas todas las fuerzas, grupos y unidades armados y organizados que están bajo el mando de una jefatura que rinda cuentas ante una de las partes en conflicto, incluidos los cuerpos de milicia y de voluntarios que forman parte de dichas fuerzas.¹⁴⁸En relación con los conflictos armados de índole no internacional, se sobreentiende que el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra, que protege a “las personas que no participen directamente en las hostilidades”, también contiene el principio de distinción.¹⁴⁹

El principio de proporcionalidad

Los ataques que, aunque dirigidos contra objetivos militares, puedan causar daño desproporcionado a civiles o a bienes de índole civil también están prohibidos en aplicación del derecho internacional humanitario. La definición de ataques indiscriminados que se hace en el Protocolo Adicional I incluye:

los ataques, cuando sea de prever que causarán incidentalmente muertos y heridos entre la población civil, o daños a bienes de carácter civil, o ambas cosas, que serían excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista.¹⁵⁰

Aunque no existen disposiciones de proporcionalidad aplicables de forma explícita a los conflictos armados no internacionales, esta obligación se considera inherente al principio de humanidad que es aplicable a estos conflictos.¹⁵¹

Trato humano

En el artículo 3 común se presta protección a “[l]as personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa”. El artículo dispone que, “en todas las circunstancias”, esas personas serán “tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna o cualquier otro criterio análogo”. En el artículo se prohíben ciertos actos contra estas personas “en cualquier tiempo y lugar”,incluidos los siguientes: "a) los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios; b) la toma de rehenes; c) los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes;” y “d) las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio, ante un tribunal legítimamente constituido, con garantías judiciales reconocidas como indispensables”.¹⁵²

El artículo 3 común es vinculante tanto para los Estados Partes como para los grupos armados. Su observancia no está basada en la reciprocidad, y una de las partes en el conflicto armado no puede justificar sus propias violaciones del artículo 3 común sobre la base de que la otra parte también lo ha violado.

6.1 El derecho internacional penal y la responsabilidad de los grupos armados

Desde el punto de vista de Amnistía Internacional, muchos de los actos llevados a cabo por los talibanes, como los mencionados supra, constituyen crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad. Los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad se hallan entre los crímenes más graves tipificados en el derecho internacional, y se los considera crímenes contra la humanidad en su conjunto. Es, por consiguiente, el deber y la responsabilidad de toda la comunidad internacional llevar a los autores de éstos y otros delitos graves ante la justicia. Este punto de vista se refleja en el Preámbulo del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, adoptado en julio de 1998, que afirma que “los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo y que, a tal fin, hay que adoptar medidas en el plano nacional e intensificar la cooperación internacional para asegurar que sean efectivamente sometidos a la acción de la justicia”.¹⁵³

El Estatuto de Roma establece la competencia de la Corte Penal Internacional sobre actos cometidos en el contexto específico de un conflicto armado (crímenes de guerra) así como sobre actos perpetrados en cualquier circunstancia (genocidio y crímenes de lesa humanidad). Las disposiciones del Estatuto de Roma sobre los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad reflejan las normas del derecho internacional consuetudinario. Como se ha señalado, el derecho internacional consuetudinario es vinculante para todas las partes en Afganistán, incluidos los grupos armados.

Crímenes de guerra

Según el derecho internacional humanitario, tal como se refleja en el artículo 8 del Estatuto de Roma, los crímenes de guerra son actos cometidos durante conflictos armados de carácter internacional y no internacional.¹⁵⁴Entre dichos crímenes figuran actos como: matar intencionalmente, someter a torturas o a otros tratos inhumanos; tomar rehenes; dirigir intencionalmente ataques contra la población civil; dirigir intencionalmente ataques contra personas dedicadas a la asistencia humanitaria o al mantenimiento de la paz; lanzar ataques indiscriminados, que violan principios fundamentales del derecho internacional humanitario, como la distinción entre civiles y bienes de carácter civil, por un lado, y miembros de las fuerzas armadas y objetivos militares por el otro; causar la muerte a un enemigo que haya depuesto las armas; dirigir ataques contra instituciones religiosas; y “[m]atar o herir a traición a un combatiente enemigo”,¹⁵⁵por ejemplo, aproximarse a los soldados enemigos simulando ser civiles para atacarlos por sorpresa.

