Document - United States of America: The threat of a bad example: Undermining international standards as "war on terror" detentions continue


[No publicar antes del 19 de agosto de 2003]Público


Amnistía Internacional


ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA


La amenaza de un mal ejemplo:

Se socavan las normas internacionales mientras continúan las detenciones relacionadas con la "guerra contra el terrorismo"



19 de agosto de 2003

Resumen



Miles de personas han sido detenidas en el mundo entero en el contexto de la "guerra contra el terrorismo" anunciada por el presidente Bush tras los atentados perpetrados en Estados Unidos el 11 de septiembre del 2001. Desde aquella atrocidad, que se cobró unas 3.000 vidas, Amnistía Internacional ha pedido a los gobiernos de todo el mundo que se aseguren de que en su búsqueda de justicia y seguridad, ya sea unilateral o en cooperación con otros países, mantienen en todo momento un estricto respeto por los principios de derechos humanos. Este informe, que se compone de una serie de capítulos breves semiautónomos sobre cuestiones relacionadas principalmente con los detenidos extranjeros bajo custodia estadounidense fuera de Estados Unidos, actualiza los motivos de preocupación de Amnistía Internacional sobre la política que las autoridades estadounidenses están aplicando en este terreno.Índice AI: AMR 51/114/2003/s

Las detenciones arbitrarias, la detención prolongada en régimen de incomunicación, la tortura, los malos tratos, las detenciones secretas, el traslado de detenidos, los interrogatorios sin la presencia de un abogado, la denegación del hábeas corpus, la reclusión prolongada sin cargos ni juicio, la amenaza de ser sometido a juicios injustos ante organismos militares que carecen de independencia frente al poder ejecutivo, son todos abusos que cada año se denuncian en los informes que el Departamento de Estado estadounidense elabora sobre la situación de los derechos humanos en otros países. Ahora es al gobierno estadounidense a quien se acusa de cometer esos mismos abusos en el contexto de su "guerra contra el terrorismo".

Centenares de personas de unas 40 nacionalidades, incluidos niños, han sido recluidas en la base naval estadounidense de la bahía de Guantánamo, en Cuba, fuera del alcance de los tribunales de Estados Unidos y sin acceso a sus familias ni a asistencia letrada. Las entrevistas mantenidas con algunos de los pocos detenidos (apenas unas decenas) que han sido liberados de Guantánamo confirman lo que Amnistía Internacional ha temido desde el principio: que la totalidad de las condiciones de reclusión –incluido el hecho de que esa reclusión es prolongada, indefinida y en régimen de aislamiento– pueden constituir trato cruel, inhumano o degradante. Además, estas condiciones pueden ser coactivas en el contexto de los reiterados interrogatorios a los que han sido sometidos los detenidos, unos interrogatorios que pueden ser utilizados tanto con fines procesales como para obtener información.

La preocupación por los interrogatorios o por la posibilidad de que los detenidos, ante las coacciones sufridas, accedan a declararse culpables de cargos a cambio de penas ya establecidas, se ve acrecentada por los planes de Estados Unidos de juzgar a algunos de los detenidos ante comisiones militares, unos órganos ejecutivos que permitirán un nivel probatorio inferior al de los tribunales ordinarios y que estarán facultados para imponer condenas de muerte. El derecho de los detenidos a asistencia letrada y a contar con una defensa eficaz se verá severamente restringido. No habrá derecho a apelar ante tribunal alguno. El sistema de comisiones militares será un bucle totalmente cerrado controlado por el poder ejecutivo y aplicable únicamente a los detenidos que no sean ciudadanos estadounidenses. Será un caso de justicia de segunda clase para los ciudadanos extranjeros, que viola la prohibición de aplicar discriminatoriamente el derecho a un juicio justo.

Aunque muchos de los detenidos de Guantánamo fueron puestos bajo custodia en el contexto del conflicto armado de Afganistán (a ninguno se le otorgó la condición de prisionero de guerra ni se lo llevó ante un tribunal para que determinara dicha condición, tal como establecen los Convenios de Ginebra), una cifra no determinada de ellos fueron detenidos en otros lugares, como Bosnia y Herzegovina, Gambia o Pakistán. En este informe se incluyen algunos ejemplos ilustrativos.

Antes de ser trasladados a Guantánamo, muchos permanecieron recluidos en bases estadounidenses en Afganistán. Se han denunciado malos tratos a manos de las fuerzas estadounidenses en esos lugares. Dos detenidos murieron bajo custodia en la base aérea de Bagram en el 2002, y sus muertes fueron clasificadas como "homicidio"; según los informes, se está llevando a cabo una investigación militar al respecto. Mientras tanto, el gobierno ha subrayado que da a todos los detenidos un trato humano y que no aprueba la tortura o los malos tratos, prohibidos por la Constitución de Estados Unidos. La persistencia de las denuncias de malos tratos y la falta de acceso a organizaciones independientes de derechos humanos y abogados que puedan hacer públicas sus averiguaciones, unidas a la posibilidad de que la noción de Estados Unidos de qué constituye trato cruel, inhumano o degradante pueda no ajustarse a las definiciones internacionales, han suscitado en Amnistía Internacional una honda preocupación por el trato que reciben las personas bajo custodia de este país. Además, Estados Unidos ha instigado o ha participado en "entregas irregulares", un término que utiliza para referirse a personas que le son transferidas desde otros países eludiendo los procedimientos de extradición u otras salvaguardias formales, tanto legales como de derechos humanos. Esto ha hecho temer que Estados Unidos pueda estar delegando en otros países su trabajo sucio, un extremo que su gobierno ha negado.

En cualquier caso, el gobierno estadounidense ha dado muestras de una inquietante tendencia a atribuirse un poder ejecutivo irrebatible en el contexto de su "guerra contra el terrorismo". En este caso, el conflicto, tal como lo define el gobierno, es de duración indefinida y de alcance muy amplio. De hecho, esta "guerra" ha dado ya lugar a dos conflictos armados –la invasión de Afganistán y el conflicto de Irak, ambos encabezados por Estados Unidos–, pero también ha traído consigo una intensificación de las labores de cumplimiento de la ley tanto en Estados Unidos como en el extranjero. Mientras el Departamento de Justicia sigue llevando a cabo investigaciones sobre el "terrorismo" dentro del sistema de justicia penal estadounidense (una cuestión que no incluimos en este informe), esta tarea se ha combinado con otra estrategia: la creación de un sistema paralelo en el cual el poder ejecutivo está facultado para detener, interrogar, acusar o juzgar a sospechosos en virtud de las "leyes de guerra". Además de los centenares de ciudadanos extranjeros recluidos bajo custodia estadounidense fuera del país, tres personas, dos de ellas ciudadanos estadounidenses, permanecen detenidas en Estados Unidos sin cargos ni juicio y en régimen de incomunicación, designadas por el ejecutivo como "combatientes enemigos".

El gobierno ha tratado de aislar sus actos de los mecanismos nacionales de revisión judicial y del examen y las críticas de la comunidad internacional. Amnistía Internacional considera que, con ello , Estados Unidos está dando un peligroso ejemplo. Está socavando el Estado de derecho y restando credibilidad a sus repetidas afirmaciones respecto a ser un país que respeta las normas internacionales y que defiende firmemente ese mismo Estado de derecho como uno de los "requisitos no negociables de la dignidad humana", según lo denomina el gobierno estadounidense. Su propio secretario de Estado dijo este mismo año que "los Estados que muestran un elevado grado de respeto por los derechos humanos son los que más probabilidades tienen de contribuir a la seguridad y el bienestar internacional". Si se mide frente a este principio, con el cual Amnistía Internacional está de acuerdo, la política estadounidense amenaza con convertir el mundo en un lugar menos seguro.

Este informe forma parte de los esfuerzos de Amnistía Internacional por persuadir a las autoridades estadounidenses de que, en su respuesta a las atrocidades del 11 de septiembre del 2001, cumplan las normas internacionales. La organización reconoce el deber de los gobiernos de proteger a sus ciudadanos. Pero los gobiernos tienen también la obligación de proteger y promover los principios de derechos humanos, unos principios que no son un obstáculo a la seguridad, sino una parte esencial del camino que lleva a ella.

Este texto resume el documento titulado Estados Unidos. La amenaza de un mal ejemplo: Se socavan las normas internacionales mientras continúan las detenciones relacionadas con la "guerra contra el terrorismo" (Índice AI: AMR 51/114/2003/s), publicado por Amnistía Internacional en agosto de 2003. Si desean más información o emprender acciones sobre este asunto, consulten el documento principal. Pueden encontrar una amplia selección de materiales sobre éste y otros temas en http://www.amnesty.org, y nuestros comunicados de prensa se pueden recibir por correo electrónico: http://web.amnesty.org/ai.nsf/news. Para los documentos traducidos al español consulten: <http://web.amnesty.org/library/eslindex>.



SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 0DW, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA











[No publicar antes del 19 de agosto de 2003]

Público

Amnistía Internacional



ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

La amenaza de un mal ejemplo:

Se socavan las normas internacionales mientras continúan las detenciones relacionadas con la "guerra contra el terrorismo"


















Agosto de 2003

Índice AI: AMR 51/114/2003/s

SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 0DW, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA












ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

La amenaza de un mal ejemplo

Se socavan las normas internacionales mientras continúan las detenciones relacionadas con la "guerra contra el terrorismo"



ÍNDICE

Un dañino unilateralismo 1

Una "guerra" amplia e indefinida 7

La cuestión de la tortura y los malos tratos 13

Bagram – interrogatorios sin una protección adecuada 19

Guantánamo – un régimen cruel en su totalidad 22

Niños entre los detenidos 31

La necesidad de una revisión judicial 34

Fuera del alcance de los tribunales estadounidenses 39

Detenciones secretas y traslados secretos 42

Capturados lejos del campo de batalla 47

Bisher Al-Rawi y Jamil Al-Banna 47

Moazzam Begg 48

Mohamedou Ould Slahi 49

Seis argelinos capturados en Bosnia y Herzegovina 49

Ibrahim Fauzee 50

Los juicios ante comisiones militares se acercan 51

Falta de independencia, ausencia de juicios justos 52

Limitación del derecho a un abogado de propia elección y a una defensa eficaz 54

Eliminación del derecho a apelar ante un tribunal 55

Discriminatorias 55

Un paso atrás para los derechos humanos 56

La amenaza de la pena de muerte 57

"Combatientes enemigos" detenidos en suelo estadounidense 59

Jose Padilla 60

Yaser Hamdi 60

Ali Saleh Kahlah al-Marri 61

Recomendaciones 62



















Un dañino unilateralismo

Los Estados que muestran un elevado grado de respeto por los derechos humanos son los que más probabilidades tienen de contribuir a la seguridad y el bienestar internacional

Colin Powell, secretario de Estado de Estados Unidos, 31 de marzo de 2003(1)

Al presentar en marzo el informe más reciente del Departamento de Estado sobre la situación de los derechos humanos en otros países, el secretario de Estado Colin Powell habló del "firme compromiso de Estados Unidos de promover los principios internacionalmente acordados de derechos humanos en todo el mundo [...] Al tiempo que encabezamos una campaña internacional contra el terrorismo, trabajamos también para ampliar la bendición de la libertad tanto en nuestro país como en el extranjero". En una carta enviada a un senador estadounidense en junio, el Consejo General del Pentágono manifestó que el gobierno "comparte plenamente su preocupación respecto a garantizar que, en el transcurso de esta guerra contra un enemigo cruel y sin principios, Estados Unidos no pone en peligro su compromiso para con los derechos humanos de acuerdo con la ley".(2) En julio, el subsecretario de Estado encargado de los derechos humanos escribió a Amnistía Internacional: "El gobierno de Estados Unidos tiene como norma, como elemento central de su política exterior, la búsqueda de los derechos humanos y del Estado de derecho. El enfoque estadounidense de la lucha contra el terrorismo no está en conflicto con esta norma ni la viola".(3)

Sin embargo, los actos son más elocuentes que las palabras, y algunos de los actos realizados por el gobierno estadounidense desde el 11 de septiembre del 2001 amenazan con erosionar el derecho internacional y las normas forjadas a lo largo del último medio siglo o más.(4) Antes de la invasión de Irak, el diplomático John Brady Kiesling dimitió del Servicio Exterior estadounidense. En su carta de dimisión al secretario Powell escribió: "Estamos tensando más allá de su resistencia el sistema internacional que con tanto empeño y dedicación hemos construido, una red de leyes, tratados, organizaciones y valores compartidos cuya eficacia para marcar los límites a nuestros enemigos es muy superior a los límites que impone a la capacidad de Estados Unidos de defender sus intereses".(5)

No es una novedad que la actitud de Estados Unidos hacia las normas internacionales no sea precisamente entusiasta: se trata de un país que se ha mostrado lento a la hora de comprometerse con los tratados de derechos humanos y ha puesto condiciones sin precedentes a algunos de los que ha ratificado.(6) Sin embargo, en los últimos tiempos esta reticencia parece haberse acercado más al rechazo absoluto. La activa oposición de Estados Unidos a la Corte Penal Internacional es un ejemplo de esto. La campaña internacional emprendida por Estados Unidos para eximir a sus ciudadanos de la jurisdicción de la Corte coincidió con los propios planes del gobierno de juzgar a determinados ciudadanos extranjeros ante comisiones militares, es decir, ante órganos ejecutivos, no ante tribunales independientes e imparciales. De igual modo, el intento de Estados Unidos de bloquear el Protocolo Facultativo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, que establecerá un sistema de visitas periódicas a lugares de detención, se produjo en un momento en el que el gobierno negaba a las organizaciones internacionales de derechos humanos el acceso a centenares de detenidos aprehendidos durante su "guerra contra el terrorismo".(7)

Un informe de un organismo de control del gobierno estadounidense (la Inspección General del Departamento de Justicia), publicado en junio de 2003, concluyó que existían "problemas considerables" en el trato que recibían los ciudadanos extranjeros detenidos en Estados Unidos en las primeras operaciones posteriores al 11 de septiembre.(8) Centenares de personas permanecieron recluidas, muchas de ellas durante meses, en condiciones penosas por infracciones poco importantes de su visado, y fueron privadas de derechos como el acceso inmediato a un abogado.(9) Aunque el gobierno estadounidense ha prometido reformar algunos de sus procedimientos en respuesta a ese informe, no se ha permitido ese tipo de examen en el caso de los centenares de ciudadanos extranjeros que continúan recluidos fuera de Estados Unidos en relación con su "guerra contra el terrorismo".

El Departamento de Defensa sigue manteniendo retenidos sin cargos ni juicio a centenares de ciudadanos extranjeros en la base naval estadounidense de la bahía de Guantánamo, en Cuba. Muchos llevan más de un año recluidos en unas condiciones cuya totalidad puede constituir trato cruel, inhumano o degradante. A ninguno se le ha otorgado la condición de prisionero de guerra ni se lo ha llevado ante un tribunal competente para que determine dicha condición, tal como establecen los Convenios de Ginebra. Ninguno ha tenido acceso a un tribunal o a asistencia letrada. No se les ha permitido recibir visitas de sus familiares, y este régimen de detención indefinido e imposible de impugnar ha causado una gran angustia a las familias. El 3 de julio de 2003 se anunció que el presidente Bush había seleccionado, en virtud de la orden ejecutiva en materia militar firmada en noviembre de 2001, a seis detenidos que podían ser juzgados por una comisión militar. Cualquier juicio ante una de esas comisiones violaría las normas internacionales de justicia procesal, y cualquier ejecución llevada a cabo tras uno de esos juicios violaría las salvaguardias internacionales mínimas aplicables a los casos de pena capital.

También se ha recluido a detenidos en régimen de incomunicación en bases estadounidenses de Afganistán, desde las que se han recibido denuncias de malos tratos. Otras personas han sido detenidas en régimen de incomunicación bajo custodia estadounidense en otros lugares no desvelados del resto del mundo, y Estados Unidos también ha instigado o ha participado en "entregas irregulares", un término que este país utiliza para referirse a personas que le son transferidas desde otros países eludiendo los procedimientos de extradición u otras salvaguardias de derechos humanos. Dos ciudadanos estadounidenses han permanecido en régimen de incomunicación sin cargos ni juicio, bajo custodia del ejército, durante más de un año en su propio país, tras haber sido designados como "combatientes enemigos" por el poder ejecutivo. Un tercer hombre, ciudadano de Qatar, fue excluido recientemente del sistema de justicia penal mediante una orden presidencial, justo antes de ser juzgado. Esta forma de recurrir al poder ejecutivo amenaza con socavar no sólo el derecho internacional sino también el propio sistema de justicia penal estadounidense.

El gobierno estadounidense parece conceder importancia a la imagen de su país en el extranjero. Por ejemplo, al preguntársele por las repercusiones internacionales que podía tener la revelación de que había niños entre los detenidos de Guantánamo, el secretario de Defensa respondió: "Sé que nos importa lo que piense el resto del mundo".(10) En el 2002, una orden ejecutiva firmada por el presidente Bush estableció la Oficina de Comunicaciones Mundiales para promover la política estadounidense, incluido, entre otras cosas, su compromiso tantas veces manifestado para con el Estado de derecho, un ejemplo de lo que el gobierno denomina los "requisitos no negociables de la dignidad humana". Sin embargo, el respeto de los derechos humanos no es un ejercicio de relaciones públicas, y el gobierno estadounidense, en lugar de responder de forma constructiva a la preocupación internacional generalizada sobre los detenidos que están bajo su custodia en la bahía de Guantánamo y en otros lugares, ha optado en gran medida por ignorarla o rechazarla.

Anteriormente, el secretario de Defensa Rumsfeld había despreciado la preocupación por los detenidos de Guantánamo diciendo que se basaba "en la estridente hiperventilación de unas pocas personas que no saben de qué hablan".(11) Más tarde, el portavoz de la Casa Blanca restó importancia a la preocupación de Amnistía Internacional por los detenidos diciendo que "carece de fundamento".(12) Estos miembros del gobierno están rechazando al mismo tiempo la preocupación de numerosas organizaciones, tribunales, expertos y miembros de otros gobiernos, como el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y su antecesora en el puesto, , el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria, el relator especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y magistrados, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Parlamento Europeo,(13) la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa(14) y el Comité Internacional de la Cruz Roja. El Tribunal Superior del Reino Unido describió el pasado noviembre la situación de los detenidos de Guantánamo como "inaceptable" y "en clara contravención de los principios fundamentales reconocidos [...] por el derecho internacional".(15) Además, una resolución del Parlamento británico calificó las detenciones de "arbitrarias y, por lo tanto, ilegales".(16)

Según el secretario Colin Powell, "ningún país está exento de ser examinado, y todos se benefician del constante esfuerzo por identificar sus puntos débiles y mejorar su actuación en este mundo imperfecto".(17) Sin embargo, el gobierno estadounidense no está demostrando una gran disposición a ser examinado. Está tratando de mantener fuera de la ecuación no sólo a los tribunales, sino también a los órganos internacionales. En una opinión sobre los detenidos de Guantánamo, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria manifestó que deplora la falta de cooperación de Estados Unidos a la hora de responder a las cuestiones planteadas.(18) En julio de 2003, el relator especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados aún no había recibido respuesta de Estados Unidos al llamamiento urgente realizado el 16 de noviembre de 2001 respecto a la orden ejecutiva en materia militar firmada por el presidente Bush tres días antes. Al ser preguntado al respecto, el relator contestó: "El gobierno de Bush [...] no se ha mostrado muy receptivo a las críticas, y ha dado muestras de cierta intolerancia respecto a las críticas realizadas contra él, pero se siente plenamente libre de criticar a otros gobiernos cuando violan las normas de derechos humanos".(19)

A Amnistía Internacional se le ha denegado el acceso tanto a la base aérea de Bagram como a la bahía de Guantánamo. Sus numerosas comunicaciones manifestando preocupación por los detenidos han quedado básicamente sin respuesta. No hay indicios, por lo menos en lo que respecta al comportamiento del propio Estados Unidos, que sugieran que "el gobierno de Bush está trabajando en colaboración con gobiernos, organizaciones intergubernamentales, grupos no gubernamentales e individuos para ayudar a que la actuación en materia de derechos humanos sea conforme a las normas internacionales", como aseguró el secretario de Estado Colin Powell el año pasado.(20)

Dentro de los Estados Unidos, el daño causado a la reputación del país en el extranjero se ha hecho notar. El New York Timesha descrito la situación de los detenidos de Guantánamo como un "escándalo" que debe ser reparado. "Sean quienes sean, el trato que reciban debe ser una demostración del compromiso de Estados Unidos para con la justicia, no la mancha en su honor en la que se ha convertido Guantánamo."(21) De igual modo, elChicago Tribuneha afirmado que "la imagen de Estados Unidos reteniendo a centenares de personas durante el tiempo que le parece, sin imputarles cargos, juzgarlas o dar una explicación, viola la tradición estadounidense de justicia. En este punto, Guantánamo parece estar empañando la imagen de Estados Unidos, no protegiendo su seguridad".(22) Por su parte, el Newsdaydescribió a los detenidos como "atrapados en una dimensión desconocida en la que su designación arbitraria como ‘combatientes enemigos’ les priva de todo derecho legal", una situación que "socava la reputación de Estados Unidos como nación de leyes".(23)

El secretario Powell parece estar más cerca que otras autoridades de su gobierno de reconocer el daño que está sufriendo la reputación de Estados Unidos por el trato que da a los detenidos. En una carta –redactada, según los informes, en "términos contundentes"– dirigida al secretario de Defensa Rumsfeld el 14 de abril de 2003, en la que citaba las denuncias de los gobiernos de ocho países aliados que contaban con ciudadanos suyos entre los detenidos, Powell escribió que la situación amenazaba con socavar la cooperación internacional en materia de seguridad.(24) Cinco semanas después, el secretario Powell dijo: "El secretario Rumsfeld y yo hemos estado hablando de cómo acelerar la salida de personas de Guantánamo", y declaró que acababan de establecer acuerdos con dos países, uno de ellos Arabia Saudí. También afirmó: "Ahora estamos trabajando sobre todos los demás países, activamente, para ver si podemos aclarar estos casos, especialmente los que implican a personas jóvenes".(25)

tap0 El 12 de junio de 2003, la ministra de Asuntos Exteriores sueca se reunió con el secretario Powell y reiteró que era inaceptable que el ciudadano sueco Mehdi Muhammed Ghezali siguiera recluido en Guantánamo sin cargos ni juicio después de más de un año. Según dijo la ministra, el secretario de Estado "dio su palabra de interesarse personalmente por este caso concreto, lo cual considero positivo". También advirtió que, no obstante, no se podía esperar una solución inmediata, ya que el secretario Powell "no es la única voz influyente en el gobierno de Bush".(26) Un mes después, Pierre-Richard Prosper, embajador especial de Estados Unidos para cuestiones relacionadas con crímenes de guerra, declaró que Mehdi Muhammed Ghezali no era uno de los detenidos cuya liberación estaba prevista en un futuro próximo.(27) Según los informes, anteriormente un alto cargo estadounidense había declarado que las críticas del gobierno sueco a Estados Unidos no habían contribuido a mejorar la situación del detenido.(28)

La revelación, el 3 de julio, de que había dos ciudadanos británicos entre los seis primeros detenidos nombrados por el presidente Bush como candidatos a ser juzgados por comisiones militares provocó un escándalo en el Reino Unido. Se publicó una declaración que decía que el presidente Bush y el primer ministro Blair tenían "confianza en que sus expertos podrán llegar a una solución que satisfaga los intereses mutuos de Estados Unidos y el Reino Unido".(29) Más tarde se anunció que Estados Unidos había accedido, entre otras cosas, a no pedir la pena de muerte en los casos de los ciudadanos británicos y de un ciudadano australiano, aunque seguía existiendo la posibilidad de que fueran juzgados por una comisión militar.(30) El gobierno español manifestó su esperanza de obtener garantías para su ciudadano y de poder sacarlo del "limbo legal en el que ha permanecido durante el último año y medio".(31)

Los gobiernos deben trabajar en interés de sus ciudadanos, pero los derechos humanos son universales y no negociables, y la suerte de un detenido no debe depender de las alianzas entre países. Los gobiernos deben condenar firmemente todas las violaciones de derechos, incluso si quien las comete es un aliado. Tal como ha declarado el presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa: "En la base militar que Estados Unidos tiene en Cuba, centenares de personas, incluidos niños, permanecen detenidos sin haber sido acusados de delitos o haber sido reconocidos como prisioneros de guerra. Las autoridades estadounidenses han creado una categoría de ‘combatiente ilegal’ para privar a estos detenidos de muchas de las garantías fundamentales establecidas por el derecho internacional y por la Constitución de Estados Unidos. Para muchos, incluso en los Estados Unidos, esta práctica es ilegal, y no podemos guardar silencio: la defensa de la dignidad humana y de los derechos de todas las personas debe ser parte esencial de nuestro esfuerzo por erradicar el terrorismo en todo el mundo".(32)

Estados Unidos ha declarado que aunque "hará esfuerzos constantes por conseguir el apoyo de la comunidad internacional en esta lucha contra un enemigo común", si es necesario "no dudará en actuar solo".(33) Para muchos observadores, da la sensación de que, en ocasiones, desde el 11 de septiembre del 2001, este enfoque unilateral ha pisoteado las opiniones de la comunidad internacional, incluidas las relativas a la detención de quienes ahora se encuentran bajo custodia de Estados Unidos en Guantánamo y en otros lugares.

Estados Unidos ha violado el derecho y las normas internacionales en el trato que ha dado a los detenidos durante su "guerra contra el terrorismo", y, al hacerlo, está dando un peligroso ejemplo. Hay que poner fin a los dobles raseros. Deben respetarse las normas internacionales. Tal como dijo el secretario Colin Powell, los Estados que muestran un elevado grado de respeto por los derechos humanos son los que más probabilidades tienen de contribuir a la seguridad y el bienestar internacional. El gobierno estadounidense –desde la Casa Blanca hasta el Pentágono, pasando por el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia, la Agencia Central de Información (CIA) o el Departamento para la Seguridad de la Patria– debe aplicar esa forma de pensar a su propia conducta en relación con todos aquellos que se encuentran bajo su custodia, tanto en su país como en el extranjero.

Una "guerra" amplia e indefinida

La lucha contra el terrorismo es diferente de cualquier otra guerra de nuestra historia.

Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, septiembre de 2002(34)

El gobierno estadounidense ha respondido a las atrocidades del 11 de septiembre de 2001 calificando su respuesta de "guerra". De hecho, su "guerra contra el terrorismo" ha dado lugar ya a dos conflictos armados internacionales (las invasiones de Afganistán e Irak), pero también ha traído consigo una intensificación de las labores de cumplimiento de la ley tanto en Estados Unidos como en el extranjero. Mientras el Departamento de Justicia sigue llevando a cabo investigaciones sobre el "terrorismo" dentro del sistema de justicia penal, el gobierno estadounidense ha establecido un sistema paralelo en el cual el poder ejecutivo está ampliamente facultado para detener, interrogar, acusar o juzgar a sospechosos. Amnistía Internacional cree que el ejecutivo ha ido demasiado lejos a este respecto, enmarcando arbitrariamente en términos de guerra una gran parte del trabajo de cumplimiento de la ley, y eludiendo en el proceso salvaguardias fundamentales de derechos humanos.

Dentro de este enfoque resulta sintomática la orden ejecutiva en materia militar sobre detención, tratamiento y enjuiciamiento de ciertos extranjeros en la guerra contra el terrorismo, firmada por el presidente Bush dos meses después de los atentados del 11 de septiembre y que establece el juicio ante una comisión militar o la reclusión indefinida sin cargos ni juicio de cualquier persona sospechosa de ser miembro de Al Qaeda o haber "cometido, ayudado a cometer, consentido o conspirado para cometer actos de terrorismo internacional" o de haber dado cobijo conscientemente a una persona que reúna esas características.(35) Es decir, que su enfoque es muy amplio y su duración, indefinida.

Las instrucciones del Pentágono respecto a las comisiones militares amplían el concepto de conflicto armado para incluir actos o intentos de actos hostiles aislados, o conspiración para cometer dichos actos, una definición tan amplia que puede englobar numerosos actos que normalmente quedarían bajo la jurisdicción del sistema de justicia penal ordinario. Las instrucciones dicen específicamente: "Este elemento no requiere una declaración de guerra, hostilidades mutuas en curso o un enfrentamiento que implique a una fuerza armada nacional regular. Un único acto o intento de acto hostil puede ser base suficiente [...] siempre y cuando su magnitud o severidad alcance el nivel de ‘ataque armado’ o ‘acto de guerra’, o el número, poder, intención declarada u organización de la fuerza a la que se asocia el acto sea tal que dicho acto o intento de acto equivalga a un ataque de una fuerza armada. Igualmente, la conducta emprendida u organizada con el conocimiento o la intención de iniciar o contribuir a un acto hostil o a hostilidades satisfará [...] ese requisito".(36)

El 3 de julio de 2003 se anunció que el presidente Bush había dado los nombres de los primeros seis detenidos que entrarían bajo las disposiciones de la orden ejecutiva en materia militar. Ninguno de ellos, ni ninguna otra persona nombrada en virtud de la orden, independientemente de que fuera juzgada o no, tendría el "privilegio" de pedir, o de que alguien pidiera en su nombre, en cualquier tribunal de cualquier parte del mundo, un resarcimiento por las violaciones de derechos humanos que se pudieran haber cometido en su contra, ya fuera en el momento de su detención, durante su reclusión o durante su juicio ante la comisión militar. Es un intento por parte del ejecutivo de lograr un poder incuestionable.

