PÚBLICO Índice AI: AMR 51/089/2008

6 de agosto de 2008

Más información sobre AU 204/08 (AMR 51/081/2008, de 17 de julio de 2008) – Pena de muerte / Preocupación jurídica

Estados Unidos (Texas) José Ernesto Medellín Rojas, ciudadano mexicano, de 33 años de edad

El ciudadano mexicano José Medellín fue ejecutado en Texas la noche del 5 de agosto, en lo que supone una violación de las obligaciones legales internacionales contraídas por Estados Unidos y a pesar de los llamamientos enviados desde todo el mundo para que la ejecución fuese suspendida, incluido el del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon.

El 4 de agosto, la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Tejas se pronunció por unanimidad en contra de recomendar que el gobernador del estado conmutase la pena de muerte o concediese un indulto. Aunque el gobernador Rick Perry tuvo la oportunidad de conceder una suspensión de la ejecución por 30 días y de pedir a la Junta que reconsiderase su decisión, no lo hizo.

El recurso presentado a última hora ante la Corte Suprema de Estados Unidos fracasó, ya que el tribunal rechazó la suspensión por cinco votos a favor y cuatro en contra. Uno de los jueces que se mostró a favor de suspender la ejecución escribió que, si se llevaba a cabo, Estados Unidos “violaría irremediablemente el derecho internacional y se incumplirían nuestras obligaciones en virtud de los tratados”. Poco después, al filo de las 10 de la noche, se llevó a cabo la ejecución, aproximadamente cuatro horas después de lo que estaba previsto.

José Medellín fue condenado a muerte en 1994 por su participación en el asesinato de dos adolescentes: Jennifer Ertman, de 14 años, y Elizabeth Peña, de 16. Los asesinatos se cometieron en Houston en 1993.

Las autoridades de Texas no le notificaron en ningún momento que, como ciudadano extranjero, tenía derecho a pedir asistencia a su consulado, conforme establece el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. A causa de esta violación del tratado, José Medellín se vio privado de la amplia ayuda que México proporciona para la defensa de sus ciudadanos que se enfrentan a cargos punibles con la muerte en Estados Unidos. El consulado mexicano no tuvo conocimiento del caso hasta casi cuatro años después de la detención de José Medellín, y para entonces el juicio y la apelación inicial que confirmó su declaración de culpabilidad y su condena de muerte ya habían concluido.

El 31 de marzo de 2004, en la resolución Avena y Otros nacionales mexicanos, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) concluyó que, en los casos de José Medellín y otros 50 ciudadanos mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos, este país había violado las obligaciones contraídas en virtud de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Como remedio necesario, la CIJ ordenó a Estados Unidos que proporcionara una “revisión y reconsideración” judicial de las declaraciones de culpabilidad y las condenas, con el fin de determinar si los acusados se habían visto perjudicados por las violaciones de la Convención. El 28 de febrero de 2005, el presidente George W. Bush respondió a la decisión vinculante de la CIJ pidiendo que los tribunales estatales proporcionaran la “revisión y reconsideración” necesarias de todos los casos afectados. La Corte de Apelaciones en lo Penal de Texas resolvió más tarde que el presidente carecía de autoridad constitucional para obligar a los tribunales estatales a acatar su orden, y que la resolución Avena no tenía validez jurídica en los tribunales nacionales.

Los abogados de José Medellín apelaron ante la Corte Suprema de Estados Unidos. El 25 de marzo de 2008, en Medellín v. Texas, la Corte Suprema concluyó por unanimidad que la resolución Avena de la CIJ “constituye una obligación del derecho internacional por parte de Estados Unidos”. También concluyó por unanimidad que los motivos para acatar la resolución de la CIJ eran “sencillamente imperiosos”, ya que su cumplimiento nacional ayudaría “al interés de Estados Unidos de garantizar un cumplimiento recíproco de la Convención de Viena, protegiendo las relaciones con gobiernos extranjeros y demostrando un compromiso para con el papel del derecho internacional”. Sin embargo, por una mayoría de seis contra tres, la Corte decidió que la resolución de la CIJ “no es automáticamente vinculante en la ley nacional” y que la autoridad de ponerla en práctica no recaía en el presidente, sino en el Congreso de Estados Unidos. En una opinión coincidente, uno de los jueces instó a Texas a reconocer lo que estaba “en juego” y a cumplir con su parte para garantizar el cumplimiento de las obligaciones internacionales de Estados Unidos (véase USA: Government must ensure meaningful judicial review of Mexican death row cases, del 27 de marzo de 2008, http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/025/2008/en). En una carta conjunta enviada el 17 de junio de 2008 al gobernador de Texas, Rick Perry, la secretaria de Estado estadounidense, Condoleezza Rice, y el fiscal general, Michael Mukasey, pidieron a Texas que tomara “todas las medidas necesarias para hacer efectiva la resolución Avena”.

El 16 de julio de 2008, la CIJ dictó “medidas cautelares” en los casos de José Medellín y otros cuatro ciudadanos mexicanos que se enfrentaban a la ejecución en Texas (la fecha de ejecución de los otros cuatro todavía no se ha fijado). La CIJ ordenó a Estados Unidos que “tomara todas las medidas necesarias” para garantizar que esas personas “no son ejecutadas […] a menos y hasta que los casos de estos cinco ciudadanos mexicanos se sometan a una revisión y reconsideración judicial”. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también dictó “medidas cautelares” para pedir a Texas que no ejecutase a José Medellín hasta que la propia Comisión hubiese resuelto la petición en la que éste alegaba que se le negó un juicio justo.

Cuando la fecha de la ejecución estaba próxima, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, pidió que no se llevara a cabo. “Los Estados deben respetar todas las resoluciones y ordenanzas de la Corte Internacional de Justicia”, declaró a una emisora de televisión en Ciudad de México, donde se encontraba asistiendo a una conferencia sobre el VIH/sida. Afirmó que “Estados Unidos debe tomar todas las medidas para garantizar que la ejecución no tiene lugar” y añadió que había escrito a las autoridades con este fin.

Con arreglo al derecho internacional, el gobierno de Estados Unidos es el responsable final de garantizar que el país cumple con sus obligaciones internacionales. En virtud del artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, ningún Estado “podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado”.

Tras la ejecución, el gobierno de México emitió un comunicado en el que afirmaba que se había llevado a cabo en “claro desacato” a la ordenanza de la CIJ. La declaración continuaba así: “El gobierno de México ha enviado una nota de protesta al Departamento de Estado de Estados Unidos por esta violación al derecho internacional, preocupado por el precedente que pueda sentar para los derechos de los connacionales que puedan ser detenidos en ese país. La Secretaría de Relaciones Exteriores reitera que la importancia fundamental de este caso es el respeto al derecho al acceso a la protección que brindan nuestros consulados a los mexicanos en el exterior […] El Gobierno de México continuará insistiendo en la obligación de Estados Unidos de otorgar la revisión y reconsideración de las condenas de pena de muerte de los otros nacionales mexicanos cubiertos por el fallo Avena. La Secretaría de Relaciones Exteriores reitera su compromiso con la protección consular de los ciudadanos mexicanos en el exterior”.

Con ésta son 1.116 las ejecuciones que se han llevado a cabo en Estados Unidos desde que se reanudaron los homicidios judiciales en 1977. De ellas, 410 han tenido lugar en Texas. En lo que va de año se ha ejecutado en Estados Unidos a 17 presos, cinco de ellos en Texas.

Por el momento no se requiere ninguna otra acción por parte de la Red de Acción Urgente. Nuestro agradecimiento a quienes enviaron llamamientos.