Document - USA: Federal judge orders release of five of six Guantánamo detainees seized in Bosnia in 2002


Público

Amnistía Internacional


Estados Unidos: Un juez federal ordena liberar a cinco de los seis presos de Guantánamo detenidos en Bosnia en 2002


20 de noviembre de 2008


Índice AI: AMR 51/141/2008


Es una noticia muy alentadora. Llevamos muchos años esperando. Pido a las autoridades bosnias que subsanen el error que se cometió hace siete años y exijan urgentemente el regreso de los seis hombres a Bosnia.

Nadja Dizdarević, esposa de Boudella El Hadj, 20 de noviembre de 2008



El 20 de noviembre de 2008, el juez Richard Leon, de la corte federal de primera instancia del Distrito de Columbia, ordenó la liberación de cinco de los seis hombres detenidos en Bosnia y Herzegovina en enero de 2002 y trasladados a la base naval estadounidense de la bahía de Guantánamo, Cuba, donde han permanecido recluidos sin cargos ni juicio desde entonces. Según el fallo del juez Leon, el gobierno podría mantener al sexto recluido.

Los abogados del sexto detenido, Belkacem Bensayah, han afirmado que éste recurrirá. A día de hoy, Amnistía Internacional no sabe si el gobierno recurrirá en los otros cinco casos. Sea como fuere, la organización considera que la afirmación de las leyes de la guerra, en contraposición al derecho penal, como fundamento de la reclusión de estos hombres no es conforme al derecho internacional, y que los seis deberían quedar en libertad sin más demora a menos que vayan a ser acusados formalmente y de forma inmediata de delitos comunes que deban ser juzgados por tribunales federales ordinarios de Estados Unidos.

Estos seis detenidos son los primeros de los aproximadamente 230 hombres que continúan recluidos en Guantánamo y que han sido catalogados por Estados Unidos como “combatientes enemigos” sobre cuyas peticiones de hábeas corpus se ha fallado después de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos de junio de 2008, según la cual los detenidos de Guantánamo tienen derecho a impugnar la legalidad de su detención. Después de ese fallo, las causas se remitieron a la corte federal de primera instancia para que se sustanciaran los procedimientos de hábeas corpus.

Aunque la sentencia de la Corte Suprema representó un paso decisivo para llevar el Estado de derecho al campo penitenciario de Guantánamo, no se debe perder de vista el panorama más amplio. En este caso, se trata de seis hombres que no fueron “capturados” en un “campo de batalla”, sino que los detuvo una policía civil en el territorio de un Estado aliado lejos de cualquier conflicto armado. Las autoridades de ese territorio los entregaron sin demora a las fuerzas militares estadounidenses, por temor a consecuencias negativas de índole diplomática, entre otras, incluido para el proceso de paz del país, si se negaban a hacerlo, según declaraciones de su ex ministro de Exteriores, su ex primer ministro y el Alto Representante.1No mucho antes, el presidente George W. Bush había advertido a los países que “[e]stán de nuestro lado, o están del lado de los terroristas. A partir de hoy, cualquier nación que continúe albergando o apoyando al terrorismo será considerada un régimen hostil por los Estados Unidos”.2

A estos seis hombres se los entregó a Estados Unidos a pesar de una sentencia del Tribunal Supremo de la Federación de Bosnia y Herzegovina, que falló que no existía base alguna para su detención, y de una orden de la Cámara de Derechos Humanos de Bosnia y Herzegovina contraria a su salida del país. Desde que le fueron entregados, Estados Unidos ha violado sistemáticamente los derechos humanos de Mustafa Aït Idir, Belkacem Bensayah, Lakhdar Boumediene, Boudella El Hadj, Nechla Mohamed y Saber Lahmar Mahfoud, incluidos los derechos que deberían haber disfrutado en el marco del proceso penal ordinario que normalmente debería ser de aplicación en su situación, como la presunción de inocencia. La justicia y el derecho de recurso llevan años de retraso.

