Document - USA: Military Commissions Act of 2006 - Turning bad policy into bad law


Público


Amnistía Internacional


ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

La Ley de Comisiones Militares de 2006 convierte la mala política del Ejecutivo en mala legislación nacional


29 de septiembre de 2006


Índice AI: AMR 51/154/2006



http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR511542006


Recientemente, las violaciones de derechos humanos perpetradas por Estados Unidos en la "guerra contra el terror" han recibido de hecho el visto bueno del Congreso. Con la aprobación de la Ley de Comisiones Militares por parte de la Cámara de Representantes el 27 de septiembre y la del Senado el 28 de septiembre, el Congreso de Estados Unidos ha convertido la mala política del Ejecutivo en mala legislación nacional. En este documento se ofrece una retrospectiva de la evolución que han seguido las políticas de detención del poder ejecutivo en el marco de la "guerra contra el terror", con el fin de ilustrar la clase de violaciones en las que el Congreso, primero a través de la inacción y ahora con la legislación, se ha vuelto cómplice. Amnistía Internacional continuará haciendo campaña para que las políticas y los métodos de detención utilizados por Estados Unidos en el marco de la "guerra contra el terror" estén en plena consonancia con el derecho internacional y para que se revoque toda ley que no satisfaga estos criterios.


El 21 de septiembre de 2001, Amnistía Internacional envió por fax una carta al presidente George W. Bush. En ella, la organización instaba al presidente a que Estados Unidos se basara en el respeto de los derechos humanos y del Estado de derecho al responder al delito contra la humanidad perpetrado el 11 de septiembre de 2001. "Para afrontar un delito de tal magnitud –decía la carta–, es decisivo contar con un liderazgo de sólidos principios […] Le rogamos que instruya a su gobierno para que se tomen todas las precauciones necesarias en materia de derechos humanos en la lucha por la justicia".


Amnistía Internacional lamenta profundamente que se haya hecho oídos sordos a su llamamiento. En los últimos cinco años, Estados Unidos ha violado el derecho internacional de forma sistemática, lo que ha acarreado un impacto angustiante en miles de detenidos y sus familias. Entre las violaciones de derechos humanos cometidas cabe señalar las siguientes:


Ø Detenciones secretas

Ø Desapariciones forzadas

Ø Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes

Ø Atentados contra la dignidad personal, incluido el trato humillante

Ø Denegación y restricción del recurso de hábeas corpus

Ø Detenciones indefinidas sin cargos ni juicios

Ø Detenciones prolongadas en régimen de incomunicación

Ø Detenciones arbitrarias

Ø Juicios sin garantías


Sin embargo y pese a ello, funcionarios de la administración estadounidense siguen calificando a Estados Unidos como "país respetuoso de la ley" que, en la "guerra contra el terror", está comprometido con lo que llama las "exigencias no negociables de la dignidad humana", incluido el "Estado de derecho".


Es fácil caer en la tentación de recurrir a acusaciones de hipocresía, sobre todo teniendo en cuenta que Estados Unidos es el primero en condenar estos mismos métodos cuando los que los ponen en práctica son otros países. Pero al cuestionar la conducta estadounidense, quizás resulte más útil considerar el grado de vulnerabilidad de la ley con respecto a la interpretación elástica, la manipulación o su aplicación selectiva por parte de las autoridades, así como el hecho de que, para bien o para mal, un gobierno pueda usar la política para generar la ley, y no al revés. En el caso de Estados Unidos, el problema se agrava por la resistencia, desde hace ya tiempo, a aplicar el derecho internacional a su propia conducta.


A tenor de esta aplicación selectiva que hace la administración estadounidense de las leyes de la guerra y de su rechazo categórico de las leyes internacionales en materia de derechos humanos, el campo de detención de Guantánamo, por ejemplo, es el "centro más transparente que jamás ha existido en la historia de las guerras", según el Pentágono, y no el símbolo de desgobierno que representa para muchas personas fuera de Estados Unidos.


