Document - USA: Further information on Legal concern











PÚBLICO Índice AI: AMR 51/137/2008

12 de noviembre de 2008


Más información (actualización núm. 1) sobre AU 278/08 (AMR 51/112/2008, del 8 de octubre de 2008) – Preocupación jurídica


EE. UU. 17 detenidos uigures recluidos en Guantánamo



Diecisiete uigures permanecen recluidos bajo detención militar indefinida en la base naval estadounidense de bahía de Guantánamo, Cuba, más de un mes después de que un juez federal resolviera que su prolongada detención es ilegal y ordenara que fueran liberados en territorio estadounidense. El gobierno obtuvo de un tribunal superior una suspensión de emergencia de la orden, y ahora ese tribunal superior celebrará una vista oral el 24 de noviembre para escuchar los argumentos sobre el tema.


El 7 de octubre, el juez Urbina, del tribunal federal de primera instancia del Distrito de Columbia (DC), ordenó al gobierno que dejara en libertad en territorio estadounidense a los 17 uigures de los que el gobierno había admitido anteriormente que no son “combatientes enemigos”, calificativo que les había dado durante años para justificar su detención indefinida sin cargos ni juicio. La mayoría de los uigures habían sido declarados susceptibles de ser puestos en libertad ya en 2003.


Estados Unidos ha admitido que los uigures no pueden ser devueltos a su China natal porque allí correrían un grave peligro de tortura o ejecución. Sin embargo, en sus más de cuatro años de intentarlo no ha podido encontrar un país dispuesto a aceptarlos. Según afirma, se ha puesto en contacto –en ocasiones más de una vez– con casi un centenar de países. Está claro que, en la actualidad, la única manera de poner fin a la detención indefinida de los uigures es dejarlos en libertad dentro de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno se niega a contemplar esa posibilidad, y ha acudido a la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia para que anule la orden del juez Urbina y permita que los detenidos permanezcan en Guantánamo hasta que se encuentre la solución de un tercer país que Estados Unidos no ha podido encontrar desde hace años.


El gobierno alega que la orden del juez Urbina debe anularse porque “salvo que la ley autorice lo contrario, ningún tribunal está facultado para revisar la decisión del ejecutivo de excluir a un extranjero de este país”. El juez Urbina había reconocido lo delicado de la intervención judicial en “un ámbito normalmente dominado por las ramas políticas”, pero señaló que era el gobierno el que había llevado a los uigures a Guantánamo, que no los había acusado de delito alguno ni había presentado “pruebas fiables de que puedan constituir una amenaza para los intereses estadounidenses”, y que es el gobierno el que ha “frustrado” sus propios esfuerzos por encontrar un tercer país que los acoja, ya que hasta hace poco los ha calificado de “combatientes enemigos”. El juez Urbina señaló también que había personas y organizaciones dispuestas a ayudar a los uigures a reasentarse en Estados Unidos “proporcionándoles alojamiento, trabajo, dinero, educación y otros servicios espirituales y sociales”.


El juez Urbina había preguntado al gobierno qué amenaza constituirían los uigures en caso de ser puestos en libertad en territorio estadounidense, pero el gobierno no presentó ninguna prueba al respecto. Ahora, en su intento de conseguir la anulación de la orden, el gobierno ha retratado a los uigures como individuos peligrosos que “trataron de hacer una campaña de terror contra un gobierno soberano” y que recibieron “adiestramiento en el manejo de armas” en Afganistán tras huir allí desde China. Desde entonces, una juez de la Corte de Apelaciones ha señalado que el gobierno no ha presentado “prueba alguna” de que los uigures constituyan una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos “o para la seguridad de la comunidad o de cualquier persona”. La juez añadió que el hecho de que uno o más de los uigures recibieran adiestramiento en el manejo de armas de fuego “no demuestra por sí solo que sean peligrosos, a menos que millones de ciudadanos estadounidenses que han recibido adiestramiento en el manejo de armas de fuego sean considerados peligrosos”.


El gobierno alega que, incluso si los uigures “estuvieran de pie en la frontera de la nación”, probablemente se les denegaría la entrada por motivos de seguridad, en virtud de la imprecisa ley de inmigración estadounidense. Incluso si los uigures “tuvieran algún derecho a entrar en Estados Unidos y ser liberados en territorio nacional”, serían puestos inmediatamente bajo detención indefinida en virtud de la ley de inmigración en espera de ser expulsados del país.