La cuestión examinada por el juez de la corte federal de primera instancia Richard Leon fue si el gobierno estadounidense había justificado la continuidad de la detención de estos seis hombres como “combatientes enemigos”. “Combatiente enemigo” es una etiqueta de la que Estados Unidos usa y abusa en la “guerra contra el terror” en el marco de su manipulación de las leyes de la guerra y su desprecio por el derecho internacional de los derechos humanos. A estos seis hombres se los debería haber tratado desde el primer día como presuntos delincuentes, sometidos al derecho internacional de los derechos humanos y a los principios del derecho penal. Se han cumplido ya 2.500 días desde que comenzó su detención.

El gobierno debía satisfacer una práctica de la prueba relativamente baja: sólo tenía que demostrar que existía una base objetiva, relacionada con un motivo de detención legítimo, sobre “una mayor probabilidad”. El gobierno presentó al tribunal información, tanto confidencial como no confidencial, para apoyar su intento de mantener a los hombres en Guantánamo. Las pruebas confidenciales se vieron en audiencias a puerta cerrada. Incluso en estas circunstancias, el juez Leon resolvió que cinco de los seis hombres debían ser puestos en libertad.

Las autoridades estadounidenses han menoscabado la presunción de inocencia en relación con los detenidos de Guantánamo, lo que ha incluido tildarlos reiteradamente de “terroristas”. En este caso, unos días después de que los seis hombres fueran detenidos en Bosnia, el presidente de Estados Unidos se refirió a ellos en su discurso sobre el estado de la Unión como “terroristas que tramaban bombardear nuestra embajada” en Sarajevo. En las causas penales normales se evita esta clase de condena pública antes de cualquier juicio ya que se corre el riesgo de predisponer a algún miembro del jurado y, por ende, de poner en peligro la integridad del juicio penal. Estados Unidos utilizó la misma acusación para justificar la detención sin cargos ni juicio durante los seis años siguientes, durante los cuales logró mantener las detenciones al margen de la revisión judicial. En los procedimientos ante el juez Leon en las últimas semanas, el gobierno retiró esa acusación. En su lugar, para tratar de justificar la detención de los seis hombres como “combatientes enemigos” ha recurrido a acusaciones más imprecisas acerca de su “asociación” con “Al Qaeda y otros presuntos terroristas” y su presunto intento de “viajar a Afganistán para entablar combate con las fuerzas estadounidenses”. En el caso de Belkacem Bensayah, el gobierno estadounidense sostuvo que “es miembro de Al Qaeda [y] era el principal facilitador y financiero de Al Qaeda en Bosnia y Herzegovina”.

En la parte no confidencial de sus alegaciones al juez Leon, el gobierno mantuvo que los seis hombres “están sometidos lícitamente a detención de conformidad con, entre otros, los poderes que confieren al presidente su condición de comandante en jefe y la Resolución Conjunta sobre la Autorización del Uso de Fuerza Militar”. El primero de estos poderes se ha utilizado para justificar diversas violaciones de derechos humanos cometidas por Estados Unidos en la “guerra contra el terror”. El gobierno también ha explotado reiteradamente el segundo, una resolución de redacción imprecisa aprobada por el Congreso estadounidense unos días después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, para justificar violaciones de las obligaciones internacionales de Estados Unidos.3El hecho de recurrir a una de estas dos prerrogativas como supuesta base jurídica para mantener detenidos a estos hombres en estas circunstancias no se ajusta a la prohibición de la detención arbitraria que contempla el derecho internacional.

Desde que comenzó la “guerra contra el terror”, el gobierno de Estados Unidos ha intentado mantener el control ejecutivo sobre los detenidos a los que designa como “combatientes enemigos”, y con ese fin se ha mostrado dispuesto a explotar el miedo de la población, los recursos judiciales y el secreto y a manipular casos individuales. Sus maquinaciones durante los últimos siete años han dañado el Estado de derecho y el respeto por los principios básicos de derechos humanos. El gobierno estadounidense puede comenzar a reparar los daños causados por este caso concreto sometiendo a estos hombres a un juicio con las debidas garantías en un tribunal federal o poniéndolos en libertad para que puedan volver con sus familias.

