Document - South-East Asia: Against the tide: the death penalty in Southeast Asia

CONTRA CORRIENTE

La pena de muerte en el Sudeste Asiático




INTRODUCCIÓN


A medida que se acerca el siglo XXI, un número creciente de países de muy diversas regiones y tradiciones culturales están tomando medidas encaminadas a la abolición de la pena de muerte. Actualmente, más de la mitad de los países del mundo son abolicionistas de hecho o de derecho. Desde 1989, más de 20 países y territorios han abolido la pena de muerte para los delitos comunes o para todos los delitos. Entre ellos hay países y territorios de Asia (Camboya, Hong Kong), África (Angola, Mauricio, Mozambique, Sudáfrica) y América Latina (Paraguay). Las naciones encuadradas en la ANSEA(1) constituyen una notable excepción a dicha tendencia. Todos estos países retienen la pena de muerte para una amplia variedad de delitos y, en algunos de ellos —especialmente en Singapur y Vietnam— se cree que el número de ejecuciones ha aumentado bruscamente en los últimos años.


Aunque se sabe que ha habido un elevado número de ejecuciones en algunos de los países de la ANSEA, dos de ellos no llevan a cabo ejecuciones desde hace muchos años. No se tiene constancia de que se haya producido ninguna ejecución de presos en Brunei Darussalam desde 1957, lo que ha llevado a los observadores a considerarlo como un país abolicionista de facto. En Filipinas no ha habido ejecuciones desde 1976, si bien desde 1994 más de 200 personas han sido condenadas a muerte y se teme que las ejecuciones se reanuden en 1997.


Otros países vecinos han seguido la corriente abolicionista mundial. Australia y Nueva Zelanda, ambos miembros del Foro Regional de la ANSEA, abolieron la pena de muerte en 1985 y 1989, respectivamente. Además, estos dos países se han adherido al Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), un compromiso internacional vinculante para abolir la pena de muerte. Camboya abolió la pena de muerte en abril de 1989. Siete países del Pacífico la han abolido para todos los delitos, un octavo lo ha hecho para los delitos comunes y otros tres son abolicionistas de facto.


Un motivo de preocupación en relación con la pena de muerte en la ANSEA es el hecho de que los gobiernos integrantes no hacen pública la información sobre las ejecuciones judiciales que se llevan a cabo en sus países. En algunos de ellos se han llevado a cabo ejecuciones en secreto. La falta de estadísticas oficiales impide que se conozca el número real de ejecuciones. Asimismo, en la mayoría de los países hay muy poca información pública sobre los presos actualmente condenados a muerte.


En los países de la ANSEA se ha ejecutado o condenado a muerte a ciudadanos de los Estados miembros, situación que a menudo ha provocado un aumento del número de voces procedentes de la ANSEA —tanto de los gobiernos como de fuera de ellos— que se manifiestan en contra de la pena de muerte. Un caso destacado fue la ejecución en Singapur de Flor Contemplación, empleada doméstica filipina y madre de cuatro hijos, condenada por asesinato. Murió en la horca en marzo de 1995, a pesar de la preocupación internacional suscitada por la falta de imparcialidad de su juicio y la petición de indulto presentada a última hora por el presidente filipino Fidel Ramos. Esta ejecución suscitó la indignación general en Filipinas y desencadenó una disputa diplomática entre Singapur y Filipinas que llevó a ambos países a retirar a sus respectivos embajadores durante varios meses. Sin embargo, en otros casos la intervención de las autoridades gubernamentales en favor de sus ciudadanos ha tenido éxito. Por ejemplo, según informes, a varios indonesios condenados a muerte en Malaisia se les conmutó la sentencia por penas de cárcel tras la presión ejercida por el gobierno indonesio.

La tensión creada por la posible ejecución de ciudadanos de los países miembros por parte de cualquiera de los mismos incitó a los Fiscales Generales de los Estados de la ANSEA a tratar el asunto en una reunión celebrada en julio de 1995. Tras la reunión, los Fiscales Generales firmaron una declaración de la ANSEA, conocida como el Consenso de Yakarta sobre Cooperación en el Campo Jurídico, en la que acordaron, entre otras cosas, intercambiar información sobre los ciudadanos de la ANSEA condenados a muerte en los otros países miembros. Amnistía Internacional ha acogido con satisfacción este nuevo foro de debate sobre la pena de muerte, y confía en que dé paso no sólo a más información pública sobre los ciudadanos de la ANSEA condenados a muerte en los países miembros, sino también a un debate sobre la aplicación de la pena de muerte en la región.


Muchas personas del sudeste de Asia consideran el incremento de las tasas de criminalidad una razón convincente para imponer la pena de muerte. De hecho, el rechazo general de los crímenes más atroces, como la violación y asesinato de niños, ha alentado el apoyo al castigo capital en países como Filipinas. Existe en la ANSEA una preocupación justificada por el incremento de la drogadicción y de los delitos relacionados con las drogas. Sin embargo, no hay pruebas convincentes que demuestren que la pena de muerte es una fuerza disuasoria más eficaz que cualquier otro castigo. En las conclusiones de un estudio sobre la relación entre la pena de muerte y las tasas de homicidios, encargado por las Naciones Unidas en 1988 y actualizado en 1996, se decía: «las investigaciones no han podido demostrar científicamente que las ejecuciones tengan un efecto disuasorio mayor que la cadena perpetua y es poco probable que se pueda demostrar. En conjunto, los hechos siguen sin aportar pruebas concluyentes en apoyo de la hipótesis de la disuasión...''(2)


Pese a la dureza de las legislaciones y al alto número de ejecuciones que se han llevado a cabo en la región por delitos relacionados con las drogas, tanto el suministro de drogas como los niveles de adicción han continuado creciendo. Los ejecutados por delitos relacionados con las drogas suelen proceder de los escalafones más bajos del narcotráfico y en su mayor parte se trata de adictos de poca monta y de traficantes particulares que a menudo carecen de educación, son jóvenes y económicamente desfavorecidos, mientras que, con frecuencia, quienes organizan y se benefician de los delitos se pasean libres.


Otro motivo de preocupación es que algunos países de la ANSEA han promulgado leyes que vulneran las normas internacionales sobre la celebración de juicios justos, entre ellas las relativas a los condenados a muerte. Por ejemplo, en Malaisia y Singapur la presunción de inocencia queda debilitada por la disposición contenida en algunas legislaciones según la cual la posesión de drogas se considera como prueba de narcotráfico, a menos que se demuestre lo contrario. Además, en algunos países de la ANSEA es preceptiva la pena de muerte para ciertos delitos en los que no se concede ningún margen a las circunstancias atenuantes. Los extranjeros, incluidos los ciudadanos de otros Estados de la ANSEA, pueden ser juzgados por delitos que acarrean la pena de muerte, pero en algunos países los servicios de intérpretes judiciales son inadecuados o inexistentes, lo que a menudo vulnera las normas procedimentales de esos mismos países.


Ningún sistema penal del mundo es completamente inmune a los errores. Sin embargo, un solo fallo que conduzca a la ejecución de una persona inocente representa un atroz fracaso de la justicia. El riesgo de cometer tales fallos puede incrementarse cuando los sistemas penales son vulnerables a la presión política o a una influencia indebida por parte de los sectores poderosos y económicamente aventajados. La pena de muerte se impone a menudo contra quienes carecen de recursos para pagar los servicios de un abogado o a aquéllos cuya posición social les hace vulnerables a condenas injustas. Amnistía Internacional tiene constancia de casos de ejecuciones de personas en la región que tal vez eran completamente inocentes de los delitos por los que se les condenó.


En los estudios de países que se exponen a continuación se esboza la aplicación de la pena de muerte en los países de la ANSEA. Es probable que, a medida que las economías de los países de la región se vayan revitalizando, traten cada vez más de influir en la opinión internacional. El uso cada vez más frecuente de la pena de muerte en la región es una fuente creciente de preocupación para Amnistía Internacional y para quienes trabajan en apoyo de la posición de la Asamblea General de las Naciones Unidas, a saber, que es deseable abolir la pena de muerte en todos los países y que los crímenes que se castigan con ella deberían reducirse progresivamente. Amnistía Internacional insta a los países de la ANSEA a que pongan fin a las ejecuciones y tomen medidas encaminadas a la abolición de la pena de muerte.



AMNISTÍA INTERNACIONAL Y SU TRABAJO CONTRA LA PENA DE MUERTE


Amnistía Internacional es un movimiento mundial compuesto por voluntarios que trabaja para prevenir algunas de las más graves violaciones de los derechos humanos fundamentales de las personas por parte de los gobiernos. La organización tiene más de un millón de miembros en 192 países y territorios distintos, incluidos los países de la ANSEA. Amnistía Internacional es imparcial e independiente de todo gobierno, ideología política y creencia religiosa. No apoya ni se opone a ningún gobierno ni sistema político, ni tampoco apoya ni se opone a las opiniones de las víctimas cuyos derechos trata de proteger. Lo que pretende en cada caso particular es proteger los derechos humanos.


Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos pues la considera la forma más extrema de castigo cruel, inhumano y degradante y la violación de uno de los derechos humanos más fundamentales: el derecho a la vida. Amnistía Internacional no aprueba los delitos por los cuales las personas pueden ser condenadas a muerte y reconoce el sufrimiento de las víctimas de esos delitos y el de sus familias. Sin embargo, la organización cree que la pena de muerte es un castigo intrínsecamente injusto y arbitrario, por atroz que sea el crimen que con ella se sanciona.





RECOMENDACIONES DE AMNISTÍA INTERNACIONAL A LOS GOBIERNOS DE LA ANSEA


No se ha demostrado que el uso de la pena de muerte ejerza un efecto disuasorio más eficaz que otros castigos. Como muestra este documento, los condenados a muerte o ejecutados en los países de la ANSEA suelen tener un nivel económico y de educación más bajo y son más vulnerables que la media de la población. En muchos casos de aplicación de esta pena, existe honda preocupación por el hecho de que los procedimientos judiciales no cumplieron las debidas garantías. Amnistía Internacional pide a los gobiernos de la ANSEA la abolición de la pena de muerte para todos los delitos. En tanto no se produzca la abolición total, la organización insta a los gobiernos de la ANSEA a que:


< Aborden en el marco del Consenso de Yakarta sobre Cooperación en el Campo Jurídico las deficiencias legislativas y procedimentales, de forma que cualquier persona condenada a muerte sea juzgada conforme a las normas internacionales de derechos humanos relativas al derecho a un juicio justo;


< Garanticen que ningún Estado de la ANSEA tiene normas según las cuales sea responsabilidad del acusado demostrar su inocencia;


< Tomen medidas tendentes a la abolición en todos los países miembros de la ANSEA de las normas jurídicas que hacen preceptiva la aplicación de la pena de muerte para determinados delitos;


< Reduzcan el número de delitos para los que puede imponerse la pena de muerte;


< Garanticen que los gobiernos documentan y hacen pública la información sobre personas condenadas a muerte.




INFORMACIÓN SOBRE PAÍSES


BRUNEI DARUSSALAM



HECHOS Y CIFRAS MÁS IMPORTANTES


Delitos castigados con la pena capital

La pena de muerte es preceptiva para el asesinato, la tenencia ilícita de armas de fuego y explosivos y el narcotráfico.



Procedimiento de apelación

Las apelaciones las ve el presidente del Tribunal de Apelación. El sultán del Brunei puede conmutar las sentencias de muerte por penas de cárcel.



Número de presos condenados a muerte

Se desconoce



Número de ejecuciones llevadas a cabo

No se tiene constancia de que se haya producido ninguna ejecución desde 1957.



Método de ejecución

Ahorcamiento





El Sultanato de Brunei se convirtió en protectorado británico en 1888, pero se hizo cargo de los asuntos internos en 1959. Desde la rebelión fallida de diciembre de 1962, el Sultanato se ha regido por una legislación de emergencia que se ha prorrogado cada dos años. El Sultanato alcanzó la plena independencia en enero de 1984 con el nuevo nombre de Brunei Darussalam, pero la legislación de emergencia se mantiene en vigor.


El número de delitos punibles con la pena capital se ha incrementado desde 1979 con la introducción de nuevas leyes y la enmienda de las existentes. La pena de muerte está prevista en el Código Penal; en el Decreto de Seguridad Interna de 1982; y en el Decreto de Orden Público de 1982. En diciembre de 1982 se introdujo la pena de muerte para delitos relacionados con las drogas y está plasmada en el Segundo Anexo del Decreto sobre el Abuso de Drogas, de 1978, según la enmienda de la Orden sobre Enmiendas de Emergencia (Abuso de drogas), de 1984. Esta orden establece la pena de muerte como castigo preceptivo para el tráfico, la importación y exportación ilícitos de más de 15 gramos de morfina o heroína; la posesión de más de 30 gramos de morfina o heroína con el fin de traficar de forma ilícita con ellos; y la fabricación ilícita de morfina o heroína. Según informes publicados en la prensa, la pena de muerte se extendió en julio de 1992 a la posesión de más de 200 gramos de cannabis o de opio.


Según la información de que dispone Amnistía Internacional, desde 1967 sólo se han impuesto tres sentencias de muerte en Brunei Darussalam. La primera de ellas ocurrió en 1987 cuando, según informes, un trabajador agrícola de 44 años fue condenado a muerte por asesinato y tenencia ilícita de armas de fuego. Al año siguiente, el 29 de agosto de 1988, el bruneyano Sanli bin Sunggoh, de 26 años, y Omar Usman Mohammad alias Majid bin Amara, un filipino de 22 años, fueron condenados por el asesinato y robo de Ong Hong King, un pescadero, el 15 de octubre de 1987. Los dos hombres fueron condenados a muerte por el Tribunal Superior de Brunei.


