Document - USA: Trial and error - a reflection on the first week of the first military commission trial at Guantánamo


Público

Amnistía Internacional

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Prueba y error

Reflexión sobre lo sucedido durante la primera semana del primer juicio ante una comisión militar que se celebra en Guantánamo



30 de julio de 2008


Índice AI: AMR 51/084/2008



Tanto el presidente de Estados Unidos como el secretario de Defensa se han tomado muchas molestias para identificar con nombre y apellidos [a Salim Hamdan] como una de las personas cuya causa se debe juzgar ante una comisión militar.

Capitán de la Armada estadounidense Keith J. Allred, juez militar, 20 de julio de 20081

El 21 de julio de 2008 se inició, en la base naval estadounidense de la bahía de Guantánamo, Cuba, el primer juicio que se celebra ante una comisión militar convocada en virtud de la Ley de Comisiones Militares de 2006. Amnistía Internacional contó con la presencia de una persona en calidad de observadora durante esta primera semana del proceso. El acusado es el ciudadano yemení Salim Ahmed Hamdan, quien, después de su detención en Afganistán en noviembre de 2001, ha estado bajo custodia militar de Estados Unidos durante más de seis años y medio. Se declaró inocente de lo que la fiscalía, con gran controversia, ha calificado de "crímenes de guerra": cargos de "conspiración" y "proporcionar apoyo material para la comisión de actos terroristas".


Si lo declaran culpable, Salim Hamdan se enfrenta a la posibilidad de ser condenado a cadena perpetua. No obstante, incluso en el caso de que lo absuelvan, dado que ha sido declarado "combatiente enemigo", puede permanecer bajo custodia militar indefinida, si el gobierno estadounidense así lo decide.2En un fallo que se emitió el día anterior al comienzo del juicio, el juez militar procedió partiendo del hecho de que, "como persona que ha sido detenida en el campo de batalla de un conflicto en curso", Hamdan "seguirá estando detenido tanto si este proceso sigue adelante como si no".3De esta manera, se desestimó la alegación de Hamdan de que se le había denegado el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, un derecho que hoy por hoy en Guantánamo es pura ficción.


Hacia el final de la semana, eran ya evidentes los graves problemas que suscita este sistema de juicios militares especiales, que prescinde de normas establecidas en el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. Muchas de estas preocupaciones se han analizado de forma más general en anteriores informes de Amnistía Internacional.4 No obstante, el juicio de Salim Hamdan ofrece una primera oportunidad de observar en la práctica el funcionamiento de los procedimientos judiciales. Quizá sea esta la razón de que la primera causa elegida para ser llevada a juicio sea una de las menos complicadas, en el sentido de que involucra a una persona a la que se acusa, principalmente, de ser chófer y guardaespaldas, más que de tener un grado de implicación mayor con Al Qaeda, y sobre la que no se tiene constancia de que se la haya sometido a las formas más extremas de malos tratos empleadas por Estados Unidos en la "guerra contra el terror", como, por ejemplo, la tortura del waterboarding (simulacro de ahogamiento).


Tal y como Amnistía Internacional ha señalado con anterioridad, durante los casi siete años transcurridos, el gobierno de Estados Unidos ha tratado a Salim Hamdan poco menos que como a un conejillo de Indias en su experimento con las comisiones militares.5Después de las actuaciones judiciales de la semana pasada, se ha señalado que un ex fiscal para crímenes de guerra del Departamento de Justicia estadounidense ha declarado: "Se trata en esencia de un nuevo sistema legal y están usando a Hamdan para ponerlo a punto. Es un juicio de prueba".6Cualquiera que sea el veredicto, manifestó otro ex funcionario del Departamento de Justicia, el gobierno "va a proclamar que es un éxito. Demuestra que se pueden celebrar juicios y que el proceso seguirá adelante".7El gobierno ha manifestado su intención de juzgar hasta a 80 personas ante las comisiones militares. Las actuaciones preliminares de algunos de los denominados detenidos de "alto valor" –personas a las que se sometió a desaparición forzada o tortura, o ambas cosas, mientras se encontraban recluidas dentro del programa de detenciones secretas de Estados Unidos, y cuyas causas sirvieron al presidente para conseguir que el Congreso diera su aprobación a la Ley de Comisiones Militares­– se encuentran en su fase inicial.8


Los abusos de los que se tiene constancia que Salim Hamdan ha sufrido no son necesariamente los más graves que se han expuesto públicamente hasta el momento, y ha quedado patente que el juez militar al frente del juicio, el capitán de la Armada estadounidense Keith J. Allred, ha intentado aplicar de la forma más imparcial posible unos procedimientos y un reglamento intrínsecamente injustos. Pese a esto, la primera semana del juicio ha dejado ya al descubierto que el trato profesado a Hamdan desde finales de 2001 hasta el momento de su presente juicio en virtud de la Ley de Comisiones Militares ha implicado la comisión de múltiples violaciones de sus derechos humanos.


Juicio ante tribunales militares especiales de personas a las que no se reconoce como miembros de las fuerzas armadas de un Estado o como prisioneros de guerra

A Salim Hamdan lo está juzgando un tribunal militar especial, pese a que hace mucho tiempo que no pisa una zona de conflicto armado y que la última que pisó se encuentra a muchos kilómetros de distancia, y pese a que Estados Unidos no lo reconoce como prisionero de guerra ni como miembro de las fuerzas armadas de ningún Estado. De hecho, no parece que se le acuse de haber participado en la planificación, organización, implementación o ejecución de ningún ataque armado específico. Tampoco hay ninguna prueba que confirme, como el mismo gobierno ha admitido, que haya usado un arma alguna vez.


Unos meses antes del juicio, pero unos seis años después de que Salim Hamdan fuera detenido por primera vez, el juez militar, después de una vista acusatoria, había dictaminado que Hamdan no tenía derecho al estatuto de prisionero de guerra en virtud del Convenio III de Ginebra. Asimismo, dictaminó que tampoco se trataba de un civil bajo la protección del Convenio IV de Ginebra.9En su lugar, se calificó a Salim Hamdan de "combatiente enemigo ilegal extranjero", que es el requisito previo, en virtud de la Ley de Comisiones Militares, para que se pueda someter a alguien a juicio ante una comisión militar, y es además el estatuto que, en virtud de la legislación estadounidense, despoja a Salim Hamdan de muchos de los derechos que, en otras circunstancias, tendría garantizados. El gobierno mantiene que, en cualquier caso, según la sección 948b.g de la Ley de Comisiones Militares, "ningún combatiente enemigo ilegal extranjero al que se someta a juicio ante una comisión militar [...] puede recurrir a los Convenios de Ginebra como fuente de derecho".

Cronología del experimento de las comisiones militares

• 13 de noviembre de 2001 – El presidente Bush dicta la orden ejecutiva en materia militar que autoriza a someter a juicio ante una comisión militar a ciudadanos extranjeros.

• 24 de noviembre de 2001 – Salim Hamdan es capturado por la Alianza del Norte en Afganistán y transferido a la custodia de las fuerzas armadas estadounidenses.

• 7 de febrero de 2002 – El presidente Bush emite un memorando en el que afirma que a ninguna persona que haya sido detenida en el contexto de la "guerra contra el terror" se la considerará prisionera de guerra y no se le aplicará el artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra.

• Mayo de 2002 – Se traslada a Guantánamo a Salim Hamdan.

• Julio de 2003 – Se lo declara apto para ser enjuiciado en aplicación de la orden ejecutiva en materia militar.

• 14 de julio 2004 – Se acusa a Hamdan de "conspiración". El Pentágono describe las comisiones militares previstas por la orden ejecutiva en materia militar como un "instrumento para hacer justicia" que garantiza que los acusados serán sometidos a "juicios justos y completos".

8 de noviembre de 2004 – Una corte federal de primera instancia falla en la causa Hamdan v. Rumsfeld que las comisiones militares son ilegales.

