Document - USA: Double standards and second-class justice: Federal judge clears way for first military commission trial

Público

Amnístia Internacional

Estados Unidos de América

Doble lenguaje y justicia de segunda

Un juez federal da vía libre a la celebración del primer juicio ante una comisión militar

18 de julio de 2008

Índice AI: AMR 51/082/2008

Como protección contra antiguos males y para poder preservar “las bendiciones de la libertad”, en la redacción de su ley fundacional nuestro país incluyó, entre otros requisitos, que se puede proceder a confiscar las vidas, la libertad y los bienes de las personas acusadas de un delito sólo si se han respetado las garantías procesales del debido proceso.

Corte Suprema de Estados Unidos, 1940¹

Estados Unidos se considera a sí mismo como un país que se compromete a respetar las garantías del debido proceso a que tienen derecho las personas sospechosas de conducta criminal. Dice, incluso, que predica con el ejemplo. En la valoración sobre la situación de los derechos humanos en el mundo que lleva a cabo anualmente, por ejemplo, Estados Unidos condena la celebración de juicios injustos a manos de otros gobiernos. Por citar alguno, Cuba es objeto de repetidas críticas por este motivo. En el último informe estadounidense, se recriminaba al gobierno cubano por la celebración de juicios que, según Estados Unidos, "no respetaban los derechos del debido proceso". Limitaciones del derecho a la defensa, falta de transparencia en los procesos en los que está en juego la seguridad del Estado y el uso de confesiones "conseguidas bajo coacción y sin asesoramiento legal" son algunas de las cuestiones que el Departamento de Estado de Estados Unidos ha criticado.

Como escribió William Shakespeare, "[e]l mejor predicador es el que, no contento con decantar la virtud, la practica".²Estados Unidos, no obstante, no practica la virtud que decanta y que conmina a otros a practicar. En el centro de detención ubicado fuera del continente, en la bahía de Guantánamo, está a punto de abrirse un nuevo capítulo del trato ilegal a que se encuentran sometidas las personas recluidas en nombre de la "guerra contra el terrorismo". El 17 de julio de 2008, James Robertson, juez de una corte federal de primera instancia estadounidense, al negarse a detener el juicio de Salim Ahmed Hamdan, allanó el terreno para la celebración, tras más de medio siglo, del primer juicio estadounidense ante una comisión militar. Este ciudadano yemení, que se encuentra en su séptimo año de encarcelamiento en Guantánamo, ha intentado impugnar la constitucionalidad del sistema de comisiones militares, tomando como referente el fallo que la Corte Suprema emitió el mes pasado sobre la causa Boumediene v. Bush, en virtud del cual las personas que se encuentran encarceladas en Guantánamo tienen el derecho, reconocido por la Constitución, de hábeas corpus ante tribunales federales estadounidenses. El juez Robertson dictaminó que "las denuncias de ilegalidad [presentadas por Hamdan] son denuncias sobre las que debe decidir en primer lugar la comisión militar y, posteriormente, presentar un recurso de apelación". El juicio de Salim Hamdan ante una comisión militar está programado para que comience la semana que viene, con arreglo a procedimientos que si se urdieran al otro lado de la valla de 17 millas que separa la base naval estadounidense del resto de Cuba, sin duda suscitarían enérgicas protestas por parte de Estados Unidos.

Según la persona enviada por Amnistía Internacional en calidad de observadora del proceso, en la vista preliminar que tuvo lugar ante un juez militar estadounidense a finales de abril de 2008, Salim Hamdan declaró lo siguiente:

"En este lugar no existe nada que se parezca a la justicia. La ley es clara. El derecho internacional es claro. Pero no hay justicia. Yo veo una hoja de papel y si digo que es blanca, ustedes dicen que es negra; si digo que es negra, ustedes, que blanca. No me dirijo a usted, juez. Me estoy dirigiendo al gobierno estadounidense. Estas palabras no van dirigidas a usted […]. Estados Unidos le habla al mundo de justicia y libertad. A cientos de personas detenidas se les niega la justicia […]. Denme un tribunal justo [… ]. Denme mis derechos humanos".