De manera similar, con la interpretación elástica de la ley se "legaliza" la detención secreta. En su discurso del 6 de septiembre de 2006, que confirmaba y defendía el programa de detenciones secretas de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), el presidente Bush resaltaba que "el programa ha sido sometido a varias revisiones jurídicas por parte de abogados del Departamento de Justicia y de la CIA, quienes determinaron que cumple con nuestras leyes".


Una vez más, la "desconexión" entre Estados Unidos y la comunidad internacional es absoluta. Después de todo, el discurso del presidente Bush tuvo lugar apenas unas semanas después de que dos organismos expertos de Naciones Unidas –el Comité contra la Tortura y el Comité de Derechos Humanos– indicaran al gobierno estadounidense que las detenciones secretas violaban las obligaciones de Estados Unidos dimanantes de tratados internacionales. En realidad, lo que el presidente estaba haciendo era rechazar las conclusiones de estos organismos de las Naciones Unidas al tiempo que admitía que Estados Unidos había recurrido a las desapariciones forzadas, tipificadas como delito en virtud del derecho internacional.


La interpretación de la ley por parte de la administración estadounidense ha estado guiada por sus opciones de política y no por una postura verosímil de sus obligaciones jurídicas. Una opción política fundamental fue la de situar su respuesta a los ataques del 11 de septiembre en el marco de una "guerra" mundial y no como la aplicación del derecho penal. Sería preciso modificar la ley para que estuviese en consonancia con este "nuevo paradigma", que fue como el presidente Bush calificó la situación en un memorándum sobre detenciones del 7 de febrero de 2002.


En una rueda de prensa de junio de 2004, con una administración deseosa de acallar la crítica a sus políticas tras las revelaciones sobre torturas de Abu Ghraib, Alberto Gonzales, a la sazón asesor de la Casa Blanca, recordaba los debates de la administración posteriores al 11 de septiembre de esta manera:


[A]lgunas de las preguntas que nos planteamos fueron, por ejemplo: ¿Cuál es la situación jurídica de las personas atrapadas en medio de esta lucha? ¿Qué trato recibirán? ¿En qué medida pueden ser interrogados los detenidos para obtener información sobre posibles ataques terroristas futuros? ¿Cuáles son las normas? ¿Cuáles serán nuestras políticas? [...] Igual que los teóricos militares tramaron nuevas estrategias y tácticas para luchar contra los terroristas, los abogados también han analizado de qué manera encaja esta guerra en el actual entorno jurídico.


Estas preguntas dieron lugar a que abogados de la administración elaboraran, a finales de 2001 y principios de 2002, varios memorándums que presentaban posiciones jurídicas sobre diversas cuestiones. Entre estas cuestiones se encontraban: los límites de la prohibición de tortura u otros malos tratos; si la elección de Guantánamo como centro de detención mantendría o no a los detenidos fuera del ámbito de los tribunales estadounidenses; y el uso de comisiones militares, en alusión a un memorándum publicado por el Departamento de Justicia en noviembre de 2001, como "entidades totalmente derivadas de la autoridad del presidente como comandante en jefe". El propio asesor de la Casa Blanca sugería al presidente en un escrito la ventaja que representaba la no aplicación de los Convenios de Ginebra a los detenidos aprehendidos en el conflicto afgano, ya que ello suponía otro obstáculo más para el procesamiento de personal estadounidense en virtud de la Ley de Crímenes de Guerra de Estados Unidos.


Efectivamente, a pesar de las denuncias de tortura generalizadas, tras casi cinco años y numerosos presuntos crímenes de guerra, no se han producido procesamientos en virtud de esta ley ni en virtud de la ley extraterritorial de Estados Unidos contra la tortura. Con el rechazo de la Corte Penal Internacional por parte de Estados Unidos en 2002 y su posterior campaña para que otros países convinieran en no entregar a ciudadanos y ciudadanas estadounidenses a la CPI, se estableció un panorama de impunidad respecto a las acciones de Estados Unidos incluso antes de que la Ley de Comisiones Militares exacerbara la situación.