15 de julio de 2005 – La Corte de Apelaciones del Circuito del distrito de Columbia (DC) revoca el fallo emitido por la corte federal de primera instancia en la causa Hamdan.

• 30 de diciembre de 2005 – Entra en vigor la Ley sobre el Trato a los Detenidos. Se concede jurisdicción exclusiva a la Corte de Apelaciones del Circuito del distrito de Columbia para "determinar la validez de toda decisión final" que dicten las comisiones militares.

29 de junio de 2006 – La Corte Suprema de Estados Unidos revoca la decisión de la Corte de Apelaciones en la causa Hamdan v. Rumsfeld, al dictaminar que las comisiones militares vulneran las leyes militares estadounidenses y el derecho internacional y que sí que aplica el artículo común 3.

• 17 de octubre de 2006 – Entra en vigor la Ley de Comisiones Militares.

• 13 de diciembre de 2006 – La corte federal de primera instancia rechaza la petición de hábeas corpus de Hamdan alegando que el artículo7 de la Ley de Comisiones Militares ha despojado a los tribunales federales de jurisdicción para considerar tales apelaciones.

• 2 de febrero de 2007 – En virtud de la Ley de Comisiones Militares, se presentan formalmente contra Hamdan los cargos de "conspiración" y "proporcionar apoyo material para la comisión de actos terroristas". Según los cargos presentados, actuó como chófer y guardaespaldas de Osama bin Laden, transportó armas y otros suministros para miembros de Al Qaeda y recibió entrenamiento en el uso de armas. Estos cargos corresponden a delitos que no se castigan con la pena de muerte.

• 1 de mayo de 2007 – Se remite a juicio ante una comisión militar el expediente que recoge los cargos presentados.

12 de junio de 2008 – La Corte Suprema falla en la causa Boumediene v. Bush que el artículo 7 de la Ley de Comisiones Militares es inconstitucional y que las personas que se encuentran recluidas en Guantánamo tienen el derecho constitucional de hábeas corpus.

17 de julio de 2008 – La corte federal de primera instancia se niega a suspender el juicio de Salim Hamdan basándose en el fallo emitido en la causa Boumediene.

• 21 de julio de 2008 – Comienza el juicio de Salim Hamdan.

Amnistía Internacional está en desacuerdo con la conclusión del juez militar, según la cual existe un vacío legal entre los Convenios III y IV de Ginebra que despojaría a cualquier persona detenida en el transcurso de un conflicto armado internacional de la protección que le concede, bien el estatuto de prisionero de guerra, bien la condición de civil.


Amnistía Internacional no considera que el juicio de Salim Hamdan ante este tribunal militar sea legal en virtud del derecho internacional, debido, entre otros motivos, a la negación general por parte del ejecutivo a conceder el estatuto de prisionero de guerra a Salim Hamdan o al resto de los detenidos capturados en Afganistán, y debido también a las circunstancias de su captura y al momento y la índole de los actos y delitos concretos de los que se le acusa.10


En su interpretación autorizada del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, órgano de vigilancia del tratado, ha declarado:


El enjuiciamiento de civiles por tribunales militares debe ser excepcional, es decir, limitarse a los casos en que el Estado Parte pueda demostrar que el recurso a dichos tribunales es necesario y está justificado por motivos objetivos y serios, y que, por la categoría específica de los individuos y las infracciones de que se trata, los tribunales civiles no están en condiciones de llevar adelante esos procesos.11


El hecho de que los tribunales civiles ordinarios estadounidenses serían los únicos con jurisdicción –y los únicos que se utilizarían– para enjuiciar delitos idénticos a aquellos de los que se acusa a Salim Hamdan, si los hubiesen cometido ciudadanos estadounidenses, demuestra que los tribunales ordinarios disponen de la capacidad para juzgar causas como esta (véase también en la página 15 infra, la información sobre el memorando de 2002 del Departamento de Justicia). En la medida en que la acusación de Salim Hamdan depende en gran parte de confesiones obtenidas bajo coacción (véase infra), que no serían admitidas ante tribunales civiles (ni siquiera ante tribunales militares ordinarios), esto no es un motivo válido para alegar que se necesitan tribunales militares especiales, particularmente si se tiene en cuenta la naturaleza absoluta y sin excepciones de la prohibición de la tortura y todos los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.


En una resolución emitida el 20 de julio de 2008 sobre la causa de Salim Hamdan, el capitán Allred declaró que "está claro que Estados Unidos tiene el poder y la capacidad de garantizar a todos los detenidos bajo su poder todos los derechos que les reconoce la Constitución, si desea hacerlo", pero, que existen "razones de peso de índole práctica que se oponen a que los detenidos de Guantánamo sean sometidos a un juicio con jurado".12Es importante recordar, por tanto, que el gobierno eligió para tales detenciones la base naval situada en Cuba siguiendo la recomendación del Departamento de Justicia de que, en virtud del derecho constitucional existente, los tribunales federales no podrían "estudiar una petición de hábeas corpus interpuesta por un extranjero enemigo" capturado en otro país y recluido en la base, incluidos aquellos que se encontraran retenidos "a la espera de un posible juicio ante una comisión militar".13 Dicho de otro modo, en palabras de un ex fiscal general adjunto: "Puesto que, técnicamente, [Guantánamo] no formaba parte del territorio soberano de Estados Unidos, parecía una buena opción para reducir al mínimo la vigilancia judicial".14 De este modo, una razón mal concebida e ilícita para mantener las detenciones fuera del alcance de la supervisión judicial independiente (en la causa Boumediene v. Bush de junio de 2008, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que la negación del hábeas corpus era inconstitucional), a la que han seguido años de detención ilegal, culmina ahora con la utilización de procedimientos judiciales que vulneran el derecho internacional. Es un hecho que el gobierno fabricó deliberada e ilícitamente los obstáculos “prácticos” que impedían el acceso de estos detenidos a juicios penales ordinarios con jurado, en su intento por mantener a las personas que había calificado de "combatientes enemigos" lo más alejadas posible de los tribunales independientes. Esta motivación inicial y sus actuales resultados no se encuentran en consonancia con el derecho internacional humanitario o de los derechos humanos.


Negación de la igualdad antes los tribunales

La Ley de Comisiones Militares sólo se aplica a ciudadanos extranjeros. Así, impone a dichos ciudadanos normas relativas a los juicios penales y a la condena que contienen garantías penales y procesales mucho menores que las que se aplicarían a sus propios ciudadanos si hubiesen cometido el mismo delito; éstos únicamente serían juzgados ante tribunales penales federales ordinarios.15El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha declarado que "[e]l derecho procesal o las correspondientes medidas de aplicación que establecen distinciones basadas en alguno de los criterios enumerados en el párrafo 1 del artículo 2 y en el artículo 26 [que incluye el 'origen nacional'] […] al disfrute de las garantías establecidas en el artículo 14 del Pacto no sólo vulneran el principio enunciado en el párrafo 1 de esta disposición de que '[t]odas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia' sino que puede también equivaler a discriminación".16


En marzo de 2008, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, de la ONU, expresó su desacuerdo con el argumento esgrimido por el gobierno estadounidense respecto que la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial no se aplica al trato dispensado a las personas extranjeras detenidas como "combatientes enemigos". El Comité recordó a Estados Unidos que:

"[…] los Estados Partes están obligados a garantizar la igualdad entre los ciudadanos y los no ciudadanos en el disfrute de los derechos consagrados en el artículo 5 de la Convención, incluido el derecho a la igualdad de tratamiento en los tribunales y todos los demás órganos que administran justicia […]".17

Salim Hamdan es un ciudadano de Yemen. Si se pudiese cambiar esta única circunstancia de entre todas las que se alegan en su contra y hacer que fuera un ciudadano estadounidense, no sería ni podría ser juzgado con arreglo a los procedimientos injustos que se recogen en la Ley de Comisiones Militares.


Faltan las garantías ordinarias de independencia e imparcialidad

En Estados Unidos, la selección del jurado que sopesará los hechos presentados en una causa por un delito penal grave ante un tribunal penal ordinario comienza con un conjunto de personas elegidas al azar de entre la población local. En los tribunales militares especiales establecidos en virtud de la Ley de Comisiones Militares, la selección de los miembros de la comisión (como encargados de ponderar los hechos o “jurado” del juicio) da comienzo con un grupo de miembros de las fuerzas armadas a los que elige el secretario de Defensa estadounidense, o la persona designada por éste, en un proceso que carece de transparencia.18 El carácter institucional de los miembros y del juez de la comisión –ya que, en última instancia, todos ellos son representantes del poder ejecutivo, no de la judicatura o de a ciudadanía en general– hace que la comisión carezca de las garantías fundamentales de independencia e imparcialidad que se aplicarían en los juicios penales ordinarios.19


La comisión que juzga a Salim Hamdan está constituida por un total de seis oficiales pertenecientes a las fuerzas armadas estadounidenses: dos coroneles, tres tenientes coroneles y un capitán. El juez es un capitán de la Armada de Estados Unidos.


A pesar de que el juez militar que ejerce como presidente del tribunal parece intentar aplicar de la manera más imparcial posible –teniendo en cuenta las circunstancias– el reglamento que determina el funcionamiento de la comisión, dicho reglamento vulnera de forma fundamental las normas internacionales de derechos humanos. Esto significa que, en última instancia, el presidente del tribunal carece en todo caso del poder para enmendar completamente los incumplimientos de las normas internacionales que el Congreso y el gobierno estadounidenses incorporaron como pieza inherente al proyecto de las comisiones militares.


La teoría de que existe un conflicto armado mundial continuo y omnipresente como excusa para negarse a reconocer o aplicar los derechos humanos

La afirmación de la comisión militar de que tiene jurisdicción para juzgar los presuntos delitos de Salim Hamdan, especialmente considerando que los delitos de que se le acusa están relacionados casi totalmente con conductas anteriores a la participación de Estados Unidos en las hostilidades que se iniciaron en Afganistán en octubre de 2001, se basa principalmente en la idea postulada por Estados Unidos de que, desde por lo menos el año 1996, el país se ha visto envuelto en un “conflicto armado” mundial, tal y como se define este concepto en virtud del derecho internacional, con organizaciones terroristas.20La teoría también postula que, de momento, Estados Unidos seguirá involucrado en dicho conflicto armado.


La acusación de Salim Hamdan forma parte, por tanto, de la invocación de una especie de “estado de excepción” permanente a escala mundial en el que, a criterio de Estados Unidos, prácticamente a cualquiera, en cualquier parte del mundo, se le pueden negar sus derechos humanos si el propio Estados Unidos decide que esa persona se ajusta a su definición de “combatiente enemigo”. Esta teoría es incompatible en esencia con el derecho internacional, tanto en lo relativo a si, con arreglo al derecho internacional, la situación en su conjunto constituye "conflicto armado", como en lo relativo al efecto que, de ser así tendría sobre el derecho internacional de los derechos humanos.21


Es en virtud de esta teoría que Estados Unidos ha rechazado tanto la autoridad de los órganos de vigilancia de los tratados y otros órganos expertos de la ONU como la preocupación manifestada por éstos en torno al sistema de detenciones y juicios establecido para los “combatientes enemigos” en el contexto de la “guerra contra el terror”. Estados Unidos ha respondido a las preocupaciones del Comité contra la Tortura y del Comité de Derechos Humanos de la ONU, por poner un ejemplo, con su postura de que “[l]os Estados Unidos se encuentran en un conflicto armado con Al Qaeda, los talibanes y sus partidarios. Como parte de este conflicto, los Estados Unidos capturan y detienen combatientes enemigos y tienen derecho, de conformidad con el derecho de la guerra, a retenerles hasta el término de las hostilidades. El marco legal aplicable que rige estas detenciones es el derecho de la guerra y no [la Convención contra la Tortura ni el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos]”.22No obstante, el derecho internacional de los derechos humanos se aplica siempre y en todo momento, tal y como ha dictaminado la Corte Internacional de Justicia, y las detenciones y los juicios que tienen lugar en Guantánamo no hacen más que vulnerarlo.23


Pruebas obtenidas bajo coacción, otras pruebas autoincriminatorias e involuntarias, negación del derecho a asistencia letrada

La Ley de Comisiones Militares permite que se admitan como prueba declaraciones del acusado o de otras personas obtenidas bajo coacción. El juez de la corte federal de primera instancia James Robertson describió como “alarmante” este radical alejamiento de los procedimientos que se siguen en los juicios penales ordinarios y en las cortes marciales en Estados Unidos, pero, pese a ello, se negó a paralizar el juicio de Hamdan en vísperas de su inicio.24


La Ley de Comisiones Militares contempla expresamente la admisión de declaraciones obtenidas mediante la aplicación de tratos crueles, inhumanos o degradantes con anterioridad al 30 de diciembre de 2005 (cuando se promulgó la Ley sobre el Trato a los Detenidos, por la que se prohibían tales tratos). No se deben admitir las declaraciones obtenidas con posterioridad a esa fecha mediante tratos que vulneren la Ley sobre el Trato a los Detenidos, ni tampoco las obtenidas, en cualquier momento, mediante tortura. Sin embargo, las “reservas” e “interpretaciones” formuladas por Estados Unidos al ratificar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la Tortura debilitan incluso estas protecciones parciales.25


En una orden emitida el 20 de julio, el juez militar prohibió a la fiscalía que admitiera como prueba declaraciones que Salim Hamdan había hecho a finales de 2001 mientras se encontraba en Panshir y Bagram, Afganistán, bajo custodia de Estados Unidos. El juez dictaminó que "dado el ambiente y las condiciones altamente coercitivas en las que se hicieron tales declaraciones, admitirlas no contribuye a los intereses de la justicia". En Panshir, por poner un ejemplo, se había interrogado a Hamdan, según sus propias palabras, "de una forma que recordaba a la tortura". Tenía los pies y las manos atados, le habían puesto una bolsa sobre la cabeza, sus interrogadores lo golpeaban repetidamente, arrojándolo al suelo, y lo obligaban a caminar en cuclillas hacia delante y hacia atrás. En la base aérea estadounidense de Bagram, a donde lo trasladaron sobre el 1 de diciembre de 2001, lo mantuvieron recluido en régimen de aislamiento en condiciones duras y bajas temperaturas. Tenía los pies y las manos atados 24 horas al día. Durante los interrogatorios, lo rodeaban soldados armados.26


No obstante, pese a las objeciones presentadas por la representación letrada de Salim Hamdan, se admitieron otras declaraciones que, al parecer, se habían obtenido en condiciones coercitivas, tales como tratos que podrían constituir violaciones de la prohibición internacional del uso de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes. Por ejemplo, el juez admitió como prueba los vídeos de dos interrogatorios llevados a cabo por las fuerzas estadounidenses poco después de que Salim Hamdan fuera transferido a su custodia y poco después de que las fuerzas afganas que lo capturaron lo hubiesen golpeado y amenazado con matarlo. En los vídeos, Salim Hamdan aparece en algunos momentos encapuchado, y flanqueado por guardias armados con la cabeza cubierta con pasamontañas. Algunas de las declaraciones grabadas en vídeo podrían también contener amenazas implícitas.27 Pese a todo, el juez falló, refiriéndose a la Ley de Comisiones Militares, que “el conjunto de las circunstancias hace que estas declaraciones sean fidedignas y que posean suficiente valor probatorio […] La admisión de las declaraciones como prueba contribuirá de la mejor manera posible a los intereses de la justicia”. En tribunales civiles o militares ordinarios, probablemente no se habría permitido un resultado como éste.


