Document - USA: Abandon military commissions, close Guant�namo


Público


Amnistía Internacional


ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Renunciar a las comisiones militares, cerrar Guantánamo


4 de julio de 2007


Índice AI: AMR 51/118/2007





Hace ya cuatro años que seis de los detenidos bajo custodia estadounidense en la bahía de Guantánamo se convirtieron en los primeros en ser seleccionados para ser juzgados por una comisión militar establecida por orden ejecutiva. Desde entonces, sólo una de las casi 800 personas que han estado recluidas en la base ha sido condenada por una comisión de ese tipo. El 30 de marzo de 2007, cinco años y dos meses después de ser trasladado a Guantánamo, David Hicks se declaró culpable en virtud de un acuerdo anterior al juicio que le permitiría salir de la base y regresar a Australia, su país de origen, donde cumpliría una condena de nueve meses. Hicks fue trasladado de Guantánamo a mediados de mayo.

David Hicks fue uno de los seis detenidos que, según lo dispuesto el 3 de julio de 2003, cumplían con los requisitos para ser juzgados en aplicación de una orden ejecutiva en materia militar firmada por el presidente George W. Bush en noviembre de 2001. El 29 de junio de 2006 la Corte Suprema de Estados Unidos resolvió que el sistema de comisiones militares era ilegal, entre otras razones debido a que el Congreso no lo había autorizado. Tres meses después el Congreso aprobó la Ley de Comisiones Militares (MCA, por sus siglas en inglés), que autorizó un sistema de comisiones revisado que despojó a los tribunales estadounidenses de competencia para considerar recursos de hábeas corpus interpuestos por "combatientes enemigos" extranjeros –el procedimiento en virtud del cual se había impugnado con éxito el primer sistema de comisiones militares–. A David Hicks lo condenaron en aplicación de la Ley de Comisiones Militares, legislación que está muy lejos de ajustarse a las normas internacionales.(1)

Los siguientes detenidos que hicieron frente a cargos en aplicación de la MCA fueron el ciudadano canadiense Omar Ahmed Khadr y el ciudadano yemení Salim Ahmed Hamdan, quienes habían sido acusados con arreglo al sistema de comisiones anulado por la Suprema Corte el año anterior. En la vista incoatoria, celebrada el 4 de junio de 2007, los jueces militares anularon los cargos contra los dos hombres debido a que, aunque a ambos los habían declarado "combatientes enemigos" en Guantánamo, no existía en ninguna parte registro de que se los hubiera declarado "combatientes enemigos ilegales", calificación que constituye un requisito previo (cuando se aplica a un ciudadano no estadounidense) para un juicio ante una comisión militar con arreglo a la Ley de Comisiones Militares. Esta discrepancia no se había señalado en la vista incoatoria de David Hicks, quien, en cambio, fue condenado por una comisión que, según daban a entender las resoluciones del 4 de junio, al parecer no tenía competencia sobre su caso.

En consiguiente, las autoridades estadounidenses se han visto obligadas una vez más a estudiar la forma de corregir los problemas que han incorporado en el sistema de las comisiones militares. El 29 de junio de 2007, el juez militar a cargo del caso de Omar Khadr se negó a reconsiderar su anterior decisión de anular los cargos. El juez militar Peter Brownback concluyó que la fiscalía no había presentado ningún elemento, desde su decisión del 4 de junio, que mostrase que los hechos o la ley habían sufrido algún cambio desde entonces. El juez prosiguió:

la utilización de juzgados, tribunales y comisiones militares para juzgar a civiles –y, por cierto, no se ha alegado que el Sr. Khadr no sea un civil– ha sido objeto de gran desaprobación en los Estados Unidos y sigue siéndolo. Aunque este tipo de juicios ha sido ratificado en algunas ocasiones por el sistema de justicia federal, éste se ha inclinado por determinar que los tribunales militares no tienen competencia o jurisdicción para juzgar a civiles [...]. Dado que el uso de tribunales militares para juzgar a civiles no goza de favor, no puede haber sido la intención del Congreso obtener el resultado lógico, aunque no intencional, de refrendar los argumentos y la posición del gobierno en este caso, es decir, que los militares pueden capturar a quien quieran, acusarlo, someterlo a juicio por una Comisión Militar y, sólo entonces, después de que la Comisión ha sido llamada al orden, resolver la cuestión inicial de la jurisdicción conforme a la Ley de Comisiones Militares.(2)