Se desconoce el resultado de los dos casos mencionados. No se tiene constancia de que se haya producido ninguna ejecución en Brunei Darussalam desde 1957.


INDONESIA


HECHOS Y CIFRAS MÁS IMPORTANTES




Delitos castigados con la pena capital

Delitos contra la seguridad del Estado, asesinato de altos dirigentes del Estado, asesinato, robo con asesinato, piratería, delitos relacionados con las drogas.



Procedimiento de apelación

Los presos condenados a muerte por tribunales civiles y militares tienen derecho a apelar al tribunal superior de justicia pertinente y después al Tribunal Supremo. La petición de indulto presidencial puede hacerse en cualquier momento tras la sentencia inicial, pero normalmente se hace cuando la pena de muerte ha sido confirmada en los tribunales.



Número de presos condenados a muerte

Al menos 26, cinco de los cuales son presos políticos que llevan más de 20 años en espera de ejecución. En su mayoría, los demás presos han sido condenados por asesinato o delitos de narcotráfico.



Número de ejecuciones llevadas a cabo

39 personas han sido ejecutadas desde 1978. De éstas, 30 eran presos políticos.



Método de ejecución

Pelotón de fusilamiento




En Indonesia, la pena de muerte se aplica para castigar delitos comunes y políticos. Aparte de la crueldad intrínseca de la pena de muerte, hay elementos en los procedimientos judiciales y de apelación en Indonesia que exacerban aún más la crueldad de esta forma de castigo e incrementan el riesgo de que una persona inocente sea ejecutada. En particular, a Amnistía Internacional le preocupa que la corrupción y la falta de independencia judicial aumenten considerablemente el riesgo de ejecuciones injustas; que los acusados no indonesios condenados a muerte no tengan acceso a servicios de traducción ni en el juicio ni en las apelaciones; y que las demoras en los procesos de apelación den lugar a periodos de detención prolongados bajo sentencia de muerte.


En los siete años transcurridos entre 1985 y 1992 hubo 30 ejecuciones, frente a sólo cuatro de la década anterior. Entre diciembre de 1992 y principios de 1995 no se produjo ninguna ejecución, lo que hizo creer a muchos observadores que tal vez Indonesia estaba adoptando al menos una abolición de factode la pena de muerte. De hecho, algunas autoridades gubernamentales y judiciales parecían sensibles a los argumentos contra la pena de muerte. En una decisión sin precedentes adoptada en 1988, el Tribunal Supremo indonesio falló que la pena de muerte no era congruente con la ideología del Estado, la Pancasila. Sin embargo, las tres ejecuciones llevadas a cabo a principios de 1995 suscitaron de nuevo la preocupación de que otros presos condenados a muerte pudieran correr un peligro redoblado de ejecución.


Chan Ting Chong (alias Steven Chong) —uno de los ejecutados en 1995— estuvo nueve años condenado a muerte antes de ser ejecutado. Condenado a la pena capital en 1986 por el Tribunal de Distrito de Yakarta Oeste, el ciudadano malaisio Chang Ting Chong fue la primera persona ejecutada en Indonesia por un delito relacionado con las drogas. Chan Ting Chong siempre aseguró que era inocente y que se le había incriminado dolosamente. En 1990 pidió la revisión de su juicio después de que otro malaisio implicado en el caso retiró la declaración en la que acusaba a Chang Tin Chong de ser el propietario de la heroína. Se habían desestimado las apelaciones interpuestas a los Tribunales Superior y Supremo, al igual que su petición de indulto presidencial en 1991. Como ocurre generalmente en Indonesia, se avisó con escasa o nula antelación de la ejecución de Chan Ting Chong.


Al menos 26 personas están actualmente en espera de ejecución en Indonesia. En esta cifra se incluyen al menos cinco personas Sninguna de ellas de nacionalidad indonesiaScondenadas a muerte por delitos relacionados con las drogas, y 15 por asesinato. Hay también cinco presos políticos condenados a la pena capital —Asep Suryaman, Sukatno, Bungkus, Nataneal Marsudi e Isnanto. Los cinco fueron condenados a muerte por su presunta participación en el golpe de estado de 1965 o por su afiliación al Partido Comunista de Indonesia (PKI) y llevan en espera de ejecución entre 21 y 28 años.


Veintidós personas han sido ejecutadas desde 1985 por su presunta relación con el intento de golpe de estado. La amenaza de que los cinco que aún quedan sean ejecutados tiene muchos visos de cumplirse. En agosto de 1995, el ministro de Justicia, Otoyo Usman, anunció que dos presos políticos de la Prisión de Cipinang, en Yakarta, iban a ser ejecutados de forma inminente. No se dieron sus nombres, pero la opinión general apuntaba a Bungkus y Nataneal Marsudi. Al final, las ejecuciones no se produjeron. Sin embargo, la amenaza de que los cinco hombres sean ejecutados no se ha desvanecido dado que, al parecer, a todos ellos menos a Isnanto se les ha rechazado la petición de indulto presidencial, el último obstáculo legal para la ejecución.


Se cree que al menos cuatro de los cinco presos que siguen en espera de ejecución en relación con su presunta implicación en el intento de golpe de estado de 1965 están aquejados de mala salud, otros muchos ya han fallecido en la prisión por envejecimiento o enfermedad. Uno de ellos, Ruslan Wijayasastra, arrestado en 1968 y condenado a muerte seis años después, murió en abril de 1995. Antes de su muerte había quedado parcialmente paralizado, casi ciego e incapacitado para caminar. Un activista de derechos humanos indonesio comentó a propósito de la muerte de Ruslan: «le condenaron a muerte pero se ahorraron la bala».


Una de las principales preocupaciones que suscita la aplicación de la pena de muerte en Indonesia es la falta de un poder judicial independiente. La administración de los tribunales corre a cargo del Ministerio de Justicia. Los jueces, los funcionarios de juzgados y los fiscales dependen, por lo tanto, del poder ejecutivo en lo que concierne a sus salarios, ascensos y otras prestaciones. Todos los empleados del gobierno, incluidos los jueces, deben ser miembros de la única organización de funcionarios públicos, KORPRI, que opera bajo los auspicios del poderoso Ministerio de Interior. El presidente puede intervenir directamente en los asuntos judiciales indicando los casos que desea que se investiguen.


A menudo los acusados que se enfrentan a la imposición de la pena de muerte se ven impotentes para hacer frente a la acusación. Ejemplo de ello es el juicio de Kamjai Khong Thavorn, un marinero tailandés arrestado en agosto de 1987 en Samarinda, en Kalimantan Este, después de que los funcionarios de aduanas indonesios encontraron 17,76 kilogramos de heroína en su camarote. En la causa primera de Kamjai Khong Thavorn, así como en los procedimientos jurídicos de apelación y demás, se utilizó el indonesio, idioma que a la sazón él no hablaba ni entendía. Se ha sugerido también que algunas de las pruebas de la acusación pudieron falsificarse. Además, algunas fases del proceso de apelación parecen haber sido llevadas a cabo sin el conocimiento ni el consentimiento del acusado o de sus abogados. Tras el juicio, aparecieron indicios sólidos que apuntaban a que Kamjai Khong Thavorn era inocente o, al menos, un elemento de muy escasa importancia en una gran operación de contrabando de drogas. Pese a ello, las apelaciones de Kamjai Khong Thavorn a los Tribunales Superior y Supremo han sido denegadas, al igual que su petición de indulto presidencial. Actualmente no hay ningún obstáculo legal que impida su ejecución.