Pese a la objeción de su representación letrada, también se admitieron las declaraciones obtenidas de Salim Hamdan mientras se encontraba recluido en Guantánamo, aunque el juez reconoció que “durante los últimos siete años se expuso a Hamdan a una serie de influjos coercitivos”.28Entre las declaraciones que se admitirán como prueba se incluyen, al parecer, las que se obtuvieron durante un periodo de unos 210 días tras su captura, en que se lo mantuvo retenido en régimen de incomunicación, y a raíz de aquel periodo. Un agente del FBI testificó que, en junio de 2002, había ayudado a organizarlo todo para que Salim Hamdan pudiera llamar por teléfono a su esposa. El agente testificó que a Hamdan le preocupaba que su esposa pensara que estaba muerto. Si, de hecho, aquella detención prolongada en régimen de incomunicación hubiese servido para ocultar en la práctica la suerte y el paradero de Hamdan, constituiría una desaparición forzada, considerada delito en virtud del derecho internacional. Sin embargo, esta revelación de Hamdan de que se lo había mantenido recluido en régimen de incomunicación durante siete meses “no produjo la más mínima reacción” en la comisión militar, en palabras de un periodista del New York Times que se encontraba presente.29


El juez militar señaló que “mientras se encontraba en Guantánamo, Hamdan fue sometido a diversas formas de trato coercitivo, o de trato que a él le pareció coercitivo”.30Entre otras cosas, se instaló a Hamdan “en distintos campos y celdas con diferentes niveles de seguridad, algunos de los cuales tienen algunos rasgos en común con la reclusión en régimen de aislamiento”. Tal y como Amnistía Internacional ha informado ya previamente, desde diciembre de 2003 hasta octubre de 2004, mientras las autoridades estadounidenses se preparaban para llevarlo a juicio –y al parecer intentaban que se declarara culpable– en virtud del anterior sistema de comisiones militares posteriormente declarado ilegal por la Corte Suprema de Estados Unidos, Salim Hamdan estuvo recluido en régimen de aislamiento en el Campo Eco, en una celda sin ventanas que carecía de luz natural y ventilación. Según un informe militar filtrado, en una reunión que tuvo lugar en octubre de 2003 entre el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y las autoridades de Guantánamo, el CICR elevó una protesta por el “excesivo aislamiento” de los detenidos y sobre la forma en que los interrogadores “intentaban controlar a los detenidos a través del aislamiento”. El CICR manifestó la especial “conmoción” que le produjo el Campo Eco, unas instalaciones en las que, a su entender, las condiciones eran “extremadamente duras”.


Durante el examen de la alegación sobre trato coercitivo, el juez militar señaló también que a Salim Hamdan se le había alimentado por la fuerza “para obligarlo a poner fin a su huelga de hambre”. “Después de que se le insertara, mediante una técnica médica adecuada, una sonda de alimentación, volvió a ser alimentado por la fuerza, en un entorno sin las condiciones médicas necesarias, posiblemente por personal sin formación médica, y permaneció atado a una silla hasta que se hizo sus necesidades encima”.31


Además, el juez militar declaró, eufemísticamente, que Salim Hamdan había sido “participante” en la “Operación Hombre de Arena” durante un periodo de 50 días, desde el 10 de junio hasta el 31 de julio de 2003.32. Según un informe reciente de la Inspección General del Departamento de Justicia de Estados Unidos, este programa consistía en interrupciones del sueño y frecuentes cambios de celda, y al parecer estaba dirigido principalmente a los detenidos saudíes para mantenerlos “mentalmente desequilibrados, aislarlos lingüística o culturalmente e inducirlos a colaborar”.33No obstante, en su fallo del 20 de julio, el juez militar declaró que “la Operación Hombre de Arena no implicaba privación del sueño, sino que era un intento pertinente por parte de los comandantes del campo para mantener la disciplina”. Puesto que los detalles del programa continúan siendo secretos, la opinión pública no puede conciliar estas conclusiones aparentemente contradictorias.


En abril de 2003, en el informe que el Grupo de Trabajo del Pentágono había redactado sobre la cuestión de los interrogatorios, se discutían y se recomendaban varias técnicas de interrogatorio para utilizarlas con los “combatientes enemigos”. Tras examinar una serie de técnicas, el informe advertía de que el uso de técnicas como la interrupción y privación del sueño, las bofetadas, las amenazas de trasladar a la persona detenida a un país donde la torturarían, el aislamiento, el permanecer de pie durante largo tiempo y la explotación de fobias podían constituir un problema a la hora de que las declaraciones fuesen admitidas en cualquier juicio posterior, aunque sería “una cuestión de índole menor para las comisiones militares”.34La aparente aceptación por parte del juez militar de la legitimidad de la Operación Hombre de Arena parece ser otro ejemplo de la tolerancia general que hacia prácticas abusivas muestran las autoridades del Departamento de Defensa, quienes ya manejan un sistema deliberadamente coercitivo a través del uso de la reclusión en condiciones de aislamiento, por tiempo indefinido y prácticamente en régimen de incomunicación. A pesar de reconocer los indicios de “unas prácticas y un ambiente coercitivos en el centro de detención”, el juez Allred escribió que, puesto que la reclusión “es una circunstancia aceptada e inherente a las situaciones de conflicto bélico”, concedería “poca importancia al efecto coercitivo que, de otro modo, podría haberse derivado de la reclusión prolongada” sin acceso al mundo exterior y sometido a repetidos interrogatorios por parte de sus captores.35


Al concluir la primera semana del juicio de Salim Hamdan, las declaraciones que hizo el 17 de mayo de 2003, uno de los muchos días en que fue sometido a interrogatorio en Guantánamo, seguían siendo las únicas con posibilidades de no ser admitidas a causa de la cuestión de la coerción. El fallo sobre esta declaración se pospuso porque el gobierno acababa de proporcionar a la defensa unas 600 páginas de informes relativos al trato dispensado a Hamdan inmediatamente antes y después del interrogatorio en el que se realizó esta declaración en concreto. La fiscalía había proporcionado este material la noche del domingo 20 de julio de 2008, cuando el comienzo del juicio estaba previsto para el día siguiente.


Ya en febrero de 2002, el secretario de Defensa declaró que Estados Unidos iba a comenzar a interrogar a los detenidos con vista a una posible acusación.36Sin embargo, a Hamdan, igual que al resto de los detenidos de Guantánamo, en ningún momento se le proporcionó acceso a asistencia jurídica durante los interrogatorios, ni siquiera en aquellos que tuvieron lugar a miles de kilómetros de distancia de cualquier zona de conflicto armado, meses y años después de su detención.37El juez militar dictaminó que a Salim Hamdan “nunca se le informó de que tenía derecho a guardar silencio ni se le advirtió de que sus declaraciones podrían ser usadas posteriormente en su contra en un juicio penal”. A pesar de esto, las declaraciones obtenidas en estas circunstancias constituyen, hasta el momento, el núcleo de las pruebas presentadas en su contra.


El 24 de julio de 2008, en el juicio de Salim Hamdan, testificaron para la acusación seis agentes especiales de la Oficina Federal de Investigación (Federal Bureau of Investigation, FBI), uno de los cuales testificó de forma anónima bajo el seudónimo de “testigo nº 1”. Los interrogatorios en cuestión se llevaron a cabo en Guantánamo. En ningún momento se informó a Hamdan de que tenía derecho a guardar silencio ni se le proporcionó asistencia jurídica antes de someterlo a interrogatorio. Cada vez que se le preguntaba por qué no se le había informado de sus derechos antes de los interrogatorios, el agente del FBI respondía que, en aquel momento, no formaba parte de la política del FBI informar a ningún detenido de Guantánamo sobre sus derechos. Si esto hubiera sucedido a unos cientos de kilómetros de allí, en Estados Unidos, o al parecer en cualquier otra parte del mundo menos en la bahía de Guantánamo, lo más probable es que cualquier declaración posterior así obtenida se hubiera considerado inadmisible en los tribunales estadounidenses.