Según informes, entre las decisiones del juez militar del 4 y del 29 de junio, el Pentágono creó el Tribunal de Revisión de Comisiones Militares, tribunal de apelaciones de primera instancia con arreglo a la Ley de Comisiones Militares. También se ha informado de que el Pentágono está ahora preparándose para apelar de la cuestión jurisdiccional ante este tribunal. Aun si esta cuestión se dirime en favor del gobierno, Amnistía Internacional continuará adoptando la postura de que los procedimientos de las Comisiones Militares, tal como se proponen de conformidad con la MCA, están viciados. Por otra parte, el enjuiciamiento de civiles ante tribunales militares de cualquier tipo contraviene las normas internacionales. (3)

Amnistía Internacional insta al gobierno estadounidense a buscar una solución que no se limite a hacer ajustes superficiales a un sistema viciado. Como dijo Colin Powell, ex secretario de Estado de Estados Unidos, el 10 de junio de 2007:

Si dependiera de mí, no cerraría Guantánamo mañana, sino esta misma tarde. La cerraría [...] eliminaría Guantánamo y también el sistema de comisiones militares, y utilizaría procedimientos establecidos por el derecho federal o por el manual para consejos de guerra [F]undamentalmente, hemos debilitado la fe que tenía el mundo en el sistema de justicia estadounidense, manteniendo abierto un lugar como Guantánamo y creando entidades como las comisiones militares. No las necesitamos, y nos están causando mucho más daño que cualquier beneficio que obtengamos de ellas.(4)

Amnistía Internacional está de acuerdo. Hace ya mucho tiempo que Guantánamo se ha convertido en un símbolo internacional de la ilegalidad. Durante más de cinco años la organización ha venido pidiendo que se someta a juicios justos a las personas recluidas en Guantánamo o se les devuelva la libertad, a la vez que se ha opuesto al sistema de comisiones militares propuesto por el gobierno. Desde mediados de 2005 la organización viene haciendo llamamientos en favor del cierre del centro de detención de Guantánamo y pidiendo que todos los detenidos que vayan a ser acusados sean juzgados ante tribunales ordinarios en Estados Unidos.

El Comité contra la Tortura, órgano de expertos de la ONU que vigila el cumplimiento de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en su informe sobre Estados Unidos de hace más de un año, manifestó que "recluir indefinidamente a alguien sin cargos de por sí viola la Convención" y declaró que Estados Unidos "debe dejar de recluir a quien sea en la bahía de Guantánamo y cerrar ese centro de detención". (5)

También hace ya más de un año que el propio presidente Bush afirmó que deseaba cerrar Guantánamo. En ese momento declaró que algunos de los detenidos debían "ser juzgados en tribunales estadounidenses [...] debería encontrarse una salida en un tribunal de justicia". (6) Unos pocos días antes, el presidente había dicho que creía que "debían ser juzgados en tribunales aquí en Estados Unidos". (7) Sin embargo, un año después, el gobierno no muestra ningún interés en actuar rápidamente para encontrar una solución, acorde con el derecho y las normas internacionales, para el escándalo de derechos humanos que es Guantánamo.

El 22 de junio de 2007 se iba a celebrar una reunión en la que, según una portavoz de la Casa Blanca, funcionarios de la administración "se iban a centrar en hacer lo que el presidente, en los últimos años, les ha pedido que hagan, es decir, trabajar para cerrar el centro de detención". (8) Llegado el momento, esta reunión "regular" fue cancelada porque "no era necesaria". No se iba a tomar ninguna decisión inminente sobre Guantánamo, y tampoco había "ningún plazo". (9)

Según la portavoz de la sesión informativa del 22 de junio, el gobierno aún quiere juzgar a ciertos detenidos con arreglo a la Ley de Comisiones Militares. El mismo día, el Pentágono anunció el traslado de otro detenido a Guantánamo, el 18º que se lleva a cabo en los últimos 10 meses. Es claro que, en lo que se refiere a dejar sin efecto las comisiones militares y cerrar Guantánamo, al gobierno no lo impulsa la misma urgencia que han expresado el ex secretario de Estado Powell y otras personas.

