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Amnistía Internacional

Estados Unidos: Rompiendo con un hábito letal

Un repaso a la pena de muerte en 2007

21 de diciembre de 2007

Índice AI: AMR 51/197/2007

Un 11 de diciembre, en Nueva Jersey, Saverio DiGiovanni fue sujetado a la silla de eléctrica y se convirtió en el primer preso ejecutado mediante electrocución en el estado.

Eso fue en 1907. Cien años después, el 17 de diciembre de 2007, el gobernador Jon Corzine firmó la ley que abolía la pena de muerte en Nueva Jersey. Al hacerlo, citó las palabras pronunciadas por Martin Luther King en su discurso de aceptación del Premio Nobel de la Paz, en 1964: “El hombre debe desarrollar para todos los conflictos humanos un método que rechace la venganza, la agresión y la represalia”. El gobernador Corzine afirmó que, al abolir la pena de muerte, el estado de “Nueva Jersey está evolucionando de verdad”. Según él, el estado estaba rechazando un castigo que entraña el riesgo ineludible de cometer un error irrevocable, tiene un poder disuasorio nulo o insignificante, agrava el sufrimiento de las familias de las víctimas de asesinato debido a los procedimientos necesariamente prolongados, cuesta al estado más dinero que el encarcelamiento y es cruel, con independencia del método de ejecución que se elija para matar al condenado.

El año 2007 comenzó con la publicación del informe final de la Comisión de Estudio sobre la Pena de Muerte en Nueva Jersey –creada por la asamblea legislativa del estado en 2006 para estudiar todos los aspectos de la pena capital en Nueva Jersey–, en el que se recomendaba su abolición.¹El legislativo de Nueva Jersey abordó la cuestión y el 10 de diciembre de 2007, Día de los Derechos Humanos, el Senado votó la aprobación del proyecto de ley abolicionista por 21 votos a favor y 16 en contra; tres días más tarde, la Asamblea General hizo lo mismo por 44 votos a favor y 36 en contra. Además de rubricar la ley, el gobernador Corzine conmutó las penas de muerte de los ocho hombres que esperaban su ejecución en Nueva Jersey.

De este modo, Nueva Jersey se convierte en el primer estado que promulga una ley para abolir la pena de muerte en Estados Unidos desde 1965. Y aunque nadie espera un efecto dominó inmediato en el resto de los estados que retienen la pena de muerte, este hecho forma parte del cuestionamiento más amplio de la fiabilidad, necesidad, justicia y humanidad de la pena capital que está teniendo lugar en Estados Unidos.

Con la decisión de Nueva Jersey, el número total de estados abolicionistas en Estados Unidos se eleva a 14. Nueva York se había convertido en el décimo tercer estado abolicionista en octubre de 2007, cuando su corte suprema de justicia se negó a hacer una excepción a su fallo de 2004 en el que había declarado anticonstitucional la ley del estado sobre la pena de muerte. El estado había recurrido ese fallo en el caso de la última persona que quedaba en el corredor de la muerte del estado de Nueva York.

Entre las noticias menos halagüeñas, en 2007 Dakota del Sur llevó a cabo su primera ejecución desde abril de 1947. Elijah Page fue ejecutado el 11 de julio por un asesinato cometido en 2000, cuando tenía 18 años. Elijah Page venía de una infancia de privaciones y abusos. Había renunciado a sus apelaciones y se convirtió en uno de los cinco presos denominados “voluntarios” que han sido ejecutados durante el año.²Su ejecución significó que 34 estados y el gobierno federal habían llevado a cabo al menos una ejecución respectivamente desde que en Estados Unidos se reanudaron las ejecuciones judiciales en 1977. Dakota del Sur fue uno de los 10 estados que llevaron a cabo ejecuciones durante 2007.

