Document - USA: Memorandum to the US Government on the report of the UN Committee Against Torture and the question of closing Guantánamo


23 de junio de 2006Público


Amnistía Internacional


ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA:

Memorando al gobierno de Estados Unidos sobre el informe del Comité contra la Tortura de la ONU y la cuestión del cierre de Guantánamo



Estados Unidos debe defender la libertad y la justicia porque estos principios son justos y verdaderos

para todas las personas en todo el mundo. Estas demandas no negociables de la dignidad humana

se protegen más firmemente en democracia. El gobierno de Estados Unidos trabajará para extender

la dignidad humana con sus palabras y actos, abogando por la libertad y contra las violaciones

de los derechos humanos y empleando los recursos apropiados para promover estos ideales.


Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, marzo de 2006


Resumen


En las últimas semanas, algunos miembros del gobierno estadounidense han hecho públicos comentarios sobre varias cuestiones relacionadas con los derechos humanos, por ejemplo sobre las conclusiones y recomendaciones del Comité contra la Tortura de la ONU respecto al cumplimiento por Estados Unidos de sus obligaciones con arreglo a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Convención contra la Tortura) y sobre el futuro del campo de detención de Guantánamo.


Algunos de esos comentarios han sugerido la posibilidad de que se produzca un cambio positivo, otros dan a entender que sigue existiendo una resistencia a dicho cambio. En este memorando, Amnistía Internacional insta a las autoridades estadounidenses a vencer cualquier reticencia y garantizar que las políticas y acciones de Estados Unidos cumplen completamente las leyes y normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario.


El Comité contra la Tortura elogió a Estados Unidos por responder a sus preguntas por escrito y oralmente y le agradeció que hubiese enviado una numerosa representación de alto nivel al período de sesiones que tuvo lugar en Ginebra a principios de mayo de 2006. El Comité también reiteró su condena a los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos y reconoció que el gobierno estadounidense "está comprometido con la protección de su seguridad y la seguridad y libertad de sus ciudadanos dentro de un complejo contexto legal y político".(1) Sin embargo, el Comité se mostró muy crítico con el historial de tortura y malos tratos de Estados Unidos, tanto en el interior del país como en el exterior. En el contexto de las detenciones llevadas a cabo por Estados Unidos relacionadas con la "guerra contra el terror", el Comité recordó al gobierno estadounidense que las "desapariciones", las detenciones secretas y las detenciones de duración indefinida sin cargos violan, per se, la Convención contra la Tortura. El Comité solicitó una relación completa de todos los detenidos bajo custodia de Estados Unidos, dondequiera que se encuentren, y el cierre el campo de detención de Guantánamo. Las muertes recientes de tres de los detenidos en el campo, aparentemente por suicidio, subrayan la necesidad urgente de cerrar permanentemente este centro de detención y de que los detenidos sean llevados ante la justicia en procesos justos o queden en libertad con garantías de plena protección.


El Comité contra la Tortura instó a Estados Unidos a "investigar con prontitud, exhaustiva e imparcialmente la responsabilidad de altos cargos militares y civiles por cualquier tipo de autorización, permiso o consentimiento dado a actos de tortura cometidos por sus subordinados". El Comité se mostró claramente preocupado por el hecho de que Estados Unidos no hubiera procesado a ninguna persona con arreglo a la Ley Federal contra la Tortura en el ámbito extraterritorial y por la indulgencia mostrada con los soldados procesados con arreglo al Código Normalizado de Justicia Militar.


Amnistía Internacional mantiene su llamamiento para que se cree una comisión de investigación completamente independiente que estudie todos los aspectos de las políticas y prácticas de detención e interrogatorio de Estados Unidos en el contexto de la "guerra contra el terror"; las "entregas extraordinarias" deben ser incluidas en esa investigación. En este memorando, la organización presta especial atención a las actividades de la Agencia Central de Información (CIA) en el marco de la "guerra contra el terror", que permanecen envueltas en un halo de secreto por el que el Comité contra la Tortura mostró su preocupación. A este respecto, el Comité instó a Estados Unidos a "investigar y revelar la existencia de todos los centros [de detención secreta] y la autoridad bajo la cual fueron establecidos, así como la manera en que se trata a los detenidos. [Estados Unidos] debe condenar públicamente toda política de detención secreta".


Amnistía Internacional también describe en profundidad el caso de Mohamed al-Qahtani, detenido en Guantánamo desde hace más de cuatro años. El caso de Mohamed al-Qahtani ilustra la ausencia de mecanismos para rendir cuentas por las violaciones cometidas por Estados Unidos en la "guerra contra el terror", el rechazo de Estados Unidos a aplicar las normas de derecho internacional en el trato de los detenidos y la forma en que personal médico ha participado en actos de tortura y malos tratos. Mohamed al-Qahtani sufrió tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que incluyeron técnicas de interrogatorio autorizadas por el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld. Amnistía Internacional considera que el secretario Rumsfeld debe rendir cuentas, pero ninguna investigación ha tenido la independencia o el alcance necesarios para abarcar acciones a tan alto nivel. En este memorando, Amnistía Internacional también llama la atención sobre el caso de otro detenido de "gran valor" que, al parecer, sufrió tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes en Guantánamo. Documentos hechos públicos recientemente sugieren que este detenido podría ser Mohamedou Ould Slahi, objeto de una "entrega extraordinaria" de Mauritania a Guantánamo a través de Jordania y Afganistán, cuya presunta tortura y malos tratos en Guantánamo tuvieron lugar durante el período de más de un año en que Estados Unidos denegó el acceso del Comité Internacional de la Cruz Roja a este detenido, alegando razones de "necesidad militar".


Al solicitar el cierre de Guantánamo, el Comité contra la Tortura se une a un gran número de expertos e instituciones internacionales de derechos humanos y gobiernos que han hecho el mismo llamamiento. El presidente George W. Bush ha respondido a esta creciente presión internacional declarando que está a favor del cierre del campo, pero aún no ha indicado cuando tendrá lugar este cierre. Otras autoridades han apuntado también la posibilidad del cierre del centro, pero han expresado sus dudas sobre la manera de llevarlo a cabo. Por ello, Amnistía Internacional incluye en este memorando el apartado "Un marco para cerrar Guantánamo", que describe cómo Estados Unidos debería realizar esta tarea respetando las leyes y normas del derecho internacional y sin trasladar esta situación de ausencia de garantías legales a otro lugar.


La respuesta inicial de la administración estadounidense al informe del Comité contra la Tortura fue negativa. La administración repitió el rechazo que expresó ante un informe reciente de un comité de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre las "entregas extraordinarias". Esta reacción es similar a anteriores rechazos de Estados Unidos a las críticas recibidas de expertos internacionales en derechos humanos. Sin embargo, según el Departamento de Estado, la promoción de los derechos humanos es uno de los objetivos fundamentales de la política exterior de Estados Unidos; según este departamento, el respeto por los derechos humanos "ayuda a garantizar la paz, disuadir de la agresión, promover el Estado de derecho, combatir el crimen y la corrupción, reforzar las democracias y prevenir crisis humanitarias". La administración, que prometió dar máxima prioridad a las "demandas no negociables de la dignidad humana" en su "guerra contra el terror", no ha cumplido su palabra.


Entre las recomendaciones de la Comisión Nacional sobre Ataques Terroristas a Estados Unidos (informe de la Comisión 11/9) se encontraba que Estados Unidos debía, en el futuro, "dar ejemplo de liderazgo moral en el mundo [...] comprometerse a tratar a las personas humanamente" y "respetar el Estado de derecho". Amnistía Internacional también recuerda la declaración del presidente George W. Bush del 26 de junio de 2005 en ocasión del Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, en la que afirmó: "[Estados Unidos] está comprometido con la construcción de un mundo donde los derechos humanos sean respetados y protegidos por el Estado de derecho". Amnistía Internacional señala además que la Estrategia Nacional de Estados Unidos para Combatir el Terrorismo (febrero de 2003) concluyó específicamente que un mundo donde tales valores de derechos humanos "sean adoptados como la norma, no la excepción, será el mejor antídoto contra la expansión del terrorismo".


Amnistía internacional sostiene que el cierre de Guantánamo, la completa transparencia y respeto del derecho internacional en el caso de todas las demás detenciones y la plena aplicación de las recomendaciones del Comité contra la Tortura contribuirán sin duda a alcanzar ese objetivo.


La aplicación de las recomendaciones del Comité contra la Tortura


Estados Unidos sigue comprometido a apoyar la misión histórica de las Naciones Unidas

de promover y proteger los derechos humanos de todos los ciudadanos del planeta.


Secretaria de Estado de Estados Unidos, Condoleezza Rice, 14 de abril de 2006(2)


A principios de mayo de 2006, el Comité contra la Tortura examinó el segundo informe periódico de Estados Unidos. Amnistía Internacional asistió al período de sesiones junto a otras organizaciones no gubernamentales y proporcionó información al Comité.(3) El Comité hizo públicas sus conclusiones y recomendaciones sobre Estados Unidos el 19 de mayo.(4)


En su declaración inicial en nombre de la delegación estadounidense, efectuada el 5 de mayo en Ginebra, Barry F. Lowenkron, subsecretario de Estado para la Democracia, los Derechos Humanos y el Trabajo, hizo algunos positivos comentarios. En efecto, Lowenkron afirmó que Estados Unidos está comprometido a respetar sus obligaciones nacionales e internacionales para eliminar la tortura y prevenir los tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes y que esta obligación era tanto legal como moral. Además, agradeció las contribuciones de las organizaciones no gubernamentales, entre otros, y aseguró: "A pesar de que sus críticas se dirijan contra nuestro gobierno, comprendemos y apreciamos que sean hechas en nombre de un objetivo que todos compartimos: acabar con la tortura para siempre". Amnistía Internacional espera que este memorando sea acogido con ese espíritu. La organización no critica por el mero hecho de criticar, nuestro objetivo es contribuir a que se produzcan cambios positivos en la manera en que Estados Unidos afronta la cuestión de los detenidos y presos bajo su custodia. Amnistía Internacional está convencida de que ése es también el objetivo del Comité.


Las conclusiones del Comité en relación con Estados Unidos hacen referencia a cuestiones de naturaleza sistémica en las políticas y prácticas de detención en el contexto de la "guerra contra el terror". Teniendo esto en cuenta, Amnistía Internacional insta a la administración estadounidense a reconsiderar su respuesta ante las muestras de tortura y malos tratos inflingidos por personal estadounidense en el contexto de la "guerra contra el terror". Desde que aparecieron las fotografías de Abu Ghraib, esta cuestión ha sido constantemente descrita por la administración como un problema concentrado en unos cuantos soldados de comportamiento anómalo y no como una práctica ampliamente generalizada o consolidada. En esta línea, John Bellinger, asesor legal del Departamento de Estado, que encabezó la delegación estadounidense ante el Comité contra la Tortura, instó al Comité a considerar el problema como una cuestión circunscrita a "un número relativamente pequeño de casos donde efectivamente ha existido abuso y maldad" y no algo "sistémico". Manifiestamente, este llamamiento no convenció al Comité, teniendo en cuenta los datos que sugieren lo contrario.


A pesar de las medidas de investigación y prevención que Estados Unidos puso en práctica a raíz de las revelaciones sobre Abu Ghraib en 2004, Amnistía Internacional considera que no son adecuadas para proteger a los detenidos, asegurar la transparencia sobre las políticas y las prácticas y garantizar la rendición de cuentas por los abusos cometidos en el pasado y el respeto absoluto de las normas y leyes del derecho internacional. Por este motivo, la organización insta a la administración a considerar seriamente el informe del Comité contra la Tortura y llevar a la práctica todas sus recomendaciones, tanto sobre cuestiones internas como sobre las preocupaciones expresadas sobre la conducta de Estados Unidos en el contexto de la "guerra contra el terror". Por lo que respecta a las cuestiones internas, Amnistía Internacional lamenta que el Comité hubiera tenido que repetir una serie de preocupaciones y recomendaciones que ya había expresado al examinar el informe inicial de Estados Unidos en mayo de 2000: el uso de armas de electrochoque, las condiciones que sufren los presos en prisiones de súper máxima seguridad, la reclusión de menores junto a adultos, el trato a las mujeres detenidas y el incumplimiento de la obligación de tipificar la tortura como delito federal, entre otros puntos. Amnistía Internacional insta a la administración estadounidense a utilizar todo su poder e influencia para lograr cambios sustantivos en relación con esos puntos, sea a nivel federal o estatal. Aunque la organización acoge positivamente la indicación por parte de John Bellinger de que Estados Unidos va a volver a informar en menos de un año sobre algunos asuntos específicos, como pidió el Comité contra la Tortura, la organización señala el comentario de John Bellinger de que Estados Unidos considera que ya está cumpliendo sus obligaciones a pesar de las conclusiones del Comité.(5)


En una conferencia de prensa celebrada el 19 de mayo, tras hacerse públicas las conclusiones del Comité, John Bellinger dijo que el momento de presentarse ante el Comité contra la tortura no había sido "especialmente propicio" para Estados Unidos tras "las secuelas de Abu Ghraib".(6) Más tarde, el 25 de mayo, el presidente George W. Bush sugirió que Estados Unidos llevaba pagando mucho tiempo el "error" que supusieron los abusos cometidos por el personal estadounidense en Abu Ghraib. Aunque es cierto que la tortura y otros tratos crueles inhumanos o degradantes que sufrieron los detenidos de Abu Ghraib han dañado seriamente la imagen y credibilidad de Estados Unidos, la Amnistía Internacional insta al presidente y a los miembros de su administración a que consideren la situación en su totalidad, porque, como dejan claro las conclusiones del Comité contra la Tortura, sigue existiendo una política de abusos. Las detenciones secretas en lugares no revelados y las detenciones indefinidas en Guantánamo, Afganistán e Irak son, en sí mismas, violaciones de derechos humanos. Estas políticas continúan causando sufrimiento a los detenidos, sus familias y sus comunidades, violando el derecho internacional y erosionando aún más la reputación y la credibilidad de Estados Unidos en materia de derechos humanos.


El Comité contra la Tortura lamentó especialmente la posición de Estados Unidos de considerar que las "desapariciones" no constituyen una forma de tortura. El Comité dejó especialmente claro que considera que las políticas o prácticas de detención secreta, "desaparición" y detención indefinida sin cargos – en las que Estados Unidos está implicado en el marco de la "guerra contra el terror" – constituyen, per se, violaciones de la Convención contra la Tortura. Amnistía Internacional está completamente de acuerdo con estas conclusiones.


Por lo que respecta a la cuestión de las "desapariciones", Amnistía Internacional solicita que se revele completamente esta práctica y que se haga pública también la autorización dada por el secretario Rumsfeld para mantener en detención al llamado "detenido fantasma" (detenido "triple X") en Irak en 2003. Amnistía Internacional lamenta que, en septiembre de 2005, un juez federal aceptara la negativa de la CIA a hacer públicos documentos relacionados con la orden del secretario Rumsfeld que satisfacía la solicitud de la CIA para que se le diese autoridad para no tener que incluir al detenido en ningún registro.(7) Entretanto, no se han llevado a cabo las investigaciones suplementarias sobre la cuestión de los "detenidos fantasmas" que el general Paul Kern, supervisor de la investigación Fay, había reconocido como necesarias.(8) Amnistía Internacional le recuerda a Estados Unidos que las "desapariciones" son una violación del derecho internacional y reitera el llamamiento del Comité a Estados Unidos para que adopte "todas las medidas necesarias para prohibir y prevenir actos de desaparición en todo territorio bajo su jurisdicción y procesar y condenar a los autores".


El Comité contra la Tortura enfatizó que la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes es de aplicación en todo momento, ya sea en situación de paz, guerra o conflicto armado, y que sus disposiciones son aplicables y deben proteger completamente a todas las personas que se encuentran bajo el control real de las autoridades de Estados Unidos, independientemente de la agencia o departamento involucrado o del lugar del mundo donde se encuentren. El Comité rechazó la afirmación de Estados Unidos de que la protección que garantiza la Convención, que incluye la garantía de no devolución(non-refoulement), no cubre a personas detenidas por Estados Unidos fuera del territorio estadounidense. El Comité declaró que Estados Unidos "debe aplicar la garantía de no devolución a todos los detenidos bajo su custodia" para cumplir con sus obligaciones en virtud de la Convención y añadió que Estados Unidos debía "garantizar en todos los casos que las personas detenidas como sospechosas tengan la posibilidad de recurrir contra las decisiones de devolución". El Comité expresó su preocupación por las "‘entregas extraordinarias’ [realizadas por Estados Unidos] de personas detenidas como sospechosas, sin mediar ningún procedimiento judicial, a Estados donde corren un peligro real de ser torturadas". El Comité afirmó que esta práctica debe terminar.