Desde que Estados Unidos declaró la "guerra contra el terror", la cuestión de juzgar a los detenidos bajo custodia estadounidense en Guantánamo ha ocupado un lejano segundo lugar tras el objetivo del gobierno de mantener lo más limitada posible la revisión judicial de estas detenciones. El gobierno ha reconocido que sólo una minoría de los recluidos en Guantánamo deberá enfrentar cargos. Amnistía Internacional sigue reiterando que, si los detenidos no son acusados y juzgados en juicios justos de acuerdo con el derecho y las normas internacionales de derechos humanos, deben ser puestos en libertad. Los gobiernos con ciudadanos recluidos en la base, deben tratar activamente de lograr su puesta en libertad si Estados Unidos no presenta contra ellos cargos por delitos comunes reconocibles y los juzga en juicios que reúnan las debidas garantías.

Ningún detenido de Guantánamo que sea puesto en libertad debe ser trasladado a un país en el que corra el peligro de ser sometido a tortura, otros malos tratos u otras violaciones graves de derechos humanos. Estados Unidos no debe confiar en "garantías diplomáticas" para evitar cumplir con sus obligaciones legales internacionales en este ámbito. Estas garantías no se pueden hacer cumplir legalmente y son intrínsecamente poco fiables, en especial en lo relacionado con la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Otros gobiernos deben considerar activamente la posibilidad de aceptar detenidos que no puedan volver a sus propios países debido a que en ellos correrían el riesgo de sufrir violaciones de derechos humanos. Estados Unidos debe garantizar que los detenidos cuentan con una oportunidad efectiva de buscar reparación en los tribunales estadounidenses en relación con cualquier abuso que hayan sufrido bajo custodia estadounidense, incluidas la desaparición forzada, la detención arbitraria y la tortura.

Al examinar las opciones de que disponen para cerrar el centro de detención de Guantánamo, las autoridades estadounidenses, según informes, están explorando la posibilidad de introducir legislación que permita la detención a largo plazo y sin juicio de presuntos terroristas extranjeros dentro del territorio de Estados Unidos.(10) El secretario de Defensa, Robert Gates, ha descrito este desafío como el de "hallar una base legal para recluir presos que nunca deben ser puestos en libertad y que pueden o no ser sometidos a juicio". (11) Una razón que dio el secretario Gates para que no se pueda juzgar a estos detenidos es que las pruebas contra ellos puedan incluir "fuentes confidenciales de inteligencia o cuestiones de ese tipo". A Amnistía Internacional le preocupa que lo anterior pueda incluir los métodos de interrogatorio empleados por la Agencia Central de Inteligencia contra detenidos en reclusión secreta, la ubicación de los centros secretos en los que se ha recluido a estos detenidos y las condiciones de reclusión a que han sido sometidos en esos centros. Toda esta información ha sido calificada como muy secreta y, según el gobierno estadounidense, podría causar "daños excepcionalmente graves" a la seguridad nacional si fuera revelada. (12) Negar a una persona un juicio justo a fin de impedir que se saquen a luz violaciones de derechos humanos agravaría aun más la ilegalidad de que están plagadas las políticas y prácticas de detención estadounidenses en el marco de la "guerra contra el terror".

Hace diez meses, el gobierno estadounidense trasladó a Guantánamo desde centros secretos de custodia de la CIA a 14 "detenidos de alto valor", contra quienes afirma que posee pruebas de implicación en delitos graves, incluido el crimen de lesa humanidad cometido en Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001. El presidente Bush se sirvió de estos casos para instar al Congreso a aprobar la Ley de Comisiones Militares y un procedimiento para las comisiones militares que permitiría al gobierno presentar pruebas manteniendo secretos los métodos utilizados para obtenerlas, así como habilitar el uso de pruebas obtenidas bajo coacción. Mientras la MCA, las comisiones militares y el régimen de detención de Guantánamo siguen siendo objeto de severas críticas, el gobierno parece estar dando marcha atrás respecto de su compromiso declarado de juzgar a estos detenidos y buscando formas de asegurar su detención a largo plazo y sin juicio.

Antes de su traslado a la base, estas 14 personas habían sido víctimas de desaparición forzada –que es un delito según el derecho internacional– y recluidas en régimen de detención secreta en lugares no revelados durante periodos de hasta cuatro años y medio. Diez meses después de su traslado a Guantánamo, mientras el sistema de comisiones militares establecidas con arreglo a la Ley de Comisiones Militares empieza a fallar como su antecesor, ninguna de las 14 personas ha tenido acceso a asistencia letrada. Ninguna ha tenido acceso a los tribunales. No se han presentado cargos contra ninguna. En su lugar, se ha aplicado un procedimiento administrativo de revisión que admite los testimonios de oídas y las pruebas secretas obtenidas mediante coacción como confirmación de la supuesta condición de "combatiente enemigo" de la persona detenida. Esto no puede llamarse Estado de derecho.