Tras hacerse públicos los nombres de esos seis detenidos, el relator especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados declaró que "al decidir aplicar estas drásticas medidas para combatir el terrorismo, el gobierno de Estados Unidos está dando la imagen de desafiar las resoluciones de las Naciones Unidas, incluidas la resolución A/RES/57/219 de la Asamblea General, de 18 de diciembre de 2002, y la resolución S/RES/1456 del Consejo de Seguridad, de 20 de enero de 2003".(37) El relator señaló también que estas resoluciones "reiteran muy claramente que las medidas para combatir el terrorismo deben cumplir las normas internacionales de derechos humanos, el derecho humanitario y el derecho relativo a los refugiados. Fue Estados Unidos quien emprendió la guerra contra Irak violando una resolución del Consejo de Seguridad, y en este caso consideramos que Estados Unidos está desafiando abiertamente estas resoluciones, en las que es parte".(38)

A pesar de enmarcar su respuesta en un lenguaje bélico, el gobierno estadounidense ha adoptado un enfoque selectivo incluso hacia las leyes de la guerra. Actuó con rapidez a la hora de pedir el pleno cumplimiento de los Convenios de Ginebra para proteger a sus soldados capturados después de invadir Irak en marzo de 2003. Y actuó con la misma rapidez a la hora de aplicar un enfoque menos estricto a su propia conducta en el caso de los detenidos de Bagram y Guantánamo, muchos de los cuales fueron puestos bajo custodia estadounidense en el contexto del conflicto armado internacional de Afganistán, pero sin que se concediera a ninguno de ellos la condición de prisionero de guerra ni se le hiciera comparecer ante un tribunal competente para determinar dicha condición, tal como establecen los Convenios de Ginebra.(39) El Comité Internacional de la Cruz Roja, intérprete autorizado de las disposiciones de esos Convenios, discrepa de la postura adoptada por Estados Unidos respecto a los detenidos.(40) El gobierno del Reino Unido discrepa también. Su viceministro de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth, hablando del enfoque adoptado por Estados Unidos respecto a los Convenios de Ginebra en relación con los detenidos de Guantánamo, declaró: "Es algo que hemos hablado con Estados Unidos y en lo que, francamente, no estamos de acuerdo".(41)

En lugar de aplicar plenamente los Convenios de Ginebra, el ejecutivo estadounidense ha preferido introducir a centenares de individuos detenidos en Afganistán y otros lugares en un agujero negro legal, fuera del territorio estadounidense y fuera del alcance de los tribunales, bajo la etiqueta de "combatientes enemigos". Según el Pentágono, "puede utilizarse la categoría de combatiente enemigo para describir a un individuo que, según las leyes y costumbres de la guerra, se ha convertido en miembro de fuerzas enemigas hostiles o se ha asociado con ellas, adquiriendo así la categoría de parte beligerante".(42) Una vez más, las normas de las comisiones militares aplican una amplia definición del término "enemigo".(43)

El escenario "bélico" planteado por el gobierno ha traído también consigo una actitud inquietante respecto al uso de fuerza letal, o lo que el presidente Bush ha denominado "justicia repentina".(44) En este contexto, las amplias definiciones de "conflicto armado" y de "enemigo" resultan preocupantes. Por ejemplo, en abril de 2003 Estados Unidos respondió a la preocupación manifestada por el relator especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias respecto a la posibilidad de que la muerte, ocurrida en noviembre de 2002 en Yemen, de seis hombres en un automóvil bombardeado por un Predator, vehículo aéreo no tripulado, presuntamente controlado por la CIA, pudiera haber sido una ejecución extrajudicial. En su respuesta, el gobierno estadounidense dijo que "las operaciones militares contra combatientes enemigos no pueden ser consideradas ejecuciones extrajudiciales", y añadió que "la conducta de un gobierno durante operaciones militares legítimas, ya sea contra operativos de Al Qaeda o contra cualquier otro objetivo militar legítimo, se regirá por las leyes internacionales sobre conflictos armados". El gobierno concluyó diciendo que "los combatientes enemigos pueden ser atacados a menos que se hayan rendido o se encuentren fuera de combate por cualquier otro motivo", y que todos los "terroristas de Al Qaeda que sigan planeando ataques contra Estados Unidos pueden ser blancos legítimos de ataques armados en las circunstancias adecuadas". Además, las autoridades estadounidenses afirmaron que el mandato del relator especial no se aplica a "las denuncias derivadas de cualquier operación militar llevada a cabo en el transcurso de un conflicto armado con Al Qaeda", y que ni el relator especial ni la Comisión de Derechos Humanos de la ONU tienen competencia "para abordar las cuestiones de esta naturaleza que surjan bajo la ley de los conflictos armados".(45)

En opinión de Amnistía Internacional, no está en absoluto claro por qué deben aplicarse a esta situación las leyes de la guerra. En virtud del derecho internacional humanitario vigente, no es posible que exista un conflicto armado internacional entre un Estado y un agente no estatal, a menos que ese grupo armado forme parte de las fuerzas armadas de un Estado Parte en los Convenios de Ginebra. Los Convenios de Ginebra se aplican a situaciones de "conflicto armado que surja entre dos o varias Altas Partes Contratantes".(46) No existe ningún conflicto armado entre Estados Unidos y Yemen, y las autoridades yemeníes colaboraron en el ataque aéreo.(47) Además, no existe ningún conflicto armado interno entre el gobierno de Yemen (con el respaldo de fuerzas estadounidenses) y Al Qaeda. Por ello, las normas aplicables a esta situación son las relativas a las labores de cumplimiento de la ley. Estados Unidos y Yemen deberían haber colaborado para tratar de detener a estos sospechosos, en lugar de darles muerte. En vez de optar por matarlos mediante control remoto, deberían haber utilizado la fuerza letal sólo como último recurso.(48) En la medida en que las autoridades estadounidenses decidieron deliberadamente matar a estos hombres, en lugar de intentar detenerlos, su homicidio constituye una ejecución extrajudicial.

Como en el caso de los fallecidos en el ataque contra el automóvil en Yemen, el gobierno estadounidense parece adoptar habitualmente la postura de que el derecho internacional y las normas internacionales de derechos humanos no se aplican a los detenidos a los que ha designado como "combatientes enemigos". Por ejemplo, el gobierno mantiene que el mandato del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria "no incluye la competencia para abordar los Convenios de Ginebra de 1949 o las cuestiones que surjan en virtud de la ley de los conflictos armados". Es más, el gobierno "discrepa de las conclusiones alcanzadas por el Grupo de Trabajo de que los individuos detenidos en Guantánamo tienen derecho a que se revise la legalidad de su detención". Estados Unidos mantiene que existe "amplia autoridad, en virtud de las leyes y costumbres de la guerra, para detener a combatientes enemigos sin que deban presentarse cargos penales mientras duran las hostilidades".(49) Esta situación puede alargarse indefinidamente, pues, a pesar de "los éxitos en Afganistán y en todo el mundo", las autoridades estadounidenses declararon a finales de abril de 2003: "La guerra está lejos de haber terminado".(50) El 3 de julio, un alto cargo del Pentágono declaró que "la guerra contra el terrorismo es de duración indefinida".(51)

Ha habido casos de detenidos que se encontraban bajo la jurisdicción del sistema de justicia penal ordinario y que han sido retirados de ella por intervención del ejecutivo. Por ejemplo, Jose Padilla, ciudadano estadounidense detenido en mayo de 2002 como sospechoso de conspirar para hacer detonar una "bomba sucia" radiactiva en una ciudad estadounidense, estuvo en principio detenido bajo la custodia del Departamento de Justicia, con acceso a un abogado. Sin embargo, en junio de 2002 fue transferido a la custodia militar después de que el presidente Bush lo designó "combatiente enemigo". Desde entonces permanece recluido en régimen de aislamiento, sin que se le hayan imputado cargos ni se le haya sometido a juicio, y sin acceso a un abogado o a su familia, en una prisión de la marina en Carolina del Sur. Por su parte, el 24 de junio de 2003 el presidente Bush declaró a Ali Saleh Kahlah al-Marri, ciudadano de Qatar, "combatiente enemigo" poco antes de la fecha en la que debía ser juzgado, y también este hombre fue transferido de la custodia del Departamento de Justicia a la custodia del Pentágono en Carolina del Sur.

La existencia misma de un sistema "paralelo" tiene un efecto corrosivo en el sistema de justicia penal. La perspectiva de ser designados "combatientes enemigos" y recluidos indefinidamente sin ser juzgados lleva a muchos acusados a establecer acuerdos por los que se declaran culpables a cambio de una pena determinada, como ya se ha denunciado.(52) Algunos se ven penalizados por defender sus derechos, como por ejemplo su derecho a interrogar a los testigos de cargo. Todavía es posible que el gobierno retire del sistema de justicia penal a Zacarias Moussaoui, ciudadano francés que se enfrenta a cargos de conspiración en relación con los atentados del 11 de septiembre, y lo ponga bajo custodia militar para ser sometido a un posible juicio ante la comisión militar si los tribunales federales resuelven contra el gobierno en una cuestión relativa a los testigos de la defensa. Ese traslado sería un golpe más a la integridad del sistema de justicia penal.

Yaser Hamdi, capturado en Afganistán, fue recluido en Guantánamo hasta que se descubrió que era ciudadano estadounidense, y entonces fue puesto bajo custodia militar en territorio de Estados Unidos. Transcurrido más de un año desde que concluyó el conflicto armado internacional de Afganistán, continuaba bajo custodia militar, sin haber sido juzgado y sin acceso a asistencia letrada. En julio de 2003, la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito rechazó una apelación en la que se pedía que la Corte en pleno reconsiderara una decisión tomada anteriormente por tres de sus jueces, que permitía al gobierno continuar con la reclusión. Un juez discrepante deploró la decisión de que no se reconsiderara el caso. El juez Motz declaró que la decisión de los tres jueces había constituido "la primera vez en nuestra historia que un tribunal federal aprueba la eliminación de salvaguardias otorgadas a un ciudadano por la Constitución basándose exclusivamente en el hecho de que el ejecutivo ha designado a ese ciudadano como combatiente enemigo, sin que se compruebe la exactitud de esa designación".(53)

John Walker Lindh, ciudadano estadounidense capturado en Afganistán al mismo tiempo que Yaser Hamdi, pudo acceder a un abogado y compareció ante un tribunal federal de primera instancia para ser juzgado. En su caso se alcanzó un acuerdo según el cual el Estado accedía a renunciar a su derecho a tratar a Lindh como combatiente enemigo ilegal a cambio de que éste se declarara culpable. Un año después, Yaser Hamdi permanece bajo custodia militar, sin ser juzgado, como "combatiente enemigo". ¿Por qué esa diferencia de trato? En un país en el que la raza sigue influyendo dentro del sistema de justicia penal, esta incoherencia puede hacer pensar que la diferencia se debe a que uno era un californiano blanco de clase media y el otro era un joven nacido en Estados Unidos de padres saudíes. En cualquier caso, el Comité de Derechos Humanos, órgano establecido por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos para vigilar su cumplimiento, ha declarado que, en relación con el derecho a la libertad, no se debe equiparar el concepto de "arbitrariedad" con el de "contrario a la ley", sino que debe interpretarse de manera más amplia a fin de incluir elementos de incorrección, injusticia e imprevisibilidad.(54) El Washington Postha sugerido que "tiene que haber algún principio que guíe estas decisiones, aparte de qué movimiento beneficia más a los intereses del gobierno en un momento dado. De lo contrario, la ley se convierte en un mero instrumento de poder arbitrario por parte del Estado".(55)

El 30 de enero de 2003, un tribunal federal condenó al ciudadano británico Richard Reid a cadena perpetua por intentar detonar unos explosivos en un vuelo de American Airlines que hacía el trayecto de París a Miami en diciembre de 2001. Al dictar sentencia, el juez dijo al acusado: "Aquí se habla demasiado de guerra [...] En este tribunal, donde tratamos a los individuos como individuos, y nos ocupamos de los individuos como individuos, como seres humanos entre los que impartimos justicia, usted no es un combatiente enemigo. Usted es un terrorista. No es un soldado en ninguna guerra, es un terrorista [...] Porque todos sabemos que la forma en que lo tratemos, señor Reid, dará la medida de nuestra propia libertad". El juez William Young reiteró en sus conclusiones que "todo este lenguaje sobre la guerra está fuera de lugar".

Harold Koh, que fue secretario de Estado adjunto para cuestiones relacionadas con los derechos humanos durante el anterior gobierno, ha declarado: "Minamos nuestra propia credibilidad ante el resto del mundo al cometer en nuestro país abusos contra los derechos humanos en nombre de una guerra contra el terrorismo". Según dijo, al recurrir a prácticas que Estados Unidos ha criticado anteriormente en otros países, "animamos a otros países a cometer abusos similares en nombre de la lucha contra el terrorismo, y socavamos nuestra capacidad de protestar cuando lo hacen".(56)

La cuestión de la tortura y los malos tratos

Notorios violadores de los derechos humanos, como, entre otros, Birmania, Cuba, Corea del Norte, Irán y Zimbabue, han intentado durante mucho tiempo ocultar de la mirada del mundo los abusos que cometen organizando elaborados engaños y negando el acceso a los observadores internacionales de derechos humanos.

Presidente George W. Bush, 26 de junio de 2003(57)

Desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, ha existido preocupación por la posibilidad de que la respuesta agresiva de Estados Unidos pudiera incluir el recurso a la tortura o los malos tratos de los sospechosos puestos bajo custodia en el contexto de la "guerra contra el terrorismo". Esta preocupación se ha visto acrecentada por la denegación del acceso de las organizaciones internacionales de derechos humanos a los centenares de detenidos recluidos en la bahía de Guantánamo, Afganistán y otros lugares (pese a que se ha permitido el acceso al Comité Internacional de la Cruz Roja)(58) y por comentarios como los realizados por el ex director de la Agencia Central de Información (CIA), Cofer Black, que en septiembre de 2002 dijo a los miembros del Congreso que, aunque la "flexibilidad operativa" era "un área altamente confidencial", podía confirmar que "había un antes y un después del 11 de septiembre" y que "después del 11 de septiembre se acabaron las contemplaciones".(59)

Estados Unidos ha encapuchado, vendado los ojos, esposado y encadenado de diversas formas a los detenidos de Irak, Afganistán y Guantánamo. Entre los malos tratos a detenidos sobre los que los delegados de Amnistía Internacional en Irak han recibido informes se encuentran la privación prolongada del sueño y la inmovilización prolongada en posturas dolorosas, en ocasiones combinadas con la exposición a música a volumen muy alto, el encapuchamiento prolongado y la exposición a luces brillantes. La organización ha informado sobre estas prácticas en otro informe.(60)

Abdullah, uno de los 34 miembros del ejército afgano puestos bajo custodia por fuerzas estadounidenses el 17 de marzo de 2002, entrevistado por Amnistía Internacional en la provincia de Kandahar, en Afganistán, declaró que las fuerzas estadounidenses les sujetaron las manos a la espalda con ataduras de plástico y los llevaron a la base estadounidense de Kandahar. Allí, según dijo, los colocaron en fila y les ordenaron que se tumbaran boca abajo en la grava, donde permanecieron durante varias horas. Según su declaración, durante ese tiempo le propinaron patadas en las costillas. También declaró que los encapucharon a todos e hicieron que unos perros los registraran, y les afeitaron todo el vello, tanto facial como corporal. Según dijo, a él lo afeitó una mujer. Además, ha declarado que, durante los interrogatorios, permaneció esposado, con los pies atados y con una capucha cubriéndole la cabeza.

En una entrevista realizada el 30 de julio de 2003, Alif Khan, ciudadano afgano, dijo a Amnistía Internacional que, en mayo de 2002, había permanecido cinco días bajo custodia estadounidense en la base aérea de Bagram. Según su testimonio, permaneció todo el tiempo esposado, con cadenas en la cintura y grilletes en las piernas, mientras le impedían dormir, le negaban el agua para rezar y para hacer sus abluciones y lo interrogaban una o dos veces al día. Permaneció recluido en una estructura como una jaula junto con otras ocho personas, pero no les permitían hablar entre ellos. Después lo trasladaron a la base aérea de Kandahar, donde permaneció recluido 25 días. También allí estuvo esposado y con cadenas y grilletes durante la mayor parte del tiempo. Aunque le permitían dormir, afirma que lo hacía con muchas interrupciones, entre otras cosas por los interrogatorios a los que era sometido dos o tres veces al día y por el ruido constante de los aviones. Además, según ha declarado, diariamente lo sometían a registros corporales íntimos, que describió a Amnistía internacional como "registros por los dos lados". Otro ex detenido de Bagram, Sayed Abbasin, ha dicho a Amnistía Internacional que lo obligaron a permanecer arrodillado durante horas y también lo privaron del sueño y lo tuvieron encadenado largo tiempo. Otros han realizado denuncias similares.

En diciembre de 2002, el Washington Post, citando entrevistas con "varios ex agentes secretos y 10 agentes de la seguridad nacional estadounidense en activo, incluidos varios que presenciaron la forma en que se trataba a los prisioneros", afirmó que los detenidos de Bagram habían sido sometidos a técnicas de "estrés y padecimiento" durante los interrogatorios de la CIA.(61)Desde entonces se ha citado a oficiales del ejército estadounidense en Afganistán que confirman el uso de estas técnicas, y algunos ex detenidos han denunciado haber sido sometidos a ellas. Las técnicas denunciadas incluyen obligar a los detenidos a permanecer largo tiempo de pie o de rodillas, encapucharlos, cubrirles los ojos con gafas pintadas con spray, mantenerlos en posturas dolorosas o molestas, privarlos del sueño y someterlos a una iluminación constante las 24 horas del día. La preocupación se ha visto además intensificada por la muerte en Bagram de dos detenidos en circunstancias que sugieren que pudieron haber sido golpeados (véase infra), por la reclusión en régimen de incomunicación de numerosos detenidos en lugares no desvelados y por los informes que indican que Estados Unidos ha trasladado a detenidos a países en los que se sabe que se practica la tortura.

Las autoridades estadounidenses han subrayado constantemente que los detenidos bajo su custodia reciben un trato humano, haciendo especial hincapié en el hecho de que les proporcionan comida adecuada y asistencia médica. También han asegurado que los detenidos reciben un trato humano durante los interrogatorios. Por ejemplo, en junio de 2002, el coronel Donald Woolfolk, subcomandante de la Fuerza Conjunta 170 en la bahía de Guantánamo, garantizó por escrito que Estados Unidos "no emplea medio corporal alguno de coacción para obtener información de las personas a las que interroga. Por el contrario , Estados Unidos ha adoptado un enfoque humano de los interrogatorios, basado en crear una atmósfera de dependencia y confianza entre el detenido y el personal encargado de obtener información asignado a ese detenido".(62) En marzo de 2003, el portavoz de la Casa Blanca dijo: "La norma para cualquier tipo de interrogatorio de una persona bajo custodia de Estados Unidos es que sea humano y cumpla todas las leyes y acuerdos internacionales relativos a este tema. Eso es precisamente lo que ha estado sucediendo, y es exactamente lo que sucederá".(63)

En una carta enviada al senador Patrick Leahy el 25 de junio de 2003, el consejero jurídico del Pentágono, William Haynes, escribió que la política del gobierno era "cumplir con todas sus obligaciones legales en su trato a los detenidos, y en particular con las obligaciones legales que prohíben la tortura".(64) Añadió que los detenidos serían tratados e interrogados de manera "conforme" a la prohibición constitucional de infligir penas crueles e insólitas, y dijo que "las denuncias creíbles de conducta ilegal por parte de personal estadounidense se investigarán y, si se considera adecuado, se remitirán a las autoridades pertinentes". Por último, escribió que Estados Unidos no trasladaría a ninguna persona a un país donde pudiera ser sometida a tortura, y declaró que, si era necesario, pedirían al país receptor garantías de que no se utilizaría la tortura contra el individuo trasladado. Además añadió que Estados Unidos estaba dispuesto a "tomar medidas para investigar las denuncias creíbles de tortura y emprender acciones adecuadas si existiera razón para creer que esas garantías no se están cumpliendo".

Amnistía Internacional ha manifestado su satisfacción por las garantías del Pentágono. Sin embargo, los motivos de preocupación de la organización respecto al trato dado en el pasado, el presente y el futuro a los detenidos en la "guerra contra el terrorismo" no se han disipado. Por ejemplo, ¿considera el gobierno estadounidense que las denuncias recibidas por Amnistía Internacional y por otros, como las manifestadas por ejemplo en el Washington Post en diciembre, son infundadas? De no ser así, ¿qué investigaciones se han llevado a cabo y con qué resultados? ¿Qué medidas específicas está tomando el gobierno para garantizar que todos sus agentes cumplen con el derecho y las normas tanto nacionales como internacionales sobre los requisitos para impartir un trato humano a los detenidos? ¿Hasta qué punto son exhaustivas e imparciales las investigaciones sobre denuncias de malos tratos? Y más en general, ¿existen técnicas específicas de interrogatorio o condiciones de reclusión que las autoridades estadounidenses consideren aceptables y que puedan ser contrarias a la prohibición internacional de infligir tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes?

Esta última cuestión es especialmente importante a causa del enfoque que Estados Unidos ha adoptado del artículo 16 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (en adelante, Convención contra la Tortura), que establece que los gobiernos deben comprometerse "a prohibir en cualquier territorio bajo su jurisdicción otros actos que constituyan tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y que no lleguen a ser tortura". Cuando Estados Unidos ratificó la Convención en 1994, formuló una reserva al artículo 16 según la cual accedía a considerarse vinculado por la prohibición de infligir trato cruel, inhumano o degradante únicamente en la medida en que esos términos coincidieran con la prohibición establecida en la Constitución estadounidense de aplicar penas "crueles e insólitas". En la práctica, esta reserva puede limitar seriamente las obligaciones contraídas por Estados Unidos en virtud de la Convención, y puede aplicarse a cualquier ley o práctica estadounidense que, estando permitida por la Constitución de Estados Unidos, pueda infringir las normas internacionales relativas a un trato humano. Estados Unidos formuló una reserva idéntica al artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), y el Comité de Derechos Humanos (el órgano creado por el propio PIDCP para vigilar el cumplimiento del Pacto) ha declarado que esta reserva es "incompatible con el objeto y el propósito del tratado" y ha instado a Estados Unidos a retirarla.(65) En el 2000, el Comité contra la Tortura, establecido asimismo para vigilar el cumplimiento de la Convención contra la Tortura, declaró que la reserva de Estados Unidos violaba el tratado y limitaba su aplicación, y pidió a Estados Unidos que la retirara.(66) La carta del Pentágono de fecha 25 de junio de 2003 no sólo no hace referencia alguna a la postura del Comité, sino que subraya la postura de Estados Unidos, según la cual su Constitución prevalecerá sobre el derecho internacional.

Esto es importante porque Estados Unidos ha mostrado una tendencia a aprobar cierto tipo de trato a personas privadas de libertad que difiere de lo considerado generalmente como aceptable por la comunidad internacional.(67) Por ejemplo, en Estados Unidos unos 70.000 presos permanecen recluidos en centros de supermáxima seguridad en condiciones (aislamiento y estimulación sensorial reducida) que, según el Comité contra la Tortura, constituyen un régimen "excesivamente riguroso".(68) Estados Unidos no ha hecho nada por abordar las conclusiones del Comité a este respecto. (69)

En el contexto actual, Amnistía Internacional considera que la totalidad de las condiciones en las que han sido recluidos la mayoría de los detenidos de Guantánamo, incluido el carácter indefinido, prolongado y en régimen de aislamiento de esa reclusión, puede constituir trato cruel, inhumano y degradante. La detención prolongada en régimen de incomunicación (un abuso al que han sido sometidos los detenidos recluidos en la base aérea de Bagram y en lugares no desvelados) no sólo facilita la tortura sino que puede constituir en sí una forma de trato cruel. El Comité contra la Tortura ha afirmado expresamente que mantener a los detenidos inmovilizados en posturas muy dolorosas, encapucharlos, amenazarlos y privarlos del sueño durante periodos prolongados son métodos de interrogatorio que violan la prohibición de infligir tortura o trato cruel, inhumano o degradante. (70)

Dentro del gobierno estadounidense parece haber opiniones divergentes respecto a qué constituye tortura o malos tratos. Por ejemplo, en una reunión mantenida con la Sección Danesa de Amnistía Internacional el 11 de marzo de 2003, el embajador especial de Estados Unidos para cuestiones relacionadas con crímenes de guerra, Pierre-Richard Prosper, expresó sus dudas respecto a que la privación del sueño pudiera calificarse de tortura. Sin embargo, los apartados sobre Pakistán, Arabia Saudí, Libia, Jordania y Turquía de los informes más recientes sobre derechos humanos elaborados por el Departamento de Estado estadounidense citan la privación del sueño entre los métodos de tortura allí utilizados. Ahora, parece ser que Estados Unidos utiliza esa misma técnica contra los detenidos en la "guerra contra el terrorismo".

Incluso aunque las técnicas de "estrés y padecimiento" presuntamente utilizadas en Bagram y otros lugares están prohibidas por el derecho jurisprudencial estadounidense, e incluso aunque los detenidos están protegidos por la política de tratarlos de manera conforme a la definición constitucional de "cruel e insólito", según manifiesta la carta del Pentágono del 25 de junio, no hay que olvidar que ninguno de los detenidos de Guantánamo, Afganistán u otros lugares no desvelados ha tenido acceso a un tribunal estadounidense para impugnar las circunstancias de su detención, sus condiciones de reclusión o el trato recibido durante los interrogatorios. El único ciudadano estadounidense que ha tenido acceso a los tribunales y ha denunciado haber sido maltratado por agentes estadounidenses durante su captura y traslado desde Afganistán ha retirado posteriormente esas denuncias como parte del acuerdo sobre la pena establecido con el gobierno. John Walker Lindh denunció que lo habían sometido a un uso cruel de grilletes y esposas, le habían vendado los ojos y lo habían atado desnudo en una camilla en un contenedor, sin luz ni calefacción, durante dos o tres días. (71) También denunció que lo habían amenazado con matarlo y torturarlo. Según el acuerdo alcanzado sobre su pena, "olvida sus alegaciones de malos tratos a manos del ejército estadounidense, y retira todas sus denuncias de malos tratos".(72)

Los detenidos recluidos en Guantánamo, Bagram y otros lugares están a merced del ejecutivo, o más bien de la interpretación que el ejecutivo hace sobre qué salvaguardias exige la Constitución y requieren las obligaciones internacionales contraídas por Estados Unidos. El presidente Bush declaró recientemente que Estados Unidos está "comprometido con la eliminación mundial de la tortura" y "lidera esta lucha con el ejemplo".(73) Sin embargo, en virtud de la orden ejecutiva en materia militar que firmó en noviembre de 2001, que dispone la celebración de juicios ante una comisión militar y la detención indefinida sin juicio, cualquier ciudadano extranjero nombrado conforme a ella queda explícitamente "privado del privilegio de pedir resarcimiento o entablar procedimiento alguno, directa o indirectamente, o de que se pida resarcimiento o se entable procedimiento alguno en su nombre, ante (i) cualquier tribunal de Estados Unidos o de cualquier estado de Estados Unidos, (ii) cualquier tribunal de cualquier nación extranjera, o (iii) cualquier tribunal internacional".(74) En otras palabras: no habrá resarcimiento judicial para los detenidos nombrados en virtud de la orden ejecutiva en materia militar que puedan haber sufrido abusos en el momento de la detención o durante su reclusión.

Una práctica que facilita la tortura es la detención en régimen de incomunicación, tal como han reconocido el Comité de Derechos Humanos,(75) la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,(76) el relator especial de la ONU sobre la cuestión de la tortura(77) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.(78) En su informe más reciente sobre los derechos humanos en Libia, el Departamento de Estado estadounidense hizo constar que "los informes de tortura fueron difíciles de corroborar porque muchos detenidos permanecían en régimen de incomunicación". Asimismo, el apartado sobre Egipto manifiesta que "la detención en régimen de incomunicación se autoriza durante periodos prolongados, y frecuentemente viene acompañada de denuncias de tortura". Los detenidos sometidos a interrogatorio en la base aérea de Bagram han permanecido todos recluidos, según parece, en régimen de incomunicación durante periodos prolongados, sometidos a trato cruel. A otros detenidos recluidos en lugares no desvelados se les ha negado el acceso al mundo exterior. Estados Unidos no puede afirmar estar liderando la lucha contra la tortura con el ejemplo cuando el ejemplo que está dando es el de utilizar la detención prolongada en régimen de incomunicación. La transparencia, el acceso y el rendimiento de cuentas son las medidas más eficaces contra la tortura y los malos tratos. Estados Unidos debe utilizarlas y liderar así realmente con el ejemplo.



