Document - USA: Death penalty, still a part of the ‘American experiment’, still wrong


Público



Amnistía Internacional



Estados Unidos: La pena de muerte, un error que aún forma parte del “experimento americano”



22 de septiembre de 2010


Índice AI: AMR 51/089/2010




En lo que va de año los verdugos del Estado han matado a 38 personas en Estados Unidos –un millar desde 1994– y otros seres humanos esperan su turno para morir en las cámaras de ejecución de todo el país en los próximos días y semanas. Al mismo tiempo, Estados Unidos hace profesión de su “profundo compromiso” con los derechos humanos.


El mes pasado, la administración estadounidense envió un informe ala alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos con motivo del próximo examen del historial de derechos humanos de Estados Unidos en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En la introducción al informe puede leerse el párrafo siguiente:


Las ideas sobre las que se asentó y se asienta el experimento americano pueden encontrarse en todo el mundo, y las personas que lo han construido a lo largo de los siglos venían de todos los continentes. El experimento americano es un experimento humano; los valores en los que se basa, entre ellos el compromiso con los derechos humanos, están claramente arraigados en nuestra conciencia nacional, pero son universales”1.


Un sub-experimento dentro del más amplio “experimento americano” es el recurso continuado de Estados Unidos a la pena de muerte. Éste es un castigo incompatible con la dignidad humana y que, lejos de representar valores universales, ha sido abandonado por la mayoría de los gobiernos de todo el mundo. Estados Unidos no ha avanzado al ritmo de los tiempos, al mantener una sanción que la mayoría de los países han relegado a los libros de historia.


Han pasado más de 16 años desde que el juez de la Corte Suprema estadounidense Harry Blackmun expresó públicamente su conocida opinión de que Estados Unidos debía abandonar el uso de la pena de muerte. En su opinión discrepante de febrero de 1994, ya famosa, escribió:


En lugar de seguir alimentando la falsa ilusión de la Corte de que se ha alcanzado el nivel deseado de justicia y se ha eliminado la necesidad de regulación, me siento moral e intelectualmente obligado a admitir simplemente que el experimento de la pena de muerte ha fracasado […] A la pregunta básica –¿determina el sistema de forma exacta y coherente qué acusados “merecen” morir?– no se puede responder afirmativamente […] El problema reside en que la inevitabilidad de los errores factuales, jurídicos y morales nos aboca a un sistema que, nos consta, tendrá que matar por error a algunos acusados, un sistema incapaz de emitir las condenas de muerte justas, coherentes y fiables que la Constitución exige”.


Caso tras caso se demuestra por qué las palabras del juez Blackmun suenan ahora tan verdaderas como hace una década y media.


  • Holly Wood. En la vista de determinación de la pena, Holly Wood fue representado por un abogado que llevaba colegiado tan solo cinco meses, carecía de experiencia en procesos penales y jamás había trabajado en un caso de pena de muerte. El jurado recomendó la imposición de la pena de muerte, por diez votos a favor y dos en contra. En la votación hubo un sesgo racial, ya que los dos miembros negros del jurado votaron a favor de la cadena perpetua, y los otros diez miembros, todos ellos blancos, votaron a favor de la pena de muerte. En la fase de selección del jurado para el juicio por asesinato contra este hombre afroamericano, la acusación había descartado de forma desproporcionada a las personas candidatas de raza negra. El juez aceptó la recomendación del jurado, tras concluir que no hubo circunstancias atenuantes. La defensa no había presentado prueba alguna en relación con la discapacidad mental de Holly Wood, a pesar de que los abogados contaban con un informe pericial que indicaba que Wood se encontraba "en el mejor de los casos, en una franja límite de capacidad intelectual". La Corte Suprema de Estados Unidos ha reconocido que "la capacidad intelectual disminuida es una circunstancia intrínsicamente atenuante" y ha afirmado que las pruebas de que una persona acusada en un caso de pena de muerte “bordea el retraso mental, pueden, sin duda […] influir en la valoración que haga el jurado de su culpabilidad moral". Pese a ello, Holly Wood fue ejecutado en Alabama el 9 de septiembre de 2010, pese a la opinión discrepante de varios jueces federales, entre ellos dos jueces de la Corte Suprema, que se habían referido de formas diversas a los “fallos notorios”, la “negligencia pura” y la “desatención” que habían caracterizado la asistencia jurídica de la que dispuso el acusado.