Información complementaria

Mustafa Aït Idir, Belkacem Bensayah, Lakhdar Boumediene, Boudella El Hadj, Nechla Mohamed y Saber Lahmar Mahfoud, todos ellos casados y padres de familia, fueron detenidos en octubre de 2001 por la policía de la Federación de Bosnia y Herzegovina como sospechosos de estar implicados en una conspiración para atentar contra las embajadas de Estados Unidos y el Reino Unido en Sarajevo. El 17 de enero de 2002, el Tribunal Supremo de la Federación de Bosnia y Herzegovina dictaminó que no existía base alguna para recluir a estos hombres y ordenó su liberación, y poco después las autoridades penitenciarias de Sarajevo los liberaron. El mismo día, la Cámara de Derechos Humanos de Bosnia y Herzegovina dictó una orden cautelar en la que instaba a adoptar medidas provisionales para impedir la deportación, expulsión o extradición de cuatro de estos hombres. Pese a ello, la policía de la Federación de Bosnia y Herzegovina capturó a los seis hombres el mismo día de su liberación y los entregó a las autoridades estadounidenses, que después los trasladaron a la base naval estadounidense de la bahía de Guantánamo, Cuba.

Los seis hombres llevan casi siete años recluidos sin cargos en Guantánamo. Sus abogados estadounidenses afirman que todos han sufrido tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, como periodos prolongados de reclusión en régimen de aislamiento, exposición a temperaturas extremas, privación del sueño e insuficientes oportunidades de hacer ejercicio. Al parecer, también han sufrido diversas enfermedades causadas o agravadas por las condiciones de detención.

El 12 de junio de 2008, en la causa Boumediene v. Bush, incoada en favor de detenidos de Guantánamo, incluidos estos seis hombres, la Corte Suprema de Estados Unidos declaró inconstitucionales los intentos del gobierno y el Congreso estadounidenses, a través de la Ley de Comisiones Militares de 2006, de privar a los detenidos de su derecho de hábeas corpus. Ni su designación como “combatientes enemigos” ni su presencia en Guantánamo –afirmó el tribunal– eliminaban el hecho de que tenían “derecho al privilegio de hábeas corpus para impugnar la legalidad de su detención”. Cuando se hizo pública la sentencia en el caso Boumediene, la corte federal de primera instancia tenía en espera de resolución aproximadamente 200 peticiones de hábeas corpus cuyo examen permaneció bloqueado hasta ese momento.

Después de la decisión en la causa Boumediene, los casos de Guantánamo se remitieron a la corte federal de primera instancia para sustanciar “procedimientos acordes con esta opinión”. Sin embargo, la sentencia del caso Boumediene dejaba sin definir los detalles relativos al proceso y los recursos a los que podían optar los detenidos. El fallo afirmaba que era “incuestionable” que “el privilegio de hábeas corpus da derecho al preso a una oportunidad significativa de demostrar que está siendo recluido con arreglo a una aplicación o interpretación erróneas de la ley correspondiente”, y afirmaba que “para servir de recurso efectivo y significativo en este contexto, el tribunal que lleva a cabo el procedimiento colateral debe tener cierta capacidad para corregir cualquier error, valorar la suficiencia de las pruebas del gobierno y admitir y examinar pruebas exculpatorias relevantes”. Sin embargo, también afirmaba que no se ocupaba de si el presidente tenía autoridad para recluir a los detenidos de Guantánamo ni del “contenido de la ley que regula la detención de los demandantes”. Estas y otras cuestiones debían “ser aún determinadas”, en primer lugar por la corte federal de primera instancia. Sobre la cuestión del recurso, la Corte Suprema afirmó que “el tribunal que resuelva el recurso de hábeas corpus debe estar facultado para ordenar la libertad condicional de un individuo detenido ilegalmente”, aunque no indicó cuáles podrían ser esas condiciones.