La sección 7-1 del manual jurídico para agentes especiales del FBI establece: “Las limitaciones más importantes para que se admitan como prueba las declaraciones incriminatorias de un acusado son que sean voluntarias, que se hayan obtenido sin que el gobierno haya recurrido al uso de prácticas intolerables, y que se hayan obtenido sin vulnerar el derecho del acusado a guardar silencio o a disponer de la presencia de un abogado”. La sección 7-2 precisa: “Una condena basada en una declaración involuntaria, sin entrar en consideraciones de si es cierta o falsa, niega al acusado el derecho a ser sometido a juicio con las debidas garantías procesales. Una confesión realizada bajo coacción socavará la legitimidad de una condena”. La sección 7-15 establece: “A las personas que entrevisten los agentes mientras se encuentran bajo custodia policial en un país extranjero se les deben notificar de la forma más completa posible los derechos que les otorga la legislación federal estadounidense”. Tras el 11 de septiembre de 2001, los agentes del FBI se encontraron trabajando conjuntamente con miembros de las fuerzas armadas y de otros organismos gubernamentales, en situaciones en las que “el objetivo prioritario de los interrogatorios no era necesariamente el procesamiento de delitos” y “no se aplicaban forzosamente las normas probatorias de las cortes federales establecidas en virtud del artículo III de la Constitución estadounidense”.38


Esta decisión política de hacer caso omiso de las normas que generalmente rigen la recopilación de información para su uso en investigaciones criminales es, al menos, parte de la razón de que se haya decidido celebrar juicios ante comisiones militares. A principios de 2002, el Departamento de Justicia hizo saber al Pentágono que la protección contra la autoincriminación que concede la Quinta Enmienda de la Constitución estadounidense no se aplicaría a aquellos acusados que se enfrentasen a un juicio ante una comisión militar por haber quebrantado el derecho de la guerra. Por lo tanto, no era necesario informar a tales detenidos de sus derechos bajo la denominada “ley Miranda” (derecho a guardar silencio, derecho a un abogado) antes de interrogarlos, ya fuera con intención de obtener información para uso de los servicios secretos o para iniciar un procedimiento judicial.39En ese memorando, en el que se reflejaba el hecho de que se podía haber enjuiciado a los detenidos en cortes federales, se apuntaba que “todavía no se había tomado una decisión” sobre los tribunales en los que se celebraría cualquiera de los juicios” y, por lo tanto, “existe todavía la posibilidad de que algunos de los detenidos puedan ser procesados por cargos penales ante cortes federales establecidas en virtud del artículo III de la Constitución estadounidense [es decir, tribunales civiles federales]”. Sin embargo, el memorando advertía de que, al contrario de lo que sucedía con las comisiones militares, la cuestión de la admisibilidad de las declaraciones en tribunales ordinarios sería más compleja y llevaría a que se formularan preguntas sobre la intención con la que se llevó a cabo el interrogatorio: obtener información para uso de los servicios secretos, iniciar un procedimiento judicial o una mezcla de ambos. El memorando establecía que “en la medida en que el único uso judicial de las declaraciones obtenidas será el que se haga ante las comisiones militares, no hay necesidad de proceder a la lectura de los derechos según la ‘ley Miranda’”. Según informes, en algún momento del año 2002, dentro de la administración se tomó la determinación de que “ni uno solo de los [detenidos] verá el interior de una sala de juicios estadounidense”.40


En consonancia con la postura del gobierno, el juez militar capitán Allred, en su fallo del 20 de julio de 2008, concluyó que “la Quinta Enmienda de la Constitución carece de aplicación para proteger al Sr. Hamdan”, entre otras razones, porque se trata de un “combatiente enemigo ilegal” y “no es necesario apelar a la Quinta Enmienda para evitar que se cometa una injusticia”. También sostuvo que existían “importantes razones prácticas” para no aplicar esta protección en Guantánamo, concretamente, que “invalidaría a los miembros de los servicios de inteligencia y de las fuerzas armadas para desempeñar labores fundamentales de seguridad nacional” y que “aniquilaría nuestra capacidad para enfrentarnos al el terrorismo internacional y responder de forma efectiva ante él”. Por consiguiente, “aunque, claramente, está en la mano de Estados Unidos garantizar a los combatientes ilegales las protecciones que se recogen en la Quinta Enmienda, existen también considerables razones prácticas y acuciantes circunstancias que lo desaconsejan”.41


Nuevamente, el juez militar resta importancia al trasfondo de violaciones. Desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, que suscitaron dudas sobre la calidad del programa antiterrorista de los servicios secretos estadounidenses y despertaron el temor a nuevos atentados, el gobierno estadounidense ha considerado a aquellos a los que califica de “combatientes enemigos” como fuentes potenciales de información a las que se debe someter a un ciclo “continuo” de interrogatorios.42 En efecto, las autoridades estadounidenses han utilizado a los detenidos que mantiene recluidos fuera del alcance del Estado de derecho para intentar subsanar, mediante interrogatorios prolongados, los errores cometidos en el pasado por los servicios de inteligencia. Según esta teoría, el acceso a representación letrada pone trabas al proceso y pone en peligro la seguridad nacional.43 Este sistema de detenciones e interrogatorios ha burlado el derecho internacional y ha dado vía libre al uso de la tortura y de otros tratos crueles, inhumanos o degradantes en un intento por recabar información de unos detenidos a los que se considera fuera del alcance de las protecciones reconocidas por la Constitución o por el derecho internacional.

Revocación de la norma ordinaria en contra de los testimonios de oídas (pruebas indirectas)44

En su fallo del 17 de julio de 2008, por el que permitía que siguiera adelante el juicio de Salim Hamdan, el juez civil de la corte federal de primera instancia, James Robertson, señalaba que la Ley de Comisiones Militares “adopta normas bastante permisivas con respecto al uso de los testimonios de oídas”. El reglamento de las comisiones militares, en efecto, establece una presunción a favor de la admisión de los testimonios de oídas. Los testimonios de oídas son pruebas indirectas –por ejemplo, “A me contó que B iba conduciendo el auto”– en contraposición a los testimonios de testigos directos –como por ejemplo, “Vi a B conduciendo el auto”–, y normalmente no se admiten en los juicios penales ordinarios estadounidenses porque no siempre es posible verificarlos y, por tanto, su fiabilidad es dudosa. Con arreglo al reglamento de las comisiones militares, los testimonios de oídas pueden ser admitidos como prueba incluso en aquellos casos en los que el gobierno insiste en mantener en secreto, en nombre de la seguridad nacional, la fuente original o los métodos o actividades por medio de los cuales se obtuvo la información (lo que de hecho impide evaluar si la información se pudo haber obtenido por medio de violaciones de derechos humanos o del derecho humanitario).

Aunque la mayor parte de la causa del gobierno en contra de Salim Hamdan se ha basado, hasta el momento, en las declaraciones que él mismo hizo al FBI y a otros interrogadores (unas declaraciones que, en sí mismas, suscitan preocupación a causa de la coerción y la falta de acceso a representación letrada mencionados anteriormente), también se han admitido como prueba una cantidad considerable de testimonios de oídas e incluso, testimonios de oídas de los que se tiene constancia a través de terceras personas, como por ejemplo, “A me contó que B le dijo que C estaba planeando algo”. Sin embargo, en la mayoría de los casos –si no en todos–, en vez de recurrir a la autorización, creada especialmente para las comisiones militares, que permite hacer uso de testimonios de oídas, la fiscalía ha citado excepciones tradicionales, que tendrían una aplicación limitada en un tribunal ordinario pero a las que, en esta comisión militar, el juez ha dotado de un alcance anormalmente amplio. En cierto momento, después de que se rechazaran varias objeciones a los testimonios de oídas, la defensa indicó que no seguiría protestando en cada caso.