En un borrador de informe hecho público el 7 de junio, el Comité de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa unía su voz al concluir que Estados Unidos, Estado Observador del Consejo de Europa, ha sido el "arquitecto jefe" de un sistema "reprensible" de "entregas extraordinarias" secretas y detenciones. (9) Amnistía Internacional lamenta la reacción inicial de la administración estadounidense ante el informe: por ejemplo, el portavoz de la Casa Blanca respondió que las "entregas extraordinarias" van "sin duda a seguir siendo utilizadas en el futuro, estoy seguro de ello".(10) Esta respuesta es similar a la reacción negativa de Estados Unidos ante las conclusiones del Comité contra la Tortura del 19 de mayo, cuando la administración aseveró que el Comité se había extralimitado en su mandato con las críticas que había hecho a Estados Unidos. Estas reacciones, expresadas en los mismos términos que el rechazo previo de la administración a las preocupaciones y recomendaciones de otros órganos y expertos internacionales, entre los que se encuentran varios relatores especiales de la ONU(11) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, describen a una administración "[que] no se considera en la obligación de satisfacer la interpretación del derecho internacional de nadie que no sea ella misma".(12) Amnistía Internacional hace un llamamiento para que este enfoque cambie y señala que estas interpretaciones unilaterales conllevan un coste humano y ponen en peligro todo un sistema de derecho internacional de derechos humanos y de derecho internacional humanitario que ha tardado muchas décadas en construirse.


El portavoz del Departamento de Estado, Sean McCormack, dijo que la administración "está verdaderamente decepcionada con el tono y el contenido" del informe del Consejo de Europa, aunque reconoció que los responsables no habían tenido aún "la oportunidad de leerlo en detalle".(13) Amnistía Internacional insta a la administración a que, una vez que haya leído el informe, tome seriamente en consideración las preocupaciones sobre derechos humanos fundamentales contenidas en el mismo.


En referencia al informe, Sean McCormack sugirió: "Parece que se hacen muchas acusaciones que no se sustentan en hechos reales". Sin embargo, en otros casos, el Departamento de Estado no tiene inconveniente en dar crédito a las acusaciones de violaciones cometidas en "entregas extraordinarias" cuando menciona tales situaciones en sus informes anuales sobre la situación de los derechos humanos en otros países, aunque sin mencionar que Estados Unidos es el principal protagonista de los abusos que han tenido lugar. En su último informe de derechos humanos, por ejemplo, Estados Unidos señalaba que el Comité contra la Tortura había concluido que Suecia había violado la Convención contra la Tortura en el caso de dos personas de nacionalidad egipcia que habían sido entregadas a agentes estadounidenses, quienes las transportaron en avión a Egipto donde, al parecer, fueron torturadas. El Departamento de Estado señaló que una investigación del defensor del pueblo del Parlamento sueco concluyó que la policía había "actuado incorrectamente al permitir que las autoridades de otro país se hicieran cargo de ciudadanos egipcios cuando aún se encontraban dentro del país". El Departamento de Estado omitió que Estados Unidos era ese otro país.(14) Éste no es el primer caso en que el departamento no ha nombrado a Estados Unidos como partícipe en los casos de "entregas extraordinarias" que ha mencionado en sus informes de derechos humanos.(15)

De cualquier modo, existen sólidos indicios de actividades contrarias al derecho internacional relacionadas con la práctica de las "entregas extraordinarias", a pesar de los esfuerzos de la administración estadounidense por mantener esta práctica envuelta en el secreto. Por ejemplo, hace casi dos años que Amnistía Internacional escribió a la CIA y a la administración estadounidense acerca de las acusaciones detalladas de que Khaled El-Masri había sido objeto de una "entrega extraordinaria" de la CIA de Macedonia a Afganistán, donde, al parecer, había sufrido malos tratos en detención secreta.(16) La organización no recibió ninguna respuesta. En mayo de 2004, Khaled El-Masri recuperó la libertad si haber sido nunca formalmente acusado ni llevado ante ningún tribunal. Al parecer, lo dejaron en libertad por orden personal de la secretaria de Estado de Estados Unidos, Condoleezza Rice, aparentemente al enterarse de que había sido identificado por error como sospechoso de "terrorismo".(17) Dos años más tarde, la administración estadounidense hace valer su "privilegio de secretos de Estado" con el fin de evitar que se haga la luz, desde el punto de vista jurídico, en el caso de Khaled El-Masri. A pesar de que la administración ha logrado acaparar hasta la fecha un poder ejecutivo absoluto en este asunto, es importante recordar que un juez de distrito de Estados Unidos concluyó respecto a este caso en mayo de 2006:


"Dejando a un lado las consideraciones jurídicas, si las acusaciones de El-Masri son ciertas, en su totalidad o en lo fundamental, cualquier persona justa, incluso quienes creen que los secretos de Estado deben ser protegidos, que este juicio no debe proseguir y que las ‘entregas extraordinarias’ son un paso necesario en esta guerra, debe también estar de acuerdo en que El-Masri ha sufrido daños como resultado de un error cometido por este país y tiene derecho a una reparación. Sin embargo, está claro a la luz de las conclusiones obtenidas aquí que las únicas fuentes de esa reparación deben ser los poderes ejecutivo y legislativo, no el judicial."(18)


Amnistía Internacional repite la afirmación del 5 de mayo del subsecretario de Estado Lowenkron ante el Comité contra la Tortura de que Estados Unidos considera que sus obligaciones internacionales para acabar con la tortura y los otros tratos crueles, inhumanos o degradantes son una cuestión tanto legal como moral. Su negativa a proporcionar información o soluciones en casos como el de Khaled El-Masri contradice esa afirmación.



Cuando se esconden las violaciones bajo la política del "sin comentarios"


[Estados Unidos] debe investigar y revelar la existencia de todos los centros [de detención secreta] y la autoridad bajo la cual fueron establecidos, así como la manera en que se trata a los detenidos. [Estados Unidos] debe condenar públicamente toda política de detención secreta.


Comité contra la Tortura, 19 de mayo de 2006


El Comité contra la Tortura señaló: "Las actividades de inteligencia, independientemente de su autor, de su naturaleza o del lugar donde se llevan a cabo, son actos del Estado Parte y comprometen enteramente la responsabilidad internacional de éste". A Amnistía Internacional le preocupa el hecho de que las actividades pasadas y presentes de la CIA en el contexto de la "guerra contra el terror" siguen siendo en su inmensa mayoría secretas. Como la organización ha indicado, documentos que han acabado siendo de dominio público o de los que se ha informado en los medios señalan a un posible intento por parte del ejecutivo de inmunizar a la CIA contra acusaciones de tortura y crímenes de guerra; una presunta conspiración que podría llevar hasta el mismo despacho del presidente.(19) El pleito entablado en una corte federal en virtud de la Ley sobre Libertad de Acceso a la Información no ha logrado esclarecer esta situación; en estos momentos, por ejemplo, la CIA argumenta que no se la debe obligar a confirmar o negar la existencia de dos documentos de los que se tienen informes y que son "una presunta directiva presidencial autorizando a la CIA a establecer centros de detención fuera de Estados Unidos y que resume los métodos de interrogatorio que pueden ser utilizados contra los detenidos" y "un presunto memorando del Departamento de Justicia a la CIA donde se especifican los métodos de interrogatorio que la CIA puede utilizar contra miembros destacados de Al Qaeda".(20) La CIA argumenta que admitir la existencia o no de esos documentos revelaría si la agencia tiene o no autoridad para mantener centros de detención fuera de Estados Unidos o para realizar interrogatorios "independientemente", o si tiene interés en que se le dé esa autoridad. Tal revelación, según la agencia, podría muy posiblemente causar un grave daño a la seguridad nacional de Estados Unidos.


Por supuesto, hay una gran cantidad de información que ya es de dominio público y que denuncia casos de personas que, en el contexto de la "guerra contra el terror", han sido detenidas bajo la custodia de la CIA, interrogadas bajo la custodia de la CIA, "desaparecidas" bajo la custodia de la CIA, trasladadas secretamente de un país a otro bajo la custodia de la CIA, torturadas o maltratadas bajo la custodia de la CIA, e incluso que han muerto bajo la custodia de la CIA (así como casos de individuos aparentemente ejecutados extrajudicialmente con aviones Predator de la CIA dirigidos por control remoto). (21) Con excepción de un contratista de la CIA, acusado en 2004 de agredir a un detenido afgano que murió en una base estadounidense en junio de 2003, Amnistía Internacional no tiene conocimiento de que ningún otro agente de la CIA haya sido acusado de ningún delito relacionado con tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, detención secreta, traslado ilegal o "desaparición".(22)


Defendiendo la necesidad del secreto, la CIA ha declarado: "[la CIA] ha admitido que tiene la capacidad de apoyar a otras agencias en la captura, detención e interrogatorio de terroristas. Sin embargo, la CIA nunca ha confirmado o negado que se le haya ampliado la autoridad para hacerlo de manera independiente." No obstante, otras autoridades han reconocido que la CIA ha operado de manera independiente, lo que sugiere que estaba autorizada para ello.


Por ejemplo, en agosto de 2004, el Grupo Schlesinger, encargado de revisar la política de detenciones del Pentágono concluyó: "El personal de la CIA llevó a cabo interrogatorios en centros de detención [del Departamento de Defensa]. En algunos centros, esos interrogatorios eran realizados junto a personal militar, pero en Abu Ghraib se le permitió a la CIA realizar sus interrogatorios separadamente". (23) El Grupo Schlesinger reveló que no se le había dado "pleno acceso a la información referente al papel de la Agencia Central de Inteligencia en las operaciones de detención; ésta es un área que, al parecer de la comisión, necesita investigación y revisión adicionales". El presidente del grupo, John Schlesinger, admitió en la rueda de prensa del 24 de agosto de 2004, donde se hizo público el informe, que sus investigadores habían tenido solamente "acceso parcial a la CIA [...] No compartieron [la información] con nosotros".


Al día siguiente se hizo público el informe Fay sobre Abu Ghraib. El informe criticaba especialmente a la CIA, señalando: "Las prácticas de detención e interrogatorio [de la CIA] llevaron a la ausencia de rendición de cuentas, a abusos, a una reducción de la cooperación entre las agencias y a la creación de un halo de misterio insano que envenenó aún más la atmósfera de Abu Ghraib". (24) El informe descubrió que la CIA había mantenido a varios "detenidos fantasmas", al menos uno de los cuales –Manadel al-Jamadi– murió bajo custodia; descubrió que personal de la CIA había utilizado alias y detenido a personas usando nombres falsos; descubrió asimismo que los agentes de la CIA habían operado generalmente fuera de las normas y procedimientos del ejército. El general Fay declaró ante el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado que la CIA se negó a proporcionar la información que había solicitado para su investigación.(25)


Un informe confidencial obtenido por el Washington Post revelaba que a los generales del ejército estadounidense en Irak se les había advertido, un mes antes de que las fotografías de Abu Ghraib fueran entregadas a las autoridades, que agentes de la CIA que trabajaban en las unidades de las Fuerzas Especiales (agrupadas en la Task Force 121) estaban cometiendo abusos contra detenidos en todo Irak. El informe decía: "Parece evidente que se debe controlar la Task Force 121en el trato que da a los detenidos". La investigación del coronel Stuart A. Herrington también informaba de la detención frecuente de "detenidos fantasmas" por agentes de la CIA.(26) El informe Herrington aún no ha sido hecho público.


En una entrevista filtrada de 2005, el teniente general Randall Schmidt señalaba: "La CIA también tenía acceso sin restricciones a [los detenidos de Guantánamo] que quería y tenía su propio área de trabajo. No usaban nuestras instalaciones para los interrogatorios porque realizaban sus operaciones en su propio camión".(27)


Amnistía Internacional lamenta que, hasta el momento, la CIA haya conseguido persuadir a los tribunales de que no la obliguen ni tan siquiera a revelar la existencia o no de los documentos en cuestión. En septiembre de 2005, una corte federal de primera instancia señaló el peligro de tal secretismo, en especial porque fomenta "una tendencia desafortunada que tienen los funcionarios del gobierno a excederse en la clasificación de la información como secreta, manteniendo a menudo en secreto lo que ya es de dominio público o métodos y fuentes de inteligencia que resultan más embarazosos que reveladores". El juez sugirió:


Los historiadores evaluarán y los legisladores debatirán lo acertado de valorar tanto el secreto. La práctica de utilizar el secreto para fragmentar el conocimiento de quienes obviamente necesitan conocer, hace que sea difícil pedirle responsabilidades a los que llevan a cabo las acciones y pone en peligro la base de una sociedad democrática libre y abierta.(28)


Por lo que respecta a los aspectos específicos de los documentos objeto de disputa en el caso en cuestión, el juez reconoció que la discusión en los medios sobre los documentos planteaba la preocupación de que la posición de la CIA de ni confirmar ni negar la existencia de los documentos y mucho menos su contenido, tenía por objeto "no tanto proteger las actividades, fuentes o métodos de inteligencia, sino esconder posibles violaciones de la ley en el trato a los detenidos o la ineficiencia o vergüenza de la CIA." Sin embargo, el juez dijo que tenía "escaso margen para llevar a cabo una evaluación jurídica en este área" y aceptó la posición de la CIA. El caso está siendo estudiado en estos momentos por la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito. Amnistía Internacional insta al gobierno a abandonar su negativa a revelar si los documentos existen o no y, si existen, a hacerlos públicos.

Al igual que el Comité contra la Tortura, Amnistía Internacional considera que la política de Estados Unidos del "sin comentarios" sobre la existencia de centros de detención secreta es inaceptable. Esta política también contradice rotundamente el compromiso expresado por la administración estadounidense de ofrecer "transparencia sobre nuestras políticas y prácticas", como prometió el subsecretario de Estado Lowenkron en su declaración ante el Comité el 5 de mayo. Amnistía Internacional recuerda la declaración del presidente Bush: "[Países] tristemente célebres por los abusos contra los derechos humanos, entre los que se encuentran Myanmar, Cuba, Corea del Norte, Irán y Zimbabue, han intentado ocultar sus abusos a los ojos del mundo durante largo tiempo inventando complicados engaños y negando el acceso a los observadores internacionales de derechos humanos".(29) La organización también recuerda la reciente declaración del presidente Bush: "Allí donde se denuncien [abusos] investigaremos [...]La nuestra es una sociedad transparente donde la gente verá y seguirá esas investigaciones y las personas rendirán cuentas de acuerdo con nuestras leyes".(30)


Investigaciones, protección y definiciones inadecuadas


[Estados Unidos debe] investigar con prontitud, exhaustiva e imparcialmente la responsabilidad de altos cargos militares y civiles por cualquier tipo de autorización, permiso o consentimiento dado a actos de tortura cometidos por sus subordinados.


Comité contra la Tortura, 19 de mayo de 2006.


Las investigaciones llevadas a cabo por las autoridades estadounidenses hasta la fecha no han sido independientes y no han tenido el alcance necesario para llegar a las más altas esferas del gobierno. Por lo general, esas investigaciones no han criticado las técnicas de interrogatorio ni las condiciones de detención que han violado las leyes y normas del derecho internacional. No hay un solo agente estadounidense contra el que existieran pruebas verosímiles de haber cometido abusos en el contexto de la "guerra contra el terror" que haya sido acusado de tortura o crímenes de guerra en aplicación de la Ley sobre Crímenes de Guerra (18 U.S.C. § 2441) o la Ley Federal contra la Tortura (18 U.S.C. § 2340), ambas estadounidenses. La tortura y los tratos inhumanos, la toma de rehenes, el traslado ilegal de detenidos y la detención ilegal son crímenes de guerra, además de violaciones del derecho internacional de los derechos humanos. Existen indicios de que todos estos actos han sido cometidos por las fuerzas estadounidenses en el contexto de la "guerra contra el terror".(31) El Comité contra la Tortura lamentó la escasez de procesamientos por esos actos y expresó su preocupación por que en los que se han llevado a cabo en aplicación del Código Normalizado de Justicia Militar las sentencias han sido poco severas. El Comité hizo un llamamiento a Estados Unidos "[para que] investigue, procese y sancione a los autores en aplicación de la Ley Federal contra la Tortura en el ámbito extraterritorial".


Amnistía Internacional recuerda un memorando de 25 de enero de 2002 preparado por el entonces asesor de la Casa Blanca y ahora fiscal general, Alberto Gonzales para el presidente Bush. El memorando aconsejaba al presidente que mantuviera su decisión de no aplicar la protección que garantizan los Convenios de Ginebra en el caso de los detenidos talibanes y de Al Qaeda. Una de las razones que daba para ello era que así se podría "reducir sustancialmente la amenaza de procesos penales internos en virtud de la Ley sobre Crímenes de Guerra". Otros memorandos, entre los que se encuentra el que sirvió de base para la aprobación el 2 de diciembre de 2002 por parte del secretario Rumsfeld de técnicas de interrogatorio utilizadas en Guantánamo (véase más adelante), sostenían que, aunque la tortura (definida de manera limitada) pudiera ser ilegal (si bien sugerían que el presidente podría anular la prohibición),(32) había una amplia gama de tratos crueles, inhumanos o degradantes que aún podían emplearse. (33) En un memorando de 2004 que se hizo público en 2006, Alberto J. Mora, asesor general de la Armada, recordaba lo siguiente, de finales de 2002: "El informe jurídico Beaver(34) [...] concluyó, en resumen, que la tortura estaba prohibida, pero que era posible infligir tratos crueles, inhumanos o degradantes a los detenidos de Guantánamo casi con total impunidad ya que, al menos en ese lugar, no existía ninguna ley que prohibiese tales actos, ni tampoco ningún tribunal con jurisdicción para estudiar denuncias de tales acciones y cualquier funcionario de los Estados Unidos acusado de comportamiento ilegal podía encontrar varios argumentos que le protegerían, por ejemplo, motivo justificado o necesidad." (35)


Amnistía Internacional lamenta que la Ley sobre el Trato a los Detenidos, aprobada por el Congreso en diciembre de 2005, haya agravado el problema. El artículo 1005 de la ley, también conocido como enmienda Graham-Levin, recorta el derecho que tienen los detenidos de Guantánamo al recurso de hábeas corpus ante los tribunales federales y les impide recurrir a esos tribunales para que estudien el trato que reciben o las condiciones de detención. Evidentemente, resulta improcedente dejar que sean el ejército y el ejecutivo, las mismas autoridades que han autorizado y consentido deliberadamente condiciones detención y técnicas de interrogatorio ilegales, quienes se encarguen del estudio de los casos de esos detenidos.