El asesoramiento jurídico ofrecido en estos primeros memorándums de la administración parecía, pues, haberse elaborado a la medida para ajustarse a los resultados deseados de las políticas. Se destacaban precedentes que estaban en consonancia con la política, pero se omitían o restaba importancia a leyes que no lo estaban. Algunos de los resultados fueron el régimen de detención indefinida en Guantánamo y la denegación de hábeas corpus, así como la prohibición no absoluta de tortura u otros malos tratos. La detención secreta constituyó un tercer resultado. Y los juicios sin garantías celebrados ante comisiones militares amenazan con convertirse en el cuarto.


La política gubernamental de detención indefinida sin cargos, aplicada en Guantánamo y otros lugares, es, pues, una consecuencia directa del paradigma bélico. En lugar de tratar a estos detenidos como presuntos delincuentes, las autoridades estadounidenses los han catalogado sin demasiado rigor como "combatientes enemigos"en un conflicto mundial. El hecho de que entre las personas actualmente detenidas en Guantánamo se encuentren ciudadanos aprehendidos en Gambia, Bosnia, Mauritania, Pakistán, Egipto, Indonesia, Tailandia y Emiratos Árabes Unidos, así como Afganistán, pone de manifiesto que, para Estados Unidos, el "campo de batalla" es el mundo.


Según la conceptualización de la administración, estos detenidos son una fuente potencial de información al tiempo que una amenaza en potencia para la seguridad nacional. El acceso a asistencia letrada se percibe como perjudicial para el proceso interrogatorio. El acceso a los tribunales se considera un elemento perturbador de las operaciones militares. En la versión de la Ley de Comisiones Militares que el presidente Bush envió al Congreso el 6 de septiembre de 2006, la administración sostenía que los juicios celebrados con arreglo a un estándar de justicia inferior, de aplicación en tribunales estadounidenses, eran necesarios porque "los terroristas con los que Estados Unidos combate en conflicto armado han demostrado […] hacer uso indebido de los procesos judiciales estadounidenses". Con esta afirmación, la administración parecía poner a los abogados estadounidenses que han litigado en nombre de personas detenidas en Guantánamo en el lado equivocado de la línea divisoria "con nosotros o con los terroristas" trazada por el presidente Bush. Al parecer, en este país respetuoso de la ley, o se estaba del lado de los abogados de la administración o se estaba del lado de los terroristas.


Aunque llamados "terroristas" y "homicidas" por el comandante en jefe, y "la encarnación del mal" por el vicepresidente Cheney, los detenidos de Guantánamo no son considerados forzosamente responsables de una conducta criminal determinada. De hecho, la administración entiende la cuestión de los juicios de "combatientes enemigos ilegales extranjeros" como un asunto completamente distinto que no afecta al propio régimen de detención. Según la administración, las detenciones pueden durar hasta que se acabe el conflicto, cuya definición y duración –así como las de las propias detenciones– dependerán del criterio del poder ejecutivo y son potencialmente indefinidas. Incluso si una comisión militar decretase su absolución, podría volver a aprehenderse de forma indefinida al detenido o a la detenida en calidad de "combatiente enemigo".


La gran mayoría de las personas detenidas por Estados Unidos en la "guerra contra el terror" tiene escasas probabilidades de comparecer ante la justicia de ese país ya que, como se indicaba anteriormente, no es ése el motivo por el cual están detenidas. Incluso los pocos detenidos sobre quienes sí pesan cargos no han sido procesados. En parte, ello se debe a que la interpretación de la ley que hace el ejecutivo para amoldarla a su política ha supuesto un enfrentamiento inevitable con una gran parte de la comunidad jurídica, incluidas autoridades judiciales como la Corte Suprema de Estados Unidos en su fallo sobre la causa Hamdan contra Rumsfeldde 29 de junio de 2006. Pero unas decisiones judiciales de alcance relativamente limitado interpretadas de forma restrictiva e interesada por el ejecutivo ralentizan el progreso hacia el respeto total por los derechos humanos. En consecuencia, más de dos años después del fallo de la Corte Suprema en la causa Rasul contra Bush en virtud del cual los tribunales estadounidenses tenían jurisdicción para considerar los recursos de hábeas corpus presentados por personas detenidas en Guantánamo, no se ha revisado judicialmente la legalidad de la detención de ninguno de los allí recluidos actualmente.