Bagram – interrogatorios sin una protección adecuada

Es importante que todas las naciones, en todo el mundo, traten bien a los prisioneros. Esto es algo que Estados Unidos siempre espera, y que Estados Unidos siempre hace.

Ari Fleischer, portavoz de la Casa Blanca, 7 de mayo de 2002(79)

En mayo de 2003, un ex detenido de Guantánamo que había sido enviado de vuelta a Afganistán recordó para Amnistía Internacional los 40 días que había pasado bajo custodia estadounidense en la base aérea de Bagram a mediados de 2002 antes de ser trasladado a Cuba. Sayed Abbasin, ciudadano afgano, declaró que nadie lo había golpeado, pero que sí lo habían obligado a permanecer de pie, sentado o de rodillas. Afirmó que permanecer de rodillas durante cuatro horas al día era peor que ser golpeado. Según dijo, después de más de un año aún tiene problemas en las rodillas. Describió también un régimen de privación del sueño, con iluminación las 24 horas y los guardias golpeando los barrotes y gritando para mantener despiertos a los detenidos. Tal como se ha dicho en apartados anteriores de este documento, en julio de 2003 Alif Khan, también ex detenido de Guantánamo, hizo a Amnistía Internacional denuncias similares sobre el trato que recibió en las bases de Bagram y Kandahar. Asimismo, un activista local de derechos humanos denunció en marzo de 2003 que 20 ex detenidos afganos habían declarado haber sido obligados a quitarse la ropa y a permanecer sentados o arrodillados desnudos en posturas dolorosas durante horas mientras los interrogaban en Bagram.(80) En una entrevista mantenida con Amnistía Internacional el 29 de julio de 2003 en Kabul, Taj Mohammad recordó que su hermano Wazir, ahora en Guantánamo, había escrito un año antes en una carta enviada desde el centro de detención de Bagram a través del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR): "Aquí no hay derechos humanos. Sufrimos, nuestra situación es horrible".(81)

Al parecer, en el centro de Bagram nunca hay más de 100 detenidos simultáneamente.(82) Antes de ser trasladados a Cuba, muchos de los detenidos que ahora están en Guantánamo estuvieron recluidos en las bases de Bagram o Kandahar (el centro de detención de esta última se ha cerrado), y también a ellos les negaron el acceso a abogados, familiares o los tribunales. Se ha denunciado que ni siquiera el CICR ha tenido acceso a todos los detenidos de Bagram, incluidos los que han permanecido recluidos un plazo máximo de dos semanas.(83) Según denuncias, los detenidos de Bagram (a quienes, según los informes, Estados Unidos se refiere como "personas bajo control", en lugar de como detenidos) han sido obligados a permanecer durante periodos prolongados de pie o de rodillas, encapuchados, con los ojos cegados por gafas cubiertas de pintura, en posturas dolorosas o molestas, sin poder dormir y bajo una iluminación constante.(84)

En diciembre de 2002 dos detenidos murieron en la base aérea de Bagram en circunstancias sospechosas. Según los informes, el CICR no había llegado a ver a ninguno de ellos. En marzo de 2003 se informó de que las autoridades militares estadounidenses habían confirmado que los informes de las autopsias de Dilawar, afgano de 22 años, y Mullah Habibullah, de unos 30 años, habían establecido el "homicidio" como causa de la muerte, y que en ambos casos se habían observado "lesiones causadas por golpes con objetos contundentes". A finales de junio de 2003, la investigación del Pentágono sobre estas muertes seguía "todavía en curso", (85) y se creía que aún continuaba a principios de agosto. Amnistía Internacional aguarda a que se publiquen todos sus resultados. Los sucesos anteriores ocurridos en Afganistán no consiguieron convencer a la organización de que el gobierno estadounidense estaba actuando con seriedad respecto a llevar a cabo investigaciones exhaustivas e imparciales sobre las denuncias de malos tratos a manos de agentes suyos.(86) Amnistía Internacional espera que ahora Estados Unidos aplique a las muertes de Bagram los estrictos criterios de investigación que el propio Estados Unidos espera de otros países.(87) La organización ha pedido asimismo que se investigue la muerte bajo custodia de otro afgano en un centro de detención estadounidense de Asadabad, provincia de Kunar, ocurrida en torno al 22 de junio de 2003.(88)

Dos ex detenidos que según los informes estuvieron recluidos en la base de Bagram al mismo tiempo que al menos uno de los que murieron han declarado que a ellos y a los demás los obligaron a permanecer desnudos, encapuchados y encadenados y los mantuvieron de pie ininterrumpidamente durante horas. Uno de ellos dijo que había pasado 16 días en la sección de interrogatorios del centro, y que durante 10 de ellos lo obligaron a estar de pie, hasta que las piernas se le hincharon tanto que los grilletes se le clavaron en los tobillos, cortándole la circulación.(89) Tanto él como otros han declarado que los guardias estadounidenses les gritaban y les daban patadas para mantenerlos despiertos mientras estaban de pie o durante los interrogatorios.(90) Otros detenidos han hecho denuncias similares, declarando asimismo que fueron sometidos a burlas humillantes y a insultos por parte de mujeres soldado.

El coronel Roger King, jefe de portavoces del ejército estadounidense en Bagram, confirmó que "obligamos a la gente a permanecer de pie durante periodos prolongados [...] Se ha informado de que la alteración del sueño es un medio eficaz para reducir la inhibición de la gente respecto a hablar o su resistencia a los interrogatorios". También se han citado palabras suyas diciendo que una "técnica habitual" era mantener las celdas iluminadas las 24 horas del día o despertar a los detenidos cada 15 minutos para desorientarlos. La obligación de permanecer de pie, según dijo, también podía ser un castigo para los detenidos que hablaban entre ellos.(91) El teniente general Daniel K. McNeill, comandante de la fuerza conjunta 180 en Afganistán, también ha reconocido que en Bagram se obligaba a los detenidos a permanecer de pie largos periodos.(92)

En los apartados sobre Pakistán, Arabia Saudí, Libia, Turquía y Egipto de su informe más reciente sobre derechos humanos, el Departamento de Estado estadounidense enumera los siguientes métodos entre las prácticas consideradas tortura y trato cruel, inhumano o degradante: aislamiento prolongado, privación del sueño, separación forzada de las piernas colocando una barra de hierro entre los pies, obligar a los detenidos a "yacer constantemente sobre suelos duros", obligar a los detenidos a permanecer de pie durante periodos prolongados, desnudarlos, vendarles los ojos y empaparlos con agua fría. Sin embargo, al menos un detenido liberado de Bagram ha declarado que le ordenaron que se desnudara y luego le arrojaron un cubo de agua helada por encima. Este detenido dijo a Associated Press: "No podía decir nada. Tenía muchísimo miedo. No sabía qué harían a continuación".(93)

El 18 de abril de 2003, el Pentágono denegó, mediante una carta, la petición de Amnistía Internacional de visitar a los detenidos recluidos en la base aérea de Bagram, en Afganistán. La carta explicaba que "se proporciona acceso a los detenidos al Comité Internacional de la Cruz Roja, y de forma individual a autoridades gubernamentales seleccionadas". La carta decía también que los detenidos "siguen recibiendo un trato humano".(94) A finales de julio de 2003, un investigador de Amnistía Internacional en Kabul pidió que se le permitiera entrevistarse con oficiales de la base aérea de Bagram, pero no se ha recibido respuesta a esta petición.

Amnistía Internacional ha pedido que se lleve a cabo una investigación exhaustiva e imparcial sobre el trato que reciben los detenidos en la base aérea de Bagram y que se hagan públicos sus resultados. La organización ha recibido información que indica que las condiciones del centro han mejorado recientemente. Incluso de ser así, esto no exime a las autoridades de su deber de investigar cualquier abuso que pueda haberse cometido en el pasado y llevar ante la justicia a todos los responsables de torturas o malos tratos. Además, no debe utilizarse como prueba en juicio alguno ninguna declaración obtenida mediante tortura o malos tratos, salvo en el procesamiento del presunto torturador. Cualquier persona de la que se concluya que ha sido sometida a tortura o malos tratos debe tener acceso a un resarcimiento pleno, que incluya una indemnización justa y adecuada y los medios para su rehabilitación. Si se concluye que alguien ha muerto a consecuencia de torturas, las personas a cargo del fallecido tendrán derecho a recibir una indemnización.(95)

Guantánamo – un régimen cruel en su totalidad

Hemos dejado claro a los estadounidenses que muchos aspectos de lo que ha sucedido en Guantánamo son inaceptables. Y seguiremos haciéndolo.

Chris Mullin, ministro del gobierno británico(96)

Más de 650 personas permanecen recluidas sin cargos ni juicio en la base naval estadounidense de la bahía de Guantánamo, en Cuba. Proceden de unos 40 países y, según los informes, entre ellos hay ciudadanos de Afganistán, Arabia Saudí, Argelia, Australia, Azerbaiyán, Bahrein, Bélgica, Canadá, China, Dinamarca, Egipto, España, Francia, Irán, Irak, Jordania, Kazajistán, Kuwait, Libia, Maldivas, Marruecos, Mauritania, Pakistán, Qatar, Reino Unido, Rusia, Suecia, Turquía, Uganda, Uzbekistán y Yemen. Muchos de los detenidos llevan allí bastante más de un año, y ninguno ha tenido acceso a un tribunal, a un abogado o a sus familiares. El ejército no ha hecho pública la cifra exacta, la identidad o la nacionalidad de los prisioneros. Sigue habiendo traslados esporádicos a la base, y alguna liberación. Por ejemplo, el 18 de julio de 2003 el Pentágono anunció la liberación de 27 detenidos, de los que se cree que 16 eran ciudadanos afganos y 11 paquistaníes, y anunció también la llegada de aproximadamente 10 nuevos prisioneros.(97)

Sobre la entrada principal del centro de detención de la base naval hay un gran letrero con el lema de la fuerza conjunta de Guantánamo, la unidad "responsable de la detención y el interrogatorio de los combatientes enemigos aprehendidos por el Departamento de Defensa y otras agencias gubernamentales estadounidenses a causa de la guerra global que se está librando contra el terrorismo".(98) El lema es: "Ligados por el honor para defender la libertad". Amnistía Internacional cree, no obstante, que en este campo de detención, en nombre de la "libertad" y la seguridad nacional, se están socavando las normas internacionales. Las críticas a la política adoptada por el gobierno son generalizadas. Por ejemplo, The Economistha pedido que se desmantele el centro. Ha declarado que el trato que reciben los detenidos es "indigno de una nación que ha valorado el Estado de derecho desde su nacimiento mismo, y representa un enfoque más extremo que el que se ha adoptado incluso en periodos de guerra declarada. Ha distanciado a muchos otros gobiernos en un momento en el que el esfuerzo por derrotar al terrorismo requiere más cooperación internacional que nunca en lo que se refiere a hacer cumplir la ley".(99)

Muchos de los detenidos de Guantánamo fueron puestos bajo custodia en el contexto del conflicto armado internacional de Afganistán. A ninguno de ellos se le ha otorgado la condición de prisionero de guerra ni se lo ha llevado ante un "tribunal competente" para que determine dicha condición, tal como establece el artículo 5 del Convenio III de Ginebra. El gobierno estadounidense ha insistido en que sólo debe convocarse un tribunal en caso de duda, y ha afirmado que no existe ninguna duda de que estos detenidos no son prisioneros de guerra. El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria ha declarado que "la autoridad competente para determinar la condición de prisionero de guerra no es el poder ejecutivo, sino el poder judicial".(100) Por su parte, el Comité Internacional de la Cruz Roja ha "solicitado encarecidamente" a Estados Unidos que aclare "el estatuto jurídico de cada detenido [...] individualmente".(101) El gobierno estadounidense aún no ha hecho nada a este respecto.

El artículo 3 común de los Convenios de Ginebra establece que todas las personas puestas bajo custodia en el contexto de un conflicto armado "serán, en todas las circunstancias, tratadas con humanidad". Entre otras cosas, este artículo prohíbe "los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes". Esta salvaguardia también aparece contenida en el artículo 75 del primer Protocolo Adicional de los Convenios de Ginebra, que refleja el derecho internacional consuetudinario.

Los primeros prisioneros, trasladados en grupos de unos 30 desde Afganistán en vuelos de 20 horas de duración en condiciones de privación sensorial y fuerte inmovilización, llegaron a la bahía de Guantánamo el 11 de enero de 2002. El Pentágono difundió una fotografía de los detenidos vestidos con monos naranjas, arrodillados delante de soldados estadounidenses, encadenados, esposados y con los ojos cubiertos por gafas pintadas de negro y la boca y la nariz cubiertas por máscaras, una imagen que suscitó una honda preocupación internacional.(102) El prisionero más tarde liberado Sayed Abbasin ha recordado: "Llegué allí atado y amordazado; sólo un animal trataría así a un ser humano. Fue el peor día de mi vida".(103) También ha declarado que no le dijeron por qué lo trasladaban o a dónde lo llevaban, lo cual constituye una violación del artículo 75.3 del primer Protocolo Adicional, que establece que "[t]oda persona detenida, presa o internada por actos relacionados con el conflicto armado será informada sin demora, en un idioma que comprenda, de las razones que han motivado esas medidas".

Otro ex detenido de Guantánamo, Muhammad Naim Farooq, en una entrevista concedida a Amnistía Internacional en Zurmat, Afganistán, el 5 de agosto de 2003, declaró también que, al trasladarlo a Cuba a mediados de 2002, no le habían dicho a dónde lo llevaban o por qué. Según su declaración: "No sabíamos a dónde íbamos. Estábamos desesperados, porque éramos inocentes. Yo estaba muy triste, porque no podía ver a mis hijos, mi familia y mis amigos. ¿Pero qué podíamos hacer? Sí, nos daban comida suficiente, pero ¿y qué? Mi madre perdió la vista mientras yo estaba allí".

Muhammad Naim Farooq recordaba que, durante el viaje, llevaba las esposas tan apretadas que le hirieron las muñecas, y que muchos de sus compañeros gritaban "por el dolor" o porque "se estaban volviendo locos". Otro afgano liberado de Guantánamo, Alif Khan, dijo a Amnistía Internacional durante una entrevista en Kabul en julio de 2003 que le habían puesto dos inyecciones, una en cada brazo, para trasladarlo a Cuba en junio de 2002. Según dijo, no sabía qué eran esas inyecciones, pero tras serle administradas experimentó "una especie de inconsciencia".

Durante los primeros tres meses y medio, los detenidos de Guantánamo permanecieron recluidos en las pequeñas jaulas de tela metálica del Campo Rayos X. Junto con las condiciones del traslado, la reclusión en estas jaulas puso en duda no sólo el respeto de Estados Unidos por el artículo 3 común, sino su cumplimiento del artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece que "[t]oda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano". El Comité de Derechos Humanos ha declarado, en su interpretación autorizada del artículo 10: "Tratar a toda persona privada de libertad con humanidad y respeto de su dignidad es una norma fundamental de aplicación universal [...] Esta norma debe aplicarse sin distinción de ningún género".(104) El trato dado a los detenidos parece desmentir la afirmación de Estados Unidos de que "defenderá la causa de la dignidad humana y se opondrá a quienes se resistan a ella".(105)

Desde el 28 de abril de 2002, el Campo Rayos X ha sido sustituido por una prisión recién construida y más permanente, el Campo Delta. Dentro de él se encuentra el Campo 4, un centro de seguridad media con capacidad para unos 160 detenidos y un régimen menos severo, que entró en pleno funcionamiento el 2 de abril de 2003. En este centro, por ejemplo, los detenidos viven en comunidad, visten ropa blanca en lugar de los monos naranjas y disponen de más tiempo de ejercicio y de otros beneficios. El Campo 4, que, según admite el ejército, difiere "sustancialmente" del resto del Campo Delta, ha albergado, en ocasiones durante varios meses, a los detenidos que se preparan para ser liberados. Según el ejército, este centro es para los detenidos "considerados un peligro menor para la seguridad de los guardias y de otros detenidos, y que se han mostrado colaboradores en el proceso de interrogatorio".(106) Esto último puede sugerir que incluso las autoridades estadounidenses consideran que las condiciones de los campos 1 a 3 son potencialmente coactivas. Además se ha establecido otro centro, el Campo Iguana, para los detenidos menores de edad.

Sin embargo, la mayoría de los detenidos permanecen en los bloques de máxima seguridad del Campo Delta, con capacidad para más de 800 reclusos. Las celdas del Campo Delta son aún más pequeñas que las del Campo Rayos X: miden 2,03 por 2,44 metros, frente a los 2,44 por 2,44 de las del Campo Rayos X.(107) Los detenidos permanecen encerrados en estas celdas, en algunos casos las 24 horas del día.(108) Uno de los aspectos del trato que reciben que ha causado especial inquietud internacional es la falta de tiempo para hacer ejercicio fuera de las celdas. El gobierno británico, por ejemplo, ha declarado que ha presionado para que a los detenidos se les permita hacer un ejercicio adecuado.(109) Durante muchos meses, los detenidos no han dispuesto más que de 15 minutos una o dos veces a la semana. Según el ejército, este tiempo se ha aumentado recientemente a 30 minutos entre tres y siete veces a la semana, en áreas de cemento rodeadas de alambrada de unos 600 por 900 metros.(110) Sin embargo, esto sigue vulnerando las normas internacionales. El artículo 38 del Convenio III de Ginebra y el artículo 49 del Convenio IV de Ginebra establecen, respectivamente, que los prisioneros de guerra y los civiles internados deben poder realizar ejercicio físico adecuado al aire libre. En virtud de los Convenios III y IV de Ginebra, incluso los detenidos sometidos a procedimientos disciplinarios deben tener acceso a al menos dos horas de ejercicio al aire libre todos los días.(111) Las normas internacionales de derechos humanos disponen que todos los presos deben disponer "si el tiempo lo permite, de una hora al día por lo menos de ejercicio físico adecuado al aire libre".(112)

El derecho de los detenidos a ser considerados inocentes, y ser tratados como tales, hasta que se determine en un juicio justo su culpabilidad ha sido violado por un gobierno que los ha calificado reiteradamente de "terroristas". El vicepresidente Dick Cheney, por ejemplo, ha descrito a los detenidos como "lo peor de un lote muy malo. Son muy peligrosos. Están decididos a matar a millones de estadounidenses".(113) A pesar de haber recibido esos calificativos, y a pesar incluso de que las largas horas de interrogatorios constantes a que han sido sometidos, aparte de servir para reunir información, han tenido posibles consecuencias procesales, tal como varias autoridades estadounidenses han declarado en diversas ocasiones, a los detenidos se les ha negado la asistencia letrada.(114) El secretario de Defensa Donald Rumsfeld declaró recientemente que uno de los motivos por los que el procesamiento de los detenidos estaba llevando tanto tiempo era porque "algunas de las agencias se están centrando en labores policiales. ¿Qué actos indebidos han cometido estas personas que puedan conducir a labores policiales en nuestro país o en otro país?".(115)

Entre los interrogados se encuentran menores y ancianos. Amnistía Internacional ha expresado su preocupación por el bienestar de Haji Naim Kuchai, anciano afgano de 65 años trasladado a Guantánamo en marzo de 2003 tras haber permanecido recluido en un lugar no desvelado durante los tres meses anteriores. Es diabético y tiene que llevar un cinturón quirúrgico tras habérsele extirpado un riñón.(116) Por su parte, un afgano liberado en octubre de 2002 y que dijo tener más de 70 años recordó las largas horas de interrogatorio en la bahía de Guantánamo.(117) Otro detenido liberado dijo a Amnistía Internacional en mayo de 2003 que los interrogatorios eran "como una tortura".

Al igual que en el caso de los otros detenidos, el ciudadano afgano Muhammad Naim Farooq había sido interrogado repetidamente bajo custodia de Estados Unidos en Afganistán antes de ser trasladado a Guantánamo. En la entrevista que concedió a Amnistía Internacional en agosto de 2003 declaró que había sido interrogado inmediatamente después de su llegada a la bahía de Guantánamo, pero que después no había vuelto a ser interrogado durante tres meses. Transcurrido ese tiempo empezaron a interrogarlo una vez al mes, en sesiones de entre 30 minutos y 3 horas. Al cabo de varios meses le dijeron que los interrogatorios habían terminado. Sin embargo, no lo pusieron en libertad hasta otros tres meses después.

Muhammad Naim Farooq había sido trasladado a Guantánamo desde la base aérea de Kandahar, en Afganistán, a mediados de 2002. Según declaró, antes de su traslado le dijeron que pronto quedaría en libertad. Tal como ha afirmado, ya le habían dicho eso mismo cuando lo trasladaron, atado y con los ojos vendados, hasta Kandahar desde la base aérea de Bagram, donde había pasado un mes tras ser detenido. Finalmente, estuvo recluido en Kandahar cuatro meses y en Guantánamo casi un año. Muhammad Naim Farooq sugirió a las autoridades que no digan a los detenidos que los van a dejar en libertad y luego los mantengan recluidos durante meses. Según dijo, muchos detenidos "perdían los nervios" ante esta situación.

Amnistía Internacional considera que la totalidad del régimen de Guantánamo – incluido el carácter prolongado e indefinido de las detenciones– puede constituir trato cruel, inhumano o degradante. La organización recuerda que, hace más de un año, el subcomandante del Campo Rayos X declaró: "Piensen en sí mismos encerrados las 24 horas del día, saliendo sólo de vez en cuando... muy, muy de vez en cuando, sin saber lo que va a suceder, probablemente sin saber siquiera por qué están aquí. Creo que eso asustaría a cualquiera".(118) A pesar de la apertura del centro de seguridad media para los detenidos que van a ser liberados y de las escasas decenas de liberaciones que se han llevado a cabo, las cosas apenas han cambiado.

En el contexto de los interrogatorios, la posibilidad de que se celebren juicios ante una comisión militar con unos niveles probatorios inferiores a los aplicados en los tribunales estadounidenses ordinarios suscita preocupación por la naturaleza potencialmente coactiva de las condiciones de reclusión. El principio 21 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión establece: "Estará prohibido abusar de la situación de una persona detenida o presa para obligarla a confesar o declarar contra sí misma o contra cualquier otra persona". El trato recibido también puede coaccionar a los detenidos a la hora de establecer acuerdos para declararse culpables a cambio de una pena determinada. Las normas relativas a las comisiones militares creadas en virtud de la orden ejecutiva en materia militar de noviembre de 2001 disponen que los acuerdos relativos a las penas deben ser aprobados por el secretario de Defensa o por su representante, es decir, por la autoridad que tiene la responsabilidad última sobre las condiciones en las que los detenidos permanecen recluidos,(119) una autoridad que, evidentemente, respalda de pleno el régimen de detención de la bahía de Guantánamo.

Las entrevistas publicadas en los medios de comunicación con los detenidos liberados de Guantánamo en abril y mayo de 2003 daban en general una imagen de malos tratos físicos y directos mínimos, pero algunos de los detenidos que han vuelto a su país hablan de humillación y de un régimen en el que los castigos se aplican con rapidez. La mayoría de estos detenidos fueron entrevistados a su regreso a Afganistán en condiciones (como, por ejemplo, una continuación del encarcelamiento en Kabul) en las que no se sentían necesariamente libres para hablar abiertamente y sin temor a repercusiones negativas. Los delegados de Amnistía Internacional en Afganistán observaron que, por aquel entonces, algunos de los retornados parecían muy desorientados y desconfiados. El New York Timespublicó que "muchos prisioneros tenían cuidado de no criticar a las autoridades estadounidenses, y mostraban un nerviosismo constante sobre su situación en Afganistán". Un hombre había dicho que era "demasiado pronto para hablar de las condiciones" en Guantánamo. Otro hombre, que había pasado 10 meses en la bahía, declaró que "había tres tipos de trato: bueno, malo y el peor", sin entrar en más detalles.(120)

Mohammad Taher, uno de los afganos detenidos, dijo a Amnistía Internacional en mayo de 2003 que había padecido sufrimiento mental a causa de su detención y que tenía dificultad para recordar las cosas. Había pasado dos meses y medio en la base aérea de Kandahar antes de ser trasladado a Guantánamo, donde creía que había permanecido recluido entre ocho y diez meses. Por su parte, según los informes, Mohammed Sagheer, ciudadano paquistaní, se disponía a demandar al gobierno estadounidense por el daño mental sufrido durante sus diez meses en Guantánamo.(121) En cuanto a Sayed Abbasin, que había pasado aproximadamente un año en el Campo Delta, dijo a Amnistía Internacional que, para él, la privación del sueño formaba parte del régimen establecido en el campo, ya que la iluminación era constante y los soldados no le permitían cubrirse la cabeza con una manta para dormir mejor.(122) Según ha declarado, desde su regreso a Afganistán ha tenido problemas de visión. Este ex detenido, que describió el centro de detención "como un zoo" más que como una prisión, también ha afirmado que lo metieron en una celda de castigo durante cinco días por hacer ejercicio en su celda. Asegura que, mientras estuvo en la celda de castigo, no le dieron mantas, (123) no le permitieron disfrutar de su tiempo de "ejercicio" en el exterior y no le permitieron cubrirse la cabeza durante la oración. Mohammad Taher dijo a Amnistía Internacional que, aunque a él no lo metieron nunca en una celda de castigo, a otros los tuvieron encerrados en ella durante 20 días, por ejemplo por negarse a comer. Él creía que las condiciones en las celdas de castigo eran aún peores. Según los informes, estas celdas de aislamiento son del mismo tamaño que las otras pero con paredes y puertas compactas y un ventanuco.(124)

El agujero negro legal en que se ha convertido el Campo Delta ha adquirido tal notoriedad que, según los informes, las autoridades de Estados Unidos y de otros países, incluidos los soldados estadounidenses destinados en Irak, lo utilizan como amenaza durante los interrogatorios.(125) Por ejemplo, algunos familiares de detenidos en Yemen han dicho a Amnistía Internacional que, a medida que se fue agravando el problema de las detenciones arbitrarias en el contexto de la cooperación en materia de seguridad entre Yemen y Estados Unidos tras el 11 de septiembre de 2001, la policía yemení empezó a amenazar con frecuencia a los detenidos con entregarlos a agentes estadounidenses para que los llevaran a Guantánamo. Un preso afgano liberado de la base aérea estadounidense de Bagram, donde, según los informes, permaneció recluido durante 18 días en lo que describió como un régimen de iluminación las 24 horas del día y privación del sueño, también afirmó que lo habían amenazado con transferirlo a Guantánamo para obligarlo a colaborar durante los interrogatorios.(126) Y otro preso afgano liberado dijo que, durante los interrogatorios, lo amenazaron con trasladarlo a Guantánamo. Según su declaración: "Uno de ellos me trajo 50 piedrecitas y me dijo: ‘cuenta estas piedras’. Cuando terminé, me dijo: ‘te vamos a mandar allí durante 50 años’".(127) Finalmente no fue trasladado a Cuba.

Hasta el 16 de julio de 2003 había habido al menos 29 intentos de suicidio por parte de 18 individuos en el centro de detención de Guantánamo. Según los informes, uno de los detenidos sufrió daño cerebral al intentar ahorcarse, y meses después continuaba ingresado en el hospital penitenciario. Al parecer, se encontraba en "estado vegetativo persistente" y necesitaba atención las 24 horas del día.(128) Por otra parte, el ex detenido Muhammad Naim Farooq, en la entrevista que mantuvo con Amnistía Internacional en agosto de 2003, recordó que había "visto personalmente dos casos, el de un afgano y el de un iraní. Trataron de ahorcarse con prendas de vestir. Los dos sobrevivieron, y los castigaron encerrándolos en régimen de aislamiento sin nada de ropa. No supe durante cuánto tiempo".

Los intentos de suicidio más recientes tuvieron lugar el 2 de junio y el 16 de julio de 2003, y sus autores fueron detenidos que estaban recibiendo tratamiento por problemas de salud mental,(129) lo cual pone de manifiesto que los efectos potenciales tanto psicológicos como físicos de la prolongada reclusión en Guantánamo siguen siendo motivo de preocupación. El 7 de febrero de 2003, Amnistía Internacional escribió al gobierno estadounidense instándolo a llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre los intentos de suicidio para intentar evaluar qué papel habían desempeñado en ellos las condiciones de reclusión, con vistas a tomar todas las medidas necesarias para poner remedio a esta situación. No se ha recibido respuesta.