Amnistía Internacional quiere recalcar que una cuestión general de gran importancia, especialmente en el contexto de la "guerra contra el terror", es que la administración estadounidense se asegure de que cuando los funcionarios hablan del compromiso de Estados Unidos por un trato humano, lo que quieran decir con ello al menos esté de acuerdo con las leyes y normas del derecho internacional. Claramente, éste no ha sido el caso hasta la fecha; funcionarios estadounidenses han autorizado y consentido técnicas de interrogatorio y condiciones de detención que violan las normas internacionales al mismo tiempo que afirmaban comprometerse a tratar a los detenidos humanamente.


Parte del problema viene de la decisión del presidente Bush de no aplicar la protección que garantizan los Convenios de Ginebra en el caso de los detenidos en el contexto de la "guerra contra el terror". Por ejemplo, el teniente general del ejército estadounidense Randall Marc Schmidt reconoció en una sesión del Senado en julio de 2005: "De acuerdo con el Convenio de Ginebra, la humillación sexual no sería apropiada", pero dijo que los "combatientes enemigos" capturados en el contexto del conflicto de Afganistán y trasladados a Guantánamo no estaban protegidos por los Convenios de Ginebra en virtud de esta decisión presidencial.(36) Las técnicas de interrogatorio que incluyen humillación sexual eran una de las categorías que el Comité contra la Tortura instó a Estados Unidos a abandonar.


En agosto de 2005, el teniente general Schmidt dijo a los investigadores: "El presidente dijo que no tienen derecho [a la protección que garantizan los Convenios de Ginebra], pero que se los tratará humanamente y se les proporcionará cobijo, seguridad, comida, agua y atención médica [...] Por lo tanto, éstos se convirtieron en una especie de criterios mínimos de lo que se consideraba ‘trato humano’. Y no hay ninguna definición de ‘trato humano’ [...] existe y nadie sabe qué es, pero hay una idea general aunque difusa de lo que significa". (37)


El Comité contra la Tortura señalð3: "Reglas y técnicas de interrogatorio confusas y definidas en términos imprecisos y generales [...] han llevado a la comisión de serios abusos contra los detenidos". Amnistía Internacional también señala especialmente el hecho de que el Comité, como ya hizo en ocasión del informe inicial de Estados Unidos presentado en 2000, haya instado a Estados Unidos a retirar las reservas, declaraciones e interpretaciones que formuló al ratificar la Convención contra la Tortura. A este respecto, el Comité instó a Estados Unidos "a garantizar que los actos de tortura psicológica, prohibidos por la Convención, no se limiten al ‘daño mental prolongado’, como los definen las interpretaciones formuladas por Estados Unidos al ratificar la Convención, sino que describan una categoría más amplia de actos, los que causan dolor o sufrimiento agudos, independientemente de su duración o de si son o no prolongados".


El Senado y el ejecutivo de Estados Unidos deben reconocer el riesgo inherente de supeditar una ratificación a condiciones de ese tipo, como se puso de manifiesto cuando esta condicionalidad fue evocada en algunos de los memorandos que se hicieron públicos al desvelarse los casos de tortura de Abu Ghraib. El informe jurídico Beaver, mencionado anteriormente, por ejemplo, señalaba que Estados Unidos había ratificado tanto la Convención contra la Tortura como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos con una reserva a los artículos 16 y 7 respectivamente: que la prohibición de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes sólo significaría lo que significa en virtud de las leyes estadounidenses.(38) A esto hay que añadir la negativa de Estados Unidos a aplicar los tratados de derechos humanos extraterritorialmente, en contra de lo que han pedido el Comité contra la Tortura y el Comité de Derechos Humanos de la ONU .


La cuestión del incumplimiento por parte de Estados Unidos de las normas internacionales mínimas, tanto en sus políticas como en sus prácticas, se pone de relieve continuamente. Por ejemplo, las órdenes para el personal médico que intervenga en operaciones con detenidos, emitidas por el Departamento de Defensa el 6 de junio de 2006, señalan que, como principio básico, todo personal de la salud tiene la obligación de "asegurarse de que ningún individuo bajo la custodia o control físico del Departamento de Defensa, independientemente de su nacionalidad o del lugar donde se encuentre, sufra tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, en aplicación de y tal como los definenlas leyes estadounidenses" (la cursiva es nuestra).(39) La Ley sobre el Trato a los Detenidos adolece de la misma limitación,(40) lo mismo que la Orden de las Comisiones Militares No 10, cursada por el Pentágono el 24 de marzo de 2006, que, en apariencia, prohíbe la admisión de pruebas obtenidas bajo tortura en los juicios que celebren las comisiones militares.(41) La orden, por la que el Comité contra la Tortura ha expresado su preocupación, describe la prohibición como una norma general de Estados Unidos y no como una prohibición legal vinculante, define la tortura de la manera limitada que el Comité criticó (como se señaló anteriormente) y no menciona en absoluto los tratos crueles, inhumanos o degradantes. Sin embargo, el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha establecido que en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Estados Unidos, los Estados deben prohibir por ley el uso de declaraciones o confesiones obtenidas mediante tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en los procesos judiciales.(42)


Amnistía Internacional sostiene que la Ley sobre el Trato a los Detenidos no previene necesariamente el trato inhumano o degradante de los detenidos.(43) La orden de junio de 2006 del Pentágono para el personal médico no va a prevenir necesariamente la participación de personal médico en futuros actos de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. La Orden No 10 para las Comisiones Militares no va a prevenir necesariamente la admisión de declaraciones obtenidas bajo tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes en juicios celebrados por comisiones militares. La organización reitera que el problema fundamental es que las autoridades estadounidenses están empleando definiciones de trato humano que no se corresponden con las leyes y normas del derecho internacional.



Un caso por el que hay que rendir cuentas: la tortura de Mohamed al-Qahtani


Independientemente del juicio final de la historia, ha quedado establecido como un hecho cierto que fueron aprobados y distribuidos documentos que justificaban y autorizaban el trato abusivo de detenidos durante el interrogatorio. Esas autorizaciones se basaban en tres convicciones: que ninguna ley prohibía la aplicación de la crueldad, que no se debería adoptar ninguna ley que la prohibiera y que nuestro gobierno podía elegir recurrir a la crueldad o no, como una decisión política en función de la percepción que se tuviera de la necesidad militar [...] Nos debe importar porque las cuestiones que genera una política de crueldad son demasiado importantes para no afrontarlas, no solucionarlas o dejarlas ambiguas [...]Y nos debe importar porque todos nosotros sabemos que este asunto no ha desaparecido [...]


Alberto J. Mora, asesor general de la Armada (retirado), mayo de 2006(44)


Las interpretaciones limitadas o poco definidas de lo que constituye trato humano, obligar al personal médico a tomar parte en condiciones de detención o interrogatorios que violan la prohibición internacional sobre la tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes y la ausencia de rendición de cuentas se ven ilustrados en el caso de Mohamed al-Qahtani, detenido número 63 de Guantánamo, del que las autoridades estadounidenses sospechan que está involucrado en la conspiración del 11/9 (y sin embargo, aún no ha sido llevado a juicio después de más de cuatro años bajo custodia).(45) Debe señalarse que, probablemente, los detalles que se conocen del trato dado a Mohamed al-Qahtani no habrían sido revelados de no haber sido por el pleito entablado en virtud de la Ley sobre Libertad de Acceso a la Información y por algunas filtraciones, que incluyen un cuaderno del interrogatorio.(46)


A finales de 2002, los interrogadores solicitaron autorización para emplear técnicas de interrogatorio adicionales, al parecer para utilizarlas contra detenidos como Mohamed al-Qahtani, que, según parece, se estaban resistiendo a los procedimientos de interrogatorio habituales. El 2 de diciembre, el secretario Rumsfeld aprobó, "como norma general", una serie de técnicas para ser utilizadas en el interrogatorio de detenidos en Guantánamo, a emplear a discreción del comandante del Mando Sur del ejército estadounidense. Las técnicas incluían posturas en tensión, privación sensorial, aislamiento, interrogatorios de 20 horas, encapuchar al detenido durante el traslado y el interrogatorio, desnudar al detenido, afeitado forzoso y "uso de las fobias personales de los detenidos (como el miedo a los perros) para provocar estrés". La autorización del secretario Rumsfeld demuestra por sí misma que la directiva central del presidente, que señalaba: "Como norma general, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos seguirán tratando a los detenidos humanamente y, siempre que sea apropiado y coherente con la necesidad militar, de una manera que respete los principios de [los Convenios de] Ginebra", debería ser retirada o modificada, como se pide más adelante. La versión recientemente hecha pública (y extensamente editada) del informe Formica sobre las operaciones de las fuerzas especiales en Irak (donde Estados Unidos aplicó los Convenios de Ginebra) ilustra involuntariamente este punto. El informe establece que la privación sensorial y el uso del desnudo –dos de las técnicas autorizadas por el secretario Rumsfeld– "contradicen los principios de dignidad y respeto incluidos en los Convenios de Ginebra y violan las normas mínimas de trato humano".(47) Claramente la expresión presidencial "coherente con" se ha interpretado como una manera de dar mayor margen a los funcionarios y agentes estadounidenses para que violen el derecho internacional en el contexto más amplio de la "guerra contra el terror", que incluye Afganistán y Guantánamo.


De hecho, en Afganistán se utilizaron el mismo tipo de técnicas que las autorizadas por el secretario Rumsfeld para Guantánamo. Por ejemplo, los interrogadores "desnudaban a los detenidos, los mantenían en régimen de aislamiento por períodos prolongados, los obligaban a mantener posturas en tensión, explotaban su miedo a los perros y los privaban de sueño y luz." (48) En octubre de 2005, el general James T. Hill, ex comandante de combate del Mando Sur del ejército estadounidense, dijo que no le sorprendería que las técnicas fueran "migrando" de un área de operaciones a otra, teniendo en cuenta la rotación de los interrogadores.(49) En el memorando en el que recuerda su oposición a la autorización dada a unas técnicas que él consideraba ilegales, el asesor general de la Armada Alberto J. Mora evocó el peligro de una "deriva de la fuerza", una tendencia al incremento significativo del uso de la fuerza una vez que las barreras legales contra las técnicas agresivas habían sido levantadas. En el caso de Mohamed al-Qahtani, aparentemente, los interrogadores de Guantánamo "pensábamos: bien, tenemos luz verde para hacer esto al nivel que queramos, siempre y cuando no torturemos a este individuo".(50)


El secretario Rumsfeld ha declarado que las técnicas que autorizó "no eran tortura", aunque Estados Unidos sí califica tales métodos como tortura cuando son utilizados por otros países.(51) El secretario Rumsfeld no reveló si pensaba que las técnicas que autorizó, aún no constituyendo tortura, utilizadas de manera individual o colectiva constituirían trato cruel, inhumano y degradante y serían, por lo tanto, actos igualmente prohibidos por el derecho internacional.(52) En esta ocasión, el asesor general de la Armada consideró que las técnicas autorizadas eran "ilegales y contrarias a la directiva del presidente por la que se debía tratar a los detenidos ‘humanamente’".(53) Los detalles que se conocen sobre el interrogatorio de Mohamed al-Qahtani deberían despejar cualquier duda de que el secretario Rumsfeld debe rendir cuentas por este caso.


Un memorando de la Oficina Federal de Investigación (FBI) del 14 de julio de 2004 recogía lo siguiente sobre el trato dado a Mohamed al-Qahtani: "En septiembre u octubre de 2002, agentes del FBI observaron cómo se usaba un perro de manera agresiva para intimidar al detenido No 63 y, en noviembre de 2002, agentes del FBI observaron al detenido No 63 después de que hubiera sufrido intenso aislamiento por más de tres meses. Durante ese tiempo, el detenido No 63 estuvo totalmente aislado (con la excepción de interrogatorios ocasionales) en una celda fuertemente iluminada en todo momento. A finales de noviembre, el detenido evidenciaba un comportamiento característico de extremo trauma psicológico (hablaba de gente que no existía, afirmaba escuchar voces, gateaba durante horas por la celda cubierto con una manta)".(54) Cuando estas observaciones y denuncias del FBI fueron de dominio publico, se inició una investigación militar. Un parte no clasificada del posterior informe Schmidt/Furlow fue hecha pública a mediados de 2005.(55)


La utilización de perros para provocar miedo era una de las técnicas de interrogatorio que el Comité contra la Tortura instó a Estados Unidos a abandonar "en todos los lugares de detención bajo su control efectivo de facto", ya que esa técnica viola la Convención contra la Tortura. De hecho, cuando se han utilizado perros para amenazar a los detenidos bajo la custodia de otros gobiernos, Estados Unidos lo ha descrito como tortura.(56) Sin embargo, Estados Unidos ha utilizado perros en Irak, Afganistán y Guantánamo. El informe Jacoby de 2004 sobre las operaciones de Estados Unidos con detenidos en Afganistán, hecho público recientemente, resulta revelador: se limitaba a calificar la utilización de perros para "intimidar o humillar" de no apropiada desde el punto de vista cultural en lugar de violación de las leyes y normas del derecho internacional.(57)


La investigación Schmidt/Furlow descubrió que en dos ocasiones, una antes y otra después de la autorización del secretario Rumsfeld, se habían utilizado perros para aterrorizar a Mohamed al-Qahtani. En ambas ocasiones "se introdujo [un perro] en la sala de interrogatorios y se le hizo gruñir, ladrar y enseñar los dientes" al detenido. En una entrevista en el Departamento del Inspector General del Ejército tras la publicación del informe, más tarde filtrada, el investigador jefe, teniente general Randall M. Schmidt, recordó los incidentes de una manera algo menos desapasionada: "Ahí está ese tipo, maniatado, encadenado, se trae a los perros, se los ponen en la cara [sic],(58) se les dice que gruñan, enseñen los dientes y cosas así y te puedes imaginar el miedo que eso da. Está claro que en ese momento [...] si tuvieras una cámara y sacaras una foto, sería otra vez como en Abu Ghraib".(59)


El hecho de que Mohamed al-Qahtani fuera forzado varias veces a llevar un sujetador de mujer y le hubieran puesto un tanga en la cabeza también recuerda a Abu Ghraib. A Mohamed al-Qahtani lo ataron con una correa y lo pasearon por la habitación obligándole a hacer gracias de perro, lo obligaron a bailar con un interrogador llevando una toalla en la cabeza "como un burka", lo obligaron a permanecer de pie, le afeitaron la cabeza y la barba durante el interrogatorio (y se lo fotografió inmediatamente después de esto) y se lo desvistió y registró desnudo en presencia de mujeres,(60) se lo humilló sexualmente, se utilizaron con él interrogadoras de manera no apropiada culturalmente, recibió insultos de naturaleza sexual contra sus familiares mujeres, se le echó agua sobre la cabeza repetidamente, le colgaron del cuello fotografías de "modelos en traje de baño", lo encapucharon, le hicieron escuchar música con el volumen muy alto(61) y "ruido blanco" (sonidos no musicales indefinidos)y lo expusieron a calor y frío extremos manipulando el aire acondicionado. Otra forma de humillarlo fue obligarlo a orinarse encima al no dejarle los interrogadores ir al baño. Desde el 23 de noviembre de 2002 al 16 de enero de 2003, Mohamed al-Qahtani fue interrogado 18-20 horas al día 48 de los 54 días. Según el teniente general Schmidt, durante las cuatro horas en que no estaba siendo interrogado, "lo llevaban a una habitación blanca [...] con todas las luces, con el jaleo y todo eso [...]".(62) Por lo tanto, hay que añadir la privación del sueño a la lista de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes que sufrió este detenido.


Resulta sorprendente que el informe Schmidt/Furlow concluyera que el trato que sufrió Mohamed al-Qahtani, aunque en su conjunto fue "degradante y abusivo", "no llegó al nivel de trato inhumano prohibido" (de hecho el informe completo "no encontró pruebas de tortura o trato inhumano en [Guantánamo]").(63) Esto ilustra una vez más el incumplimiento del derecho internacional por parte de Estados Unidos. Los Convenios de Ginebra, la Convención contra la Tortura, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el derecho internacional consuetudinario prohíben todos ellos el trato degradante. Tal vez, las conclusiones del informe en este sentido eran predecibles, a tenor del comentario que hizo más tarde el teniente general Schmidt –similar a los comentarios hechos repetidamente por el presidente Bush y otros miembros de la administración– cuando calificó a Mohamed al-Qahtani de "mal tipo" y añadió: "Este tipo tenía una información que necesitábamos" lo que justifica las técnicas coercitivas que, según él, "bajaron el listón para dejarlo un poco por encima de la [...] tortura" pero aún constituían "trato humano".(64)


El informe Schmidt/Furlow descubrió que, aunque algunas de las técnicas, por ejemplo la utilización de perros, la interrupción del sueño, el uso de temperaturas extremas y el aislamiento prolongado, habían sido utilizadas antes de ser autorizadas, "la autorización posterior [por el secretario Rumsfeld] de todas y cada una de esas técnicas establece claramente su total legitimidad y por lo tanto no es necesaria ninguna acción correctiva adicional". El informe Schmidt/Furlow recomendó que el general de división Geoffrey Miller, comandante del centro de detención en aquellos momentos, fuera hecho responsable por no supervisar el interrogatorio de Mohamed al-Qahtani en el que al parecer Miller había participado activamente. Sin embargo, el general Brantz Craddock, comandante del Mando Sur del ejército estadounidense desestimó esta recomendación por considerar que no se había violado ninguna ley o política durante los interrogatorios. En una entrevista que se filtró más adelante, el teniente general Schmidt dijo que el secretario de Defensa "había estado personalmente implicado" en el interrogatorio de Mohamed al-Qahtani.(65) Sin embargo, ninguna investigación ha tenido la independencia o el alcance necesarios para llegar a tan alto nivel.