Muchos de los actos que, según informes, han cometido los talibanes y otros grupos armados en el actual conflicto armado no internacional en Afganistán constituyen crímenes de guerra.

El principio de mando y responsabilidad superior, es decir, la responsabilidad de los jefes o superiores por los actos de las personas que están bajo su mando y control efectivos, es aplicable a los líderes de grupos armados igualmente que a los de las fuerzas armadas.¹⁵⁶

Crímenes de lesa humanidad

Según el derecho internacional consuetudinario, tal como lo refleja el artículo 7 del Estatuto de Roma, los crímenes de lesa humanidad son actos cometidos como parte de un “ataque generalizado o sistemático contra una población civil”, “de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer esos actos o para promover esa política”.¹⁵⁷Entre los crímenes de este tipo enumerados en el Estatuto se hallan: asesinato, encarcelamiento ilegal, tortura y otros actos inhumanos.¹⁵⁸Algunos actos que constituyen crímenes de guerra pueden también equivaler a crímenes de lesa humanidad si cumplen con los requisitos de la definición.

En relación con crímenes como los crímenes de guerra, genocidio, crímenes de lesa humanidad y otros crímenes contra el derecho internacional, la cuestión de si el autor pertenecía al ejército de un Estado, a un grupo armado o de otra índole tiene poca importancia: cualquier persona responsable de dichos crímenes puede y debe ser llevada ante la justicia.

Muchos de los homicidios ilegales y otros abusos cometidos por los talibanes, descritos en este informe son crímenes de lesa humanidad, además de ser crímenes de guerra. En especial los talibanes han cometido en Afganistán actos de asesinato, persecución, encarcelamiento ilícito y otras privaciones graves de la libertad física que violan las normas fundamentales del derecho internacional. Estos actos forman parte de ataques contra la población civil que han sido generalizados, además de sistemáticos, y se han llevado a cabo con arreglo a una política declarada públicamente de dirigir ataques con el propósito de matar a civiles, como docentes y otros empleados del Estado, matar a las personas que presuntamente apoyan al gobierno y a los “extranjeros”, y a los trabajadores de ONG internacionales; así como de incendiar escuelas. Estos delitos, por consiguiente, cumplen con la definición de crímenes de lesa humanidad.

El gobierno de Afganistán y la comunidad internacional deben garantizar que se investigue a todo sospechoso de haber cometido crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad y, si hubiera pruebas admisibles suficientes, que se lo procese en un juicio justo en el que no exista la posibilidad de imponer la pena de muerte. No puede haber excusa para tales crímenes según el derecho internacional, que identifica claramente ciertos actos como crímenes, con independencia de las causas de un conflicto o las razones esgrimidas por las partes contendientes para justificar su participación en él.

7. Recomendaciones

Amnistía Internacional recalca a todas las partes en conflicto que todas las personas que no participan activamente en las hostilidades deben, sin excepción, ser tratadas con humanidad y con respeto para sus derechos, según las disposiciones pertinentes de los Convenios de Ginebra y las normas internacionales de derechos humanos.

A los talibanes y otros grupos armados
Amnistía Internacional pide a los grupos armados en Afganistán el cese inmediato de:

• los ataques dirigidos contra la población civil y bienes de carácter civil; los ataques en los que no se hace ninguna distinción entre objetivos militares y población civil o bienes de carácter civil; todo ataque desproporcionado.

• especialmente, los ataques contra maestros, estudiantes, funcionarios del ámbito de la enseñanza y escuelas; todo tipo de ataques contra miembros de organizaciones y agencias humanitarias internacionales y locales. Debe garantizarse a las agencias humanitarias el acceso seguro y sin trabas a todas las zonas.