Negación del derecho a ser juzgado en un plazo razonable

La Ley de Comisiones Militares no prevé ninguna disposición que garantice el derecho a ser juzgado en un plazo razonable. De hecho, la Ley establece expresamente que “ninguna norma de las cortes marciales relativa a juicios rápidos”, en virtud del Código Normalizado de Justicia Militar, “se aplicará en el caso de juicios ante comisión militar”.45


En el fallo por el que se desestimaba la alegación de que a Salim Hamdan se le había negado el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, el capitán de la Armada estadounidense Allred escribió que “la comisión admite la declaración de que su familia en Yemen se encuentra en la indigencia, que a él se lo ha mantenido recluido durante casi siete años y que sufre secuelas físicas y mentales debido al encarcelamiento. Pero la defensa no ha demostrado que ninguno de estos perjuicios se haya producido única y exclusivamente porque uno de los motivos para mantenerlo recluido haya sido el juicio”. Más bien, prosiguió el juez militar, “los detenidos de Guantánamo están recluidos porque se cree que representan una amenaza continuada para la seguridad de las operaciones militares que Estados Unidos lleva a cabo actualmente en el exterior”. Finalmente, el juez concluyó diciendo que “de hecho, el retraso en llevar a juicio al Sr. Hamdan ha supuesto, por lo menos, una ventaja con la que la defensa no contaba: Estados Unidos ha localizado, capturado y trasladado a Guantánamo a no menos de ocho altos dirigentes de Al Qaeda, algunos de los cuales se cree que están dispuestos a proporcionar testimonios exculpatorios en favor del acusado. Este hecho juega a favor del gobierno”.


La declaración del capitán Allred pone de relieve su aceptación de la noción de “combatiente enemigo” pese a que las consecuencias legales que Estados Unidos atribuye a este calificativo no están reconocidas en el derecho internacional. Y, a pesar de la interpretación positiva ofrecida por el juez militar, la realidad es que los ocho detenidos a los que hacía referencia el capitán Allred habían permanecido bajo custodia secreta de Estados Unidos durante hasta cuatro años y medio antes de ser trasladados a Guantánamo.46Por tanto, su fallo parece olvidar el contexto de prácticas ilícitas dentro del cual funcionan las comisiones militares, unas prácticas que las propias comisiones militares han sido concebidas para tolerar.

Indicios de violaciones de derechos humanos por las que, según la información de que se dispone, nadie ha rendido cuentas

Las pruebas presentadas ante la comisión militar en la causa de Salim Hamdan han evidenciado una vez más que pueden haberse cometido violaciones de derechos humanos –como desapariciones forzadas, detenciones secretas o en régimen de incomunicación prolongadas, tortura u otros malos tratos– sin que, aparentemente, se haya iniciado ninguna acción para identificar a los autores o hacerles rendir cuentas. En opinión de Amnistía Internacional, el sistema de comisiones militares, por un lado, facilita que se condene a “combatientes enemigos” en virtud de pruebas con un menor grado de fiabilidad que las que se exigen en los tribunales ordinarios, y por otro lado, perpetúa un nivel general de impunidad para las violaciones de los derechos humanos perpetradas contra los detenidos. En sí mismo, tal desequilibrio casi es garantía de que, mediante la celebración de estos juicios, ni se hará justicia ni se verá que se hace justicia.


A Salim Hamdan no sólo se le está negando un juicio que cumpla las normas de equidad recogidas el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en otros instrumentos internacionales, sino que se le está negando también su derecho a interponer un recurso. En virtud del artículo 2.3 del Pacto, un Estado se compromete a garantizar toda persona cuyos derechos reconocidos por el Pacto hayan sido violados “podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales”. En una interpretación autorizada, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, órgano de vigilancia del Pacto, ha declarado:

El párrafo 3 del artículo 2 del Pacto exige a los Estados Parte en el Pacto que proporcionen recursos para cualquier violación de las disposiciones del Pacto. Aunque esta cláusula no se mencione entre las disposiciones que no pueden ser objeto de suspensión enumeradas en el párrafo 2 del artículo 4, constituye una obligación inherente al Pacto en su conjunto. Incluso si los Estados Partes pueden, durante un estado de excepción y en la estricta medida que la situación exige, introducir ajustes en el funcionamiento práctico de los procedimientos relativos a los recursos judiciales o de otra índole, deben conformarse a la obligación fundamental de garantizar un recurso efectivo, en virtud del párrafo 3 del artículo 2 del Pacto.47

También se deben investigar todas las denuncias de tortura y otros malos tratos y se debe garantizar la rendición de cuentas y la reparación para todas y cada una de las violaciones cometidas.


Como se ha señalado anteriormente, parece ser que, tal y como se desprende del testimonio de los propios testigos del gobierno, hasta transcurridos unos 210 días desde su captura a Salim Hamdan no se le permitió hablar con su esposa para decirle que estaba vivo y, mucho menos, para decirle dónde se encontraba, lo que puede considerarse como posible desaparición forzada. Como se ha mencionado también, en el juicio se excluyeron una serie de declaraciones a causa de las condiciones o el trato “altamente coercitivos” en que se habían obtenido. Sin embargo, pese a todos estos indicios de posibles violaciones graves del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, el gobierno no ha hecho declaración alguna sobre cómo piensa actuar para garantizar que los autores de cualquiera de tales violaciones rindan cuentas –incluso en procedimientos judiciales, si es necesario– por dichos actos.


Al parecer, es muy posible que haya muchos más indicios de violaciones de los derechos humanos que no han llegado a conocimiento de los observadores de los juicios ni de , la opinión pública en general porque se ha alegado que se trata de información secreta relativa a la seguridad nacional. Es más, es posible que ni siquiera los abogados de la defensa, con la autorización pertinente en materia de seguridad, hayan podido tener acceso a información relevante. Además, se han utilizado documentos clasificados que los abogados han podido ver, pero no así la opinión pública.48


De hecho, con arreglo a una orden de protección emitida por el capitán Allred antes del juicio, no se puede presentar como prueba ningún documento en el que consten los interrogatorios a los que la CIA sometió a Hamdan, no se puede citar como testigo a ningún agente de la CIA, y ni siquiera se permite mencionar el nombre de la CIA en el proceso judicial. La defensa presentó como prueba al menos un documento clasificado relativo a un trato o tratos concretos presuntamente infligidos a Salim Hamdan –en relación con los interrogatorios– por “una agencia” cuyo nombre no se puede mencionar, pero su contenido se ocultó a los observadores del juicio y a la opinión pública en general. La defensa ha señalado que, probablemente, se presentarán más documentos parecidos durante las próximas semanas. Si estos documentos contienen, de hecho, indicios directos de violaciones de la prohibición del uso de la tortura y de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, o de otras violaciones graves de los derechos humanos, al impedirse su difusión invocando el secreto en aras de la seguridad nacional se daría la impresión, intencionada o no, de que se intenta impedir que se rindan cuentas por estas violaciones de los derechos humanos.


Lo que queda por recorrer

Se espera que el juicio de Salim Hamdan dure algunas semanas más, momento en el que los miembros de la comisión emitirían el veredicto y, si lo declaran culpable, se dictaría condena. Sólo con que dos tercios de los miembros de la comisión militar estén de acuerdo en cuanto a la culpabilidad es suficiente para dictar una sentencia condenatoria.


El abogado principal de la defensa ha explicado que el equipo encargado de la defensa de Salim Hamdan está haciendo todo lo posible para representarlo dentro de los límites del sistema, al mismo tiempo que intentan poner al descubierto las deficiencias del sistema en sí. Por lo tanto, parece muy probable que se presente un recurso de apelación contra la posible declaración de culpabilidad, así como que se reanuden los esfuerzos paralelos por hacer frente al sistema basándose en las solicitudes de hábeas corpus que ya han sido presentadas ante tribunales federales ordinarios.