El informe Schmidt/Furlow recomendaba una revisión que se centrase particularmente en "las definiciones de trato humano, necesidad militar y utilización apropiada de técnicas de interrogatorio (p. ej. límites o extremos)". También decía que se debería establecer un sistema para evaluar el impacto acumulado de las técnicas de interrogatorio, Sin embargo, el Pentágono consideró que el interrogatorio de Mohamed al-Qahtani estaba dentro de los "criterios inequívocos de trato humano" con los que el departamento está comprometido.(66) De hecho, el problema de cómo define Estados Unidos el trato humano viene ilustrado por el hecho de que otras técnicas, entre las que se encuentran "inventarse situaciones con el objeto de convencer al detenido de que la muerte o consecuencias muy dolorosas están a punto de ocurrirle a él o a su familia", "exponer al detenido a temperatura o agua frías (con la adecuada supervisión médica)" y "utilizar una toalla mojada y el goteo de agua para provocar sensación de asfixia" han sido consideradas "legalmente disponibles" por el asesor general del Pentágono.(67) Sin embargo, Estados Unidos describe esas técnicas como tortura cuando son utilizadas en otros países.(68)


La investigación Schmidt/Furlow también estudió el caso de otro detenido de "gran valor" al parecer torturado durante su interrogatorio de julio a septiembre de 2003. El gobierno estadounidense no ha hecho pública la identidad de este detenido, sin embargo, la información extensamente editada hecha pública gracias a un pleito entablado en virtud de la Ley sobre Libertad de Acceso a la Información, indica que el detenido es Mohamedou Ould Salí, ciudadano mauritano que se entregó a las autoridades mauritanas a finales de 2001.(69) Mohamedou Ould Salí fue trasladado posteriormente a Jordania para ser interrogado –él lo describe como "secuestro"– y fue detenido allí durante ocho meses. Ha declarado que durante el tiempo que estuvo en Jordania confesó, mintiendo debido a "la gran presión y al maltrato", que había formado parte de el llamado complot del milenio, una presunta conspiración para volar el aeropuerto de Los Ángeles y otros lugares de Oriente Medio el 31 de diciembre de 1999.(70) Al cabo de ocho meses en Jordania, en julio de 2002 se le trasladó a Afganistán bajo custodia estadounidense y posteriormente en avión a Guantánamo, donde aún se encuentra detenido.


Durante más de un año en Guantánamo, las autoridades han denegado al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) el acceso a Mohamedou Ould Slahi por razones de "necesidad militar".(71) Este período de detención en régimen de aislamiento coincidió con la presunta tortura y maltrato del segundo detenido de "gran valor" investigado por Schmidt/Furlow. La investigación descubrió que este detenido sufrió "manipulación ambiental", es decir, exposición a frío y calor extremos manipulando el aire acondicionado. El detenido había sostenido que se le había metido en repetidas ocasiones en una habitación, conocida como "el congelador", una habitación "construida con acero desde el suelo hasta el techo con el aire acondicionado funcionado a una temperatura muy baja".(72) El informe Schmidt/Furlow concluyó que no era necesaria ninguna acción disciplinaria porque la "manipulación ambiental" era una de las técnicas de interrogatorio aprobadas por el secretario Rumsfeld. La investigación no pudo corroborar las denuncias del detenido de que había sufrido humillación sexual por parte de las interrogadoras del ejército, o que los guardias y un interrogador le habían golpeado. Los documentos hechos públicos recientemente en virtud de la Ley sobre Libertad de Acceso a la Información también contienen referencias como las siguientes: "El detenido tenía miedo cada mañana [...]", "el detenido declaró que se negaba a comer cuando le humillaban", y "el detenido era despertado cada una o dos horas y solo [sic] y obligado a beberse un litro de agua." Sin embargo, se han censurado otros detalles.


La investigación Schmidt/Furlow descubrió que a este detenido le habían amenazado con la muerte y la "desaparición" durante sus interrogatorios en julio y septiembre de 2003. También se le dijo que su familia estaba bajo custodia de Estados Unidos y que corría peligro y que debía colaborar si quería ayudarles. Según reveló una entrevista filtrada posterior del teniente general Schmidt (no el informe no clasificado Schmidt/Furlow), "la última parte del truco" fue sacar al detenido de Guantánamo en una embarcación "donde pensó que era el momento en que se iba" (es decir, en que lo mataban o lo hacían "desaparecer").(73) Esto es similar a lo que se denunció en el caso de Mohamed al-Qahtani; durante los interrogatorios, éste último fue al parecer objeto de una falsa "entrega extraordinaria", durante la cual le inyectaron tranquilizantes, le hicieron llevar gafas ennegrecidas y lo llevaron en avión fuera de Guantánamo.(74)


El informe Schmidt/Furlow concluyó que las amenazas realizadas contra el segundo detenido de "gran valor" "no alcanzaron el grado de tortura según viene definida por las leyes estadounidenses" (en contraste, por ejemplo, el capítulo sobre Egipto del informe más reciente del Departamento de Estado sobre derechos humanos señala que una de las técnicas de tortura empleadas en ese país eran las amenazas contra los detenidos y sus familias).(75) El informe Schmidt/Furlow sí concluyó que las amenazas realizadas contra este detenido violaban el Código Normalizado de Justicia Militar y recomendó que se sancionase al jefe de interrogadores. Sin embargo, el general Brantz Craddock corrigió esta recomendación y solicitó que se llevara a cabo investigación (militar) adicional, justificando esta solicitud por la posibilidad de hallar "pruebas atenuantes o paliativas" que apoyasen la posición del interrogador.(76) Sin embargo, según el derecho internacional, no puede haber impunidad para la tortura y los otros tratos crueles, inhumanos y degradantes; todos aquellos que cometen ese tipo de violaciones y todos aquellos que autorizan tal conducta deben rendir cuentas y no pueden invocar en su defensa ninguna justificación como "necesidad", defensa propia" u "órdenes de los superiores".


El general Craddock también determinó, basándose en el informe Schmidt/Furlow, que el interrogatorio de Mohamed al-Qahtani "no supuso ninguna violación de las leyes o políticas de Estados Unidos", a pesar de haber sido "creativo, agresivo y persistente".(77) Según el Pentágono, un ejemplo del "estricto criterio" de trato humano que recibió Mohamed al-Qahtani es la existencia del cuaderno de interrogatorio citado anteriormente y el hecho de que el interrogatorio fuera "realizado por profesionales formados en un entorno controlado, con supervisión y vigilancia activas".(78) En la misma línea, el teniente general Schmidt volvió a referirse al memorando sobre las normas generales del presidente Bush explicando a los senadores que, a la hora de decidir que el trato dado a Mohamed al-Qahtani no había cruzado "el umbral de lo inhumano":


"Tuve en cuenta el mandato del presidente de tratar a los detenidos humanamente y la exigencia de asegurarse de que los detenidos tengan comida adecuada, agua potable, ropa, cobijo y tratamiento médico adecuados. En este caso, no consideré el trato como inhumano porque los interrogadores no sólo se aseguraron de que [Mohamed al-Qahtani] tuviera comida adecuada, agua, ropa y cobijo, sino que además sus interrogatorios y las técnicas utilizadas fueron realizados en un entorno de interrogatorio altamente controlado con personal médico que hacía un seguimiento constate de su salud y bienestar [véase mas adelante]." (79)


Es importante indicar que durante algunos períodos de su interrogatorio, Mohamed al-Qahtani se negaba a recibir comida o agua y que de vez en cuando era hidratado intravenosamente por la fuerza. Un ejemplo del tratamiento médico que recibió –que ilustra los términos del ejército estadounidense de la manera "humana" en que fue tratado– se revela en el cuaderno de interrogatorio. A partir del 7 de diciembre de 2002, se le dio a Mohamed al-Qahtani un periodo de 24 horas de "recuperación" tras el interrogatorio; durante todo ese periodo se le hacía escuchar música a alto volumen "para evitar que el detenido durmiese". Al cabo de 10 horas de recuperación, se descubrió que tenía bradicardia (ritmo cardíaco demasiado lento; la consiguiente falta de oxígeno puede causar sensación de mareo, extremo cansancio, dificultad para respirar o desvanecimiento). Fue hospitalizado posteriormente para realizarle una TAC (Tomografía Axial Computerizada) y pasó la noche en observación. El 9 de diciembre, se le dio el alta médica para continuar los interrogatorios, fue encapuchado, encadenado y se le "inmovilizó en una camilla" para volverlo a llevar a los interrogatorios.

El cuaderno de interrogatorio filtrado está lleno de referencias a las revisiones del personal médico durante los numerosos días de interrogatorios, a pesar de que la ética médica prohíbe desde hace mucho tiempo tal conducta.(80) Por ejemplo, a las 8.30 de la tarde el 6 de diciembre de 2002, "la representante médico revisó la presión arterial y el peso del detenido, declarándolo apto para proseguir el interrogatorio." Sin embargo, la participación de personal médico en este interrogatorio "degradante y abusivo" fue aceptada sin ser cuestionada por el informe Schmidt/Furlow, que indicó, por ejemplo, que, en relación con la manipulación de la temperatura como técnica de interrogatorio, no era necesario llevar a cabo ninguna acción porque "no hay anotaciones médicas que indiquen que [Mohamed al-Qahtani] hubiera tenido nunca problemas médicos relacionados con una baja temperatura corporal".


La administración se sigue resistiendo a hacer pública más información. No se ha hecho público ningún detalle sobre la instrucción del caso de Mohamed al-Qahtani en el Tribunal de Revisión del Estatuto de Combatiente o en la Junta de Revisión Administrativa a pesar de las solicitudes y el pleito entablado en virtud de la Ley sobre la Libertad de Acceso a la Información (abogados del Centro por los Derechos Constitucionales de Nueva York le están representando). Mohamed al-Qahtani permanece en Guantánamo, donde ha estado desde febrero de 2002, Amnistía Internacional tiene entendido que está detenido en el Campo 5, un bloque hecho a imagen de las prisiones estadounidenses de súper máxima seguridad, donde se le tiene en régimen de aislamiento en su celda entre 23 y 24 horas al día. Se cree que lleva detenido allí nueve meses por lo menos. Se ha retractado de la declaración que hizo bajo tortura y malos tratos. Según su abogada: "Ha descrito con gran dolor cómo no pudo resistir los meses de aislamiento, tortura y abusos, durante los cuales casi murió y acabó haciendo un declaración falsa para complacer a sus interrogadores". (81) La abogada explicó a Amnistía Internacional que su salud física y mental sigue siendo precaria añadiendo que, debido a la participación de personal médico en su tortura y malos tratos, tiene miedo de solicitar atención médica.(82)


Acabar con las lagunas legales, garantizar la rendición de cuentas, terminar con los abusos


Debemos hacer que los países rindan cuentas cuando se desdicen

de sus compromisos internacionales de derechos humanos


Secretaria de Estado de Estados Unidos, Condoleeza Rice, 2006(83)


Amnistía Internacional reitera su llamamiento para que se forme una comisión completamente independiente, imparcial y no partidista que investigue todos los aspectos de las políticas y prácticas de detención e interrogatorio de Estados Unidos en el contexto de la "guerra el terror", incluidas las "entregas extraordinarias".(84) Esa comisión debe estar formada por expertos independientes de prestigio, contar con la participación de expertos internacionales independientes y tener poderes para citar y acceder a todos los niveles del gobierno, a todas las agencias y a todos los documentos. Además, Amnistía Internacional sigue pidiendo que se nombre un Consejo Especial independiente para que lleve a cabo una investigación criminal sobre la conducta de todo funcionario de la administración contra el que haya pruebas de participación en crímenes en el contexto de la "guerra contra el terror". Como declaró el Comité contra la Tortura, toda denuncia de tortura y maltrato debe ser investigada minuciosamentey todoslos responsables deben ser convenientemente castigados.


La responsabilidad criminal no se limita a los soldados –todo "superior" es responsable de las violaciones del derecho internacional que se cometan al realizar las actividades bajo su "responsabilidad y control efectivo"– y el derecho internacional tampoco acepta límites en cuanto al nivel jerárquico del superior civil que puede ser procesado.(85)


Cuando se trata de tortura o de otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, no debe haber margen para lagunas legales. A este respecto, Amnistía Internacional insta al presidente Bush a retirar o modificar sustancialmente su memorando del 7 de febrero de 2002, Humane Treatment of al Qaeda and Taliban deteinees (Trato humano para los detenidos de Al Qaeda y talibanes), específicamente no vinculante para la CIA, que considera el "trato humano" simplemente como una "cuestión de política general" en lugar de una obligación legal absoluta según el derecho internacional de derechos humanos y el derecho internacional humanitario y sugiere que hay personas "que no tienen derecho legal a ser tratadas humanamente". La organización también insta al presidente a retirar su declaración a la firma de la Ley sobre el Trato a los Detenidos, que podría ser utilizada para limitar la protección contra los tratos crueles, inhumanos o degradantes incluida en esa ley. Si esa no es su intención, como se le dijo al Comité, Amnistía Internacional no encuentra ninguna razón para no retirar la declaración. Considerando la oposición de la administración a la enmienda McCain antes de ser aprobada por el Congreso como parte de la Ley sobre el Trato a los Detenidos, la administración tiene que demostrar más que nunca su compromiso con la prohibición internacional de la tortura y de otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.


Al enumerar los "aspectos positivos" de las políticas y prácticas de Estados Unidos, el Comité contra la Tortura incluyó la intención manifestada por la administración de adoptar un nuevo manual de campo del ejército para interrogatorios de inteligencia que garantice que las técnicas de interrogatorio están de total conformidad con la Convención contra la Tortura. A este respecto, recientemente ha habido informaciones en los medios de comunicación que invitan al optimismo, mientras que otras causan preocupación; por un lado, se ha informado que el Pentágono podría ahora estar pensando no incluir en el nuevo manual una serie de técnicas de interrogatorio clasificadas y que podría abandonar sus planes de diferenciar en el manual entre métodos de interrogatorio que pueden utilizarse en los casos de prisioneros de guerra y métodos que pueden utilizarse contra los llamados "enemigos combatientes", como los detenidos de Guantánamo y Afganistán.(86) Por otro lado, se ha informado que, con la oposición del Departamento de Estado, el Departamento de Defensa ha decidido omitir en el manual la prohibición contra los "tratos humillantes o degradantes" incluida en el artículo 3 común de los Convenios de Ginebra.(87) Amnistía Internacional recuerda a la administración que la Corte Internacional de Justicia ha determinado que las normas del artículo 3 común "constituyen unos criterios mínimos junto a otras normas más complejas que también son de aplicación en conflictos internacionales y son normas que, a juicio de la Corte, reflejan lo que la Corte llamó en 1949 "consideraciones elementales de humanidad’".(88) La Comisión bipartita 11/9 indicó en su informe de agosto de 2004: "Las normas mínimas [del artículo 3 común] son generalmente aceptadas en todo el mundo como normas de derecho internacional consuetudinario".(89) Amnistía Internacional también recuerda la afirmación del presidente Bush de que Estados Unidos "sigue firmemente comprometido a defender los Convenios de Ginebra".(90)


Sin embargo, el memorando del presidente del 7 de febrero de 2002 señala la determinación presidencial de no aplicar el artículo 3 común a los detenidos de Al Qaeda o talibanes. Amnistía Internacional considera que la humillación y degradación de los detenidos bajo custodia de Estados Unidos en el contexto de la "guerra contra el terror" han sido sistémicas.(91) Además de pedir la retirada o modificación de este memorando presidencial, Amnistía Internacional solicita que la protección que garantizan los Convenios de Ginebra, la Convención contra la Tortura y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se vea completamente reflejada en el nuevo manual de campo del ejército, que debe reflejar también el hecho de que estos dos últimos tratados son de aplicación extraterritorial, como han subrayado tanto el Comité contra la Tortura como el Comité de Derechos Humanos. (92) De no ser así, se estaría facilitando la comisión de más abusos y alimentando el sentimiento generalizado de que el compromiso declarado por Estados Unidos de respetar sus obligaciones según el derecho internacional y de tratar de forma humana y legítima a los detenidos de la "guerra contra el terror" no ha sido más que un ejercicio de retórica en la mayoría de los casos.