• la ubicación de objetivos militares entre concentraciones de civiles. Deben tomarse todas las medidas necesarias para proteger a los civiles de los peligros resultantes de las operaciones militares.

• los homicidios de civiles como consecuencia de los procedimientos cuasi judiciales, y la eliminación de este tipo de prácticas.

• todo tipo de secuestros y tomas de rehenes.

• todo tipo de torturas y malos tratos.

• todo tipo de hostigamientos y amenazas de muerte o secuestros de civiles.

Amnistía Internacional pide a los grupos armados de Afganistán que:

• condenen públicamente los ataques dirigidos contra la población civil, así como los ataques indiscriminados y desproporcionados; los secuestros, la toma de rehenes, los homicidios ilegítimos, la tortura y otros malos tratos, dando instrucciones a sus miembros en las que se prohíban terminantemente tales actos en cualquier circunstancia.

• los dirigentes den instrucciones inmediatas y claras en las que se especifique que todos sus combatientes están sujetos a todas las disposiciones correspondientes del derecho internacional humanitario.

• retiren a aquellos de sus miembros sospechosos de cometer abusos de puestos y situaciones en los que podrían seguir perpetrándolos.

Al gobierno de Afganistán y a las fuerzas extranjeras
Amnistía Internacional insta al gobierno de Afganistán, a la ISAF y a las fuerzas de Estados Unidos que operan de forma independiente a la ISAF a que:

• respeten plenamente todas las disposiciones pertinentes del derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos en sus operaciones contra los talibanes y otros grupos armados. Todo el personal debe ser claramente informado de que no se tolerarán violaciones del derecho internacional.

• pongan fin inmediatamente a todo acto que viole el derecho internacional, y a que sus responsables, incluidos los mandos que hayan ordenado o no hayan impedido las violaciones, sean puestos a disposición judicial en procesos que se ajusten a las normas internacionales sobre garantías procesales.

Al gobierno de Afganistán

Amnistía Internacional insta al gobierno de Afganistán a que:

• garantice que los autores de violaciones de los derechos humanos, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad sean puestos a disposición judicial, conforme a sus obligaciones con el derecho internacional. El derecho internacional prohíbe que se decreten amnistías o medidas similares para los delitos cometidos contra el derecho internacional, entre ellos los crímenes de guerra y los crímenes de lesa la humanidad, ya que tales medidas impiden que llegue a conocerse la verdad, que se formule una decisión judicial final de culpabilidad o inocencia, y que se ofrezca una reparación plena a las víctimas.

• garantice que se ofrece a las víctimas otros tipos de resarcimiento, entre ellos reparaciones. El gobierno debe estudiar todas las posibilidades para ofrecer resarcimiento, como comisiones de la verdad o mecanismos similares.

• se esfuerce en la medida de lo posible por llevar un registro de las víctimas civiles durante el conflicto armado que está librándose en Afganistán.

Al gobierno de Pakistán
Amnistía Internacional hace un llamamiento al gobierno de Pakistán para que:

• condene inequívocamente todos los abusos cometidos por los talibanes y otros grupos armados y utilice su influencia para instar a estos grupos a dejar de cometerlos.

• impida que su territorio sea utilizado para proporcionar ayuda militar o de otro tipo a los talibanes y otros grupos armados en Afganistán que pudiera contribuir a abusos.

• de acuerdo con las normas internacionales sobre garantías procesales, ponga a disposición judicial a cualquier persona que esté bajo su jurisdicción y sea sospechosa de implicación en abusos contra la población civil, y a que coopere con las autoridades afganas en sus esfuerzos por poner a disposición judicial a los autores.

A los líderes religiosos y comunitarios dentro y fuera de Afganistán, así como a los líderes de la diáspora
Amnistía Internacional insta a los líderes religiosos, comunitarios y de la diáspora a que:

• utilicen su influencia con los talibanes y otros grupos armados y sus simpatizantes para convencerlos de que no cometan abusos, como atacar a civiles y otros no combatientes, realizar ataques indiscriminados y desproporcionados, tomar rehenes o perpetrar homicidios ilegítimos, torturas y otros malos tratos.