Sin embargo, la cifra total de ejecuciones en Estados Unidos durante 2007 (42) supone 11 ejecuciones menos que en 2006, menos de la mitad que en 1999 y representa la tasa anual de muertes judiciales más baja desde 1994. Ello se debe en parte a la aparente suspensión de las ejecuciones por inyección letal que está en vigor desde finales de septiembre, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos accedió, en la causa Baze v. Kentucky, a examinar un recurso presentado en virtud de la prohibición de los castigos “crueles e inusuales” recogida en la Octava Enmienda a la Constitución de Estados Unidos, contra el protocolo de inyección letal de tres sustancias químicas utilizado en las ejecuciones en Kentucky y en la mayoría de los estados que emplean el método de la inyección letal.³La Corte oirá los alegatos del caso el 7 de enero de 2008 y se espera que emita sentencia antes de que termine el mes de junio.

Kentucky también fue el escenario de una conmutación reciente en un caso de pena capital. Horas antes de dejar su cargo, el 11 de diciembre de 2007, el gobernador Ernie Fletcher conmutó la pena de muerte de Jeffrey Leonard por la de cadena perpetua al considerar que la representación letrada de Leonard en el juicio había sido totalmente inadecuada. De hecho, el abogado defensor ni siquiera conocía el nombre de su cliente y no presentó al jurado pruebas atenuantes de peso en favor del acusado.⁴En el estado vecino de Tennessee, el gobernador Phil Bredesen adujo razones similares para conmutar la pena de muerte de Michael Boyd por la de cadena perpetua el 14 de septiembre de 2007, cinco semanas antes de la fecha prevista para su ejecución, aunque esta vez la “representación letrada extremadamente inadecuada” en el caso se había producido después de la sentencia condenatoria.

A lo largo de 2007, en Texas se llevaron a cabo 26 de las 42 ejecuciones que tuvieron lugar en Estados Unidos, lo cual constituye un indicador ya familiar del sesgo geográfico de la pena de muerte en este país. De las 1.099 ejecuciones que se han llevado a cabo en Estados Unidos desde 1977, 405 se han producido en Texas. Entre las personas ejecutadas en Texas durante el año se encontraba Joseph Nichols, condenado a muerte por el asesinato de Claude Shaffer en 1980. La otra persona acusada con él, Willie Williams, que fue juzgado en primer lugar, se había declarado culpable en su juicio celebrado en enero de 1981, y fue ejecutado en 1995. Durante el juicio, el fiscal afirmó ante el jurado: “Willie Williams es el individuo que disparó y mató a Claude Shaffer. Eso es todo. Es científico. Es coherente. Es completo. Es definitivo, y hay pruebas que lo confirman […] Sólo hay una bala que pudiera hacerlo, y es la de Willie Williams”. En el juicio de Joseph Nichols, en julio de 1981, la fiscalía alegó que, con independencia del hecho de que Williams realizase el disparo mortal, Nichols era culpable en virtud de la “ley de partes” de 1974 vigente en Texas, que abole la distinción entre autor principal y cómplice en un delito, permitiendo que ambos sean declarados igualmente culpables. El jurado no logró ponerse de acuerdo sobre la pena. Después del juicio, la fiscalía entrevistó a algunos de los miembros del jurado y supo que no habían llegado a un acuerdo sobre la pena de muerte debido a sus dudas acerca de si Nichols había realizado el disparo que causó la muerte de Shaffer. Joseph Nichols fue juzgado de nuevo a principios de 1982 por el mismo fiscal. Esta vez la acusación sostuvo que Nichols había realizado el disparo mortal. El fiscal alegó que “Willie no pudo disparar [a Shaffer] [...] [Nichols] disparó la bala mortal y mató al hombre a sangre fría, y debe responder por ello”. El jurado votó a favor de una condena de muerte. Aunque en 1992 un juez federal resolvió que la fiscalía había presentado pruebas falsas al cambiar su argumento, y añadió que “Williams y Nichols no pueden ser ambos culpables de haber disparado la misma bala, porque la física no lo permite”, su decisión fue anulada y Joseph Nichols fue ejecutado el 7 de marzo de 2007.