En julio de 2003, el director de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Guantánamo confirmó que la incertidumbre de una "detención aparentemente indefinida", "sin un marco legal claro", ha tenido una "repercusión general sobre la salud mental de los prisioneros".(130) Otra portavoz del CICR ha declarado: "La incertidumbre a la que se enfrentan estos detenidos respecto a su situación legal y su futuro tiene un efecto muy perjudicial en su bienestar físico y mental. Muchos de ellos llegan a extremos de desesperación. Es un indicio claro de que estas personas están sometidas a una tensión y una ansiedad extremas".(131)

Los testimonios obtenidos mediante entrevistas con detenidos liberados dan indicios adicionales de que lo que lleva a los internos a la desesperación es el carácter indefinido de la reclusión, sumado a las condiciones de aislamiento y a un creciente sentimiento de injusticia. Shah Muhammad, paquistaní de 20 años de edad que pasó más de un año en Guantánamo, recordaba cómo había intentado suicidarse más de una vez: "Lo intenté cuatro veces, porque me asqueaba mi vida. El suicidio es contrario al Islam, pero la vida allí era muy difícil. Muchas personas intentaban matarse. Me trataban como si fuera culpable, pero era inocente". Según dijo, permaneció varios meses recluido en un bloque con detenidos que sólo hablaban árabe, un idioma que él desconocía. "Era difícil no poder hablar con nadie durante tanto tiempo [...] nos dejaban salir muy poco tiempo, y era muy difícil. Yo sentía cómo me derrumbaba". Otro ex detenido, Suleiman Shah, recordaba que "a todos nos preocupaba saber cuánto tiempo estaríamos allí. La gente se volvía loca, diciendo: ‘¿Cuándo van a dejarnos libres? Deberían llevarnos ante el tribunal superior’. Muchos dejaron de comer".(132)

Mientras tanto, en su país, las familias de los detenidos sufren la angustia de no saber qué ha sido de sus seres queridos. La detención arbitraria o indefinida también provoca sus "daños colaterales". Muhammad Naim Farooq recordaba el caso de Juma Khan, de Jalalabad, cuya familia creía que había muerto hasta que el propio Muhammad Naim Farooq, tras ser liberado, pudo decirles que Juma Khan se encontraba recluido en la bahía de Guantánamo.

Wazir Mohammad lleva en Guantánamo más de un año. Al parecer, su esposa sufre graves trastornos emocionales y psicológicos. La pareja tiene un niño de un año, su primer hijo, al que Wazir Mohammad no ha visto nunca. Lo mismo ha sucedido en otros casos. Desde que Ibrahim Fauzee, ciudadano de Maldivas, está recluido en Guantánamo, su esposa ha dado a luz a su primer hijo, una niña. También Mustafa Ait Idir, ciudadano argelino detenido en la base naval desde hace más de 18 meses, tiene un hijo al que nunca ha visto. Las autoridades estadounidenses han negado a todos los detenidos de Guantánamo el derecho a recibir visitas de sus familiares, lo cual constituye una violación de las normas internacionales.(133) Amnistía Internacional considera que la prohibición absoluta de las visitas de familiares a los detenidos es incompatible con el derecho de los hijos de los detenidos a mantener el contacto con sus padres bajo custodia.(134)

Niños entre los detenidos

A pesar de su edad, son personas muy, muy peligrosas. [...] Quizá sean menores, pero no juegan en una liga infantil, juegan en primera división, en un equipo terrorista.

General Richard B. Myers, jefe del Estado Mayor Conjunto, 25 de abril de 2003.

El artículo VII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre dispone que "todo niño" tiene "derecho a protección, cuidados y ayuda especiales". Esta Declaración es vinculante para Estados Unidos, como Estado miembro de la Organización de los Estados Americanos. Por su parte, el artículo 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que la familia "tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado", y su artículo 24 establece que se proporcionará a todos los niños protección adecuada, conforme a su condición de menor, sin discriminación alguna por ningún motivo, incluida la nacionalidad.

En abril de 2003, las autoridades estadounidenses revelaron que entre los ciudadanos extranjeros detenidos en Guantánamo había niños de tan sólo 13 años. Un detenido liberado dijo a Amnistía Internacional en mayo de 2003 que recordaba haber hablado en Guantánamo con un niño de 12 años recluido allí. Ya se sabía que había un menor, Omar Khadr, de nacionalidad canadiense, que llevaba bajo custodia de Estados Unidos casi un año, la mitad de ese tiempo en Guantánamo, a donde fue trasladado en octubre de 2002. Según los informes, tenía 15 años cuando fue capturado en Afganistán en julio de 2002. Al igual que a los otros detenidos, también a él se le ha negado el acceso a abogados o familiares, (135) y tampoco se le ha permitido acceder a un tribunal para impugnar la legalidad de su detención o para lograr que se determine su condición.

Amnistía Internacional escribió el 24 de abril de 2003 al gobierno estadounidense para pedirle que aclarara cuántos menores de 18 años permanecían recluidos en Guantánamo, que permitiera a estos menores acceso inmediato a abogados y familiares y que los acusara y juzgara conforme a los principios internacionalmente acordados de justicia de menores, o de lo contrario los pusiera en libertad. La organización señaló que la definición de "niño" en virtud de la mayoría de las normas legales internacionales es la de cualquier persona menor de 18 años. Amnistía Internacional ha recibido información que indica que, ya en mayo de 2002, había al menos un joven de 17 años recluido en el Campo Delta.

Sin embargo, el Pentágono parece definir en este contexto a los "niños" como a aquellos que son menores de 16 años. En respuesta a una carta de Amnistía Internacional, declaró que "son muy pocos los detenidos de los que hemos determinado que son menores de 16 años. Resulta difícil establecer la edad exacta de los detenidos, ya que no es fácil conseguir certificados de nacimiento".(136) La carta hacía caso omiso de los jóvenes de 16 y 17 años. Por su parte, el secretario de Defensa respondió a la preocupación generalizada por estos menores detenidos quejándose de "esa cantinela constante sobre ‘los niños’, como si tuviéramos a un centenar de niños encerrados aquí: éstos no son niños".(137) Por su parte, el jefe del Estado Mayor Conjunto declaró que "a pesar de su edad, son personas muy, muy peligrosas. […] Quizá sean menores, pero no juegan en una liga infantil, juegan en primera división, en un equipo terrorista".(138)

Desde entonces, el Pentágono ha repetido este desprecio por la presunción de inocencia en su respuesta estándar sobre los menores de 16 años recluidos en la base naval: "Los detenidos de Guantánamo son personas peligrosas. La edad no disminuye necesariamente la amenaza potencial que constituye un detenido. Los detenidos permanecen bajo custodia mientras son considerados una amenaza para hombres, mujeres y niños inocentes de todo el mundo."(139) Éste es el mismo gobierno que, en el 2002, dijo a la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas en favor de la Infancia que Estados Unidos era el líder mundial en protección a los niños. Estados Unidos es casi el único país del mundo que todavía ejecuta a personas que cometieron su delito siendo menores; es más, tiene en su haber las tres cuartas partes de las ejecuciones de este tipo, unas ejecuciones ilegales en virtud del derecho internacional, de las que se ha tenido noticia en los últimos cinco años.(140)

La Sección Canadiense de Amnistía Internacional ha instado a las autoridades de Canadá a pedir a Estados Unidos garantías de que no pedirá la pena de muerte contra Omar Khadr, que puede ser sospechoso de haber estado implicado, cuando tenía 15 años, en la muerte por arma de fuego de un soldado estadounidense en Afganistán.(141) Si realmente era ésa la edad de Khadr en el momento del presunto delito, no podría ser condenado a muerte en virtud del derecho constitucional estadounidense (que establece los 16 años como edad mínima), pero es posible que, como ciudadano extranjero recluido en Guantánamo, Khadr sea juzgado por una comisión militar y no goce de esa protección. Según los informes, las autoridades estadounidenses se negaron a descartar la posibilidad de que se pudiera pedir la pena de muerte contra Omar Khadr.(142) El pedirla no sólo violaría las normas internacionales de derechos humanos y la prohibición establecida en el derecho internacional de utilizar la pena de muerte contra una persona por delitos que haya cometido siendo menor de 18 años,(143) sino que además contravendría la prohibición internacional que establece que no debe discriminarse a ninguna persona por su origen nacional. Ningún menor de nacionalidad estadounidense acusado de haber cometido un delito similar siendo menor de 16 años sería susceptible de ser juzgado ante una comisión militar o castigado con la pena de muerte.

La detención y el interrogatorio de niños sin representación legal en Guantánamo, además de violar el derecho y las normas internacionales que se aplican tanto a niños como a adultos, conculca principios que reflejan el amplio consenso internacional según el cual la vulnerabilidad de los menores de 18 años requiere una protección especial. Por ejemplo, el artículo 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño, además de prohibir el uso de la tortura o la pena de muerte contra niños, establece que "[l]a detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el periodo más breve que proceda". Este mismo artículo establece que "[t]odo niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto acceso a la asistencia jurídica y otra asistencia adecuada, así como derecho a impugnar la legalidad de la privación de su libertad ante un tribunal u otra autoridad competente, independiente e imparcial y a una pronta decisión sobre dicha acción".

Estados Unidos no es uno de los 192 países que han ratificado esta Convención, pero sí la ha firmado, y por lo tanto está obligado a no hacer nada que pueda menoscabar el objeto y el fin del tratado mientras decide si lo ratifica.(144) Y Estados Unidos sí ha ratificado el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la participación de niños en los conflictos armados. Según su artículo 6.3, si los niños de Guantánamo permanecen recluidos por su participación en el conflicto armado de Afganistán, tal como ha sugerido el Pentágono,(145) Estados Unidos tiene, en virtud de este tratado, la obligación de proporcionarles "toda la asistencia conveniente para su recuperación física y psicológica y su reintegración social". La reclusión prolongada de niños bajo custodia militar en la bahía de Guantánamo impide cumplir esta obligación.



La necesidad de una revisión judicial

¿Qué clase de justicia es ésta? Mantener a un joven inocente encerrado durante 13 meses, elegir a alguien en la calle y encerrarlo sin pruebas, sin una investigación adecuada. ¿Es ésa su ley?

Sayed Abassin, ex detenido de Guantánamo(146)

Sayed Abassin pasó más de un año bajo custodia de Estados Unidos sin cargos ni juicio, primero en Afganistán y luego en la bahía de Guantánamo, al parecer por la única razón de que, un día de abril de 2002, estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado.

Este taxista afgano de 28 años se dirigía de Kabul a Khost en abril de 2002 cuando, en Gardez, su taxi fue interceptado en un control por unos hombres que dijeron que uno de los pasajeros era primo de uno de los hombres que tenían el poder en la región. En mayo de 2003, Sayed Abassin contó a Amnistía internacional cómo lo habían detenido a pesar de que explicó que sólo era el taxista y que no conocía a sus pasajeros. Lo llevaron a la comisaría de Gardez, donde, según ha declarado, lo golpearon antes de entregarlo a la custodia del ejército estadounidense. Lo interrogaron brevemente y luego lo llevaron en helicóptero a la base aérea de Bagram. Su padre estuvo intentando averiguar su paradero pero, según ha dicho a Amnistía Internacional, lo único que le dijeron las autoridades estadounidenses fue que su hijo había sido llevado a Bagram. Allí, según él mismo ha declarado, Sayed Abassin permaneció esposado y con grilletes durante la primera semana, sometido a iluminación constante; los guardias lo despertaban cuando intentaba dormir, lo interrogaron seis o siete veces, no le dieron comida suficiente, no le permitieron hablar o mirar a otros detenidos y lo obligaron a permanecer de pie o de rodillas durante horas. Sayed Abassin también ha relatado su traslado a la base estadounidense de Kandahar: sometido a un trato muy brusco, con los ojos vendados y los oídos tapados, con la cabeza cubierta por una bolsa negra sujeta con cinta adhesiva al cuello, y con las manos y las piernas atados. Según su narración, a los detenidos de Kandahar no les permitían mirar a los soldados a la cara. Si lo hacían, los obligaban a permanecer arrodillados durante una hora. Si los miraban dos veces, tenían que estar arrodillados dos horas. Según ha dicho, en Kandahar lo interrogaron cinco o seis veces.

Durante todo el tiempo que permaneció bajo custodia estadounidense en Afganistán, Sayed Abassin no tuvo acceso a un abogado, a un tribunal ordinario o a un "tribunal competente", según establece el Convenio III de Ginebra. Quizá si lo hubiera tenido se habría ordenado su liberación. En lugar de eso fue trasladado a la bahía de Guantánamo, donde siguió negándosele el derecho a un proceso judicial durante el año siguiente. Según dijo a Amnistía Internacional, en las primeras semanas después de su llegada al Campo Delta lo interrogaron diez veces o más, y luego permaneció allí recluido otros diez meses sin ser sometido a nuevos interrogatorios antes de ser puesto en libertad.

Sayed Abassin fue liberado de la bahía de Guantánamo en abril de 2003 y llevado de vuelta a Afganistán. Lo obligaron a firmar un acuerdo según el cual se comprometía a no tener ninguna relación con los talibanes o Al Qaeda y a no hacer nada que pudiera perjudicar a Estados Unidos, a pesar de la clara ausencia de prueba alguna de que hubiera tenido en algún momento ese tipo de relación. Tras su regreso a Afganistán, los conocidos de Sayed Abassin en Kabul dijeron: "Es un simple taxista que estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado [...] No deberían llevar a los taxistas a la bahía de Guantánamo, pueden interrogarlos aquí, o a través del gobierno afgano [...] No los haces presos y te los llevas durante un año. No pudo mantener a su familia y ahora necesita dinero. Los estadounidenses deberían compensarle por todo lo que ha perdido".(147)

El gobierno estadounidense mantiene que los denominados "combatientes enemigos" a los que tiene recluidos en la bahía de Guantánamo y en otros lugares no tienen derecho a acceder a un tribunal o a asistencia letrada. Según ha dicho, "en el momento de su captura, empuñaban armas contra Estados Unidos o actuaban de otras formas en apoyo de fuerzas armadas hostiles implicadas en un conflicto armado en curso".(148) ¿Cómo encaja Sayed Abassin en esta categoría? ¿Cuántos más como él hay en Guantánamo? El propio Sayed Abassin asegura que hay al menos uno más. Su mejor amigo, Wazir Mohammad, también taxista y de unos 30 años de edad, fue detenido en Gardez tras acudir al control para preguntar por el paradero de Abassin. También él fue detenido por los guardias afganos del control, entregado a la custodia de Estados Unidos y posteriormente trasladado al Campo Delta, donde aún permanece más de un año después, sin haber sido acusado de ningún cargo, sin haber sido juzgado y sin acceso a un abogado. Su hermano, Taj Mohammad, asegura que fue detenido arbitrariamente. En julio de 2003, en Kabul, dijo a Amnistía Internacional: "Mi hermano es inocente, no cometió ningún delito. Aunque me corten la cabeza, seguiré diciendo que mi hermano es inocente, porque lo es". Pidió a Amnistía Internacional: "Por favor, hagan llegar mi voz al mundo".

En sus cartas, Wazir Mohammad se queja de lo reducido de su celda, del calor, de que no le dejan hacer ejercicio fuera de la celda y de problemas en las rodillas. En una carta a su hermano escribió el siguiente poema, que Amnistía Internacional ha traducido así:

No robé a nadie ni maté a nadie

No cometí ningún delito, pero soy presa de la pena

Fui a buscar un trozo de pan en el camino a Gardez

Caí desde una montaña cuando me dirigía a una colina

Estoy enjaulado como un animal

Nadie me ha preguntado si soy humano o no

No hablé mal de nadie

No cometí ningún delito, pero estoy encarcelado

Las salvaguardias son esenciales. Hay que poner fin al secreto. La negativa de Estados Unidos a permitir que los detenidos de Guantánamo comparezcan ante un tribunal, unida al secreto que rodea las detenciones (las autoridades no han hecho públicos el número exacto de detenciones, el nombre y nacionalidad de los detenidos o las circunstancias de la detención), ha introducido a Estados Unidos en un terreno resbaladizo de promover un mundo en el que la detención arbitraria e imposible de impugnar es aceptable. Un tribunal federal estadounidense observó recientemente que "existe una norma clara y universalmente reconocida que prohíbe la detención y la reclusión arbitrarias. Esta prohibición aparece codificada en todos los instrumentos generales importantes de derechos humanos y está reflejada en al menos 119 constituciones nacionales".(149) La actual forma de actuar del gobierno estadounidense está socavando esta norma.

La necesidad de una revisión judicial de las detenciones queda aún más de manifiesto por el hecho de que no todos los detenidos que han terminado en Guantánamo fueron puestos bajo custodia en el contexto de la guerra de Afganistán. Entre estos individuos se encuentran dos hombres que fueron trasladados a Guantánamo desde Gambia, a través de Bagram, a principios de 2003, y seis argelinos aprehendidos ilegalmente por Estados Unidos en Bosnia y Herzegovina en enero de 2002 y trasladados a Guantánamo (véase infra). Quizá las autoridades estadounidenses sospechan que ellos y otros recluidos en el Campo Delta han cometido delitos graves. En tal caso, deben acusarlos de los cargos pertinentes y llevarlos a juicio en un plazo razonable, de acuerdo con las normas internacionales de justicia procesal y sin recurrir a la pena de muerte. De lo contrario, deben ponerlos en libertad. Los detenidos como combatientes en el contexto del conflicto internacional de Afganistán deben ser repatriados voluntariamente, tal como establecen los Convenios de Ginebra, a menos que sean acusados de delitos comunes o que corran peligro de sufrir abusos graves contra los derechos humanos si son devueltos a su país.

Ya en marzo de 2002, un subcomandante del centro de detención de Guantánamo dijo que algunos de los detenidos eran "víctimas de las circunstancias" y que probablemente eran inocentes.(150) Otros informes indican que uno de cada diez detenidos fue trasladado a Cuba a pesar de que ya se había considerado que no podía proporcionar información valiosa.(151) Las liberaciones llevadas a cabo hasta la fecha parecen confirmar este extremo. Se cree que de Guantánamo han sido liberados unos 60 o 70 detenidos (se cree que en su mayoría ciudadanos afganos y paquistaníes, y unos pocos saudíes), algunos de los cuales han sido puestos bajo custodia en otros lugares.(152) Entre los liberados se encuentra un afgano con una enfermedad mental tan grave que las autoridades estadounidenses consideraron que carecía totalmente de valor. También hay ancianos. Un afgano, al parecer septuagenario, liberado en octubre de 2002 describió cómo las fuerzas estadounidenses lo habían atado y le habían vendado los ojos en Afganistán y lo habían sometido a largos interrogatorios en Guantánamo. Decía: "No sé por qué me detuvieron los estadounidenses. Les dije que era inocente, que sólo soy un anciano".(153) El ejército insistió en que él y los demás liberados con él constituían una amenaza para la seguridad de Estados Unidos en el momento de su detención,(154) pero no proporcionó ninguna prueba que demuestre esa afirmación.

En julio de 2002, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reiteró su petición de que el gobierno estadounidense "adoptara las medidas urgentes necesarias para que un tribunal competente determinara la situación jurídica de los detenidos de Bahía de Guantánamo", añadiendo que no basta con que una potencia detenedora manifieste su opinión sobre la condición de un detenido para que se excluya todo procedimiento adecuado o válido encaminado a verificar dicha condición. El gobierno estadounidense hizo caso omiso de esta petición, pese a declararse un "fuerte partidario" de la Comisión y asegurar que aprovecha "toda oportunidad para progresar en materia de derechos humanos y colaborar con la Comisión".(155)

En diciembre de 2002, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria observó que, cuando un tribunal competente no reconozca la condición de prisionero de guerra, "la situación de los detenidos no dejará de regirse por las disposiciones pertinentes del Pacto [Internacional de Derechos Civiles y Políticos], en particular sus artículos 9 y 14, que garantizan el derecho a que las autoridades judiciales competentes determinen la legalidad de la detención y el derecho a un proceso justo, respectivamente".(156) El gobierno ha rechazado este argumento.(157)

El artículo 9.4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece: "Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal". El Comité de Derechos Humanos ha subrayado que esta "garantía fundamental [...] se aplica a todas las personas privadas de libertad por detención o prisión".(158) De hecho, ha manifestado que se trata de un derecho no derogable, ni siquiera en circunstancias excepcionales.(159) Por su parte, el artículo 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece este mismo derecho, un derecho que los Estados no pueden suspender ni siquiera en circunstancias excepcionales tales como un Estado de emergencia.(160) Estados Unidos ha firmado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y por ello está obligado en virtud del derecho internacional a no menoscabar el objeto y el fin del tratado mientras decide si lo ratifica.(161)

El Comité de Derechos Humanos ha declarado que, incluso cuando la denominada detención preventiva se utilice por motivos de seguridad pública, debe regirse por las disposiciones del artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y ha subrayado que quienes hayan sido detenidos arbitrariamente tienen derecho a una indemnización. El artículo 9.5 del Pacto establece que "[t]oda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho efectivo a obtener reparación".

El 27 de febrero de 2002, el secretario de Defensa Donald Rumsfeld declaró: "Si descubrimos que alguien es inocente y no debería haber sido traído aquí, bueno, lo liberaremos".(162) Transcurrió más de un año desde esta declaración hasta que se liberó del Campo Delta a 18 afganos, sin que se les hubieran imputado cargos o se les hubiera juzgado, y se los devolvió a Afganistán. Estos liberados han afirmado ser inocentes y han manifestado su ira por haber permanecido recluidos durante un año en esas circunstancias. Uno de ellos, Sayed Abbasin, dijo a Amnistía Internacional: "Me dan pena los Convenios de Ginebra y otros tratados. Yo estuve encerrado un año, ¿y dónde estaban esas leyes entonces?"; y añadió: "Durante ese año, para mí no hubo derechos humanos".

En una declaración realizada el 18 de marzo de 2003 ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el doctor Jakob Kellenberger, presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, manifestó: "El derecho de los derechos humanos, el derecho de los refugiados y el derecho internacional humanitario comparten el mismo objetivo de proteger la vida, la seguridad y la dignidad del ser humano. Estos cuerpos de leyes y sus mecanismos de supervisión conforman un entramado de garantías para las personas, particularmente en situaciones de emergencia, que es cuando son más vulnerables. El desarrollo de estas normativas en la última mitad de siglo es un destacado logro humanitario. Se ha establecido un amplio sistema, en el que ningún Estado está por encima del derecho y nadie queda al margen de su protección. Si se aplica correcta y cabalmente, el derecho internacional sigue siendo una de las herramientas más eficaces de que dispone la comunidad internacional para mantener el orden y la estabilidad internacionales y velar por la seguridad y la dignidad de todas las personas".

El 27 de mayo de 2003, el doctor Kellenberger se reunió con el secretario de Estado de Estados Unidos, la asesora de Seguridad Nacional, el asesor del presidente y el subsecretario de Defensa para Asuntos Políticos. El doctor Kellenberger pidió a las autoridades estadounidenses "que entablen el debido proceso jurídico y realicen cambios importantes" en cuanto a "los más de 600 internados en Guantánamo".(163) En la práctica, las autoridades estadounidenses han arrojado a los detenidos recluidos en Guantánamo y en otros lugares a un agujero negro legal, y con ello han empezado a deshacer el "entramado" de salvaguardias internacionales.

En la entrevista que mantuvo con Amnistía Internacional en Afganistán en agosto de 2003, el ex detenido de Guantánamo Muhammad Naim Farooq manifestó su creencia de que en la base naval había recluidos muchos inocentes sin recursos económicos. Sugirió que la comunidad internacional debe plantar cara a Estados Unidos y poner fin a esta injusticia. Por su parte, el hermano de Wazir Mohammad, aún detenido en Guantánamo, sugirió a Amnistía Internacional en julio de 2003 que el trato que Estados Unidos da a los detenidos "crea una mala reputación a los estadounidenses entre el pueblo de Afganistán". Añadió: "Mi mensaje al señor Bush es que debe tomarse en serio los casos de estas personas y conseguir la liberación de los que realmente son inocentes".

Fuera del alcance de los tribunales estadounidenses

La perspectiva de que los cautivos de Guantánamo permanezcan detenidos indefinidamente sin acceso a asistencia letrada, sin que les imputen formalmente cargos y sin que se les juzgue es sumamente inquietante.

Tribunal federal de distrito de Estados Unidos, mayo de 2003

Algunos abogados, actuando en nombre de familiares de los prisioneros, han tratado de obtener justicia ante los tribunales estadounidenses para los detenidos de Guantánamo. Sin embargo, basándose en un precedente sentado por la Corte Suprema estadounidense hace medio siglo, el ejecutivo ha conseguido mantener a los prisioneros fuera del alcance del poder judicial. Un intento reciente de conseguir que intervinieran los tribunales fracasó el 13 de mayo de 2003, cuando un juez federal de primera instancia resolvió que el precedente en cuestión hacía concluir que los detenidos no tenían derecho a impugnar su reclusión ante un tribunal federal estadounidense. (164) Esta causa la había iniciado el hermano del ciudadano libio Falen Gherebi, trasladado a Guantánamo desde Afganistán en enero de 2002 y que permanece en el Campo Delta. Incluso el juez federal que resolvió a favor del gobierno describió la situación de los detenidos como "sumamente inquietante", y declaró que el trato que recibían estos hombres "no es conforme a algunos de los valores más fundamentales que nuestro sistema judicial ha encarnado desde hace tiempo". El juez Howard Matz expresó además la esperanza de que un tribunal de instancia superior pudiera hallar una "vía de principios" para anular el precedente y proporcionar el remedio que a él se le escapaba.(165)

El derecho internacional se aplica a las personas sometidas a la jurisdicción de un Estado Parte incluso aunque se encuentren en el extranjero. El artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece: "Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna", incluida la distinción por origen nacional. Además, el Comité de Derechos Humanos ha subrayado que los Estados Partes tienen la obligación de garantizar que este artículo se aplica a "todas las personas sometidas a su jurisdicción".(166) El Comité ha dejado claro que el PIDCP se aplica a lugares que estén fuera del territorio de un Estado Parte pero bajo su control.(167) Asimismo, en virtud del artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, un país "no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado".

Los tribunales estadounidenses han basado sus decisiones a favor del gobierno y en contra de los detenidos de Guantánamo en una resolución adoptada en 1950 por la Corte Suprema de Estados Unidos en la causa Johnson contra Eisentrager. En esa resolución, relativa a ciudadanos alemanes juzgados por una comisión militar por ayudar a las fuerzas japonesas contra Estados Unidos en 1945, la Corte Suprema sostuvo que los "extranjeros enemigos no residentes en nuestro país" capturados y encarcelados en el extranjero no tenían acceso a los tribunales estadounidenses ni tenían derecho a presentar una petición de hábeas corpus ante ellos. La opinión mayoritaria de esta resolución subrayó que los ciudadanos extranjeros que, como los prisioneros del caso en cuestión, no hubieran permanecido un periodo de tiempo relevante "dentro de un territorio del que Estados Unidos sea soberano" no estaban protegidos por la Constitución estadounidense. Estados Unidos ocupa la base naval de la bahía de Guantánamo en virtud de un acuerdo de arrendamiento establecido con Cuba en 1903 y modificado en 1934. En el caso de los detenidos actuales, los tribunales han rechazado el argumento de que, aunque Cuba tiene la soberanía final sobre la base naval, Estados Unidos mantiene sobre ella una soberanía de hecho al ejercer una jurisdicción y un control totales. El juez federal que con reticencia resolvió a favor del gobierno en mayo de 2003 reconoció que la distinción entre territorio soberanoy jurisdicción y control totalespuede "parecer técnica (o cuanto menos esquiva)", pero declaró que no podía ignorar el precedente establecido por el caso Eisentrager.

En palabras del Tribunal de Apelación de Reino Unido, cuando se le pidió que examinara la detención del ciudadano británico Feroz Abbasi, recluido en Guantánamo, "lo que nos parece objetable es que el Sr. Abbasi sea sometido a detención indefinida en un territorio sobre el cual Estados Unidos tiene control exclusivo sin oportunidad de impugnar la legitimidad de su detención ante un tribunal".(168) Resulta francamente irónico que Estados Unidos esté violando derechos fundamentales en suelo cubano, y aprovechando que el suelo en el que se halla es cubano, para evitar que los tribunales de su propio país examinen su conducta. En su crítica más reciente a la situación de los derechos humanos en Cuba, el Departamento de Estado estadounidense comentó que la Constitución de Cuba "establece que pueden negarse todas las libertades civiles legalmente reconocidas a cualquiera que se oponga activamente a la decisión del pueblo cubano de construir el socialismo. Las autoridades invocan sistemáticamente este amplio poder para negar el proceso debido a las personas detenidas por supuestos motivos de seguridad nacional". En nombre de su seguridad nacional, el gobierno estadounidense está ahora negando el proceso debido a centenares de personas recluidas en la bahía de Guantánamo y en otros lugares.