• condenen públicamente, en la medida de lo posible, los ataques cometidos por los talibanes y otros grupos armados contra la población civil y bienes de carácter civil, especialmente los ataques cometidos contra agencias humanitarias de ámbito local e internacional, docentes, estudiantes, funcionarios del ámbito de la enseñanza y escuelas, así como contra mujeres y grupos de defensa de los derechos de la mujer.

Apéndice 1. Artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 – Conflictos que no son de índole internacional

En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional y que surja en el territorio de una de las Altas Partes Contratantes, cada una de las Partes en conflicto tendrá la obligación de aplicar, como mínimo, las siguientes disposiciones:

(1) Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa, serán, en todas las circunstancias, tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable, basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna, o cualquier otro criterio análogo.

A este respecto, se prohíben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe a las personas arriba mencionadas:

(a) los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios;

(b) la toma de rehenes;

(c) los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes;

(d) las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido, con garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados.

(2) Los heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos.

Un organismo humanitario imparcial, tal como el Comité Internacional de la Cruz Roja, podrá ofrecer sus servicios a las Partes en conflicto.

Además, las Partes en conflicto harán lo posible por poner en vigor, mediante acuerdos especiales, la totalidad o parte de las otras disposiciones del presente Convenio.

La aplicación de las anteriores disposiciones no surtirá efectos sobre el estatuto jurídico de las Partes en conflicto.

Apéndice 2. Reglamento militar de los talibanes, o Layeha

Todo muyahidín debe prestar obediencia a las siguientes reglas:

1) Un jefe talibán está autorizado a invitar a todos los afganos que apoyan a los infieles a convertirse al verdadero islam.

2) Garantizamos a todo hombre que dé la espalda a los infieles su seguridad personal y la de sus bienes. Pero si se ve envuelto en una disputa, o alguien lo acusa de algo, debe someterse a nuestra judicatura.

3) Los muyahidines que protegen a nuevos reclutas talibanes deben informar a su jefe.

4) Un converso al movimiento talibán que no proceda con lealtad y se convierta en traidor pierde nuestra protección. No se le dará una segunda oportunidad.

5) Un muyahidín que mate a un nuevo recluta talibán pierde nuestra protección y será castigado según la ley islámica.

6) Si un combatiente talibán desea trasladarse a otro distrito, se le permitirá hacerlo, pero debe obtener primero la autorización del jefe de su grupo.

7) Un muyahidín que toma prisionero a un infiel extranjero con el consentimiento del jefe de su grupo no podrá canjearlo por otro prisionero o por dinero.

8) Un jefe provincial, de distrito o regional no debe firmar un contrato de trabajo con una organización no gubernamental ni aceptar dinero de ella. Sólo el Shura (consejo superior de los talibanes) puede tomar decisiones sobre todos los tratos con las ONG.

9) Los talibanes no deben utilizar materiales o bienes destinados a la Yihad en provecho personal.

10) Todo talibán debe rendir cuentas ante sus superiores con respecto a cuestiones de gastos de dinero y de uso de los materiales.

11) Un muyahidín no debe vender material, a menos que el jefe provincial lo autorice a hacerlo.

12) Un grupo de muyahidines no debe incorporar a un muyahidín de otro grupo para incrementar su poder. Esto sólo será permitido cuando existan razones válidas, como la falta de combatientes en un grupo en especial. En ese caso debe darse autorización escrita, y las armas de los nuevos integrantes deben permanecer en su grupo de origen.

13) Las armas y materiales tomados de los infieles o a sus aliados deben distribuirse equitativamente entre los muyahidines.

14) Si una persona que trabaja con infieles desea cooperar con los muyahidines, no debe matársela. Si se la mata, su asesino debe ser llevado ante un tribunal islámico.

