Document - United States of America: Death by discrimination - the continuing role of race in capital cases.


Fecha de publicación: 24 de abril de 2003Público


Amnistía Internacional



ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Muerte por discriminación: la raza sigue influyendo en los casos de pena de muerte



Abril de 2003

Resumen

Índice AI: AMR 51/046/2003/s





Sencillamente, no podemos decir que vivimos en un país que ofrece igualdad ante la ley para todos los ciudadanos cuando el sistema mediante el cual nuestra sociedad impone la pena máxima está plagado de desigualdades sociales.

Senador estadounidense, enero de 2003

Estados Unidos pronto ejecutará al prisionero afroamericano que hace el número 300 desde que se reanudaron los homicidios judiciales en 1977. Hasta el 10 de abril de 2003, el número de afroamericanos ejecutados era de 290, y estaba previsto que para finales de julio se hubiera ejecutado al menos a otros 10 más. La proporción de afroamericanos entre las personas condenadas a muerte en Estados Unidos es desproporcionadamente alta. El 12 por ciento de la población del país es afroamericana, pero más del 40 por ciento de los presos que actualmente están en el corredor de la muerte son negros, y uno de cada tres ejecutados desde 1977 pertenecía a esta raza.

Si bien Estados Unidos recurre a la pena de muerte con más frecuencia que la mayoría de los países el número de ejecuciones desde 1990 supera con creces las 700, también sucede que es muy reducido el porcentaje de asesinatos que se castigan con la ejecución. Por tanto, cabe preguntarse si no existe racismo a la hora de condenar a muerte a los acusados en el sistema de justicia en casos de pena capital.

El 18 de marzo de 2003 se ejecutó a dos hombres afroamericanos, Louis Jones y Walanzo Robinson, por el asesinato de Tracie McBride, de raza blanca, y Dennis Hill, afroamericano, que pasaron a engrosar la lista de las aproximadamente medio millón de personas que han muerto asesinadas en Estados Unidos desde 1977. El número de víctimas negras y blancas es prácticamente igual, pero el 80 por ciento de los ejecutados desde 1977 lo fueron por asesinar a blancos.

La mayoría de los asesinatos en Estados Unidos son intrarraciales, es decir, el presunto asesino y su víctima son de la misma raza, como en el caso de Walanzo Robinson. Sin embargo, el 53 por ciento de los 845 presos ejecutados entre el 17 de enero de 1977 y el 10 de abril de 2003 fueron blancos condenados por matar a blancos, y el 10 por ciento, negros condenados por matar a negros.

Louis Jones, condenado a muerte por las autoridades federales, se convirtió en el afroamericano número 183 ejecutado en Estados Unidos desde 1977 por asesinar a una persona blanca (el 22 por ciento del total de las ejecuciones). En ese mismo periodo fueron ejecutados 12 blancos por el asesinato de afroamericanos (el 1,4 por ciento de las ejecuciones).

Al menos uno de cada cinco de los afroamericanos ejecutados desde 1977 fueron condenados por jurados compuestos íntegramente por blancos, en procesos en los que los fiscales descartaban sistemáticamente a los negros durante la selección del jurado. Louis Jones y Walanzo Robinson, como tantos otros acusados de raza negra, fueron condenados a muerte por un jurado compuesto por 11 blancos y un afroamericano. En ambos casos, como ya ha sucedido en otras ocasiones, el único miembro negro del jurado denunció después que había sufrido una gran presión por parte de los demás para que cambiara su voto de cadena perpetua y condenara a muerte al acusado.

Han pasado más de ocho años desde que Estados Unidos ratificó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial y se comprometió con ello a luchar contra la discriminación racial, incluidos sus efectos sobre el sistema de justicia penal. En general, los tribunales y las cámaras legislativas estadounidenses no han actuado con decisión ante la evidencia de que la raza tiene un efecto sobre la imposición de la pena capital, tal vez víctimas de una fe ciega colectiva en que «Estados Unidos apoyará siempre firmemente las demandas irrenunciables de la dignidad humana», entre ellas la «igualdad ante la justicia», como ha declarado el presidente Bush.

Este documento, que se basa en un informe de 1999 de Amnistía Internacional, resume estudios recientes que indican que la raza, especialmente la de la víctima, continúa desempeñando un papel respecto a quién es condenado a muerte en Estados Unidos. Con numerosos casos de ejemplo, pone de manifiesto lo poco representadas que siguen estando están las minorías en los jurados de casos de pena de muerte, llegando a ser el propio estado el que elimina injustamente a las personas de raza negra durante la selección del jurado. También resume investigaciones recientes sobre las actitudes de los jurados en casos de pena de muerte que indican que el racismo, consciente o inconsciente, puede afectar a las decisiones que toma el jurado. Señala cómo las autoridades federales no han tomado medidas para resolver la cuestión de la discriminación racial en el sistema de justicia capital, y aborda los posibles vínculos entre la raza y la tendencia a cometer errores del sistema estadounidense de justicia en casos de pena de muerte. Por último, afirma que no se debe depender del indulto para evitar errores fatales y arbitrariedades.

Una clara mayoría de países han abolido la pena de muerte en la ley o en la práctica. Estados Unidos se ha quedado retrasado en esta cuestión fundamental de derechos humanos. La pena capital en Estados Unidos sigue siendo un acto de injusticia racial, además de extender el sufrimiento de una familia la de la víctima a otra la del preso condenado. La abolición es la única solución a este castigo cruel, inhumano, degradante e irrevocable.

Este texto resume el documento titulado Estados Unidos. Muerte por discriminación: la raza sigue influyendo en los casos de pena de muerte(Índice AI: AMR 51/046/2002/s) publicado por Amnistía Internacional en abril de 2003. Si desean más información o emprender acciones sobre este asunto, consulten el documento principal. Pueden encontrar una amplia selección de materiales de Amnistía Internacional sobre éste y otros temas en <http://www.amnesty.org>, y nuestros comunicados de prensa se pueden recibir por correo electrónico: <http://www.amnesty.org/news/emailnws.htm>. Para los documentos traducidos al español consulten la sección «centro de documentación» de las páginas web de EDAI en <http://www.edai.org/centro/>.



SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X ODW, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA

EE. UU. Muerte por discriminación: la raza influye en los casos de pena de muerte

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Amnistía Internacional, abril de 2003 Índice AI: AMR 51/046/2003/s


Índice A: AMR 51/046/2003/s Amnistía Internacional, abril 2003







ÍNDICE

Introducción 1

El obstáculo McCleskey 2

Sigue aumentando la evidencia de parcialidad 4

Carolina del Norte 6

Carolina del Sur 7

Nueva Jersey 7

Maryland 8

Texas 8

Virginia 9

Pensilvania 10

Ohio 10

Pobreza, raza y asistencia letrada 11

Raza, error y arbitrariedad 14

«Un sistema roto» 16

Panorama en Oklahoma 19

Panorama en Alabama 21

Panorama en Florida 22

Algunos casos ilustrativos de todo el país 24

Errores federales 27

Raza e injusticia de menores 31

Panorama en Luisiana 32

«Una mofeta en la tribuna del jurado» 33

La raza de los miembros del jurado como posible factor influyente en los casos de pena de muerte 35

Discriminación en la selección del jurado 38

Representación insuficiente de los afroamericanos entre los preseleccionados para formar parte del jurado 40

Los límites de la protección Batson 43

Exclusión de jurados pertenecientes a minorías cuando el acusado no es negro 45

Panorama en Pensilvania 47

Presunta coacción racial en la sala del jurado 48

Jurados en casos de pena de muerte: ¿la voz de la comunidad? 49

Un rayo de esperanza en un caso con influencia de la raza 50

El sistema de indultos no es infalible 52

Dos medidas en favor de los derechos humanos: suspensión y abolición 54

Apéndice 1: selección de normas internacionales 56

Apéndice 2: Campaña para la abolición de la pena de muerte en Estados Unidos 57

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Muerte por discriminación: la raza sigue influyendo en los casos de pena de muerte



Sencillamente, no podemos decir que vivimos en un país que ofrece igualdad ante la ley para todos los ciudadanos cuando el sistema mediante el cual nuestra sociedad impone la pena máxima está plagado de desigualdades sociales.

Senador estadounidense, enero de 2003. Senador Russ Feingold, Civil Rights as a Priority for the 108th Congress, Senado, 9 de enero de 2003.

Introducción

Estados Unidos pronto ejecutará al prisionero afroamericano que hace el número 300 desde que se reanudaron los homicidios judiciales en 1977. Hasta el 10 de abril de 2003, el número de afroamericanos ejecutados era de 290, y estaba previsto que para finales de julio se hubiera ejecutado al menos a otros 10 más. La proporción de afroamericanos entre las personas condenadas a muerte en Estados Unidos es desproporcionadamente alta. El 12 por ciento de la población del país es afroamericana, pero más del 40 por ciento de los presos que actualmente están en el corredor de la muerte son negros, y uno de cada tres ejecutados desde 1977 pertenecía a esta raza.

Si bien Estados Unidos recurre a la pena de muerte con más frecuencia que la mayoría de los países el número de ejecuciones desde 1990 supera con creces las 700, también sucede que es muy reducido el porcentaje de asesinatos que se castigan con la ejecución. Por tanto, cabe preguntarse si no existe racismo a la hora de condenar a muerte a los acusados en el sistema de justicia en casos de pena capital.

El 18 de marzo de 2003 se ejecutó a dos hombres afroamericanos, Louis Jones y Walanzo Robinson, por el asesinato de Tracie McBride, de raza blanca, y Dennis Hill, afroamericano, que pasaron a engrosar la lista de las aproximadamente medio millón de personas que han muerto asesinadas en Estados Unidos desde 1977. El número de víctimas negras y blancas es prácticamente igual,De los 492.852 asesinatos cometidos entre 1976 y 1999, el 51 por ciento fue de blancos y el 47 por ciento, de negros. Homicidetrends in the US. Trends by race. Bureau of Justice Statistics. pero el 80 por ciento de los ejecutados desde 1977 lo fueron por asesinar a blancos.

La mayoría de los asesinatos en Estados Unidos son intrarraciales, es decir, el presunto asesino y su víctima son de la misma raza, como en el caso de Walanzo Robinson.Entre 1976 y 2000, el 86 por ciento de las víctimas de asesinato blancas murieron a manos de blancos, y el 94 de las víctimas de aseinato negras murieron a manos de negros. Sin embargo, el 53 por ciento de los 845 presos ejecutados entre el 17 de enero de 1977 y el 10 de abril de 2003 fueron blancos condenados por matar a blancos, y el 10 por ciento, negros condenados por matar a negros. Death Row USA, Winter 2003. NAACP Legal Defense and Educational Fund, Inc. Actualizado por AI.

Louis Jones, condenado a muerte por las autoridades federales, se convirtió en el afroamericano número 183 ejecutado en Estados Unidos desde 1977 por asesinar a una persona blanca (el 22 por ciento del total de las ejecuciones). En ese mismo periodo fueron ejecutados 12 blancos por el asesinato de afroamericanos (el 1,4 por ciento de las ejecuciones). ar Al menos uno de cada cinco de los afroamericanos ejecutados desde 1977 fueron condenados por jurados compuestos íntegramente por blancos, en procesos en los que los fiscales descartaban sistemáticamente a los negros durante la selección del jurado. Louis Jones y Walanzo Robinson, como tantos otros acusados de raza negra, fueron condenados a muerte por un jurado compuesto por 11 blancos y un afroamericano. En ambos casos, como ya ha sucedido en otras ocasiones, el único miembro negro del jurado denunció después que había sufrido una gran presión por parte de los demás para que cambiara su voto de cadena perpetua y condenara a muerte al acusado.