Los casos de delitos susceptibles de castigarse con la pena de muerte se juzgan en tribunales penales ordinarios o, si el acusado es miembro de las fuerzas armadas o la policía, en un tribunal militar. El Código de Procedimiento Penal exige la asistencia de un abogado en todos los casos en los que pueda imponerse la pena de muerte. Una persona condenada a muerte por un tribunal civil o militar puede apelar ante el tribunal de jurisdicción superior pertinente y después al Tribunal Supremo. Las demoras en los procesos de apelación suelen ser prolongadas. Norbertus (Noor) Rohayan, presuntamente implicado en el intento de golpe de estado de 1965, fue condenado a muerte por el Tribunal Regional Militar de Yakarta. Apeló inmediatamente, pero no se le informó sobre la situación de su apelación hasta el 3 de febrero de 1987 (18 años después), fecha en que se le comunicó que había presentado su apelación demasiado tarde. La petición de indulto presidencial de Norbertus Rohayan fue denegada el mismo año y éste fue ejecutado en febrero de 1990.


Un preso puede pedir el indulto al presidente en cualquier momento, una vez dictada la sentencia inicial pero, al parecer, se concede muy pocas veces. Algunos presos se niegan a pedir el indulto presidencial temiendo que si se lo deniegan no habrá nada que impida la ejecución de su sentencia. Sukatno, otro de los presos de 1965 y parlamentario antes del presunto golpe de estado, fue condenado a muerte en 1971, y se ha negado sistemáticamente a solicitar el indulto. Las autoridades militares y penitenciarias le han presionado para que presente la petición o declare por escrito que no desea hacerlo. Más tarde se supo que el Tribunal de Distrito de Yakarta Central había pedido el indulto en 1986 sin el conocimiento de Sukatno. La petición fue formalmente rechazada el 13 de mayo de 1992. Sukatno, que ahora tiene 67 años, permanece en espera de ejecución en la prisión de Cipanang y, según dicen, está gravemente enfermo tanto física como mentalmente.



MALAISIA



HECHOS Y CIFRAS MÁS IMPORTANTES




Delitos castigados con la pena capital

La pena de muerte es preceptiva para el tráfico de determinadas drogas. La Ley de Drogas Peligrosas establece que una persona a la que se le descubra en posesión de al menos 15 gramos de heroína, 1.000 gramos de opio o 200 gramos de cannabis es considerada, a menos que se pueda demostrar lo contrario, traficante de esa droga. También es preceptiva la pena de muerte para el asesinato y determinados delitos con armas de fuego.



Procedimiento de apelación

Las condenas a muerte pueden ser impuestas por el Tribunal Superior. Las apelaciones se presentan al Tribunal Supremo. La última fase del proceso judicial es la petición al Yang di-Pertuan Agong (rey de Malaisia y jefe supremo del Estado) que tiene potestad para conceder el indulto.



Número de presos condenados a muerte

245 personas estaban condenadas a muerte en julio de 1996



Número de ejecuciones llevadas a cabo

349 personas fueron ejecutadas entre 1970 y marzo de 1996, según las estadísticas del gobierno. 139 de estas ejecuciones se han llevado a cabo desde 1990, la mayoría de ellas por narcotráfico. Amnistía Internacional tiene constancia de tres ejecuciones que se produjeron en los primeros meses de 1996.



Método de ejecución

Ahorcamiento




Hasta hace poco, Amnistía Internacional desconocía el número real de ejecuciones en Malaisia, ya que las estadísticas oficiales no se hacían públicas. Sin embargo, las autoridades revelaron recientemente que, entre 1970 y marzo de 1996, fueron ejecutadas un total de 349 personas. Se cree que la mayoría de las ejecuciones fueron por delitos relacionados con las drogas. Desde 1993, Amnistía Internacional tiene constancia de al menos 43 nuevas sentencias de muerte, si bien la cifra real puede ser superior. Esta cifra incluye sentencias impuestas a tres ciudadanos tailandeses —Arwae Puteh, Ahmad Yusof y Tuan Mat Tuan Ismail—, todos ellos condenados por narcotráfico. En 1992 fueron ejecutadas 39 personas, más que en cualquier otro año. Desde entonces, el número de ejecuciones ha descendido de forma constante (29 ejecuciones en 1993, 10 en 1994, cinco en 1995 y tres en los primeros meses de 1996). Amnistía Internacional recibe con satisfacción este descenso y confía en que la tendencia hacia un menor número de ejecuciones continúe.


El consumo de drogas constituye uno de los principales problemas que afecta a Malaisia, en parte debido a la proximidad con los países productores de opio como Laos, Myanmar (Birmania) y Tailandia, que se conocen como el «Triángulo de oro». La Comisión Internacional de Control de Estupefacientes comentaba en su informe de 1994 que la creciente oferta de heroína ha contribuido a una progresiva demanda de esta droga en Malaisia. Cada vez está más claro que la aplicación de la pena de muerte no tiene efectos disuasivos en el tráfico y consumo de drogas en el país; según informes, el número de adictos a las drogas se incrementó en más de un 18 por ciento en 1995. Según los datos policiales, hay más de 207.000 drogodependientes en el país(3). En junio de 1996, el ministro de Sanidad Pública anunció que las personas que fueran declaradas culpables de traficar con la droga éxtasistambién serían condenadas a muerte.


La Ley de Drogas Peligrosas estipula la pena de muerte preceptiva para el tráfico de drogas y hace recaer sobre el acusado la responsabilidad de demostrar su inocencia, en lugar de ser el Estado el que tenga que demostrar la culpabilidad de aquél. Esto infringe un principio básico de la jurisprudencia malaisia, así como las garantías jurídicas internacionales que establecen que el acusado tiene derecho a la presunción de inocencia en tanto no se demuestre su culpabilidad. En su informe de 1995, el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias(4) de la ONU instaba al gobierno malaisio a que revisara su legislación contra el narcotráfico y expresaba una preocupación especial sobre las normas contenidas en la Ley de Drogas Peligrosas que hacían recaer la carga de la prueba en el acusado. El relator especial también expresaba preocupación por el hecho de que en dicha Ley se admiten las pruebas facilitadas por los agentes provocadores —que pueden ser agentes de policía o de aduanas— y se autorizan las recompensas como pago por tales pruebas.