  • Gregory Wilson. Después de que los abogados originales de Gregory Wilson se retiraran del caso, el juez puso un cartel en la puerta de su juzgado pidiendo abogados defensores. Se presentaron dos voluntarios, pero existían serias dudas sobre su cualificación para representar a alguien que se enfrentaba a la pena de muerte (uno de los abogados ni siquiera había trabajado anteriormente en un caso penal). Gregory Wilson intentó que fueran destituidos y se nombrara a otros. El juez se negó a escuchar pruebas sobre los antecedentes del abogado voluntario que actuaría como abogado principal, pese a que esas pruebas incluían denuncias de conducta indebida y poco ética. Durante el juicio, Gregory Wilson volvió a declarar una vez más que no confiaba en los abogados, a lo que el juez respondió que tenía derecho a representarse a sí mismo. Gregory Wilson dijo que no sabía cómo hacerlo, pero también dijo que los abogados “no me representan”. El juez resolvió que, por lo tanto, había elegido la opción de representarse a sí mismo. El juicio siguió adelante, y sólo se citó un testigo de la defensa. Además, testigos clave de la acusación no fueron sometidos a un contrainterrogatorio. Pocos días antes del 16 de septiembre de 2010, fecha fijada para la ejecución de Gregory Wilson en Kentucky, después de pasar más de dos décadas condenado a muerte, un juez suspendió la ejecución, entre otros motivos porque se había alegado que Wilson sufría una “discapacidad intelectual” y que, por lo tanto, su ejecución sería inconstitucional.


  • Teresa Lewis. Matthew Shallenberger y Rodney Fuller mataron a tiros a Julian Lewis y a su hijo Charles Lewis en su domicilio, en octubre de 2002. El 15 de mayo de 2003 Teresa Lewis se declaró culpable de asesinato punible con la pena capital por su participación en los homicidios de las víctimas, su esposo e hijastro. La fiscalía afirmó que esta mujer convenció a los sicarios para que cometieran los asesinatos, con sexo, regalos y la promesa de compartir el dinero obtenido del seguro de vida. El juez concluyó que Teresa Lewis era “el cerebro” que estaba detrás de los asesinatos y la condenó a muerte. La fiscalía aceptó que Rodney Fuller fuese condenado a cadena perpetua mientras se declarase culpable, y el juez manifestó que no podía condenar a Matthew Shallenberger a una pena más dura que la de Fuller. Un psicólogo evaluó a Teresa Lewis y concluyó que tenía un coeficiente de inteligencia de 72, lo que significaba que su función intelectual bordeaba el límite del “retraso mental”. Investigaciones llevadas a cabo después de que fuera declarada culpable proporcionaron pruebas adicionales sobre sus discapacidades intelectuales. Un segundo psicólogo, designado por el estado, valoró su coeficiente de inteligencia en 70. Expertos médicos habían diagnosticado a Teresa Lewis un trastorno de la personalidad por dependencia así como adición a los analgésicos antes de cometerse los delitos, lo que planteaba dudas adicionales sobre la etiqueta de “cerebro” que se le aplicó. Posteriormente emergieron pruebas de que su papel en el crimen fue manipulado por uno de los sicarios. Mientras éstos cumplen sus condenas a cadena perpetua, Teresa Lewis fue ejecutada en Virginia a las 09:00 horas del 23 de septiembre de 2010.


  • Brandon Rhode. Brandon Rhode tenía 18 años en 1998, cuando se cometieron los asesinatos por los que fue condenado a muerte. Si el delito hubiese sido cometido nueve meses antes, ahora Brandon no se enfrentaría a su ejecución. En 2005, la Corte Suprema resolvió finalmente que los delincuentes que tuviesen menos de 18 años en el momento del delito no debían ser condenados a la pena de muerte. Sin embargo, en la decisión se advertía que “las cualidades que distinguen a los menores de edad de los adultos no desaparecen cuando una persona cumple los 18 años”. Además de su temprana edad cuando se cometió el delito, Brandon Rhode había tenido una infancia llena de privaciones, con problemas de desarrollo y de abuso de sustancias. Se le diagnosticó daño cerebral orgánico, y en 2010, utilizando métodos modernos de análisis, los expertos concluyeron que “definitivamente, sufre trastorno del espectro alcohólico fetal” y que su desarrollo se vio notablemente ralentizado a consecuencia de su exposición al alcohol mientras era un feto. Un experto ha manifestado que “lo que sabemos con seguridad en 2010 […] es que el cerebro de un niño sano sigue creciendo, desarrollándose y madurando hasta más allá de los 20 años. […]. Es por eso por lo que los adolescentes –incluso los de 18 años, como lo era Brandon Rhode en 1998– tienen una menor capacidad en estas áreas de funcionamiento cognitivo que los adultos. Además, los déficit característicos asociados al trastorno del espectro alcohólico fetal agravan aún más las deficiencias asociadas a la inmadurez cerebral de los adolescentes […] en la práctica, Brandon funcionaba […] al nivel de una persona considerablemente más joven que su edad cronológica en el momento de los delitos en cuestión”. Brandon Rhode empezó a beber alcohol a los 11 años, y a los 13 ya consumía alcohol y drogas de forma habitual. A los 13 años fue hospitalizado tras un intento de suicidio. A los 15 abandonó la escuela y fue enviado por su madre a vivir con su padre biológico, que era drogadicto y alcohólico. El consumo de sustancias por parte del propio Brandon fue en aumento, y el adolescente empezó a robar en casas para conseguir dinero con el que comprar alcohol y drogas. Los asesinatos por los que fue condenado a muerte se produjeron durante un robo. Poco antes de la fecha prevista para su ejecución en Georgia el 21 de septiembre de 2010, Brandon Rhode intentó suicidarse. El estado ha reprogramado su ejecución para la tarde del 27 de septiembre.