Sin embargo, incluso en Texas el ejecutivo conmutó una pena capital en 2007. El gobernador Rick Perry conmutó la pena de muerte a la que había sido condenado Kenneth Foster por la de cadena perpetua el 30 de agosto, unas horas antes de la ejecución. Lo habían condenado a muerte por el asesinato de Michael LaHood. Mauriceo Brown, el hombre que disparó realmente a LaHood, había sido ejecutado en 2006. Kenneth Foster, que se encontraba en el interior de un vehículo a unos 30 metros del lugar del crimen cuando se cometió, fue condenado en virtud de la ley de partes. Kenneth Foster sostiene que ignoraba que Brown se disponía a robar o a matar a Michael LaHood. El 30 de agosto de 2007, la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas anunció que había decidido, por seis votos a favor y uno en contra, recomendar al gobernador la conmutación de la pena de muerte de Kenneth Foster. Poco después, el gobernador Perry anunció que había aceptado la recomendación. Desde 2001, año en que el gobernador Perry ocupó el cargo, en el estado se han llevado a cabo 166 ejecuciones. Aunque ha conmutado las penas de muerte de varios presos de Texas protegidos por fallos de la Corte Suprema de Estados Unidos que prohíben la ejecución de personas que cometieron los delitos cuando eran menores de edad y de personas que sufren algún retraso mental, ésta era la primera vez que conmutaba la pena de muerte de un preso que se enfrentaba a una ejecución inminente. De hecho, en 2004 había rechazado una recomendación de la Junta de Indultos y Libertad Condicional de conmutar la pena de muerte de Kelsey Patterson, que sufría una grave enfermedad mental. Patterson fue ejecutado pocas horas después.

No obstante, en 2007 se impidió que Texas ejecutase a otro preso condenado a muerte que padecía una grave enfermedad mental. En una resolución adoptada el 28 de junio por cinco votos a favor y cuatro en contra, la Corte Suprema de Estados Unidos bloqueó la ejecución de Scott Panetti.⁵Esta importante resolución concluía que Texas no había proporcionado a Scott Panetti un juicio adecuado y que la Corte de Apelaciones federal para el Quinto Circuito había utilizado una interpretación “defectuosa” y “demasiado restrictiva” del fallo de la Corte Suprema en la causa Ford v. Wainwright emitido en 1986. Esta última decisión afirmaba que la ejecución de un preso con las facultades mentales perturbadas es anticonstitucional. El fallo en el caso Panetti tiene el potencial de proporcionar protección adicional a los presos condenados que padezcan una enfermedad mental grave, una protección que, con arreglo al fallo Ford, ha resultado ser mínima.⁶

Los cinco magistrados que votaron afirmativamente en el caso Panetti hicieron notar que “el sumario contiene gran cantidad de datos que avalan la conclusión de que [Panetti] sufre graves delirios”. Sin embargo, también se reconocía que “un concepto como el de entendimiento racional es difícil de definir”. En el fallo Ford, dos décadas antes, cuatro de los magistrados habían hecho notar de un modo similar que, aunque “es mucho lo que está en juego”, las pruebas para determinar si un preso es apto o no para la ejecución “siempre serán imprecisas”. En otras palabras, siempre habrá errores o incoherencias, al menos marginales. Cualquier arbitrariedad en la aplicación de la pena de muerte debería repugnar a todos, incluidos aquellos que no se oponen a este castigo por principio. En definitiva, como Nueva Jersey acaba de concluir, sólo existe una solución: la abolición.

Como afirmó el gobernador de Nueva Jersey, Jon Corzine, al rubricar la ley abolicionista, “el gobierno no puede garantizar una pena de muerte a toda prueba que excluya la posibilidad de ejecutar a un inocente”. En los últimos años, las sentencias condenatorias erróneas en casos de pena capital han llamado la atención de la opinión pública, y pueden ser una de las razones por las que el apoyo público a la pena de muerte se ha debilitado en Estados Unidos. Durante años, varios presos han sido enviados a la muerte a pesar de que existían serias dudas acerca de su culpabilidad. Otro caso similar ocurrido en 2007 fue el de Philip Workman, que fue ejecutado en Tennessee el 9 de mayo, a pesar de que existían pruebas convincentes de que uno de los testigos principales de la acusación mintió en el juicio y de que el agente de policía de cuya muerte se le acusó podía haber recibido el disparo accidentalmente de un compañero.