El gobierno americano declara que su propósito es "exigir a los gobiernos que rindan cuentas por las obligaciones contraídas en virtud de las normas universales de derechos humanos y de los instrumentos internacionales de derechos humanos". ³Ayer, el juez Robertson dejó pasar la oportunidad de exigir una rendición de cuentas al gobierno estadounidense por la existencia de un sistema de juicios que vulnera las normas internacionales relativas a las garantías procesales y al que se debe poner fin.

Este es el segundo intento por parte del gobierno estadounidense desde 2001 de enjuiciar ante comisiones militares a ciudadanos extranjeros a los que ha calificado de "combatientes enemigos ilegales". El primer sistema, que durante cuatro años el gobierno promovió como un sistema garante de juicios justos y completos, finalizó en junio de 2006 cuando la Corte Suprema de Estados Unidos falló que "la estructura y los procedimientos" de las comisiones vulneraban la legislación estadounidense y el derecho internacional.⁴La respuesta de las ramas políticas no fue comenzar a usar los tribunales estadounidenses existentes, sino seguir adelante con el experimento y promulgar leyes que permitieran reemplazar a las censuradas comisiones por un sistema renovado que apenas ofrecía mejoras con respecto al sistema anterior.

Se trata de juicios de segunda a los que el gobierno estadounidense no sometería a sus propios ciudadanos. La misma ley en virtud de la cual se convocan es incompatible con la prohibición de la discriminación en el ámbito internacional. "Me gustaría recalcar que la Ley de Comisiones Militares no se aplica a los ciudadanos estadounidenses –declaró el fiscal general estadounidense en octubre de 2006 al día siguiente de que se firmara su entrada en vigor–. De este modo, si yo o cualquier otro ciudadano estadounidense fuéramos detenidos, tendríamos acceso a todo el conjunto de derechos que nos garantiza la ley."⁵Haciendo alarde de esa falta de consideración hacia la presunción de inocencia que se ha convertido en el sello del gobierno estadounidense cuando hace comentarios públicos sobre las personas detenidas en nombre de la "guerra contra el terrorismo", el entonces máximo responsable de la aplicación de la ley en el país añadió que, en virtud de la Ley de Comisiones Militares, "todos y cada uno de los terroristas serán sometidos a un juicio justo y completo".

Según dicho comentario, el calificativo de "combatiente enemigo ilegal" es sinónimo de "terrorista" y cualquier ciudadano extranjero al que se haya calificado de tal no merece disfrutar de las mismas garantías procesales que los "combatientes legales", los delincuentes comunes o los ciudadanos estadounidenses. Como ha declarado el vicepresidente Cheney: "No merecen disfrutar de las mismas garantías y salvaguardias que se concederían a un ciudadano de Estados Unidos que se enfrentara a un proceso judicial normal. El hecho es que el presidente ha manifestado explícitamente que [los juicios ante comisiones militares] se llevarán a cabo con terroristas".⁶Cuando el presidente George W. Bush intentaba conseguir la aprobación del Congreso a la Ley de Comisiones Militares, declaró: "[h]oy, estoy remitiendo un proyecto de ley al Congreso para que autorice específicamente la creación de comisiones militares para procesar judicialmente a terroristas por crímenes de guerra".⁷

