Document - USA: Justice Department’s interim report into deaths points to need for strict limits on use of Tasers and similar devices
Amnistía Internacional
Declaración pública
25 de junio de 2008
AMR 51/067/2008
Estados Unidos: El informe provisional del Departamento de Justicia sobre muertes apunta a la necesidad de imponer estrictos límites al uso de armas Taser y dispositivos similares
Amnistía Internacional ha manifestado hoy, 25 de junio de 2008, que el informe provisional del Instituto Nacional de Justicia sobre muertes ocurridas tras haber utilizado la policía dispositivos de energía conducida, como armas Taser, que se ha publicado esta semana, pone de relieve los motivos de preocupación de la organización con respecto a la seguridad de tales dispositivos.
Amnistía Internacional ha afirmado que cree que las conclusiones del informe confirman su petición de que se impongan limites mucho más estrictos al uso de armas Taser y dispositivos similares, siquiera porque entre los grupos “de riesgo” identificados en el informe figuran las personas que están normalmente en contacto con la policía. La organización pide a los departamentos de policía que dejen de utilizar dispositivos de energía conducida (conocidos como CED, por sus siglas en inglés) o limiten estrictamente su uso a las situaciones que representen una amenaza inminente de muerte o lesión grave para los agentes o para otras personas.
Aunque en el informe del Departamento de Justicia se determina que no hay “ningún indicio médico concluyente” de alto riesgo de muerte o lesión grave por los efectos directos de los CED, se reconoce que “muchos aspectos de la seguridad de la tecnología CED no se conocen bien, especialmente cuando se utiliza con poblaciones distintas de los adultos normales sanos”.
Según el informe, el riesgo de muerte o lesión grave podría ser mayor en determinadas poblaciones, como los menores, las personas de edad, las mujeres embarazadas, las personas con enfermedades cardiacas y las que dan muestras de “delirio excitado” (descrito como “síndrome caracterizado por la psicosis y la agitación”). Se recomienda en él que, a menos que la situación no permita otras opciones, los agentes de policía eviten el uso de CED contra estas poblaciones.
También se afirma en el informe que muchas de las muertes están relacionadas con la aplicación de descargas prolongadas o reiteradas de CED. Aunque se determina que las investigaciones sobre este aspecto son limitadas, se pide que los agentes encargados de hacer cumplir la ley sean prudentes a la hora de activar múltiples veces el dispositivo.
En el informe provisional se indica que los agentes “no tienen que abstenerse” de utilizar CED, pero se hace hincapié en la importancia de evitar situaciones conocidas de riesgo (como el uso de CED en lugares donde puedan prender fuego en material inflamable o causar lesiones secundarias por caídas) y de garantizar atención médica a las personas a las que se apliquen CED. Se afirma que el grupo a cargo del estudio “continuará examinando nuevas investigaciones y casos de muerte relacionados con el uso de CED”.
Amnistía Internacional considera motivo de gran preocupación la seguridad de tales armas y su posible uso indebido, cuestión grave, esta última, que no se aborda en el informe del Departamento de Justicia. La organización cree que las armas de electrochoque se prestan, por su naturaleza, a ser utilizadas indebidamente: portátiles y de uso sencillo, permiten infligir gran dolor con solo apretar un botón y sin dejar apenas marcas.
Según la organización, la posibilidad de utilizar tales dispositivos a corta distancia, como armas paralizantes “de contacto”, a menudo cuando la persona está ya bajo custodia, y de aplicar descargas prolongadas o reiteradas, favorece aún más su uso indebido.
Amnistía Internacional ha manifestado que también es motivo de preocupación que la policía estadounidense utilice a menudo CED como medida habitual de fuerza contra individuos que no suponen una grave amenaza. Tal uso es contrario a las normas internacionales, en virtud de las cuales los agentes encargados de hacer cumplir la ley deben utilizar sólo la fuerza mínima necesaria, proporcionalmente a la amenaza planteada y de manera que se reduzcan al máximo los daños o lesiones.
Tras dos informes anteriores, Amnistía Internacional está preparando uno más, basado en un examen de casos de muerte y de uso policial de la fuerza, que tiene pensado publicar este mismo año. La organización cree que, aunque no es un estudio científico, sus conclusiones, incluidos los casos expuestos, serán de interés para el examen que continúa haciendo el Departamento de Justicia.
Amnistía Internacional ha señalado también que hay varios motivos de preocupación con respecto a la seguridad de los CED que no se han tratado en el informe provisional del Departamento de Justicia.
Entre ellos figuran los riesgos potenciales de los CED cuando se usan junto con otras formas de restricción, en particular las que se sabe que afectan a la respiración, como los aerosoles de pimienta, las técnicas de inmovilización en que se comprime la zona del pecho o el cuello o se coloca a la persona boca abajo y la sujeción de cuatro puntos, como el método conocido como “amarre del cerdo”.
Amnistía Internacional espera que en el examen que está llevando a cabo el Departamento de Justicia se trate también el uso de otras formas de restricción en las muertes relacionadas con el empleo de CED durante la detención, y cree que algunas formas de restricción que se sabe que entrañan riesgo de muerte por asfixia causada por la postura, como el método del amarre del cerdo, deben prohibirse totalmente.
La organización ha señalado también que algunas de las conclusiones provisionales del Departamento de Justicia sobre la seguridad de los CED cuando se usan con poblaciones sanas podrían tener que revisarse cuando se conozca el resultado de nuevas investigaciones. En el informe se explica, por ejemplo, que las investigaciones realizadas demostraron que los sujetos humanos conservaban la capacidad de respirar durante las descargas, siendo mínimos los indicios médicos de daño respiratorio duradero. Sin embargo, hasta la fecha se han realizado sólo estudios limitados con seres humanos, muchos de ellos financiados por la industria de CED.
Información complementaria
Unas 12.000 agencias estadounidenses encargadas de hacer cumplir la ley utilizan actualmente armas Taser o dispositivos similares. El Instituto Nacional de Justicia es la sección de investigación, desarrollo y evaluación del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Su estudio sobre muertes ocurridas tras el uso de CED fue encargado en 2006, tras denunciarse más de 150 muertes de personas reducidas por la policía con armas Taser. El título oficial del informe es: “Study of Deaths Following Electro Muscular Disruption” (“Estudio de muertes ocurridas tras incapacitación electromuscular”); los CED se conocen también como dispositivos de incapacitación electromuscular.
Desde el junio de 2001 hasta ahora, en Estados Unidos han muerto, según informes, más de 300 personas tras haberles sido aplicados CED durante su detención, y a esta cifra hay que sumar al menos 20 muertes más ocurridas en Canadá. En la mayoría de los casos, los exámenes médicos atribuyeron la muerte a acusas no relacionadas con el arma Taser, como intoxicación por drogas o “delirio excitado”. Sin embargo, en decenas de ellos se determinó que las descargas aplicadas con Taser habían contribuido a la muerte.
FIN/
Documento público
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