La justicia no puede alcanzarse en un vacío en el que no existe el Estado de derecho. Mantener a personas recluidas en secreto o prácticamente en régimen de incomunicación por tiempo indefinido y sin cargos ni juicio, mientras se las califica de "terroristas", "homicidas" y "malas personas", equivale a poner en peligro la posibilidad de que sean sometidas a un juicio con las debidas garantías. Cuando se socava, en nombre de la seguridad nacional, la prohibición de torturar e infligir otros malos tratos se vuelve más difícil enjuiciar a cualquier persona detenida que se vea afectada por tal política, porque se pone en tela de juicio la admisibilidad de toda información obtenida en tales condiciones. Y cuanto más se prolonga esta situación, más lejana aparece la perspectiva de alcanzar la justicia. En otras palabras, un gobierno que recurre a este tipo de tácticas facilita la impunidad y niega la justicia a las víctimas de delitos, incluido el terrorismo.

Si Estados Unidos tiene la intención auténtica de llevar a juicio a cualquiera de los detenidos de Guantánamo, debe hacerlo de una forma que demuestre su compromiso con la restauración del Estado de derecho. Debe acusar al detenido sin dilación de delitos comunes reconocibles ante los tribunales federales. Los juicios con arreglo a la modalidad prevista por la Ley de Comisiones Militares en su actual redacción son inaceptables y, sin embargo, en la actualidad esos juicios son, al parecer, los únicos que prevé el gobierno estadounidense.

Teniendo en cuenta lo anterior y dadas las indicaciones de que el gobierno continúa tratando de llevar a Omar Ahmed Khadr y a Salim Ahmed Hamdan a juicio ante una comisión militar conforme a la MCA, Amnistía Internacional hace un llamamiento a los gobiernos de Canadá y de Yemen para que se unan a la organización y a otras fuerzas a fin de hacer todo lo posible para convencer a Estados Unidos de que trate a estos detenidos de plena conformidad con el derecho internacional. Mientras Estados Unidos no aplique las normas internacionales que rigen los juicios justos, estos dos gobiernos deben actuar para proteger a sus ciudadanos, tratando de que sean repatriados y, si existen pruebas admisibles suficientes, disponer que sean sometidos a juicio en su propio país cumpliendo las normas internacionales sobre juicios justos.

En el caso de Omar Khadr, el hecho de que Estados Unidos no haya aplicado el derecho internacional ha tenido como consecuencia que una persona que tenía 15 años de edad cuando fue puesta bajo custodia en Afganistán a mediados de 2002 haya estado recluida durante una cuarta parte de su vida en custodia militar, sin juicio, sin que se haya tenido en cuenta su edad y sin que sus captores hayan cumplido con su obligación de, de acuerdo con el derecho internacional, hacer todo lo posible para facilitar su rehabilitación y su reintegración a la sociedad. El gobierno canadiense debe hacer lo posible para compensar el incumplimiento del derecho internacional por parte de Estados Unidos.

El 29 de junio de 2007 la Corte Suprema de Estados Unidos anunció que examinaría la cuestión –presentada en nombre de los detenidos de Guantánamo– de si la Ley de Comisiones Militares ha despojado a los tribunales federales de competencia para considerar recursos de hábeas corpus de esos detenidos, como afirma el gobierno. La Corte verá los argumentos sobre esta cuestión en su próximo periodo de sesiones que comienza el 1 de octubre. No es probable que se tome una decisión antes de 2008. Incluso si resolviese a favor del derecho de los detenidos a presentar recursos de hábeas corpus, esto no conllevaría un cambio inmediato en las condiciones de éstos, ya que el asunto sería remitido a los tribunales inferiores para dar lugar a otros procedimientos. Ni el ejecutivo ni el Congreso necesitan esperar hasta que la Corte haya examinado o tomado una decisión sobre esta cuestión. Ambos deben trabajar para encontrar una solución que haga que todas las detenciones llevadas a cabo por Estados Unidos cumplan plenamente con el derecho y las normas internacionales.