A principios de la década de los noventa, cinco jóvenes filipinos fueron condenados a muerte en virtud de la Ley de Drogas Peligrosas. Basar Jikirie, Assidin Itting, Kullah Lawari, Roger Anang y Rudy Jamjali eran todos menores de 18 años en el momento en que se cometieron sus presuntos delitos. Las normas internacionales de derechos humanos(5) estipulan que no serán condenados a muerte los menores de 18 años en el momento de cometer el delito. En octubre de 1993, la sentencia de muerte de Roger Anang fue conmutada por una pena de cadena perpetua y seis golpes de vara. La sentencia de Basar Jikirie fue conmutada en 1994. Amnistía Internacional desconoce la suerte de los otros tres jóvenes.


En 1993 otro ciudadano filipino, Hassim Escandar, fue condenado por narcotráfico en virtud de la Ley de Drogas Peligrosas. La condena se basó en el presunto hallazgo de dos llaves en su posesión. Las llaves encajaban en el candado de una bolsa que contenía unos cinco kilos de cannabis que se descubrió bajo el asiento del conductor del autobús en el que Hassim Escandar viajaba. Hassim Escandar siempre sostuvo su inocencia, pero en abril de 1993 fue ejecutado en la horca por tráfico de drogas.


Actualmente cinco indonesios están condenados a muerte en Malaisia por delitos que van desde el tráfico de drogas al asesinato. Según informes, a algunos indonesios se les han conmutado sus sentencias por penas de prisión tras la presión ejercida por el gobierno indonesio.

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En los dos últimos años, Amnistía Internacional ha documentado varios casos de conmutaciones de sentencias de muerte por cadenas perpetuas. En la mayoría de estos casos, se rebajaron los cargos en apelación, de tráfico de drogas, para el que es preceptiva la pena de muerte, a posesión de drogas, que no acarrea la pena capital. Según informes, en algunos casos los presos previamente condenados a muerte quedaron en libertad tras la apelación. En julio de 1996, S. Arulpragasan, un conductor de camiones malaisio de 28 años, fue absuelto en apelación al Tribunal Supremo. Había sido condenado a muerte en diciembre de 1992 por el Tribunal Superior de Penang por traficar en un kilo y pico de cannabis. En la apelación, su abogado sostuvo que el juez del caso había «cometido graves errores de derecho» y que la acusación había sido incapaz de demostrar la culpa más allá de cualquier duda razonable.


Amnistía Internacional siente honda preocupación por la posibilidad de que otras personas inocentes condenadas a muerte hayan sido ya ejecutadas o, en el mejor de los casos, hayan pasado años en espera de ejecución antes de quedar absueltas.


FILIPINAS



HECHOS Y CIFRAS MÁS IMPORTANTES




Delitos castigados con la pena capital

La pena de muerte puede imponerse por una amplia variedad de «crímenes atroces»: traición, piratería, soborno, asesinato, infanticidio, secuestro y detención ilegal grave, robo con violencia, incendio provocado, violación, pillaje, algunos delitos relacionados con las drogas, robo de un vehículo con violación o asesinato. Con ciertas circunstancias agravantes, la imposición de la pena de muerte es preceptiva. No puede imponerse a los menores de 18 años ni a los mayores de 70 en el momento de la comisión del delito.



Procedimiento de apelación

Las penas de muerte son automáticamente revisadas por el Tribunal Supremo. Las ejecuciones deben llevarse a cabo no antes de un año ni después de 18 meses a contar desde la confirmación de la sentencia. Los condenados a muerte pueden también presentar una petición de indulto al presidente.



Número de presos condenados a muerte

202 en octubre de 1996. Aproximadamente la mitad de ellos han sido condenados por violación.



Número de ejecuciones llevadas a cabo

52 personas fueron ejecutadas entre 1946, año en que Filipinas alcanzó la independencia, y 1976, cuando tuvo lugar la última ejecución. Se teme que las ejecuciones se reanuden a mediados de 1997.



Método de ejecución

Inyección letal





En la última ejecución llevada a cabo en Filipinas en 1976 se empleó el método de la electrocución. En 1986, cuando la presidenta Corazón Aquino tomó posesión de su cargo tras la «Revolución del poder popular» contra el entonces presidente Ferdinand Marcos, se redactó una nueva constitución que incluía una Declaración de Derechos y preveía la abolición de la pena de muerte. Ese mismo año Filipinas ratificó dos importantes normas internacionales de derechos humanos: la Convención contra la Tortura de la ONU y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). La nueva Constitución y la ratificación de los tratados internacionales marcaban el comienzo de una nueva era de confianza en un mayor respeto a los derechos humanos. Según informes, en el momento de la abolición de la pena de muerte, más de 500 presos estaban condenados a dicha pena y la presidenta Aquino anunció que sus sentencias serían conmutadas por cadena perpetua.


A los seis meses de la abolición, miembros de las fuerzas armadas empezaron a ejercer presión para que se restaurara la pena de muerte. El general Fidel Ramos, entonces jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas filipinas (elegido presidente del país en 1992), se encontraba entre quienes pedían públicamente su restablecimiento.

La alarma general que suscitó el incremento de los delitos graves —especialmente asesinatos, delitos relacionados con las drogas y secuestros para pedir rescates— dio lugar a un intenso debate, tanto en el Congreso filipino como en los medios de comunicación, sobre el restablecimiento de la pena de muerte. Al mismo tiempo, grupos locales de derechos humanos y la Iglesia Católica organizaron una campaña prolongada contra el restablecimiento. La Comisión oficial de Derechos Humanos también expresó su oposición a la pena de muerte declarando que: «La Comisión no está plenamente convencida de que la pena de muerte sea la forma de combatir el incremento de la delincuencia. La respuesta correcta a la delincuencia consiste en hacer cumplir la ley de forma eficaz, administrar justicia con rapidez e imparcialidad y disponer de un sistema penal con capacidad de reacción. La administración de justicia en este país necesita fundamentos más sólidos, lo que no implica la restauración de la pena de muerte, sino la estricta aplicación de las leyes penales y la administración equitativa de la justicia, de acuerdo con las leyes internacionales de derechos humanos» (Traducción no oficial). Pese a los esfuerzos de los grupos abolicionistas, en diciembre de 1993 la pena de muerte fue finalmente restaurada, lo que constituyó un paso hacia atrás en materia de derechos humanos. Sin embargo, desde su restauración no se ha registrado ningún descenso en los índices de criminalidad.


Desde 1994, más de 200 personas, entre ellas tres mujeres, han sido condenadas a muerte. Aproximadamente la mitad de los sentenciados lo han sido por violación. El número de nuevas sentencias se incrementó de forma constante hasta alcanzar una media de 12 condenas mensuales en los seis primeros meses de 1996. A los condenados a muerte se les mantiene recluidos en condiciones de extremo hacinamiento en la Penitenciaría Nacional de la Manila metropolitana. A las condenadas se las recluye en una prisión aparte para mujeres, también en la Manila metropolitana. Al parecer, todos los presos en espera de ejecución son de nacionalidad filipina, salvo un ciudadano japonés, Hideshi Suzuki, que fue sentenciado a esta pena en diciembre de 1994 por posesión de 1,9 kilos de marihuana. Hideshi Suzuki ha asegurado que es inocente. A Amnistía Internacional le preocupa que este juicio pueda verse empañado por el hecho de que el acusado no habla ni lee el inglés. Se cree que se le interrogó sin intérprete y se le exigió firmar documentos que no entendía.