El presidente Bush, como comandante en jefe, tiene el poder de poner en marcha la solución inmediata a estas cuestiones. En este sentido, Amnistía Internacional insta al presidente a ordenar que todas las agencias del gobierno estadounidense hagan una relación completa de todos los detenidos bajo su custodia o bajo su control efectivo, revelen dónde se encuentran detenidos y registren todo traslado a otro centro de detención. Todas las órdenes ejecutivas anteriores contrarias a esta orden, por ejemplo, las "autorizaciones excepcionales" en relación con la detención de ciudadanos extranjeros que el presidente haya concedido a la CIA o a cualquier otra agencia después del 11 de septiembre de 2001, deben ser inmediatamente retiradas. En este sentido, Amnistía Internacional insta al presidente Bush a condenar cualquier política o práctica de detención secreta, donde se deben incluir también los casos que equivalen a "desaparición". Amnistía Internacional señala que el presidente del CICR lamentó el 12 de mayo, tras haber conversado con altos cargos de la administración estadounidense, la falta de progreso sobre la cuestión de las detenciones secretas de Estados Unidos, Jakob Kellenberger recalcó: "No existe ningún derecho a esconder el lugar donde se encuentra una persona o negar que esa persona esté detenida".(93) Amnistía Internacional pide que todos los detenidos tengan acceso completo y continuo al CIRC así como a cuidado médico independiente, representación legal, familiares y tribunales. Los Tribunales de Revisión del Estatuto de Combatiente y las Juntas de Revisión Administrativa que han operado en Guantánamo no pueden sustituir a un proceso judicial.(94)Los detenidos en la base aérea de Bagram, en Afganistán, que son ahora más numerosos que los detenidos bajo custodia estadounidense en Guantánamo, ni siquiera pasan por ese mínimo proceso.(95)

El Comité expresó su preocupación porque la Ley sobre el Trato a los Detenidos pretende limitar el acceso de los detenidos de Guantánamo a los tribunales federales estadounidenses y porque los detenidos bajo la custodia del Departamento de Defensa en Afganistán e Irak sólo reciben un examen administrativo de sus detenciones realizado por el mismo departamento que los mantiene detenidos. El Comité concluyó que Estados Unidos debe garantizar: "[que] todos los detenidos pasen por procesos independientes, sin demora y exhaustivos que examinen las circunstancias de su detención y su estatuto, como establece el artículo 13 de la Convención".


A pesar del reciente anuncio hecho por el primer ministro iraquí, Nouri al-Maliki, de que cerca de 2.000 detenidos en prisiones dirigidas por Estados Unidos e Irak quedarían en libertad (de los cuales, los primeros 600, aproximadamente, recuperaron la libertad el 7 de junio), miles de detenidos bajo custodia de la Fuerza Multinacional permanecen retenidos arbitrariamente sin cargos ni juicio y sin que se les dé la más mínima oportunidad razonable para impugnar la legalidad de su detención ante un órgano independiente. Amnistía Internacional reitera su llamamiento a las autoridades estadounidenses para que tomen medidas urgentes y concretas que garanticen el respeto de los derechos humanos fundamentales de todos los detenidos bajo su custodia en Irak, entre otras cosas, garantizando que puedan impugnar su detención de manera efectiva ante los tribunales, lo que representa una salvaguardia fundamental contra la detención arbitraria y los malos tratos.(96)


Amnistía internacional recuerda el deseo recientemente reiterado del presidente Bush de contar con unas Naciones Unidas "que sean eficaces [y] que tengan la voluntad de extender los derechos humanos y la dignidad humana".(97) En la búsqueda de este fin, Estados Unidos debe poner en práctica las recomendaciones del Comité contra la Tortura de la ONU.


Junto a esto, Amnistía Internacional reitera su llamamiento para que Estados Unidos ratifique el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que entró en vigor el 22 de junio de 2006, tras la 20a ratificación. Al menos otros 31 Estados han firmado el Protocolo Facultativo, que establece un nuevo órgano internacional de visitas y obliga a sus Estados Parte a establecer "mecanismos nacionales de prevención" bajo unas estrictas condiciones. Este órgano internacional de visitas y los mecanismos nacionales realizarán visitas frecuentes y sin restricciones a todos los lugares de detención; los Estados que ratifiquen el Protocolo Facultativo deben aceptar las visitas de esos órganos a todos los lugares de detención sin necesidad de consentimiento previo y deben trabajar con ellos para la puesta en práctica de sus recomendaciones. Si Estados Unidos está de verdad determinado a prevenir la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, la ratificación del Protocolo Facultativo sería una excelente manera de demostrar su compromiso.



Poner fin a las detenciones en Guantánamo


Cuando escucho a los funcionarios estadounidenses describir los suicidios del pasado sábado de los tres detenidos musulmanes de Guantánamo como ‘guerra asimétrica’ y ‘un buen acto de relaciones públicas’, me doy cuenta de que ha llegado el momento de cerrar ese campo, no ya sólo por lo que lo que le esta haciendo a los detenidos, sino por cómo está deshumanizando a los captores americanos.


David Ignatius, Washington Post, 14 de junio de 2006(98)


La detención indefinida en la que continúan cerca de 460 detenidos en Guantánamo sigue siendo una violación del derecho internacional, un situación angustiosa para ellos y sus familias, una mancha sobre Estados Unidos y una contradicción de la Estrategia de Seguridad Nacional de la administración estadounidense, que asegura que el respeto de "las demandas no negociables de la dignidad humana" es el camino hacia la seguridad y no un obstáculo para ella.


Amnistía Internacional lamenta profundamente que hicieran falta cuatro años y tener que recurrir ante los tribunales para que Estados Unidos diera los nombres de los detenidos en la base bajo la custodia del Departamento de Defensa. Sin embargo, la organización señala que los números no cuadran: las autoridades hicieron pública una lista de 759 nombres de personas detenidas en la base bajo la custodia del Departamento de Defensa entre enero de 2002 y el 15 de mayo de 2005, pero tres días más tarde declararon que 287 detenidos habían quedado en libertad o habían sido trasladados fuera de la base y que "460 aproximadamente" permanecían allí, lo que hace un total de 747.(99) Amnistía Internacional solicita que se clarifique esta discordancia y por qué existe una diferencia de 12 detenidos.(100)


De hecho, hay muchas cuestiones relacionadas con las detenciones de Guantánamo para las que sigue sin haber respuesta, por ejemplo:


· ¿Había personas detenidas en la base que no estuvieran bajo la custodia del Departamento de Defensa y que no hayan aparecido en la lista del Pentágono? Por ejemplo, como ya se ha indicado, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) operaba su propia área en la base de Guantánamo ¿Interrogaba la CIA sólo a los detenidos bajo custodia del Departamento de Defensa? ¿Había detenidos bajo custodia exclusiva de la CIA, o eran tal vez trasladados de la CIA al Departamento de Defensa? El informe Schmidt/Furlow de 2005 sobre las acusaciones de abuso en Guantánamo dijo no encontrar pruebas de que hubiera "detenidos fantasmas" en la base, pero no hay evidencia de que la CIA formara parte de la investigación.(101) Anteriormente, la CIA no había proporcionado ninguna información sobre sus actividades en Guantánamo, Afganistán o en otros lugares no revelados para el informe Church.(102)

· Además de lo inadecuado de las investigaciones sobre los abusos presuntamente cometidos por el personal estadounidense, hasta donde sabe Amnistía Internacional, ninguna de las investigaciones militares llevadas a cabo ha estudiado las acusaciones de que algunos detenidos fueron maltratados por agentes de otros países o con su participación mientras se encontraban en Guantánamo.(103) La administración estadounidense no ha refutado las acusaciones que Amnistía Internacional planteó por primera vez en mayo de 2004, según las cuales agentes del gobierno chino visitaron Guantánamo en septiembre de 2002 y participaron en interrogatorios de personas de etnia uigur allí detenidas.(104) Esta acusación se hizo de nuevo ante una corte federal de primera instancia en 2005 y una vez más, el gobierno no la refutó.(105) Se afirmó que durante la visita de los agentes, los detenidos sufrieron intimidaciones y amenazas,(106) así como técnicas de interrogatorio como la manipulación ambiental (de la temperatura), forzarlos a estar sentados durante horas y privarlos del sueño; algunas de estas técnicas se emplearon por instrucciones de la delegación china. En un caso similar, Omar Deghayes ha afirmado que fue interrogado dos veces por agentes Libios en Guantánamo, el 9 y el 11 de septiembre de 2004; alegó que las autoridades militares estadounidenses lo llevaron a una sala de interrogatorio con el aire acondicionado funcionando a máxima potencia y que lo dejaron allí durante varias horas, con grilletes y helado de frío. Finalmente, alrededor de la medianoche del 9 de septiembre de 2004, cuatro agentes libios y tres funcionarios estadounidenses vestidos de civil entraron en la sala. Omar Deghayes dijo que fue interrogado durante alrededor de tres horas por agentes libios y otra vez dos días después. Los agentes al parecer profirieron amenazas veladas de violencia y muerte contra él si alguna vez regresaba a Libia y le mostraron fotografías de disidentes libios brutalmente golpeados. Amnistía Internacional tiene registros de vuelo que muestran que un reactor Gulfstream V, con matrícula N8068V (anteriormente con matrícula N379P), voló directamente de Trípoli (Libia) a Guantánamo el día antes de que, según su declaración, Omar Deghayes fuera interrogado por primera vez por los agentes libios.(107) En otro caso, Ala Abdel Maqsud Muhammad Salim, ciudadano egipcio, ha alegado que fue interrogado en numerosas ocasiones a finales de 2004 por una delegación de Egipto. Los agentes egipcios lo amenazaron con hacerlo "desaparecer" o causarle otros daños cuando volviera a Egipto.(108) Alega que durante los interrogatorios usaron grilletes y cadenas de manera cruel contra él y que sufrió manipulación ambiental (de la temperatura) mediante el aire acondicionado.


· Estados Unidos no ha respondido a la pregunta sobre cuántos menores están detenidos en Afganistán y Guantánamo. Al parecer, las autoridades han limitado su definición de menor a las personas menores de 16 años, contradiciendo la mayoría de las normas del derecho internacional que mantienen que menor es toda persona menor de 18 años, que debe recibir protección especial.(109) Los informes recibidos sugieren que podría haber habido al menos 17 detenidos que fueron llevados a Guantánamo cuando tenían menos de 18 años.(110)


Las cuestiones más recientes en relación con los detenidos de Guantánamo giran en torno a los suicidios de tres de ellos, los ciudadanos saudíes Mane’i bin Shaman bin Turki al-Habardi al-‘Otaybi y Yassar Talal ‘Abdullah Yahia al-Zahrani, que al parecer tenía 17 años cuando fue detenido, y el ciudadano yemení Salah ‘Ali ‘Abdullah Ahmed al-Salami. Los tres habían participado en huelgas de hambre anteriormente y les habían alimentado a la fuerza. Los tres estaban detenidos en una sección de máxima seguridad del campo. No hay ningún informe públicamente disponible sobre los Tribunales de Revisión del Estatuto de Combatiente de estos hombres. Amnistía Internacional expresa su preocupación por la descripción de las muertes por el comandante de Guantánamo como "guerra asimétrica" con la que inclinaba a prejuzgar el resultado de la investigación del Servicio Naval de Investigación Criminal sobre las muertes.(111) Amnistía Internacional considera que el ejército y el ejecutivo, las autoridades que han instigado y mantenido un régimen de detención que ha causado grave sufrimiento psicológico y que siguen confiando en el paradigma de la guerra para justificar el rechazo de las leyes y normas fundamentales de derechos humanos, no están en posición de llevar a cabo las investigaciones necesarias sobre las muertes y que el resto del mundo considere que así lo han hecho. Amnistía Internacional reitera su llamamiento para que se lleve a cabo una investigación completa, independiente e imparcial sobre esas muertes.(112)


Amnistía Internacional insta al presidente a retirar su orden militar del 13 de noviembre de 2001 que establece las comisiones militares y autoriza la detención sin cargos ni juicio. La organización señala que en sus respuestas al Comité contra la Tortura, Estados Unidos afirmó que los individuos detenidos por el Departamento de Defensa en Afganistán y Guantánamo están ahora detenidos en virtud de esta orden militar. Sin embargo, esto contradice por completo lo que la administración declaró ante la corte federal de primera instancia en el caso Rasul v. Bush, cuando el gobierno negó categóricamente que hubiera ningún detenido en virtud de esa orden, afirmando, por el contrario, que estaban detenidos de manera más general bajo los poderes de comandante en jefe del presidente. Amnistía Internacional pide una clarificación precisa sobre cuándo se declaró a los detenidos sujetos a la orden militar, aparte de los 15 que han sido seleccionados para ser juzgados por una comisión militar y que incluyen 10 acusados formalmente para ser juzgados. Claramente, una descripción del gobierno imprecisa o cambiante del fundamento legal de las detenciones es causa de seria preocupación ante la necesidad de proteger a los detenidos contra la detención arbitraria y los malos tratos.


Un marco para cerrar Guantánamo


Me gustaría poner fin a Guantánamo. Me gustaría dejarlo atrás. Una de las cosas que vamos

a hacer es devolver a la gente a sus países de origen [...] Algunos tienen que ser juzgados

por tribunales estadounidenses. Son asesinos a sangre fría [...] . Sin embargo, pensamos que hay

que tiene que haber una salida ante un tribunal y estoy esperado a que la Corte Suprema

de Estados Unidos determine la vía apropiada para que esa gente sea juzgada.


Presidente George W. Bush, 21 de junio de 2006(113)


En sus conclusiones del 19 de mayo de 2006, el Comité contra la Tortura pidió el cierre del centro de detención de Guantánamo. Tras los informes del suicidio de los tres detenidos el 10 de junio de 2006, cinco expertos de derechos humanos reiteraron su llamamiento para que se cerrase el centro urgentemente. (114) Esos llamamientos para que se cierre Guantánamo han provocado una serie de comentarios del presidente Bush y varios funcionarios de la administración estadounidense.


Amnistía Internacional fue uno de los primeros en pedir el cierre de Guantánamo hace más de un año y acoge con satisfacción la declaración del presidente Bush del 8 de mayo de 2006 en la que afirma: "Me gustaría de verdad poner fin a Guantánamo" y "llevar a la gente ante un tribunal". (115) El presidente señaló que la administración estadounidense estaba a la espera del dictamen de la Corte Suprema sobre la cuestión de los juicios en el casoHamdan v. Rumsfeld.Amnistía Internacional recalca, sin embargo, que el presidente no tiene por qué esperar el dictamen de la Corte Suprema, puede anunciar ahora mismo que el centro de detención de Guantánamo va a ser cerrado y que todos los detenidos serán acusados formalmente y juzgados lo antes posible en tribunales estadounidenses o puestos en libertad con completas garantías de no devolución.


Aunque ahora la posibilidad del cierre de Guantánamo está siendo contemplada públicamente dentro de la administración estadounidense, algunos funcionarios han cuestionado la forma de llegar a este fin, haciéndose preguntas válidas sobre cuestiones de seguridad pública por un lado y sobre la seguridad de los detenidos por el otro. Amnistía Internacional señala que varios funcionarios han indicado que la administración está abierta a cualquier sugerencia sobre cómo resolver la situación de Guantánamo. El 4 de mayo, por ejemplo, John Bellinger dijo: "[Estados Unidos] agradecería la ayuda de la comunidad internacional" sobre este asunto. (116) Anteriormente, el secretario de Defensa dijo sobre la continuación de las detenciones en Guantánamo: "Si alguien tiene una idea mejor, me gustaría oírla".(117) En esta misma línea, el 4 de mayo, el fiscal general Gonzales dijo: "Estoy escuchando a algunos críticos decir que debemos cerrar Guantánamo pero nadie está dispuesto a ofrecer una alternativa a Estados Unidos".(118)


El 21 de mayo de 2006, la secretaria de Estado de Estados Unidos, Condoleezza Rice, dijo: "Estaremos muy satisfechos cuando podamos cerrar Guantánamo. Todo el mundo quiere cerrar Guantánamo".(119) Sin embargo, pidió a aquellos que han solicitado el cierre del campo de detención, entre los que se encuentran el secretario general de las Naciones Unidas, el Comité contra la Tortura de la ONU, el Parlamento Europeo y varios líderes y autoridades europeos, que tengan en cuenta las consecuencias para la seguridad y los derechos humanos que conlleva dejar en libertad a los detenidos. Amnistía Internacional no dice que el cierre el centro de detención de Guantánamo no represente un desafío, pero el gobierno estadounidense tiene la responsabilidad de afrontar ese desafío.


Amnistía Internacional presenta a continuación sus recomendaciones para encontrar una alternativa a la continuación de las detenciones en Guantánamo. En resumen, las personas detenidas en Guantánamo deben recuperar la libertad a no ser que se las acuse formalmente y se las juzgue de acuerdo con las normas internacionales sobre juicios justos. Ninguno de los detenidos que recuperen la libertad debe ser enviado por la fuerza a su país de origen o a otros países donde corran peligro de sufrir abusos de derechos humanos. Es realmente crucial que el vaciado y cierre de Guantánamo no acabe trasladando las violaciones de derechos humanos a otro lugar. Más concretamente, la organización recomienda el siguiente marco para decidir qué se debe hacer con los detenidos que se encuentran aún allí.