Cronología del experimento de las comisiones militares • 13 de noviembre de 2001 – El presidente Bush dicta la orden ejecutiva en materia militar que autoriza a someter a juicio ante una comisión militar a ciudadanos extranjeros. • 24 de noviembre de 2001 – Salim Hamdan es capturado por la Alianza del Norte en Afganistán y vendido a las fuerzas armadas estadounidenses. Se lo mantiene retenido en Afganistán en las bases aéreas de Bagram y Kandahar. • 7 de febrero de 2002 – El presidente Bush emite un memorando en el que afirma que a ninguna persona que haya sido detenida en el contexto de la "guerra contra el terrorismo" se la considerará como prisionera de guerra y no se le aplicará el artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra. • Junio de 2002 – Se traslada a Guantánamo a Salim Hamdan. • Julio de 2003 – Se lo declara apto para ser enjuiciado en aplicación de la orden ejecutiva en materia militar. • 14 de julio 2004 – Se acusa a Hamdan de "conspiración". El Pentágono describe las comisiones militares previstas por la orden ejecutiva en materia militar como un "instrumento para hacer justicia" que garantiza que los acusados serán sometidos a "juicios justos y completos". • 8 de noviembre de 2004 – Una corte federal de primera instancia falla en la causa Hamdan v. Rumsfeld que las comisiones militares son ilegales. • 15 de julio de 2005 – La Corte de Apelaciones del Circuito del distrito de Columbia (DC) revoca el fallo emitido por la corte federal de primera instancia en la causa Hamdan. • 30 de diciembre de 2005 – Entra en vigor la Ley sobre el Trato a los Detenidos. Se concede jurisdicción exclusiva a la Corte de Apelaciones del Circuito del distrito de Columbia para "determinar la validez de toda decisión final" que dicten las comisiones militares. • 29 de junio de 2006 – La Corte Suprema de Estados Unidos revoca la decisión de la Corte de Apelaciones en la causa Hamdan v. Rumsfeld, al dictaminar que las comisiones militares vulneran las leyes militares estadounidenses y el derecho internacional y que sí que aplica el artículo 3 común . • 17 de octubre de 2006 – Entra en vigor la Ley de Comisiones Militares. • 13 de diciembre de 2006 – La corte federal de primera instancia rechaza la petición de hábeas corpus de Hamdan alegando que el artículo7 de la Ley de Comisiones Militares ha despojado a los tribunales federales de jurisdicción para considerar tales apelaciones. • 2 de febrero de 2007 – En virtud de la Ley de Comisiones Militares, se presentan formalmente contra Hamdan los cargos de "conspiración" y "proporcionar apoyo material para la comisión de actos terroristas". Según los cargos presentados, actuó como chófer personal y guardaespaldas de Osama bin Laden, transportó armas y otros suministros para miembros y asociados de Al-Qaeda y recibió entrenamiento en el uso de las armas. Estos cargos corresponden a delitos que no se castigan con la pena de muerte. • 1 de mayo de 2007 – Se remite a juicio ante una comisión militar el expediente que recoge los cargos presentados. • 12 de junio de 2008 – La Corte Suprema falla en la causa Boumediene v. Bush que el artículo 7 de la Ley de Comisiones Militares es inconstitucional y que las personas que se encuentran recluidas en Guantánamo tienen el derecho constitucional de hábeas corpus. • 17 de julio de 2008 – La corte federal de primera instancia se niega a suspender el juicio de Salim Hamdan basándose en el fallo emitido en la causa Boumediene, al afirmar que Hamdan sólo puede impugnar la constitucionalidad del sistema después del juicio. • 21 de julio de 2008 – El juicio de Salim Hamdan está a punto de comenzar.

Sin embargo, el que una persona sea culpable de "terrorismo" es una cuestión que debe decidirse en un juicio justo en el que se apliquen las normas internacionales. En cambio, el gobierno estadounidense califica al acusado de culpable, usa esa circunstancia como un prerrequisito para dotar de jurisdicción a las comisiones militares y somete a la persona a un juicio ante un tribunal que no es estructuralmente independiente de la rama del gobierno que, de entrada, ha calificado de culpable a la persona detenida. Puede seguir aplicándosele la presunción de "culpabilidad" aunque se la absuelva. Aun cuando Salim Hamdan fuera absuelto por una comisión militar, podría volver a ser detenido si el gobierno así lo decidiera.⁸Evidentemente, en un caso como éste, el derecho internacional que legalmente le corresponde a ser juzgado dentro de un plazo razonable, que hoy por hoy en Guantánamo es pura ficción, significaría muy poco para la persona en cuestión.