En la corte federal de primera instancia se decidió que un único juez, el juez decano distrital Thomas Hogan, desarrollaría y coordinaría los procedimientos y cuestiones comunes a los casos antes de trasladarlos a los diversos jueces para conocer del fondo de la impugnación de cada individuo a su detención. El juez Richard Leon fue uno de los dos jueces que no se avino a permitir que los casos que tenía encomendados se incluyeran en ese proceso de coordinación (el otro fue el juez Emmet Sullivan). El 6 de noviembre de 2008, el juez Hogan fijó las reglas que regirán las 113 peticiones de hábeas corpus que debe resolver, que afectan a 200 detenidos. El 18 de noviembre, el gobierno impugnó estas reglas, afirmando entre otras cosas que se vería obligado a revelar una cantidad excesiva de información confidencial.

Amnistía Internacional no ha podido leer todavía la transcripción de la sentencia del juez Leon, que se hizo verbalmente desde el estrado. La sentencia no es vinculante para ningún otro juez de la corte federal de primera instancia.

La sentencia del juez Leon es la primera sobre el fondo de los casos de personas que el gobierno sostiene que son “combatientes enemigos”. Una sentencia de octubre de 2008 del juez Ricardo Urbina, en la que ordena al gobierno que libere en Estados Unidos a 17 uigures recluidos en Guantánamo, afectaba a los casos de los hombres a quienes Estados Unidos no considera “combatientes enemigos” pero a los que intenta mantener recluidos en Guantánamo.4

Hay aproximadamente 250 hombres recluidos todavía en Guantánamo. Aproximadamente 520 detenidos han sido liberados de Guantánamo, ninguno de ellos por orden judicial, todos por decisión ejecutiva.





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Traducción de Editorial Amnistía Internacional (EDAI), España


1 Declaración de Zlatko Lagumdžija (“[El adjunto al embajador de Estados Unidos] dejó claro que si Bosnia no accedía a la petición estadounidense de que los hombres [...] fueran detenidos, Estados Unidos retiraría el personal de su embajada y su apoyo a Bosnia y Herzegovina. [...] Creí que en ese escenario Estados Unidos cumpliría su amenaza y retiraría el apoyo para continuar con la construcción del Estado en Bosnia, lo cual habría tenido consecuencias negativas imprevisibles para este país.”). Declaración de Alija Behmen (“Los representantes de la embajada de Estados Unidos dejaron inequívocamente claro que si las autoridades de Bosnia y Herzegovina no detenían a las personas a las que Estados Unidos consideraba sospechosas, Estados Unidos retiraría todo el personal de la embajada e interrumpiría todo apoyo adicional a Bosnia y Herzegovina. Recuerdo que [el adjunto al embajador de Estados Unidos] me dijo entonces algo así como ‘y entonces que Dios proteja a Bosnia y Herzegovina’”). Declaración de Wolfgang Petritsch (“La amenaza de Estados Unidos de retirarse del proceso de paz de Bosnia, en caso de llevarse a cabo, habría puesto en peligro todo el proceso de paz en Bosnia”). Boumediene v. Bush, Petitioners’ public traverse to the government’s returns to the petition for habeas corpus, Corte Federal de Primera Instancia del Distrito de Columbia, 17 de octubre de 2008.

2 Discurso ante una Sesión Conjunta del Congreso y el Pueblo Estadounidense, 20 de septiembre de 2001.

3 Véase, por ejemplo, USA: Many words, no justice: Federal court divided on Ali al-Marri, mainland 'enemy combatant', 4 de agosto de 2008, http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/087/2008/en.

4 Véanse USA: Justice Years Overdue: Federal court hearing for Uighur detainees in Guantánamo, 7 de octubre de 2008, http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/110/2008/en; USA: Federal judge orders release of Uighurs held at Guantánamo, government appeals, 8 de octubre de 2008, http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/111/2008/en; USA: US Court of Appeals blocks release of Guantánamo Uighurs as government resorts to ‘scare tactics’, 10 de octubre de 2008, http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/113/2008/en; y Estados Unidos. Detención indefinida por litigio. Continúa el “monstruoso absurdo” de los uigures detenidos en Guantánamo, 12 de noviembre de 2008, http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR51/136/2008/es.

Índice AI: AMR 51/141/2008 Amnistía Internacional, 20 de noviembre de 2008

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