Cada día que Guantánamo permanece abierto es otro día en el que se mantiene en el limbo jurídico a cientos de detenidos y sus familias. El ejemplo que Guantánamo da al mundo –el de un país poderoso que socava los principios de derechos humanos fundamentales– es angustiante para las personas afectadas, destructivo para el Estado de derecho y peligroso para todas las personas. No sería menos peligroso ni menos ilegal que Estados Unidos simplemente trasladara el problema que ha creado en Guantánamo a otro lugar.

***

Marco para poner fin a las detenciones ilegales

Sin duda se presentan desafíos importantes a la hora de cerrar el centro de detención de Guantánamo. No obstante, el centro fue creado por Estados Unidos, y la oposición internacional que ha provocado es consecuencia directa de la negativa del gobierno estadounidense a hacer que las detenciones cumplan con el derecho y las normas internacionales. El gobierno debe aplicar su energía a lograr el cierre del centro de detención de Guantánamo sin recurrir a ningún procedimiento que traslade las violaciones de derechos humanos a otros lugares, ni siquiera dentro de Estados Unidos. No debe haber detenciones ni traslados secretos, ni detenciones por fuerzas extranjeras en nombre de Estados Unidos, ni traslados a lugares donde puedan producirse abusos ni detenciones en ningún otro centro de detención bajo control estadounidense en el que se afirme que allí no rigen las normas internacionales de derechos humanos y ni el derecho internacional humanitario. Sobre la base de lo expresado anteriormente, Amnistía Internacional hace un llamamiento para que se incluyan los siguientes puntos fundamentales en cualquier estrategia que se utilice.(13)


General


1. Todo centro de detención utilizado para mantener a personas al margen de la protección de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario debe ser cerrado. Esto se aplica al centro de detención de la bahía de Guantánamo, donde, en más de cinco años de operaciones de detención, la administración estadounidense no ha establecido procedimientos que cumplan con el derecho y las normas internacionales. Debe ponerse fin de forma inmediata y permanente al programa de detenciones secretas de Estados Unidos y deben cerrarse todos los centros secretos de detención, en cualquier parte del mundo en que se encuentren.

2. El cierre de Guantánamo o de otros centros no debe resultar en el traslado de las violaciones de derechos humanos a otro lugar. Todos los detenidos bajo custodia estadounidense deben ser tratados de acuerdo con el derecho y las normas internacionales de derechos humanos y, cuando corresponda, el derecho internacional humanitario. Todos los centros de detención estadounidenses deben estar abiertos al oportuno escrutinio externo, incluido el del Comité Internacional de la Cruz Roja.

3. La responsabilidad de encontrar una solución para los detenidos de Guantánamo y de otros lugares recae en primer lugar sobre de Estados Unidos. El gobierno estadounidense ha creado un sistema de detención en el que las personas permanecen recluidas sin cargos ni juicio, fuera del marco del derecho internacional y sin la posibilidad de recurrir plenamente ante los tribunales de Estados Unidos. El gobierno debe reparar esta situación cumpliendo totalmente con el derecho y las normas internacionales de derechos humanos.

4. Todos los funcionarios estadounidenses deben dejar de socavar aun más la presunción de inocencia de los detenidos de Guantánamo. Los comentarios públicos sobre su presunta culpabilidad los hacen correr riesgo por lo menos de dos maneras: ponen en peligro tanto las posibilidades de que sean juzgados con garantías como la seguridad de los que recuperen su libertad. También puede ponerlos en mayor peligro de sufrir malos tratos durante la detención.

5. Todas las personas detenidas deben poder impugnar la legalidad de su detención ante un tribunal independiente e imparcial, de forma que el tribunal pueda ordenar la puesta en libertad de cualquier persona cuya detención no sea legal. Debe derogarse o enmendarse sustancialmente la Ley de Comisiones Militares para ajustarla al derecho internacional, en especial asegurando plenamente el derecho al recurso de hábeas corpus.

6. El presidente George W. Bush debe revocar totalmente la orden ejecutiva en materia militar del 13 de noviembre de 2001 que autoriza la detención sin cargos ni juicio, así como la orden ejecutiva del 14 de febrero de 2007 que establece las comisiones militares con arreglo a la Ley de Comisiones Militares. (14)

7. Las personas actualmente recluidas en Guantánamo deben ser puestas en libertad a menos que vayan a ser acusadas y juzgadas con prontitud, de acuerdo con las normas internacionales sobre juicios justos.