La respuesta de la administración estadounidense al fallo en la causa Hamdan contra Rumsfeldquizás ha resultado aún más chocante, aunque por lo visto no en grado suficiente como para empujar finalmente al Congreso a exigir una rendición de cuentas al ejecutivo por los abusos cometidos en la "guerra contra el terror". En efecto, la defensa del presidente Bush del programa de detenciones secretas de la CIA y de la política de técnicas "alternativas" de interrogatorio que, según sus palabras, fueron cuestionadas por el fallo en la causa Hamdany, en consecuencia, necesitaban la aprobación del Congreso, puso de manifiesto la disposición firmemente contraria a pedir disculpas de la administración.


De nuevo, se puede observar cómo la administración manipula la ley para que se ajuste a su política. Según un documento publicado recientemente por el director nacional de los servicios de Inteligencia, el detenido de "alto valor" Abu Zubaydah dejó de "cooperar" con sus interrogadores estadounidenses poco después de que fuera capturado en Pakistán en marzo de 2002 y entregado a Estados Unidos. Como solución a esta falta de cooperación, "en los meses siguientes, la CIA diseñó un nuevo programa de interrogatorio" y "solicitó y obtuvo asesoramiento jurídico del Departamento de Justicia, para asegurarse de que ninguno de los nuevos procedimientos violaba las leyes estadounidenses que prohíben la tortura".


Cualquier declaración de legalidad semejante suena falsa, habida cuenta de que, hasta la promulgación de la Ley sobre el Trato a los Detenidos en diciembre de 2005 (con la oposición del Ejecutivo), los abogados del Departamento de Justicia defendían una opinión según la cual, debido a la reserva que acompañaba a la ratificación de Estados Unidos de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en 1994, este país no tenía obligaciones en virtud de ningún tratado sobre tratos crueles, inhumanos o degradantes con respecto a las personas extranjeras que mantuviera recluidas bajo su custodia en el extranjero. Por otra parte, en agosto de 2002 el Departamento de Justicia prestó asesoramiento jurídico en un memorándum que sólo salió a la luz a mediados de 2004 tras las revelaciones de tortura de Abu Ghraib. Según informes, el memorándum se escribió en respuesta a una petición de la CIA de ofrecer protección jurídica a sus interrogadores y declaraba, entre otras cosas, que éstos podían causar mucho dolor antes de cruzar el umbral a la tortura, que existía una "cantidad considerable de actos" que podían constituir trato cruel, inhumano o degradante pero que no llegaban a ser tortura ni podían tipificarse como delito punible en virtud de la ley estadounidense sobre la tortura, y que el presidente estaba facultado para soslayar las prohibiciones internacionales o nacionales de tortura.(1)


La administración no ha detallado en qué consistían las técnicas interrogatorias "alternativas" de la CIA, limitándose simplemente a transmitir la afirmación –políticamente oportuna– de que se había vencido la resistencia de Abu Zubaydah y otros detenidos. En las demandas judiciales entabladas contra la CIA, ésta ha aplicado con éxito, hasta ahora, su estratagema de negarse a confirmar o negar la existencia de una presunta directriz presidencial y de un presunto memorándum del Departamento de Justicia que autoriza y describe el programa de detenciones secretas y sus métodos de interrogatorio. Sin embargo, según informes generalizados, los métodos incluyen técnicas que de forma manifiesta violan el derecho internacional.(2)