Incluso hace medio siglo, la resolución de Eisentragerdio lugar a una enérgica opinión discrepante de tres jueces de la Corte Suprema: "La Corte está creando una doctrina totalmente indefendible si permite que el ejecutivo, al decidir dónde se juzgará y encarcelará a sus prisioneros, prive a todos los tribunales federales de su poder para proteger frente a un encarcelamiento ilegal por parte del ejecutivo federal. Así, si esta opinión significa, como parece significar, que estos apelantes se ven privados del privilegio del hábeas corpus exclusivamente porque fueron condenados y encarcelados en el extranjero, la Corte está adoptando un principio amplio y peligroso".(169)

Cincuenta y tres años después, el relator especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados se hizo eco de esta opinión discrepante al advertir sobre el "peligroso precedente" que puede sentar la resolución del tribunal federal sobre los detenidos de Guantánamo. Según el relator especial, el gobierno estadounidense "dará una imagen de estar eludiendo sistemáticamente la aplicación del derecho interno e internacional para negar a estos sospechosos sus derechos legales". También pidió a Estados Unidos que respete las normas internacionales de derechos humanos y el derecho humanitario, y añadió que "no se puede ganar la guerra contra el terrorismo mediante la negación de los derechos legales, incluidos los principios fundamentales del debido proceso de las personas que son meramente sospechosas de terrorismo".(170)

El 8 de mayo de 2003, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria declaró, en relación con el caso de tres ciudadanos franceses (Mourad Benchellali, Khaled Ben Mustafa y Nizar Sassi) y un ciudadano español (Hamed Aderrahaman Ahmed), todos ellos recluidos en Guantánamo, que "no puede sino concluir que no existe base legal que justifique la privación de libertad" de los cuatro hombres. También manifestó que su detención era "arbitraria, contraria al artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y al artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que Estados Unidos es Estado Parte".(171) El Grupo de Trabajo instó a las autoridades estadounidenses a remediar la situación y hacerla conforme al derecho internacional.

Una de las jueces actuales de la Corte Suprema de Estados Unidos, Sandra Day O’Connor, declaró en el 2000: "Nuestros precedentes demuestran un intento de alcanzar un equilibrio entre los requisitos del derecho internacional y el respeto por las decisiones de la rama ejecutiva en asuntos de política exterior. Evidentemente es un equilibrio delicado, que sigue perfeccionándose en los casos que nos exigen aplicar estas doctrinas".(172) Amnistía Internacional considera que este equilibrio se ha inclinado demasiado en favor del ejecutivo en lo que se refiere a los detenidos de Guantánamo.



Detenciones secretas y traslados secretos

Cuanto más secreta sea la forma de actuar del gobierno, más probabilidades habrá de que se cometan abusos; de eso no cabe duda.

James Ziglar, ex comisario del Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos(173)

Desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, según el gobierno estadounidense, "se ha detenido a más de 3.000 miembros o asociados de Al Qaeda en más de 100 países, principalmente gracias a la cooperación entre los cuerpos encargados de hacer cumplir la ley".(174) Se desconoce cuántos de ellos permanecen bajo custodia o cuáles son su paradero, su nacionalidad o su identidad. Es probable que el gobierno estadounidense interviniera en muchas de las detenciones o tuviera conocimiento de ellas. En algunos casos, los detenidos han sido "entregados" a la custodia estadounidense o desde ella. Esas "entregas" son transferencias que eluden las salvaguardias formales y legales de derechos humanos.

El 24 de junio de 2003, cinco hombres fueron sacados en secreto de Malawi, según informes para ponerlos bajo la custodia de agentes del gobierno estadounidense. Al sacarlos del país se violaron las leyes nacionales y se burlaron todas las salvaguardias formales de derechos humanos.(175) Estos cinco hombres (los ciudadanos turcos Ibrahim Habaci y Arif Ulusam, el ciudadano saudí Faha al Bahli, el ciudadano sudanés Mahmud Sardar Issa y el ciudadano keniano Khalifa Abdi Hassan) fueron detenidos el 22 de junio de 2003 en Blantyre, Malawi, como sospechosos de ser miembros de Al Qaeda. Según la información recibida por Amnistía Internacional, las detenciones fueron llevadas a cabo por agentes de la Oficina Nacional de Información de Malawi que actuaron junto con agentes estadounidenses, según informes miembros de la Agencia Central de Información (CIA). En principio, los cinco fueron recluidos en un lugar no desvelado en Malawi, sin acceso a abogados. Según las leyes de este país, los sospechosos deben comparecer ante un tribunal en un plazo de 48 horas a partir de su detención o, de lo contrario, deben ser puestos en libertad bajo fianza. Después de que los abogados defensores intervinieron en favor de los cinco hombres, el Tribunal Superior de Blantyre ordenó que los detenidos comparecieran ante él en un plazo de 48 horas. Ese plazo expiró el 24 de junio a las 19:30, hora local, y para entonces los hombres no habían sido llevados ante el tribunal.

El mismo 24 de junio, antes de que expirara el plazo, los cinco hombres fueron sacados en secreto de Malawi, según los informes en un avión fletado por Estados Unidos, y fueron llevados a un lugar desconocido, bajo custodia estadounidense, para ser interrogados. Un miembro del gobierno de Malawi escribió el 26 de junio a Amnistía Internacional diciendo que "las detenciones no fueron llevadas a cabo por la policía de Malawi, sino por la Oficina Nacional de Información y por agentes secretos de Estados Unidos que controlaron toda la operación. Desde el momento en que se practicaron las detenciones, el bienestar de los detenidos, su alojamiento y el itinerario de su salida no estuvieron en manos de las autoridades de Malawi. Como país, no teníamos los medios para impedir o retrasar la operación. Por desgracia, la cuestión del terrorismo ha alentado una erosión mundial de los principios fundamentales de derechos humanos, no sólo en el mundo, sino también en el propio Estados Unidos [...] Malawi ha tenido que cooperar con Estados Unidos en este asunto, ya que tenemos la obligación internacional de ayudar [...] En Malawi no sabemos dónde están estas personas, pero están en manos de los estadounidenses que las sacaron del país utilizando un avión fletado para ello. Ahora deben de estar siendo sometidas a investigación en algún lugar que sólo Estados Unidos conoce".

A finales de julio se informó de que los cinco detenidos habían sido llevados a Zimbabue, y allí habían permanecido recluidos durante un mes antes de ser enviados a Sudán, donde fueron puestos en libertad, al parecer tras determinarse que no había ninguna prueba que los relacionara con Al Qaeda. Según los informes, el embajador saliente de Estados Unidos en Malawi, Roger A. Meece, negó que el gobierno estadounidense hubiera estado implicado en la detención y el traslado de estos cinco hombres.(176) Anteriormente, el presidente de Malawi, Bakili Muluzi, había declarado que su gobierno había unido sus fuerzas a las de los agentes estadounidenses para llevar a cabo las detenciones como parte del compromiso de Malawi para con la "guerra contra el terrorismo". A finales de julio, tras la liberación de los cinco hombres en Sudán, el presidente Muluzi, según los informes, se reunió con las esposas de dos de los detenidos. En una entrevista, las mujeres dijeron que el presidente les había pedido disculpas por la terrible experiencia sufrida por sus esposos y había culpado de lo sucedido a las autoridades estadounidenses. Un periodista radiofónico de Malawi fue despedido más tarde por emitir estas entrevistas, acusado de "avergonzar al presidente".

Amnistía Internacional reconoce que los gobiernos tienen el deber de proteger la seguridad de su población, investigar los crímenes y llevar a los responsables ante la justicia. También reconoce que los gobiernos tienen que cooperar para este fin cuando las amenazas o los delitos en cuestión traspasen fronteras nacionales. Al mismo tiempo, la organización subraya que los derechos humanos y el respeto del derecho internacional deben ocupar un lugar central en la búsqueda de justicia y seguridad.

Según los informes, el 13 de julio de 2003, Adil Al-Jazeeri, presunto miembro de Al Qaeda, fue entregado por Pakistán a las autoridades estadounidenses. Este ciudadano argelino había sido puesto bajo custodia en Peshawar el 17 de junio, y al parecer había sido sometido a un "severo interrogatorio" por agentes paquistaníes. Tras permanecer casi cuatro semanas detenido en régimen de incomunicación, Adil Al-Jazeeri fue llevado, atado y con los ojos vendados, a un avión estadounidense, que lo sacó de Peshawar rumbo a un lugar desconocido, posiblemente la base aérea de Bagram, en Afganistán, para ser interrogado bajo custodia de Estados Unidos.(177) Veinte meses antes, el 26 de octubre de 2001, el ciudadano yemení Jamil Qasim Saeed Mohammed, a quien se buscaba en relación con el atentado con explosivos perpetrado en Yemen en el 2000 contra el buque USS Cole, en el que murieron 17 soldados estadounidenses, fue entregado en secreto, según indican los informes, a agentes estadounidenses por agentes paquistaníes, y trasladado en un vuelo que partió del Aeropuerto Internacional de Karachi. Amnistía Internacional planteó por primera vez su caso a las autoridades estadounidenses en abril de 2002.(178) La organización no ha recibido respuesta y desconoce cuál es su paradero o si se encuentra detenido.

El gobierno estadounidense ha dado garantías no sólo de que no aprobará la tortura perpetrada por sus propios agentes, sino de que "si la guerra contra el terrorismo internacional exige trasladar a combatientes enemigos detenidos a otros países para que allí sean custodiados en nuestro nombre, las instrucciones del gobierno estadounidense son pedir y obtener garantías adecuadas de que esos combatientes enemigos no serán torturados".(179) Sin embargo, el Washington Postha informado de que, según un funcionario directamente implicado en la "entrega" de detenidos a otros países, "nosotros no les sacamos la [palabrota]. Los enviamos a otros países para que lo hagan ellos".(180) Al parecer, se ha entregado a detenidos a países como Marruecos, Jordania y Egipto. Por ejemplo, se ha informado de que Jamil Qasim Saeed Mohammed, citado supra, puede haber sido llevado a Jordania.

El artículo 3 de la Convención contra la Tortura prohíbe el traslado de cualquier persona a otro Estado en el que "haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura". En su informe más reciente sobre los derechos humanos en otros países, el Departamento de Estado estadounidense manifestaba que en Egipto "la tortura y los abusos a detenidos por parte de la policía, el personal de seguridad y los guardias de prisiones eran habituales y persistentes". También citaba denuncias de tortura y malos tratos a detenidos en Jordania y Marruecos. En el caso de Jordania, afirmaba que "las denuncias de tortura eran difíciles de verificar porque la policía y los agentes de seguridad negaban frecuentemente a los detenidos acceso oportuno a sus abogados". Ahora ése es también el caso de los detenidos que se encuentran bajo custodia estadounidense en la base aérea de Bagram y en otros lugares.

Un caso que pone en duda el compromiso expreso de Estados Unidos para con el artículo 3 de la Convención contra la Tortura es el de Maher Arar,(181) un hombre con doble nacionalidad canadiense y siria detenido en Nueva York en septiembre de 2002 como sospechoso de estar relacionado con Al Qaeda. Según los informes, fue expulsado de Estados Unidos a Jordania sin que estuviera representado en ninguna vista previa a su expulsión, y sin que se le permitiera comunicarse con familiares o amigos. El gobierno estadounidense tampoco proporcionó información sobre su paradero o sobre la fecha y las circunstancias de su expulsión del país, y no informó a las autoridades canadienses de dicha expulsión.

Según los informes, en Jordania Maher Arar fue recluido en un centro de recogida de información de la CIA(182) antes de ser entregado a Siria hacia el 21 de octubre de 2002. En Siria lo recluyeron sin cargos, y se temía que corriera peligro de ser sometido a tortura o malos tratos. Amnistía Internacional lleva años documentando casos de tortura en Siria. El apartado sobre este país del informe más reciente del Departamento de Estado estadounidense sobre los derechos humanos cita "testimonios creíbles que indicaban que las fuerzas de seguridad seguían utilizando la tortura". Según los informes, Maher Arar fue recluido en la sección de máxima seguridad de la prisión de Sednaya. En agosto de 2003, cuatro meses después de la última visita que le hicieron las autoridades canadienses, se recibieron denuncias de que había sido torturado durante los interrogatorios, con prácticas que incluían golpearlo con palos y cables en las plantas de los pies, obligarlo a permanecer durante horas dentro de un neumático de automóvil, aplicarle descargas eléctricas y privarlo del sueño. En junio de 2003, el gobierno estadounidense había declarado que tenía como política no trasladar a nadie a un país donde pueda ser torturado, pedir garantías de que no se utilizará la tortura y "tomar medidas para investigar las denuncias creíbles de tortura y emprender acciones adecuadas si existiera motivo para creer que no se están respetando esas garantías".(183) La organización ha pedido a las autoridades estadounidenses que tomen medidas respecto al caso de Maher Arar.

Además, Maher Arar podría ser sometido a un juicio injusto si se le acusara de un delito relacionado con el "terrorismo". Por ejemplo, los islamistas son juzgados sistemáticamente ante tribunales mediante procedimientos que violan las salvaguardias mínimas. Los tribunales aceptan como prueba confesiones obtenidas en muchos casos mediante tortura o coacción durante periodos prolongados de detención en régimen de incomunicación. Los juicios se celebran sistemáticamente en secreto, especialmente en los casos relacionados con islamistas. En agosto se informó de que las autoridades sirias habían declarado que finalmente iban a acusar a Maher Arar de constituir una amenaza para la seguridad nacional y de que habían garantizado que las autoridades canadienses podrían visitarlo. Sin embargo, no se puso fecha a ninguna de las dos cosas.(184)

Hay casos en que los detenidos pueden no llegar a estar siquiera bajo custodia de Estados Unidos, pero aún así este país está implicado. Por ejemplo, en enero de 2002 Muhammad Saad Iqbal Madni, que según los informes tiene doble nacionalidad egipcia y paquistaní, fue detenido en Indonesia, presuntamente a instancias de la CIA. Según los informes, dos días después, sin haber tenido acceso a los tribunales o a un abogado, fue subido a bordo de un avión matriculado en Estados Unidos y fue llevado a Egipto.(185) Y en el caso de Mohammed Haydar Zammar, ciudadano alemán nacido en Siria, detenido en Marruecos en noviembre de 2001 antes de ser trasladado en secreto y puesto bajo custodia en Siria, el Washington Postcitó a fuentes de las altas esferas del gobierno marroquí que habían declarado que, durante las dos semanas que Mohammed Haydar Zammar había permanecido detenido en Marruecos, agentes estadounidenses habían participado en su interrogatorio, y que las autoridades estadounidenses sabían que a continuación iba a ser trasladado a Siria.(186) El Washington Postcitó también palabras de un ex preso que sugería que Zammar había sido torturado en el centro de detención de Far’Falastin, en Damasco, un centro gestionado por los servicios de información del ejército en el que muchos internos permanecen en régimen de incomunicación.(187)

Un número no determinado de personas permanecen recluidas en lugares no desvelados bajo custodia de Estados Unidos. Según los informes, uno de esos lugares es la base Diego García, en una isla del Océano Índico que es territorio británico. También parece ser que lo que antes era el Hotel Ariana, en Kabul, Afganistán, ha sido utilizado por agentes estadounidenses para llevar a cabo interrogatorios de personas detenidas en régimen de incomunicación. A Amnistía Internacional le preocupa que ni siquiera el Comité Internacional de la Cruz Roja haya podido tener acceso a estos lugares. La organización desconoce si las autoridades estadounidenses han comunicado al CICR dónde están ubicados estos centros secretos.

Según agentes de seguridad estadounidenses y aliados citados por el Washington Post, "lejos de la vigilancia de los abogados del ejército", en esos centros secretos "la CIA y sus servicios de información aliados tienen vía libre para aplicar técnicas física y psicológicamente agresivas".(188) El New York Timescitó a "altos cargos estadounidenses" que afirmaban que Khalid Shaikh Mohammed, otro presunto dirigente de Al Qaeda recluido en un lugar no desvelado, no sería sometido a tortura física, pero que los encargados de su interrogatorio utilizarían "las técnicas que consideraran aceptables, como la privación del sueño y de la luz, o la privación temporal de la comida, el agua, el acceso a la luz solar y la atención médica".(189)

En el caso de Abu Zubaydah, detenido en Pakistán en marzo de 2002, se ha afirmado que, al principio de su detención, Estados Unidos "utilizó analgésicos selectivamente".(190) Abu Zubaydah, presunto dirigente de Al Qaeda de quien se cree que permanece bajo custodia de Estados Unidos en régimen de incomunicación, había recibido un disparo en la ingle en el momento de su detención. Este hombre ha sido recluido en un lugar secreto, al igual que muchos otros, como Abd al-Rahim al-Nashiri, ciudadano saudí detenido en noviembre de 2002, Ramzi bin al-Shibh, ciudadano yemení detenido en Pakistán en septiembre de 2002, Sayf al-Islam al-Masri, detenido en octubre de 2002 en Georgia, e Ibn al-Shaykh al-Libi, ciudadano libio puesto bajo custodia de Estados Unidos en Afganistán en enero de 2002. Amnistía Internacional no ha recibido respuesta de las autoridades estadounidenses a sus preguntas sobre la situación jurídica o el paradero de las personas recluidas en lugares no desvelados.

El Comité de Derechos Humanos, en su interpretación autorizada del artículo 7 del PIDCP ("Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes"), ha manifestado: "Con el fin de garantizar la protección efectiva de los detenidos, deberán adoptarse las disposiciones necesarias para que los presos sean mantenidos en lugares de detención oficialmente reconocidos, y para que sus nombres y lugares de detención, así como los nombres de las personas responsables de su detención, figuren en registros que estén a disposición de las personas interesadas, incluidos los parientes y amigos".(191)

El recluir a los sospechosos en régimen de incomunicación en lugares secretos o el entregar a sospechosos a las autoridades de otro país sin salvaguardias formales de derechos humanos socava el Estado de derecho. Al actuar así, Estados Unidos burla los mismos principios que asegura defender. Este comportamiento desmiente la afirmación del presidente Bush de que Estados Unidos apoyará siempre firmemente el Estado de derecho.(192)



Capturados lejos del campo de batalla

Di a la persona de Amnistía que yo estuve con Fauzee dos horas antes de su detención. Fue capturado el 19 de mayo de 2002 en [dirección de la calle] Ciudad Verde, Karachi […] Hubo testigos de su detención.

Carta al hermano del detenido de Guantánamo Ibrahim Fauzee, sin fecha

El 17 de julio de 2003, el presidente Bush dijo de los detenidos de Guantánamo: "Sólo déjenme decirles que eran combatientes ilegales. Fueron capturados en el campo de batalla instigando y secundando a los talibanes".(193) Los casos que se exponen a continuación ilustran que no todos los recluidos en la bahía de Guantánamo fueron puestos bajo custodia estadounidense en el "campo de batalla" real del conflicto armado internacional de Afganistán. En la base naval hay recluido un número no determinado de personas que fueron detenidas fuera del campo de batalla. Sus casos demuestran además por qué debe permitirse a todos los detenidos, en cualquier lugar, que impugnen la legalidad de su detención ante un tribunal. Los detenidos deben ser acusados y juzgados conforme a las normas de justicia procesal, sin recurrir a la pena de muerte, o de lo contrario deben ser puestos en libertad.

Bisher Al-Rawi y Jamil Al-Banna

Los informes por países sobre las prácticas de derechos humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos, publicados en marzo de 2003, contienen un apartado sobre Gambia. En él se hace la siguiente crítica sobre el historial de derechos humanos de Gambia en el 2002: "Siguieron recibiéndose informes de que las fuerzas de seguridad maltrataban a los detenidos [...] La policía y las fuerzas de seguridad detuvieron y recluyeron arbitrariamente a ciudadanos en varias ocasiones. Los periodos de detención oscilaban entre unas horas y dos semanas. Hubo informes que indicaban que algunos detenidos eran recluidos en régimen de incomunicación". Lo que el informe no dice es que, durante ese mismo año, agentes estadounidenses estuvieron implicados en la detención prolongada en régimen de incomunicación de varias personas en Gambia.

Bisher Al-Rawi, ciudadano iraquí con residencia legal en el Reino Unido, Jamil Al Banna, ciudadano jordano reconocido como refugiado en el Reino Unido, y un socio suyo en los negocios, ciudadano británico, fueron detenidos a su llegada al aeropuerto de Banjul el 8 de noviembre de 2002 por miembros del Servicio Nacional de Información de Gambia. Un cuarto hombre, Wahab Al-Rawi, hermano de Bisher Al-Rawi y también de nacionalidad británica, que había llegado a Gambia unos días antes y había ido a buscarlos al aeropuerto, fue detenido también. Según los informes, los cuatro hombres, todos ellos con domicilio en Reino Unido, habían viajado a Gambia en relación con una empresa de procesamiento de cacahuetes establecida por Wahab Al-Rawi.

Según la información de que dispone Amnistía Internacional, tras un periodo inicial de interrogatorio por parte de agentes del Servicio Nacional de Información en la sede de este mismo Servicio en Banjul, en el cual preguntaron a los detenidos por el motivo de su visita a Gambia, el interrogatorio pasó a manos de investigadores estadounidenses. Durante ese tiempo, los cuatro hombres permanecieron recluidos en varios lugares secretos de Banjul. Según los informes, los investigadores estadounidenses amenazaron al menos a uno de ellos, diciéndole, al parecer, que a menos que cooperara lo entregarían a la policía de Gambia, que lo golpearía y lo violaría. Los informes indican que los investigadores estadounidenses también se "disculparon" por las lesiones sufridas por uno de los sospechosos durante lo que calificaron de una refriega con sus guardias gambianos.

Wahab Al-Rawi y el otro hombre quedaron en libertad sin cargos hacia el 5 de diciembre y fueron devueltos al Reino Unido. Parece ser que Bisher Al-Rawi y Jamil Al-Banna permanecieron recluidos en régimen de incomunicación durante aproximadamente dos meses en Banjul mientras los investigadores estadounidenses los interrogaban sobre sus presuntos vínculos con Al Qaeda. Amnistía Internacional recibió información que indicaba que los dos habían sido trasladados en secreto a la base aérea de Bagram, probablemente a principios de enero de 2003. Su traslado a Bagram tuvo lugar antes de que se les permitiera consultar con un abogado, antes de que se hubiera llevado a cabo una revisión independiente de las pruebas en su contra y a pesar de que había pendiente ante los tribunales un recurso de hábeas corpus presentado en su nombre.

En marzo se informó a la esposa de Jamil Al-Banna, que se encontraba en avanzado estado de gestación, de que su esposo había sido trasladado a la bahía de Guantánamo. Esta mujer dijo a Amnistía Internacional que había hablado con la madre de Bisher Al-Rawi, quien la había telefoneado llorando tras saber también que su hijo estaba en Guantánamo. Amnistía Internacional no ha recibido respuesta a sus comunicaciones con el gobierno estadounidense sobre este caso.(194)

Moazzam Begg

Al igual que en el apartado sobre Gambia, en su informe más reciente sobre la situación de los derechos humanos el Departamento de Estado se muestra muy crítico con el historial de Pakistán respecto a las detenciones arbitrarias durante el 2002. El informe manifiesta que las leyes de Pakistán "prohíben la detención y la reclusión arbitrarias; sin embargo, las autoridades no siempre cumplían la ley, y la policía detenía y recluía arbitrariamente a ciudadanos".

Moazzam Begg, de 35 años y de doble nacionalidad británica y paquistaní, fue presuntamente aprehendido por agentes paquistaníes y estadounidenses a principios de 2002 en su apartamento de Islamabad, en Pakistán. Según los informes, se lo llevaron en el maletero de un automóvil y, a pesar de que había pendiente un recurso de hábeas corpus presentado en su nombre en los tribunales paquistaníes, a principios de febrero de 2002 fue sacado de Pakistán y puesto bajo custodia estadounidense en la base aérea de Kandahar. Posteriormente fue trasladado a la base aérea de Bagram. Amnistía Internacional planteó por primera vez su caso a las autoridades estadounidenses en abril de 2002, pero no recibió respuesta ni a ésa ni a otras comunicaciones posteriores. A Amnistía Internacional le preocupaban los informes recibidos a principios del 2003 que indicaban que la salud mental de Moazzam Begg se había deteriorado tras permanecer un año detenido en durísimas condiciones bajo custodia estadounidense en Afganistán, sin acceso a un abogado, a su familia o a los tribunales. En noviembre de 2002, Moazzam Begg había escrito desde Bagram a su padre diciendo: "El aburrimiento aquí es extremo. En más de siete meses no he visto el sol más que una vez, durante unos dos minutos".(195)

Moazzam Begg fue trasladado al Campo Delta, en la bahía de Guantánamo, a principios de febrero de 2003. En julio se recibió un mensaje en el contestador automático de su padre, en su casa del Reino Unido. Era del Ministerio de Asuntos Exteriores británico, y le informaba de que su hijo había sido nombrado en virtud de la orden ejecutiva en materia militar firmada por el presidente Bush en noviembre de 2001. Eso significaba que Moazzam Begg podía ser juzgado por una comisión militar.

Mohamedou Ould Slahi

Mohamedou Ould Slahi (también conocido como Sillahi) es un ciudadano mauritano de 32 años de edad. Según los informes, fue detenido por miembros de las fuerzas de seguridad mauritanas en diciembre de 2001 en la casa de sus padres en Nuakchot, capital de Mauritania. Parece ser que, sin que mediara ningún proceso de extradición formal, posteriormente fue entregado a agentes estadounidenses como sospechoso de estar relacionado con Al Qaeda. Su familia no lo ha vuelto a ver desde entonces, y se han recibido informes que indican que fue enviado a Guantánamo.

Seis argelinos capturados en Bosnia y Herzegovina

El apartado sobre Bosnia y Herzegovina del informe más reciente del Departamento de Estado estadounidense sobre la situación de los derechos humanos dice: "El 11 de octubre, la Cámara de Derechos Humanos de Bosnia y Herzegovina determinó que los gobiernos de Bosnia y Herzegovina y de la Federación habían violado los tratados de derechos humanos al transferir a cuatro de un grupo de seis sospechosos de terrorismo argelinos a la custodia de un gobierno extranjero en enero [...] Además, la Cámara mantuvo que, antes de entregarle a los sospechosos, los gobiernos de Bosnia y Herzegovina y de la Federación deberían haber pedido a ese gobierno extranjero garantías de que no pediría la pena de muerte para ellos. La Cámara ordenó a los gobiernos tanto de Bosnia y Herzegovina como de la Federación que pagaran una indemnización económica a cada solicitante y que contrataran abogados para cada uno de ellos. Asimismo, la Cámara ordenó a Bosnia y Herzegovina que solicitara garantías de que no se pediría la pena de muerte y que proporcionara ayuda consular a cada uno de los solicitantes". Lo que el apartado no decía era que el "gobierno extranjero" en cuestión era el de Estados Unidos.

Bansayah Belkacem, Lahmar Saber, Mustafa Ait Idir, Hadj Boudellaa, Lakhdar Boumediene y Mohamed Nechle son ciudadanos argelinos que fueron aprehendidos por agentes estadounidenses en Bosnia y Herzegovina el 18 de enero de 2002, en contra de una orden emitida por la Cámara de Derechos Humanos de Bosnia y Herzegovina. La Cámara, que forma parte de la Comisión de Derechos Humanos de Bosnia, había ordenado que los cuatro hombres no fueran sacados por la fuerza de Bosnia hasta que tomara su decisión definitiva sobre el caso. Parece ser que la detención de estos hombres por parte de Estados Unidos ha tenido lugar fuera tanto de las leyes bosnias como del derecho internacional.

En virtud del Acuerdo Marco General de Paz en Bosnia y Herzegovina (conocido como Acuerdos de Dayton), la Cámara de Derechos Humanos tiene el poder de emitir decisiones vinculantes tanto para las entidades como para las autoridades estatales de Bosnia y Herzegovina. La decisión de las autoridades bosnias de entregar a estos cuatro hombres a la custodia estadounidense hizo caso omiso de la orden de la Cámara de Derechos Humanos, además de socavar el respeto por esta institución y el cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos, establecidos por los Acuerdos de Dayton. Amnistía Internacional considera que la flagrante burla de una orden de la Cámara que ha tenido lugar en este caso establece un peligroso precedente que puede tener consecuencias de gran alcance para el respecto futuro del derecho nacional e internacional pertinente y para la aplicación de las decisiones de la Cámara. La organización lamenta profundamente la implicación de las autoridades estadounidenses en un acto que puede ser tan destructivo. La representante en Bosnia y Herzegovina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos describió el caso de los argelinos como "retirada extrajudicial de un territorio soberano".

En julio de 2003, en la Cámara de los Lores británica, en respuesta a la preocupación por los ciudadanos británicos recluidos en Guantánamo, una ministra del Reino Unido declaró que "existen indicios de que no se está haciendo llegar la correspondencia a los familiares".(196) Este problema no parece limitarse a los ciudadanos británicos, y está causando una angustia aún mayor a numerosos familiares de los detenidos.