General


1. Todo centro de detención utilizado para mantener a personas fuera de la protección de las leyes internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario debería ser cerrado. El campo de detención de la base naval de Guantánamo está dentro de esta categoría y en más de cuatro años de operaciones de detención en ese lugar, la administración estadounidense no ha hecho que el centro cumpla con las normas y leyes del derecho internacional.

2. El cierre de Guantánamo no debe acabar trasladando las violaciones de derechos humanos a otro lugar. Todos los detenidos bajo la custodia de Estados Unidos deben ser tratados de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos y, cuando corresponda, del derecho internacional humanitario. Todos los centros de detención de Estados Unidos deben estar abiertos al oportuno escrutinio externo, especialmente el del Comité Internacional de la Cruz Roja (CIRCR).

3. La responsabilidad de encontrar una solución para los detenidos de Guantánamo es en primer lugar de Estados Unidos. La administración estadounidense creó el sistema de detención de Guantánamo en el que los detenidos –muchos de los cuales fueron trasladados ilegalmente al centro –han permanecido sin ser acusados formalmente ni ser juzgados, fuera del marco del derecho internacional y sin la posibilidad de recurrir plenamente ante los tribunales de Estados Unidos. Por lo tanto, es responsabilidad de la administración estadounidense reparar esta situación cumpliendo totalmente las normas internacionales de derechos humanos.

4. Los funcionarios de la administración estadounidense deben dejar de socavar la presunción de inocencia de los detenidos de Guantánamo. Los continuos comentarios sobre su presunta culpabilidad les colocan una etiqueta que pone en peligro tanto las posibilidades de que sean juzgados con garantías como la seguridad de los que recuperen su libertad. Este comportamiento sólo puede hacer más difícil la tarea de Estados Unidos de resolver la cuestión de Guantánamo.

5. Los detenidos de Guantánamo deben recuperar la libertad a no ser que vayan a ser acusados formalmente y juzgados de acuerdo con las normas internacionales sobre juicios justos.

6. Ningún detenido que recupere la libertad debe ser enviado por la fuerza a su país de origen o a otros países donde corra peligro de sufrir abusos graves contra los derechos humanos.


Juicios justos


7. Aquellos que sean acusados formalmente y juzgados deben serlo por un delito reconocible tipificado en la ley y ante un tribunal independiente e imparcial, por ejemplo, una corte federal estadounidense de primera instancia, cumpliendo totalmente las normas internacionales sobre juicios justos. No debe existir la posibilidad de recurrir a la pena de muerte.

8. No debe ser admisible ninguna prueba obtenida mediante tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Teniendo en cuenta los años de abusos legales, físicos y mentales que los detenidos de Guantánamo han sufrido, todo juicio debe respetar escrupulosamente las normas internacionales de equidad y toda sentencia debe tener en cuenta la duración y condiciones de detención de Guantánamo y de los otros lugares antes de ser transportados a Guantánamo.

9. El presidente George W. Bush debe anular su orden militar de 13 de noviembre de 2001, que establece las comisiones militares y autoriza la detención sin cargos ni juicio. Las comisiones militares no ofrecen las necesarias salvaguardias para la celebración de juicios justos: no son independientes, los procesos que tienen lugar ante ellas no aseguran un proceso justo (p. ej. las declaraciones extraídas mediante tratos crueles, inhumanos o degradantes pueden ser usadas como prueba), al acusado se le puede impedir que escuche todas las pruebas presentadas contra él y, en virtud de la Ley sobre el Trato de los Detenidos, existe sólo un derecho de recurso limitado contra sus sentencias ante un tribunal.


Soluciones para los que vayan a recuperar la libertad


10. Debe haber un proceso justo y transparente que estudie los casos de cada uno de los detenidos que van a recuperar la libertad para establecer si pueden volver a sus países de origen con seguridad o se debe encontrar otra solución. En todos los casos, se debe considerar a los detenidos individualmente, permitirles contar con representación letrada apropiada y darles la oportunidad de expresar su punto de vista plenamente. Se podría invitar a agencias internacionales relevantes, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), para que ayuden en esta tarea, con arreglo a sus respectivos mandatos. Las opciones que tiene la administración estadounidense para actuar respetando los derechos de los detenidos que no van a ser procesados y a los que, por lo tanto, hay que devolver la libertad en el menor tiempo posible, son:


(a) Regreso. Las autoridades de Estados Unidos deben devolver a los detenidos que han recuperado su libertad a su país de origen o residencia habitual, excepto si corren peligro de sufrir graves violaciones de derechos humanos, como por ejemplo detención arbitraria prolongada, "desapariciones" forzadas, juicio injusto, tortura u otros malos tratos, ejecuciones extrajudiciales o pena de muerte. Entre los que regresan se encuentran aquellos que, de acuerdo con las leyes de la guerra (los Convenios de Ginebra y sus Protocolos Adicionales), deberían haber sido reconocidos tras su captura como prisioneros de guerra y puestos en libertad al final del conflicto armado internacional de Afganistán, excepto en el caso de que vayan a ser procesados por crímenes de guerra o por otros abusos graves contra los derechos humanos.

(b) Asilo en Estados Unidos.Las autoridades estadounidenses deben dar a los detenidos que pongan en libertad la oportunidad de solicitar asilo en Estados Unidos si lo desean, y reconocerlos como refugiados si cumplen los requisitos de la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 (fundados temores de ser perseguido por una serie de motivos en el caso de regresar a su país de origen). Las autoridades estadounidenses deben garantizar que todo solicitante de asilo cuente con asesoramiento jurídico apropiado y procedimientos efectivos que cumplan las leyes y normas internacionales sobre refugiados, que incluyen la posibilidad de ponerse en contacto con el ACNUR. Los solicitantes de asilo no deben ser detenidos salvo en circunstancias extremadamente excepcionales.

(c) Otras formas de protección en Estados Unidos.Las personas que no cumplen los criterios de la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, pero que corren peligro de sufrir abusos de derechos humanos en el futuro país de retorno y desean permanecer en Estados Unidos, deben recibir otras formas de protección y se les debe permitir quedarse en Estados Unidos. No se les debe detener, excepto si se establece que su detención es legítima, necesaria y proporcional al objetivo que se pretende, de acuerdo con las leyes y normas internacionales de derechos humanos.

(d) Traslado a terceros países. Las autoridades estadounidenses pueden buscar soluciones duraderas en terceros países para aquellos que no pueden regresar a sus países de origen o de residencia habitual, por correr el peligro de sufrir abusos graves de derechos humanos, y que no quieren permanecer en Estados Unidos. Cualquier solución de este tipo debe considerar las necesidades de protección de los individuos, respetar sus derechos humanos y tener en cuenta su opinión. Todos los traslados a terceros países deben realizarse con el consentimiento bien informado de los individuos afectados. Se debe permitir que el ACNUR preste asistencia en tal proceso, con arreglo a su mandato y principios. Los detenidos que han quedado en libertad no deben sufrir presiones ni restricciones que puedan obligarlos a elegir reinstalarse en un tercer país. Otros países deben considerar la posibilidad de aceptar a los detenidos que han quedado en libertad que desean reinstalarse allí voluntariamente, especialmente los países que fueran anteriormente residencia habitual o en los que esos detenidos tengan familiares cercanos o a los que les unan otros lazos.


Reparación


11. Estados Unidos tiene la obligación en virtud del derecho internacional de proporcionar reparación sin demora y apropiada a los detenidos que han quedado en libertad por el período de tiempo que han permanecido detenidos ilegalmente y por otras violaciones que hayan podido sufrir, como por ejemplo tortura o malos tratos. Esa reparación incluye restitución, rehabilitación e indemnización económica justa y adecuada.(120) No se debe limitar el derecho de las víctimas a demandar reparaciones ante los tribunales estadounidenses.


Transparencia mientras se lleva a cabo el cierre


12. Las autoridades estadounidenses deben invitar a los cinco expertos de la ONU –cuatro relatores especiales y la presidenta del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria– a visitar Guantánamo sin las restricciones que les hicieron declinar la invitación anterior de Estados Unidos. No debe haber restricciones para que los expertos hablen en privado con los detenidos.


Conclusión


Voy a tomar decisiones que no se van a basar en cuestiones políticas,

sino en lo que es mejor para Estados Unidos.


Presidente George W. Bush, 14 de junio de 2006(121)


Uno de los objetivos centrales de la política exterior de Estados Unidos, según el Departamento de Estado, es la promoción de los derechos humanos. El Departamento entiende, según dice, que el respeto de los derechos humanos "ayuda a garantizar la paz, disuadir de la agresión, promover el Estado de derecho, combatir el crimen y la corrupción, reforzar las democracias y prevenir crisis humanitarias". La administración prometió dar la máxima prioridad a las "demandas no negociables de la dignidad humana" en el centro de su "guerra contra el terror", pero no ha cumplido su palabra.


Ya que la promoción de los derechos humanos "es un importante interés nacional", Estados Unidos afirma que, entre otras cosas, intentará conseguir lo siguiente:


· hacer que los gobiernos se hagan responsables de sus obligaciones en virtud de las normas universales de derechos humanos y de los instrumentos internacionales de derechos humanos;

· promover el más alto respeto de los derechos humanos, incluido el derecho a no ser torturado;

· promover el Estado de derecho, procurar la rendición de cuentas y cambiar las culturas de impunidad.(122)


Amnistía Internacional insta a Estados Unidos a aplicar esos principios a sus políticas y prácticas. La organización recuerda los comentarios del 14 de marzo de 2005 de la secretaria de Estado Condoleezza Rice al anunciar el nombramiento de Karen Hughes como subsecretaria de Estado para Diplomacia Pública y Asuntos Públicos. La secretaria Rice recalcó la importancia de la diplomacia pública para Estados Unidos y sugirió que muy pocas personas en el mundo conocen en valor que Estados Unidos otorga a las instituciones internacionales y el Estado de derecho. Amnistía Internacional señaló que la subsecretaria Hughes tenía ante sí una tarea muy difícil para convencer al mundo de que Estados Unidos está comprometido con esos valores e instituciones a no ser que se produjese un cambio sustancial en sus políticas y prácticas de detención en el contexto de la "guerra contra el terror".(123)


El 10 de mayo de 2006, la subsecretaria Hughes dijo: "La gente de todo el mundo debe saber por lo que lucha Estados Unidos con tanto orgullo, no sólo por nuestros propios derechos, sino también por los derechos humanos, la libertad humana, la dignidad humana, el valor de toda persona en cualquier lugar".(124) Teniendo esto en cuenta, Amnistía Internacional insiste en que será muy difícil convencer de ello a la comunidad internacional hasta que el campo de detención de Guantánamo no se convierta en algo del pasado, se abran todas las detenciones de Estados Unidos al escrutinio y se sometan plenamente a las leyes y normas del derecho internacional y todos los detenidos bajo custodia estadounidense tengan una protección completa contra la tortura y los malos tratos tal y como ha recomendado el Comité contra la Tortura.



Recomendaciones


Amnistía Internacional ha hecho numerosas recomendaciones en informes anteriores sobre las políticas y prácticas de detención de Estados Unidos en el contexto de la "guerra contra el terror", entre las que se encuentran las más de 60 recomendaciones basadas en su Programa de 12 Puntos para la Prevención de la Tortura a manos de Agentes del Estado.(125) Las recomendaciones de este memorando instan al presidente George W. Bush o al gobierno estadounidense en general a:


Ø poner en práctica las recomendaciones del Comité contra la Tortura incluidas en sus conclusiones sobre Estados Unidos de 19 de mayo de 2006;


Ø cerrar el centro de detención de Guantánamo y procesar a todos los detenidos allí en juicios justos o dejarlos libres con total garantía de no devolución, como señala el marco de Amnistía Internacional para el cierre de Guantánamo;


Ø establecer una comisión de investigación completamente independiente, imparcial y no partidista que estudie todos los aspectos de las políticas y prácticas de detención e interrogatorio en el contexto de la "guerra contra el terror", incluidas las "entregas extraordinarias";


Ø nombrar un Consejo Especial independiente que lleve a cabo una investigación criminal sobre la conducta de todo funcionario de la administración contra el que haya pruebas de estar involucrado en crímenes cometidos en el contexto de la "guerra contra el terror";


Ø emitir una orden presidencial para que todas las agencias del gobierno estadounidense hagan una relación completa de todos los detenidos bajo su custodia o bajo su control efectivo, revelen dónde se encuentran y registren todo traslado a otro centro de detención. Todas las órdenes ejecutivas anteriores contrarias a esta orden, por ejemplo, las "autorizaciones excepcionales" en relación con la detención de ciudadanos extranjeros que el presidente haya concedido a la CIA o a cualquier otra agencia después del 11 de septiembre de 2001, deben ser inmediatamente revocadas;


Ø terminar con la política del "sin comentarios" en relación con la existencia de centros de detención secreta y poner fin a la oposición del gobierno estadounidense (como se expresa en ACLU v. CIA) a que la CIA, o cualquier otra agencia, revele si existen o no documentos relativos a tales detenciones. Todos esos documentos deben hacerse públicos;


Ø retirar o corregir la directiva presidencial de política general de 7 de febrero de 2002, Humane treatment of al Qaeda and Taliban detaineesreemplazándola por una versión que refleje completamente las leyes y normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario;


Ø revocar la orden militar del 13 de noviembre de 2001 que establece las comisiones militares y autoriza la detención sin cargos ni juicio, y clarificar la declaración de Estados Unidos ante el Comité contra la Tortura que afirma que los detenidos en Guantánamo y Afganistán están ahora detenidos en virtud de esta orden, explicando cuándo se ha realizado este aparente cambio de política;


Ø explicar la discrepancia entre la cifra que dio el Pentágono de número total de detenidos en Guantánamo desde que comenzaron las operaciones de detención y el número de detenidos que se encuentran en la base en estos momentos más el número de detenidos que han quedado en libertad o que se han trasladado fuera de allí;


Ø retirar la declaración del presidente a la firma de la Ley sobre el Trato a los Detenidos;


Ø garantizar que el manual de campo del ejército revisado refleja completamente las leyes y normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario y es enteramente de dominio público;


Ø establecer una investigación independiente de carácter civil sobre los recientes informes de suicidios en Guantánamo y, mientras se cierra el centro, garantizar que las condiciones y el trato que reciben los detenidos reducen al mínimo su sufrimiento mental y físico. Todos los detenidos deben contar con asesoramiento legal completo y continuo y cuidados médicos independientes;


Ø clarificar específicamente cuantos menores –definidos como personas menores de 18 años en el momento de su detención– tiene detenidos Estados Unidos en Guantánamo;


Ø poner en marcha una investigación independiente sobre las acusaciones de que detenidos en Guantánamo han sufrido tortura u otros malos tratos en la base por agentes de otros países (China, Libia y Egipto) o bajo instrucciones de éstos. Las conclusiones de esas investigaciones deben hacerse públicas;


Ø demostrar su compromiso con la erradicación de la tortura y los malos tratos ratificando el Protocolo Facultativo de Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.********

Ø

Ø (1) La traducción de todas las citas de las conclusiones y recomendaciones sobre Estados Unidos del 36º período de sesiones (1-19 de mayo de 2006) del Comité contra la Tortura son de Amnistía Internacional por no existir aún traducción oficial de la ONU cuando se publica este memorando.

Ø

Ø (2) Carta a los ministros de Asuntos Exteriores de los otros Estados Miembros de las Naciones Unidas, http://www.state.gov/g/drl/rls/64561.htm.

Ø

Ø (3) Véase Información suplementaria de Amnistía Internacional para el Comité contra la Tortura. Índice AI: AMR 51/061/2006, http://web.amnesty.org/library/index/eslamr510612006.

Ø

Ø (4) Se pueden encontrar en: http://www.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/AdvanceVersions/CAT.C.USA.CO.2.pdf.

Ø

Ø (5) "Nos han pedido que respondamos a una serie de cuestiones en el plazo de un año y estoy seguro de que lo haremos. Nosotros tomamos muy seriamente nuestras obligaciones en virtud de la Convención contra la Tortura, creemos que estamos cumpliendo nuestras obligaciones." John Bellinger, asesor legal: On-The-Record Briefing on the Committee Against Torture Report, 19 de mayo de 2006, http://www.state.gov/s/l/rls/66519.htm.

Ø

Ø (6) On-The-Record Briefing, op. cit. En el contexto de los otros comentarios hechos por John Bellinger en la conferencia de prensa criticando el informe del Comité, éste podría interpretarse como una sugerencia a los medios presentes de que se estaba estigmatizando a Estados Unidos por lo sucedido en Abu Ghraib. John Bellinger sugirió que el Comité había "ignorado una gran cantidad de información" que Estados Unidos le había aportado. Añadió que el informe del Comité era "parcial y sobrepasa claramente el alcance y mandato del Comité". Incluso sugirió que en la elaboración del informe "posiblemente participan individuos con preocupaciones particulares que quieren hacer notar" y que habían "elegido claramente una serie de cuestiones que [...] están en los titulares y que han intentado señalar en este informe". Amnistía Internacional considera que los comentarios de John Bellinger son cercanos a la calumnia contra el Comité y confía en que la respuesta definitiva a las conclusiones y recomendaciones del Comité sea más constructiva.

Ø

Ø (7) ACLU et al., v Department of Defense et al. Opinion and order granting in part and denying in part motions for partial summary judgment. Corte federal de primera instancia del distrito sur de Nueva York, 29 de septiembre de 2005.

Ø

Ø (8) Véase página 104 de USA: Human Dignity Denied, octubre de 2004 (Índice AI: AMR 51/146/2004), http://www.web.amnesty.org/library/index/engamr511462004. Existe un resumen en español de este informe, titulado ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA: Negación de la Dignidad Humana: Tortura y rendición de cuentas en la "guerra contra el terrorismo" – Resumen del informe, octubre de 2004 (Índice AI: AMR 51/146/2004), http://web.amnesty.org/library/index/eslamr511462004

Ø

Ø (9) Alleged secret detentions and unlawful inter-state transfers involving Council of Europe member states, draft report – Part II (explanatory memorandum). Comité de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Relator: Dick Marty.

Ø

Ø http://assembly.coe.int/CommitteeDocs/2006/20060606_Ejdoc162006PartII-FINAL.pdf.

Ø

Ø (10) Charla informal de Tony Snow con los medios de comunicación a bordo del avión presidencial (Air Force One), 7 de junio de 2006, http://www.whitehouse.gov/news/releases/2006/06/20060607-2.html.

Ø

Ø (11) Durante su rechazo inicial a las conclusiones del Comité contra la Tortura, John Bellinger protestó: "No parece que hayan tenido en cuenta la información que les dimos a la hora de elaborar su informe" (conferencia de prensa, 29 de mayo de 2006, op. cit). Esta reacción es similar a la respuesta de la administración al informe de cinco expertos de la ONU en 2006 sobre la situación de los detenidos de Guantánamo. Estados Unidos respondió al informe diciendo: "Hay escasa evidencia [...] de que los relatores especiales hayan tenido en cuenta la información proporcionada por Estados Unidos [...] Por ello, nos oponemos a la mayor parte del contenido y conclusiones del informe no editado por carecer de valor y por no sustentarse claramente en hechos reales". Carta de 31 de enero de 2006, enviada a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos por el representante permanente de Estados Unidos ante las Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacionales en Ginebra (Anexo II del informe de expertos, http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/112/76/PDF/G0611276.pdf?OpenElement, traducción de EDAI).

Ø

Ø (12) Alleged secret detentions and unlawful inter-state transfers involving Council of Europe member states. Op. cit., párr. 271.

Ø

Ø (13) Sesión informativa diaria para los medios de comunicación, 7 de junio de 2006, http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2006/67690.htm.

Ø

Ø (14) Capítulo sobre Suecia, State Department Country Reports on Human Rights Practices - 2005. Publicado por la Oficina para la Democracia, los Derechos Humanos y el Trabajo, 8 de marzo de 2006, http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2005/61677.htm.

Ø

Ø (15) Véanse las páginas 14-27 de USA: Guantánamo and beyond: the continuing pursuit of unchecked executive power, mayo de 2005 (Índice AI: AMR 51/063/2005), http://web.amnesty.org/library/pdf/AMR510632005ENGLISH/$File/AMR5106305.pdf. Se puede consultar una versión resumida en español de este documento: Más allá de Guantánamo: La búsqueda constante de un poder ejecutivo sin límites- Informe resumido (Índice AI: AMR 51/083/2005), http://web.amnesty.org/library/index/eslamr510832005

Ø

Ø (16) Carta a John McLaughlin, director en funciones de la CIA, de Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional, 20 de agosto de 2004; con copias al presidente Bush, al secretario Rumsfeld y al secretario Powell.

Ø

Ø (17) Rice ordered release of German sent to Afghan prison in error, The New York Times, 23 de abril de 2005.

Ø

Ø (18) El-Masri v. Tenet et al. Order. Corte federal de primera instancia del distrito este de Virginia, caso no: 1:05cv1417, 12 de mayo de 2006.

Ø

Ø (19) Como ejemplos, véanse las páginas 128-129 de USA: Guantánamo and beyond, op. cit.

Ø

Ø (20) ACLU et al. v. CIA et al., Brief for Defendant-Appellee: Central Intelligence Agency, Docket No. 06-0205-cv, Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, 1 de mayo de 2006.

Ø

Ø (21) Véanse, por ejemplo, páginas 100-116 de USA: Human Dignity Denied, op. cit., páginas 116-130 de USA: Guantánamo and beyond, op. cit. y ESTADOS UNIDOS/YEMEN: Reclusión secreta en los "lugares negros" de la CIA, noviembre de 2005 (Índice AI: AMR 51/177/2005), http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR511772005.

Ø

Ø (22) David Passaro, contratista de la CIA, fue acusado en junio de 2004 de agredir a Abdul Wali en una base militar cercana a Asadabad, Afganistán, en 2003, (véanse las páginas 159-160 de USA: Human Dignity Denied, op. cit .

Ø

Ø A mediados de junio de 2006, aún no se había puesto fecha para su juicio en la corte federal de primera instancia del distrito este de Carolina del Norte.

Ø

Ø (23) Final Report of the Independent Panel to Review DoD Detention Operations, agosto de 2004. http://www.defenselink.mil/news/Aug2004/d20040824finalreport.pdf.

Ø

Ø (24) AR 15-6 Investigation of Intelligence Activities at Abu Ghraib (informe Fay).

Ø

Ø http://www.defenselink.mil/news/Aug2004/d20040825fay.pdf.

Ø

Ø (25) "Me informaron de que la CIA estaba llevando a cabo su propia investigación y que [...] no me proporcionarían la información que había solicitado". General de división Fay, declaración oral ante el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado, 9 de septiembre de 2004.

Ø

Ø (26) US Generals in Iraq were told of abuse early, inquiry finds. Washington Post, 1 de diciembre de 2004.

Ø

Ø (27) Declaración del teniente general Randall M. Schmidt, tomada el 24 de agosto de 2005 en la Base de la Fuerza Aérea de Davis Mountain, Arizona; entre las 0910 horas y las 1055 horas por [editado] y [editado], Departamento del Inspector General del Ejército, división de investigaciones, Presidential Towers, Crystal City, Virginia.

Ø

Ø (28) ACLU et al., v Department of Defense et al. Opinion and order granting in part and denying in part motions for partial summary judgment. Corte federal de primera instancia del distrito sur de Nueva York, 29 de septiembre de 2005.

Ø

Ø (29) Declaración del presidente en ocasión del Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo a las Víctimas de la Tortura , 26 de junio de 2003, http://www.whitehouse.gov/news/releases/2003/06/20030626-3.html.

Ø

Ø (30) Conferencia de prensa, 14 de junio de 2006, http://www.whitehouse.gov/news/releases/2006/06/20060614.html.

Ø

Ø (31) En el caso de la toma de rehenes, véanse las páginas 29-30 de USA: Guantánamo and beyond, op .cit. También US Generals in Iraq were told of abuse early, inquiry finds, Washington Post, 1 de diciembre de 2004. (Citando un informe interno del Centro de Lecciones Aprendidas del Ejército mayo de 2004): "En algunas unidades estadounidenses existe la práctica de detener familiares de personas sospechosas de estar contra la coalición para obligar a los sospechosos a entregarse a cambio de que sus familiares queden en libertad").

Ø

Ø (32) Por ejemplo, en una reunión el 6 de febrero de 2003, John Yoo, por entonces asesor legal de alto nivel del departamento de Justicia y autor de varios memorandos de gran influencia sobre la detención y el trato a detenidos en el contexto de la "guerra contra el terror" respondió, según los informes, "sí" a la pregunta de si el presidente podría autorizar actos de tortura. Memorandum for Inspector General: Statement for the Record: Office of General Counsel involvement in interrogation issues, 7 de julio de 2004, http://www.newyorker.com/images/pdfs/moramemo.pdf.

Ø

Ø (33) Véanse páginas 57-73 de USA: Human Dignity Denied, op. cit.

Ø

Ø (34) Memorandum for Commander, Joint Task Force 170, Legal Brief on Proposed Counter-Resistance Strategies, LTC Diane Beaver, 11 de octubre de 2002.

Ø

Ø (35) Memorandum for Inspector General, Department of the Navy: Statement for the Record: Office of General Counsel involvement in interrogation issues, 7 de julio de 2004, op. cit.

Ø

Ø (36) Declaración en la sesión del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado de Estados Unidos sobre el trato de los detenidos en Guantánamo, 13 de julio de 2005.

Ø

Ø (37) Declaración del teniente general Randall M. Schmidt, tomada el 24 de agosto de 2005 en la Base de la Fuerza Aérea de Davis Mountain, Arizona; entre las 0910 horas y las 1055 horas por [editado] y [editado], Departamento del Inspector General del Ejército, división de investigaciones, Presidential Towers, Crystal City, Virginia.

Ø

Ø (38) Véanse páginas 170-172 de USA: Human dignity denied, op. cit.

Ø

Ø (39) Departamento de Defensa, Instruction Number 2310.08E, 6 de junio de 2006, http://www.dtic.mil/whs/directives/corres/pdf/231008_060606/231008p.pdf.

Ø

Ø (40) "El término ‘tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes’ significa trato o pena cruel, inusitado o inhumano prohibido por las enmiendas Quinta, Octava y Decimocuarta a la Constitución de Estados Unidos, según se define en las reservas, declaraciones e interpretaciones realizadas por Estados Unidos a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, formuladas en Nueva Cork, el 10 de diciembre de 1984." Artículo 1003.d de la Ley sobre el Trato a los Detenidos.

Ø

Ø (41) La Orden No. 10 se puede encontrar en: http://www.defenselink.mil/news/Mar2006/d20060327MCI10.pdf.

Ø

Ø (42) Observación general 20, párrafo 12, de 10 de marzo de 1992. El Comité, órgano establecido por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos para supervisar la puesta en práctica del tratado, ha dicho que la prohibición de la tortura o de otros tratos crueles, inhumanos o degradantes es una norma imperativa de derecho internacional, que no puede suspenderse y es vinculante para todos los Estados. Observación general 29, Doc. ONU CCPR/C/21/Rev.1/Add.11, de 31 de agosto de 2001. Véanse también las páginas 161-164 de USA: Human Dignity Denied, op. cit.

Ø

Ø (43) Es más, la ley permite expresamente la presentación de pruebas obtenidas mediante coacción, y por lo tanto posiblemente mediante tortura, siempre y cuando tengan "valor probatorio", para que sean estudiadas por los Tribunales de Revisión del Estatuto de Combatiente de Guantánamo. El Comité contra la Tortura expresó su preocupación por los procesos seguidos ante los Tribunales de Revisión del Estatuto de Combatiente y las Juntas de Revisión Administrativa en relación con este punto e instó a Estados Unidos a garantizar que sus obligaciones en este caso eran respetadas "bajo cualquier circunstancia".

Ø

Ø (44) An affront to American values. Alberto J. Mora, Washington Post, 27 de mayo de 2006.

Ø

Ø (45) Según el ejército, fue detenido en diciembre de 2001 en la frontera entre Afganistán y Pakistán y trasladado a Afganistán en febrero de 2002.

Ø

Ø (46) El cuaderno, obtenido por la revista Time, se puede encontrar en: http://www.time.com/time/2006/log/log.pdf.

Ø

Ø (47) Investigation of CJSOTF-AP and 5th SF Group detention operations, artículo 15-6. BG Richard P. Formica, investigador, 8 de noviembre de 2004. Desclasificado el 7 de junio de 2006, se puede encontrar en: http://action.aclu.org/torturefoia/released/061906/FormicaReport.pdf.

Ø

Ø (48) AR 15-6 Investigation of Intelligence Activities at Abu Ghraib, página 64. Dirigida por el general de división George R. Fay y el teniente general Anthony R. Jones.

Ø

Ø http://www.defenselink.mil/news/Aug2004/d20040825fay.pdf.

Ø

Ø (49) Declaración del general James T. Hill, tomada el 7 de octubre de 2005 en Coral Gables, Florida, entre las 0905 horas y las1015 horas por [editado], Departamento del Inspector General del Ejército, división de investigaciones, Presidential Towers, Crystal City, Virginia.

Ø

Ø (50) Declaración del teniente general Randall M. Schmidt, tomada el 24 de agosto de 2005, op. cit.

Ø

Ø (51) Por ejemplo, el siguiente extracto pertenece al último informe de derechos humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre Irán: "Algunas dependencias penitenciarias [...] eran conocidas por la tortura cruel y prolongada inflingida a los opositores al gobierno. Además, en los últimos años las autoridades han torturado y abusado severamente de detenidos en varias prisiones y centros de detención secretos ‘extraoficiales’ [...]Entre los métodos más comúnmente utilizados se encuentra la detención en régimen de aislamiento con privación sensorial [...] El Comité contra la Tortura ha concluido que la privación sensorial equivale a tortura." El Departamento de Estado también señaló que la privación de sueño era una técnica de tortura. http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2005/61688.htm. En el capítulo sobre Egipto se describen el desnudar y vendar los ojos de los detenidos como técnicas de tortura utilizadas en ese país (http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2005/61687.htm).

Ø

Ø (52) Secretario Rumsfeld, discurso ante el Club Nacional de la Prensa, 10 de septiembre de 2004.

Ø

Ø (53) Office of General Counsel Involvement in Interrogation Issues, 7 de julio de 2004, op. cit.

Ø

Ø (54) Re: suspected mistreatment of detainees. Para el general de división Donald J. Ryder, Departamento del Ejército, de T.J. Harrington, subdirector adjunto, división contraterrorista, Departamento de Justicia de Estados Unidos, Oficina Federal de Investigación (FBI) 14 de julio de 2004.

Ø

Ø (55) Army Regulation 15-6: Final Report: Investigation into FBI Allegations of Detainee Abuse at Guantanamo Bay, Cuba Detention Facility, 1 de abril de 2005 (corregida el 9 de junio de 2005) (informe Schmidt/Furlow), http://www.defenselink.mil/news/Jul2005/d20050714report.pdf.

Ø

Ø (56) Véase, por ejemplo, el capítulo sobre Libia en los informes de derechos humanos del Departamento de Estado más recientes, de marzo de 2006: "Entre los métodos de tortura sobre los que se han recibido informes estaban [...] amenazas de ataque de perros [...] ", http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2005/61694.htm.

Ø

Ø (57) "La mayoría de las unidades, a pesar de haber recibido formación cultural básica antes de ser desplegadas, no estaban verdaderamente a tono con las sensibilidades culturales con que se encontraron [...] Por ejemplo, en situaciones donde se detenía a los hombres delante de sus familias innecesariamente o se les exponía desnudos en público cuando no era necesario, o cuando, en el pasado, se han utilizado perros para intimidar y humillar. Estas situaciones son contrarias a la cultura afgana y crean concepciones equivocadas e injustificadas sobre nuestra verdadera intención de proporcionar seguridad y estabilidad al pueblo de Afganistán." CFC-A AO Detainee Operations, Report of Inspection , página 949, 26 de junio de 2004 (informe Jacoby), desclasificado el 7 de junio de 2006, se puede encontrar en:

Ø

Ø http://action.aclu.org/torturefoia/released/061906/JacobyReport.pdf.

Ø

Ø (58) Más adelante durante la entrevista tuvo lugar el siguiente diálogo – Schmidt: "[...] Entonces les pones al perro en la cara". Pregunta: "Señor, ¿puede usted explicar ‘en la cara’ con más detalle? Es algo que no había visto antes." Schmidt: "Se los lleva a la sala de interrogatorio, se los pone cerca [del detenido] dentro de las salas de interrogatorio. Son salas pequeñas, ¿las han visto? [...] Y se los mete en ellas y se les hace gruñir y enseñar los dientes al detenido. Y se inmoviliza al tipo. Es una especie de factor miedo. [...] No, no estoy de acuerdo con que se utilice eso."

Ø

Ø (59) Declaración del teniente general Randall M. Schmidt, tomada el 24 de agosto de 2005, op. cit.

Ø

Ø (60) Mohamed al-Qahtani ha afirmado que le registraron los orificios del cuerpo en presencia de mujeres durante los registros desnudo que se realizaron durante los interrogatorios.

Ø

Ø (61) El cuaderno de interrogatorio revela que se utilizó varias veces música con el volumen muy alto para mantener despierto al detenido (privación del sueño) y como parte de la técnica llamada de "inutilidad" (hacer que el detenido crea que la resistencia es inútil). Esta técnica podía consistir en poner la música con el volumen muy alto cuando el detenido quería hablar pero el interrogador no se lo permitía. Según el informe Schmidt/Furlow, entre la música de "inutilidad" utilizada estaban Metallica, Britney Spears y música rap. Otros detenidos fueron expuestos a luz estroboscópica. El informe Schmidt/Furlow no clarifica si al-Qahtani fue expuesto a esta técnica. Otros detenidos también sufrieron lo que se llamaba "programa del viajero frecuente", en el que los detenidos eran trasladados a otras celdas cada pocas horas para interrumpir su sueño. Esta técnica se utilizó en 2003 y 2004.

Ø

Ø (62) Declaración del teniente general Randall M, tomada el 24 de agosto de 2005, op. cit.

Ø

Ø (63) En una entrevista posterior, el teniente general Schmidt dijo que aunque no creía que el trato de Mohamed al-Qahtani violase la Ley contra la Tortura y "no violaba los principios generales de trato humano", "¿era abusivo y degradante? encuéntrenme una sola persona que diga que no lo era". Declaración del teniente general Randall M. Schmidt, tomada el 24 de agosto de 2005, op. cit.

Ø

Ø (64) Ibíd.

Ø

Ø (65) Declaración del teniente general Randall M. Schmidt, tomada el 24 de agosto de 2005, op. cit.