Incluso hoy, es decir más de dos años después de las revelaciones acerca de Abu Ghraib, las protecciones de Estados Unidos contra la tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes son a todas luces insuficientes. Entre otras cosas, las reservas de Estados Unidos a los tratados implican que, incluso en virtud de la Ley sobre el Trato a los Detenidos, sólo se considera obligado por la prohibición de infligir tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes en la medida en que ésta coincida con la legislación estadounidense en vigor. La jurisprudencia de la Corte Suprema estadounidense prohíbe toda conducta que "conmocione la conciencia". Según informes, los abogados del Departamento de Justicia consideran que este principio permite tener en cuenta el contexto en que se producen los abusos contra los detenidos. De acuerdo con tal consideración, si se cree que un detenido está en posesión de información que el gobierno estima importante para la seguridad nacional, el gobierno podría interpretar que la prueba de si un determinado asunto "conmociona la conciencia" autoriza una conducta de otro modo ilegítima. El congresista Peter King, en calidad de presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, dijo lo siguiente: "Si mañana capturamos a Bin Laden y tenemos que meterle la cabeza en el agua para averiguar cuándo se va a producir el próximo ataque, debemos tener carta blanca para ello".(3) O como dijo el senador John Thune, de Dakota del Sur, en una vista anterior del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado, "cuando se habla de humillar o degradar, o esa clase de términos aplicados a terroristas […] creo que no es algo que quite el sueño a la gente de mi estado [Dakota del Sur]".


Por consiguiente, Estados Unidos es partidario de una prohibición no absoluta de la tortura y otros malos tratos e indudablemente dista mucho de, como aseveró el presidente Bush en 2003, liderar la lucha mundial contra la tortura.(4)


De hecho, parece como si el propio presidente se reafirmase en su postura inicial, es decir la contenida en su memorándum sobre la política de detenciones de 7 de febrero de 2002. Este memorándum indicaba que, al menos para algunos detenidos, la administración no consideraba como obligación jurídica el trato humanitario sino como una opción política que, por otra parte, no era de aplicación para la CIA.(5) Cuatro años y medio después, el 6 de septiembre de 2006, el presidente Bush justificaba el pasado uso y la actual existencia del programa de detenciones e interrogatorios secretos de la CIA para su aplicación a determinados detenidos de "alto valor" por motivos de necesidad. Dijo que "ha sido necesario trasladar a estas personas a un entorno en el que puedan permanecer recluidos en secreto [e] interrogados por expertos" mediante técnicas "alternativas" no especificadas para extraer información a detenidos presuntamente reacios al interrogatorio. La "necesidad militar" también se ha utilizado para justificar tortura o malos tratos en Guantánamo en el marco de al menos uno de dos "planes de interrogatorios especiales" autorizados por el secretario de Defensa Donald Rumsfeld.(6)


En el período previo a las elecciones al Congreso de 2002, el presidente Bush pidió autorización para usar la fuerza contra Irak. El 10 de octubre de 2002, el Congreso aprobó una resolución polémica y de marco bastante amplio para este fin.(7) Las consecuencias totales de esta resolución y de la subsiguiente invasión de Irak están por verse pero, cuatro años más tarde y con las elecciones al Congreso nuevamente en el horizonte, el presidente Bush ha presentado la Ley de Comisiones Militares ante el Congreso. En su discurso de 6 de septiembre declaraba que tan pronto como el Congreso autorizara unas comisiones militares que contaran con el beneplácito de la administración, Abu Zubaydah y los otros 13 hombres recientemente trasladados a Guantánamo tras permanecer años bajo la custodia secreta de la CIA, podrían "comparecer ante la justicia", lo que incluía la posibilidad de ser ejecutados. Todo parece indicar que la administración decidió utilizar a estos detenidos más conocidos para presionar a los legisladores –en el contexto de unas elecciones a mitad de mandato y en la cargada atmósfera del quinto aniversario de los ataques del 11 de septiembre– para adoptar una legislación que autorice una versión revisada de las comisiones militares desestimadas por el fallo de la causa Hamdan, y para refrendar otros aspectos de la política de detenciones de la administración. La Ley de Comisiones Militares de 2006 resultante es mala para Estados Unidos y mala para los derechos humanos.