Un estudio reciente sobre los condenados a la pena de muerte realizado por el Grupo de Asistencia Letrada Gratuita (GALG) —destacada asociación filipina de abogados especializados en derechos humanos— muestra que en Filipinas la pena de muerte se ha aplicado frecuentemente a personas que carecen de medios económicos y de formación. Además, según señala el estudio, el inglés es el idioma de los tribunales filipinos, por lo que es dudoso que las personas acusadas de delitos punibles con la pena capital, que no se hayan beneficiado de una formación adecuada, entiendan los procedimientos interpuestos contra ellos. El GALG expresaba también su preocupación por el hecho de que a menudo los juicios se ven empañados debido a que, generalmente, los económicamente desfavorecidos no pueden costearse los servicios de un abogado con experiencia.


En 1989, en medio del debate sobre la restauración de la pena de muerte, Amnistía Internacional publicó un informe(6) en el que examinaba de qué manera se aplicaba la pena de muerte antes de su abolición. El informe documentaba casos de personas inocentes condenadas a muerte, muchas de las cuales pasaron más de 10 años esperando el resultado de las apelaciones antes de ser absueltas por el Tribunal Supremo. En un caso ocurrido en 1976, se detuvo la ejecución de un hombre inocente, Felipe Santos, sólo cinco minutos antes de que se le llevara a la silla eléctrica. El informe revelaba también el alto índice de personas condenadas a muerte en virtud de «confesiones» forzadas o de otros testimonios obtenidos bajo coacción. A Amnistía Internacional le sigue preocupando el hecho de que personas inocentes sigan corriendo un alto riesgo de ser condenadas a muerte.


En marzo de 1996, el presidente Ramos firmó la Ley 8177 de la República, que estipula la ejecución mediante inyección letal. Los partidarios de la inyección letal en Filipinas aseguran que es el método más económico y «humano» de ejecución. Se ha encargado al Departamento de Justicia la construcción de una cámara de ejecuciones.

En junio de 1996, el Tribunal Supremo confirmó la sentencia de muerte impuesta a Leo Pilo Echegaray. Esta fue la primera sentencia de muerte que se confirmaba tras la restauración de la pena capital. Leo Pilo Echegaray, pintor de casas de 35 años, había sido condenado en 1994 por la violación de su hijastra. Su abogado y el GALG interpusieron recursos de apelación en los que argumentaban, entre otras cosas, que la equidad de su juicio se había visto empañada por la presunta falta de imparcialidad del juez. Éste ha alcanzado notoriedad en Filipinas por fundar una organización conocida como el «Club de la guillotina», cuyos miembros, según los informes, son todos ellos jueces que han impuesto sentencias de muerte. A los afiliados de esta organización se les considera firmes partidarios de la pena de muerte. El GALG sostiene, además, que la pena de muerte es un castigo excesivo y desproporcionado para la violación y otros delitos que no producen la muerte de la víctima.


Hasta la fecha el Tribunal Supremo ha visto varias causas, tras lo cual ha conmutado al menos dos sentencias de muerte por cadena perpetua y remitido varios casos de vuelta a los tribunales inferiores para que se repitan los juicios. En un caso, el Tribunal Supremo absolvió a un hombre condenado por violación, decretando que la acusación no había sido capaz de demostrar la culpa más allá de cualquier duda razonable. Por lo que Amnistía Internacional sabe, no se han confirmado otras sentencias de muerte.


Amnistía Internacional teme que la primera ejecución se lleve a cabo a mediados de 1997.



SINGAPUR



HECHOS Y CIFRAS MÁS IMPORTANTES




Delitos castigados con la pena capital

Singapur prevé la pena de muerte discrecional para siete delitos distintos, y la pena de muerte preceptiva para el asesinato, la traición, algunos delitos con armas de fuego y el tráfico con determinadas drogas. Los mayores de 18 años a los que se les descubra en posesión de más de 15 gramos de heroína, 30 gramos de morfina o cocaína, ó 500 gramos de cannabis son considerados, a menos que se demuestre lo contrario, traficantes de esa droga y se enfrentan a la pena de muerte preceptiva.



Procedimiento de apelación

Las apelaciones pueden presentarse al Tribunal Penal de Apelación. Los condenados a muerte pueden también presentar una petición de indulto al presidente, pero es extremadamente infrecuente que ésta se conceda.



Número de presos condenados a muerte

Se desconoce. Amnistía Internacional sabe de al menos 34 sentencias de muerte impuestas en 1995, y al menos 16 en 1996. Sin embargo, es probable que las cifras reales sean muy superiores, ya que muchas condenas de muerte no se hacen públicas.



Número de ejecuciones llevadas a cabo

Amnistía Internacional sabe de al menos 50 ejecuciones llevadas a cabo en 1995, y al menos 32 en 1996. Sin embargo, la organización teme que las cifras reales sean muy superiores, ya que muchas ejecuciones no se hacen públicas. Según el Ministerio de Información, en 1994 se ejecutaron a 76 personas.



Método de ejecución

Ahorcamiento




Amnistía Internacional siente honda preocupación por el persistente alto índice de ejecuciones en Singapur, especialmente en vista de que esta pequeña ciudad-Estado tiene una población de sólo tres millones de habitantes.


En los últimos años ha habido un fuerte incremento del número de ejecuciones. Desde 1994, bastantes más de 150 personas, entre ellas muchos extranjeros, han sido ejecutadas, la mayoría por delitos relacionados con las drogas. Se teme que el número total sea mucho más alto, ya que muchas ejecuciones no se hacen públicas.


La pena de muerte se aplicaba en Singapur durante el periodo colonial y se mantuvo después de que el país se convirtió en república independiente, en agosto de 1965. El Código Penal de Singapur preveía la pena de muerte discrecional para siete delitos distintos y la pena de muerte preceptiva para el asesinato y los delitos contra la persona del presidente. Sin embargo, en 1975 se enmendó la Ley sobre el Abuso de Drogas, aprobada dos años antes, para incorporar la pena de muerte preceptiva para las personas condenadas por importar, exportar o traficar con determinadas cantidades de drogas (véase el cuadro anterior). Además, según la Sección 15 de la Ley: «De las personas de quienes se demuestre o sospeche haber estado en posesión» de las cantidades de droga antes mencionadas, «se presumirá, en tanto no se demuestre lo contrario, que han estado en posesión de dichos estupefacientes con el fin de traficar con ellos».