En un discurso pronunciado el mismo día que comenzaba el juicio contra Salim Hamdan, el fiscal general de Estados Unidos exhortó al Congreso a que “deje claro que los procesos de hábeas corpus no deben retrasar los juicios ante comisión militar de los detenidos contra los que se han presentado cargos por crímenes de guerra. Ya se han presentado cargos contra 20 personas y, en los próximos meses, es posible que se presenten cargos contra muchas más. El jueves pasado [17 de julio de 2008], recibimos la decisión favorable de un tribunal federal que rechazaba el intento de un detenido por impedir que su juicio ante comisión militar siguiera adelante, pero, inevitablemente, los detenidos seguirán presentando más recursos judiciales en un esfuerzo por retrasar estos procesos. […] El Congreso puede y debe reiterar que la revisión de las solicitudes de hábeas corpus presentadas por estos combatientes tendrá que esperar a que se conozca el resultado de sus juicios. Las víctimas de los atentados terroristas del 11 de septiembre no deberían tener que esperar más para ver a los acusados sometidos a juicio”.


El Congreso no debe ceder a la presión del fiscal general. No son las demandas pertinentes de que los juicios que se celebren respeten las normas internacionales las que han retrasado que se haga justicia a las víctimas del 11-S o de otros delitos. Más bien, ese retraso se ha debido a la negativa categórica del gobierno a usar los tribunales existentes para celebrar los juicios por estos delitos, así como a la prioridad que se ha concedido a las detenciones secretas, indefinidas y en régimen de incomunicación frente a los procesos judiciales. Si, desde el principio, el gobierno hubiera hecho uso de los tribunales existentes en vez de dedicar durante años sus energías a salvar el sistema, extremadamente improcedente e ilegal, de las comisiones militares de Guantánamo, todos estos juicios, o muchos de ellos, ya podrían haber concluido.


Se debe abandonar el sistema de comisiones militares. Los posibles juicios se deben celebrar ante tribunales federales estadounidenses. Se debe cerrar el centro de detención de Guantánamo.



SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDON WC1X 0DW, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA

1 USA v. Hamdan, D-046. Fallo sobre la solicitud para que se retiren los cargos – juicio rápido. 20 de julio de 2008.

2 En estas circunstancias, todavía estaría por ver si se conseguiría la puesta en libertad después de que se obtuviera la absolución en virtud de una revisión judicial en un tribunal federal tras del fallo emitido en junio de 2008 por la Corte Suprema de Estados Unidos (Boumediene v. Bush), en el que se establece que los detenidos de Guantánamo tiene el derecho de hábeas corpus.

3 USA v. Hamdan, D-046. Fallo sobre la solicitud para que se retiren los cargos – juicio rápido, 20 de julio de 2008.


4 Véase, por ejemplo, Estados Unidos de América: ¿Justicia postergada y también denegada? Juicios con arreglo a la Ley de Comisiones Militares, AMR 51/044/2007, 22 de marzo de 2007, http://www.amnesty.org/en/library/asset/AMR51/044/2007/es/dom-AMR510442007es.html.

5 USA: A tool of injustice. Salim Hamdan again before a military commission, AMR 51/189/2007, 5 de diciembre de 2007, http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/189/2007/en.

6 “Goal of Hamdan trial: Credibility”. Washington Post, 27 de julio de 2008.

7 Ibid.

8 “Apenas el Congreso autorice las comisiones militares que propongo, los individuos que, según nuestros funcionarios de inteligencia, planearon la muerte de 3.000 estadounidenses el 11 de septiembre de 2001, serán llevados ante la justicia.” El presidente Bush anunciaba que se iba a trasladar de la custodia secreta de la CIA a la custodia militar en Guantánamo a 14 detenidos cuya suerte y paradero se habían ocultado durante cuatro años y medio, 6 de septiembre de 2006. Véase, por ejemplo, Estados Unidos: Comienza el simulacro de juicio. Vista incoatoria en Guantánamo de cinco personas que habían permanecido detenidas en secreto, AMR 51/056/2008, 6 de junio de 2008, http://www.amnesty.org/en/library/asset/AMR51/056/2008/es/7a3bdf2f-3886-11dd-a7d1-851179bc648e/amr510562008spa.html. Estados Unidos de América: Se presentan cargos por delitos punibles con la muerte contra otro detenido en Guantánamo, torturado bajo custodia secreta de la CIA, AMR 51/071/2008, 2 de julio de 2008, http://www.amnesty.org/en/library/asset/AMR51/071/2008/es/4541fdc7-4e6c-11dd-8dbe-b30106323643/amr510712008spa.pdf.


9 USA v. Hamdan, D-013. Fallo sobre la solicitud de una orden para implementar el Convenio IV de Ginebra, 24 de marzo de 2008.


10 Véase ¿Justicia postergada y también denegada?.

11 Observación general Nº 32 (el derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia), párr. 22.

12 USA v. Hamdan, D-048. Fallo sobre la solicitud del acta de acusación formal y juicio con jurado, 20 de julio de 2008.

13 Possible habeas jurisdiction over aliens held in Guantanamo Bay, Cuba. Memorando para William J. Haynes, II, asesor general, Departamento de Defensa, elaborado por Patrick F. Philbin y John C. Yoo, ayudantes adjuntos del fiscal general, Departamento de Justicia de Estados Unidos, 28 de diciembre de 2001.

14 Jack Goldsmith. The Terror Presidency: Law and judgment inside the Bush administration. W.W. Norton, 2007, pág.108.

15 O, por lo que respecta a algunos delitos incluidos en la Ley de Comisiones Militares (pero no aquellos de los que se acusa a Hamdan), en cortes marciales ordinarias.

16 Observación General Nº 32 del Comité de Derechos Humanos de la ONU, párrafo 65. Véase también ¿Justicia postergada y también denegada? .

17 Doc. ONU: CERD/C/USA/CO/6, Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial: Estados Unidos de América, párr. 24.

18 En Estados Unidos, la situación con respecto a las cortes marciales en virtud del Código Normalizado de Justicia Militar es parecida. No obstante, esta situación también ha generado controversia, y se han producido varios intentos para introducir en dicho proceso una selección previa aleatoria que subsane las deficiencias observadas en la percepción de independencia e imparcialidad del proceso. Véase ¿Justicia postergada y también denegada?

19 Véase ¿Justicia postergada y también denegada? Lo mismo se puede decir de las cortes marciales con arreglo al Código Normalizado de Justicia Militar. Sin embargo, en el caso de miembros de las fuerzas armadas estadounidenses o de otros Estados, la justificación o la circunstancia atenuante que a menudo se da con relación a esta cuestión es que los miembros de las fuerzas armadas de un Estado disponen de un conocimiento especial sobre asuntos que tienen que ver con los hechos y los motivos que se plantean en el campo de batalla y que los civiles no podrían captar con tanta facilidad. En la causa de Salim Hamdan, los cargos que se le imputan son apoyo material para la comisión de actos terroristas y conspiración, relacionados en su mayor parte con hechos (sin tener en cuenta las circunstancias inmediatas de su captura) que tuvieron lugar lejos de cualquier zona de conflicto armado. Este tipo de delitos se juzgaría, normalmente, ante tribunales civiles.

20 Por otro lado, el Comité Internacional de la Cruz Roja, intérprete acreditado de las Convenciones de Ginebra, ha manifestado: “La cuestión de si un conflicto armado internacional o no internacional forma parte o no de la ‘guerra global contra el terrorismo’ no es de naturaleza jurídica, sino política. La expresión ‘guerra global contra el terrorismo’ no extiende la aplicabilidad del derecho humanitario a todas las situaciones comprendidas en este concepto, sino sólo a aquéllas que constituyen un conflicto armado”. La pertinencia del DIH en el contexto del terrorismo, 31 de agosto de 2005, http://www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/html/6FSJL7 .