8. Ningún detenido debe ser trasladado por la fuerza a su país de origen si allí puede enfrentarse a graves abusos contra los derechos humanos ni a ningún otro país donde pueda sufrir tales abusos o desde donde lo puedan trasladar por la fuerza a un país donde correría peligro de sufrirlos.

Juicios justos

9. Las personas que vayan a ser acusadas formalmente y juzgadas deben ser acusadas con prontitud de un delito reconocible conforme a la ley y juzgadas ante un tribunal independiente e imparcial establecido por ley, como por ejemplo un tribunal federal estadounidense, cumpliendo plenamente las normas internacionales sobre juicios justos. No debe caber la posibilidad de que se les imponga la pena de muerte.

10. Toda información obtenida mediante tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes no debe ser admisible en procesamientos ante ningún tribunal. Teniendo en cuenta los años de abusos legales, físicos y mentales que los detenidos bajo custodia estadounidense han sufrido, todos los juicios deben respetar escrupulosamente las normas internacionales, en especial en lo relativo a la admisibilidad de las pruebas obtenidas mediante coacción, y toda condena debe tener en cuenta la duración de la detención en Guantánamo o en otro lugar antes de su traslado a este centro.

Soluciones para las personas que vayan a recuperar la libertad

11. Debe haber un proceso justo y transparente para examinar la situación de cada una de las personas detenidas que vayan a ser puestas en libertad, a fin de establecer si pueden volver a sus países de origen con seguridad o si se debe encontrar otra solución. En todos los casos, se debe considerar a los detenidos individualmente, permitirles contar con representación letrada apropiada, proporcionarles intérpretes si es necesario, darles plena oportunidad de expresar sus puntos de vista, proporcionarles las razones de cualquier decisión por escrito y darles acceso al derecho a la apelación suspensiva. Debe invitarse a organismos internacionales pertinentes, como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), a que ayuden en esta tarea con arreglo a sus respectivos mandatos. Las opciones que tiene el gobierno estadounidense para actuar respetando plenamente los derechos de los detenidos que no vayan a ser procesados y a los que, por lo tanto, haya que devolver la libertad en el menor tiempo posible, son las siguientes:

(a) Devolución. Las autoridades de Estados Unidos deben devolver a los detenidos que han recuperado su libertad a su país de origen o residencia habitual, a menos que en él corran peligro de sufrir graves violaciones de derechos humanos, como detención arbitraria prolongada, desaparición forzada, juicio injusto, tortura u otros malos tratos, ejecución extrajudicial o pena de muerte. Entre los que deben ser puestos en libertad con miras al regreso se encuentran aquellos que, de acuerdo con las leyes de la guerra (los Convenios de Ginebra y sus Protocolos Adicionales), deberían haber sido reconocidos tras su captura como prisioneros de guerra y puestos en libertad al final del conflicto armado internacional de Afganistán, excepto en el caso de que vayan a ser procesados por crímenes de guerra o por otros abusos graves contra los derechos humanos. Se reitera que todos los detenidos que no vayan a ser acusados de delitos reconocibles deben ser liberados.

Cuando se considere la devolución, las autoridades estadounidenses no deben pedir ni aceptar garantías diplomáticas del posible gobierno receptor sobre la forma en que será tratado un detenido tras su regreso a ese país como base para trasladar a personas a países en los cuales, de no mediar tales garantías, se podría suponer que correrían peligro de sufrir tortura u otros malos tratos. Las garantías diplomáticas en estos casos infringen las obligaciones internacionales de derechos humanos, no se pueden hacer cumplir legalmente y son intrínsecamente poco fiables. Además, Estados Unidos no debe imponer condiciones, como la continuación de la detención, al trasladar detenidos, ya que el Estado receptor, si las aceptase, estaría violando las obligaciones que le impone el derecho internacional de derechos humanos.