Una de las razones por las que Estados Unidos denuncia los juicios que se llevan a cabo en Cuba, la admisión como prueba de declaraciones obtenidas bajo coacción, formaba parte del sistema de comisiones militares estadounidense de acuerdo con la orden ejecutiva en materia militar y forma parte, así mismo, del sistema renovado que contempla la Ley de Comisiones Militares. En vulneración del derecho internacional, las comisiones militares pueden admitir información extraída mediante un trato cruel, inhumano o degradante.⁹La Ley de Comisiones Militares diferencia entre las declaraciones obtenidas antes del 30 de diciembre de 2005, cuando entró en vigor en Estados Unidos la Ley sobre el Trato a los Detenidos (en la que se prohibe el trato cruel, inhumano o degradante, tal y como se define en la legislación estadounidense y no como se define en el derecho internacional), y las declaraciones obtenidas a partir de dicha fecha. En virtud de la Ley de Comisiones Militares, tanto en las causas previas a la Ley sobre el Trato a los Detenidos como en las posteriores, las declaraciones "en las que no hay acuerdo sobre el grado de coacción" sólo pueden ser admitidas si el juez militar dictamina que la declaración es "fidedigna" y posee "suficiente valor probatorio" y si "admitir la declaración como prueba pudiera contribuir de la mejor manera posible a los intereses de la justicia". En el caso de declaraciones obtenidas después del 30 de diciembre de 2005, el juez militar debe, así mismo, dictaminar que los métodos de interrogatorio empleados para obtener la declaración no constituyen un trato cruel, inhumano o degradante, según la definición recogida en la Ley sobre el Trato a los Detenidos y en virtud de la cual quedan prohibidos. Tan solo en los primeros 20 meses de su reclusión, más de tres años antes de que se promulgara la Ley sobre el Trato a los Detenidos, a Salim Hamdan se lo sometió, al menos, a 30 interrogatorios, algunos de los cuales, según informes, duraron varios días y en ninguno de los cuales dispuso de asesoramiento jurídico.

Tal y como dictaminó la Corte Suprema hace más de medio siglo, el motivo para excluir las confesiones obtenidas bajo coacción no es simplemente que no sean fidedignas. Incluso aunque "se pueda establecer de forma independiente que las declaraciones que contienen son ciertas", esas confesiones no se deben admitir bajo ninguna circunstancia, porque el tratamiento coercitivo de las personas detenidas representa un grave atentado contra el concepto del debido proceso y produce un efecto demoledor en el Estado de derecho.¹⁰El hecho de que las comisiones militares permitan la admisión como prueba de tales declaraciones pone de manifiesto la distancia que separa sus procedimientos de las ideas comúnmente aceptadas sobre el debido proceso.

Se ha vulnerado sistemáticamente el derecho de Salim Hamdan a no ser sometido a malos tratos a causa de las condiciones crueles y coercitivas que se le han impuesto durante su reclusión, entre las que se incluye haber sido declarado el 3 de julio de 2003 apto para ser enjuiciado ante una comisión militar. Desde diciembre de 2003 hasta octubre de 2004 se lo recluyó en régimen de aislamiento en Campo Echo en un celda sin ventanas que carecía de luz natural y buena ventilación. Según un informe militar filtrado, en una reunión que tuvo lugar en octubre de 2003 entre el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y las autoridades de Guantánamo, el CICR elevó una protesta por el "excesivo aislamiento" de las personas recluidas y sobre la forma en que los interrogadores "intentaban controlar a los detenidos a través del aislamiento". El CICR manifestó la especial "conmoción" que les produjo Campo Echo, unas instalaciones en las que, a su entender, las condiciones eran "extremadamente duras".