La esposa de Hadj Boudellaa ha recibido muy pocas cartas de su esposo. Una de las que ha recibido llegó a sus manos en enero de 2003 y llevaba matasellos del 30 de septiembre de 2002. También el hermano de este detenido recibió una carta que había tardado cuatro meses en llegar a su destino. La esposa de Boudellaa ha dicho a Amnistía Internacional que cree que su esposo sólo ha recibido 3 de las 60 cartas que le ha enviado. Esta mujer ha estado haciendo campaña para la liberación de su esposo y de los otros cinco detenidos con él y, a consecuencia de ello, ha recibido varias llamadas telefónicas amenazadoras. Hadj Boudellaa y su esposa tienen cuatro hijos de entre uno y diez años de edad, y la más pequeña nació cuando Boudellaa aún estaba detenido en Bosnia y Herzegovina. Boudellaa sólo pudo verla una vez justo antes de ser trasladado a la bahía de Guantánamo.

Por su parte, la esposa de Mustafa Ait Idir dijo a Amnistía Internacional en junio de 2003 que no había tenido noticias de su esposo desde octubre de 2002, aunque, según los informes, desde entonces ha recibido una carta suya en la que le dice: "Estoy aquí, día tras día, sin saber por qué estoy aquí".(197) Esta mujer estaba embarazada de 17 semanas cuando su esposo fue trasladado a Guantánamo, y desde entonces ha dado a luz a un niño a quien su esposo no ha visto nunca.

Ibrahim Fauzee

Ibrahim Fauzee es de Maldivas. Según la información recibida por Amnistía Internacional, fue detenido en el 2002 en Karachi, Pakistán, donde llevaba aproximadamente un año viviendo como estudiante de Estudios Islámicos. Durante ese tiempo había regresado en dos ocasiones a Maldivas a visitar a su familia. Según la información de que dispone Amnistía Internacional, sin que Ibrahim Fauzee lo supiera, otro ocupante de la casa de Karachi en la que tenía alquilada una habitación era el padre de un sospechoso de pertenecer a Al Qaeda. El 19 de mayo de 2002, según un testigo, unos agentes estadounidenses se presentaron en la casa y detuvieron a ese ocupante y a Ibrahim Fauzee.

La familia de Ibrahim Fauzee no supo nada más de él durante los ocho meses siguientes, hasta que el 5 de enero de 2003 recibió una carta suya. La carta estaba fechada el 15 de septiembre de 2002 y llegó hasta la familia a través del Comité Internacional de la Cruz Roja. Decía: "Me detuvieron en Karachi y ahora estoy bajo custodia de Estados Unidos. No os preocupéis por mí, estoy bien. Espero estar libre pronto y poder volver a veros. Responded a esta carta lo antes posible, y dadme noticias de mi esposa y mi bebé, pues no he sabido nada. Confío en que pronto mi interrogatorio demostrará mi inocencia y quedaré en libertad. Rezad por mí, y escribidme cuanto antes". A la familia le dijeron que estaba recluido en la bahía de Guantánamo.

La familia, que cree que Ibrahim Fauzee no tiene ninguna relación con Al Qaeda y es víctima de una detención arbitraria, siente honda preocupación por su bienestar y desea su regreso. Ha pedido ayuda a su propio gobierno para que intervenga en este caso, pero sus esfuerzos no han dado resultado.

En junio de 2003, el hermano de Ibrahim Fauzee dijo, refiriéndose a su familia: "Lloran, están muy pesarosos, y a mi madre y mi padre les preocupa que pueda haber pasado algo. Mi padre ha tenido muchos problemas a causa de la preocupación. Yo también me siento muy mal, porque ha pasado más de un año y no sé qué ha sido de él [...]". En el tiempo que Ibrahim Fauzee ha permanecido bajo custodia su esposa ha dado a luz a su primer hijo, una niña.

Los juicios ante comisiones militares se acercan

En mi opinión, recuerda a algunos de los problemas que hemos tenido con gobiernos irresponsables en algunos países, como en el caso de Nigeria cuando, hace años, estableció tribunales irregulares y arbitrarios y condenó a personas a largas penas de prisión.

Param Cumaraswamy, relator especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados(198)

El 3 de julio de 2003 se reveló que el presidente Bush había nombradoa seis ciudadanos extranjeros bajo custodia estadounidense como los primeros que serían sometidos a la orden ejecutiva en materia militar sobre detención, tratamiento y enjuiciamiento de ciertos extranjeros en la guerra contra el terrorismo. Según esta orden, cualquier persona nombrada en virtud de ella puede ser recluida indefinidamente sin cargos ni juicio o puede ser juzgada ante comisiones militares facultadas para imponer la pena de muerte y contra cuyas decisiones no existe derecho de apelación.(199) La perspectiva de que se celebren juicios ante estos órganos ejecutivos, que no son tribunales independientes ni imparciales, ha causado preocupación internacional. Es fácil imaginar la ira que despertaría en el gobierno estadounidense que sus ciudadanos fueran sometidos a un tipo similar de poder ejecutivo irrebatible en otros países. De hecho, el gobierno estadounidense ha eximido a sus propios ciudadanos del alcance de la orden militar.

El presidente Bush firmó la orden en materia militar el 13 de noviembre de 2001. El Pentágono hizo públicos los procedimientos de las comisiones militares el 21 de marzo de 2002(200) y, el 30 de abril de 2003, hizo públicas ocho "instrucciones", la principal de las cuales enumeraba los delitos susceptibles de ser juzgados por una comisión militar.(201) El hecho de que la lista de delitos, a pesar de ser larga, sólo sea "ilustrativa" indica aún más claramente el amplísimo alcance que puede tener la orden. El 1 de julio se publicaron, como "normas definitivas", los procedimientos y las instrucciones.(202)

Amnistía Internacional considera que la orden en materia militar debe ser revocada. Adolece de defectos fundamentales, y cualquier juicio que se celebre ante las comisiones militares será injusto. Ni se hará justicia ni parecerá que se hace.

· Las comisiones carecerán de independencia frente al poder ejecutivo.

· Se limita el derecho de los acusados a contar con un abogado de su elección y con una defensa eficaz.

· No existe derecho a apelar ante un tribunal independiente e imparcial establecido por la ley. Incluso aunque una comisión militar lo absuelva, el acusado no tiene garantizada la libertad.

· La orden en materia militar es discriminatoria: una justicia de segunda para quienes no tienen nacionalidad estadounidense. Los ciudadanos de Estados Unidos no estarán sujetos a sus disposiciones, incluido el juicio ante una comisión militar, ni siquiera aunque sean acusados del mismo delito que un ciudadano extranjero. Las comisiones permitirán un nivel probatorio inferior al admisible ante los tribunales ordinarios: por ejemplo, admitirán testimonios de oídas y, posiblemente, testimonios obtenidos mediante coacción.

· La orden en materia militar permite la detención indefinida sin juicio, sin que sea posible impugnarla. Las personas citadas en virtud de ella no pueden buscar resarcimiento en ningún tribunal de ningún lugar del mundo por las violaciones de derechos humanos de que puedan haber sido víctimas mientras estaban bajo custodia o durante su juicio ante una comisión militar.

Falta de independencia, ausencia de juicios justos

El principio 1 de los Principios Básicos de las Naciones Unidas relativos a la Independencia de la Judicatura establece: "La independencia de la judicatura será garantizada por el Estado". En el caso de las comisiones militares, el coronel de las fuerzas aéreas Will A. Gunn, asesor principal de Defensa de las comisiones, declaró en mayo de 2003 que "en última instancia, todos los caminos conducen de vuelta al Pentágono, ya hablemos del sistema de justicia militar o hablemos de este sistema [las comisiones]. Sin embargo, con este sistema el camino es mucho más corto".(203)

El sistema de comisiones militares es un bucle totalmente cerrado, controlado por el ejecutivo. Entre los dos, el presidente y el secretario de Defensa (o la persona que éste designe), tienen poder, por ejemplo, para nombrar a las personas que serán juzgadas por las comisiones, designar a los miembros de las comisiones o retirarlos, decidir qué miembro será el "juez" que presida los procedimientos, nombrar al fiscal y al abogado defensor principales, aprobar los cargos que formule la acusación, aprobar los acuerdos relativos a las penas a cambio de una declaración de culpabilidad, vetar la cantidad de recursos de que dispone la defensa para investigar, decidir qué parte de los procedimientos debe celebrarse a puerta cerrada y decidir si los procedimientos públicos pueden incluir la asistencia del público y de los medios de comunicación acreditados, elegir la junta de tres oficiales militares (o civiles designados temporalmente como oficiales militares) que revisará las actas del juicio, y tomar la decisión final en todos los casos; incluso, en los casos de pena de muerte, decidir si el condenado vive o muere.

El artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) establece que todos los juicios deben celebrarse ante "un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley". El Comité de Derechos Humanos ha manifestado que ese derecho a ser juzgado ante un tribunal competente, independiente e imparcial "es un derecho absoluto que no puede ser objeto de excepción alguna". Las comisiones militares no serán independientes,(204) y tampoco son tribunales "establecidos por la ley", sino órganos ejecutivos establecidos por orden presidencial.

Estados Unidos se ha negado a conceder a los detenidos la condición de prisionero de guerra. Al igual que cualquier otro detenido, los prisioneros de guerra tienen derecho a un juicio justo, tal como reconocen diversos artículos del Convenio III de Ginebra, en el que Estados Unidos es Estado Parte. Por ejemplo, su artículo 84 establece: "En ningún caso se hará comparecer a un prisionero de guerra ante un tribunal, sea cual fuere, si no ofrece las garantías esenciales de independencia y de imparcialidad generalmente reconocidas".(205)

Las directrices de funcionamiento elaboradas por el Pentágono para las comisiones militares incluyen la presunción de inocencia. Sin embargo, esta garantía se ha visto minada reiteradamente por los constantes comentarios públicos que las mismas autoridades que controlan las comisiones han realizado sobre la presunta culpabilidad de los detenidos. El secretario de Defensa se ha referido repetidamente a los detenidos de Guantánamo como "terroristas duros y bien adiestrados", diciendo de ellos que se encuentran "entre los asesinos más peligrosos, mejor adiestrados y más crueles sobre la faz de la tierra", y los ha relacionado directamente con los atentados del 11 de septiembre de 2001.(206) El presidente ha realizado declaraciones similares. Por ejemplo, el 17 de julio de 2003 dijo a los medios de comunicación mundiales: "lo único que sé con seguridad es que son malas personas".(207)

Limitación del derecho a un abogado de propia elección y a una defensa eficaz

El artículo 14.3.d del PIDCP establece que toda persona que se enfrente a cargos penales debe poder "defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elección". En las comisiones militares, ningún acusado podrá defenderse personalmente. A los acusados se les asignará un abogado militar que los represente, y sólo podrán elegir para sustituirlo a otro abogado militar estadounidense disponible. Además, los acusados podrán contar con un abogado civil, siempre que ello no suponga gasto alguno para el gobierno estadounidense, y siempre que dicho abogado sea ciudadano estadounidense con la debida autorización en materia de seguridad. En cualquier caso, aunque consigan contar con un abogado civil, los acusados seguirán representados por el abogado militar (un individuo bajo la autoridad final del poder ejecutivo), incluso aunque eso vaya en contra de sus deseos. Esto constituye una violación del artículo 14 del PIDCP.(208)

Las restricciones impuestas a la asistencia letrada son sustanciales. De hecho, estas "restricciones extraordinarias" han llevado a la Asociación Nacional de Abogados Defensores Penalistas a decidir que no puede aconsejar a ninguno de sus miembros que actúe como abogado civil en Guantánamo: "Las normas que regulan la conducta del abogado son demasiado restrictivas como para hacernos confiar en que el abogado podrá actuar con el celo y la profesionalidad debidos".(209)

Cualquier abogado civil que consiga la cualificación necesaria para actuar ante las comisiones puede verse todavía excluido de ciertos procedimientos secretos, y sin acceso a determinada información confidencial utilizada en el juicio y a la que sólo tendrá acceso el abogado militar con el que compartirá la defensa. Los abogados civiles tendrán además que firmar un acuerdo según el cual se comprometen a no trasladar o transmitir, sin la aprobación de las autoridades, documentos desde el lugar de los juicios (probablemente la bahía de Guantánamo). Además, tendrán que mostrarse de acuerdo en que las autoridades militares pueden imponer "restricciones razonables al tiempo y la duración del contacto que pueda mantener con mi cliente", y en que su comunicación con su cliente "puede ser objeto de vigilancia o supervisión por parte de funcionarios del gobierno, utilizando cualquier medio disponible". El artículo 14.3.b del PIDCP garantiza el derecho de los acusados a comunicarse con un abogado de su elección. El Comité de Derechos Humanos ha explicado que esto "exige que el defensor se comunique con el acusado en condiciones que garanticen plenamente el carácter confidencial de sus comunicaciones".

Eliminación del derecho a apelar ante un tribunal

La declaración de culpabilidad y la condena de todos los acusados declarados culpables serán revisadas por una junta de tres oficiales del ejército nombrados por la "autoridad designadora" (el secretario de Defensa o su representante), es decir, por la misma autoridad que aprobó los cargos. A puerta cerrada, esta junta revisará las actas del juicio y formulará una recomendación. Podrá examinar, aunque no está obligada a hacerlo, escritos adicionales presentados por la defensa y la acusación. Después, el secretario de Defensa revisará las actas judiciales y la recomendación de la junta de revisión. La decisión final será tomada por el presidente (que fue quien en un principio nombró al acusado como susceptible de ser juzgado) o por el secretario de Defensa, si así lo decide el presidente.

El artículo 14.5 del PIDCP garantiza que "[t]oda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley". El Comité de Derechos Humanos ha declarado que "[l]as disposiciones del artículo 14 se aplican a todos los tribunales y cortes de justicia" y que los procedimientos deben llevarse a cabo "en circunstancias que permitan verdaderamente la plena aplicación de las garantías previstas en el artículo 14". Además, en virtud de salvaguardias internacionales aprobadas por las Naciones Unidas en 1984, "[t]oda persona condenada a muerte tendrá derecho a apelar ante un tribunal de jurisdicción superior, y deberán tomarse medidas para garantizar que esas apelaciones sean obligatorias".(210)

Discriminatorias

En lo que se refiere al derecho a ser juzgado con las debidas garantías, el derecho internacional prohíbe la discriminación por razón de nacionalidad. En la medida en que los juicios celebrados en virtud de las disposiciones de la orden en materia militar no reúnen los mismos requisitos que los juicios a los que son sometidos los ciudadanos estadounidenses acusados de delitos similares, y que esa diferencia de trato no se explica con ningún criterio razonable y objetivo, las comisiones militares serán discriminatorias.

Ese trato discriminatorio viola el principio según el cual "[t]odas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley", un principio reconocido en el artículo 26 del PIDCP, que prohíbe toda discriminación, incluida la discriminación por motivo de origen nacional. De hecho, este trato priva a las personas juzgadas ante estos órganos ejecutivos de su derecho, reconocido en el artículo 14.1 del PIDCP, a ser "iguales ante los tribunales y cortes de justicia".(211) Estados Unidos ha ratificado la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, cuyo artículo 5 pide a los Estados que garanticen "el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color y origen nacional o étnico", una igualdad que incluye "la igualdad de tratamiento en los tribunales y todos los demás órganos que administran justicia".

Además, el artículo 75.1 del primer Protocolo Adicional de los Convenios de Ginebra, aplicable a todas las personas capturadas en relación con un conflicto armado, independientemente de que se les haya reconocido o no la condición de prisioneros de guerra, y que, según ha reconocido el propio Estados Unidos, refleja el derecho internacional consuetudinario, establece que "las personas que estén en poder de una Parte en conflicto y que no disfruten de un trato más favorable en virtud de los Convenios o del presente Protocolo serán tratadas en toda circunstancia con humanidad y se beneficiarán, como mínimo, de la protección prevista en el presente artículo, sin distinción alguna de carácter desfavorable", incluida la distinción por motivo de origen nacional.

Un paso atrás para los derechos humanos

El Comité de Derechos Humanos ha declarado: "Las disposiciones del artículo 14 [del PIDCP] se aplican a todos los tribunales y cortes de justicia comprendidos en el ámbito de este artículo, ya sean ordinarios o especiales. El Comité observa la existencia, en muchos países, de tribunales militares o especiales que juzgan a personas civiles. Esto podría presentar graves problemas en lo que respecta a la administración equitativa, imparcial e independiente de la justicia. Muy a menudo la razón para establecer tales tribunales es permitir la aplicación de procedimientos excepcionales que no se ajustan a las normas habituales de justicia. Si bien el Pacto no prohíbe estas categorías de tribunales, las condiciones que estipula indican claramente que el procesamiento de civiles por tales tribunales debe ser muy excepcional y ocurrir en circunstancias que permitan verdaderamente la plena aplicación de las garantías previstas en el artículo 14".(212)

La creación de un sistema diferente que juzgará ante órganos ejecutivos a personas que podrían enfrentarse a cargos penales en relación con los atentados del 11 de septiembre o con otros abusos graves contra los derechos humanos es contraria a las normas internacionales.(213) Estados Unidos afirma ser una fuerza progresista en materia de derechos humanos. En este país no se ha hecho uso de comisiones militares desde hace más de medio siglo: un periodo en el que, mediante las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario, se ha consolidado un amplio marco de garantías relativas a la celebración de juicios justos. Las comisiones militares ejecutivas no tienen lugar en los sistemas de justicia penal del siglo XXI.

La amenaza de la pena de muerte

Se han recibido informes recientes que indican que se están construyendo lugares de ejecución dentro del centro de detención de la bahía de Guantánamo. La pena de muerte, sea en suelo cubano, en los Estados Unidos o en cualquier otro lugar del mundo, constituye una afrenta para la humanidad

Peter Scheider, presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, 23 de junio de 2003(214)

Se ha hablado de los planes sobre una posible cámara de ejecución en la bahía de Guantánamo. Aunque la idea pueda horrorizar, no resulta sorprendente, ya que las comisiones militares previstas por la orden en materia militar firmada por el presidente Bush en noviembre de 2001 estarán facultadas para imponer condenas de muerte.

Las condenas de muerte sólo podrán ser impuestas por la decisión unánime de siete miembros de la comisión militar. Por ello, los juicios que se celebren ante comisiones de entre tres y seis miembros no contemplarán esta posibilidad. Aparte de esto, las directrices del Pentágono para el funcionamiento de las comisiones no indican qué delitos se considerarán punibles con la pena capital, y apenas ofrecen orientación sobre qué penas imponer.

La directrices del Pentágono sugieren que, al determinar una condena, los miembros de las comisiones deben tener en cuenta varios factores, como la protección de la sociedad, la disuasión, la rehabilitación y el castigo del delincuente. Sin embargo, también manifiestan que todas las sentencias deben basarse "en el reconocimiento de que las comisiones militares son una parte del papel combativo del presidente como comandante en jefe de las fuerzas armadas de los Estados Unidos y de las consecuencias disuasorias generales asociadas al efecto de una sentencia sobre el cumplimiento de las leyes y costumbres de la guerra en general".

El presidente Bush es un conocido partidario de la pena capital. Durante sus cinco años como gobernador de Texas se llevaron a cabo 152 ejecuciones en ese estado. Su presidencia ha sido testigo de las tres primeras ejecuciones federales llevadas a cabo en Estados Unidos en casi 40 años. El presidente Bush, que firmó la orden en materia militar que establece la creación de las comisiones militares y autoriza a estos órganos ejecutivos a imponer condenas de muerte, será quien decida qué ciudadanos extranjeros son susceptibles de ser juzgados por una comisión militar. En el caso de los acusados condenados a muerte por las comisiones, será el presidente (o el secretario de Defensa, si delega en él esta función) quien tenga la última palabra sobre quiénes vivirán y quiénes morirán.

El historial del presidente Bush respecto al indulto mientras fue gobernador de Texas y desde que ocupa la Casa Blanca no causa sino honda preocupación. Las pruebas documentales obtenidas por un periodista sugieren que sus decisiones sobre si intervenir o no en las ejecuciones de Texas se basaban en información superficial y beneficiosa para la acusación.(215) Muchas de las ejecuciones llevadas a cabo durante su mandato violaron las normas internacionales: por ejemplo, se ejecutó a menores, a deficientes mentales, a personas que no habían contado con asistencia letrada adecuada, a individuos sobre cuya culpabilidad seguían existiendo dudas y a ciudadanos extranjeros a los que se habían negado sus derechos consulares.(216) Amnistía Internacional cree que toda ejecución llevada a cabo en virtud de una resolución de las comisiones militares propuestas violaría las obligaciones internacionales contraídas por Estados Unidos.

El artículo 75 del primer Protocolo Adicional de los Convenios de Ginebra, que refleja el derecho internacional consuetudinario, establece: "No se impondrá condena ni se ejecutará pena alguna respecto de una persona declarada culpable de una infracción penal relacionada con el conflicto armado, sino en virtud de sentencia de un tribunal imparcial, constituido con arreglo a la ley y que respete los principios generalmente reconocidos para el procedimiento judicial ordinario" Las comisiones militares no serán tribunales constituidos con arreglo a la ley, sino órganos ejecutivos bajo el control del presidente, con normas y procedimientos establecidos por el Pentágono. Además, el artículo 75.8 establece que ninguna de las "garantías fundamentales" dispuestas en el artículo 75 "podrá interpretarse de manera que pueda limitar o infringir cualquier otra disposición más favorable y que ofrezca [...] una mayor protección en virtud de otras normas aplicables del derecho internacional".(217)

Por su parte, el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos protege el derecho a la vida. El Comité de Derechos Humanos, en su interpretación autorizada de este artículo 6, ha determinado que el derecho a la vida es el "derecho supremo respecto del cual no se autoriza suspensión alguna, ni siquiera en situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación [...] Se trata de un derecho que no debe interpretarse en un sentido restrictivo".(218)

El artículo 6 prohíbe además la privación arbitraria de la vida, y establece estrictas salvaguardias respecto al uso de la pena de muerte en los países que aún la mantienen. El Comité de Derechos Humanos ha manifestado que "[d]eben observarse las garantías de procedimiento que se prescriben en él, incluido el derecho de la persona a ser oída públicamente por un tribunal independiente, a que se presuma su inocencia y a gozar de las garantías mínimas en cuanto a su defensa y al derecho de apelación ante un tribunal superior. Estos derechos son aplicables sin perjuicio del derecho particular de solicitar un indulto o la conmutación de la pena".(219) El Comité de Derechos Humanos también ha declarado que los gobiernos "no pueden en ningún caso" retraerse de la obligación de cumplir los principios del "derecho humanitario o normas imperativas de derecho internacional, por ejemplo [...] la privación arbitraria de la libertad o la inobservancia de los principios fundamentales de juicio imparcial".(220)

Las Salvaguardias de las Naciones Unidas para Garantizar la Protección de los Derechos de los Condenados a la Pena de Muerte establecen: "Sólo podrá ejecutarse la pena capital de conformidad con una sentencia definitiva dictada por un tribunal competente, tras un proceso jurídico que ofrezca todas las garantías posibles para asegurar un juicio justo, equiparables como mínimo a las que figuran en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos" y "[t]oda persona condenada a muerte tendrá derecho a apelar ante un tribunal de jurisdicción superior, y deberán tomarse medidas para garantizar que esas apelaciones sean obligatorias".

En las tres últimas décadas, Estados Unidos se ha ido aislando cada vez más en lo que se refiere a la cuestión de la pena de muerte. Desde 1976, cuando la Corte Suprema levantó la suspensión de hecho de las ejecuciones que había impuesto cuatro años antes, más de 60 países han abolido la pena de muerte en la ley. En ese mismo periodo, Estados Unidos ha ejecutado a más de 870 personas, la inmensa mayoría en la última década. Hoy día, con 112 países abolicionistas en la ley o en la práctica, se cierne la sombría perspectiva de que Estados Unidos recurra a las ejecuciones tras la celebración de juicios ante comisiones militares que burlan las normas fundamentales de justicia.

"Combatientes enemigos" detenidos en suelo estadounidense

Los tribunales, en algún momento, tendrán que elegir entre la deferencia a los poderes de guerra del presidente y la protección de la libertad de los estadounidenses. Es de esperar que la decisión de la Corte Suprema sea más adecuada.

Editorial, Washington Post, 20 de julio de 2003(221)

Dos ciudadanos estadounidenses han sido designados como "combatientes enemigos" y llevan más de un año recluidos sin cargos ni juicio bajo custodia militar en Estados Unidos. En diciembre de 2002, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria describió la detención de estos dos hombres calificándola de "arbitraria" en relación con los artículos 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.(222) Además, el presidente Bush designó recientemente a un ciudadano de Qatar como "combatiente enemigo" y lo transfirió del sistema de justicia ordinario a la custodia militar. Los tres casos han avivado la preocupación por la actitud del gobierno estadounidense respecto al Estado de derecho en el marco de su "guerra contra el terrorismo".

Jose Padilla

Jose Padilla es un ciudadano estadounidense, nacido en Nueva York, que se convirtió al islam. Fue detenido en el aeropuerto de Chicago el 8 de mayo de 2002 como sospechoso de conspirar para detonar una "bomba sucia" radiactiva en una ciudad estadounidense. Originalmente fue puesto bajo custodia del Departamento de Justicia como "testigo esencial" en una investigación de gran jurado, en la que tuvo acceso a un abogado. Sin embargo, el 9 de junio de 2002 fue transferido a la custodia militar basándose en una orden de una página firmada por el presidente Bush que lo designaba como "combatiente enemigo" estrechamente relacionado con Al Qaeda y cuya detención era necesaria para impedir que ayudara a atacar a los Estados Unidos. Desde entonces permanece recluido en régimen de aislamiento sin cargos ni juicio y sin acceso a un abogado o a su familia en una prisión naval de Charleston, Carolina del Sur. El fiscal general John Ashcroft lo ha descrito como un "conocido terrorista".(223)

La abogada de Jose Padilla impugnó la base legal de su detención y pidió acceso a su cliente. En diciembre de 2002, un tribunal federal de primera instancia confirmó la autoridad del presidente para detener a "combatientes enemigos", aunque fueran ciudadanos estadounidenses, con un derecho limitado a la revisión judicial. No obstante, el tribunal también resolvió que Jose Padilla tenía derecho a consultar con su abogado y a recibir sus visitas, con el fin de tener alguna oportunidad de presentar hechos con los que rebatir las pruebas aportadas por el gobierno. El gobierno ha apelado contra esta decisión alegando que el conceder a Jose Padilla acceso a un abogado socavaría la "confianza y dependencia" en el ejército que es "esencial para un interrogatorio eficaz". Jose Padilla permanece detenido en régimen de incomunicación en espera del resultado de la apelación ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito.

Yaser Hamdi

Yaser Esam Hamdi fue puesto bajo custodia estadounidense en Afganistán a finales de 2001. En enero de 2002 fue trasladado al Campo Rayos X, en la bahía de Guantánamo, creyendo que era ciudadano extranjero. En abril de 2002, cuando las autoridades descubrieron un certificado de nacimiento que confirmaba su afirmación de que había nacido en Luisiana de padres saudíes, fue trasladado a la base naval estadounidense de Norfolk, Virginia, donde permanece desde entonces bajo custodia militar como "combatiente enemigo". Se cree que, al contrario que en el caso de Jose Padilla, el Comité Internacional de la Cruz Roja ha tenido acceso a él, pero por lo demás permanece en régimen de incomunicación.

El padre de Yaser Hamdi, Esam Fouad Hamdi, presentó un recurso de hábeas corpus que alegaba que su hijo estaba recluido en violación de sus derechos constitucionales como ciudadano estadounidense. El 11 de junio de 2002, un tribunal federal de primera instancia designó al defensor público federal como abogado de Yaser Hamdi y ordenó al gobierno que le permitiera acceso no supervisado a él.

El gobierno recurrió ante la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito, que devolvió el caso al tribunal federal de primera instancia para que lo reconsiderara. En agosto de 2002, el tribunal de primera instancia ordenó al gobierno que presentara las pruebas documentadas que respaldaban su afirmación de que Yaser Hamdi era un combatiente enemigo. Según el tribunal, las pruebas presentadas hasta entonces por el gobierno –una declaración jurada, de dos páginas, del asesor especial del subsecretario de Defensa para Asuntos Políticos, Michael Mobbs (la llamada "declaración Mobbs")– no cumplían los criterios mínimos para la revisión judicial. El juez declaró: "Aunque está claro que el ejecutivo tiene derecho a decidir sobre la designación militar de individuos, está igualmente claro que el poder judicial tiene derecho a una revisión judicial significativa de dicha designación cuando ésta afecte sustancialmente a las libertades individuales [...] de ciudadanos estadounidenses". El juez se negó a actuar como "sello" del gobierno, y subrayó: "Nos enorgullecemos de ser una nación en la que las leyes se aplican por igual a todos, y no una nación de hombres que apenas tienen normas, o que carecen de ellas".

