Document - USA - Military commissions: Second-class justice

Declaración pública

22 de marzo de 2002

Índice AI: AMR 51/049/2002/s

Servicio de Noticias 53/02

Estados Unidos: Las comisiones militares, justicia de segunda clase

Las directrices de funcionamiento para los juicios celebrados ante las comisiones ejecutivas militares, hechas públicas ayer por el secretario de Defensa estadounidense, han puesto claramente de relieve los defectos fundamentales de la orden en materia militar firmada por el presidente Bush el 13 de noviembre del 2001, según ha declarado hoy Amnistía Internacional.

La organización de derechos humanos ha manifestado: «Desde el principio hemos dicho que la orden en materia militar tenía demasiados defectos como para funcionar y que debía ser derogada. En las directrices de las comisiones, el Pentágono ha intentado fingir que respeta el proceso debido, pero no ha logrado ocultar que cualquier juicio celebrado ante estos órganos ejecutivos violará las obligaciones internacionales de Estados Unidos».

Amnistía Internacional repite su llamamiento para que se rescinda la orden en materia militar y para que no se juzgue a nadie ante las comisiones militares. Entre los defectos fundamentales de estas comisiones se encuentran los siguientes:

! La orden en materia militar es discriminatoria. Los ciudadanos estadounidenses no serán juzgados ante comisiones militares, ni siquiera aunque sean acusados de los mismos delitos que un ciudadano extranjero, sino que serán juzgados por tribunales civiles ordinarios con una amplia gama de garantías procesales. En virtud de la orden en materia militar, determinados ciudadanos extranjeros recibirán una justicia de segunda clase, en contra de lo establecido por el derecho internacional, que prohíbe la discriminación en razón de diversos motivos, incluida la nacionalidad.

! Las comisiones permitirán un nivel probatorio más bajo que el admisible en los tribunales ordinarios, incluidos los testimonios de oídas. Las directrices del Pentágono no excluyen expresamente las declaraciones obtenidas mediante tortura u otros métodos coactivos. Estas deficiencias resultan especialmente inquietantes teniendo en cuenta la ausencia de las debidas salvaguardias durante los interrogatorios y el hecho de que las comisiones estarán facultadas para imponer condenas de muerte.

! En contra de lo establecido por el derecho internacional, no habrá derecho de apelación ante un tribunal independiente e imparcial establecido por la ley. La apelación se sustituye por una revisión llevada a cabo por una junta de tres miembros designados por el secretario de Defensa.

! Las comisiones militares carecen totalmente de independencia frente al poder ejecutivo. El presidente se ha otorgado a sí mismo o al secretario de Defensa el poder de decidir quién será juzgado por las comisiones, nombrar o destituir a los miembros de dichas comisiones, elegir la junta que revisará las declaraciones de culpabilidad y las condenas, y tomar la decisión final en cualquier caso.

Amnistía Internacional ha declarado: «Observamos que las directrices del Pentágono incluyen la presunción de inocencia. Sin embargo, esta garantía se ha visto socavada por los abundantes comentarios públicos sobre la presunta culpabilidad de los detenidos de Guantánamo, comentarios realizados por las mismas autoridades que controlan las comisiones».

El presidente Bush ha calificado repetidamente a los detenidos de «asesinos» y «terroristas». El miércoles, hablando sobre las comisiones militares, dijo: «Recuerden, son... las personas de la bahía de Guantánamo son asesinos. No comparten nuestros mismos valores». De igual modo, el secretario Rumsfeld se ha referido a los detenidos de Guantánamo diciendo que son algunos «de los asesinos más peligrosos, mejor adiestrados y más crueles sobre la faz de la tierra» y que son «terroristas implacables, bien adiestrados».

Respecto a la facultad para imponer condenas de muerte, Amnistía Internacional ha señalado que incluso el sistema ordinario de justicia penal ha demostrado ser proclive al error.

La organización ha dicho: «¿Cuántas más probabilidades puede haber de cometer errores irremediables en estas comisiones, cuando admiten niveles probatorios más bajos y no permiten un derecho real de apelación?».

Los procedimientos infringen el derecho a un juicio justo de otras maneras, por ejemplo al no garantizar que los abogados defensores civiles pueden ver todas las pruebas contra sus clientes, al permitir el uso de pruebas secretas y testimonios anónimos, al no garantizar que todos los documentos pertinentes son traducidos a un idioma que comprenda el acusado y al obligar al acusado a aceptar, en contra de sus deseos, que lo defiendan abogados militares estadounidenses.

Además, las autoridades del Pentágono declararon ayer que, aunque las comisiones militares los absuelvan, los acusados pueden permanecer detenidos indefinidamente. A Amnistía Internacional le preocupa el hecho de que la orden en materia militar del 13 de noviembre permite la detención indefinida sin juicio. Estados Unidos mantiene actualmente detenidas sin cargos ni juicio en Afganistán y en la bahía de Guantánamo a más de 500 personas, a las que han negado el acceso a tribunales o a abogados. Y eso a pesar de que, en el Campo Rayos X, los interrogatorios duran ya dos meses.

Amnistía Internacional ha declarado: «Desde los espantosos sucesos del 11 de septiembre, el gobierno estadounidense ha manifestado repetidamente su compromiso para con el derecho internacional humanitario y las normas internacionales de derechos humanos. No obstante, su determinación de mantener la opción de celebrar juicios ante comisiones militares indica que esos compromisos son mera retórica».

***Consulten el comunicado de prensa sobre las comisiones militares (Índice AI: AMR 51/165/2001/s - en inglés en <http://web.amnesty.org/ai.nsf/recent/AMR511652001> y en español en la sección «centro de documentación» de las páginas web de EDAI en <http://www.edai.org/centro>); también pueden consultar el informe más reciente publicado por Amnistía Internacional sobre las detenciones en Estados Unidos posteriores al 11 de septiembre (disponible sólo en inglés en <http://web.amnesty.org/ai.nsf/recent/AMR510442002>).

\ FIN

Documento público

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