Document - USA: Capital charges sworn against another Guantánamo detainee tortured in secret CIA custody

Público

Amnistía Internacional

Estados Unidos de América: Se presentan cargos por delitos punibles con la muerte contra otro detenido en Guantánamo, torturado bajo custodia secreta de la CIA

2 de julio de 2008

Índice AI: AMR 51/071/2008

El 30 de junio de 2008, Philip Alston, relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias, apeló al gobierno de Estados Unidos para que suspenda todos los procesos ante comisiones militares que se están llevando a cabo actualmente contra personas detenidas en Guantánamo. Expresó una especial preocupación por las causas de aquellos detenidos para los que las autoridades estadounidenses tienen intención de solicitar la pena de muerte. El análisis que realizó de la Ley de Comisiones Militares y la información recopilada durante su reciente misión en Estados Unidos "indican claramente que estos juicios no cumplen ninguna de las normas básicas del debido proceso que se deben exigir en todo juicio justo de acuerdo con el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos.¹Continuó diciendo que, ejecutar a alguien después de llevar a cabo tal proceso, vulneraría el derecho internacional.

El mismo día, sin embargo, el Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció que se habían presentado cargos por delitos punibles con la muerte contra otro de los detenidos en la base de Guantánamo, el ciudadano de Arabia Saudí ‘Abd al-Rahim al-Nashiri, al que se iba a juzgar ante una comisión militar. Contrariamente a la posición del relator especial de la ONU, el general de brigada Thomas Hartmann, asesor legal de la Autoridad Convocante ante la oficina de Comisiones Militares del Pentágono, afirmó que las normas relativas a las garantías procesales de acuerdo con la Ley de Comisiones Militares "están específicamente diseñadas para garantizar que todos y cada uno de los acusados, en especial, el Sr. Al-Nashiri (sic), sean sometidos a un juicio justo en conformidad con las normas de justicia americanas".

Las normas estadounidenses de justicia son el punto clave en esta y otras causas de detenidos en el contexto de la "guerra contra el terrorismo". A ‘Abd al-Nashiri, detenido en noviembre de 2002 en los Emiratos Árabes Unidos, se lo mantuvo retenido en lugares sin precisar durante casi cuatro años dentro del programa de detención secreta de la Agencia Central de Inteligencia (Central Intelligence Agency, CIA), convirtiéndolo en víctima de desaparición forzada. Bajo custodia de la CIA se lo sometió a la técnica de tortura con agua conocida como water-boarding, simulacro de ahogamiento. El director de la CIA confirmó en febrero de 2008 que, efectivamente, se le había sometido a esta técnica de interrogatorio. En septiembre de 2006 Al-Nashiri, que se encontraba bajo custodia secreta de la CIA, fue trasladado a Guantánamo donde se lo mantuvo bajo arresto militar prácticamente en régimen de incomunicación. Desde entonces, ha denunciado en más ocasiones que fue torturado estando bajo custodia de la CIA. Los detalles concretos de tales denuncias han sido eliminados de los documentos públicos aduciendo que el programa de la CIA, incluidas las técnicas de interrogatorio que se han utilizado, el lugar donde se ha mantenido retenidos a los detenidos y las condiciones de su detención, es información clasificada como alto secreto. Ya sea intencionadamente o no, la clasificación de la información impide que se conozcan los pormenores sobre violaciones de derechos humanos, entre otras, la tortura y la desaparición forzada, consideradas delitos en virtud del derecho internacional.

En 2007, ante un Tribunal de Revisión del Estatuto de Combatiente, tribunal formado por oficiales militares reunido a puerta cerrada para revisar su estatuto de "combatiente enemigo", ‘Abd al-Nashiri relató que "se había inventado historias mientras era sometido a tortura para que cesara" y que "una vez que hubo confesado, sus captores se quedaron satisfechos y dejaron de torturarle". En su vista del 14 de marzo de 2007 ante el Tribunal de Revisión del Estatuto de Combatiente, ‘Abd al-Nashiri, con la asistencia de un intérprete, declaró que: "Desde el momento en que me arrestaron hace cinco años, me han estado torturando. Sucedía durante las entrevistas. Unas veces me torturaban de una forma y, otras, me torturaban de forma distinta". El presidente del Tribunal de Revisión del Estatuto de Combatiente dijo a ‘Abd al-Nashiri que sus denuncias se incluirían en las actas del proceso y que se informaría de ellas para que se procediera con la investigación que se considerara pertinente. Posteriormente el Tribunal de Revisión del Estatuto de Combatiente confirmó que se había asignado a Al-Nashiri el estatuto de "combatiente enemigo". Amnistía Internacional no tiene constancia de que se haya llevado a cabo investigación alguna sobre las denuncias de tortura que formuló. En cualquier caso, los Tribunales de Revisión del Estatuto de Combatiente pueden basar en pruebas obtenidas en secreto y mediante el uso de métodos coercitivos su decisión de asignar a los detenidos el estatuto de "combatiente enemigo".

En virtud de la Ley de Comisiones Militares, se han presentado cargos formales contra ‘Abd al-Nashiri por "conspiración", "asesinato contrario al derecho de la guerra", "hacer uso de la traición y la perfidia", "destrucción de bienes contraria al derecho de la guerra", "provocar intencionadamente lesiones físicas graves", "terrorismo", "proporcionar apoyo material para la comisión de actos terroristas" y "tentativa de asesinato contraria al derecho de la guerra". Según los cargos que se le imputan, cinco de los cuales se castigan con la pena capital, en octubre de 2000, como miembro de Al Qaeda, organizó y dirigió el atentado contra el USS Cole en Yemen, en el que perdieron la vida 17 miembros de la Armada estadounidense y otros tantos resultaron heridos. También se afirma que participó en el atentado contra el superpetrolero francés SS Limburg que tuvo lugar en octubre de 2002 y en el que murió un miembro de la tripulación.

El Pentágono ha declarado que espera que hasta 80 detenidos sean sometidos a juicio ante comisiones militares. El 1 de julio de 2008, ya eran 22 los detenidos de Guantánamo contra los que se habían presentado cargos o cuyos expedientes se habían remitido a juicio, de los cuales 20 están todavía a la espera de juicio.²‘Abd al-Nashiri es uno de los seis detenidos para los que el gobierno estadounidense tiene la intención de solicitar la pena de muerte. Los cargos por delitos punibles con la pena capital a los que se enfrentaba un séptimo detenido han sido retirados.³

El gobierno estadounidense ha sugerido que uno de los motivos por los que son necesarias las comisiones militares es que "nuestros tribunales penales sencillamente carecen de jurisdicción extraterritorial" sobre los detenidos que tienen bajo custodia. Tal y como ha señalado Amnistía Internacional, esta justificación no resiste el más mínimo examen. Al firmar la entrada en vigor de la Ley de Comisiones Militares, el presidente Bush declaró que se usaría, no sólo para enjuiciar ante comisiones militares a los participantes en los atentados del 11 de septiembre, sino también a todas las personas a las que se considere responsables de los atentados contra el USS Cole y a aquellas de las que se sospeche que formaban parte del "operativo" que participó en agosto de 1998 en los atentados con bomba contra las embajadas estadounidenses en Kenia y Tanzania.⁴ No obstante, ya se había dictado acta de acusación formal contra estas personas o se las había enjuiciado en tribunales federales estadounidenses por su presunta participación en estos crímenes.

Pese a que hace mucho tiempo que Estados Unidos acusa a ‘Abd al-Nashiri de participar en el atentado con bomba contra el Cole, no lo han enjuiciado todavía. En el informe de 2004 de la comisión encargada de investigar los atentados del 11 de septiembre, se le describía como "el cerebro del atentado con bomba contra el Cole". En mayo de 2003, seis meses después de que lo detuvieran, Estados Unidos presentó cargos formales en relación con el atentado con bomba del USS Cole contra dos ciudadanos de Yemen, que no se encontraban bajo custodia estadounidense. Se dictó acta de acusación formal contra Jamal Ahmed Mohammed Ali al-Badawi y Fahd al-Quso (alias Abu Hathayfah al-Adani) ante un tribunal federal estadounidense de la ciudad de Nueva York, no ante una comisión militar en Guantánamo, por varios delitos, entre ellos, conspiración para asesinar y el asesinato de ciudadanos estadounidenses; conspiración para utilizar, utilización y tentativa de utilización de armas de destrucción masiva; conspiración para destruir, tentativa de destrucción y destrucción de propiedades e instalaciones defensivas estadounidenses; utilizar y portar bombar y dispositivos peligrosos y proporcionar apoyo material a una organización terrorista. Si bien en el acta de acusación formal se hacía referencia a ‘Abd al-Nashiri como "colaborador en la conspiración contra quien no se ha dictado acta de acusación formal", permaneció bajo custodia secreta durante tres años y medio más y en este momento se enfrenta a juicio ante una comisión militar en lugar de ante un tribunal federal ordinario.

Se ha vulnerado sistemáticamente el derecho a la presunción de inocencia de las personas que Estados Unidos mantiene recluidas en nombre de la lucha contra el terrorismo debido a los repetidos comentarios por parte de funcionarios del Estado sobre su presunta culpabilidad. Se las ha sometido a desaparición forzada, detención secreta, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluso en cuanto a los métodos de interrogatorio utilizados contra ellos y las condiciones de reclusión que se les han impuesto. Estos abusos hacen más apremiante la necesidad de que todos los juicios tengan lugar ante tribunales que no dependan ni del poder ejecutivo ni del legislativo, que han autorizado o tolerado estas violaciones de derechos humanos. Bien al contrario, se amenaza con celebrar juicios ante comisiones militares que carecen de dicha independencia y que han sido específicamente diseñadas para permitir que el gobierno cometa estos abusos, para lo que, entre otras cosas, se acepta la admisión como prueba de información obtenida mediante malos tratos.

No se ha exigido a nadie la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos que han sufrido estas personas. Esta ausencia de rendición de cuentas es una de las razones por las que las comisiones militares, que no son plenamente independientes de la misma rama del gobierno que autoriza estas violaciones, convoca las comisiones militares e inicia las acciones judiciales, no serán nunca un foro en el que se pueda hacer justicia o donde parezca que se hace justicia.

Llevar a cabo ejecuciones tras la celebración en Guantánamo de juicios sin las debidas garantías procesales no sólo vulneraría el derecho internacional, tal y como ha señalado el relator especial, sino que tendrían lugar en un mundo que está, cada vez más, a favor de la abolición. Esta oleada mundial en contra de la pena de muerte se hizo patente en diciembre de 2007 cuando la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución en la que se exhortaba a todos los Estados a que impusieran una moratoria sobre las ejecuciones. La resolución exhorta a todos los Estados que todavía mantienen la pena de muerte a que respeten las normas internacionales que establecen salvaguardias para las causas por delitos punibles con la pena capital, en particular, las normas mínimas establecidas en 1984 por el Consejo Económico y Social de la ONU.⁵La salvaguardia núm. 5 de la resolución del Consejo Económico y Social de la ONU establece que: "Sólo podrá ejecutarse la pena capital de conformidad con una sentencia definitiva dictada por un tribunal competente, tras un proceso jurídico que ofrezca todas las garantías posibles para asegurar un juicio justo, equiparables como mínimo a las que figuran en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”. Las comisiones militares no cumplen estas normas. En su declaración del 30 de junio de 2008, el relator especial de la ONU manifestó que el sistema de comisiones militares presenta deficiencias de tal magnitud a la hora de garantizar el debido proceso que "los actuales procedimientos constituyen una flagrante violación del derecho a ser sometido a un juicio justo".⁶

El gobierno estadounidense debe dejar de utilizar las comisiones militares. Todos los juicios se deben celebrar en Estados Unidos ante tribunales penales adecuados y legalmente constituidos, en los que se respeten las salvaguardias, establecidas en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, que garantizan la protección necesaria para asegurar un juicio justo. El gobierno debe abandonar definitivamente toda intención de solicitar la pena de muerte.

Para más información, véase también:

Estados Unidos: Comienza el simulacro de juicio. Vista incoatoria en Guantánamo de cinco personas que habían permanecido detenidas en secreto, 6 de junio de 2008, http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR51/056/2008/es

USA: Way of life, way of death: Capital charges referred against five former secret detainees, 20 de mayo de 2008, http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/041/2008/en.

USA: Where is the accountability? Health concern as charges against Mohamed al-Qahtani dismissed, 20 de mayo de 2008, http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/042/2008/en.

USA: In whose best interests? Omar Khadr, child ‘enemy combatant’ facing military commission, abril de 2008, http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/028/2008/en.

Estados Unidos: Otro detenido de la CIA se enfrenta a juicio ante una comisión militar por delitos punibles con la muerte, 2 de abril de 2008, http://www.amnesty.org/en/library/asset/AMR51/027/2008/es/c6e3c235-0b7f-11dd-badf-1352a91852c5/amr510272008spa.html.

USA: Disturbing appearance of Mohammed Jawad, child ‘enemy combatant’, at Guantánamo military commission hearing, 13 de marzo de 2008, http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/019/2008/en

USA: A tool of injustice: Salim Hamdan again before a military commission, 5 de diciembre de 2007, http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/189/2007.

Estados Unidos de América: Ley y desorden ejecutivo. El presidente da vía libre al programa de detención secreta, agosto de 2007, http://www.amnesty.org/en/library/asset/AMR51/135/2007/es/dom-AMR511352007es.html.

Sin rastro oficial. Responsabilidad de Estados Unidos en las desapariciones forzadas de la "guerra contra el terror" , junio de 2007, http://www.amnesty.org/en/library/asset/AMR51/093/2007/es/dom-AMR510932007es.html.

EE.UU.: Crueles e inhumanas. Las condiciones de aislamiento en el centro de detención de Guantánamo, abril de 2007, http://www.amnesty.org/en/library/asset/AMR51/051/2007/es/dom-AMR510512007es.html.

Estados Unidos de América.: ¿Justicia postergada y también denegada? Juicios con arreglo a la Ley de Comisiones Militares, marzo de 2007, http://www.amnesty.org/en/library/asset/AMR51/044/2007/es/dom-AMR510442007es.html.

SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDON WC1X 0DW, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA