Document - USA / Afghanistan: More deaths and impunity

AMNISTÍA INTERNACIONAL

Declaración pública

Índice AI: AMR 51/172/2005 (Público)

Servicio de Noticias: 293/05

31 de octubre de 2005

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR511722005

Estados Unidos y Afganistán: Más muerte e impunidad

Amnistía Internacional ha declarado hoy, 31 de octubre, que las recientes revelaciones sobre muertes bajo custodia y abusos a manos de las tropas estadounidenses en Afganistán son una muestra más de una cultura de falta de respeto hacia los derechos fundamentales en el contexto de la “guerra contra el terror”, problema que Estados Unidos no ha abordado adecuadamente.

Este mes se informó de que las tropas estadounidenses habían quemado los cuerpos de dos combatientes talibanes y utilizado los cadáveres calcinados para burlarse de los habitantes del pueblo de quienes sospechaban que eran insurgentes. Aunque el Pentágono anunció que se iniciarían investigaciones criminales sobre estas denuncias, éste es sólo uno de una serie de casos de abusos cometidos por las tropas estadounidenses en Afganistán desde 2001.

Amnistía Internacional lleva mucho tiempo expresando su preocupación por el cuadro de impunidad y lenidad militar y los retrasos y encubrimientos que han caracterizado la investigación de las muertes y los abusos registrados bajo custodia estadounidense en Afganistán e Irak.

Estos motivos de preocupación se pusieron de relieve durante los recientes juicios de soldados estadounidenses acusados de cometer abusos contra dos detenidos afganos que fallecieron en la base aérea de Bagram en diciembre de 2002. Los dos hombres, Dilawar y Mullah Habibullah, murieron como consecuencia de múltiples lesiones que les fueron infligidas con objetos contundentes mientras eran sometidos a interrogatorio en una unidad de aislamiento de la base. Hubo indicios claros de que inicialmente se intentó encubrir los abusos; la información sobre los hechos sólo se hizo pública como resultado de investigaciones periodísticas y filtraciones.

Los informes de la investigación militar revelaron posteriormente que ambos hombres habían sido amarrados con cadenas a un techo y habían sufrido golpes y puntapiés durante agresiones sostenidas de numerosos miembros del personal militar. Según un médico que lo examinó, las piernas de Dilawar habían sufrido lesiones tan graves que, de haber sobrevivido, tendrían que habérsele amputado. También lo obligaron a permanecer en posturas dolorosas y le introdujeron agua en la boca para impedirle respirar.

Pese al carácter grave e intencional de estos actos de agresión, hasta la fecha no se ha acusado directamente a nadie de causar estas dos muertes. Este año siete soldados de baja graduación, acusados, según el caso, de agresión, malos tratos, negligencia en el cumplimiento del deber y declaraciones falsas, fueron declarados culpables y condenados a penas que oscilaban entre cinco meses de prisión y amonestación, pérdida de sueldo y reducción de rango. Todavía están pendientes los juicios de otros cinco soldados por cargos similares.

Dada la atrocidad de la tortura y los malos tratos infligidos a estos hombres, Amnistía Internacional considera asombroso que nadie haya sido acusado directamente de su muerte y que los cargos relacionados no se hayan formulado a un nivel más alto de la línea de mando.

La falta de rendición de cuentas a alto nivel por las muertes de Bagram es especialmente alarmante por cuanto el trato administrado a estos hombres no constituyó un hecho aislado sino que formó parte de un cuadro generalizado de abusos. Uno de los soldados condenados –que, según informes, admitió haber propinado más de 30 rodillazos consecutivos a Dilawar cuando éste estaba de pie, con grilletes y encadenado al techo– afirmó que las palizas eran “procedimientos operativos habituales” en el caso de los detenidos que no se mostraban dispuestos a colaborar. El uso de capuchas y grilletes, la privación de agua o alimentos y la colocación de detenidos en dolorosas “posturas en tensión” –prácticas empleadas en la tortura o maltrato de Dilawar y Habibullah– eran todas, por esas fechas, técnicas autorizadas por jefes militares superiores y por el propio Pentágono.

El homicidio de Dilawar y Habibullah forma parte de una práctica reiterada de tortura y malos tratos en la base de Bagram durante un periodo en el cual el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) no tenía acceso a una parte esencial de la base. No obstante, no se ha pedido cuentas de estos hechos a ningún miembro de la jefatura militar central ni del gobierno.

Amnistía Internacional también ve con preocupación que, pese a la gravedad de los abusos cometidos en este y otros casos, nadie ha sido acusado de crímenes de guerra o tortura.

La organización siente inquietud por el hecho de que las condiciones de reclusión en Afganistán sigan propiciando la comisión de actos de tortura y malos tratos. En un informe publicado en junio de 2005, Amnistía Internacional observó que cientos de personas permanecían detenidas bajo custodia estadounidense en Afganistán, sin cargos ni juicio y sin acceso a familiares o abogados, y que, aunque se permitió el acceso del CICR a las personas detenidas en las bases de Bagram y Kandahar, esto no ocurrió inmediatamente después de la aprehensión, periodo en el que existe la mayor probabilidad de que se cometan abusos contra las personas detenidas. Se cree que el CICR todavía no tiene acceso a las personas recluidas en un número desconocido de Bases de Operaciones de Avanzada de Estados Unidos en Afganistán. Se han recibido constante informes sobre casos de detenidos sometidos a abusos, entre ellos palizas, uso de capuchas y grilletes y privación del sueño y el agua.

Amnistía Internacional también teme que la CIA siga manteniendo a personas recluidas en secreto en Afganistán y en otras partes en situaciones que constituirían “desaparición”.

Asimismo, preocupan hondamente a la organización las declaraciones de algunos miembros de alto rango del gobierno estadounidense según las cuales los ciudadanos extranjeros que se hallan recluidos bajo custodia estadounidense fuera de Estados Unidos no tienen derecho a que se les brinde protección contra “los tratos crueles, inhumanos o degradantes”. Este mes el Senado estadounidense trató de rectificar esta situación mediante una enmienda de la legislación actual, presentada por el senador John McCain, por la cual se ampliaría la prohibición de los tratos crueles a cualquier persona recluida bajo custodia estadounidense en cualquier parte del mundo. No obstante, según informes recientes, el gobierno estaba tratando de conseguir que se eximiera a la CIA del cumplimiento de esta disposición.

Las prácticas de reclusión utilizadas por Estados Unidos en Afganistán –así como en Irak y la base de la bahía de Guantánamo– muestran que todavía hace falta que el gobierno estadounidense adopte medidas básicas para garantizar los derechos de todas las personas que se hallan bajo su custodia. Entre tales medidas está el pronto acceso a abogados y autoridades judiciales, así como a organizaciones como el CICR. La adopción de la enmienda McCain sin excepciones también sería un paso mínimo para asegurar que Estados Unidos cumpliera con sus obligaciones internacionales.

Amnistía Internacional sigue instando al Congreso estadounidense a que cree una comisión de investigación de carácter independiente, imparcial y no partidista facultada para examinar todos los aspectos de las políticas y prácticas estadounidenses en el contexto de la “guerra contra el terror”, y pide que se nombre a un consejero especial encargado de llevar a cabo una investigación criminal sobre la posible participación de funcionarios del gobierno en actos delictivos.

Información complementaria

La muerte de al menos 27 personas fallecidas bajo custodia estadounidense en el contexto de la “guerra contra el terror” ha sido clasificada por el ejército como homicidio criminal confirmado o sospechado, en algunos casos con pruebas de peso de que la muerte se produjo tras la administración de torturas. La semana pasada, Human Rights First, grupo internacional de profesionales del derecho con base en Estados Unidos, informó de que el mantenimiento de la documentación en este tipo de casos había sido “extremadamente inadecuado” y que los retrasos y las deficiencias ocurridos en las investigaciones habían obstaculizado los procesamientos. Amnistía Internacional también manifestó su preocupación por la manera en que se habían investigado las muertes bajo custodia en su informe de junio de 2005, titulado Estados Unidos de América: Detenciones practicadas por Estados Unidos en Afganistán. Memorándum para una acción continuada (Índice AI: AMR 51/093/2005).

En enero de 2005, el entonces abogado de la Casa Blanca Alberto Gonzales (actualmente fiscal general) informó al Senado de que el departamento de Justicia había “concluido […] [que] no existe la prohibición jurídica, en virtud de la Convención contra la Tortura, de administrar tratos crueles, inhumanos o degradantes a extranjeros en otros países”, citando las reservas formuladas por Estados Unidos respecto de la Convención.