Document - United States of America: Maze of injustice: The failure to protect indigenous women from violence: End injustice - free forensic examinations

Índice AI: AMR 51/056/2007


Laberinto de injusticia. Falta de protección de las mujeres indígenas frente a la violencia sexual en Estados Unidos



No más injusticias: Exámenes forenses gratuitos


Una trabajadora de apoyo a la que en 2004 llamaron del hospital para que prestara asistencia a una mujer indígena que había sido golpeada y violada contó a Amnistía Internacional que la situación era «de una brutalidad terrible [...] [la mujer] se hallaba en estado de shock y confusión. No sabía qué hacer y lloraba. Quería llamar a su hermana, a su familia. [...] [El personal del hospital], en el que no había ningún indígena, [...] no pudo convencerla de que se sentara ni de que hiciera nada. [...] Veían a una mujer indígena que se comportaba de manera agresiva y no querían tocarla; no había empatía».


Se debe ofrecer a todas las supervivientes de violencia sexual la posibilidad de someterse a un examen forense, sin coste alguno y con independencia de si han decidido o no denunciar el caso a la policía. En Estados Unidos se niega de hecho a las mujeres indígenas el acceso a este tipo de exámenes, bien porque en las proximidades no existen centros que cuenten con el equipamiento adecuado para practicarlos, bien porque el personal no tiene la preparación adecuada para atender a las supervivientes de violencia sexual y hacerlo de una forma culturalmente apropiada.


Debe hacerse todo lo posible para facilitar el tratamiento y la recogida de pruebas (si la paciente accede), con independencia de si en el momento del examen se ha tomado o no la decisión de denunciar los hechos.

Protocolo Nacional para Exámenes Médicos Forenses en Agresiones Sexuales


El examen, que corre a cargo de profesionales de la salud, supone la recogida de pruebas materiales y el examen de cualquier lesión. Las muestras recogidas incluyen frotis vaginal, anal y oral, fragmentos de uñas, prendas de vestir y cabello. Los exámenes forenses (a veces conocidos como «equipos para pruebas de violación») pueden proporcionar pruebas cruciales para el éxito de un procesamiento. No obstante, si las autoridades no realizan el examen en un entorno apropiado o no guardan los resultados adecuadamente, pueden hacer peligrar los procesamientos, lo que significa que los autores de las violaciones no rendirían cuentas ante la justicia.


[caso] Jami Rozell, una mujer cherokee que vivía en Tahlequah, Oklahoma, dijo a Amnistía Internacional que había decidido tratar de obtener el procesamiento cinco meses después de haber sido violada en 2003. Asistió a una vista preliminar, pero el examen forense de su agresión sexual –que se había practicado inmediatamente después de la violación e incluía el informe del profesional de medicina legal para casos de agresión sexual, fotografías y las prendas de vestir que llevaba– había sido destruido. El departamento de policía le dijo que, dado que no había presentado cargos, las pruebas se habían destruido como parte rutinaria de la limpieza de su dependencia de almacenamiento de pruebas. Al haberse destruido las pruebas, el fiscal del distrito le recomendó que retirara la denuncia.


Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley

Al ser los primeros en responder cuando se denuncia un delito, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben garantizar el acceso de las mujeres a un hospital o una clínica donde sea posible evaluar sus lesiones y practicar el examen forense. Esto reviste especial importancia en aquellos casos en que las mujeres tienen que recorrer grandes distancias para acceder a una instalación médica y pueden no disponer de medios para llegar a ellas por su cuenta.


En Alaska, las mujeres indígenas que viven en zonas rurales pueden verse obligadas a viajar en avión para llegar al hospital o la clínica. Aunque la policía del estado y la policía local deben hacerse cargo de esos gastos, puede suceder que no dispongan de fondos para pagarlos. Una profesional de medicina legal le contó a Amnistía Internacional que un departamento de policía de Alaska con sólo dos agentes dispone de un presupuesto anual que no le permite enviar ni siquiera a una víctima a Anchorage para que se le practique un examen forense.


Una vez realizado el examen forense en caso de agresión sexual, el personal médico o de enfermería que lo ha realizado entrega las pruebas a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Las autoridades policiales son las responsables de guardar las pruebas recogidas y de hacer que sean procesadas y analizadas por los laboratorios. Amnistía Internacional recibió varios informes de errores cometidos en esta fase del proceso.


Proveedores de servicios de salud

Una de las razones por las que se niega a muchas mujeres indígenas el acceso a estos exámenes tan importantes es la prolongada y grave insuficiencia de los fondos facilitados por el gobierno de Estados Unidos al Servicio Indígena de Salud. El Servicio Indígena de Salud forma parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos y es el proveedor principal, y en algunas zonas el único, de servicios de salud destinados a los pueblos indígenas de Alaska y del resto de Estados Unidos.