Nuevamente, si se tratara de otro gobierno el que hiciera tal uso del aislamiento, con toda probabilidad las autoridades estadounidenses lo condenarían. Por ejemplo, todos los años desde que Estados Unidos puso en funcionamiento el centro de detención de Guantánamo, en los informes anuales del Departamento de Estado sobre la situación de los derechos humanos, en el apartado de Cuba, bajo el epígrafe de tortura y otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes, se critica a las autoridades cubanas por someter a los presos a aislamiento prolongado en celdas de castigo.

En un informe del Pentágono de abril de 2003 sobre interrogatorios, que inicialmente se había clasificado como secreto, se indicaba que "la finalidad evidente de los interrogatorios a personas detenidas es obtener información que pueda ser de utilidad a los servicios de inteligencia", pero se añadía que "la información obtenida mediante interrogatorio se puede usar posteriormente en procesos penales". Se afirmaba, por ejemplo, que el aislamiento era de "gran" utilidad al permitir obtener información valiosa a los servicios de inteligencia, pero, que las declaraciones obtenidas haciendo uso de esta técnica podían ver afectada su admisión ante un tribunal. Se agregaba, no obstante que dicha preocupación "sería una cuestión de índole menor para las comisiones militares", no así para los tribunales federales o las cortes marciales. Dicho de otro modo, las comisiones militares fueron diseñadas a medida para facilitar el uso de la coacción, que era consustancial al sistema de detenciones que Estados Unidos había organizado para tratar a los "combatientes enemigos".

La representación letrada de Salim Hamdan acaba de declarar que han recibido información que sugiere que, durante un periodo de 50 días, a contar desde el 11 de junio de 2003, puede haberse incluido a Hamdan dentro de un programa de interrupción y privación del sueño, conocido como "Operación Sandman".¹¹Según un informe reciente del inspector general del Departamento de Justicia de Estados Unidos, este programa consistía en interrupciones del sueño y frecuentes cambios de celda, y parece ser que estaba dirigido principalmente a los detenidos saudíes para mantenerlos "mentalmente desequilibrados, para aislarlos lingüística o culturalmente e instarlos a colaborar".¹²En sus informes anuales sobre la situación de los derechos humanos del año 2003, en los apartados de Irán, Jordania, Libia, Arabia Saudí, Túnez, Pakistán y Turquía, el Departamento de Justicia informaba de que la privación del sueño era una de las técnicas de "tortura" que, presuntamente, se aplican en esos países.

El abogado militar estadounidense de Salim Hamdan en aquel entonces (desde finales de 2003) afirmó que, en virtud de la orden ejecutiva en materia militar, el plan del gobierno era comenzar el proceso de las comisiones militares con aquellos detenidos que se declararan culpables. El abogado manifestó que se le informó de que sólo podía negociar una declaración de culpabilidad, ya que, al parecer, las autoridades pensaban que era así como se declararía Hamdan. Este abogado, que descubrió que Hamdan no quería negociar una declaración de culpabilidad, posteriormente contó a los senadores que creía que el gobierno estaba involucrado en "un claro intento de coaccionar al Sr. Hamdan para que se declarase culpable”.¹³

El psiquiatra forense Dr. Daryl Matthews, invitado por el Pentágono a visitar Guantánamo, declaró en marzo de 2004 que Salim Hamdan había descrito cómo su estado de ánimo había ido empeorando durante ese periodo de reclusión en régimen de aislamiento y cómo abarcaba sentimientos de frustración, rabia (aunque nunca se ha mostrado violento), soledad, desesperación, depresión, ansiedad y arrebatos emocionales. El Dr. Matthews declaró así mismo que Salim Hamdan había afirmado que había considerado la posibilidad de hacer una confesión falsa para mejorar la situación en la que se encontraba. En una declaración presentada ante un tribunal federal, el Dr. Matthews manifestó que "las actuales condiciones de reclusión del Sr. Hamdan lo ponen en un riesgo considerable de sufrir en el futuro un empeoramiento de su salud mental, posiblemente con el desarrollo de síntomas psiquiátricos irreversibles. Además, las condiciones de su reclusión hacen al Sr. Hamdan especialmente vulnerable a la coacción mental y a las falsas confesiones".