(b) Asilo y otras formas de protección en Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses deben dar a los detenidos que pongan en libertad la oportunidad de solicitar asilo en Estados Unidos si lo desean, y reconocerlos como refugiados si cumplen los criterios establecidos por el derecho internacional de refugiados. Las autoridades estadounidenses deben garantizar que todo solicitante de asilo cuente con asesoramiento jurídico apropiado y procedimientos justos y efectivos, que cumplan las leyes y normas internacionales sobre refugiados, que incluyen la posibilidad de tener acceso al ACNUR. Las personas que no cumplan los requisitos para obtener la condición de refugiados, pero que corran peligro de sufrir graves abusos de derechos humanos en el posible país de retorno, deberán recibir otras formas de protección y poder permanecer en Estados Unidos si lo desean, de conformidad con las obligaciones contraídas por Estados Unidos en virtud de las normas internacionales de derechos humanos, incluido el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Los solicitantes de asilo y las personas necesitadas de otras formas de protección no deben ser detenidas, a menos que en cada caso individual se establezca ante un tribunal que su detención es legal, tiene un propósito reconocido como legítimo por el derecho internacional de derechos humanos y es necesaria y proporcionada al objetivo que se desea alcanzar, debiendo la legalidad de dicha detención ser revisada periódicamente por los tribunales, según el derecho y las normas internacionales de derechos humanos.

(c) Traslado a terceros países. Las autoridades estadounidenses deben facilitar la búsqueda de soluciones duraderas en terceros países para aquellos que no puedan regresar a sus países de origen o de residencia habitual, por correr el peligro de sufrir abusos graves de derechos humanos, y que no cumplan los requisitos para recibir protección en Estados Unidos o no quieran permanecer en este país. Cualquier solución de este tipo debe considerar las necesidades de protección de los individuos, respetar plenamente sus derechos humanos y tener en cuenta su opinión y sus preferencias. Todos los traslados a terceros países deben realizarse con el consentimiento bien informado de los individuos afectados. Se debe permitir que el ACNUR preste asistencia en tal proceso, con arreglo a su mandato y principios. Los detenidos que hayan quedado en libertad no deberán sufrir presiones ni restricciones que puedan obligarlos a elegir reasentarse en un tercer país. No se deben realizar traslados a terceros países desde los cuales las personas puedan ser enviadas por la fuerza a un país en el que correrían peligro de sufrir graves violaciones de derechos humanos.

Reparación

12. Estados Unidos tiene la obligación en virtud del derecho internacional de proporcionar sin demora reparación apropiada, que incluya restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, a los detenidos que hayan quedado en libertad por el periodo de tiempo que hayan permanecido detenidos ilegalmente y por otras violaciones de derechos humanos que hayan podido sufrir, como tortura o malos tratos. (15) No debe limitarse el derecho de las víctimas a buscar reparación en los tribunales estadounidenses.

Transparencia mientras no se lleve a cabo el cierre

13. Estados Unidos debe invitar a los cinco expertos de la ONU que han solicitado acceso –el relator especial sobre la cuestión de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el relator especial sobre la independencia de magistrados y abogados, el relator especial sobre la libertad de religión o de creencias, el relator especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental y el presidente/relator del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria– a visitar Guantánamo sin las restricciones que los llevaron a rechazar la anterior invitación de Estados Unidos. En especial, no se deben imponer restricciones sobre la posibilidad de que los expertos conversen en privado con los detenidos. Estados Unidos también debe conceder el acceso a Amnistía Internacional, que lo viene solicitando desde 2002.

***

Aunque el cierre del centro de detención de Guantánamo y la restauración plena del Estado de derecho en lo relativo a todas las detenciones llevadas a cabo por Estados Unidos es responsabilidad de las autoridades estadounidenses, Estados Unidos necesitará sin duda la ayuda de otros gobiernos para proceder a esta tarea. Amnistía Internacional insta a otros gobiernos a que hagan todo lo posible para ayudar a Estados Unidos a asegurar que sus detenciones, juicios y devolución de la libertad a detenidos cumplan con el derecho y las normas internacionales. Todos los gobiernos deben asegurar la transparencia máxima posible en sus acciones, y deben garantizar que no serán cómplices de ningún acto ilegal propuesto o perpetrado por cualquier otro gobierno.

Otros países

1. Otros gobiernos deben considerar activamente la posibilidad de aceptar a detenidos puestos en libertad que busquen voluntariamente reasentarse en sus países, en especial los de países donde los detenidos tenían su residencia habitual o estrechos vínculos familiares o de otra índole.

2. Todos los gobiernos deben rechazar traslados de detenidos solicitados por Estados Unidos que estén sujetos a condiciones que violen las obligaciones contraídas por el país receptor de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos.