El 16 de julio, la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Georgia suspendió la ejecución del preso condenado a muerte Troy Davis, menos de 24 horas antes del momento fijado para ella. Troy Davis llevaba más de 15 años condenado a muerte por el asesinato de un agente de policía, un crimen que él siempre negó haber cometido. No existían pruebas materiales contra él y el arma utilizada en el crimen nunca se encontró. La acusación se había basado por entero en el testimonio de los testigos, la mayoría de los cuales posteriormente se retractaron de sus declaraciones. El 3 de agosto, la Corte Suprema de Georgia concedió una apelación extraordinaria y accedió a escuchar los argumentos de este caso en favor de la celebración de un nuevo juicio. En noviembre oyó los alegatos y aún no ha emitido su decisión.⁷

Desde 1975, más de 120 personas que estaban en espera de ejecución han quedado en libertad al demostrarse su inocencia. En 2007 se añadieron algunos casos. Curtis Edward McCarty, que llevaba 21 años en espera de ejecución en Oklahoma, quedó en libertad el 11 de mayo, tras ordenar un juez federal la desestimación de los cargos. Pruebas de ADN ayudaron a exonerarlo, y el juez falló que los argumentos en contra de Curtis Edward McCarty estaban contaminados por el testimonio cuestionable de un ex químico de la policía. En diciembre de 2007, Michael McCormick fue absuelto en un segundo juicio celebrado por un asesinato por el que había pasado 16 años condenado a muerte en Tennessee. También en diciembre, la fiscalía desestimó todos los cargos contra Jonathon Hoffman en el crimen por el que había pasado casi una década en el “corredor de la muerte” en Carolina del Norte. En 2004 se le había concedido un segundo juicio tras alegarse irregularidades por parte de la fiscalía y que la defensa no había tenido acceso a pruebas cruciales.

Jonathon Hoffman es de raza negra. La víctima del asesinato en el caso era de raza blanca, y Hoffman fue condenado a muerte por un jurado cuyos miembros eran todos de raza blanca. Los estudios han mostrado sistemáticamente que la raza juega un papel en la pena de muerte en Estados Unidos.⁸ En 2007 aparecieron nuevas pruebas de ello. Una investigación acerca de la pena de muerte en Georgia llevada a cabo por el diario Atlanta Journal-Constitution, por ejemplo, concluyó que había dos veces más probabilidades de que los fiscales pidiesen la pena de muerte en casos donde la víctima era de raza blanca que cuando la víctima era de raza negra. El estudio también encontró que en el periodo comprendido entre 1995 y 2004, la probabilidad de que los fiscales pidiesen la pena de muerte cuando el atracador armado había matado a una persona de raza blanca era seis veces mayor que cuando la víctima era de raza negra.⁹ Un estudio académico también publicado en 2007 concluyó que “las personas de raza negra declaradas culpables de haber matado a personas de raza blanca tienen más probabilidades de ser ejecutadas que otros delincuentes condenados a muerte”. El estudio concluía que “a pesar de los esfuerzos por superar un desgraciado pasado racista, es obvio que todavía quedan residuos de esta fortísima discriminación, al menos al adoptar la decisión más crítica desde el punto de vista moral en relación con el castigo de un delito […] En el proceso posterior a la imposición de la pena capital se sigue otorgando más valor a las vidas de las personas de raza blanca”.¹⁰

Una cuarta parte de los presos ejecutados en 2007 eran personas de raza negra declaradas culpables de haber matado a personas de raza blanca. Hasta la fecha, más de 220 negros han sido ejecutados por matar a blancos, más de 10 veces el número de blancos condenados por matar a personas de raza negra. Aunque en Estados Unidos la proporción de blancos y negros entre las víctimas de asesinato es casi idéntica, el 80 por ciento de las personas ejecutadas desde 1977 habían sido declaradas culpables de matar a personas de raza blanca. La cifra en 2007 era coherente con esta tendencia: el 71 por ciento de las personas ejecutadas durante el año habían sido declaradas culpables de matar al menos a una persona de raza blanca.