Posteriormente, se enmendó también la Ley de Delitos con Armas para imponer la pena de muerte a quien sea declarado culpable de utilizar armas de fuego o explosivos durante la comisión de un delito, y a los cómplices de tales delitos, aun cuando el delito no produzca ninguna muerte. En 1993 se enmendó la Ley de Delitos con Armas, de forma que la acusación ya no tiene que demostrar la existencia de intención de causar daños a las personas o a los bienes. A cualquiera que utilice o trate de utilizar armas durante la comisión de un delito, y cualquier cómplice presente en el lugar de los hechos que «no tome todas las medidas razonables para impedir» su uso, se les considera reos de daño intencional, a menos que se pueda demostrar lo contrario y, por lo tanto, corren peligro de ser condenados a muerte.


La tendencia a extender el ámbito de aplicación de la pena de muerte a nuevos delitos antes no considerados punibles con la pena capital en Singapur no es congruente con la determinación de la Asamblea General de las Naciones Unidas de que el principal objetivo en el campo del castigo capital es la reducción del número de delitos que acarrean la pena de muerte, con vistas a su abolición. A Amnistía Internacional le preocupa especialmente la extensión de la aplicación de la pena de muerte preceptiva —al suprimir el derecho de los jueces a diferenciar entre los distintos casos y a considerar las circunstancias atenuantes, las condenas de muerte preceptivas niegan a los acusados la protección equitativa de la ley.


Muchos de los ejecutados eran extranjeros, entre ellos personas de otros países de la ANSEA. Tres trabajadores malaisios, Muhammad Hazani Ghani, Zulkifli Awang Kachik y Pauzi Abdul Kadir, fueron ejecutados en la horca por narcotráfico, en la Prisión de Changi la madrugada del 20 de septiembre de 1996.

Pese a la aplicación preceptiva de la pena de muerte para los condenados por narcotráfico, la drogadicción se ha incrementado en Singapur. Según informes, en octubre de 1994, el ministro de Interior declaró que entre diciembre de 1990 y diciembre de 1993 el total de la población adicta en los cinco centros de rehabilitación de Singapur había llegado a 7.400 personas, lo que suponía un aumento del 30 por ciento. Según Ho Peng Kee, alto secretario parlamentario para Asuntos Legislativos e Internos, en 1994 la media de población diaria en los centros de rehabilitación alcanzó la marca de 8.700 personas. Además, debido a que la posesión de determinadas cantidades de droga se considera legalmente como tráfico de drogas, a menos que se demuestre lo contrario, a menudo se ejecuta a los drogadictos, mientras los responsables del delito de narcotráfico se pasean libres.


El 29 de septiembre de 1995, la ciudadana tailandesa Navarat Maykha fue ejecutada tras ser declarada culpable de narcotráfico. Esta madre de dos niños, de 32 años y escasa cultura, aseguró que un conocido suyo nigeriano le había engañado en Bangkok para que transportara drogas. Según los informes, él le había dicho que trabajaba en el sector de la confección y le convenció para que llevara a Singapur lo que ella pensaba que no era más que una bolsa con ropa. Fue arrestada en el Aeropuerto de Changi cuando las autoridades descubrieron que había 3,2 kilos de heroína ocultos en el forro de la bolsa. Navarat Maykha siguió sosteniendo que era inocente, incluso después de que su petición de indulto fue rechazada por el presidente de Singapur.


El 15 de marzo de 1996, los trabajadores emigrantes tailandeses Prawit Yaowbutr, Manit Wangjaisuk, Panya Marmontree, Prasong Bunsom y Panya Amphawa fueron ejecutados en la horca al amanecer tras ser condenados por el asesinato de dos ciudadanos indios y un ciudadano birmano. La policía de Singapur declaró que aquéllos formaban parte de una banda que había cometido robos en distintos centros de trabajo.


Las peticiones de indulto hechas por grupos tailandeses no gubernamentales y las protestas presentadas por las autoridades tailandesas no pudieron detener las ejecuciones. Aunque se recaudaron fondos en Tailandia para que las familias de los condenados pudieran viajar a Singapur, los ahorcamientos se produjeron antes de que llegaran los familiares de los tres hombres.

En 1995, el relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias citó a Singapur como uno de los 19 países sobre los que se habían recibido informes de penas de muerte impuestas a acusados que no se beneficiaban plenamente de los derechos y garantías para la celebración de un juicio justo que estipulan las normas internacionales(7). A Amnistía Internacional le preocupa que la pena de muerte en Singapur y en otros países se impone a menudo a personas con escasos recursos para su defensa, a aquéllos cuya posición social o condición de emigrantes les hace vulnerables a condenas injustas. Además, existe un riesgo considerable de que el afán de «eficacia» judicial por parte del gobierno de Singapur, a costa de vulnerar las normas internacionalmente aceptadas sobre el derecho a un juicio con las debidas garantías y la aplicación de la pena de muerte, dé lugar a fallos injustos con una frecuencia todavía mayor.




TAILANDIA



HECHOS Y CIFRAS MÁS IMPORTANTES




Delitos castigados con la pena capital

La pena de muerte es preceptiva para: asesinato premeditado, asesinato de autoridades gubernamentales en el ejercicio de sus funciones y regicidio, producción, importación o exportación de heroína.

Es discrecional para: robo, violación, secuestro, incendio provocado y atentado con bomba con resultado de muerte, insurrección, traición y espionaje, posesión de más de 100 gramos de heroína, secuestro aéreo.



Procedimiento de apelación

Los presos sentenciados a muerte por tribunales penales tienen derecho a apelar al Tribunal de Apelaciones y después al Tribunal Supremo. Los presos sentenciados a muerte por tribunales militares no tienen derecho a apelar. Una vez agotadas todas las fases de la apelación, a los presos condenados a muerte se les conceden 60 días para pedir la conmutación al rey. El Ministerio de Interior hace una recomendación sobre la solicitud.



Número de presos condenados a muerte

Alrededor de 100



Número de ejecuciones llevadas a cabo

Una persona ha sido ejecutada desde 1987.



Método de ejecución

Fusilamiento




En la primera ejecución que se llevaba a cabo en los últimos nueve años, Prommas Leamsai, de 38 años, fue ejecutado el 28 de enero de 1996 por un pelotón de fusilamiento en la Prisión de Máxima Seguridad de Bangkwang, cerca de Bangkok, la capital. Según informes, había sido condenado por el asesinato de un policía en los años ochenta. Su ejecución se produjo en el mayor secreto. Según una declaración del Ministerio de Interior, se consideraba que Prommas no podía ser rehabilitado. En esa declaración se añadía que se le dio muerte a modo de ejemplo para otros delincuentes. A Amnistía Internacional le preocupa el hecho de que la reanudación de las ejecuciones después de nueve años sienta un precedente muy negativo en Tailandia.