3. Todos los países deben apoyar activamente el cierre del centro de detención de Guantánamo y de todos los otros centros que funcionan al margen de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, y deben pedir a Estados Unidos que ponga fin a las detenciones e interrogatorios secretos.

4. Ningún Estado debe trasladar a ninguna persona a la custodia estadounidense en circunstancias en que pueda ser detenida en Guantánamo o en otro lugar donde pueda quedar recluida fuera de la protección del derecho internacional, o en casos en que pueda enfrentarse a juicio ante una comisión militar.

5. Ningún Estado debe proporcionar información alguna que ayude a iniciar procesamientos ante comisiones militares. Esto se aplica en todos los casos, y es especialmente imperioso en los que se busca imponer la pena de muerte.





SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 0DW, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA********



(1) EE.UU. ¿Justicia postergada y también denegada? Juicios con arreglo a la Ley de Comisiones Militares, Índice AI: AMR 51/044/2007, marzo de 2007, http://web.amnesty.org/library/index/eslamr510442007.







(2) USA v. Omar Ahmed Khadr. Disposition of prosecution. Motion for reconsideration, 29 de junio de 2007.



(3) EE.UU. ¿Justicia postergada y también denegada? Juicios con arreglo a la Ley de Comisiones Militares, op.cit.



(4) NBC, Meet the Press, 10 de junio de 2007, transcripción disponible en http://www.msnbc.msn.com/id/19092206/.



(5) Documento de la ONU: CAT/C/USA/CO/2. Examen de los informes presentados por los Estados Partes en virtud del artículo 19 de la Convención. Conclusiones y recomendaciones del Comité contra la Tortura. Estados Unidos de América. 19 de mayo de 2006.



(6) "President Bush participates in press availability at 2006 US-EU Summit", 21 de junio de 2006, http://www.whitehouse.gov/news/releases/2006/06/20060621-6.html.



(7) "President Bush and Prime Minister Rasmussen of Denmark participate in joint press availability", Camp David, 9 de junio de 2006, http://www.whitehouse.gov/news/releases/2006/06/20060609-2.html.



(8) Press briefing by Dana Perino, White House, 22 de junio de 2007, http://www.whitehouse.gov/news/releases/2007/06/20070622-4.html.



(9) Ibíd.



(10) Véase, por ejemplo: "Legislation could be path to closing Guantánamo", New York Times, 3 de julio de 2007.



(11) Media roundtable with Secretary Gates and Gen. Pace in the Pentagon briefing room, 29 de junio de 2007, transcripción en http://www.defenselink.mil/transcripts/transcript.aspx?transcriptid=4004.



(12) Causa Khan v. Bush, Respondents’ memorandum in opposition to petitioners’ motion for emergency access to counsel and entry of amended protective order. In the United States District Court for the District of Columbia, 26 de octubre de 2006.



(13) Una versión anterior de este marco fue enviada en primer lugar al presidente George W. Bush en junio de 2006. Véase Estados Unidos de América. Memorando al gobierno de Estados Unidos sobre el informe del Comité contra la Tortura de la ONU y la cuestión del cierre de Guantánamo (Índice AI: AMR 51/093/2006), 23 de junio de 2006, http://web.amnesty.org/library/index/eslamr510932006.



(14) Executive Order: Trial of Alien Unlawful Enemy Combatants by Military Commission, 14 de febrero de 2007, http://www.whitehouse.gov/news/releases/2007/02/20070214-5.html.



(15) Véase ONU: Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones, adoptados por la Asamblea General de la ONU, Resolución 60/147, 16 de diciembre de 2005. El artículo 14 de la Convención de la ONU contra la Tortura dispone: "Todo Estado Parte velará por que su legislación garantice a la víctima de un acto de tortura la reparación y el derecho a una indemnización justa y adecuada, incluidos los medios para su rehabilitación lo más completa posible. En caso de muerte de la víctima como resultado de un acto de tortura, las personas a su cargo tendrán derecho a indemnización". Las personas que han sido sometidas a detención arbitraria también tienen derecho a indemnización. El artículo 9.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que Estados Unidos ratificó en 1992, dispone: "Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho efectivo a obtener reparación". Véase USA: Human Dignity Denied – Torture and accountability in the ‘war on terror’. pp. 167-169, AMR 51/145/2004, octubre de 2004, http://web.amnesty.org/library/index/engamr511452004.





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