En junio de 2007, la Corte Suprema de Estados Unidos aceptó ver el caso de un afroamericano en el “corredor de la muerte”, Allen Snyder, que había sido condenado a muerte en Luisiana por un jurado compuesto íntegramente por personas de raza blanca, seleccionadas después de que el fiscal recusase perentoriamente a los cinco miembros afroamericanos del jurado. El juicio tuvo lugar en 1996, un año después de la celebración en California del polémico proceso contra O.J. Simpson por el asesinato de su ex esposa, que tanta división por motivos raciales suscitó. El fiscal en el caso de Snyder alegó ante el jurado integrado por personas de raza blanca que el caso era “muy, muy, muy similar” al juicio de O.J. Simpson, en el que éste “se había salido con la suya”. Esta alusión al caso de Simpson fue calificada por un magistrado de la Corte Suprema de Luisiana como “totalmente irrelevante” y “enormemente perjudicial” para el caso de Snyder. La absolución de Simpson había sido abrumadoramente impopular entre la población de raza blanca, según las encuestas de opinión. Sin embargo, el tribunal de Luisiana mantuvo la pena de muerte. El 4 de diciembre de 2007, la Corte Suprema de Estados Unidos oyó los alegatos en relación con la presunta discriminación racial en la selección de los miembros del jurado en el juicio de Allen Snyder y con las referencias al caso de O.J. Simpson, que pretendían despertar los prejuicios racistas. La sentencia se espera en la primera mitad de 2008.

Diversas investigaciones muestran que los miembros del jurado que están conformes con la pena capital en Estados Unidos son más favorables a la acusación que los que, en virtud de la legislación estadounidense, están excluidos del servicio judicial en casos de pena capital debido a su oposición a la pena de muerte.¹¹Sin embargo, incluso estos jurados “cualificados para imponer la pena de muerte” aparentemente se muestran más reacios a imponer penas de muerte que en el pasado. La cifra anual de condenas a muerte sigue bajando tras alcanzar su máximo a mediados de los años noventa.¹²El Centro de Información sobre la Pena de Muerte en Washington DC estima que en 2007 se dictaron alrededor de 110 condenas a muerte, una cifra algo inferior a las 115 de 2006.¹³Sin embargo, en los cinco años que median entre 1995 y 1999, la cifra media anual de personas condenadas a muerte en Estados Unidos se situó en 300.

En un juicio por un delito punible con la muerte celebrado ante un tribunal estatal, se elige a 12 ciudadanos o ciudadanas del condado en el que se celebra el juicio para formar parte del jurado “cualificado para imponer la pena de muerte”. En el proceso de selección, la defensa y la acusación interrogarán a los candidatos a miembros del jurado y tendrán derecho a excluir a ciertas personas, bien por una razón explícita (recusación motivada) o sin justificación alguna (recusación perentoria). En virtud de la sentencia emitida en 1968 por la Corte Suprema de Estados Unidos en Witherspoon v. Illinois¹⁴, la fiscalía puede recusar con causa a las personas que se sientan “comprometidas irrevocablemente” a votar contra la pena de muerte. En 1985, en la causa Wainwright v. Witt, la Corte Suprema relajó la norma Witherspoon, ampliando las categorías de jurados potenciales que podían ser recusados con causa durante el proceso de selección.¹⁵ Con arreglo a la norma Witt, un jurado puede ser recusado con causa si sus convicciones acerca de la pena de muerte pueden “impedir o perjudicar de manera sustancial el cumplimiento de sus deberes como jurado, de acuerdo con sus instrucciones y su juramento”.

La sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos emitida el 4 de junio de 2007 en el caso de Calvin Brown, condenado a muerte en el estado de Washington, parece ampliar todavía más las posibilidades de exclusión de jurados de los casos de pena capital. La sentencia Uttecht v. Brown anuló una decisión de 2006 de la Corte de Apelaciones para el Noveno Circuito, que disponía que Brown debía ser juzgado de nuevo porque un candidato a miembro del jurado había sido excluido indebidamente en virtud de la norma Wainwright/Witt. Al revocar esta sentencia, la Corte Suprema apoyó la exclusión por parte del tribunal de primera instancia de un candidato a miembro del jurado que había declarado que podría votar a favor de una pena de muerte a pesar de tener reservas generales respecto a esta forma de castigo. Cuatro de los nueve magistrados mostraron su desacuerdo y acusaron a la mayoría de “renunciar a nuestro papel judicial” y aceptar “ciegamente” la conclusión del tribunal estatal de que las opiniones de este miembro del jurado habrían “perjudicado de manera sustancial” su actuación en un juicio de pena capital. El voto discrepante continuaba:

Hoy, la Corte ha redefinido de manera fundamental –o quizás simplemente ha comprendido mal– lo que significa “perjudicar de manera sustancial” y, al hacerlo, ha vuelto al pasado. La Corte parece ser de la opinión de que los tribunales deben fomentar la inclusión de miembros del jurado que impondrán la pena de muerte, en lugar de limitarse a garantizar la exclusión de personas que afirman no poder imponerla en ninguna circunstancia.¹⁶

Hace casi un decenio, el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de la ONU expresó su preocupación por el hecho de que “si bien el sistema de jurados tenía por finalidad representar a la comunidad en su conjunto, difícilmente puede estar la comunidad representada si quienes se oponen a la pena capital o tienen reservas al respecto parecen ser privados sistemáticamente de la posibilidad de prestar servicio como jurados”.¹⁷El fallo Uttecht amenaza con exacerbar este problema, y podría fomentar unos jurados en casos de pena capital más propensos a imponer la pena y con una composición más desequilibrada racialmente (dado que los blancos tienden a apoyar la pena de muerte más que los negros).

A pesar de que cada vez se reconocen más las desventajas de la pena de muerte, y en contra de las normas internacionales, algunos estados han ampliado la pena de muerte para incluir los delitos sexuales contra menores sin resultado de muerte. El mismo día en que la Asamblea General de Nueva Jersey aprobaba la abolición de la pena de muerte, el gobernador Matt Blunt de Misuri anunció que había pedido al legislativo que aprobase una ley que autoriza la pena de muerte por la violación de una persona menor de 12 años. Si esto ocurre, Misuri se convertirá en el último de una serie de estados que han ampliado la pena de muerte para este tipo de delitos sin resultado de muerte, entre ellos Carolina del Sur y Oklahoma en 2006.¹⁸En julio de 2007, el gobernador Perry de Texas rubricó una ley similar, en virtud de la cual los delitos sexuales reiterados contra niños o niñas menores de 14 años eran punibles con la pena de muerte.

La legislación de Luisiana establece la pena de muerte por la violación con circunstancias agravantes de personas menores de 13 años. En mayo de 2007, la Corte Suprema de Luisiana confirmó la pena de muerte de Patrick Kennedy por la violación de una niña de ocho años en marzo de 1998. En aquel entonces era el único preso condenado a muerte en Estados Unidos por un delito sin resultado de muerte. El presidente de la Corte Suprema mostró su desacuerdo con la confirmación de la pena de muerte alegando que “pese a las recientes promulgaciones de leyes en otros estados, no existe nada parecido a un consenso entre las jurisdicciones encargadas de la aplicación de la pena capital sobre la idoneidad de la pena de muerte para los delitos sin resultado de muerte […] La pena capital es única en su severidad e irrevocabilidad y, en virtud de la Octava Enmienda, queda reservada para los peores delincuentes entre los enteramente culpables de haber cometido los delitos más viles, distintos en grado y cualidad a todos los demás porque tienen como resultado el desposeimiento de la vida humana”.

El 4 de enero de 2008, la Corte Suprema de Estados Unidos estudiará si examina el caso Kennedy y se pronuncia sobre la constitucionalidad de este empleo de la pena de muerte, más de cuatro décadas después de la última ejecución por violación en Estados Unidos, y 31 años después de que la Corte Suprema decidiese que la imposición de la pena de muerte por un delito de violación era anticonstitucional (Coker v. Georgia, 1977).¹⁹En el informe en que insta a la Corte Suprema a no aceptar el caso, el estado de Luisiana alega como fundamento de su postura el hecho de que desde 1997 cinco estados han promulgado (aunque no han utilizado) legislación que prescribe la pena de muerte para la violación de menores y que varios estados también permiten su aplicación (aunque no la han aplicado) para otros delitos sin resultado de muerte, como el de traición y el de espionaje. El informe también afirma que “la ejecución de violadores de menores servirá a los propósitos de disuasión y castigo”. No se aportan pruebas que avalen la afirmación sobre el efecto disuasorio de la pena. Una buena muestra de la postura punitiva por parte de los fiscales locales pudo verse en un tribunal de Luisiana a finales de año. El 12 de diciembre de 2007, se aprobó la segunda pena de muerte de ese tipo en el país, cuando un jurado de Luisiana condenó a muerte a Richard Davis por la violación de un menor de cinco años. Durante el proceso, el fiscal había instado al jurado: “Ejecuten a este hombre. La justicia tiene una espada y esta espada ha de ser empuñada hoy”. Después de emitirse el veredicto, el otro fiscal afirmó: “Estamos satisfechos […] [S]i se van a cometer crímenes como este, hay que contar con la pena adecuada”.

Hace treinta años, en 1977, en un discurso de aceptación del Premio Nobel de la Paz pronunciado en nombre de Amnistía Internacional, Mümtaz Soysal afirmó: “los derechos humanos no estarán protegidos si esa tarea se deja exclusivamente en manos de los gobiernos. Las personas de buena voluntad de todo el mundo deben interesarse y actuar para poner freno a la represión y para defender los derechos humanos. El ciudadano de a pie puede cambiar las cosas. Esta es la experiencia de Amnistía Internacional. Una opinión pública despierta es un arma poderosa. Aunque las declaraciones de derechos y los mecanismos legales son importantes, lo es aún más el interés de una persona por otra, de un grupo por otro, de una nación por otra”.

Al rubricar la ley abolicionista de Nueva Jersey, el gobernador Corzine agradeció específicamente a los grupos de derechos humanos y abolicionistas el haber “creado una corriente fundamental de base que presionó a quienes formamos parte del servicio público para obligarnos a levantarnos y hacer lo correcto”. Al mismo tiempo, reconoció que “habrá gente de bien que describirá las acciones de hoy en términos muy distintos, en términos de injusticia”, incluidas personas cuyos familiares han sido asesinados. Sin embargo, el gobernador afirmó que él y una “mayoría de nuestra asamblea legislativa” creían que “el homicidio sancionado por el Estado” suponía una ofensa para “los valores más elevados de nuestro estado” y la “búsqueda de la justicia verdadera”.

La asamblea legislativa y el gobernador de Nueva Jersey han mostrado que la pose de “mano dura con la delincuencia” que tan a menudo acompaña al apoyo político y legislativo a la pena de muerte no tiene por qué prevalecer. Ellos han obrado de acuerdo con la única conclusión apropiada a la que puede llegar un examen riguroso de la pena de muerte, a saber, que poner fin al homicidio judicial es abandonar una política pública destructiva, engañosa y divisiva que no es coherente con valores ampliamente compartidos. En la actualidad 133 países son abolicionistas en la ley o en la práctica, y el 18 de diciembre de 2007, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución histórica que pedía la suspensión global de las ejecuciones.

La pena de muerte no sólo entraña el riesgo de cometer un error irrevocable, también tiene un alto coste para el erario público y en términos sociales y psicológicos. No se ha demostrado que tenga un efecto disuasorio especial. Tiende a aplicarse de una forma discriminatoria por motivos de raza y clase. Niega la posibilidad de reconciliación y rehabilitación. Promueve respuestas simplistas a problemas humanos complejos, en lugar de buscar explicaciones que puedan informar estrategias positivas. Prolonga el sufrimiento de las familias de las víctimas de asesinato y amplía ese sufrimiento a los seres queridos del preso condenado. Desvía recursos que podrían utilizarse mejor para trabajar contra el delito violento y ayudar a las personas afectadas por él. Es un síntoma de la cultura de la violencia, no una solución a ella. Constituye una afrenta a la dignidad humana.

La pena de muerte es una vieja costumbre que cuesta eliminar, pero como ha mostrado Nueva Jersey, hasta con los viejos hábitos se puede romper.

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Traducción de Editorial Amnistía Internacional (EDAI), España