El gobierno recurrió de nuevo y, el 8 de enero de 2003, un tribunal de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito resolvió que, puesto que "es innegable que Hamdi fue capturado en una zona de combate activo en un escenario extranjero de conflicto, consideramos que la declaración [Mobbs] es base suficiente para concluir que el comandante en jefe ha detenido constitucionalmente a Hamdi en virtud de los poderes de guerra que le han sido conferidos por la Constitución de los Estados Unidos". La defensa pidió que el caso fuera reconsiderado por la Corte del Cuarto Circuito en pleno pero, el 9 de julio de 2003, el tribunal denegó esa nueva vista por ocho votos contra cuatro. Una juez de los jueces discrepantes deploró la consideración del tribunal de que "una breve declaración de oídas del señor Michael Mobbs –un ‘asesor’ del gobierno, no nombrado por elección y, por lo demás, desconocido"– fuera suficiente para permitir una revisión judicial significativa. Esta juez concluyó que "para justificar la pérdida de los derechos constitucionales de un ciudadano, el ejecutivo debe determinar la condición de combatiente enemigo con algo más que un testimonio de oídas". En su opinión, la decisión del tribunal era "increíble", especialmente porque se había basado en el "hecho innegable" de que Hamdi fue capturado en una zona de combate activo, cuando "a Hamdi no se le ha dado en ningún momento la oportunidad de negar hecho alguno".(224)

Ali Saleh Kahlah al-Marri

En una orden de una página de longitud emitida el 23 de junio de 2003, el presidente Bush declaró al ciudadano de Qatar Ali Saleh Kahlah al-Marri "combatiente enemigo", y lo transfirió del control del Departamento de Justicia a la reclusión en régimen de aislamiento e incomunicación en un centro militar de Carolina del Sur. Esto sucedió tan sólo un mes antes de la fecha prevista para que Al-Marri fuera juzgado por cargos de fraude y de mentir a la Oficina Federal de Investigación (FBI). El Pentágono declaró que el presidente Bush había tomado esta decisión "a causa de la información fidedigna proporcionada recientemente por otros detenidos en el contexto de la guerra contra el terrorismo".(225) Un ex juez de la Corte Superior de Nueva Jersey escribió: "La esencia misma de la historia, las leyes y la cultura estadounidenses condena las ideas de castigo antes del juicio, negación del proceso debido y gobierno secreto mediante decreto [...] ¿Quién es un combatiente enemigo? Hoy día, puede serlo cualquiera que al presidente le parezca. Y eso es aterrador".(226)

Recomendaciones

Amnistía Internacional pide al gobierno estadounidense que:

- revoque la orden ejecutiva en materia militar del 13 de noviembre de 2001;

- abandone todos los planes de celebrar juicios ante comisiones militares;

- organice la repatriación voluntaria de los detenidos como combatientes durante el conflicto armado internacional de Afganistán, a menos que sean acusados de delitos comunes reconocibles o que corran peligro de sufrir violaciones graves de derechos humanos si son devueltos a su país;

- garantice que todos los demás detenidos son acusados de delitos comunes reconocibles y son juzgados en un plazo razonable y en procedimientos que cumplan totalmente las normas internacionales, con pleno acceso a asistencia letrada, o de lo contrario son puestos en libertad;

- desista de pedir la pena de muerte contra ningún detenido;

- garantice que todos los detenidos son tratados con humanidad y no son sometidos a ninguna forma de trato que viole el derecho y las normas internacionales, como por ejemplo las técnicas de "estrés y padecimiento" que incluyen la privación del sueño, la obligación de permanecer de pie o de rodillas durante periodos prolongados, el encapuchamiento y el uso inadecuado de dispositivos de inmovilización;

- se asegure de que todos los detenidos recluidos en lugares no desvelados tienen acceso inmediatamente a todas las salvaguardias establecidas por el derecho internacional, incluidos el derecho a informar a sus familiares del lugar donde se encuentran detenidos y el derecho a tener acceso inmediato al Comité Internacional de la Cruz Roja;

- además de hacer públicos los resultados de la investigación sobre las dos muertes ocurridas en Bagram en diciembre de 2002, inicie una investigación exhaustiva e imparcial sobre las condiciones de reclusión, pasadas y presentes, en la base aérea de Bagram, haga públicos los resultados de dicha investigación y ponga a disposición judicial a todos los responsables de tortura o malos tratos;

- suspenda todos los interrogatorios que puedan tener fines procesales hasta que se proporcione asistencia letrada al detenido en cuestión, y no los reanude a menos que se proporcione dicha asistencia letrada;

- mientras los detenidos sigan recluidos en la bahía de Guantánamo, mejore las condiciones de reclusión allí existentes, prestando especial atención a aumentar la cantidad de tiempo que los detenidos pueden pasar fuera de la celda;

- garantice que todos los niños que estén detenidos en la bahía de Guantánamo o bajo custodia de Estados Unidos en otros lugares fuera de territorio estadounidense son trasladados inmediatamente a lugares más adecuados en Estados Unidos o en otros países, y se asegure de que el trato que reciben estos niños tiene plenamente en cuenta su edad y sus necesidades específicas, con vistas a reintegrarlos en la sociedad lo antes posible;

- cumpla con su obligación, contraída en virtud del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, de ayudar a la desmovilización y la rehabilitación de cualquier ex niño soldado que se encuentre entre los detenidos;

- respete plenamente las salvaguardias relativas a la extradición y los derechos humanos al trasladar a detenidos de un país a otro, y abandone la práctica de realizar entregas clandestinas entre países;

- de acuerdo con la política gubernamental manifestada por el consejero jurídico del Departamento de Defensa William Haynes en su carta del 25 de junio de 2003 al senador Patrick Leahy, investigue las denuncias que indican que Maher Arar fue torturado en Siria tras haber sido expulsado allí, a través de Jordania, por Estados Unidos en octubre de 2002, y haga públicas todas las conclusiones de esta investigación;

- en virtud de las normas internacionales que prohíben las ejecuciones extrajudiciales, investigue el homicidio de seis hombres perpetrado en Yemen en noviembre de 2002, al parecer por un avión teledirigido Predator controlado por la CIA, y haga públicos todos los resultados de esta investigación;

- permita a Amnistía Internacional el acceso a los detenidos y al personal de la base aérea de Bagram y de la base naval estadounidense de la bahía de Guantánamo;

- colabore constructivamente con todos los órganos que formulan recomendaciones sobre los detenidos que se encuentran bajo custodia de Estados Unidos, entre los que se incluyen el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y atienda la preocupación manifestada por otros órganos como la Unión Europea y la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa;

- retire su reserva al artículo 16 de la Convención contra la Tortura y al artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y exprese públicamente el compromiso de Estados Unidos de adoptar una interpretación progresista de la prohibición de los tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes.












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(1) Comentario durante la presentación del 2002 Country Reports on Human Rights Practices (Informes sobre las prácticas de derechos humanos por países, año 2002) del Departamento de Estado, secretario Colin L. Powell, Washington, DC, 31 de marzo de 2003.



(2) Carta de William J. Haynes II al senador Patrick J. Leahy, fechada el 25 de junio de 2003.



(3) Carta de Lorne W. Craner, subsecretario de Estado para Democracia, Derechos Humanos y Trabajo (Departamento de Estado de Estados Unidos) a Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional, fechada el 11 de julio de 2003.



(4) Este informe actualiza los motivos de preocupación expresados por Amnistía Internacional en diversos documentos, como Estados Unidos: Memorándum al gobierno estadounidense sobre los derechos de las personas que están bajo la custodia de Estados Unidos en Afganistán y en Guantánamo (Índice AI: AMR 51/053/2002/s, de abril de 2002) o Estados Unidos: Fuera del alcance de la ley. Actualización del memorándum enviado al gobierno estadounidense en abril de 2002 sobre los derechos de las personas que están bajo la custodia de Estados Unidos en Guantánamo y en otros lugares (Índice AI: AMR 51/184/2002/s, de diciembre de 2002).



(5) Carta de dimisión de John Brady Kiesling del Servicio Exterior de Estados Unidos y de su cargo como asesor político en la Embajada de Estados Unidos en Atenas. Reproducida en el New York Times, 27 de febrero de 2003.



(6) Véase, por ejemplo, "El doble rasero: los Estados Unidos y la protección internacional de los derechos humanos", capítulo 7 de Derechos para todos (Índice AI: AMR 51/35/98/s, de octubre de 1998).



(7) El Protocolo Facultativo fue aprobado por el Consejo Económico y Social de la ONU en julio de 2002, a pesar de los intentos estadounidenses de bloquearlo. Véanse ONU: Es hora de emprender acciones enérgicas para prevenir la tortura (IOR 40/018/2002/s, del 23 de julio de 2002) y ONU: Votación decisiva en el ECOSOC sobre el proyecto de Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura (IOR 40/020/2002/s, del 24 de julio de 2002). El Protocolo Facultativo fue aprobado por mayoría aplastante en la Asamblea General de la ONU en noviembre de 2002. Estados Unidos votó en contra. ONU: Las ONG expresan su satisfacción por el nuevo tratado para prevenir la tortura (IOR 40/038/2002/s, del 7 de noviembre de 2002).



(8) A Review of the Treatment of Aliens Held on Immigration Charges in Connection with the Investigation of the September 11 Attacks (Revisión del trato que reciben los extranjeros detenidos por cargos relativos a la inmigración en relación con la investigación de los atentados del 11 de septiembre), Inspección General, junio de 2003.



(9) Motivos de preocupación de Amnistía Internacional respecto a las detenciones posteriores al 11 de septiembre en Estados Unidos, (Índice AI: AMR 51/044/2002/s, de marzo de 2002).



http://web.amnesty.org/library/index/eslAMR510442002?Open&of=esl-USA



(10) Sesión informativa del Departamento de Defensa, 25 de abril de 2003.



(11) Entrevista del secretario Rumsfeld con el Sunday Times. Sección "News Transcript" de los servicios informativos del Departamento de Defensa en la web (Department of Defence News), 21 de marzo de 2002.



(12) Sesión informativa, Casa Blanca, 28 de mayo de 2003.



(13) El Parlamento Europeo "Pide a la Presidencia de la UE que presente una resolución en la que se pida a los Estados Unidos que clarifiquen inmediatamente la situación de los presos de Guantánamo o de los presos recientemente trasladados desde esta base a otras partes de los Estados Unidos, a fin de que se respete finalmente el Derecho internacional, que liberen a los presos contra los que no existen cargos y que adopten las medidas necesarias para asegurar que se respetan las garantías básicas". Resolución del Parlamento Europeo sobre los derechos, las prioridades y las recomendaciones de la UE para el 59º periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que se celebrará en Ginebra (del 17 de marzo al 25 de abril de 2003), 30 de enero de 2003.



(14) "La Asamblea siente honda preocupación por las condiciones de encarcelamiento de estas personas, las cuales considera inaceptables, y cree que, al no estar definida la situación de estas personas, su detención es ilegal". Derechos de las personas recluidas bajo custodia de los Estados Unidos en Afganistán o la Bahía de Guantánamo. Resolución 1340 (2003), aprobada el 26 de junio de 2003. La traducción de esta cita es de EDAI.



(15) Abbasi contra el Secretario de Estado. Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales, 6 de noviembre de 2002.



(16) Early Day Motion 1035, 8 de abril de 2003.



(17) Prólogo al 2002 Country Reports on Human Rights Practices del Departamento de Estado, marzo de 2003.



(18) Opinión 5/2003 (Estados Unidos de América), 8 de mayo de 2003.



(19) "The World this Weekend", BBC Radio 4, 13 de julio de 2003.



(20) Presentación de los Country Reports on Human Rights Practices for 2001. Comentarios a la prensa. Washington DC, 4 de marzo de 2002.



(21) "The Guantánamo Scandal", New York Times, Editorial, 15 de mayo de 2003.



(22) "Impasse at Guantánamo", Chicago Tribune, Editorial, 17 de mayo de 2003.



(23) "End the legal limbo for Guantánamo detainees", Newsday, Editorial, 3 de junio de 2003.



(24) "Powell urges Pentagon to act on detainees", Associated Press, 7 de mayo de 2003.



(25) Conferencia de prensa en el Club de Prensa Francoamericano, Hotel Clarion St. James et Albany, París, Francia, 22 de mayo de 2003.



(26) Dagens Nyheter, 13 de junio de 2003.



(27) "No release in sight for Swede held at Guantánamo Bay: US", Agencia France Presse, 17 de julio de 2003.



(28) "Criticism of USA won’t help Swede held at Guantánamo Bay", información de la radio sueca, repetida por la BBC, 3 de julio de 2003.



(29) Declaración del secretario de Prensa, Casa Blanca, 18 de julio de 2003.



(30) Declaraciones del Departamento de Defensa sobre las reuniones mantenidas respecto a los detenidos británicos y el detenido australiano, 23 de julio de 2003. En los casos de Feroz Abbasi, Moazzam Begg y David Hicks, Estados Unidos dijo que no sólo no iba a pedir la pena de muerte, sino que las pruebas contra los detenidos eran de naturaleza tal que no consideraban necesario vigilar las conversaciones entre los detenidos y sus abogados.



(31) "Madrid to seek details on Spanish national detained in Guantánamo", AFP, 24 de julio de 2003. La traducción de esta cita es de EDAI.



(32) Discurso del presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, Peter Schieder, en la apertura del periodo parcial de sesiones del verano de 2003 de la Asamblea. Estrasburgo, 23 de junio de 2003. La traducción de esta cita es de EDAI.



(33) Estrategia Nacional para Combatir el Terrorismo, febrero de 2003.



(34) Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América, septiembre de 2002.



(35) Los detenidos en Guantánamo y en otros lugares bajo custodia de Estados Unidos en su "guerra contra el terrorismo" no permanecen recluidos en virtud de la orden ejecutiva en materia militar, sino, según el gobierno estadounidense, "bajo la autoridad del presidente como comandante en jefe y en virtud de las leyes y costumbres de la guerra" (Rasul contra Bush, tribunal federal de distrito, distrito de Columbia. Moción del demandando para que se deniegue la primera petición enmendada de hábeas corpus del demandante, 18 de marzo de 2002).



(36) Departamento de Defensa, Instrucción número 2 de la comisión militar: Delitos y elementos de prueba para los juicios ante la comisión militar, sección 5.c.



(37) United Nations rights expert "alarmed" over United States implementation of military order , comunicado de prensa de Naciones Unidas, 7 de julio de 2003. La traducción de esta cita es de EDAI.



(38) Entrevista difundida en el programa "The World this Weekend", BBC Radio 4, 13 de julio de 2003.



(39) El gobierno ha mantenido que los conflictos de Afganistán e Irak son "dos situaciones diferentes. Está la guerra contra el terrorismo, y está este conflicto [el de Irak], que es un conflicto mucho más tradicional" (Ari Fleischer, rueda de prensa en la Casa Blanca, 24 de marzo de 2003). Sin embargo, uno de los jueces federales que se ha mostrado de acuerdo con la principal postura del gobierno sobre sus facultades para detener a personas, ha declarado: "El conflicto de Afganistán está ciertamente relacionado con el conflicto mundial denominado ‘guerra contra el terrorismo’, pero se trata incuestionablemente de un conflicto militar que encaja con bastante exactitud en nuestro concepto histórico de guerra" (Hamdi contra Rumsfeld, Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito, juez Traxler, al manifestar su conformidad a la denegación de una nueva vista ante el tribunal en pleno, 9 de julio de 2003). Véase también Estados Unidos de América: Normas Internacionales para todos



http://web.amnesty.org/library/index/eslAMR510452003?Open&of=esl-USA



(40) "Estados Unidos y el CICR tienen diferente opinión respecto al procedimiento a seguir para determinar cuándo un detenido no tiene derecho al estatuto de prisionero de guerra", comunicado de prensa del Comité Internacional de la Cruz Roja, 9 de febrero de 2002.



(41) Chris Mullin, respondiendo a las preguntas planteadas en la Cámara de los Comunes respecto a los ciudadanos británicos recluidos en la bahía de Guantánamo, 7 de julio de 2003.



(42) Enemy combatant taken into custody . Comunicado de prensa del Departamento de Defensa, 23 de junio de 2003.



(43) "El término ‘enemigo’ incluye a toda entidad con la que Estados Unidos o sus fuerzas aliadas puedan mantener un conflicto armado, o que se esté disponiendo a atacar a Estados Unidos. No se limita a naciones extranjeras, o a organizaciones militares extranjeras o a miembros de dichas organizaciones. El término ‘enemigo’ incluye específicamente a toda organización de terroristas con alcance internacional". Departamento de Defensa, Instrucción número 2 de la comisión militar, 30 de abril de 2003.



(44) "Algunos han encontrado la muerte mediante la justicia repentina; otros están ahora respondiendo preguntas en la bahía de Guantánamo. En cualquier caso, ya no constituyen un problema para los Estados Unidos de América y nuestros amigos." Discurso del presidente a las tropas en Fort Hood. Transcripción de la Casa Blanca, 3 de enero de 2003.



(45) Carta de fecha 14 de abril de 2003 dirigida a la Secretaría de la Comisión de Derechos Humanos por el Jefe de la Sección de Organismos Políticos y Especializados de la Misión Permanente de los Estados Unidos de América ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, E/CN.4/2003/G/80, 22 de abril de 2003. La traducción de las citas de esta carta es de EDAI.



(46) La única excepción es el caso de los grupos armados que luchan contra un dominio colonial, lo cual no se aplica a lo que Estados Unidos considera su "guerra contra el terrorismo".



(47) El 19 de noviembre de 2002, la agencia France Presse informó de que el ministro del Interior yemení había declarado que "la caza del grupo que concluyó con su muerte [...] tuvo lugar en el contexto de la cooperación y coordinación en materia de seguridad entre Yemen y Estados Unidos para combatir el terrorismo". Más recientemente, el presidente de Yemen reiteró el papel desempeñado por su gobierno en esta operación durante una entrevista con la cadena de televisión Al Yazira, retransmitida el 16 de julio de 2003 en el programa Bila hudud (Sin fronteras). En respuesta a una pregunta sobre cómo atacó Estados Unidos a los seis hombres, el presidente respondió: "En coordinación con nosotros, en coordinación con nosotros [...]".



(48) Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.



(49) Carta de fecha 2 de abril de 2003 dirigida a la Secretaría de la Comisión de Derechos Humanos por la Misión Permanente de los Estados Unidos de América ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, E/CN.4/2003/G/73, 7 de abril de 2003. La traducción de las citas de esta carta es de EDAI.



(50) E/CN.4/2003/G/80, 22 de abril de 2003. La traducción de esta cita es de EDAI.



(51) Información general sobre las comisiones militares, proporcionada durante una rueda de prensa por el Departamento de Defensa, 3 de julio de 2003.



(52) Al parecer, esto es lo que ha sucedido en el caso de los "Seis de Lackawanna". Estos seis jóvenes –Sahim Alwan, Yahya Goba, Yasein Taher, Faysal Galab, Shafal Mosed y Mukhtar al-Bakri– fueron detenidos en Lackawanna, estado de Nueva York, el 13 de septiembre de 2002 como sospechosos de pertenecer a una "célula durmiente" de Al Qaeda. En el 2003 se declararon culpables de cargos de terrorismo y aceptaron penas de hasta nueve años de prisión. Uno de sus abogados dijo: "Nos preocupaba que sacaran a los acusados a toda prisa de la sala y los declararan combatientes enemigos si el caso nos empezaba a ir bien. Así que ondeamos la bandera blanca y nos entregamos". El presidente del Grupo Especial del Colegio Estadounidense de Abogados sobre el Trato a los Combatientes Enemigos declaró: "Los acusados creían que, si no se declaraban culpables, terminarían metidos en un agujero para siempre. Hay poca diferencia entre golpear a alguien en la cabeza o amenazarlo con algo así". "No choice but guilty", Washington Post, 29 de julio de 2003.



(53) Hamdi contra Rumsfeld, Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito, 9 de julio de 2003. Denegación de una nueva vista ante el tribunal en pleno.



(54) Doc. ONU CCPR/C/39/D/305/1988, 15 de agosto de 1990.



(55) "Standards for detainees", Washington Post, 6 de julio de 2003.



(56) Financial Times (Reino Unido), 17 de julio de 2003.



(57) Discurso del presidente. Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, 26 de junio de 2003.



(58) El Comité Internacional de la Cruz Roja ha tenido acceso a los detenidos de Guantánamo y a algunas personas recluidas en la base aérea de Bagram, aunque se cree que este último no ha sido un acceso pleno y sin restricciones. La política del CICR es poner sus motivos de preocupación y sus recomendaciones en conocimiento de la potencia responsable de la detención, no hacerlos públicos.



(59) Testimonio de Cofer Black, vista ante los Comités de Información del Senado y del Congreso, 26 de septiembre de 2002.



(60) Irak: Memorándum sobre motivos de preocupación en relación con el orden público, MDE 14/157/2003/s, 23 de julio de 2003. http://web.amnesty.org/library/index/eslMDE141572003?Open&of=esl-IRQ.



(61) "US decries abuse but defends interrogations", Washington Post, 26 de diciembre de 2002.



(62) Declaración de Donald D. Woolfolk el 13 de junio de 2002en el proceso Hamdi contra Rumsfeld.



(63) Ari Fleischer, rueda de prensa en la Casa Blanca, 3 de marzo de 2003.



(64) Carta de William J. Haynes al senador estadounidense Patrick J. Leahy, fechada el 25 de junio de 2003.



(65) CCPR/C/79/Add.50; A/50/40, párrafos 266-304, 3 de octubre de 1995. La traducción de esta cita es de EDAI.



(66) Informe del Comité contra la Tortura. Conclusiones y recomendaciones sobre los Estados Unidos de América, mayo de 2000. A/55/44, párrafos 175-180.



(67) El Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión establece que "[l]a expresión ‘tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes’ debe interpretarse de manera que abarque la más amplia protección posible contra todo tipo de abusos, ya sean físicos o mentales, incluido el de mantener al preso o detenido en condiciones que lo priven, temporal o permanentemente, del uso de uno de sus sentidos, como la vista o la audición, o de su conciencia del lugar o del transcurso del tiempo".



(68) A/55/44, párrafos 175-180, mayo de 2000.



(69) El Comité contra la Tortura considera asimismo que los cinturones paralizantes de electrochoque utilizados en numerosas jurisdicciones de Estados Unidos violan el artículo 16 de la Convención, y ha pedido que se ponga fin a su uso. Estados Unidos no ha puesto en práctica sus recomendaciones a este respecto (A/55/44, párrafos 175-180, mayo de 2000). Véase también Estados Unidos de América. Del Control a la crueldad. El uso del cinturón paralizante y otros dispositivos de electrochoque por los agentes de la ley, AMR 51/54/99/s, de junio de 1999. Además, en un mundo en el que la mayoría de los países han abolido la pena de muerte en la ley o en la práctica, la Corte Suprema de Estados Unidos no considera siquiera que la ejecución de enfermos mentales o de personas que eran menores en el momento de cometer el delito constituya una crueldad inconstitucional, ni tampoco el mantener a personas recluidas en los "corredores de la muerte" durante décadas antes de matarlas.



(70) Estos son algunos de los métodos de interrogatorio citados en el documento de la ONU CAT/C/SR.297 (informe sobre el cumplimiento por parte de Israel de la Convención contra la Tortura). El Comité recomendó que cesara inmediatamente la utilización de estos métodos de interrogatorio por parte de las fuerzas de seguridad israelíes.



(71) El gobierno negó que el trato recibido por Lindh constituyera tortura, o que Lindh hubiera sido amenazado con la muerte o con torturas. "A note about ‘torture’" (Aclaración sobre la "tortura"), en Estados Unidos de América contra Lindh, oposición del gobierno a la moción del acusado para que se hicieran públicos los documentos presentados ante el tribunal. Tribunal Federal de Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia, 29 de marzo de 2002.



(72) Estados Unidos de América contra Lindh, ante el Tribunal Federal de Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia. Acuerdo sobre la pena, 15 de julio de 2002. John Walker Lindh fue condenado a 20 años de prisión en octubre de 2002. Si hubiera sido juzgado y declarado culpable de acuerdo con la acusación original del gobierno, podría haber sido condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La sentencia recibida en virtud del acuerdo significa que, con buena conducta, podría quedar en libertad en menos de 17 años.



(73) Discurso del presidente. Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, 26 de junio de 2003.



(74) Detención, tratamiento y enjuiciamiento de ciertos extranjeros en la guerra contra el terrorismo. Orden ejecutiva en materia militar, firmada por el presidente Bush el 13 de noviembre de 2001.



(75) "Deberán adoptarse asimismo disposiciones contra la detención en régimen de incomunicación", como salvaguardia contra la tortura y los malos tratos. Comité de Derechos Humanos, Observación General 20, párrafo 11.



(76) "[U]na detención prolongada en régimen de incomunicación puede ser propicia a la comisión de actos de tortura y puede en sí misma constituir un trato cruel, inhumano o degradante". Resolución 1997/38, párrafo 20.



(77) "Cuando más a menudo se practica la tortura es durante la detención en régimen de incomunicación. Este tipo de detención debe declararse ilegal y las personas retenidas en régimen de incomunicación deben salir en libertad sin demora. Deben existir disposiciones jurídicas que aseguren que los detenidos gocen de acceso a asistencia letrada en un plazo de 24 horas a partir de su detención.". Informe del relator especial sobre la cuestión de la tortura. Doc. ONU E/CN.4/1995/34, párrafo 926(d).



(78) La detención en régimen de incomunicación "crea una atmósfera conducente a otras prácticas ilícitas particularmente la tortura". OEA/Ser.L/V/II.53, doc.6 rev.2, 13 octubre 1981.



(79) Declaración del portavoz sobre el Convenio de Ginebra.



(80) "Prisoners released from US base in Afghanistan", Associated Press, 15 de marzo de 2003.



(81) Dicho a través de un intérprete.



(82) Agencia France Presse, 3 de marzo de 2003, citando palabras del coronel Roger King, jefe de portavoces del ejército en Bagram.



(83) La política del CICR no le permite hacer públicos sus descubrimientos en los centros de detención. No obstante, es probable que no haya podido ver a muchos detenidos de Bagram, aunque sólo sea porque no cuenta con una delegación permanente allí. Si los delegados del CICR visitan la base, digamos, una o dos veces al mes, no llegan a ver a los detenidos que hayan sido puestos bajo custodia y liberados en el plazo entre las dos visitas. Y es poco probable que las autoridades estadounidenses hayan dado al CICR los nombres de todos esos detenidos para que la organización pueda hacer un seguimiento de sus casos.



(84) Por ejemplo, "US decries abuse but defends interrogations", Washington Post, 26 de diciembre de 2002. En otro informe, un "agente de información occidental" citado por el New York Times describió el interrogatorio en Bagram de Omar al-Faruq, presunto alto dirigente de Al Qaeda, diciendo que "no era exactamente tortura, pero sí lo más parecido que puedas encontrar". El agente citado declaró que, durante un periodo de tres meses, a Omar al-Faruq "lo alimentaban muy poco, mientras lo privaban del sueño y de la luz, en un aislamiento prolongado y a temperaturas que variaban de los 100 a los 10 grados farenheit [38 y –12 grados centígrados]". "Questioning terror suspects in a dark and surreal world", New York Times, 9 de marzo de 2003.



(85) Carta de William J. Haynes II, consejero jurídico del Departamento de Defensa, al senador Patrick J. Leahy, fechada el 25 de junio de 2003.



(86) "La investigación sobre los homicidios y presuntos malos tratos de los detenidos a manos de soldados estadounidenses", páginas 16-20 de Memorándum al gobierno estadounidense sobre los derechos de las personas que están bajo la custodia de Estados Unidos en Afganistán y en Guantánamo, abril de 2002.



http://web.amnesty.org/library/index/eslAMR510532002?Open&of=esl-USA



(87) Por ejemplo, el 29 de mayo de 2003 Estados Unidos manifestó su "extrema preocupación" por la muerte bajo custodia de Orif Eshanov, ocurrida en Uzbekistán dos semanas antes, posiblemente a consecuencia de golpes y torturas. El gobierno subrayó que las autoridades uzbecas habían prometido llevar a cabo una investigación exhaustiva, e insistió en que cualquier persona hallada responsable de esa muerte debía ser procesada, y en que los resultados de ese procesamiento debían hacerse públicos. Declaración de Douglas A. Davidson, encargado de negocios de la misión permanente de Estados Unidos ante la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, realizada ante el Consejo Permanente de la OSCE en Viena el 29 de mayo de 2003.



(88) Más tarde se informó de que el detenido era Abdul Walli. En la primera semana de agosto, Amnistía Internacional aún no había recibido respuesta a su carta del 23 de junio de 2003.