En su informe dirigido a la ONU en el contexto del Examen Periódico Universal, Estados Unidos se refiere brevemente el tema de la pena de muerte. Estados Unidos, dice, “puede imponer la pena de muerte para los delitos más graves y respetando plenamente las garantías procesales más exigentes”. Esta afirmación reitera las palabras emitidas por la Corte Suprema estadounidense: “El uso de la pena capital debe limitarse a los delincuentes que cometan los delitos incluidos en la reducida categoría de los más graves y cuya culpabilidad extrema les haga merecedores de la ejecución”.


Por supuesto, el delito de asesinato siempre es grave y tiene consecuencias terribles para las personas afectadas. Pero elegir cuál de los miles de asesinatos que se producen cada año en Estados Unidos se castigará con la ejecución se ha convertido en prácticamente una lotería cuyos resultados se ven afectados por elementos como los recursos de la fiscalía, políticas electoralistas, raza, representación letrada, composición del jurado, entre otros.


El 10 de septiembre de 2010, el estado de Washington llevó a cabo su primera ejecución en nueve años cuando mató a Cal Brown por el secuestro, la violación y el asesinato de una mujer de 21 años en 1991. El delito era grave, indudablemente.Pero también lo eran los crímenes de Gary Ridgway, quien en 2003 evitó la pena de muerte en el estado de Washington a cambio de su confesión de haber asesinado a 48 mujeres. El hecho de que Ridgway cumpla cadena perpetua, mientras otros puedan ser ejecutados por delitos con muchas menos víctimas, ha provocado, tal como señaló la Corte Suprema del estado en 2006, “que muchos miembros de nuestra comunidad cuestionen seriamente si la pena de muerte puede, en justicia, ser proporcional cuando se aplica a otro acusado”. Pese a ello, la Corte mantuvo la pena de muerte en el estado. Los cinco jueces de la mayoría dijeron que, aunque no “restan importancia a esta cuestión moral […] es una cuestión que es mejor dejar a la ciudadanía y a sus representantes designados por elección en la cámara legislativa”. Cuatro jueces discrepantes alegaron: “Cuando Gary Ridgway, el peor asesino en masa de la historia de este estado, elude la pena de muerte, se hace patente que existen graves defectos […] Si el caso de Ridgway fuera el único en ese extremo del espectro, quizá su pena de cadena perpetua en lugar de muerte podría explicarse o ignorarse. Sin embargo, el de Ridgway no es el único caso en el que un asesino en masa elude la muerte”. Los jueces discrepantes continuaron enumerando otros casos que, según afirmaban, “ilustran la arbitrariedad con que se administra la pena de muerte […] La pena capital es como un rayo, que cae al azar sobre unos acusados y no sobre otros […] No existe explicación racional sobre por qué unas personas escapan de la pena de muerte y otras no”.


En su informe para el Examen Periódico Universal, la administración estadounidense afirma que ve la participaciónde Estados Unidos en este proceso como una oportunidad para debatir “nuestros logros, retos y visión para el futuro de los derechos humanos [….] Cumplir con nuestro compromiso con los derechos humanos nunca ha sido fácil, pero es una labor que seguiremos llevando a cabo con determinación”. Por desgracia, a lo largo de los años lo que ha faltado ha sido voluntad política para apartar a Estados Unidos del homicidio judicial. La falsa impresión de que Estados Unidos tiene un sistema de pena de muerte justo y humano sigue viva, 16 años después de que el juez Blackmun anunciase que no volvería a participar en el experimento de la pena de muerte en su país.


La visión de Estados Unidos debería ser la de un futuro sin pena de muerte. En la actualidad, con 139 países abolicionistas en la ley o en la práctica, hace ya mucho tiempo que Estados Unidos debió poner fin a las ejecuciones. Pero tiene que hacerlo en nombre de su “profundo compromiso” con los derechos humanos.




SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDON WC1X 0DW, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA


1 La traducción de esta cita es de Amnistía Internacional.

Índice AI: AMR 51/089/2010 Amnistía Internacional 22 de septiembre de 2010

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