En octubre de 2004, el juez Robertson, de la corte federal de primera instancia en Washington DC, dictaminó que el sistema de comisiones militares era ilícito y ordenó, además, que se sacara a Salim Hamdan del régimen de aislamiento. Posteriormente Hamdan fue trasladado al Campo 4, una zona de mediana seguridad, donde los reclusos pueden establecer ciertos contactos sociales y tener acceso a luz natural y aire fresco. En diciembre de 2006, no obstante, el juez Robertson desestimó la petición de hábeas corpus de Hamdan en virtud de la recientemente promulgada Ley de Comisiones Militares, con lo que al detenido se lo trasladó del Campo 4 al Campo 6, donde las condiciones son más duras. Allí, se lo mantuvo en régimen de aislamiento durante 23 horas al día sin luz natural ni ventilación.¹⁴Según los informes, la salud mental de Salim Hamdan volvió a empeorar. A pesar de esto, un año más tarde, volvió a ser trasladado, no al Campo 4, sino al Campo 5, donde las condiciones se parecen a las del Campo 6. En febrero de 2008, después de 70 horas de reuniones con Salim Hamdan, una psiquiatra informó de que sufría síndrome de estrés postraumático y depresión severa y que, en su opinión, era "incapaz de prestar ninguna clase de ayuda significativa en su propia defensa".

Es evidente que el juicio de Salim Hamdan, o cualquiera de los otros juicios ante una comisión militar que se ciernen sobre Guantánamo, no se puede separar del contexto en el que están teniendo lugar tales procesos.¹⁵Se trata de un contexto en el que se recurre, en ausencia de supervisión jurídica independiente, a prácticas que han vulnerado sistemáticamente el derecho internacional. En este tipo de juicios, los acusados serán personas a las que se ha sometido a años de reclusión prolongada, cuyo derecho a la presunción de inocencia ha sido sistemáticamente socavado por los repetidos comentarios oficiales sobre su presunta culpabilidad. Entre los acusados contra los que ya se han presentado cargos, hay víctimas de desaparición forzada, detención secreta, traslado secreto, detención prolongada en régimen de incomunicación, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. El trato que se les ha dispensado no sólo ha sido ilegal, sino que ha sido profunda y deliberadamente coercitivo en cuanto a los métodos de interrogatorio empleados y a las condiciones de reclusión que les han sido impuestas. Esto aumenta la necesidad de que todos los juicios que se hayan de celebrar lo hagan ante tribunales estructuralmente independientes de las ramas ejecutiva y legislativa que han autorizado o tolerado la comisión de violaciones de derechos humanos. En lugar de eso, los juicios que se avecinan tendrán lugar ante comisiones militares que carecen de independencia y que se han diseñado para tolerar los abusos del gobierno y admitir información que se ha obtenido mediante el empleo de tales métodos abusivos.

Amnistía Internacional considera que nunca se hará justicia ni se verá que se hace justicia en procesos celebrados ante estas comisiones militares. Pese al fallo emitido ayer por el juez Robertson, la organización seguirá haciendo campaña para que Estados Unidos procese ante tribunales civiles federales, en juicios justos y completos, a todas las personas recluidas en Guantánamo contra las que tenga pruebas de haber cometido actos delictivos, o que las ponga en libertad. Las comisiones militares deben dejar de utilizarse y se debe clausurar el centro de detención de Guantánamo.

Consulten también: Estados Unidos de América: ¿Justicia postergada y también denegada? Juicios con arreglo a la Ley de Comisiones Militares, marzo de 2007, http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/044/2007/es.

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TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA