Document - Guantánamo: Military commissions - Amnesty International observers notes, No. 3 -- Proceedings suspended following order by US federal judge

AMNISTÍA INTERNACIONAL

Declaración pública

Índice AI: AMR 51/157/2004 (Público)

Servicio de Noticias: 283/04

9 de noviembre de 2004

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR511572004

Guantánamo: Comisiones militares – Notas de la observadora de Amnistía Internacional (núm. 3): Se suspenden los procedimientos tras la emisión de una orden de un juez federal estadounidense

Amnistía Internacional ha enviado a una delegada para que asista como observadora a las vistas preliminares que están celebrando, durante esta semana y la pasada, las comisiones militares en la base naval estadounidense de Bahía de Guantánamo, Cuba. La delegada, Jumana Musa (véase http://web.amnesty.org/library/index/eslAMR511292004), ha enviado su tercera actualización (véanse también http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR511532004y http://web.amnesty.org/library/index/eslAMR511552004?open&of=esl-USA).

Se han formulado cargos contra cuatro individuos como parte de los preparativos para su enjuiciamiento ante una comisión militar: David Hicks, ciudadano australiano, Salim Ahmed Hamdan, ciudadano yemení, Ali Hamza Ahmed Sulayman al Bahlul, también ciudadano yemení, e Ibrahim Ahmed Mahmoud al Qosi, ciudadano sudanés.

Amnistía Internacional sigue pidiendo que todos los detenidos de Guantánamo sean juzgados conforme a las normas de justicia procesal o, de lo contrario, sean puestos en libertad. La organización se opone a las comisiones militares desde que el presidente George W. Bush firmó una orden ejecutiva en materia militar el 13 de noviembre de 2001 por la que se establecía esta modalidad de proceso. Amnistía Internacional seguirá haciendo campaña para que se abandonen las comisiones militares y se anule la orden ejecutiva. Encontrarán más información en http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAMR511302004.

Amnistía Internacional manifiesta su satisfacción por la resolución dictada ayer por un juez federal de primera instancia a consecuencia de la cual se han suspendido los procedimientos preliminares contraSalim Ahmed Hamdan. La organización insta al gobierno estadounidense a considerar la orden del juez Robertson como una oportunidad para poner fin a las comisiones militares de una vez por todas. Lamentablemente, la reacción inmediata del gobierno ha sido manifestar su “enérgico desacuerdo” con la resolución.

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Hoy (8 de noviembre) ha sido el primer y último día para escuchar las mociones en los procedimientos preliminares de Salim Ahmed Hamdan ante la comisión militar. Durante la primera semana de vistas, en agosto, se informó de problemas considerables de traducción. Por aquel entonces, el intérprete de Hamdan describió la calidad de la interpretación proporcionada por la comisión como igual que una emisión de radio distante y entrecortada. Los procedimientos de la comisión tuvieron que interrumpirse varias veces porque la traducción era tan mala que el acusado no podía seguirlos.

En virtud del derecho y las normas internacionales, todos los acusados de un delito tienen derecho a contar, sin coste alguno, con un intérprete competente si no comprenden o hablan el idioma utilizado por el tribunal. Se trata de una parte integrante del derecho a la defensa y del derecho a contar con tiempo y medios suficientes para prepararla. El derecho a un intérprete se aplica a todas las etapas de los procedimientos judiciales.

La Oficina de Comisiones Militares había sustituido a los intérpretes anteriores y había puesto para ellos una cabina en la sala de la comisión (anteriormente estaban sentados a una mesa). El intérprete de Ibrahim Ahmed Mahmoud Al Qosi estuvo escuchando la interpretación de los procedimientos de hoy para comprobar la calidad de la traducción, ya que Al Qosi tiene pendiente una moción sobre este asunto. Según dijo, la interpretación ha mejorado, pero sigue siendo inadecuada; la describió como “un queso suizo (es decir, lleno de agujeros), en lugar de queso rallado”.

Unos 45 minutos después de iniciarse los procedimientos, un soldado entró y entregó un papel al presidente de la comisión. Éste declaró inmediatamente una pausa. Poco después, el tribunal regresó a la sala y anunció que los procedimientos se suspendían indefinidamente.

La suspensión de los procedimientos se debió a que el juez James Robertson, juez federal de primera instancia encargado del recurso de hábeas corpus presentado por Hamdan en un tribunal federal en Washington D.C., había emitido una orden manifestando que, con los cargos que se le imputaban, Hamdan no podía ser juzgado por una comisión militar. Según la orden del juez Robertson, a menos y hasta que un “tribunal competente”, conforme establece el artículo 5 del Convenio III de Ginebra, determine que Salim Ahmed Hamdan no tiene derecho a la condición de prisionero de guerra, éste sólo puede ser juzgado por un consejo de guerra en virtud del Código Normalizado de Justicia Militar de Estados Unidos. “Hasta o a menos que tal tribunal decida lo contrario –escribió el juez Robertson–, Hamdan goza, y debe concedérsele, de la plena protección de un prisionero de guerra.” El juez concluyó que el Convenio III de Ginebra es un tratado “autoejecutable”, es decir, que es vinculante para Estados Unidos sin necesidad de que exista legislación para aplicarlo.

El juez Robertson ha asestado un golpe al principio fundamental de la política de detenciones de la “guerra contra el terrorismo” emprendida por el gobierno estadounidense: es decir, la determinación del presidente Bush de que los Convenios de Ginebra no se aplican a los presuntos miembros de Al Qaeda capturados durante la guerra de Afganistán, y de que ni ellos ni los presuntos talibanes tienen derecho a la condición de prisioneros de guerra. Esta decisión presidencial fue ampliamente criticada, entre otros por el Comité Internacional de la Cruz Roja, el órgano que mayor autoridad tiene sobre las disposiciones de los Convenios de Ginebra. El juez Robertson concluyó que “a pesar de la opinión del presidente [...] el Convenio III de Ginebra se aplica a todas las personas detenidas en Afganistán durante las hostilidades de aquel país”. Además, observó que “el presidente no es un tribunal”, y señaló que los Tribunales de Revisión del Estatuto de Combatiente, establecidos por el gobierno tras la decisión anunciada en junio de 2004 por la Corte Suprema de Estados Unidos de que los tribunales federales tienen jurisdicción sobre los detenidos de Guantánamo, no constituyen los “tribunales competentes” que exige el Convenio III de Ginebra (tras una vista celebrada el 3 de octubre de 2004, un Tribunal de Revisión del Estatuto de Combatiente concluyó que Salim Ahmed Hamdan era un “combatiente enemigo”).

Como presunto prisionero de guerra, dijo el juez Robertson, Salim Ahmed Hamdan debe gozar del mismo nivel de justicia establecido para los soldados estadounidenses: en otras palabras, un consejo de guerra en virtud del Código Normalizado de Justicia Militar. El artículo 102 del Convenio III de Ginebra dispone que “[u]na sentencia sólo tendrá validez contra un prisionero de guerra cuando haya sido dictada por los mismo tribunales y siguiendo el mismo procedimiento que con respecto a las personas pertenecientes a las fuerzas armadas de la Potencia detenedora”. El juez Robertson declaró que la “comisión militar no es tal tribunal. Sus procedimientos no son tales procedimientos”.

El juez Robertson sostuvo que, incluso aunque un “tribunal competente” que satisficiera los requisitos del Convenio III de Ginebra concluyera que Salim Ahmed Hamdan no goza de la condición de prisionero de guerra, dadas las normas actuales de la comisión militar, que permiten que el acusado no esté presente en determinadas sesiones y que se le niegue el acceso a ciertas pruebas clasificadas o “protegidas”, su juicio ante la comisión militar sería ilegal. El juez Robertson subrayó su preocupación por el hecho de que, en virtud de las normas de la comisión, “el propio acusado puede verse excluido de los procedimientos” y “puede verse privado de pruebas que nunca verá (porque su abogado [militar] tendrá prohibido revelárselas)”. Es “evidente”, escribió el juez Robertson, que una “desviación tan drástica” del derecho constitucional estadounidense “no puede ser tolerada en ningún tribunal de Estados Unidos”, incluido un consejo de guerra sujeto al Código Normalizado de Justicia Militar. En un consejo de guerra bajo dicho Código, todos los procedimientos, salvo las deliberaciones y la votación de sus miembros, “tendrán lugar en presencia del acusado”. El juez Robertson hizo hincapié en que el ejército “ha concluido que no es imposible manejar material clasificado en los consejos de guerra” y ha elaborado un “amplio y complejo proceso [...] para manejar dicho material”. El juez señaló asimismo que el derecho a ser juzgado “en presencia de uno mismo” es un principio del derecho internacional humanitario y las normas internacionales de derechos humanos.

Salim Ahmed Hamdan permaneció desde diciembre de 2003 recluido en detención preventiva en régimen de aislamiento en el Campo Eco, en condiciones de reclusión que Amnistía Internacional considera crueles e inhumanas (véase la página122 de USA: Human dignity denied: Torture and accountability in the ‘war on terror’, Índice AI: AMR 51/145/2004, http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAMR511452004). Justo antes de que se celebrara la vista oral en la sala del juez Robertson el 25 de octubre de 2004, el gobierno notificó que había sacado a Salim Ahmed Hamdan del Campo Eco y lo había llevado de vuelta al ala de segregación del Campo Delta. El juez Robertson observó este cambio de circunstancias, y el hecho de que el gobierno era “capaz de repetir” el régimen de aislamiento del Campo Eco “que ha eludido el examen”. No obstante, señaló que el trato que Hamdan pudiera recibir en el futuro no podía ser examinado por él como parte de los actuales procedimientos de hábeas corpus. Sin embargo, sí ordenó que Salim Ahmed Hamdan "sea liberado del ala de detención previa a la comparecencia ante la comisión, en el Campo Delta, y devuelto a la población detenida general, a menos que exista algún cargo distinto de los imputados hasta ahora que exija un trato diferente”.

Otros cinco detenidos, susceptibles de ser juzgados por la comisión militar en virtud de una decisión presidencial anunciada en julio de 2003, fueron trasladados también a un régimen de aislamiento prolongado en el Campo Eco. Amnistía Internacional ha recibido información de que los cinco (David Hicks, Ali Hamza Ahmed Sulayman al Bahlul, Ibrahim Ahmed Mahmoud al Qosi, y los ciudadanos británicos Moazzam Begg y Feroz Abbasi) han sido sacados del Campo Eco y llevados al ala de segregación del Campo Delta. La organización lleva mucho tiempo haciendo campaña contra las crueles condiciones del Campo Eco (véase, por ejemplo, la actualización de Acción Urgente http://web.amnesty.org/library/index/eslAMR511052004?open&of=esl-USA)

El gobierno estadounidense está tratando de conseguir una suspensión de emergencia de la decisión del juez Robertson, y ha declarado que apelará contra ella inmediatamente. Un portavoz del Departamento de Justicia ha declarado: “La Constitución confía al presidente la responsabilidad de salvaguardar la seguridad de la nación. El Departamento de Justicia seguirá defendiendo la capacidad y la autoridad del presidente en virtud de la Constitución para cumplir con ese deber”.

Las comisiones militares han sido causa de una honda preocupación nacional e internacional desde que se propusieron en la orden ejecutiva en materia militar dictada por el presidente Bush en noviembre de 2001. Estas comisiones adolecen de deficiencias fundamentales, y deben abandonarse. Amnistía Internacional exhorta al gobierno estadounidense, a pesar de su reacción negativa inmediata a la resolución del juezRobertson, a reconocer dicha resolución como una señal más de preocupación y a abandonar de una vez por todas los juicios ante comisiones militares.