15) Un muyahidín o un jefe que torture a una persona inocente debe ser amonestado por sus superiores. Si no cambia su proceder debe ser expulsado del movimiento talibán.

16) Está terminantemente prohibido registrar viviendas o confiscar armas sin la autorización de un jefe de distrito o de un jefe provincial.

17) Los muyahidines no tienen derecho a confiscar dinero o efectos personales de civiles.

18) Los muyahidines deben abstenerse de fumar cigarrillos.

19) Los muyahidines no están autorizados a llevar a jóvenes imberbes al campo de batalla o a sus viviendas privadas.

20) Si un miembro de la oposición o del gobierno civil desea ser leal a los talibanes, podríamos estudiar sus condiciones. La decisión final recae sobre el consejo militar.

21) Ninguna persona de mala reputación o que haya matado a civiles durante la Yihad será aceptada en el movimiento talibán. Si el jefe supremo en persona la ha perdonado, permanecerá en su casa en el futuro.

22) Si un muyahidín es declarado culpable de un delito y su jefe lo ha expulsado del grupo, ningún otro grupo puede aceptarlo. Si desea ponerse nuevamente en contacto con los talibanes, debe pedir perdón a su grupo anterior.

23) Si a un muyahidín se le presenta un problema que no está previsto en este libro, su jefe debe hallar una solución en consulta con el grupo.

24) Está prohibido trabajar como docente bajo el actual gobierno títere, porque esto fortalece el sistema de los infieles. Los verdaderos musulmanes deben presentar una solicitud para estudiar con un maestro con formación religiosa y estudiar en una mezquita o institución similar. Los textos deben proceder del periodo de la Yihad o del régimen talibán.

25) Toda persona que trabaje como docente para el actual gobierno títere debe recibir un apercibimiento. Si, a pesar de ello, la persona se niega a dejar su trabajo, debe ser golpeada. Si el docente continúa enseñando contra los principios del islam, el jefe de distrito o un jefe del grupo debe matarla.

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26) Las ONG que vienen al país bajo el gobierno de los infieles deben ser tratadas del mismo modo que se trata al gobierno. Han venido con el pretexto de ayudar a la gente pero en realidad forman parte del régimen. Por lo tanto no toleramos ninguna de sus actividades, ya sea la construcción de calles, puentes, clínicas, escuelas, madrasas (escuelas para el estudio de el Corán) u otras obras. Si una escuela desoye una advertencia de cierre, debe ser incendiada. Antes de ello, empero, deben ponerse a buen recaudo todos los libros religiosos.

27) Mientras una persona no haya sido condenada por el delito de espionaje y castigada por él, nadie puede tomar el asunto en sus manos. Sólo puede encargarse de ello el jefe de distrito. Los testigos que prestan declaración en un proceso deben estar en buenas condiciones psicológicas, poseer una reputación religiosa sin tacha y no haber cometido ningún delito grave. El castigo sólo podrá tener lugar después de la conclusión del juicio.

28) Ningún jefe de rango inferior puede interferir en una disputa entre miembros de la población. Si una controversia no puede resolverse, el jefe de distrito o de región debe intervenir y encargarse del asunto. El caso debe ser discutido por los expertos religiosos (ulemas) o un consejo de ancianos (Jirga). Si ellos no hallan la solución, el caso debe ser remitido a autoridades religiosas reconocidas.

29) Todo muyahidín debe permanecer en guardia, día y noche.

30) Las 29 reglas anteriores son obligatorias. Cualquiera que viole este código debe ser juzgado según las leyes de los Emiratos Islámicos.

Esta Ordenanza está dirigida a los muyahidines que dedican sus vidas al islam y al todopoderoso Alá. Esta es una guía completa para el avance de la Yihad, y todo muyahidín debe obedecer estas reglas; es el deber de todo yihadista y auténtico creyente.

Firmado por el jefe supremo del Emirato Islámico de Afganistán.¹⁵⁹