Document - United States of America: The threat of a bad example

Amnistía Internacional

Comunicado de prensa

Índice AI: AMR 51/118/2003/s (Público)

Servicio de Noticias: 192/03

Fecha de embargo: 00:01 horas GMT del 19 de agosto de 2003

Estados Unidos de América: La amenaza de un mal ejemplo

La esencia misma de la historia, la justicia y la cultura estadounidenses condena la idea de castigo antes de juicio, negación del debido proceso y gobierno en secreto por decreto... ¿Quién es combatiente enemigo? Hoy día puede serlo quien el presidente quiera, lo cual es terrible.

Palabras de un ex juez de la Corte Superior de Nueva Jersey.

En un nuevo informe publicado hoy, 19 de agosto de 2003, Amnistía Internacional afirma que Estados Unidos ha mostrado una preocupante tendencia a reclamar atribuciones incuestionables para el poder ejecutivo en el contexto de su “guerra contra el terror”, creando un sistema paralelo de justicia en el que el poder ejecutivo está facultado para detener, interrogar, imputar cargos o juzgar a presuntos autores de delitos comprendidos en las “leyes de la guerra”.

La organización señala: «Con demasiada frecuencia, cuando Estados unidos hace algo, otros le siguen: haciendo uso cada vez más del lenguaje de la “guerra”, los gobiernos incumplen sus obligaciones con respecto a los derechos humanos; aplicando el término “terror”, intentan por todos los medios eludir el derecho internacional de derechos humanos, y valiéndose de la frase “guerra contra el terror”, cuestionan el marco mismo del derecho internacional humanitario y de derechos humanos”.

En su informe, titulado The Threat Of A Bad Example: Undermining International Standards As "War On Terror" Continues, Amnistía Internacional pide a los gobiernos que garanticen que el respeto estricto de los principios de derechos humanos sigue siendo la base de su búsqueda de justicia y seguridad. En el informe se ponen de relieve cuestiones relativas a los extranjeros bajo custodia estadounidense fuera de Estados Unidos, como los de Guantánamo, en Cuba, o los de la base estadounidense de Bagram, en Afganistán, a los que se niega el acceso a sus familias y a un abogado desde hace ya más de un año.

«En los informes del Departamento de Estado estadounidenses sobre prácticas de otros países en materia de derechos humanos se denuncian todos los años abusos como detención arbitraria, reclusión en régimen de incomunicación por largos periodos, malos tratos, interrogatorio sin hallarse presente un abogado y amenaza de juicio injusto ante un organismo militar —explica Amnistía Internacional—. Esas denuncias se están haciendo ahora contra Estados Unidos en el contexto de su “guerra contra el terror”.»

Recientes entrevistas realizadas por Amnistía Internacional a algunos de las apenas unas decenas de detenidos de Guantánamo que han sido puestos en Libertad confirman lo que la organización temía desde el principio, a saber: en conjunto, las condiciones de detención, incluida la reclusión en régimen de aislamiento por tiempo indefinido, constituyen un abuso contra los derechos humanos.

“En Afganistán, Guantánamo e Irak, Estados Unidos ha recurrido a diversas prácticas, como cubrir a los detenidos la cabeza con una capucha, vendarles los ojos, esposarlos y ponerles grilletes”, afirma la organización.

La persistencia de las denuncias de malos tratos y la falta de acceso a los detenidos de abogados y organizaciones independientes de derechos humanos que puedan hacer públicas sus conclusiones, sumadas a la posibilidad de que lo que entiende Estados Unidos por trato cruel, inhumano o degradante no coincida con las definiciones internacionales de tal práctica, hacen que Amnistía Internacional considere motivo de gran preocupación el trato que Estados Unidos dispensa a las personas bajo custodia.

Entre los malos tratos de que Amnistía Internacional ha tenido noticia figuran también prácticas como impedir dormir a los detenidos durante largos periodos, no permitirles hacer suficiente ejercicio y mantenerlos mucho tiempo inmovilizados en posturas dolorosas, en ocasiones obligándolos a la vez a oír música a un volumen muy alto o a tener luz las 24 horas del día. Las condiciones de reclusión podrían ser también coercitivas en el contexto de los reiterados interrogatorios a que se somete a los detenidos, que podrían llevarse a cabo con fines acusatorios, así como para obtener información o para obligar a la persona a declararse culpable a cambio de una reducción de los cargos en su contra.

Un detenido que ha sido puesto en libertad ha contado a Amnistía Internacional que los interrogatorios de seis horas a que era sometido en Guantánamo eran “como tortura”. Otro, un taxista llamado Sayed Abassin, ha dicho que lo detuvieron cuando se dirigía de Kabul a Jost en abril de 2002, a pesar de explicar que él no era más que el conductor del vehículo y que no conocía a sus pasajeros. Víctima evidente de las circunstancias, pasó más de un año bajo custodia estadounidense, primero en Afganistán y luego en Guantánamo. Afirma que en la base aérea de Bagram llevaba esposas y grilletes, tenía la luz encendida las 24 horas del día, le impedían dormir, no le daban alimentos suficientes, tenía prohibido hablar con otros detenidos o mirarlos y era obligado a permanecer de pie o de rodillas durante horas. Luego lo llevaron a Guantánamo, de donde, al final, salió en libertad, en abril de 2003, sin haber tenido jamás acceso a un abogado ni a un tribunal de justicia o a otro proceso judicial. No ha recibido ninguna indemnización por su terrible experiencia.

“No hubo derechos humanos para mí ese año”, ha dicho Abassin a Amnistía Internacional. Otros detenidos también en libertad ya han asegurado que en Guantánamo había más personas inocentes, que habían sido detenidas arbitrariamente y recluidas sin pruebas.

Actualmente, Estados Unidos tiene intención de juzgar a determinados detenidos ante comisiones militares, en las que el derecho del acusado a contar con un abogado de su elección y a una defensa efectiva se verá gravemente restringido. Tales comisiones, utilizables sólo con ciudadanos extranjeros, podrán juzgar con menos pruebas de las admisibles en los tribunales ordinarios y estarán facultadas para dictar sentencias de muerte. El 3 de julio, el presidente Bush dio el nombre de seis ciudadanos extranjeros que iban a ser los primeros en comparecer ante las comisiones. Entre ellos figuraban los británicos Feroz Ali Abbasi y Moazzam Begg y el australiano David Hicks.

“Supondrá aplicar a los ciudadanos extranjeros una justicia de segunda categoría, sin respetar la prohibición de la aplicación discriminatoria del derecho a un juicio justo”, afirma Amnistía Internacional.

El nuevo informe de la organización forma parte de los esfuerzos que está realizando para convencer a las autoridades estadounidenses de que respeten las normas internacionales en su respuesta a las atrocidades del 11 de septiembre de 2001. Entre las recomendaciones formuladas en él figuran iniciativas como pedir al gobierno de Estados Unidos que anule sus planes de celebrar juicios ante comisiones militares y que garantice que todos los detenidos son puestos en libertad si no están acusados de ningún delito común reconocible, cuentan con un abogado y reciben un trato humano, que no constituya en ningún momento una violación del derecho y las normas internacionales. Amnistía Internacional pide también al gobierno estadounidense que permita a la organización el acceso a los detenidos y a las autoridades de la bases de Bagram y Guantánamo.

“El gobierno ha intentado proteger sus actos del examen judicial interno y del escrutinio de la comunidad internacional. Estados Unidos esta menoscabando el imperio de la ley y dando con ello un peligroso ejemplo,” afirma Amnistía Internacional para concluir.

Documento público

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