Es difícil conseguir información sobre la pena de muerte en Tailandia porque generalmente no se informa de las condenas capitales. A muchos presos condenados a muerte se les ha concedido la conmutación a través del Indulto Real. En julio de 1996, a unas 120 personas condenadas a muerte se les conmutaron sus sentencias por penas de cadena perpetua, gracias a un Indulto Real concedido en honor al 50 aniversario del actual reinado. Sin embargo, el Indulto Real no incluyó a las personas condenadas por narcotráfico. Durante 1996 se impusieron al menos tres sentencias de muerte.


REPÚBLICA SOCIALISTA DE VIETNAM



HECHOS Y CIFRAS MÁS IMPORTANTES




Delitos castigados con la pena capital

La pena de muerte se aplica a una amplia variedad de delitos. En total son 34 los artículos del Código Penal que prevén la pena de muerte como castigo opcional. Éstos abarcan desde delitos como la violación y el asesinato, y otros calificados como «grave atentado contra la seguridad nacional», entre ellos espionaje, terrorismo, rebelión e intento de fuga de una cárcel. Otro tipo de delitos son los que atentan contra la «propiedad socialista», como malversación, desfalco y daños a la propiedad estatal, y los «delitos económicos», como la fabricación y venta de productos falsificados. La fabricación y tráfico de narcóticos pasó a ser punible con la pena capital en diciembre de 1992.



Procedimiento de apelación

A los acusados condenados a muerte en primera instancia se les concede el derecho a apelar al Tribunal Supremo Popular que, junto con el fiscal general, deberá decidir sobre el caso en el plazo de dos meses. Si se confirma la sentencia, los acusados tienen derecho a pedir el indulto presidencial; esta apelación debe presentarse en el plazo de siete días.



Número de presos condenados a muerte

En noviembre de 1996, el Tribunal Supremo Popular anunció que durante los primeros nueve meses del año, 81 personas habían sido condenadas a muerte. Según datos oficiales, un total de 104 personas fueron condenadas a muerte en 1995.



Número de ejecuciones llevadas a cabo

No se dispone de datos oficiales sobre el número de ejecuciones llevadas a cabo. En 1995, Amnistía Internacional tuvo conocimiento de 11 ejecuciones, pero una delegación australiana que visitó Vietnam en abril de 1995 se enteró a través de un funcionario del Tribunal Supremo que en 1994 se habían ejecutado a 90 personas. Amnistía Internacional no puede confirmar esta cifra, pero teme que la mayoría de las 104 personas condenadas a muerte en 1995 hayan sido ya ejecutadas.



Método de ejecución

Pelotón de fusilamiento




En Vietnam la pena de muerte puede imponerse por una amplia variedad de delitos, entre ellos los llamados «delitos económicos», como el fraude y la malversación de los bienes del Estado. En los dos últimos años, Amnistía Internacional ha recibido con preocupación los informes sobre el uso creciente del castigo capital y las declaraciones de las autoridades pidiendo la imposición de la pena de muerte a personas declaradas culpables de corrupción. En abril de 1996, Phung Thi Tho, una mujer de 34 años, fue condenada a muerte por la obtención fraudulenta de 320.000 dólares estadounidenses. Según informes publicados en la prensa, ésta era la primera vez que se imponía la pena de muerte por fraude. Ese mismo año, se informó de un segundo caso similar.


Durante muchos años las ejecuciones no se hacían públicas y se desconocía la suerte de los condenados a muerte. Desde 1995, las autoridades vietnamitas publican los nombres de algunos criminales convictos que han sido ejecutados. Sin embargo, se cree que la cifra que se hace pública es sólo un porcentaje pequeño de todas las ejecuciones que se llevan a cabo.


Desde hace tiempo a Amnistía Internacional le preocupa que los acusados en Vietnam puedan correr el riesgo de no ser juzgados con las debidas garantías. Esta preocupación es aún mayor cuando se aplica la pena de muerte y, por lo tanto, el riesgo de equivocación es irreversible. A menudo a los acusados no se les asigna un defensor hasta justo antes de que el caso sea llevado a juicio, lo que no deja suficiente tiempo para preparar la defensa. A los defensores no se les permite comunicarse con sus clientes durante la vista judicial ni tampoco llamar e interrogar a testigos para que declaren en favor o en contra del acusado. En muchos casos, la única función del abogado defensor parece ser la de pedir clemencia en nombre de su cliente.


Actualmente existe una campaña contra los «males sociales» en Vietnam, que incluye la adopción de medidas enérgicas contra los delitos relacionados con las drogas. Es probable que las personas arrestadas en relación con esta campaña se vean enfrentadas a la pena de muerte. Amnistía Internacional no tiene información sobre el trato que se dispensa a los presos condenados a muerte en Vietnam. En abril la organización recibió informes según los cuales Duong The Tung, un hombre de 19 años condenado a muerte por el asesinato de un policía, había sido torturado por la policía con porras eléctricas en la antesala de un juzgado mientras esperaba que se pronunciara la sentencia. En octubre de 1996 Amnistía Internacional escribió al gobierno vietnamita para pedirle información sobre la suerte y el paradero de Duong The Tung.


INTERNO (Sólo para miembros de AI) Índice AI: ASA 03/01/97/s

Distr: SC/CO/DP/GR

Amnistía Internacional

Secretariado Internacional

1 Easton Street

Londres WC1X 8DJ

Reino Unido







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CONTRA CORRIENTE: LA PENA DE MUERTE EN EL SUDESTE ASIÁTICO







ACCIONES RECOMENDADAS


Asegúrense de que todas las personas pertinentes de la Sección reciben una copia de este documento y de que se archiva debidamente para futuras consultas. Distribúyanlo también entre los encargados de prensa de su Sección.



DISTRIBUCIÓN POR EL SI


Este documento ha sido enviado directamente por el SI a: coordinadores y Grupos de Pena de Muerte, coordinadores de los países del sudeste asiático, coordinadores y Grupos SEAMRAN y PIRAN. El documento se acompaña de una Acción de Pena de Muerte (Índice AI: ASA 03/06/96/s).


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(1) ANSEA —la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático— se constituyó en 1967 con tres objetivos principales: (1) promover el desarrollo económico, cultural y social de la región, (2) salvaguardar la paz y estabilidad de la región y (3) servir de foro para resolver las diferencias interregionales. Los cinco miembros originales son Indonesia, Malaisia, Filipinas, Singapur y Tailandia. Brunei Darussalam se incorporó al alcanzar la independencia en 1984, y Vietnam se convirtió en el séptimo miembro en julio de 1995.

(2) Roger Hood, The Death Penalty: A World-widePerspective, Oxford, Clarendon Press, 1996, página 238.

(3) Informe publicado en el periódico malaisio Starel 23 de mayo de 1996.

(4) E/CN.4/1995/61

(5) Salvaguardias adoptadas por el Consejo Económico y Social de la ONU y ratificadas por la Asamblea General de la ONU en 1984 mediante la Resolución 39/118.

(6) Véase Philippines: Case studies in the use of the death penalty, Índice AI: ASA 35/08/89.

(7) Consejo Económico y Social de la ONU, E/CN.4/195/61, párrafo 376

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