El gobierno ha afirmado que “se están llevando a cabo negociaciones sobre la posibilidad de que sean reasentados en terceros países”. Alega que una decisión que obligue al gobierno a liberar a los uigures en territorio estadounidense complicaría esas negociaciones. Según sugiere, si se llevara a los 17 uigures a Estados Unidos, “incluso nuestros amigos y aliados podrían verse menos inclinados a participar en los esfuerzos de reasentamiento para los demandantes (o, de hecho, para cualquier otro detenido)”. El hecho, no obstante, es que esos esfuerzos del Departamento de Estado estadounidense –infructuosos durante años– ya se han visto minados por la conducta del propio gobierno, tanto por haberlos calificado anteriormente de “combatientes enemigos” como por su reciente campaña de insinuaciones de que son peligrosos.


En sus informes a la Corte de Apelaciones, el gobierno ha pintado una imagen benévola de las condiciones en las que los uigures permanecen ahora “alojados” en el Campo Iguana de Guantánamo: “alojamientos comunitarios especiales con acceso a todas las áreas del campo, incluidos un espacio recreativo al aire libre y una zona de picnic”, dormitorios “en un barracón con aire acondicionado”, y “el uso de una sala de actividades equipada con diversos artículos de ocio, incluido un televisor con reproductores de vídeo y de DVD”. Los uigures también “tienen acceso a comidas especiales, duchas y materiales de biblioteca”. Aunque las condiciones actuales de los uigures son menos duras que las que han soportado anteriormente, especialmente en el Campo 6, siguen estando encarcelados. Están aislados del mundo exterior, rodeados de vallas y alambres de cuchillas, vigilados por guardias armados y por cámaras de vigilancia activadas las 24 horas del día, y con tan sólo un pequeño espacio para actividades de ocio. En las visitas de sus abogados permanecen encadenados al suelo.


Para más información, véase USA: Justice Years Overdue: Federal court hearing for Uighur detainees in Guantánamo, 7 de octubre de 2008, http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/110/2008/en; USA: Federal judge orders release of Uighurs held at Guantánamo, government appeals, 8 de octubre de 2008, http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/111/2008/en; USA: US Court of Appeals blocks release of Guantánamo Uighurs as government resorts to ‘scare tactics’, 10 de octubre de 2008, http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/113/2008/en; y USA: Indefinite detention by litigation: ‘Monstrous absurdity’ continues as Uighurs remain in Guantánamo, 12 de noviembre de 2008, http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/136/2008/en.


ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen sus llamamientos para que lleguen lo antes posible, en inglés o en su propio idioma, utilizando sus propias palabras:


- expresando preocupación porque los uigures continúan recluidos en detención indefinida en Guantánamo, y porque el gobierno sigue litigando para mantenerlos allí hasta que surja la solución de un tercer país que no ha podido encontrar durante años;

- expresando preocupación por el retrato no fundamentado que, en su estrategia de litigio, el gobierno estadounidense está haciendo de los uigures como individuos peligrosos, ya que esta insinuación sólo servirá para dificultar aún más la solución de un tercer país;

- aplaudiendo el apoyo que la comunidad local de Estados Unidos ha prometido prestar a los uigures para ayudarlos a adaptarse a la vida fuera de Guantánamo;

- pidiendo al gobierno estadounidense, en nombre del humanitarianismo y la justicia, que libere a los detenidos uigures en territorio estadounidense, y que trabaje para garantizar una solución justa, segura y duradera para estos hombres.


LLAMAMIENTOS A:


Fiscal general adjunto

The Honorable Gregory G. Katsas, Assistant Attorney General, US Department of Justice

950 Pennsylvania Avenue NW, Room 3141, Washington, DC 20530-0001, EE. UU.

Fax: +1 202 307 6777 o +1 202 616 8470

Correo-e.: Gregory.Katsas@usdoj.org

Tratamiento: Dear Assistant Attorney General / Sr. Fiscal General Adjunto


Asesor jurídico del Departamento de Estado

John Bellinger, Legal Adviser, US Department of State, 2201 C Street NW, Washington, DC 20520, EE. UU.

Fax: + 1 202 647 7096

Tratamiento: Dear Mr Bellinger / Sr. Bellinger


Presidente

President George W. Bush, The White House, 1600 Pennsylvania Avenue NW, Washington, DC 20500, EE. UU.

Fax: +1 202 456 2461

Correo-e.: president@whitehouse.gov
Tratamiento: Dear Mr President / Sr. Presidente


COPIA A: la representación diplomática de Estados Unidos acreditada en su país.


ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE.Consulten con el Secretariado Internacional o con la oficina de su Sección si van a enviarlos después del 24 de diciembre de 2008.

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AMNESTY INTERNATIONAL WORLDWIDE