Document - United States of America: Update on the Guantánamo military commission hearings in the cases of two child "enemy combatants"


Público

Amnistía Internacional

Estados Unidos de América

Actualización sobre las vistas de las causas de dos "combatientes enemigos" menores de edad ante comisiones militares en Guantánamo



Índice AI: AMR 51/066/2008



El 19 de junio de 2008 se celebraron en Guantánamo, ante una comisión militar, las vistas preliminares de las causas de Mohammed Jawad y Omar Khadr, que eran menores de edad cuando fueron detenidos en Afganistán por las fuerzas armadas estadounidenses en 2002 (véase la declaración pública de Amnistía Internacional del 19 de junio de 2008, AMR 51/065/2008).

Una observadora de Amnistía Internacional estuvo presente durante los procedimientos en la causa de Mohammed Jawad, quien compareció en la sala de juicios con uniforme de recluso y con grilletes (los tobillos unidos por una cadena). Permaneció engrilletado durante toda la sesión matinal, hasta que el juez, a petición de su abogado defensor, consintió en que se los quitaran.

A Amnistía Internacional le inquieta la imposición de este trato punitivo adicional a Mohammed Jawad, a quien presuntamente se había sometido a tortura y a otros malos tratos durante el largo tiempo que estuvo detenido (véase infra). El uso de grilletes durante los procedimientos vulnera las normas internacionales que estipulan que sólo se debe hacer uso de instrumentos de coerción cuando sea estrictamente necesario con objeto de impedir que el recluso se dañe a sí mismo, dañe a otros, produzca daños materiales, o como medida de precaución contra una evasión, "siempre que sean retirados en cuanto comparezca [...] ante una autoridad judicial o administrativa". Las normas estipulan, además, que "tampoco deberán emplearse cadenas y grillos como medios de coerción". (Regla 33 de las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos).

Durante la vista, el abogado defensor intentó conseguir que se retiraran los cargos por intento de asesinato que se imputan a Mohammed Jawad, alegando que había sido torturado. En una contundente exposición, el abogado de la defensa, el mayor de las Fuerzas Aéreas David Frakt, declaró que el gobierno estadounidense había creado en Guantánamo “una situación en que la alegalidad es la nota dominante" que condujo a la barbarie y "al trato sádico e injustificado de [...] un adolescente con tendencias suicidas". Finalizó haciendo un llamamiento para que se acusara formalmente al coronel Cannon, ex comandante del Grupo Conjunto de Detenidos, así como al presidente Bush, al vicepresidente Cheney, al ex secretario de Defensa Donald Rumsfeld y a sus abogados, entre otras personas.

Se presentaron documentos que respaldaban las alegaciones de que Mohammed Jawad fue sometido al programa del "viajero frecuente" en mayo de 2004, cuando, a lo largo de dos semanas, fue trasladado, siempre encadenado con grilletes, de una celda a otra en periodos de entre dos y cuatro horas, hasta un total de 112 veces. Según los documentos presentados, el programa estaba específicamente diseñado para "asegurar que el sueño se vea interrumpido el máximo número de veces". Esta terrible experiencia tuvo lugar presuntamente cinco meses después de que el adolescente hubiera intentado ahorcarse en su celda de aislamiento y dos meses después de que el entonces comandante de la base de Guantánamo, general de división Jay Hood, prohibiera el programa del "viajero frecuente".

Amnistía Internacional considera que el programa del "viajero frecuente" vulnera claramente la norma del derecho internacional que prohíbe el uso de la tortura y de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

La fiscalía admitió que Mohammed Jawad había sido sometido al programa, pero argumentó que, cuando se presentaron los cargos, no estaban al tanto del trato que se le había dado. Puesto que no estaba siendo interrogado en aquel momento, los malos tratos que se le infligieron no tenían relación alguna con los cargos presentados. También adujeron que el trato no constituía tortura, aunque el manual de campo del ejército estadounidense, que rige el trato dispensado por los oficiales militares estadounidenses a las personas detenidas, prohíbe la privación del sueño.

En un momento dado, Mohammed Jawad subió al estrado para testificar, con la ayuda de un intérprete, sobre el trato que había recibido y declaró que nadie le respondía al preguntar por qué le maltrataban de esa forma.

El juez aplazó su decisión sobre la moción mencionada anteriormente. Sin embargo, autorizó a un psicólogo, hablante nativo de pastún, para que valorase la salud mental de Mohammed Jawad, siempre y cuando consiguiera la autorización pertinente en materia de seguridad y lo acompañara durante el examen un funcionario del Departamento de Defensa. No se sabe cuándo tendrá lugar dicho examen.

La defensa también solicitó que la causa fuera sobreseída, alegando que las comisiones militares no tenían jurisdicción para juzgar a Mohammed Jawad, ya que era menor de edad en el momento en que se cometió el presunto delito, y que los cargos de los que se le acusa no constituyen un crimen de guerra. Las partes estuvieron de acuerdo en que el juez considerara estas peticiones basándose en la documentación presentada ante el tribunal.

El tribunal también tuvo en consideración una solicitud de la defensa para retirar los cargos, debido a la excesiva influencia de Thomas Hartmann, general de brigada de las fuerzas aéreas, en el caso, quien había pasado a ocupar el puesto de asesor legal de la Autoridad Convocante para las comisiones militares (el organismo encargado de la remisión de los cargos). La defensa alegó que el general Hartmann había insistido en seguir adelante, por motivos políticos, con ciertos enjuiciamientos, entre ellos el de Mohammed Jawad, lo que había debilitado la independencia de la fiscalía. En otro proceso en curso, el de Salim Hamdan, el juez de la comisión militar, capitán Keith Allred, falló el 9 de mayo a favor de la defensa en una moción similar e inhabilitó al general Hartmann para que desempeñara ninguna otra función en la causa porque ejercía una influencia ilícita.

En la vista de Omar Khadr, se aprobaron dos peticiones para revelar pruebas, por lo que se exigió al gobierno que facilitara a la defensa el procedimiento estándar de funcionamiento seguido en la base aérea estadounidense de Bagram, en Afganistán, (donde se mantuvo retenido a Omar Khadr al principio) y versiones desclasificadas de los informes Church y Schmidt Furlough (sobre los abusos contra detenidos en Guantánamo y sobre las operaciones del Departamento de Defensa y las técnicas de interrogatorio de detenidos, respectivamente). Se fijó para el 8 de octubre de 2008 la celebración del juicio sobre esta causa.

Amnistía Internacional estima que nadie que fuera menor de edad en el momento en que se cometió el presunto delito debería ser juzgado por una comisión militar, dado que carecen totalmente de disposiciones jurídicas sobre la justicia de menores. El trato dado a Mohammed Jawad y a Omar Khadr durante toda su detención infringe las obligaciones contraídas por Estados Unidos en virtud del derecho internacional, que estipula, entre otras cosas, que el interés superior del niño ha de ser una consideración primordial en todas las decisiones que le conciernan.

Amnistía Internacional considera, además, que el sistema de comisiones militares presenta graves deficiencias estructurales y que el gobierno debería dejar de usarlas en todas las causas, entre otras razones porque:

  • No son independientes del poder ejecutivo.

  • En contra de lo estipulado por el derecho internacional, las comisiones militares pueden aceptar información que se haya obtenido mediante trato o pena cruel, inhumano o degradante. Aunque el reglamento de las comisiones prohíbe que se admita información que se haya extraído mediante tortura, la definición de tortura que emplea el gobierno de Estados Unidos contraviene claramente el derecho internacional. Por ejemplo, el gobierno ha reconocido que se utiliza la técnica del water-boarding, o simulacro de ahogamiento, y que ha autorizado su utilización por considerarla lícita.

  • Las comisiones se constituyeron expresamente para juzgar a las personas que el ejecutivo estadounidense señalara como "combatiente enemigo ilegal", una condición que no existe en el derecho internacional. Entre las personas que se encuentran a la espera de juicio, hay civiles a los que se detuvo lejos de cualquier zona de conflicto armado. El uso de tribunales militares para juzgar a civiles va en contra de las normas internacionales.

  • No se garantiza el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, y el derecho a interponer recursos se encuentra limitado. Aun cuando un acusado haya sido absuelto, puede volver a ser detenido indefinidamente si el gobierno estadounidense decide que se trata de un "combatiente enemigo".

  • El derecho a que el detenido sea representado por un abogado de su elección está limitado.

  • El reglamento sobre testimonios de oídas e información clasificada puede coartar gravemente la capacidad de la persona acusada para impugnar la causa del gobierno en su contra.

  • Las comisiones militares sólo pueden juzgar a personas extranjeras y son discriminatorias, lo que infringe las normas del derecho internacional.



Amnistía Internacional continúa haciendo campaña para que todos los juicios a los detenidos en Guantánamo se lleven a cabo ante tribunales federales civiles ordinarios en territorio continental de Estados Unidos.



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TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA

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