(89) El reciente informe del Departamento de Estado sobre Yemen, país del que ha habido decenas de ciudadanos recluidos en Bagram y Guantánamo, incluye la conclusión de que "los detenidos en algunos casos permanecían inmovilizados con grilletes y cadenas, a pesar de que una ley prohíbe esta práctica". En el caso de Pakistán, país del que también ha habido ciudadanos bajo custodia estadounidense, el Departamento de Estado subrayó que "el encadenamiento de los presos era sistemático. Los grilletes utilizados eran pesados y se colocaban apretados, causando dolor".



(90) "US military investigating death of Afghan in custody", New York Times, 4 de marzo de 2003.



(91) "Prisoners released from US base in Afghanistan", Associated Press, 15 de marzo de 2003.



(92) "US military investigating death of Afghan in custody", New York Times, 4 de marzo de 2003.



(93) "Prisoners released from US base in Afghanistan", Associated Press, 15 de marzo de 2003.



(94) Carta, fechada el 18 de abril de 2003, de Marshall Billingslea, ayudante primero de la Oficina del Subsecretario de Defensa. La carta reiteraba además que "en esta guerra, como en todas, los combatientes enemigos capturados no tienen derecho a asistencia letrada o a acceder a los tribunales para impugnar su detención".



(95) Artículo 14 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes



(96) Chris Mullin, viceministro de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth, respondiendo a las preguntas planteadas en la Cámara de los Comunes respecto a los ciudadanos británicos recluidos en la bahía de Guantánamo, 7 de julio de 2003.



(97) "Transfer of detainees completed" . Comunicado de prensa del Departamento de Defensa, 18 de julio de 2003.



(98) Véase el sitio web oficial de la fuerza conjunta, http://www.nsgtmo.navy.mil/JTFgtmo/mission.html



(99) "A place in the sun, beyond the law", The Economist, 7 de mayo de 2003.



(100) E/CN.4/2003/8, 16 de diciembre de 2002.



(101) Bahía de Guantánamo: Al cabo de un año. Resumen de actividades del CICR, 17 de febrero de 2003.



(102) La controversia internacional provocada por esta imagen llevó al secretario Rumsfeld a reconocer que la difusión de la fotografía, al menos sin un pie que la explicara mejor, era "probablemente desafortunada". Rumsfeld añadió: "Creo recordar que en los Convenios de Ginebra hay algo sobre la gente de la prensa alrededor de los detenidos, y sobre no sacarles fotografías y no decir quiénes son y no exponerlos al ridículo". Rueda de prensa del Departamento de Defensa, 22 de enero de 2002. El artículo 13 del Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra (Convenio III) establece: "Los prisioneros de guerra deberán ser tratados humanamente en todas las circunstancias [...] Asimismo, los prisioneros de guerra deberán ser protegidos en todo tiempo, especialmente contra todo acto de violencia o de intimidación, contra los insultos y la curiosidad pública". Para cuando invadió Irak, el gobierno estadounidense estaba más al tanto de este aspecto específico del derecho internacional humanitario, y reaccionó con furia cuando las cámaras mostraron a soldados estadounidenses capturados que estaban siendo intimidados. Véase Estados Unidos de América: Normas Internacionales para todos.



http://web.amnesty.org/library/index/eslAMR510452003?Open&of=esl-USA



(103) BBC TV Newsnight, 5 de junio de 2003.



(104) Observación General 21, 1992.



(105) Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América, septiembre de 2002.



(106) "El Centro de Seguridad Media difiere sustancialmente de las demás unidades de detención del Campo Delta. En este centro, los detenidos son alojados en complejos de edificaciones en los que cada unidad se compone de una vivienda común, con un retrete y un lavado privados, y una sala más grande con duchas y retretes que da servicio a todo el complejo. Cada complejo se compone de cuatro viviendas comunes que pueden albergar a hasta 10 combatientes enemigos cada una. Los detenidos disponen de una cama con un colchón y de un armario para guardar sus objetos personales y materiales como libros o papel para escribir. Cada complejo cuenta además con una zona recreativa para practicar juegos y deportes de equipo". Fuerza Conjunta de Guantánamo.



http://www.nsgtmo.navy.mil/JTFgtmo/mission.html



(107) El contrato para construir las 800 celdas iniciales de la prisión del Campo Delta se adjudicó a Kellogg Brown & Root por 32,7 millones de dólares estadounidenses. La reciente decisión del Pentágono de adjudicar a esta filial de Halliburton el contrato para combatir los incendios de los pozos de petróleo de Irak (un contrato adjudicado sin que mediara concurso alguno y en el que, según los informes, las ganancias pueden ascender a casi 500 millones de dólares en dos años) ha suscitado preocupación por si ésta y otras empresas estadounidenses han recibido un trato de favor por parte del gobierno. El vicepresidente Dick Cheney fue director ejecutivo de Halliburton desde 1995 hasta el 2000.



(108) Las celdas del Campo Delta están divididas por malla metálica, por lo que se cree que los detenidos pueden comunicarse con los de las celdas vecinas.



(109) Baronesa Symons de Vernham Dean. Preguntas en la Cámara de los Lores sobre los ciudadanos británicos en la bahía de Guantánamo, 7 de julio de 2003.



(110) "Broadcasting House", BBC Radio 4, 29 de junio de 2003.



(111) Artículo 98 del Convenio III de Ginebra y artículo 125 del Convenio IV de Ginebra.



(112) Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos.



(113) Fox News Sunday, 27 de enero de 2002.



(114) Estados Unidos: Memorándum al gobierno estadounidense sobre los derechos de las personas que están bajo la custodia de Estados Unidos en Afganistán y en Guantánamo, abril de 2002.



http://web.amnesty.org/library/index/eslAMR510532002?Open&of=esl-USA



(115) Sección "News Transcript" de los servicios informativos del Departamento de Defensa en la web (Department of Defence News), 4 de mayo de 2003.



(116) Véase la actualización 1 a la Acción Urgente 86/03 (Índice AI: AMR 51/051/2003/s, del 27 de marzo de 2003).



(117) "They interrogated us for hours". Guardian (Reino Unido), 29 de octubre de 2002.



(118) "Today". BBC Radio 4, 7 de marzo de 2002.



(119) Departamento de Defensa, orden número 1 de la comisión militar. La comisión, nombrada por las autoridades que aprueban el acuerdo relativo a la pena, debe determinar el carácter voluntario de dicho acuerdo.



(120) "18 ex-Guantanamo captives suddenly out on Kabul street", New York Times, 26 de marzo de 2003.



(121) "Ex-Guantanamo inmate to sue US", BBC News, 10 de julio de 2003.



(122) En junio de 2003, un oficial del ejército del Campo Delta confirmó que las luces se mantienen encendidas toda la noche en los bloques de celdas. Según dijo, "si el detenido indica al personal médico que la luz le supone un problema, el personal médico evaluará el caso y proporcionará el material necesario". "Broadcasting House", BBC Radio 4, 29 de junio de 2003.



(123) El artículo 124 del Convenio IV de Ginebra establece que a los civiles internados sometidos a castigos disciplinarios se les proporcionará "en especial, suficiente material de dormitorio".



(124) "In the land of Guantánamo", New York Times, 29 de junio de 2003.



(125) Según los informes, los soldados estadounidenses utilizaban la amenaza del traslado a Guantánamo contra los civiles para lograr su cooperación en una deteriorada situación de orden público. BBC TV Newsnight, 23 de julio de 2003.



(126) "Questioning terror suspects in a dark and surreal world", New York Times, 9 de marzo de 2003.



(127) "Prisoners released from US base in Afghanistan", Associated Press, 15 de marzo de 2003.



(128) "In the land of Guantánamo", New York Times, 29 de junio de 2003.



(129) "Guantánamo prisoner attempts suicide", Associated Press, 3 de junio de 2003. "Guantánamo detainee attempts suicide", Associated Press, 17 de julio de 2003.



(130) Daniel Cavoli, en "Broadcasting House", BBC Radio 4, 13 de julio de 2003. La traducción de estas citas es de EDAI.



(131) Antonella Notari, en "The Bitterest Betrayal", The Guardian Weekend (Reino Unido), 19 de julio de 2003. La traducción de esta cita es de EDAI.



(132) "Tales of despair from Guantánamo", New York Times, 17 de junio de 2003.



(133) La regla 92 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos establece: "Un acusado deberá poder informar inmediatamente a su familia de su detención y se le concederán todas las facilidades razonables para comunicarse con ésta y sus amigos y para recibir la visita de estas personas, con la única reserva de las restricciones y de la vigilancia necesarias en interés de la administración de justicia, de la seguridad y del buen orden del establecimiento". El principio 19 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión establece: "Toda persona detenida o presa tendrá el derecho de ser visitada, en particular por sus familiares, y de tener correspondencia con ellos y tendrá oportunidad adecuada de comunicarse con el mundo exterior, con sujeción a las condiciones y restricciones razonables determinadas por ley o reglamentos dictados conforme a derecho".



(134) Amnistía Internacional desea hacer constar que Estados Unidos es signatario de la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece que, en las cuestiones que afecten a los niños, la consideración principal será el "interés superior" del niño. Como signatario de la Convención, Estados Unidos está obligado en virtud del derecho internacional a no hacer nada que menoscabe las disposiciones del tratado, mientras decide si ratificarlo (artículo 18 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados). El Comité de los Derechos del Niño, órgano establecido por la Convención para vigilar la aplicación del tratado, ha indicado en otro contexto que "el interés superior del niño y, en particular, los derechos que le asisten respecto de su separación de los padres no se respetan plenamente en lo que concierne a mantener el contacto con los padres cuando éstos están cumpliendo condena en la cárcel" (CRC/C/15/Add.126, Observaciones finales del Comité de los Derechos del Niño: Noruega, 28 de junio de 2000).



(135) Al parecer, incluso el gobierno canadiense tardó seis meses en poder acceder a Omar Khadr. "Canada denied access to teenager held by US in Afghanistan", AFP, 15 de septiembre de 2002.



(136) Carta de Paul W. Butler, subsecretario adjunto de Defensa, a Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional, sin fecha, recibida el 8 de julio de 2003.



(137) Rueda de prensa del Departamento de Defensa, 25 de abril de 2003.



(138) Rueda de prensa del Departamento de Defensa, 25 de abril de 2003.



(139) Young detainees. Dirección de Investigaciones Públicas y Análisis, 28 de mayo de 2003.



(140) USA: Indecent and internationally illegal: The death penalty against child offenders (Índice AI: AMR 51/143/2002, septiembre de 2002).



(141) El asesinato por parte de un "combatiente ilegal" es susceptible de ser juzgado por una comisión militar, en virtud de la instrucción núm. 2 de la comisión militar, del 30 de abril de 2003. "Incluso un ataque contra un soldado constituirá un delito cuando el atacante no goce de la ‘condición de combatiente’ o la ‘inmunidad de combatiente’". En las comisiones militares, la acusación tendrá que demostrar que el acusado era un combatiente ilegal.



(142) "Military mulls death penalty – Toronto teen may be eligible", Calgary Sun, 3 de junio de 2003.



(143) El uso de la pena de muerte contra personas que fueran menores de 18 años en el momento de su presunto delito está prohibido por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. También el Convenio IV de Ginebra y los dos protocolos adicionales de los Convenios de Ginebra prohíben la imposición de la pena de muerte a las personas de esta de edad.



(144) Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, artículo 18.



(145) En su respuesta estándar sobre los niños detenidos, el Pentágono escribió que "los talibanes, que antes gobernaban Afganistán, y la red terrorista internacional Al Qaeda utilizan a personas muy jóvenes como combatientes enemigos". En su carta a Amnistía Internacional, el Pentágono escribió, refiriéndose a los menores de 16 años recluidos en Guantánamo: "estos individuos concretos fueron capturados mientras participaban activamente en hostilidades".



(146) BBC TV Newsnight, 5 de junio de 2003.



(147) BBC TV Newsnight, 5 de junio de 2003.



(148) Carta de fecha 2 de abril de 2003 dirigida a la Secretaría de la Comisión de Derechos Humanos por la Misión Permanente de los Estados Unidos de América ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, E/CN.4/2003/G/73, 7 de abril de 2003. La traducción de esta cita es de EDAI.



(149) Alvarez-Machain contra Estados Unidos, Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, 3 de junio de 2003.



(150) "An uneasy routine at Cuba prison camp", New York Times, 16 de marzo de 2002.



(151) "Many held at Guantánamo not likely terrorists", Los Angeles Times, 22 de diciembre de 2002.



(152) El 14 de mayo de 2003, cuatro ciudadanos saudíes fueron trasladados a su país para "continuar la detención en manos del gobierno de Arabia Saudí". Amnistía Internacional reitera que nadie debe ser devuelto a un país donde pueda correr peligro de ser torturado, ejecutado o sometido a otros abusos graves contra los derechos humanos. Asimismo, nadie debe ser transferido de una situación de detención prolongada a otra.



(153) "They interrogated us for hours", Guardian (Reino Unido), 29 de octubre de 2002.



(154) "Transfer of detainees completed" (Completado el traslado de detenidos), comunicado de prensa del Departamento de Defensa, 28 de octubre de 2002.



(155) Rueda de prensa diaria del Departamento de Estado, 12 de junio de 2003. Richard Boucher, portavoz del Departamento, respondía a la noticia de que la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos no había elegido para la Comisión de Derechos Humanos al candidato estadounidense.



(156) E/CN.4/2003/8, 16 de diciembre de 2002.



(157) Op.cit. E/CN.4/2003/G/73, 7 de abril de 2003.



(158) Comité de Derechos Humanos, Observación General 8, 30 de junio de 1982.



(159) Observación General 29, párrafos 11 y 16. CCPR/C/21/Rev.1/Add.11, 31 de agosto de 2001.



(160) Opinión Consultiva OC-8/87, del 30 de enero de 1987, Informe anual de la Corte Interamericana, 1987, OAS/Ser.L/V/III.17 doc.13, 1987; y Garantías judiciales en Estados de Emergencia, Opinión Consultiva OC-9/87, del 6 de octubre de 1987, Informe Anual de la Corte Interamericana, 1988, OAS/Ser.L/V/III.19 doc.13, 1988.



(161) Artículo 18 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.



(162) Entrevista con Cale Ramaker, KSDK-NBC, 27 de febrero de 2002.



(163) El presidente del CICR se reúne con altos funcionarios en Washington D.C.. Comunicado de prensa del CICR, 28 de mayo de 2003.



(164) En el 2002, un tribunal federal de distrito había concluido que carecía de competencia para examinar las denuncias y peticiones de hábeas corpus presentadas en favor de varios detenidos de Guantánamo por los familiares de éstos. Además, manifestó la opinión de que ningún tribunal estadounidense tenía jurisdicción sobre estos detenidos. El 11 de marzo de 2003, la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia confirmó por unanimidad la decisión del tribunal inferior. Las denuncias se habían presentado en favor de 12 ciudadanos kuwaitíes, 2 australianos y 2 británicos. Las peticiones solicitaban diversas cosas, como acceso a los familiares y a asistencia letrada, que se informara de los cargos contra los detenidos, que se los liberara de una custodia ilegal y que se pusiera fin a los interrogatorios.



(165) Belaid Gherebi contra George Walker Bush, Corte de Distrito para el Distrito Central de California. Causa núm. CV O3-1267-AHM, Orden que rechaza la petición por carecer de competencia, 13 de mayo de 2003.



(166) Comité de Derechos Humanos, Observación General 3, párrafo 1, 29 de julio de 1981.



(167) Véase, por ejemplo, Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Israel, Doc. ONU CCPR/C/79/Add. 93, 18 de agosto de 1998, párrafo 10.



(168) Abbasi contra el Secretario de Estado, Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales, 6 de noviembre de 2002. Se cree que en Guantánamo hay nueve ciudadanos británicos: Feroz Abbasi, Moazzam Begg, Shafiq Rasul, Asif Iqbal, Ruhal Ahmed, Martin Mubanga, Jamal Udeen, Richard Belmar y Tarek Dergoul. Además, Bisher Al-Rawi, ciudadano iraquí que reside legalmente en el Reino Unido, y Jamil Al Banna, ciudadano jordano reconocido como refugiado en el Reino Unido, fueron trasladados al Campo Delta desde Gambia, vía Bagram, en el 2003. En el Campo Delta también está recluido un ciudadano ugandés de 24 años que había residido en el Reino Unido desde los 14 años (su madre tiene ciudadanía británica).



(169) Johnson contra Eisentrager, 339 US 763 (1950), opinión discrepante del juez Black (a la que se adhirieron los jueces Douglas y Burton).



(170) US Court decision on Guantánamo detainees has serious implications for rule of law, says UN rights expert. Comunicado de prensa de las Naciones Unidas, 12 de marzo de 2003. La traducción de estas citas es de EDAI.



(171) Opinión núm. 5/2003 (Estados Unidos de América), 8 de mayo de 2003. La traducción de estas citas es de EDAI.



(172) Vindicating the rule of law: Balancing competing demands for justice (Reivindicando el Estado de derecho: cómo hallar un equilibrio en demandas contradictorias de justicia). Documento presentado por la juez de la Corte Suprema Sandra Day O’Connor en la Conferencia sobre democracia y Estado de derecho en un orden mundial cambiante, 7 de marzo de 2000.



(173) James Ziglar, citado en "America’s secret prisoners", Newsweek, 18 de junio de 2003.



(174) Embajador Cofer Black, coordinador de Contraterrorismo. Testimonio ante el Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes, Subcomité sobre Terrorismo Internacional, No Proliferación y Derechos Humanos. Washington, DC, 26 de marzo de 2003.



(175) Acción Urgente 189/03, de Amnistía Internacional



http://web.amnesty.org/library/index/eslAMR510932003?Open&of=esl-USA



(176) "US denies involvement in arrest of terrorism suspects", African Church Information Service., allAfrica.com, 4 de agosto de 2003.



(177) "Terror suspect flown out of Pakistan", Associated Press, 14 de julio de 2003.



(178) Carta de la secretaria general, Irene Khan, al presidente Bush, fechada el 10 de abril de 2002.



(179) Carta de William Haynes, consejero jurídico del Pentágono, a Human Rights Watch, fechada el 2 de abril de 2003.



(180) "US decries abuse but defends interrogations", Washington Post, 26 de diciembre de 2002.



(181) Véase la Acción Urgente 314/02 de Amnistía Internacional, AMR 51/159/2002/s, del 21 de octubre de 2002, y sus actualizaciones.



(182) "Ottawa stumped by Syria tipoff", National Post (Canadá), 30 de julio de 2003.



(183) Carta de William J. Haynes, consejero jurídico del Departamento de Defensa, al senador Patrick J. Leahy, fechada el 25 de junio de 2003.



(184) Ibidem.



(185) "US behind secret transfer of terror suspects", Washington Post, 11 de marzo de 2002.



(186) "Al Qaeda recruiter reportedly tortured", Washington Post, 31 de enero de 2003.



(187) Informe 2003 de Amnistía Internacional.



(188) "US decries abuse but defends interrogations", Washington Post, 26 de diciembre de 2002.



(189) "Questioning terror suspects in a dark and surreal world", New York Times, 9 de marzo de 2003.



(190) "US decries abuse but defends interrogations", Washington Post, 26 de diciembre de 2002.



(191) Observación General 20, párrafo 11.



(192) Véase, por ejemplo, el discurso sobre el estado de la Unión, 29 de enero de 2002.



(193) Debate del presidente Bush y el primer ministro Blair sobre la guerra contra el terrorismo. Conferencia de prensa en la Casa Blanca, 17 de julio de 2003.



(194) Véase también Reino Unido: El gobierno debe actuar ya en favor de los detenidos de Guantánamo, del 11 de julio de 2003, disponible en:



http://web.amnesty.org/library/index/eslEUR450192003?Open&of=esl-GBR



(195) "Letters home from Guantánamo Bay", BBC News Online, 17 de julio de 2003.



(196) Baronesa Symons de Vernham Dean. Preguntas en la Cámara de los Lores sobre los ciudadanos británicos en la bahía de Guantánamo, 7 de julio de 2003.



(197) "There are many other Guantánamo prisoners", The Independent (Reino Unido), 21 de julio de 2003.



(198) "The World this Weekend", BBC Radio 4, 13 de julio de 2003.



(199) Según el Departamento de Defensa, el presidente Bush había "determinado que existe motivo para creer que cada uno de estos combatientes enemigos era miembro de Al Qaeda o estaba implicado de alguna otra manera en actos de terrorismo dirigidos contra Estados Unidos". El Pentágono no hizo pública inmediatamente la identidad de estos seis detenidos, manifestando que, puesto que "no se han presentado cargos contra ninguno de los detenidos, sus nombres no se difundirán". Sin embargo, las familias de tres detenidos de Guantánamo supieron por su gobierno que su familiar era uno de los seis: los tres detenidos en cuestión eran los ciudadanos británicos Moazzam Begg y Feroz Abbasi y el ciudadano australiano David Hicks. Amnistía Internacional ha recibido información que indica que, entre los otros detenidos, se encuentran al menos un yemení y un paquistaní. Una vez citados los detenidos, es responsabilidad de la "autoridad designadora", que en el momento de redactar este informe era el subsecretario de Defensa Paul Wolfowitz, decidir si aprueba los cargos presentados por los fiscales militares contra cualquiera de los seis detenidos y si nombra una comisión militar para juzgar a los acusados.



(200) En particular, los procedimientos hacían constar que en caso de incoherencia entre los procedimientos y la orden, "regirán las disposiciones de la orden en materia militar dictada por el presidente".



(201) Por ejemplo: atacar a civiles, atacar objetivos civiles, saquear, tomar rehenes, emplear armas biológicas o análogas, torturar, causar lesiones graves, violar, perpetrar actos terroristas, participar en labores de espionaje o ayudar al enemigo.



(202) Véase http://www.access.gpo.gov/su_docs/fedreg/a030701c.html



(203) Rueda de prensa sobre las comisiones militares, 22 de mayo de 2003.



(204) Como designados por el ejecutivo, no es posible garantizar la imparcialidad de los miembros de estas comisiones. Ninguno de ellos contará con la misma seguridad en su cargo que los jueces civiles. De hecho, cualquiera de ellos, incluido el presidente de la comisión, puede ser retirado por el secretario de Defensa "por una buena causa".



(205) Además, el artículo 102 mantiene que "[u]na sentencia sólo tendrá validez contra un prisionero de guerra cuando haya sido dictada por los mismos tribunales y siguiendo el mismo procedimiento que con respecto a las personas pertenecientes a las fuerzas armadas de la Potencia detenedora". El artículo 130 establece que el hecho de privar a un prisionero de guerra "de su derecho a ser juzgado legítima e imparcialmente según las prescripciones del presente Convenio" constituye una infracción grave del Convenio, es decir, un crimen de guerra. Por su parte, el artículo 75 del primer Protocolo Adicional, reconocido por Estados Unidos como reflejo del derecho internacional consuetudinario, establece: "No se impondrá condena ni se ejecutará pena alguna respecto de una persona declarada culpable de una infracción penal relacionada con el conflicto armado, sino en virtud de sentencia de un tribunal imparcial, constituido con arreglo a la ley y que respete los principios generalmente reconocidos para el procedimiento judicial ordinario". La orden en materia militar dictada por el presidente Bush el 13 de noviembre de 2001 establece expresamente que "no es practicable aplicar en las comisiones militares establecidas en virtud de esta orden los principios del derecho y las normas probatorias generalmente reconocidos en el juicio de causas penales en los tribunales federales de distrito de Estados Unidos".



(206) Véanse las páginas 35-37 del informe de Amnistía Internacional Memorándum al gobierno estadounidense sobre los derechos de las personas que están bajo la custodia de Estados Unidos en Afganistán y en Guantánamo, publicado en abril de 2002:



http://web.amnesty.org/library/index/eslAMR510532002?Open&of=esl-USA



(207) Debate del presidente Bush y el primer ministro Blair sobre la guerra contra el terrorismo. Conferencia de prensa en la Casa Blanca, 17 de julio de 2003.



(208) El Comité de Derechos Humanos concluyó que este derecho se había violado en Uruguay cuando se obligó a un acusado a aceptar a un abogado militar a pesar de que había un abogado civil dispuesto a representarlo. En virtud del Código Normalizado de Justicia Militar de Estados Unidos, si un soldado estadounidense que se enfrente a una corte marcial decide mantener un abogado civil, podrá prescindir de su abogado militar.



(209) "Guantanamo: Little hope for zealous advocacy", The Champion, julio de 2003.



(210) En virtud del sistema de justicia militar ordinario de Estados Unidos, los acusados tienen derecho a apelar ante la Corte de Apelaciones de las Fuerzas Armadas. Los cinco jueces que componen esta corte son civiles, nombrados para un periodo de 15 años. Además, las decisiones de este tribunal de apelación pueden ser recurridas ante la Corte Suprema de estados Unidos. En el caso de los prisioneros de guerra, el artículo 106 del Convenio III de Ginebra establece que "[t]odo prisionero de guerra tendrá derecho, en las mismas condiciones que los miembros de las fuerzas armadas de la Potencia detenedora, a recurrir en apelación, en casación o en revisión, por toda sentencia dictada contra él".



(211) El Comité de Derechos Humanos, en su interpretación autorizada del PIDCP, ha manifestado: "La no discriminación, junto con la igualdad ante la ley y la igual protección de la ley sin ninguna discriminación constituye un principio básico y general relativo a la protección de los derechos humanos".



r(212) El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria ha manifestado que "una de las causas más graves de detención arbitraria es la existencia de jurisdicciones de excepción, sean militares o no y se llamen como se llamen. Aunque el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos no prohíbe expresamente tales jurisdicciones, el Grupo de Trabajo constata, no obstante, la experiencia de que en su casi totalidad, esas jurisdicciones no respetan las garantías del derecho a un juicio justo previstas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el citado Pacto". El Comité de Derechos Humanos también ha declarado que la jurisdicción de los tribunales especiales debe estar estrictamente definida por la ley. Por ejemplo, en sus conclusiones finales sobre Irak en 1997, el Comité expresó su preocupación porque "además de la lista de delitos que son de la competencia de los tribunales especiales, el Ministerio del Interior y el Gabinete del Presidente de la República tienen poderes discrecionales para remitir cualquier otro caso a esos tribunales". Como ya se dijo antes, la orden en materia militar del presidente Bush proporciona una amplia jurisdicción militar sobre una gama potencialmente muy amplia de individuos, y es de duración indefinida. Es más, la amplia gama de delitos que, según ha establecido el Pentágono, quedarán bajo la jurisdicción de las comisiones militares no es exhaustiva, y se establece:: "Las comisiones establecidas en virtud del presente documento tendrán jurisdicción sobre las violaciones de las leyes de la guerra y todos los demás delitos susceptibles de ser juzgados por una comisión militar".



(213) El principio 5 de los Principios Básicos de las Naciones Unidas relativos a la Independencia de la Judicatura establece: "Toda persona tendrá derecho a ser juzgada por los tribunales de justicia ordinarios con arreglo a procedimientos legalmente establecidos. No se crearán tribunales que no apliquen normas procesales debidamente establecidas para sustituir la jurisdicción que corresponda normalmente a los tribunales ordinarios".



(214) Discurso de Peter Schieder, presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en la apertura del periodo parcial de sesiones de la Asamblea del verano de 2003. Estrasburgo, 23 de junio de 2003. La traducción de esta cita es de EDAI.



(215) Véase "The Texas clemency memos", de Alan Berlow. Atlantic Monthly, julio/agosto de 2003.



(216) Si desean algún ejemplo, consulten Estados Unidos de América. Arbitrarias, discriminatorias y crueles: 25 años de ejecuciones judiciales,



http://web.amnesty.org/library/index/eslAMR510032002?Open&of=esl-USA.



Como presidente, George W. Bush se negó a intervenir para detener la ejecución de Juan Raul Garza en el 2001 a pesar de que la Comisión de Derechos Humanos había concluido que el juicio de Garza había sido injusto y que su ejecución violaría las obligaciones internacionales contraídas por Estados Unidos.



(217) Asimismo, el artículo 75.7 establece que todas las personas acusadas de crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad "deberán ser sometidas a procedimiento y juzgadas de conformidad con las normas aplicables del derecho internacional".



(218) Observación General 6, 1982.



(219) Observación General 6, 1982.



(220) Observación General 29, del 31 de agosto de 2001.



(221) "Dissent on detention", Washington Post, 20 de julio de 2003.



(222) E/CN.4/2003/8, 16 de diciembre de 2002.



(223) Transcripción de las palabras del fiscal general John Ashcroft en relación con la transferencia de Abdullah Al Muhajir (nacido Jose Padilla) a la custodia del Departamento de Defensa como combatiente enemigo, 10 de junio de 2002.



(224) Hamdi contra Rumsfeld, Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito, 9 de julio de 2003. Denegación de una nueva vista ante el tribunal en pleno.



(225) Comunicado de prensa del Departamento de Defensa, 23 de junio de 2003.



(226) "‘Enemy combatants’cast into a constitutional hell", de Andrew P. Napolitano. Los Angeles Times, 27 de junio de 2003.






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