21 Véase ¿Justicia postergada y también denegada?. Claramente, en virtud del derecho internacional, situaciones concretas que se dan en Afganistán e Irak se pueden calificar de conflicto armado. Sin embargo, la teoría de Estados Unidos es que, con arreglo al derecho internacional, está involucrado en un conflicto armado esencialmente mundial y permanente (o, por lo menos, totalmente indefinido) que ha existido durante al menos una década y que, de momento, continuará existiendo. Este planteamiento supone un alejamiento inadmisiblemente unilateral y global del concepto mismo de conflicto armado que, hasta la fecha, establece el derecho internacional.

22 Docs ONU: CAT/C/USA/CO/2/Add.1 (6 de noviembre de 2007), párr. 11 y CCPR/C/USA/CO/3/Rev.1/Add.1 (12 de febrero de 2008), página 3.

23 El 21 de julio de 2008, el fiscal general de Estados Unidos exhortó al Congreso a “reconocer nuevamente y de manera explícita que esta nación continúa envuelta en un conflicto armado con Al Qaeda, los talibanes y organizaciones asociadas a ellos, que han proclamado que están en guerra con nosotros y que están entregados a la matanza de estadounidenses, tanto militares como civiles. Para que podamos vencer en dicho conflicto, el Congreso debe reiterar que, mientras dure el conflicto, Estados Unidos puede detener en calidad de combatiente enemigo a todas aquellas personas que se hayan involucrado en las hostilidades o que, resueltamente, hayan dado su apoyo a Al Qaeda, a los talibanes y a organizaciones asociadas”. Comentarios del fiscal general Michael Mukasey en el American Enterprise Institute for Public Policy Research. Si el Congreso hiciera lo que pide el fiscal general, sólo serviría para apartar aún más a Estados Unidos del derecho internacional, que no reconoce tal situación permanente y omnipresente como “conflicto armado”.

24 Hamdan v. Gates, orden-memorando, corte federal de primera instancia, Distrito de Columbia, 17 de julio de 2008. Véase USA: Double standards and second-class justice. Federal judge clears way for first military commission trial, AMR 51/082/2008, 18 de julio de 2008, http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/082/2008/en.

25 Véase ¿Justicia postergada y también denegada?

26 USA v. Hamdan, D-029 Fallo sobre la solicitud para la supresión de declaraciones basadas en prácticas de interrogatorio coercitivas; y D-044 solicitud para la supresión de declaraciones en virtud de la Quinta Enmienda, 20 de julio de 2008.

27 Por ejemplo [texto traducido a partir del árabe]: “I: Bien, nos pondremos en contacto con el gobierno de Pakistán para informarles de que lo tenemos aquí detenido y que pertenece a la organización Al Qaeda o a los muyahidín árabes, y que su familia reside en Karachi. Les pediremos que nos dejen hablar con su esposa... con su hija no, que es muy joven. H: Sí. I: Así que le pediremos al gobierno pakistaní que se ponga en contacto con su esposa en Karachi para que podamos hablar con ella. [Pausa; el detenido no reacciona]. O… hablaremos con usted". También es posible que la intención del siguiente diálogo fuera amenazar al Sr. Hamdan con devolverlo a los afganos que ya lo habían maltratado y que habían amenazado con matarlo, puesto que pareció que el interrogador sacaba el tema repentinamente: “I: Naturalmente, no es posible enviarlo de vuelta a Kabul, Kandahar ni a ningún otro sitio porque le encontraron con las armas, misiles y explosivos pertenecientes a Al Qaeda, ¿lo entiende todo? H: Sí, lo entiendo. No dejarán que me vaya. I: No, de hecho, no podemos enviarlo a Kandahar, Pakistán o Yemen…".

28 USA v. Hamdan, Fallo sobre la petición de supresión de declaraciones basadas en prácticas de interrogatorio coercitivas, op. cit.

29 “A US trial by its looks, but only so”, New York Times, 28 de julio de 2008.

30 Ibid.

31 Ibid.

32 Ibid.

33 Análisis de la participación activa del FBI en los interrogatorios de los detenidos de Guantánamo, Afganistán e Irak, así como de su participación como observador en dichos interrogatorios. Inspección General, Departamento de Justicia de Estados Unidos, mayo de 2008.

34 Informe del Grupo de Trabajo del Pentágono sobre los interrogatorios a los detenidos en el contexto de la guerra global contra el terrorismo: valoración de las consideraciones operativas, de política, históricas y legales, 4 de abril de 2003.

35 USA v. Hamdan, Fallo sobre la petición de supresión de declaraciones basadas en prácticas de interrogatorio coercitivas, op. cit.

36 Entrevista al secretario de Defensa en el canal de televisión KSTP-ABC, St Paul, Minnesota, 27 de febrero de 2002, http://www.defenselink.mil/Transcripts/Transcript.aspx?TranscriptID=2818. El Grupo de Trabajo de Investigación Criminal del Pentágono (Criminal Investigative Task Force, CITF) se encargó de dirigir interrogatorios para el proceso de las comisiones militares.

37 Cualquier persona arrestada o detenida, tanto si se le imputan cargos penales como si no, y cualquier persona que se enfrente a cargos penales, tanto si se encuentra detenida como si no, tiene derecho a asistencia letrada. Principio 1 de los Principios Básicos de la Función de los Abogados, principio 17.1 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, artículo 21.4.d del Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, artículo 20.4.d del Estatuto del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, artículo 55.2.c del Estatuto de la Corte Penal Internacional.

38 Páginas 49-50, Análisis de la participación activa del FBI en los interrogatorios de los detenidos en Guantánamo, Afganistán e Irak, así como de su participación como observador en dichos interrogatorios. Inspección General, Departamento de Justicia de Estados Unidos, mayo de 2008.

39 “No se requiere a los tribunales militares estadounidenses convocados en el extranjero que concedan derechos, en virtud de la cláusula de autoincriminación, a ciudadanos extranjeros". Memorando para William J. Haynes, II, asesor general, Departamento de Defensa. Posibles limitaciones legales aplicables a los interrogatorios de personas capturadas por las fuerzas armadas estadounidenses en Afganistán. De Jay S. Bybee, fiscal general adjunto, Departamento de Justicia de Estados Unidos, Oficina de Asesoría Legal, 26 de febrero de 2002. La “ley Miranda” hace referencia a un fallo de 1966 de la Corte Suprema de Estados Unidos, Miranda v. Arizona, que sostiene que se debe informar a los detenidos de su derecho a guardar silencio y a disponer de representación letrada. La Quinta Enmienda, junto con la “ley Miranda”, rige en Estados Unidos la admisibilidad de las declaraciones realizadas estando bajo custodia.

40 Página 78, Análisis de la participación activa del FBI en los interrogatorios de los detenidos en Guantánamo, Afganistán e Irak, así como de su participación como observador en dichos interrogatorios. Inspección General, Departamento de Justicia de Estados Unidos, mayo de 2008.

41 USA v. Hamdan, D-029 Fallo sobre la solicitud para la supresión de declaraciones basadas en prácticas de interrogatorio coercitivas; y D-044 solicitud para la supresión de declaraciones en virtud de la Quinta Enmienda, 20 de julio de 2008.

42 Declaración del coronel de la Armada estadounidense, Donald D. Woolfolk, 13 de junio de 2002, recogido en Hamdi v. Rumsfeld,

43 Ibid.

44 Véase ¿Justicia postergada y también denegada?.

45 Véase ¿Justicia postergada y también denegada?.

46 USA: Impunity and injustice in the ‘war on terror’, AMR 51/012/2008, 12 de febrero de 2008, http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/012/2008.

47 Observación general Nº 29, Suspensión de obligaciones durante un estado de excepción (Artículo 4). Doc. ONU: CCPR/C/21/Rev.1/Add.11, 31 de agosto de 2001, párr. 14.

48 Véase ¿Justicia postergada y también denegada?.

Índice AI: AMR 51/084/2008 Amnistía Internacional, 30 de julio de 2008

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