El sistema de gobierno estadounidense consagra tres ramas distintas del Estado: el poder ejecutivo, la asamblea legislativa y el poder judicial. En una opinión escrita hace ochenta años, Louis Brandeis, juez de la Corte Suprema estadounidense explicaba que: "La doctrina de la separación de poderes fue adoptada por la convención de 1787, no para promover la eficacia sino para impedir el ejercicio del poder arbitrario. El objeto no era evitar roces sino, por medio del roce inevitable inherente a la distribución de los poderes del Estado en tres ámbitos, proteger al pueblo de la autocracia".(8)


Con o sin roce, y desde una perspectiva internacional, las ramas ejecutiva, legislativa y judicial del Estado tienen una función que cumplir a la hora de garantizar la observancia de Estados Unidos de sus obligaciones jurídicas internacionales. El incumplimiento por parte del poder ejecutivo de sus obligaciones en este sentido es manifiesto. El poder judicial, encabezado por la Corte Suprema, ha actuado para frenar los excesos del gobierno pero, como se ha visto, sus fallos sobre las cuestiones de alcance relativamente limitado que se le han presentado se prestan a interpretaciones restrictivas e interesadas por parte del Ejecutivo.


Tres días después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, el Congreso tuvo la oportunidad de hacer una llamada de atención a los excesos del gobierno en la "guerra contra el terror", pero dejó escapar esta oportunidad con la aprobación de la Resolución Conjunta sobre la Autorización del Uso de Fuerza Militar de amplio marco que, desde entonces, la administración utiliza para justificar violaciones del derecho internacional. En opinión de Amnistía Internacional, el Congreso debe revocar o modificar sustancialmente esta Resolución. El Congreso no ha creado una comisión que investigue las políticas y métodos de detención empleados por Estados Unidos en la "guerra contra el terror", pese a la imperiosa necesidad de que sean investigados. En diciembre de 2005, el Congreso aprobó la Ley sobre el Trato a los Detenidos, pero ésta incluía una cláusula de impunidad (art.1004) y un severo recorte del recurso de hábeas corpus (art.1005). Amnistía Internacional ha pedido la revocación o modificación sustancial de estos artículos de la Ley.


Ahora el Congreso ha aprobado la Ley de Comisiones Militares. Amnistía Internacional luchará para que se revoque esta legislación que viola los principios de derechos humanos. Entre otras cosas, la Ley de Comisiones Militares:


Ø Deja a los tribunales estadounidenses sin jurisdicción para ver o estudiar recursos de hábeas corpus que impugnen la legalidad o las condiciones de detención de cualquier persona que permanezca recluida bajo control estadounidense en calidad de "combatiente enemigo". La revisión judicial de casos se vería gravemente limitada. La ley se aplicaría con carácter retroactivo, y en consecuencia podría dar lugar a que los tribunales rechazasen los más de 200 recursos pendientes presentados en nombre de personas detenidas en Guantánamo.

Ø Prohíbe a las personas invocar los Convenios de Ginebra o sus protocolos como fuente de derechos en cualquier acción de cualquier tribunal estadounidense.

Ø Faculta al poder ejecutivo para convocar comisiones militares destinadas a juzgar a "combatientes enemigos ilegales extranjeros", según éste lo establezca en virtud de una definición peligrosamente amplia, en juicios que otorgarían a las personas extranjeras así catalogadas un estándar de justicia inferior al disfrutado por ciudadanos y ciudadanas de Estados Unidos acusados de los mismos delitos. Con ello se violaría la prohibición de aplicar de forma discriminatoria el derecho a un juicio justo.

Ø Permite que civiles capturados en entornos alejados de cualquier campo de batalla sean juzgados por una comisión militar y no por tribunales de lo civil, contraviniendo así las normas y el derecho jurisprudencial internacionales.

Ø Crea comisiones militares cuya imparcialidad, independencia y competencia podrían ponerse en tela de juicio debido a las funciones amplias que el Ejecutivo, sobre todo la Secretaría de Defensa, desempeñaría en sus procedimientos y en el nombramiento de jueces y autoridades militares como miembros de las comisiones.

Ø Permite, y con ello infringe el derecho internacional, el uso de pruebas extraídas mediante tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, o como consecuencia de "atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes o degradantes", tal como están definidos por el derecho internacional.

Ø Permite el uso de pruebas confidenciales contra un acusado, sin que a éste le asista necesariamente el derecho a cuestionar "fuentes, métodos o actividades" empleados por el gobierno para conseguirlas. Este factor resulta especialmente preocupante a la luz del alto grado de confidencialidad y las justificaciones basadas en la seguridad nacional empleadas por la administración en la "guerra contra el terror" que han sido objeto de muchas críticas, incluso del Comité contra la Tortura y el Comité de Derechos Humanos. A Amnistía Internacional le preocupa que la administración haya podido recurrir a la confidencialidad en determinadas ocasiones para impedir que se investiguen de forma independiente violaciones de derechos humanos.

Ø Faculta a las comisiones militares para dictar condenas a muerte, en contravención de las normas internacionales que sólo permiten la pena capital después de juicios que ofrezcan "todas las garantías posibles para asegurar un juicio justo". La autoridad encargada de otorgar indultos es el presidente. El presidente Bush ha encabezado una serie de comentarios públicos oficiales sobre la presunta culpabilidad de las personas detenidas y ha sido el encargado de supervisar un sistema que sistemáticamente deniega los derechos de éstas.

Ø Limita el derecho de los detenidos acusados a estar representados por un abogado de su elección.

Ø No ofrece ninguna garantía de que los juicios se lleven a cabo en un período de tiempo razonable.

Ø Permite al poder ejecutivo establecer quién es "combatiente enemigo" en virtud de cualquier "tribunal competente" creado por el poder ejecutivo, y aprobar los Tribunales de Revisión del Estatuto de Combatiente, procedimiento administrativo totalmente inadecuado que se ha empleado en Guantánamo para revisar las detenciones de forma individual.

Ø Limita el alcance de la Ley sobre Crímenes de Guerra al no penalizar de forma expresa los actos que constituyan "atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes" prohibidos en virtud del Artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra. Amnistía Internacional cree que, de forma sistemática, Estados Unidos no ha respetado la dignidad humana de las personas detenidas en la "guerra contra el terror".

Ø Prohíbe a los tribunales estadounidenses el uso del "derecho extranjero o internacional" en relación con la Ley sobre Crímenes de Guerra para tomar sus decisiones. El presidente está facultado para "interpretar el significado y la aplicación de los Convenios de Ginebra". Durante el mandato del presidente Bush, Estados Unidos ha demostrado hacer caso omiso de forma selectiva a los Convenios de Ginebra y a la prohibición absoluta de infligir tortura u otros malos tratos.

Ø Aprueba el "paradigma bélico" del gobierno estadounidense, en virtud del cual Estados Unidos ha aplicado las leyes de la guerra de forma selectiva y ha rechazado el derecho internacional en materia de derechos humanos. La legislación antedataría la "guerra contra el terror" a una fecha anterior al 11 de septiembre de 2001 para poder juzgar a personas ante comisiones militares por "crímenes de guerra" cometidos antes de esa fecha.


Entretanto, las violaciones de derechos humanos continúan. El programa de detenciones e interrogatorios secretos de la CIA sigue contando con el apoyo total del presidente Bush. Durante los debates celebrados sobre la Ley de Comisiones Militares, miembros del Congreso expresaron su apoyo al programa, a pesar de que viola el derecho internacional. Miles de personas permanecen recluidas en régimen de detención indefinida sin cargos ni juicio bajo control estadounidense en Irak, Afganistán y Guantánamo. Al aprobar la Ley de Comisiones Militares, el Congreso ha defraudado a estos detenidos y sus familias.


Los defensores y defensoras de derechos humanos deben prepararse para una larga lucha. ********


(1) "Ese memorándum reflejaba la postura del Ejecutivo en el momento de publicarse"; y: "Reflejaba la postura de la administración". "Yo acepté el memorándum del 1 de agosto de 2002". Alberto Gonzales, asesor de la Casa Blanca, en respuesta a las preguntas formuladas verbalmente por el senador Patrick Leahy y el senador Edward Kennedy, y por escrito por el senador Richard Durbin durante las sesiones de nombramiento del fiscal general de Estados Unidos ante el Comité Judicial del Senado, enero de 2005.


(2) CIA’s harsh interrogation techniques described, ABC News, 18 de noviembre de 2005, disponible en http://abcnews.go.com/WNT/Investigation/story?id=1322866. (Contiene técnicas como zarandear, abofetear y: "Permanencia prolongada de pie: […] Se obliga a los presos y presas a permanecer de pie, esposados e inmovilizados por los pies con grilletes sujetos a un perno de anilla fijo al suelo durante más de 40 horas. El agotamiento y la privación de sueño resultan eficaces para extraer confesiones […] La celda fría: Se obliga al preso a permanecer desnudo y de pie en una celda a unos 10º C. Durante su permanencia en la celda, se empapa al preso con agua fría […] Water Boarding: Se inmoviliza al preso sobre una plancha inclinada, con las piernas en alto y la cabeza ligeramente por debajo del nivel de los pies. Se le envuelve la cabeza con plástico adherente y se le echa agua por encima. Inevitablemente, el preso experimenta arcadas reflejas y el terror de ahogarse le lleva a rogar casi de inmediato que dejen ya de aplicarle ese trato".


(3) An unexpected collision over detainees, New York Times, 15 de septiembre de 2006.


(4) "Estados Unidos está comprometido con la eliminación mundial de la tortura y lidera esta lucha con el ejemplo. Pido a todos los gobiernos que se unan a Estados Unidos y a la comunidad de países respetuosos de la ley en la prohibición, investigación y procesamiento de todo acto de tortura y en la adopción de medidas destinadas a prevenir otros castigos crueles e inusuales". Declaración del presidente, 26 de junio de 2003 http://www.whitehouse.gov/news/releases/2003/06/20030626-3.html.


(5) "Nuestros valores […] nos exigen tratar a los detenidos con humanidad, incluso aquéllos a los que no les asista el derecho a este trato […] Fieles a su política, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos continuarán ofreciendo un trato humanitario a los detenidos".


(6) Véase Estados Unidos: ¿Entrega – tortura – juicio? El caso del detenido de Guantánamo Mohamedou Ould Slahi, http://web.amnesty.org/library/index/eslAMR511492006?open&of=esl-USA. En el caso de Mohamed al-Qahtani (véase el final del informe citado), el plan de interrogatorio "explica la necesidad militar de llevar a cabo [un duro interrogatorio]". Asesor general adjunto del Departamento de Defensa. Noticias en breve, Casa Blanca, 22 de junio de 2004. http://www.whitehouse.gov/news/releases/2004/06/20040622-14.html.


(7) Véase, por ejemplo, el capítulo 5 del libro de Neal Devins y Louis Fisher The Democratic Constitution. Oxford University Press, 2004 ("[…] el Congreso optó por votar, presionado por el partido y con información insuficiente, a favor de la aprobación de una resolución de autorización. Al igual que con la Resolución del Golfo de Tonkin (de 1970, que ampliaba la intervención en Vietnam), el Congreso actuó de prisa en medio de unas elecciones sin la información que necesitaba. La Resolución de Irak no decidía a favor ni en contra de la acción militar; dejaba esa decisión exclusivamente en manos del presidente […]").


(8) Myers v. United States, 272 U.S. 52 (1926), opinión contraria del juez Brandeis.



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