Ø

Ø (66) Guantanamo provides valuable intelligence information, comunicado de prensa del Departamento de Defensa, 12 de junio de 2005, http://www.defenselink.mil/releases/2005/nr20050612-3661.html.

Ø

Ø (67) Action Memo: Counter-resistance techniques, 27 de noviembre de 2002, asesor general del Departamento de Defensa. En su declaración oral ante el Comité contra la Tortura el 8 de mayo de 2006, el asesor legal del Departamento de Estado, John Bellinger dijo: "En primer lugar, el waterboarding no forma parte del actual manual de campo del ejército y por lo tanto no se permite utilizarlo con los detenidos bajo el control del Departamento de Defensa. En segundo lugar, el waterboarding está específicamente prohibido en el manual de campo revisado". Sin embargo, John Bellinger había dejado claro en sus comentarios iniciales el 5 de mayo que la delegación estadounidense "no estaba en posición de comentar públicamente presuntas actividades de inteligencia". Un memorando militar redactado en Guantánamo en 2002 que solicitaba "el uso de una toalla mojada y el goteo de agua para provocar sensación de asfixia" como técnica de interrogatorio, señalaba que tales técnicas eran utilizadas por "otras agencias del gobierno" (p. ej. la CIA). Véanse las páginas 114-115 de USA: Human Dignity Denied, op. cit. El antiguo jefe de la CIA dijo que la técnica del waterboarding entraba en "una categoría que yo llamaría técnicas profesionales de interrogatorio". Véase página 128 de USA: Guantánamo and beyond, op. cit.

Ø

Ø (68) Por ejemplo, Estados Unidos (con razón) considera la semiasfixia del detenido como tortura. Por ejemplo, véase el capítulo sobre Sri Lanka en los informes más recientes del Departamento de Estado sobre derechos humanos, http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2005/61711.htm

Ø

Ø (69) Véanse las páginas 770 – 778 del documento, que se pueden encontrar en: http://action.aclu.org/torturefoia/released/061906/Schmidt_FurlowEnclosures.pdf.

Ø

Ø (70) Tribunal de Revisión del Estatuto de Combatiente, datos no clasificados. En otro lugar de la transcripción del tribunal, Mohamedou Ould Salí dice que confesó a "los americanos", pero no queda claro en la transcripción si fue cuando estuvo detenido en Jordania o después. Al pedirle el tribunal que explicase en más detalle la presión que obligó a su confesión, respondió que no quería hablar de ello. Cuando se le preguntó específicamente si las autoridades estadounidenses habían cometido abusos contra él, repitió: "No quiero responder a esa pregunta: no tengo que hacerlo si no me obligan". Cualquier referencia a las circunstancias que rodean el tiempo que estuvo en Jordania fueron censuradas en los documentos hechos públicos recientemente gracias a un pleito entablado en virtud de la Ley sobre Libertad de Acceso a la Información.

Ø

Ø (71) Véanse páginas 15-16 de USA: Human Dignity Denied. Según los documentos militares filtrados a los que se refiere el informe de AI, ahora parece que el detenido al que se le ha negado por más tiempo el acceso del CICR es el detenido número 760: Mohamedou Ould Slahi (no el ciudadano marroquí Ahmad Abdullah Tabarak como se había dicho anteriormente; al CICR se le negó el acceso a este detenido, pero finalmente se le permitió acceder a él antes que a Mohamedou Ould Slahi). Los documentos hechos públicos recientemente en virtud de la Ley sobre la Libertad de Acceso a la Información señalan la alegación de que el CICR "no había tenido contacto con el detenido durante más de un año". Al CICR también se le denegó el acceso por razones de "necesidad militar" al detenido británico Moazzam Begg y al ciudadano canadiense Abdurhaman Khadr; ambos fueron trasladados más tarde a sus respectivos países de origen donde quedaron en libertad sin cargos.

Ø

Ø (72) Véase los documentos hechos públicos en virtud de la Ley sobre Libertad de Acceso a la Información, op. cit.

Ø

Ø (73) Declaración del teniente general Randall M. Schmidt, tomada el 24 de agosto de 2005, op. cit.

Ø

Ø (74) Véase The Experiment, Jane Mayer. The New Yorker, 11 de julio de 2005.

Ø

Ø (75) http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2005/61687.htm.

Ø

Ø (76) Declaración en la sesión del Comité de Servicios Armados del Senado de Estados Unidos sobre el trato de los detenidos en Guantánamo, 13 de julio de 2005.

Ø

Ø (77) Declaración en la sesión del Comité de Servicios Armados del Senado de Estados Unidos sobre el trato de los detenidos en Guantánamo, 13 de julio de 2005.

Ø

Ø (78) Guantanamo provides valuable intelligence information, comunicado de prensa del Departamento de Defensa, 12 de junio de 2005, http://www.defenselink.mil/releases/2005/nr20050612-3661.html.

Ø

Ø (79) Declaración en la sesión del Comité de Servicios Armados del Senado de Estados Unidos sobre el trato de los detenidos en Guantánamo, 13 de julio de 2005.

Ø

Ø (80) En fecha tan reciente como mayo de 2006, La Asociación Médica Mundial revisó su Declaración de Tokio contra la participación médica en casos de tortura. Además de declarar que los médicos no deben "favorecer, aceptar o participar en la práctica de la tortura o de otros procedimientos crueles, inhumanos o degradantes", ahora también declara: "El médico no utilizará o permitirá que se use, en lo posible, conocimientos o experiencia médicos o información de salud específica de las personas con el fin de facilitar o ayudar de otra manera el interrogatorio, ya sea legal o ilegal, de dichas personas."

Ø

Ø (81) ‘20th hijacker’ claims that torture made him lie. Revista Time, 3 de marzo de 2006.

Ø

Ø (82) Ibíd.

Ø

Ø (83) Prefacio de the State Department’s Human Rights Country Reports, publicado el 8 de marzo de 2006, http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2005/61552.htm.

Ø

Ø (84) Véanse las páginas 49-54 de USA: Human Dignity Denied, op. cit.

Ø

Ø (85) Véanse las páginas 41-46 de USA: Human Dignity Denied, op. cit.

Ø

Ø (86) Pentagon rethinking manual with interrogation methods. New York Times, 14 de junio de 2006.

Ø

Ø (87) Army manual to skip Geneva detainee rule. Los Angeles Times, 5 de junio de 2006.

Ø

Ø (88) Véanse páginas 42-43 de USA: Human dignity denied, op. cit.

Ø

Ø (89) Final Report of the National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States, capítulo 12, http://www.9-11commission.gov/report/index.htm.

Ø

Ø (90) Declaración del presidente en ocasión del Día Internacional de las Naciones Unidas en apoyo de las Víctimas de la Tortura, 26 de junio de 2003, http://www.whitehouse.gov/news/releases/2003/06/20030626-3.html.

Ø

Ø (91) Véase, por ejemplo, USA: Human Dignity Denied y USA: Guantánamo and beyond, op. cit.

Ø

Ø (92) Sobre el segundo, véase, por ejemplo, la observación general 31 del Comité de Derechos Humanos: "[...]los Estados Partes deben respetar y garantizar los derechos reconocidos en el pacto a todas las personas que se encuentren en su territorio y a todas las que estén sujetas a su jurisdicción. Esto significa que un Estado parte debe respetar y garantizar los derechos enunciados en el Pacto a toda persona que esté bajo la autoridad o el control efectivo del Estado parte aunque no se encuentre en el territorio del Estado Parte". CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, 26 de mayo de 2004, párrafo 10.

Ø

Ø (93) ICRC President deplores lack of progress on secret detention. Comunicado de prensa del CICR, 12 de mayo de 2006, http://www.icrc.org/Web/eng/siteeng0.nsf/iwpList578/43EFDEF901E1FD10C125716B007CC272.

Ø

Ø (94) Véanse páginas 54-66 de USA: Guantánamo and beyond. Op. cit.

Ø

Ø (95) Véase Detenciones practicadas por Estados Unidos en Afganistán: memorándum para una acción continuada, 7 de junio de 2005. http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR510932005. A la hora de escribir este documento había "aproximadamente 460" detenidos en el centro de detención de Guantánamo (Departamento de Defensa, comunicado de prensa de 18 de mayo de 2006). En mayo de 2006, el CICR se encontraba visitando aproximadamente 560 detenidos en la base aérea de Bagram. Un número desconocido de personas son detenidas en bases de operaciones avanzadas en Afganistán, supuestamente por cortos periodos de tiempo, antes de ser trasladados a Bagram o de devolverles la libertad.

Ø

Ø (96) Véase Más allá de Abu Ghraib: reclusión y tortura en Irak, 6 de marzo de 2006, http://web.amnesty.org/library/index/eslmde140012006

Ø

Ø (97) La Casa Blanca, 25 de mayo de 2006, http://www.whitehouse.gov/news/releases/2006/05/20060525-12.html.

Ø

Ø (98) A prison we need to escape. David Ignatius, Washington Post, 14 de junio de 2006.

Ø

Ø (99) Detainee Transfer Announced. Comunicado de prensa del Departamento de Defensa, 18 de mayo de 2006, http://www.defenselink.mil/releases/2006/nr20060518-13076.html.

Ø

Ø (100) Amnistía Internacional ha mostrado su preocupación con anterioridad porque la falta de precisión en el número de detenidos podría aumentar el riesgo de que algunos de ellos fueran trasladados de un lugar de detención a otro, o entre diferentes agencias del gobierno sin que se supiese públicamente nada sobre esos traslados. Véanse páginas 101-102 de USA: Human dignity denied, op. cit.

Ø

Ø (101) Army Regulation 15-6: Final Report. Investigation into FBI Allegations of Detainee Abuse at Guantanamo Bay, Cuba Detention Facility. Unclassified executive summary. (Informe Schmidt/Furlow), 1 de abril de 2005 (corregido el 9 de junio de 2005), http://www.defenselink.mil/news/Jul2005/d20050714report.pdf.

Ø

Ø (102) "(La CIA cooperó con nuestra investigación, pero solamente proporcionó información sobre actividades en Irak.) Es importante subrayar que estaba fuera del alcance de nuestra tarea investigar la existencia, el emplazamiento o las políticas empleadas en los centros de detención que pudieran estar operados exclusivamente por otras agencias del gobierno en lugar del Departamento de Defensa." Unclassified executive summary of Church Report, http://www.defenselink.mil/news/Mar2005/d20050310exe.pdf.

Ø

Ø (103) Amnistía Internacional indica que el informe del Grupo de Trabajo del Pentágono sobre Interrogatorios a Detenidos en la "Guerra Global contra el Terrorismo" (Working Group Report on Detainee Interrogations in the Global War on Terrorism: Assessment of Legal, Historical, Policy, and Operational Considerations), publicado el 4 de abril de 2003, recomendó una técnica de interrogatorio conocida como "la falsa bandera" que consistía en "convencer al detenido de que quienes lo interrogaban eran individuos de otros países, no de Estados Unidos", y otra técnica llamada "amenaza de traslado", que se caracterizaba por "amenazar con trasladar al sujeto a un tercer país donde fuese probable que el detenido tuviese miedo de sufrir torturas o morir". Los detenidos en los casos aquí citados creen que los interrogadores que los amenazaron eran agentes de sus países de origen. Estados Unidos debe investigar esas alegaciones y hacer público el resultado completo de tales investigaciones.

Ø

Ø (104) Acción Urgente de Amnistía Internacional. Más información en la AU 356/03. Índice AI: AMR

in Ø

Ø 51/090/2004, 25 de mayo de 2004. http://web.amnesty.org/library/index/eslamr510902004.

Ø

Ø (105) Declaración de Sabin Willett, 16 de julio de 2005. Abu Bakker Qassim and A’Del Abdu Al-Hakkim v. George W. Bush et al. Memorandum in support of petitioners’ emergency motion to vacate stay order and issue writ directing immediate release of petitioners. Acción Civil No. O5 CV 0497 en la corte federal de primera instancia del distrito de Columbia, 21 de julio de 2005.

Ø

Ø (106) Según la declaración jurada anterior, los agentes chinos le dijeron a A’Del Abdu al-Hakim que "tenía suerte de que los pakistaníes lo hubieran entregado a los americanos en lugar de a ellos, porque si creía que esto [Guantánamo] era una prisión, espera a que te atrapemos nosotros".

Ø

Ø (107) Véanse las páginas 22-23 de USA: Guantánamo and beyond, op. cit. Este reactor Gulfstream V era operado por Premier Executive Transport, una compañía de fachada de la CIA que ha sido identificada con varias "entregas extraordinarias" conocidas. (Véase 2.2 en Fuera del radar: vuelos secretos a la tortura y la "desaparición", abril de 2006, http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR510512006).

Ø

Ø (108) Véase Sherif el-Mashad, et al. v. George W. Bush, et al, Petitioner’s supplemental memorandum opposing his rendition. Caso No. 05-CV-270, corte federal de primera instancia del distrito de Columbia, 17 de enero de 2006.

Ø

Ø (109) Véase La amenaza de un mal ejemplo: Se socavan las normas internacionales mientras continúan las detenciones relacionadas con la "guerra contra el terrorismo", agosto de 2003, http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR510512006

Ø

Ø (110) Información proporcionada por el proyecto de investigación de Reprieve, Londres, Reino Unido.

Ø

Ø (111) Three Guantanamo Bay detainees die of apparent suicide. Artículo de prensa del Servicio de Información de las Fuerzas Americanas, http://www.defenselink.mil/news/Jun2006/20060610_5379.html.

Ø

Ø (112) Estados Unidos: La muerte de tres detenidos en Guantánamo debe ser objeto de una investigación independiente, 12 de junio de 2006, http://web.amnesty.org/library/index/eslamr510912006.

Ø

Ø (113) President Bush Participates in Press Availability at 2006 U.S.-EU Summit, 21 de junio de 2006, http://www.whitehouse.gov/news/releases/2006/06/20060621-6.html. Unos días antes, el presidente Bush había dicho: "Me gustaría cerrar Guantánamo, pero también reconozco que tenemos retenidas a algunas personas que son muy peligrosas y que es importante que tengamos un plan para hacerlas pasar por nuestros tribunales; y la mejor manera de tratar, en mi opinión, de tratar con ese tipo de personas es en nuestras cortes militares. Por eso estamos esperando a que la Corte Suprema tome una decisión. Conferencia de prensa, http://www.whitehouse.gov/news/releases/2006/06/20060614.html. Anteriormente, el presidente había dicho: "Nos gustaría cerrar Guantánamo, nos gustaría que estuviese vacío", y sobre los detenidos: "Creo que deben ser juzgados por los tribunales aquí, en Estados Unidos. Presentaremos sus casos ante los tribunales en cuanto la Corte Suprema tome su decisión sobre si sí o no– sobre la vía más adecuada para esos juicios, y estamos esperando a que actúe la Corte Suprema."

Ø

Ø President Bush and Prime Minister Rasmussen of Denmark Participate in Joint Press Availability, Camp David, http://www.whitehouse.gov/news/releases/2006/06/20060609-2.html.

Ø

Ø (114) United Nations human rights experts request urgent closure of Guantánamo detention center. http://www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/view01/D916F2EB424D1588C1257188004EDB76?opendocument.

Ø

Ø (115) Véase http://www.whitehouse.gov/news/releases/2006/05/20060519.html.

Ø

Ø (116) Transcripción de la mesa redonda con los medios del asesor legal Bellinger en Bruselas, 4 de mayo de 2006, http://useu.usmission.gov/Dossiers/Detainee_Issues/May0406_Bellinger_CIA_Flights.asp.

Ø

Ø (117) Comentarios del secretario Rumsfeld en el Consejo sobre Relaciones Exteriores, 17 de febrero de 2006, http://www.defenselink.mil/transcripts/2006/tr20060217-12538.html.

Ø

Ø (118) US attorney general defends Guantanamo, Agence France Presse, 4 de mayo de 2006.

Ø

Ø (119) Entrevista con Fox News Sunday, http://www.state.gov/secretary/rm/2006/66536.htm.

Ø

Ø (120) El artículo 14 de la Convención contra la Tortura establece: "Todo Estado Parte velará por que su legislación garantice a la víctima de un acto de tortura la reparación y el derecho a una indemnización justa y adecuada, incluidos los medios para su rehabilitación lo más completa posible. En caso de muerte de la víctima como resultado de un acto de tortura, las personas a su cargo tendrán derecho a indemnización." Todo aquel que ha sufrido detención arbitraria también tiene derecho a compensación. El artículo 9.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Estados Unidos en 1992, establece: "Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho efectivo a obtener reparación." Véanse páginas 167-169 de USA: Human Dignity Denied, op. cit.

Ø

Ø (121) Conferencia de prensa, http://www.whitehouse.gov/news/releases/2006/06/20060614.html.

Ø

Ø (122) Departamento de Estado, véase http://www.state.gov/g/drl/hr/.

Ø

Ø (123) Véanse páginas 26-27 de USA: Guantánamo and beyond, op. cit.

Ø

Ø (124) Comentarios en el Consejo sobre Relaciones Exteriores, http://www.state.gov/r/us/66098.htm.

Ø

Ø (125) Por ejemplo, véanse las páginas 154-160 de USA: Guantánamo and beyond, op. cit.

Ø

Ø

Page 35 of 35

How you can help

AMNESTY INTERNATIONAL WORLDWIDE