Muchas instalaciones del Servicio Indígena de Salud no disponen de protocolos claros para el tratamiento de víctimas de violencia sexual. Asimismo, este Servicio adolece de falta de personal, de un índice elevado de renovación del personal y de una carencia de personal con formación adecuada para atender de urgencia a supervivientes de actos de violencia sexual. Por ejemplo, en algunas zonas de la Reserva Sioux de Standing Rock una mujer que haya sido violada puede verse obligada a viajar más de una hora para llegar al hospital del Servicio Indígena de Salud en Fort Yates. Una vez allí, puede descubrir que entre el personal de servicio no hay nadie que pueda realizar un examen forense de agresión sexual y que tiene que viajar aún más lejos, por ejemplo a un hospital de Bismarck, situado a 128 km. Un profesional de la salud le dijo a Amnistía Internacional que sólo a un tercio de las mujeres remitidas de Fort Yates a Bismarck se les practica de hecho un examen, ya sea porque muchas mujeres no hacen el viaje hasta esa localidad, ya porque las que lo hacen pueden sufrir largas demoras y regresar sin que se les haya practicado el examen.


Una niña indígena de Alaska manifestó a Amnistía Internacional que el examen forense de su agresión sexual lo realizó un médico joven y blanco, aunque ella había pedido que se encargara una mujer. Agregó que el doctor le dijo que era la primera vez que hacía un examen forense de ese tipo y le preguntó si era la primera vez que la violaban.


Para que las supervivientes indígenas de violencia sexual se sientan seguras y confíen en que los exámenes se practicarán de manera competente y respetuosa es esencial que exista una formación adecuada sobre cómo atender a estas mujeres de forma culturalmente apropiada y teniendo en cuenta las cuestiones de género.


Los profesionales de medicina legal para casos de agresión sexual –personal de enfermería titulado que ha recibido instrucción y preparación clínica avanzadas para practicar exámenes forenses a las víctimas de violencia sexual– son una nueva especialidad de la enfermería y su disponibilidad varía de una institución a otra. Pese a la importancia de su función y al reconocimiento que vienen recibiendo en los últimos años en Estados Unidos, el Servicio Indígena de Salud no ha otorgado prioridad a la implantación de programas de profesionales de medicina legal para casos de agresión sexual. Las investigaciones de Amnistía Internacional indican que en Oklahoma no hay ningún programa de profesionales de medicina legal para casos de agresión sexual en instalaciones del Servicio Indígena de Salud y que Alaska sufre una escasez crítica de este tipo de programas en hospitales y clínicas.

¿Quién debe pagar?


Para empezar, tenemos que pagar [el examen forense de agresión sexual]. Cuando la gente sepa que se hará rendir cuentas a los delincuentes, los índices de denuncias aumentarán.

Funcionario del estado de Alaska (identidad no revelada), mayo de 2005


Las directrices nacionales establecen que las víctimas no tienen por qué pagar los exámenes forenses de agresión sexual. Sin embargo, en algunas ocasiones se ha exigido a supervivientes que corran con los gastos de un examen o del viaje hasta un centro de salud. Activistas y personal de apoyo informaron de que algunas mujeres del medio rural de Alaska han tenido que pagarse el transporte y que en algunos casos han abonado entre 700 y 800 dólares por el propio examen forense, ya que el organismo encargado de hacer cumplir la ley, que debía correr con los gastos, no lo hizo.


En virtud de la legislación estatal de Oklahoma, las mujeres deben denunciar la violación a funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para poder someterse a un examen forense de agresión sexual gratuito. Esta disposición es contraria a las recomendaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos.


Aunque los servicios del Servicio Indígena de Salud son gratuitos, si una mujer indígena tiene que acudir a un hospital no perteneciente al Servicio para someterse a un examen, puede que ese centro se lo cobre. El Servicio Indígena de Salud mantiene una política de reembolsos, pero es compleja y en algunos casos, según los informes, el Servicio no ha pagado exámenes forenses efectuados en instalaciones externas. Para las mujeres que soportan el trauma de actos de violencia sexual muy recientes, la preocupación derivada de tener que viajar más lejos o de que se les exija pagar puede ser un grave factor disuasorio a la hora de buscar los servicios de salud y someterse a un examen forense. Es preciso eliminar urgentemente este obstáculo adicional.


Amnistía Internacional considera que los costes derivados de los exámenes forenses de agresión sexual deben correr a cargo de los organismos encargados de hacer cumplir la ley, ya que las pruebas recogidas son una parte esencial de la investigación sobre una denuncia de violencia sexual. En cualquier caso, las supervivientes no deberían pagar los costes.


Recomendación clave

Los organismos encargados de hacer cumplir la ley y los proveedores de servicios de salud deben garantizar que todas las supervivientes indígenas de violencia sexual tienen acceso a exámenes forenses adecuados, oportunos y culturalmente apropiados, sin coste para ellas y en un centro situado a una distancia razonable.



Si desean obtener más información, consulten el informe de Amnistía Internacional Laberinto de injusticia. Falta de protección de las mujeres indígenas frente a la violencia sexual en Estados Unidos (Índice AI: AMR 51/035/2007). El informe se basa en minuciosas investigaciones llevadas a cabo por AI Estados Unidos en 2005 y 2006, y se centra principalmente en tres lugares: la Reserva Sioux de Standing Rock en Dakota del Norte y Dakota del Sur, y en los estados de Oklahoma y Alaska. Amnistía Internacional está en deuda con todas las supervivientes de violencia sexual que han tenido la valentía de compartir sus experiencias, así como con las personas y organizaciones indígenas de Alaska y del resto de Estados Unidos y los expertos y expertas que facilitaron asesoramiento y orientación.

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