Document - Guantánamo: Military commissions -- Amnesty International observer?s notes from proceedings

AMNISTÍA INTERNACIONAL

DECLARACIÓN PÚBLICA

Índice AI: AMR 51/153/2004 (Público)

Servicio de Noticias 277/04

3 de noviembre de 2004

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR511532004

Guantánamo: Las comisiones militares

Notas de la observadora de Amnistía Internacional sobre los procedimientos

Amnistía Internacional ha enviado a una delegada para que asista como observadora a las vistas preliminares que están celebrando las comisiones militares en la base naval estadounidense de Bahía de Guantánamo, Cuba.

La delegada Jumana Musa (véase http://web.amnesty.org/library/index/eslAMR511292004) ha enviado la siguiente información actualizada tras las vistas celebradas ayer 2 de noviembre. Enviará más actualizaciones —no necesariamente a diario— durante las presentes actuaciones, que en principio durarán dos semanas.

Se han formulado cargos contra cuatro individuos como parte de los preparativos para su enjuiciamiento ante una comisión militar: David Hicks, ciudadano australiano; Salim Ahmed Hamdan, nacional de Yemen, al igual que Ali Hamza Ahmed Sulayman al Bahlul; e Ibrahim Ahmed Mahmoud al Qosi, ciudadano sudanés.

Amnistía Internacional se opone a las comisiones militares desde que el presidente George W. Bush firmó una orden ejecutiva en materia militar el 13 de noviembre de 2001 por la que se establecía esta modalidad de proceso. La organización seguirá haciendo campaña para que se abandonen las comisiones militares y se anule la orden ejecutiva. Encontrarán más información en http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAMR511302004.

“Hoy es el segundo día de las vistas preliminares sobre las solicitudes formuladas en la causa de David Hicks. El día ha comenzado con la denegación por parte de la comisión militar de algunas de las solicitudes que la defensa había expuesto la víspera. Entre ellas había una moción para declarar la comisión indebidamente constituida y otra para sobreseer la causa por remisión indebida de los cargos. Los alegatos de hoy han sido tan combativos como los presentados el lunes (1 de noviembre). La defensa argumentó en favor del sobreseimiento basándose en una reclamación de igualdad de protección —es decir, el gobierno estadounidense no puede juzgar a personas acusadas de los mismos delitos aplicando distintos criterios— y afirmó que el destino de una persona no puede venir determinado por un factor tan fortuito como la nacionalidad. Prosiguió argumentando la defensa que determinar el grado de justicia que debe obtener una persona en función de su ciudadanía no es, como exigen los criterios declarados de la comisión, “exhaustivo ni imparcial”. Desde que el presidente Bush firmó la orden ejecutiva en virtud de la cual ciudadanos no estadounidenses pueden ser juzgados por una comisión militar, Amnistía Internacional viene objetando que la aplicación discriminatoria del derecho a un juicio justo, por ejemplo en función de la nacionalidad, vulnera el derecho internacional.

Las actuaciones de la comisión han confirmado además la predicción de que, si se encomendaba la resolución de asuntos complicados de derecho interno, militar e internacional a individuos sin formación jurídica, los procesos podrían no reunir las debidas garantías. La defensa no logró una sola concesión de la comisión, ni siquiera sobre principios de derecho básicos y aceptados. La acusación, que expone los argumentos en representación del gobierno, aseguró que ningún precepto legal, ni siquiera del derecho consuetudinario internacional, tenía validez en esta circunstancia. Los fiscales aseguraron que la única ley que obliga a la comisión es el “Estatuto” de la Comisión, formado por órdenes, instrucciones y memorandos redactados por el Pentágono y por miembros de la comisión militar para acusar y juzgar a detenidos no estadounidenses recluidos en Guantánamo u otros lugares. Argumentaron también que a las personas acusadas ante estas comisiones militares les asisten más derechos que los aplicables en virtud de los Convenios de Ginebra y el derecho federal estadounidense. Con esta afirmación se pasa por alto el hecho de que quienes se enfrentan a un juicio ante una comisión militar son privados de elementos esenciales para un juicio justo, como el derecho a una apelación independiente y la exclusión de toda prueba obtenida mediante tortura o coacción.

Los argumentos expuestos por los fiscales eran una continuación del planteamiento “selectivo” del gobierno estadounidense sobre el derecho internacional. La idea de que el presidente pueda crear una comisión mediante orden ejecutiva, permita que el Departamento de Defensa formule las normas y después haga decir a los fiscales que ninguna otra ley es aplicable es exactamente la clase de excepcionalidad que socava el Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos. Ningún Estado está por encima de la ley, y Estados Unidos no es una excepción. Las actuaciones de las comisiones militares no cumplen las normas internacionales sobre imparcialidad procesal, y ninguno de los cambios superficiales introducidos en la composición de las comisiones y en las normas ha puesto remedio a este defecto fundamental.”