Han pasado más de ocho años desde que Estados Unidos ratificó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial y se comprometió con ello a luchar contra la discriminación racial, incluidos sus efectos sobre el sistema de justicia penal. En general, los tribunales y las cámaras legislativas estadounidenses no han actuado con decisión ante la evidencia de que la raza tiene un efecto sobre la imposición de la pena capital, tal vez víctimas de una fe ciega colectiva en que «Estados Unidos apoyará siempre firmemente las demandas irrenunciables de la dignidad humana», entre ellas la «igualdad ante la justicia», como ha declarado el presidente Bush.Presidente George W. Bush, discurso sobre el estado de la Unión, 29 de enero de 2002.

Este documento, que se basa en un informe de 1999 de Amnistía Internacional,Prejuicios que matan: la dimensión racial de la pena de muerte en Estados Unidos(Índice AI: AMR 51/52/99/s, mayo de 1999).resume estudios recientes que indican que la raza, especialmente la de la víctima, continúa desempeñando un papel respecto a quién es condenado a muerte en Estados Unidos. Con numerosos casos de ejemplo, pone de manifiesto lo poco representadas que siguen estando están las minorías en los jurados de casos de pena de muerte, llegando a ser el propio estado el que elimina injustamente a las personas de raza negra durante la selección del jurado. También resume investigaciones recientes sobre las actitudes de los jurados en casos de pena de muerte que indican que el racismo, consciente o inconsciente, puede afectar a las decisiones que toma el jurado. Señala cómo las autoridades federales no han tomado medidas para resolver la cuestión de la discriminación racial en el sistema de justicia capital, y aborda los posibles vínculos entre la raza y la tendencia a cometer errores del sistema estadounidense de justicia en casos de pena de muerte. Por último, afirma que no se debe depender del indulto para evitar errores fatales y arbitrariedades.

Una clara mayoría de países han abolido la pena de muerte en la ley o en la práctica. Estados Unidos se ha quedado retrasado en esta cuestión fundamental de derechos humanos. La pena capital en Estados Unidos sigue siendo un acto de injusticia racial, además de extender el sufrimiento de una familia la de la víctima a otra la del preso condenado. La abolición es la única solución a este castigo cruel, inhumano, degradante e irrevocable.

El obstáculo McCleskey

Para acogerse a la Cláusula [de Igualdad de Protección], el apelante debe probar que quienes tomaron las decisiones en su causa actuaron con intención discriminatoria [...] La discrecionalidad es fundamental en el proceso de justicia penal, y por tanto, para que este Tribunal infiera que se ha hecho un uso indebido de ella, es necesario que la prueba sea excepcionalmente clara. Corte Suprema de Estados Unidos, McCleskey v Kemp(1987).

En el año 1987 se produjo un hito respecto a esta cuestión: la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el recurso presentado por Warren McCleskey, afroamericano condenado a muerte en Georgia por asesinar a un policía de raza blanca. Se presentó a los jueces un detallado estudio en el que se demostraba que, en Georgia, las personas acusadas de matar a personas de raza blanca tenían más del cuádruple de probabilidades de ser condenadas a muerte que las acusadas de matar a personas de otras razas, probabilidad que incluso aumentaba si el acusado era negro y la víctima, blanca. La mayoría de los jueces sostuvieron que «las aparentes disparidades a la hora de dictar sentencia son parte inevitable de nuestro sistema de justicia penal» y que para que la apelación de un acusado prosperara, éste tendría que proporcionar una prueba «excepcionalmente clara» de que quienes decidieron en su causa actuaron con intención discriminatoria.McCleskey v Kemp, 481 U.S. 279 (1987).Warren McCleskey fue ejecutado en 1991. Ha habido casi 700 ejecuciones más en Estados Unidos desde entonces, el 80 por ciento de ellas por asesinatos en los que la víctima era de raza blanca.

El juez Brennan presentó un voto particular discrepando de la mayoría en la causa McCleskey, y escribió: «No podemos fingir que en tres décadas nos hemos librado totalmente del peso de un legado histórico de siglos. Warren McCleskey pone en evidencia la sutil y persistente influencia del pasado [...] Lo pasamos por alto por nuestra cuenta y riesgo, porque seguimos siendo presa del pasado en tanto en cuanto negamos su influencia en el presente». El juez Powell, que redactó la decisión, tomada por 5 votos a favor y 4 en contra, afirmó una vez retirado que hubiera deseado haber votado de otra forma en esa ocasión, y que había llegado a la convicción de que la pena de muerte debía abolirse. John C. Jeffries, Justice Lewis F. Powell, Jr.: A biography. (1994).El relator especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, en su informe de 1998 sobre Estados Unidos, apuntó la posibilidad de que la decisión McCleskeyfuera incompatible con las obligaciones del país en virtud de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, «que exige a los Estados Partes la adopción de medidas adecuadas para eliminar la discriminación directa e indirecta».E/CN.4/1998/68/Add.3, párr. 65.

El fallo McCleskeysupuso un enorme obstáculo en el camino de los acusados que trataban de impugnar sus condenas a muerte basándose en la evidencia de discriminación racial a la hora de dictar sentencia. En 1994, Girvies Davis, de raza negra, a quien un jurado compuesto íntegramente por personas de raza blanca declaró culpable del asesinato de una persona de raza blanca, presentó un recurso que se basaba en un estudio según el cual había unas seis veces más probabilidades de que el asesinato de una persona de raza blanca en Illinois fuera castigado con la muerte que el asesinato de una persona de raza negra, y que un negro acusado de matar a un blanco tenía 3,75 veces más probabilidades de ser condenado a muerte que un blanco acusado de matar a otro blanco. El tribunal federal señaló: «Nuestro análisis comienza y termina con la causa McCleskey v Kemp»,y rechazó el recurso.Davis v Greer, 13 F. 3d 1134, US Court of Appeals for the Seventh Circuit, 13 de enero de 1994.Davis fue ejecutado en 1995. Al año siguiente, la Corte Suprema de Misuri rechazó la evidencia estadística y casuística de discriminación procesal en los condados, afirmando que el acusado no había podido demostrar «intención discriminatoria o algún efecto sobre su causa en concreto».State v Taylor, 929 S.W. 2d 209, Missouri Supreme Court, 1996.En 1997, la Corte Suprema de Carolina del Sur falló que el condenado a muerte Raymond Patterson no había «demostrado intención discriminatoria mediante pruebas excepcionalmente claras». Patterson, afroamericano condenado por asesinar a un hombre blanco, presentó pruebas de discriminación, entre las que figuraba que el fiscal del condado había solicitado la pena capital en 13 de los 128 casos con víctimas de raza blanca y en ninguno de los 44 casos en los que la víctima era de raza negra. Patterson presentó otras pruebas, como la exclusión de los negros de los jurados. Blume et al. Post-McCleskey racial discrimination claims in capital cases. Cornell L. Rev, 1998.En 1999, la Corte de Apelaciones en lo Penal de Oklahoma rechazó una apelación similar presentada por Billy Alverson, afroamericano condenado por un jurado compuesto íntegramente por blancos. La Corte de Apelaciones sostuvo que el acusado no había podido demostrar ser víctima de ninguna discriminación que fuera específica de su causa.Alverson v State, OK CR 21 (1999).

Actualmente el fallo McCleskeysigue siendo un obstáculo para avanzar. Por ejemplo, en octubre de 2001, la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito reconoció que las disparidades en el pabellón de la muerte de Ohio eran «sumamente preocupantes», pero añadió: «McCleskey sigue controlando la ley en lo que respecta a la capacidad de que unos argumentos estadísticos sobre la disparidad racial establezcan una aplicación inconstitucional de la pena de muerte. Aunque en el estado de Ohio el desequilibrio racial en el sistema de imposición de penas de muerte es claramente extremo, no lo es más que el que se observaba en las disparidades estadísticas consideradas y rechazadas por la Corte Suprema en la causa McCleskey”. Coleman v Mitchell, 2001 FED App. 0367P (6th Cir.), 10 de octubre de 2001.

En la causa McCleskeyse decidió que la cuestión de la discriminación en la aplicación de la pena de muerte era «mejor presentarla ante los órganos legislativos». Sin embargo, en 1994, no se consiguió introducir una Ley de Justicia Racial de ámbito nacional, que habría permitido a los acusados recurrir sus sentencias de muerte presentando pruebas estadísticas de discriminación racial en el proceso judicial. Hasta la fecha, Kentucky es el único estado que ha aprobado una Ley de Justicia Racial, en 1998.

Muchos legisladores siguen sin agarrar al toro por los cuernos. El 18 de marzo de 2003, los senadores de Maryland rechazaron una ley para suspender las ejecuciones en el estado basándose en investigaciones que indicaban que la raza de la víctima de un asesinato era importante a la hora de imponer la pena capital. Entre los que se opusieron al proyecto de ley estaba un senador que argumentó, recordando a la mayoría del caso McCleskey, que «el sistema es tan justo como puede serlo. Desgraciadamente, hay desigualdades».Maryland Senators to Debate, but unlikely to pass, bill. Washington Post, 7 de marzo de 2003. Todos los senadores afroamericanos votaron a favor de la suspensión. Todos los senadores republicanos (14), votaron en contra.Death penalty freeze rejected. Baltimore Sun, 19 de marzo de 2003.

Sigue aumentando la evidencia de parcialidad

Señalan la aplicación potencialmente arbitraria de la pena de muerte, añadiendo que la raza de la víctima y los factores socioeconómicos parecen importar.

Juez de la Corte Suprema, 2002.Ring v Arizona, 000 US 01-488 (2002), opinión coincidente del juez Breyer.

En todo el sistema de justicia penal estadounidense pueden observarse desigualdades raciales. Aunque los afroamericanos son el 12 por ciento de la población del país, a 30 de junio de 2002 el 48 por ciento de los reclusos de cárceles federales o estatales eran afroamericanos. En esa misma fecha, más del 12 por ciento de los hombres negros de edades comprendidas entre los 25 y los 34 años estaban encarcelados, frente al 1,6 por ciento de los hombres blancos del mismo grupo de edad. El jefe de estudios demográficos penitenciarios del Departamento de Justicia calificaba de «muy dramática» la proporción de hombres jóvenes de raza negra encarcelados. Si se incluyen otros grupos de edad, las proporciones son aún mayores. La Oficina de Estadística Penal calculó que el 28 por ciento de los varones negros serán encarcelados en algún momento de su vida.Prison and jail inmates at midyear 2002. Bureau of Justice Statistics, abril 2003. Y Prison rates among blacks reach a peak, report finds. New York Times, 7 de abril de 2003.

En su informe sobre Estados Unidos publicado el 14 de agosto de 2001, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, órgano de expertos creado por la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial para supervisar la aplicación del tratado, expresó su preocupación por estas disparidades en las tasas de encarcelamientos. Señalando la marginación socioeconómica de una parte importante de la comunidad afroamericana y otras minorías, el Comité instó al gobierno a que «se asegure de que la elevada tasa de encarcelamiento no sea consecuencia de la situación de desventaja económica, social y educacional de estos grupos».A/56/18, párr. 395.

El Comité también expresó su preocupación por la «inquietante correlación entre la raza, tanto de la víctima como del acusado, y la imposición de la pena de muerte» e instó al gobierno estadounidense a que «garantice, posiblemente mediante la imposición de una moratoria, que no se imponga la pena de muerte como consecuencia de prejuicios raciales por parte de los fiscales, jueces, jurados y abogados o como consecuencia de la situación de desventaja económica, social y educacional de los condenados».Id.párr. 396.

El 43 por ciento de los 3.700 reclusos que están actualmente en el corredor de la muerte en Estados Unidos son afroamericanos, al igual que lo eran el 34 por ciento de los presos que han sido ejecutados desde 1977.Esta cifra de ejecuciones podría haber mostrado una disparidad aún mayor si no fuera por el fenómeno de las ejecuciones «consensuadas», en las que el preso renuncia a sus apelaciones. Alrededor del 90 por ciento del más o menos centenar de presos que han optado por esta vía desde 1977 eran blancos. Si hubieran continuado con el proceso de apelaciones, dada la proporción de errores en los casos de pena de muerte, es probable que algunos hubieran tenido éxito en su apelación.Sin embargo, especialmente desde que la Corte Suprema de Estados Unidos declaró ilegal la pena de muerte como castigo para la violación de una mujer adulta una combinación de delito y pena con una extraordinaria historia de discriminación contra los hombres negros, es la identidad de la víctima del asesinato lo que indica más claramente que la raza sigue siendo un ingrediente para dictar una sentencia de muerte.La Corte Suprema de Estados Unidos prohibió la pena de muerte por la violación de una mujer adulta en 1977 en la causa Coker v Georgia, por considerarla desproporcionada. En su fallo no se mencionó la raza, aunque cinco años antes, en el fallo por el que se revocaban todas las leyes de pena de muerte en Estados Unidos (Furman v Georgia), el juez Marshall señaló que en 405 de las 455 ejecuciones por violación llevadas a cabo desde 1930 el ejecutado era negro. Esto supone una proporción del 89 por ciento. En la inmensa mayoría de los casos, la víctima de la violación era una mujer blanca.

La población de Estados Unidos es aproximadamente 75 por ciento blanca y 12 por ciento negra. Desde 1976, los negros han tenido entre seis y siete veces más probabilidades de morir asesinados que los blancos, lo cual supone que el porcentaje de negros y blancos entre las víctimas de asesinato es más o menos el mismo. Y sin embargo, el 80 por ciento de las más de 840 personas ejecutadas en Estados Unidos desde 1976 fueron condenadas por delitos en los que la víctima era de raza blanca, frente al 13 por ciento de condenados por matar a personas de raza negra. Menos del 4 por ciento de las ejecuciones llevadas a cabo desde 1977 en Estados Unidos fueron por delitos cuyas víctimas eran hispanas (los hispanos representan aproximadamente el 12 por ciento de la población). Entre 1993 y 1999, la tasa de homicidios de hispanos registrada superó en más del 40 por ciento a la tasa nacional de homicidios.Hispanic victims of violent crime, 1993-2000. Bureau of Justice Statistics, abril 2002.

Estas estadísticas por sí solas no prueban que haya discriminación en el sistema de justicia, y podrían ser el reflejo de la relación de la criminalidad con desigualdades sociales más amplias. Sin embargo, los estudios han indicado siempre que en Estados Unidos la raza, especialmente la de la víctima de asesinato, influye en la imposición de la pena capital, incluso después de tener en cuenta otros factores. En 1990, el Departamento General de Contraloría de Estados Unidos revisó 28 de estos estudios realizados en todo el país y concluyó que «en el 82 por ciento de los estudios se halló que la raza de la víctima influía en la probabilidad de que al acusado se le imputara el cargo de asesinato punible con la muerte o se lo condenara a muerte, es decir, era más probable que se condenara a muerte al asesino de un blanco que al de un negro. Este resultado se repetía independientemente de los datos, los estados, los métodos de recopilación de los datos y las técnicas de análisis».Death Penalty Sentencing: Research Indicates Pattern of Racial Disparities(1990).

En 1994, un juez de la Corte Suprema escribió: «Incluso con las leyes de pena de muerte más perfeccionadas, la raza continúa desempeñando un importante papel a la hora de determinar quién vivirá y quién morirá».Callins v Collins, 1994, opinión discrepante del juez Blackmun.Cuatro años después, el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias expresó su preocupación por que «la imposición de la pena capital en los Estados Unidos parece seguir caracterizada por la arbitrariedad. La raza, el origen étnico y la posición económica parecen ser los principales elementos determinantes de la imposición de esa pena».E/CN.4/1998/68/Add.3, párr. 148. Desde entonces, la evidencia no ha hecho más que aumentar.

Carolina del Norte

Harvey Green, afroamericano, fue ejecutado en Carolina del Norte en 1999 por el asesinato de dos blancos en el condado de Pitt en 1983. Green fue la única persona ejecutada por un delito cometido en el estado en 1983, aunque ese año hubo otros 550 asesinatos en Carolina del Norte. En el condado de Pitt hubo 11 asesinatos, 9 de ellos con víctimas de raza negra. El de Harvey Green fue el único en el que el estado pidió la pena capital. Entre 1983 y 1992, en este condado hubo 88 asesinatos. Más de dos tercios de las víctimas fueron negras. Sólo en cuatro asesinatos la víctima y el asesino eran de distinta raza. De ellos, el estado solicitó la pena de muerte en los tres casos en que la víctima era blanca y el acusado, negro, pero no lo hizo en el de víctima negra y acusado blanco. En los cuatro casos en los que los jurados del condado de Pitt dictaron sentencias de muerte entre 1983 y 1992, los acusados eran negros.

En 2001, el estudio más exhaustivo sobre la imposición de la pena de muerte que se ha realizado en Carolina del Norte halló que «los factores raciales concretamente la raza de la víctima del homicidio desempeñaron una función real, sustancial y estadísticamente significativa a la hora de determinar a quién se condenaba a muerte en Carolina del Norte entre 1993 y 1997. Las probabilidades aumentaban tres veces y media cuando la víctima era blanca, no importa cuál fuera la raza del acusado.»Race and the death penalty in North Carolina: An empirical analysis: 1993-1997. The Common Sense Foundation, North Carolina Council of Churches, 16 de abril de 2001.Aproximadamente el 40 por ciento de las víctimas de asesinato en Carolina del Norte son blancas, pero desde la reanudación de las ejecuciones, en 1984, el estado ha ejecutado a 23 presos, 21 de ellos (el 91 por ciento) por el asesinato de personas de raza blanca. La población de Carolina del Norte está compuesta por un 72 por ciento de blancos y un 21,5 por ciento de negros. En el corredor de la muerte hay un 55 por ciento de negros y un 39 por ciento de blancos.

La ejecución más reciente en Carolina del Norte fue el 10 de diciembre de 2003, Día de los Derechos Humanos, fecha en que se ejecutó a Desmond Carter, afroamericano, por el asesinato de una mujer blanca. Desmond Carter había sido condenado a muerte en julio de 1993 en el condado de Rockingham, donde más de la mitad de las víctimas de asesinato son de raza negra. En los casos de asesinato de este condado que han acabado con condena a muerte, siete de las ocho víctimas eran de raza blanca.

Carolina del Sur

En 2002, Anthony Green , preso del pabellón de la muerte de Carolina del Sur, apeló ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alegando prejuicios raciales en el sistema de justicia del estado en casos de pena de muerte. En la apelación se citaban investigaciones según las cuales en los casos en que el acusado era negro y la víctima es blanca, la tasa de condena a muerte era de 67,8 por cada 1.000 homicidios (50 condenas a muerte para 738 asesinatos). En los casos de acusado blanco y víctima blanca, la tasa era de 37,1 condenas a muerte por cada 1.000 homicidios (72 condenas a muerte para 2.654 asesinatos).

En su recurso ante la CIDH, Green afirmaba que aunque la mayoría de las víctimas de asesinato en Carolina del Sur son afroamericanos, sólo el 0,46 por ciento de los casos en los que la víctima es afroamericana terminan con condena a muerte, mientras que el porcentaje se eleva al 3,4 por ciento cuando la víctima es blanca. El recurso afirmaba que esta disparidad era aún mayor en el condado de Charleston, donde se juzgó a Anthony Green. Allí era 20 veces más probable que el estado pidiera la pena capital en un caso de acusado negro/víctima blanca que en un caso de víctima afroamericana.

Anteriormente, Earl Matthews, otro preso del corredor de la muerte de Carolina del Sur juzgado en el condado de Charleston por el asesinato de un blanco, había impugnado su condena a muerte en los tribunales estadounidenses basándose en la existencia de discriminación racial en el proceso de toma de decisiones de la fiscalía. Entre 1981 y 1990, la fiscalía había solicitado la pena de muerte en 10 de 25 casos de asesinato en los que el acusado era negro y la víctima, blanca (el 40 por ciento). La pena capital sólo se pidió en 2 casos de los 70 en los que tanto el acusado como la víctima eran negros (el 2,9 por ciento). Durante el mismo periodo, la fiscalía había solicitado pena de muerte en el 32,3 por ciento de los casos en los que la víctima era blanca, y sólo en el 5,2 por ciento de los asesinatos con víctima afroamericana. En su recurso Earl Matthews también presentó pruebas no estadísticas de la existencia de discriminación racial en la fiscalía. Basándose en la decisión McCleskey v Kemp, los tribunales rechazaron la petición de Matthews, alegando que no había demostrado trato discriminatorio en su caso concreto, y Earl Matthews fue ejecutado en 1997.

Anthony Green, condenado en 1988, fue ejecutado el 23 de agosto de 2002, a pesar de que la Comisión Interamericana pidió que se suspendiera su ejecución para examinar la petición.

Nueva Jersey

p0 En 2000, la Corte Suprema de Nueva Jersey adoptó un sistema de control para determinar si había discriminación racial en el sistema de justicia en casos de pena de muerte. El primer informe, publicado en junio de 2001, que abarcaba el periodo 2000-2001, halló «datos estadísticos inquietantes» que indicaban una «mayor probabilidad de que los casos de homicidios en los que la víctima es blanca se conviertan en juicios de pena de muerte, frente a lo que sucede con los homicidios cuyas víctimas son afroamericanas».Report to the Supreme Court Systemic Proportionality Review Project, 2000-2001 term. By Hon. David S. Baime, Special Master, 1 de junio de 2001.En el informe se sugería que las disparidades podrían deberse a diferencias geográficas, en concreto a que los fiscales de condados con más proporción de víctimas blancas pedían la pena capital con más frecuencia que los de condados con mayor población no blanca. El trabajo examinaba 490 casos en que podía imponerse la pena de muerte. En 220 de ellos, las víctimas eran blancas, en 192 eran afroamericanas y en 61, hispanas. Los fiscales pidieron la pena capital en el 48 por ciento de los casos con víctimas blancas, frente al 26 por ciento de los casos con víctimas afroamericanas y el 34 por ciento con víctimas hispanas. Si bien el informe no halló evidencia estadística significativa de que la raza del acusado o de la víctima influyera en que finalmente se dictara condena a muerte, la disparidad observada en cuanto a la petición o no de la pena capital según la raza de la víctima resultaba suficientemente preocupante, y el asunto se remitió a la Fiscalía General para que aplicara medidas correctoras. Sin embargo, 18 meses después la Fiscalía aún no había actuado. Según los informes, un segundo informe anual que abarcaba el periodo 2001-2002, publicado en febrero de 2003, encontró resultados similares al primero. Los fiscales pidieron la ejecución en el 42 por ciento de los casos con víctimas de raza blanca, frente al 22 por ciento de casos con víctimas afroamericanas y al 29 por ciento de los casos en los que las víctimas habían sido hispanas.Panel Drops Ball on Study of Variances in Death Penalty.New Jersey Law Journal, febrero 2003.

Maryland

Un estudio de la Universidad de Maryland publicado el 7 de enero de 2003 analizó 1.311 asesinatos cometidos en el estado de Maryland entre 1978 y 1999 para los que se pidió pena de muerte con arreglo a las leyes estatales. Se halló un importante sesgo racial y geográfico en la imposición de la pena capital. Según la raza, un negro que mata a un blanco tiene dos veces y media más probabilidades de ser condenado a muerte que un blanco que mata a otro blanco, y tres veces y media más probabilidades que un negro que mata a otro negro. «Resumiendo: los asesinos cuyas víctimas son de raza blanca, especialmente si se trata de negros, tienen una probabilidad sustancialmente mayor de ser acusados de un delito punible con la muerte (de que el fiscal del estado decida presentar una petición de pena de muerte). Los que matan a personas de raza blanca también tienen probabilidades significativamente mayores de que la sentencia se ciñaa esa petición que los que matan a personas de otras razas [...] Además, si bien estos efectos no aparecen en momentos posteriores de toma de decisiones del proceso de imposición de la condena en casos de pena capital, por lo general no se corrigen».An empirical analysis of Maryland’s death sentencing system with respect to the influence of race and legal jurisdiction. Final Report. University of Maryland.Esto se refleja en el corredor de la muerte del estado, donde hay 12 presos, 8 negros y 4 blancos, todos ellos condenados por la muerte de personas de raza blanca. En marzo de 2003, el Senado del estado rechazó una ley de suspensión de las ejecuciones.

Texas

Texas es el estado donde más se aplica la pena de muerte en Estados Unidos. En él se han llevado a cabo más de la tercera parte de las ejecuciones del país desde que se reanudaron los homicidios judiciales, en 1977.Texas – In a world of its own as 300th execution looms(Índice AI: AMR 51/010/2003, 23 de enero de 2003).Investigaciones de la década de los ochenta concluyeron que, en Texas, la probabilidad de ser condenado a muerte por el asesinato de una persona de raza blanca era más de cinco veces mayor que por el de un afroamericano.Jonathen R. Sorensen and James Marquart, Prosecutorial and Jury Decision-Making in Post-Furman Texas Capital Cases, 18 N.Y.U. Rev. L. & Soc. Ch. 743 (1990-1991). Alan Widmayer & James Marquart, Capital Punishment and Structured Discretion: Arbitrariness and Discrimination after Furman, Correctional Theory and Practice 187 (1992).Estadísticas compiladas por Texas Defender Service, organización sin ánimo de lucro que brinda asistencia letrada a condenados a muerte, indican que las disparidades raciales continuaban a finales de la década de los noventa. La organización halló, por ejemplo, que, aunque el 0,8 por ciento de las víctimas de asesinato en Texas eran mujeres blancas, el 19,3 por ciento de los presos que se incorporaron al corredor de la muerte entre el 1 de enero de 1995 y el 31 de diciembre de 1999 habían sido condenados por matar a mujeres blancas. El 11 por ciento de los condenados a muerte durante este mismo periodo lo habían sido por matar a hombres negros, aunque el 23 por ciento de las víctimas de asesinato en Texas son hombres negros.A state of denial: Texas justice and the death penalty. Texas Defender Service, octubre 2000.

Texas Defender Servicellevó también a cabo un examen inicial del condado de Montgomery, jurisdicción texana con un 85 por ciento de población blanca. La organización estudió los asesinatos que se produjeron en el condado entre el 1 de enero de 1995 y el 31 de diciembre de 1999. En el 31 por ciento de los 55 casos la víctima no era blanca, y ninguno de ellos acabó en condena a muerte. La tasa de detención variaba en función de la raza de la víctima. Cuando la víctima era blanca, era de un 92 por ciento, y cuando era de otra raza, bajaba al 58 por ciento. La proporción de casos juzgados también variaba: el 90 por ciento de los casos en los que la víctima era blanca llegó ante los tribunales, mientras que sólo fue así en dos de los casos en que la víctima no era blanca.

Las 17 personas para las que, desde 1977, los fiscales del condado de Montgomery habían conseguido la pena de muerte solicitada habían sido condenadas por el asesinato de blancos. Entre ellas había tres negros. Los tres Glen McGinnis, ejecutado en 2000 por un crimen cometido cuando tenía 17 años, Marcus Green, condenado a muerte en julio de 2002, y Clarence Brandley, que salió del corredor de la muerte en 1990 tras decidir un juez que la discriminación racial había influido en su procesamiento y su condena injusta fueron condenados por jurados compuestos íntegramente por personas de raza blanca.

De los 301 presos ejecutados en Texas entre diciembre de 1982 y el 10 de abril de 2003, 235 (el 78 por ciento) lo fueron por delitos cuyas víctimas eran blancas. En 64 casos (el 21 por ciento), el acusado era un afroamericano condenado por matar a un blanco. En el momento en que redacta este informe, 5 de los 12 presos cuya ejecución está prevista en Texas antes de terminar el mes de julio de 2003 eran afroamericanos condenados por la muerte de blancos.Kenneth Morris, Robert Ladd, Eric Moore, Kia Johnson and Cedric Ransom.Ninguna de las 301 personas ejecutadas ha sido un blanco condenado por matar a una persona de raza negra. En un caso de 1999 que tuvo mucha repercusión, dos blancos fueron condenados a muerte por matar a un afroamericano, James Byrd, encadenándolo a la parte trasera de su camioneta y arrastrándolo hasta la muerte. John King y Lawrence Brewer fueron los primeros blancos condenados por el asesinato de una persona de raza negra que ingresaron en el corredor de la muerte de Texas. El hijo de James Byrd hizo campaña contra su ejecución, argumentando: «Lo único que consigue [la pena de muerte] es que aumente el odio en el mundo».Jasper dragging victim’s son fights for killers’ lives. Austin American Statesman, 27 de febrero de 2003.

Virginia

Al estado de Virginia sólo lo supera Texas en número de ejecuciones llevadas a cabo desde 1977. A 10 de abril de 2003, Virginia había ejecutado a 88 presos. En el 81 por ciento de los casos, las víctimas eran blancas. En el 35 por ciento de los casos, el preso ejecutado era negro y su víctima, blanca. Death row USA, Winter 2003. NAACP Legal Defense and Educational Fund, Inc.En un informe publicado en 2000, la Unión Estadounidense para la Defensa de las Libertades Civiles concluyó que, aunque en Virginia el sistema de justicia en casos de pena de muerte no es tan claramente racista como antes, «la raza continúa siendo un factor importante en la imposición de sentencias de muerte». La Unión Estadounidense para la Defensa de las Libertades Civiles señaló que entre 1978 y 1997 casi el 58 por ciento de las víctimas de asesinato de Virginia eran negras, y el 41 por ciento de las víctimas de asesinatos aparentemente punibles con la muerte eran negras. También señaló que «de los 131 crímenes por los que se impuso condena a muerte durante este mismo periodo, sólo el 20 por ciento de las víctimas eran blancas». La conclusión fue que en casos de violación o asesinato la probabilidad de que el acusado sea condenado a muerte es de aproximadamente un 19 por ciento si la víctima es negra y un 42 por ciento si es blanca. Además, se halló que si un negro viola y asesina a una persona de raza blanca en Virginia tiene cuatro veces más probabilidades de ser condenado a muerte que si la víctima hubiera sido de raza negra. En los asesinatos durante atracos, según la asociación, hay tres veces más probabilidades de una condena a muerte si la víctima es blanca que si es negra.Unequal, unfair and irreversible: The death penalty in Virginia. American Civil Liberties Union of Virginia. Revisado y actualizado a diciembre de 2000.

Pensilvania

En marzo de 2003, el Comité de Pensilvania sobre Discriminación Racial y de Género en el Sistema de Justicia, creado por orden de la Corte Suprema del estado en 1999, recomendó una suspensión de las ejecuciones en el estado. En su informe final, el Comité escribió: «Según los datos y estudios actuales, el Comité concluye que hay muchos indicios de que el sistema de justicia en casos de pena de muerte de Pensilvania no funciona de forma igualitaria» y «al menos en algunos condados, la raza desempeña un papel importante, cuando no abrumador, en la imposición de la pena de muerte. El informe continúa: «La posibilidad de probar la discriminación, cuando exista, no está al alcance de los recursos de la mayoría de los acusados en casos de pena capital, y continúa sin abrirse una vía para solicitar una reparación en los tribunales, especialmente porque la doctrina constitucional federal no prevé una reparación eficaz de la discriminación racial y étnica. Las iniciativas legislativas que hubieran permitido mostrar una pauta y una práctica de trato dispar como prueba de discriminación no han prosperado». Instando a que se dicte una suspensión de las ejecuciones, el Comité recomendó que la cámara legislativa de Pensilvania aprobara una Ley de Justicia Racial «que permita presentar pruebas de la existencia de una sistemática de trato dispar tanto en la decisión de la fiscalía de solicitar la pena capital como en la imposición de la condena».Final report of the Pennsylvania Supreme Court Committee on Racial and Gender Bias in the Justice System, febrero 2003.El gobernador y el fiscal general de Pensilvania se opusieron a la suspensión (véase también infrael apartado Panorama en Pensilvania).

Ohio

Hay unas 208 personas esperando ser ejecutadas en Ohio. La población de este estado está formada por un 85 por ciento de blancos y un 11 por ciento de negros. El 51 por ciento de los presos que cumplen condena son negros, y el 45 por ciento, blancos. En su informe de 1999, encargado por la Corte Suprema del estado, la Comisión de Justicia Racial de Ohio señaló que los varones afroamericanos «son aproximadamente el 5 por ciento de la población de Ohio y sin embargo suponen el 50 por ciento de los presos del corredor de la muerte» (actualmente 105 de 208 presos). Según la Comisión: «No se trata de estar a favor o en contra de la pena de muerte, ni de si quienes están en el corredor de la muerte se lo merecen. Se trata de la integridad del sistema de justicia penal, de si los hombres negros son considerados prescindibles y tratados de forma distinta a los hombres blancos, con la consiguiente disparidad en la imposición de penas».

En aproximadamente el 70 por ciento de los casos de pena de muerte de Ohio, las víctimas de los asesinatos fueron blancas. En aproximadamente una cuarta parte de los casos, el acusado era negro y la víctima, blanca.Ohio Public Defender Office.La Comisión de Justicia Racial habló sobre esta disparidad dependiente de la raza de la víctima: «Las cifras hablan por sí solas. El acusado tiene muchas más probabilidades de terminar en el corredor de la muerte si la víctima del homicidio era blanca que si era negra. El papel de la raza en esta gran disparidad no es sencillo de explicar: la cuestión exige un examen, un análisis y un estudio minuciosos hasta lograr una explicación satisfactoria que elimine la raza como causa de estas cifras tan dispares».The report of the Ohio Commission on Racial Fairness. 1999, p.38.La Corte de Apelaciones del Sexto Circuito (federal) afirmó en 2001 que el desequilibrio racial en la aplicación de la pena de muerte en Ohio es «claramente extremo» y «como mínimo, sumamente preocupante». La Corte afirmó que no podía actuar, pues estaba limitada por la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos de 1987 en la causa McCleskey (véase la introducción).Coleman v Mitchell, 2001 FED App. 0367P (6th Cir.), 10 de octubre de 2001.

En 1999, año en que la Comisión de Justicia Racial dio a conocer su informe, Ohio llevó a cabo su primera ejecución desde 1963. Desde entonces ha habido otras seis más. Cinco de estas siete ejecuciones fueron por el homicidio de una persona de raza blanca. Una de estas ejecuciones fue la de Alton Coleman, afroamericano ejecutado el 26 de abril de 2002 por el asesinato de una mujer blanca. Durante la selección del jurado, la fiscalía utilizó nueve de sus 12 recusaciones sin causa (derecho de ambas partes de descartar a un posible miembro del jurado sin dar motivos) para excluir a todos los candidatos afroamericanos excepto a dos. La cuestión de si la fiscalía había actuado discriminatoriamente quedó excluida como motivo de apelación porque los abogados que se encargaron del primer recurso de apelación de Coleman no la plantearon. En una entrevista realizada poco antes de su ejecución, Alton Coleman afirmó, hablando de su vida: «Creo que estaba condenado. Tal vez debería haber muerto al nacer».’84 killer on eve of execution – Even Coleman case stirs debate. Chicago Tribune, 25 de abril de 2002.Su madre lo abandonó de pequeño en un cubo de basura. Su abuela se hizo cargo de él, pero lo sometió a graves abusos físicos y sexuales. Según los informes, padecía una lesión cerebral. El abogado que lo defendió en el juicio no dijo al jurado nada de esto ni habló de otras atenuantes. En el momento en que se escribe este informe, hay en Ohio otros cuatro hombres cuya ejecución está prevista para finales de junio de 2003. Tres de ellos Jerome Campbell, Ernest Martin y Lewis Williams – son afroamericanos, y uno, David Brewer, blanco. Lewis Williams, condenado por matar a una anciana blanca, será el último ejecutado, el 24 de junio de 2003. Un juez federal ha calificado de «totalmente inadecuada»Véase la Acción Urgente de Amnistía Internacional EXTRA 19/03 (Índice AI: AMR 51/049/2003/s, del 27 de marzo de 2003).la asistencia letrada que recibió Lewis en la fase de imposición de condena de su juicio. Como se verá más adelante, la deficiente asistencia letrada es un problema generalizado.

Pobreza, raza y asistencia letrada

Nunca me entrevisté con él en el corredor de la muerte. Nunca le escribí. Nunca le consulté sobre su caso mientras fui su representante legal en su recurso de amparo.

Declaración jurada del abogado que representó a Leonard Rojas en su apelación.

Leonard Rojas, hispano condenado a muerte en 1996, no tenía dinero para contratar a un abogado que lo representara en la vista de su recurso de amparo estatal Cuestiones que no constan en el sumario del juicio, como el ocultamiento de pruebas por parte de la fiscalía o el hecho de que el abogado no haya realizado investigaciones o presentado pruebas, deben presentarse a través del recurso de amparo., razón por la cual la Corte de Apelaciones en lo Penal de Texas le designó uno de oficio. El abogado nunca había llevado un recurso de este tipo, había sido sancionado varias veces por descuidar a sus clientes y estaba bajo tratamiento debido a una grave enfermedad mental. Presentó en nombre de Rojas un recurso mínimo, la mayoría de cuyas alegaciones eran inadecuadas. El hecho de no haber presentado alegaciones adecuadas en un tribunal estatal hacía que su cliente perdiera la posibilidad de que estas alegaciones se examinaran en un tribunal federal. Leonard Rojas fue ejecutado el 4 de diciembre de 2002. Dos meses después, tres jueces de la Corte de Apelaciones en lo Penal de Texas presentaron un voto particular argumentando que la Corte debería haber aceptado el recurso de amparo «por haber designado a un abogado inadecuado para representar a un acusado en un caso de pena de muerte en su única oportunidad de presentar alegaciones no basadas exclusivamente en el sumario».Ex parte Leonard Uresti Rojas, 12 de febrero de 2003. Voto particular del juez Price, discrepando de la denegación del recurso de amparo (al que se unieron los jueces Johnson y Holcomb).

En un mundo cada vez más abolicionista, el uso de la pena de muerte por parte de Estados Unidos daña terriblemente su imagen internacional. Un diplomático estadounidense en Europa comentó en 2000 la sorpresa que le había causado la intensidad de las críticas sobre la pena de muerte en Estados Unidos que había encontrado en su puesto de embajador. Entre otras cosas, afirmó que el uso de la pena de muerte en Estados Unidos se ve en el extranjero como algo «racista y discriminatorio, que afecta desproporcionadamente a las minorías, a menudo representadas por abogados a los que se considera incompetentes o no interesados».The shadow over America. How our use of the death penalty hurts our image abroad. Felix Rohatyn, embajador de Estados Unidos en Francia, Newsweek, 29 de mayo de 2000.

No debe pasarse por alto el vínculo entre pobreza y raza. El Comité de Pensilvania sobre Discriminación Racial y de Género en el Sistema de Justicia, por ejemplo, señaló en su informe de marzo de 2003 que «las cuestiones de discriminación racial y étnica no pueden disociarse de la cuestión de la pobreza. A menos que a los más desfavorecidos económicamente , entre los cuales hay un gran porcentaje de personas pertenecientes a minorías, se les ofrezca una representación letrada adecuada, incluyendo amplios fondos para la financiación de expertos e investigadores, no se solucionará de forma duradera la cuestión de la discriminación racial y étnica en el sistema de justicia para casos de pena de muerte».

El patrocinador de un proyecto de ley que propone que una comisión lleve a cabo un estudio de un año sobre el sistema de justicia de Nueva Jersey en casos de pena capital, en el que también se estudiaría si hay discriminación racial, señaló en enero de 2003 que «un aspecto preocupante es el historial de discriminación racial del estado en las decisiones de imposición de condenas. Pocos acusados que tengan abogados privados acaban en el corredor de la muerte, y esto supone más probabilidades de que los acusados menos favorecidos económicamente y pertenecientes a minorías sean condenados a muerte».Comunicado de prensa de la Asamblea Demócrata de Nueva Jersey, 23 de enero de 2003.

Durante años, a muchos blancos sin recursos acusados de delitos punibles con la muerte se les ha negado una representación legal adecuada. También a los acusados pertenecientes a minorías se les han designado abogados de oficio incompetentes, carentes de recursos o que actuaban en medio de un conflicto de intereses. Hay muchos ejemplos de ello.

Bobby Fields, afroamericano, fue ejecutado en Oklahoma el 13 de febrero de 2003. Había sido condenado a muerte por asesinar a una anciana blanca. Siempre mantuvo que le había disparado accidentalmente. A Bobby Fields se le asignó una abogada inexperta que nunca se había ocupado de un caso de pena de muerte. A pesar de haberlo pedido repetidas veces, a la abogada no se le facilitó la ayuda de un colega. La letrada admitió que se había sentido intimidada por la experiencia del fiscal jefe, conocido por la agresividad con que llevaba los casos de pena de muerte. La defensora quería que Bobby Fields renunciara a un juicio con jurado y se declarara culpable sin negociar la condena. Lo hizo en la creencia de que el juez, por los comentarios que le había hecho, no dictaría una condena a muerte en este caso. Bobby Fields no quería declararse culpable, pues opinaba que al jurado se le podría persuadir de que el disparo había sido accidental, pero su abogada continuó insistiendo y Fields accedió. El juez lo condenó a muerte. El 6 de enero de 2003, tras escuchar admitir a la abogada que había defendido mal a su cliente, y presenciar el testimonio de un perito en balística y la reconstrucción del crimen, que apoyaban la declaración de Bobby Fields de que el arma se le había disparado accidentalmente, la Junta de Indultos y Libertad Condicional del estado votó a favor de recomendar que se conmutara la pena de muerte por cadena perpetua sin libertad condicional. El gobernador rechazó la recomendación y Bobby Fields fue ejecutado.

Walter Mickens, de raza negra, fue ejecutado en Virginia el 12 de junio de 2002. Había sido condenado a muerte en 1993 por el asesinato de un adolescente blanco, Timothy Hall. Cuando Hall murió, estaba acusado de posesión ilegal de armas y agresión. El juez desestimó los cargos por la muerte de Hall. Al siguiente día laborable, ese mismo juez designó al mismo abogado que había defendido a Hall como abogado de Walter Mickens. Ni el juez ni el abogado dijeron a Mickens que el letrado que lo defendía era el de la víctima del asesinato. El asunto siguió sin saberse hasta que el abogado que representó a Mickens en la apelación lo descubrió, años más tarde. Sin embargo, la sentencia condenatoria y la condena a muerte se mantuvieron.

Cuatro magistrados de la Corte Suprema expresaron su discrepancia en términos muy claros, argumentando que Mickens debía ser juzgado de nuevo. El juez Stevens escribió: «La Constitución garantizaba a Mickens el derecho a un abogado dedicado a servir únicamente sus intereses [...] La anulación de la sentencia condenatoria de Mickens es lo único que puede mantener la confianza de la opinión pública en la justicia de los procedimientos que se siguen en los casos de pena de muerte [...] Una sentencia que permite que el Estado asigne como abogado de un acusado de asesinato al que fuera abogado de la víctima no sólo es caprichosa, sino que corrompe la integridad de nuestro sistema de justicia acusatorio».Mickens v Taylor, 000 US 00-9285 (2002), voto particular del juez Stevens.

El hecho es que Walter Mickens fue discriminado por su posición económica. Al no poder permitirse contratar un abogado, el estado le designó uno de oficio, y lo hizo sin asegurarse de que el abogado designado no estuviera bajo la influencia de un conflicto de intereses o de que Mickens supiera de la existencia de un conflicto potencial de este tipo, dando por tanto al acusado la oportunidad de pedir otro representante si así lo deseaba. Esta discriminación violó el derecho de Walter Mickens a ser «igual ante los tribunales» y desvirtuó su derecho a la defensa, ambos protegidos por el artículo 14 el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que Estados Unidos ratificó en 1992.El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos garantiza a los acusados el derecho a que los represente un abogado de su elección (artículo 14.3.d). Si el acusado no puede pagar el abogado, el Estado debe proporcionárselo. Esta disposición en concreto no garantiza expresamente el derecho a elegir. Sin embargo, el Comité de Derechos Humanos ha afirmado que la asistencia letrada que se proporciona al acusado en los casos de pena de muerte debe garantizar que se hace justicia de forma adecuada y eficaz. En la misma decisión, sobre un caso de pena de muerte en el que el acusado tenía motivos bien fundados para no desear que el abogado que le habían designado continuara representándolo, el Comité afirmó que debía permitirse al acusado elegir a otro letrado, aunque esto exigiera una suspensión del proceso (Pinto v Trinidad, 1990).

Como en el 80 por ciento de las más de 840 ejecuciones llevadas a cabo en Estados Unidos desde 1977, Leonard Rojas, Walter Mickens y Bobby Fields fueron condenados por la muerte de personas de raza blanca. Matar a un blanco siempre ha aumentado las probabilidades de ser condenado a muerte, pero la condición de la víctima también ha demostrado ser un posible factor de influencia en la imposición de una condena a muerte.

Un estudio sobre la pena de muerte en Nebraska encargado por el estado no halló ninguna evidencia significativa de que los acusados en procesos de pena capital recibieran un trato distinto según la raza del acusado ni de la víctima, pero sí según el nivel socioeconómico de la víctima. «En concreto, desde 1973, en los casos con víctimas de nivel socioeconómico alto, el riesgo de los acusados de desembocar en un juicio de pena capital y ser condenados a muerte ha sido significativamente mayor. En el caso de acusados cuyas víctimas eran de nivel socioeconómico bajo, el riesgo era sustancialmente menor».Baldus, D.C., et al. The Disposition of Nebraska capital and non-capital homicide cases (1973-1999): A legal and empirical analysis. 25 de julio de 2001. El estudio examinó 177 asesinatos punibles con la muerte cometidos en el estado entre 1973 y 1999, que acabaron en 27 condenas a muerte.

Napoleon Beazley, afroamericano, fue ejecutado en 2002 por asesinar a un acaudalado hombre de negocios blanco en Tyler, Texas. El crimen se cometió cuando Beazley tenía 17 años. Alegando «gran contacto con la familia de la víctima» (uno de cuyos miembros era un juez federal), la fiscalía se negó a considerar un acuerdo de sentencia en el que Beazley se declarara culpable a cambio de ser condenado a cadena perpetua de 40 años sin posibilidad de libertad condicional. Poco después, la misma fiscalía aceptó exactamente el mismo acuerdo en el caso de Todd Rasco, blanco condenado a 45 años de cárcel, con posibilidad de libertad condicional tras cumplir la mitad de la condena, por matar a un vagabundo negro que vivía en las calles de Tyler. Según el testimonio de Todd Rasco, cuando le dijo a dos de sus amigos que quería suicidarse le dijeron que «en lugar de eso matara a un negro».

El Comité de Derechos Humanos es el órgano creado por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos para supervisar la aplicación de ese tratado. El artículo 6.1 del Pacto prohíbe privar de la vida arbitrariamente. El Comité, respecto al derecho a la libertad, ha afirmado que arbitrariedad no equivale a ilegalidad, sino que debe interpretarse de forma más amplia, incluyendo los conceptos de inadecuación, injusticia e impredecibilidad. La discriminación basada en motivos geográficos, raciales o socioeconómicos tiñe de arbitrariedad la pena de muerte.

Los recientes sucesos han hecho de Illinois el centro del debate sobre la pena de muerte en Estados Unidos (véase infra). El 7 de abril de 2003, el Chicago Tribunealabó a los legisladores de Illinois por aprobar una serie de reformas del código penal animados por el triste historial de condenas injustas en casos de pena de muerte. Sin embargo, el periódico señaló que, incluso con la aprobación de estas leyes, la pena de muerte en el estado seguiría «viciada». Entre los vicios, según el periódico, se encuentra «la desproporción en la petición de penas de muerte según la jurisdicción y la raza de la víctima».A remarkable week for justice. Chicago Tribune, 7 de abril de 2003.

Raza, error y arbitrariedad

El sistema ha demostrado ser extremadamente inexacto, injusto, incapaz de separar a los culpables de los inocentes y, a veces, muy racista.

Gobernador de Illinois, 10 de enero de 2003

En los últimos años, el descubrimiento de más y más personas inocentes en los pabellones de la muerte ha causado una especial preocupación en la opinión pública. Desde 1973, más de un centenar de personas el 45 por ciento negras, el 42 por ciento blancas y el 11 por ciento hispanas han salido de estos pabellones en todo el país tras aparecer pruebas de su inocencia.Véase http://www.deathpenaltyinfo.org/Innocentlist.html

Dos de las primeras excarcelaciones fueron las de Wilbert Lee y Freddie Pitts. Estos dos afroamericanos, a quienes la policía golpeó hasta que confesaron, fueron juzgados dos veces por jurados compuestos únicamente por blancos, que en ambas ocasiones los condenaron a muerte por el asesinato de dos blancos. El gobernador de Florida los indultó en 1975, 12 años después de haber sido condenados. Las incorporaciones más recientes a la lista de exonerados, cada vez más numerosa, son cuatro afroamericanos indultados por el gobernador George Ryan, de Illinois, en enero de 2003. El gobernador consideró que estos cuatro hombres (Aaron Patterson, Madison Hobley, Leroy Orange y Stanley Howard), que llevaban entre 16 y 19 años en el pabellón de la muerte, habían sido torturados para que confesaran crímenes que no habían cometido.

En enero de 2000, el gobernador Ryan impuso una suspensión de las ejecuciones en Illinois por el «vergonzoso» historial de condenas injustas en casos de pena de muerte de este estado. Tres años después, el que fuera ardiente defensor de la pena de muerte se había convertido en uno de sus críticos más frontales y se había dado cuenta de que los problemas del sistema de justicia en casos de pena capital iban más allá del peligro de condenar injustamente: se trataba de una cuestión de arbitrariedad. Antes de dejar su cargo en 2003, conmutó las penas de muerte de todos los condenados en Illinois, diciendo: «Si el sistema cometía tantos errores para determinar si alguien era culpable, ¿qué equidad y precisión podía tener cuando determinaba cuáles de los culpables merecían vivir y cuáles morir? ¿Qué efecto tenía la raza¿ ¿Y la pobreza?».Discurso en el Northwestern University College of Law, 11 de enero de 2003.

Un estudio sobre la pena de muerte en Illinois publicado en 2002 concluyó: «Se encontró una relación estadística entre la imposición de la pena de muerte en Illinois y los indicadores de dos factores extralegales: la raza de las víctimas de homicidio premeditado y la región geográfica».G.L. Pierce and M.L. Radelet, Race, region, and death sentencing in Illinois, 1988-1997. Oregon Law Review, Spring 2002. 81 Or.L. Rev. 39.Los condenados por el homicidio premeditado de una persona de raza negra eran los que menos probabilidades tenían de ser condenados a muerte. El estudio señalaba que 11 de las 12 ejecuciones llevadas a cabo en Illinois desde 1977 habían sido por asesinatos con víctimas de raza blanca. En este mismo periodo se habían descubierto 13 casos de inocentes en el pabellón de la muerte.

La presión que se ejerce sobre la policía y los fiscales para que resuelvan delitos violentos que tienen gran repercusión en la opinión pública puede conducir a errores, y la raza puede ser un factor influyente. Cuando la comunidad cuya raza es mayoritaria se siente amenazada por el delito, la presión que es capaz de ejercer sobre quienes toman las decisiones en el sistema de justicia es más fuerte que la de cualquier minoría.

Los autores del estudio de Illinois escribieron en una nota final: «En conclusión, el carácter singular del homicidio en general y de la pena de muerte en particular plantea la posibilidad clara de que en la justicia penal y en el proceso de decisión judicial, así como en el objetivo de administrar con equidad la pena de muerte se inmiscuyan poderosos factores políticos y psicológicos que interfieran con ellos. De ahí la importancia de ejercer un control vigilante. Cuando se produce un asesinato, todos los que oyen hablar de él ciudadanos, fiscales, jurados se sienten amenazados y necesitan enfrentarse, cada cual a su nivel, con el temor personal a la muerte. Una forma de enfrentarse a esta amenaza es replegarse en la comodidad de las personas a quienes conocemos. Cuando la víctima del asesinato pertenece a una de las comunidades que más conocemos (y la raza y la clase social forman parte del capital social o humano de la víctima que la hace parte de esa comunidad familiar) y el asesino es mucho más ajeno (tanto en el sentido social como en el geográfico), el temor y la indignación crecen. En los últimos 30 años ha aumentado como nunca el potencial para que las decisiones sobre pena de muerte sean más políticas. Una de las razones es la presión de los medios de comunicación, que pueden dar un tratamiento sensacionalista a los homicidios y convertirlos en prioritarios en cuanto a indignación y amenaza (no todos los asesinatos reciben la misma cobertura informativa), así como presionar a quienes toman las decisiones para que acepten esas prioridades».

La inmensa mayoría de quienes toman las decisiones en los casos de pena de muerte en Estados Unidos son blancos.En 1998, por ejemplo, de los 1.838 fiscales de estados con pena de muerte, 22 eran negros, 22, hispanos, y el resto, blancos. J. Pokorak, Probing the capital prosecutor’s perspective: race and gender of the discretionary actors. 83Cornell L. Rev, 1811, 1816 (1998).En 2001, el único fiscal de distrito negro de Alabama durante la década de los 90 afirmó: «No sería sincero si dijera que no importa que seas afroamericano. En este estado y en este país sí importa. E importa porque quienes toman la decisión de pedir la pena de muerte son personas, y trasladan a eso sus propios prejuicios».Barrown Lankster, citado en Does race decide who dies? Birmingham Post-Herald, diciembre 2001.Perdió la reelección.

«Un sistema roto»

La preocupación de la opinión pública se ha visto exacerbada por la evidencia de que los errores en los casos de pena capital no sólo se producen en cuanto a la declaración de inocencia o culpabilidad, sino en cuanto a la imposición de condena. Dicho de otro modo, se ha condenado a muerte por delitos que no «merecían» la pena capital, un castigo que en Estados Unidos está supuestamente reservado a «los peores de los peores» crímenes y delincuentes. Un ejemplo que ilustra este fenómeno es el de Johnny Joe Martinez, joven hispano declarado culpable en 1994 de haber matado a un hombre blanco en 1993. Martinez siempre se mostró arrepentido del crimen, se entregó inmediatamente a la policía y cooperó plenamente con ella, confesándose culpable. No tenía historial de violencia ni antecedentes penales. Y sin embargo, fue condenado a muerte. Cuatro de los nueve jueces de la conservadora Corte de Apelaciones en lo Penal de Texas emitieron un voto particular discrepando de la condena, y afirmaron que el caso no justificaba la condena a muerte según las leyes de Texas. Los jueces discrepantes acusaron a la mayoría de «distorsionar» los hechos del caso a fin de mantener la condena a muerte y sentar un precedente, lo cual significaba que «ya no hay garantías de que la pena capital no se impondrá de forma extraña o gratuita». Además, la asistencia letrada que recibió Martinez fue terrible.Al no poder pagar un abogado para el proceso de apelación, a Martinez se le asignó uno que nunca había llevado este tipo de apelaciones. El abogado pidió en varias ocasiones autorización para retirarse del caso. En 1997, el letrado presentó el recurso, sin haber hablado ni visitado ni una sola vez a su cliente, habiéndose negado a atender sus llamadas telefónicas y habiéndole enviado sólo una breve carta. El texto del recurso ocupaba cinco hojas y media. Dos de las cuatro alegaciones ocupaban 17 líneas de texto con tres pulgadas de margen, y no se hacía referencia alguna a la jurisprudencia. Este tipo de recursos, cuando los presentan abogados bien pagados y experimentados, suelen ocupar más de 150 páginas debido al número de cuestiones planteadas y a su complejidad legal. En el recurso de Martinez no se impugnaba la asistencia letrada que había recibido el acusado en el juicio oral, aunque en aquella ocasión el abogado apenas había investigado ni preparado su actuación. Otros abogados descubrieron después circunstancias atenuantes fundamentales que no se habían presentado al jurado, pero los tribunales sentenciaron que estas pruebas habían sido presentadas demasiado tarde para tenerlas en cuenta, y Martinez fue ejecutado. La madre de la víctima pidió que fuera indultado, instando al estado a que no provocara «que otra madre perdiera a su hijo asesinado innecesariamente» y afirmando que la ejecución de Johnny Martinez agravaría el «crimen contra la sociedad» que comenzó con el homicidio de su propio hijo. Sin embargo, Johnny Martinez fue ejecutado en mayo de 2002.

En junio de 2000 se publicó un estudio que marcó un hito en la investigación sobre el sistema de justicia en casos de pena de muerte en Estados Unidos. Su título era «A Broken System» (Un sistema roto) y en él se habían examinado casos de pena de muerte entre 1973 y 1995. El estudio halló que la tasa de errores perjudiciales en estos casos era del 68 por ciento. O lo que es lo mismo, que los tribunales habían encontrado errores graves y reparables en casi siete de cada diez de los miles de casos de pena de muerte revisados en apelación durante el periodo de 23 años investigado. El estudio, realizado en la Universidad de Columbia, halló que los errores más habituales habían sido una asistencia letrada inadecuada y la ocultación de pruebas por los fiscales o la policía.Liebman, J.S. et al. A broken system: Error rates in capital cases, 1973-1995. Columbia University School of Law. 12 de junio de 2000. Continúan surgiendo casos. Por ejemplo, en 2002, un tribunal federal halló que la asistencia letrada de James Carpenter en el juicio había sido constitucionalmente inadecuada. Carpenter, afroamericano condenado en Pensilvania en 1984 por un jurado compuesto íntegramente por blancos, había tenido que esperar 18 años en el corredor de la muerte para conseguirlo. Casi había agotado sus posibilidades de apelación.

El estudio de Universidad de Columbia expresó su honda preocupación ante la posibilidad de que los tribunales no reparen todos los errores graves. Amnistía Internacional cree que es así, ya que la carga de la prueba para que se reconozca que la asistencia letrada fue inadecuada o que hubo falta de ética en la actuación de la fiscalía o incluso que se produjo discriminación racial, es muy grande.

Robert Tarver, afroamericano, fue ejecutado en Alabama en abril de 2000 por el asesinato de un hombre blanco. A pesar de que el juicio se celebraba en un condado cuya población era casi un 40 por ciento negra, su jurado estuvo compuesto por un negro y 11 blancos, tras ejercer el fiscal su derecho a recusar a 13 de los 14 afroamericanos durante la selección de los miembros del jurado. El abogado que lo representó en el juicio no planteó esta cuestión, que quedó así excluida como motivo de apelación. En la apelación, un tribunal halló que la queja de discriminación «tenía fundamento» y habría dado lugar a una reparación, excepto por el obstáculo procedimental. Robert Tarver mantuvo que era inocente del asesinato. Al principal testigo del estado, Andrew Richardson, acusado junto con Tarver, se le imputaron cargos más leves a cambio de testificar contra Tarver. La Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito señaló: «Había muy pocas pruebas que hicieran de Tarver mejor candidato que Richardson para declararlo culpable del asesinato». En el juicio, el jurado había condenado a Tarver a cadena perpetua, no a muerte, pero el juez no lo tuvo en cuenta y dictó pena de muerte. Ese mismo juez concluyó después, en los procedimientos tras la sentencia condenatoria, que los abogados del juicio de Tarver que habían dedicado cuatro horas a prepararse para la fase de imposición de condena habían sido ineficaces por no presentar las atenuantes de las que disponían. El juez revocó la condena a muerte y ordenó cadena perpetua sin posibilidad de obtención de libertad condicional. El estado apeló, y la Corte de Apelaciones de Alabama volvió a dictar condena a muerte.

Cornel Cooks, afroamericano, fue ejecutado en Oklahoma en 1999 por el asesinato de una mujer blanca en 1982. Su abogado nunca se había encargado de un caso de pena de muerte, y sólo hacía dos años que había acabado la carrera de Derecho. A la Corte de Apelaciones del Décimo Circuito le «preocupaba» que el abogado «no hubiera llamado a ningún testigo ni presentado ninguna prueba a favor del señor Cooks» en la fase de imposición de la condena. La Corte añadió en su dictamen de 1998: «De hecho, analizando el sumario no somos capaces de deducir la estrategia utilizada en esta segunda fase para evitar que se condenara a muerte al señor Cooks». Cooks v Ward, No 97-6105. 15 de diciembre de 1998.A causa de esta incapacidad de su abogado, los jurados nunca supieron nada de los abusos y las privaciones que sufrió Cooks en la niñez, de sus deficiencias intelectuales, su consumo de alcohol y otras drogas desde joven, su carácter habitualmente amable y la ausencia de antecedentes de violencia en su historial.Cornel Cooks creció en la más absoluta miseria. Un psicólogo describió su vida familiar como «caótica», afirmando que era un «niño de usar y tirar» y «se pasó la mayoría del tiempo en la calle». Su padrastro lo maltrataba, como a su madre. Cooks sufrió varias lesiones en la cabeza en la niñez, y a los cinco años comenzó a beber alcohol, animado por su padrastro. Entre los 13 y los 24 años inhaló disolventes, y afirmaba que consumía «cualquier droga imaginable, excepto la heroína». Durante su adolescencia estuvo en un programa especial de educación para niños cuyo cociente intelectual oscilaba entre 55 y 75. La Corte de Apelaciones del Décimo Circuito señaló con especial preocupación que el abogado que lo representó en el juicio sabía que Cooks estaba arrepentido, pero no hizo ningún esfuerzo por exponer este hecho al jurado. Y sin embargo, la Corte mantuvo la condena a muerte. En una de sus primeras entrevistas, cuando el abogado informó a Cooks, un hombre intelectualmente deficiente, de que el estado pedía la pena de muerte para él por el asesinato, éste no entendió lo que significaba. El abogado, de raza blanca, le dijo: «Es lo que le hacen a los negros que violan a mujeres blancas».El otro acusado junto con Cooks por el mismo delito, de raza blanca, fue condenado a cadena perpetua.

La ejecución de Abu-Ali Abdur’Rahman está prevista para el 18 de junio de 2003 en Tennessee. Abdur’Rahman fue uno de los siete acusados en casos de pena capital cuya condena fue determinada por un jurado entre 1978 y 1987 en el condado de Davidson, jurisdicción con un 23 por ciento de población negra. Los siete eran afroamericanos y tres de ellos seguían en el corredor de la muerte cuando se redacta este informe. Durante la fase de apelación se denunció que el fiscal del caso de Abu-Ali Abdur’Rahman’s había seguido una táctica racista para la selección del jurado a fin de conseguir uno compuesto por 11 blancos y un negro (véase infra). Un juez de la Corte Suprema de Tennessee señaló en 2002 que «este caso se había visto ensombrecido» por varias denuncias de falta de ética profesional,Abdur’Rahman no niega que participara en el crimen, pero siempre ha afirmado no recordar el apuñalamiento, una amnesia que puede ser consecuencia del trastorno de estrés postraumático (PTSD) que padece. Las pruebas periciales no encontraron señales de sangre en un largo abrigo de lana que llevaba, a pesar de la cantidad de sangre que había en el lugar del crimen. En un memorándum interno antes del juicio oral, el fiscal mencionó este informe forense y escribió: «Si el acusado efectivamente llevó puesto ese abrigo todo el tiempo, es evidente que no estuvo presente en el momento del apuñalamiento». Y sin embargo, no comunicó a los abogados la existencia del informe.y que «ninguno de los jueces que lo han revisado [...] ha cuestionado el hecho de que el asesoramiento legal que recibió Abdur’Rahman en el juicio fue de una incompetencia deplorable y de una ineficacia demostrable».Abdur’Rahman v State, No Mi988-00026-SC-DPE-PD, voto particular del juez Birch, discrepando de la desestimación del recurso, 2002.En la fase de determinación de la sentencia, la defensa no presentó ninguna de las muchas atenuantes que se daban en el caso.Por ejemplo, en su niñez, Abdur’Rahman sufrió terribles malos tratos a manos de su padre, como desnudarlo, atarlo y encerrarlo en un armario, golpearle el pene con un bate de béisbol u obligarlo a comerse un paquete de cigarrillos en castigo por fumar y, cuando vomitó, obligarlo a comerse el vómito. A los miembros del jurado no se les dijo que Abdur’Rahman sufría graves problemas mentales.En 1998, un juez de distrito estadounidense anuló la condena a muerte, señalando que Abdur’Rahman se había visto «gravemente perjudicado por una asistencia letrada completamente ineficaz en la vista de determinación de la condena». En Tennessee, un jurado sólo puede condenar a muerte por unanimidad. Según este juez, si los abogados que actuaron en el juicio hubieran presentado las atenuantes «es más que razonablemente probable que al menos un miembro del jurado habría votado cadena perpetua en lugar de pena de muerte».Da la impresión de que tenía razón. Ocho de los nueve miembros del jurado con quienes se pusieron en contacto los abogados de la defensa afirmaron que no habrían votado o tal vez no habrían votado pena de muerte de haber conocido estas atenuantes.A pesar de esto, en 2000 un tribunal de tres magistrados de la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito anuló la sentencia de 1998 del juez de distrito y restableció la condena a muerte. Uno de los tres jueces emitió un firme voto particular discrepante en el que señalaba la «inadecuación desde el punto de vista constitucional» de la defensa que Abdur’Rahman había tenido en la fase de determinación de la condena.

En febrero de 2002 se publicó la segunda parte del estudio de la Universidad de Columbia. En él se analizaban algunas de las razones que podían explicar los altos índices de error en los casos de pena capital.A broken system, part II: Why there is so much error in capital cases, and what can be done about it. Columbia University School of Law, 11 de febrero de 2002.Según el estudio, «el uso intenso e indiscriminado de la pena de muerte provoca un alto riesgo de error». «Y lo más preocupante afirman los investigadores, vemos que las condiciones que sin duda presionan a condados y estados a utilizar en exceso la pena de muerte, incrementando así el riesgo de inestabilidad y error son la raza, la política y el mal funcionamiento de los sistemas destinados a hacer cumplir la ley».

Sobre la cuestión de la raza, el estudio llegó a las dos conclusiones siguientes:

1. Cuanto más se acerca o supera el riesgo de ser víctimas de homicidio de los blancos al de los negros en un estado, más alta es la tasa de error. En igualdad de condiciones, la tasa de revocación se duplica en aquellos estados en que los homicidios se concentran más en blancos que en negros comparada con los que se concentran en negros.

2. Cuanto mayor es en un estado la proporción de afroamericanosy, por tanto, de receptores de asistencia social , mayor es la tasa de errores graves en casos de pena capital. Dado que este efecto tiene que ver con las características de la población en su conjunto, no con los participantes concretos en los juicios, parece ser un indicador de un temor al delito motivado por condiciones raciales y económicas.

Tratando de explicar la relación de sus conclusiones con la raza, los investigadores de la Universidad de Columbia sugerían: «Cuando blancos y otros ciudadanos influyentes se sienten amenazados por el homicidio, presionan a los funcionarios para que castiguen al mayor número de criminales posible lo más duramente posible. Esto genera errores y que se demuestre a posteriori que muchas personas inicialmente condenadas a muerte han cometido un delito menos grave o no han delinquido. Cuantos más afroamericanos haya en un estado, más probable es que se cometan errores graves en juicios de pena capital. El motivo podría ser el temor al delito motivado por estereotipos raciales y factores económicos. Resulta inquietante que la raza tenga algo que ver en el resultado de los casos de pena capital, sean cuales sean las razones».Preguntas y respuestas sobre el estudio, The Justice Project.

De los diez estados en donde más se aplicaba la pena capital, nueve superaban la tasa media nacional de revocación (68 por ciento). Entre ellos figuran Alabama (77 por ciento), Florida (75 por ciento) y Oklahoma (75 por ciento).

Panorama en Oklahoma

Oklahoma ocupa el puesto 27 de los 50 estados estadounidenses en cuanto a población, pero el tercero en cuanto a número de ejecuciones realizadas. De las 61 ejecuciones llevadas a cabo entre 1990 y el 9 de abril de 2003, 47 (el 77 por ciento) fueron por crímenes cuyas víctimas eran blancas. La población adulta de Oklahoma está compuesta por un 79 por ciento de blancos, un 7 por ciento de indígenas y un 7 por ciento de afroamericanos. En enero de 2003, el 53 por ciento de los presos que cumplían sentencia eran blancos, el 6 por ciento, indígenas y el 36 por ciento, negros. De las 61 personas ejecutadas desde 1990, 38 (el 62 por ciento) eran blancas, 15 (el 25 por ciento), negras, y 6 (el 10 por ciento), indígenas.

Al menos dos de los ocho afroamericanos ejecutados por el asesinato de blancos fueron juzgados por jurados compuestos íntegramente por blancos. Bobby Ross y Malcolm Johnson fueron ejecutados en 1999 y 2000, respectivamente. En el caso de Johnson, el fiscal del condado de Oklahoma había ejercido su derecho de recusación sin causa a los tres posibles jurados negros. En 1999, la Corte de Apelaciones del Décimo Circuito admitió que la evidencia de que estas recusaciones habían tenido motivos racistas era «preocupante».

Los tribunales de apelación han reprendido frecuentemente a los fiscales del condado de Oklahoma por su falta de ética profesional durante los juicios de pena capital.Old Habits Die Hard: The death penalty in Oklahoma(Índice AI: AMR 51/055/2001, abril 2001), pp.47-59.Según el estudio de la Universidad de Columbia, el condado tiene la cuarta mayor tasa de condenas a muerte de Estados Unidos, y una tasa de error en casos de pena capital del 75 por ciento. Tres acusados de este estado enviados al corredor de la muerte fueron más tarde exonerados.

De los estados que aplican la pena de muerte en Estados Unidos, Oklahoma es el tercero en cuanto a número de condenados que después han quedado en libertad tras aparecer pruebas de su inocencia. De siete casos de este tipo, en tres el condenado era negro. Al menos dos de estos afroamericanos, Charles Giddens y Robert Miller, habían sido condenados a muerte por jurados compuestos íntegramente por blancos. Robert Miller quedó en libertad en 1998 tras pasar 10 años encarcelado, 7 de ellos en el pabellón de la muerte. En 2001, el gobernador de Oklahoma concedió el indulto a Phillip DeWitt Smith, afroamericano condenado a muerte por el asesinato de un blanco 17 años antes. Había dudas sobre su culpabilidad.

Tuvieron que pasar 18 años para que a James Fisher, afroamericano acusado del asesinato de Terry Neal, se le concediera un nuevo juicio a pesar de que en el de 1984 la asistencia letrada que había recibido había sido claramente inadecuada. Sin recursos para pagar a un abogado, a Fisher se le designó uno que además era senador del estado. En marzo de 2002, la Corte de Apelaciones del Décimo Circuito concluyó que el abogado no se había preparado para el juicio y que su defensa de Fisher había sido «sumamente torpe». La Corte señaló que la causa contra Fisher dependía del testimonio del principal testigo del estado, y que tanto éste como el acusado podrían haber cometido el asesinato.Fisher v Gibson, US Court of Appeals for the 10th Circuit, 12 de marzo de 2002.El abogado de Fisher no había examinado pruebas exculpatorias a las que habría podido tener fácil acceso por ejemplo, Fisher había dicho a la policía que el «Terry» que él había conocido y agredido era negro, mientras que Terry Neal era blanco (y la agresión había ocurrido dos meses antes del asesinato). En la fase de determinación de la condena, el abogado sólo pronunció nueve palabras y no presentó prueba alguna. El jurado estaba compuesto sólo por blancos, pues el fiscal del condado de Oklahoma había recusado a varios afroamericanos durante la selección de jurados. Esta cuestión quedó anulada como motivo de apelación, pues el abogado no había protestado y no la planteó en apelación directa. (la primera apelación)

También a Jervaughn Miller, afroamericano deficiente mental, acusado en un caso de pena de muerte, se le asignó un abogado de oficio por no tener recursos para pagar a uno que lo defendiera en su juicio de 1998 en Oklahoma. En 2001, la Corte de Apelaciones en lo Penal del estado anuló la sentencia condenatoria y la condena a muerte de Miller, considerando que a éste se le había negado su derecho a una asistencia letrada adecuada y que «los claros indicios existentes en el sumario de que había algo que no funcionaba entre Miller y sus abogados» eran preocupantes. En una vista de 2000, la investigadora que había trabajado en el caso para la defensa testificó que la noche anterior al día en que los familiares de Miller tenían que testificar en la fase de determinación de la condena había dicho al abogado defensor y al codefensor que tenía dificultades para preparar a los familiares para testificar. Según afirmó, el codefensor le había contestado que «no tenía sentido complicarse con esos negros callejeros», y al parecer el abogado principal se mostró de acuerdo con él. Según el testimonio de la investigadora de la defensa, los dos abogados, blancos, decían que el caso era un «TAN» (Típico Asunto de Negros). El abogado principal admitió que tal vez hubiera llamado a Miller «negro estúpido», pero sólo delante del codefensor y de la investigadora, no de Miller ni de su familia. En la apelación, sin embargo, Miller afirmaba que había oído decir al abogado: «El negro estúpido ése no va a aceptar el trato; deja que lo frían». La Corte de Apelaciones en lo Penal afirmó que si Miller había oído el comentario, o sabía que se había hecho, «eso explicaría perfectamente por qué no quería hablar con el abogado».Miller v State, 2001 OK CR 17, decisión corregida, 17 de agosto de 2001.

Walanzo Robinson, afroamericano, fue juzgado por un jurado del condado de Oklahoma compuesto por 11 blancos y un negro. El único miembro del jurado afroamericano afirmó más tarde que en la sala del jurado había habido racismo (véase infra). Robinson fue ejecutado en marzo de 2003. Paris Powell, negro, sigue en el pabellón de la muerte. El jurado que lo juzgó en 1997 en el condado de Oklahoma, también era de 11 blancos y un negro. Durante la selección de los miembros fueron rechazados siete afroamericanos, cuatro de ellos por el fiscal, ejerciendo su derecho a la recusación sin causa.

Panorama en Alabama

En Alabama, los afroamericanos son el 26 por ciento de la población. En 2001, de los 40 fiscales que se eligen en el estado, ninguno era negro, sólo el 4 por ciento de los jueces de tribunales penales eran afroamericanos y no había ningún juez de raza negra ni en la Corte Suprema ni en la Corte de Apelaciones en lo Penal. Por el contrario, el 46 por ciento de los presos de Alabama que están en el corredor de la muerte son negros. Según el Birmingham Post-Herald, aunque el 11 por ciento de los asesinatos cometidos por negros en Alabama entre 1996 y 2001 tuvo como víctima una persona de raza blanca, el 57 por ciento de los negros del pabellón de la muerte estaban condenados por matar a blancos. El otro 43 por ciento estaba condenado por matar a negros, a pesar de que el 89 por ciento de los asesinatos de negros son cometidos por negros. Does race decide who dies? Birmingham Post-Herald, diciembre 2001.

Entre 1977 y el 11 de abril de 2003, en Alabama se ejecutó a 26 presos, 20 de ellos (el 77 por ciento) por el asesinato de personas de raza blanca. Once eran afroamericanos condenados por matar a blancos. De ellos, al menos 7 (el 64 por ciento) fueron juzgados por jurados compuestos íntegramente por blancos.Horace Dunkins, Cornelius Singleton, Edward Horsley, Victor Kennedy, Brian Baldwin, Freddie Wright y Pernell Ford.

Uno de los afroamericanos que siguen en el pabellón de la muerte es Earl McGahee, juzgado por un jurado compuesto íntegramente por blancos tras rechazarse a 16 candidatos afroamericanos durante la selección del jurado. Victor Stephens también sigue en el pabellón de la muerte de Alabama. Fue uno de los dos hombres de raza negra condenados en 1987 por el asesinato de dos ancianos, uno blanco y otro negro, durante el atraco a una tienda en el condado de Hale, jurisdicción de mayoría de población negra. En el juicio de Victor Stephens, la fiscalía utilizó 21 de sus 23 recusaciones sin causa para descartar a posibles jurados afroamericanos. Al final, los miembros del jurado fueron siete blancos y cinco negros, que por 10 votos a favor y 2 en contra condenaron a Victor Stephens a cadena perpetua y no a muerte. Pero el juez, que ocupaba su cargo por elección y era blanco, anuló el veredicto. El 14 por ciento de los presos blancos que en enero de 2003 estaban en el pabellón de la muerte en Alabama habían sido condenados a muerte por jueces que habían anulado el voto de cadena perpetua del jurado. En el caso de los presos negros, este porcentaje se elevaba al 23 por ciento. Desde 1981, los jueces elegidos de Alabama han utilizado su facultad de anular veredictos para condenar a muerte a más de 70 acusados para quienes el jurado había recomendado cadena perpetua.

Walter McMillian, negro, salió del pabellón de la muerte de Alabama en 1993, tras pasar allí seis años condenado por el asesinato de una mujer blanca que él no cometió. Lo declaró culpable un jurado compuesto casi íntegramente por blancos, cuya recomendación de cadena perpetua fue anulada por el juez en el juicio oral. James Cochran, afroamericano acusado de matar a un blanco, fue juzgado tres veces por jurados de Alabama compuestos por un negro y 11 blancos. En uno de los casos, el juicio fue declarado nulo, y en los otros dos el jurado lo condenó a muerte. La segunda condena a muerte fue anulada alegando como motivo que el fiscal había rechazado a posibles miembros del jurado negros por su raza.Cochran v Herring, US Court of Appeals for the Eleventh Circuit, No. 93-7028 (1995).En su cuarto juicio, celebrado en 1997 ante un jurado de siete negros y cinco blancos, James Cochran fue absuelto.

Como se explicará más adelante, en investigaciones sobre las actitudes de los jurados se ha llegado a la conclusión de que, por ejemplo, «la perspectiva claramente diferenciada de los miembros blancos y negros del jurado está determinada sin duda por sus experiencias personales y los lleva a adoptar presunciones fundamentalmente distintas sobre los motivos del delito y la honradez del proceso de justicia penal. Estas perspectivas se manifiestan en el nivel de peligrosidad y arrepentimiento que atribuyen al acusado negro, distinto para el jurado blanco y para el negro, y en el grado, también diferente, en que persisten sus dudas sobre su culpabilidad»William J. Bowers et al., Sentencing in black and white: An empirical analysis of the role of jurors’ race and jury racial composition. 3 U. Pa. J. Const. L. 171, febrero 2001. En 1992, un juez de la Corte Suprema de Estados Unidos afirmó: «Ya está claro que el racismo consciente e inconsciente puede influir en la forma en que los miembros blancos del jurado perciben a los acusados pertenecientes a minorías y los hechos presentados en sus juicios, determinando tal vez el veredicto de culpabilidad o inocencia».Georgia v McCollum, 505 U.S. 42 (1992), voto particular del juez O’Connor.

Freddie Lee Wright, afroamericano, fue ejecutado en Alabama en marzo de 2000 por el asesinato de una pareja blanca, delito que aseguraba no haber cometido. En su caso hubo graves dudas sobre la inadecuación de la defensa y la ocultación de pruebas por parte de la fiscalía. Su primer juicio fue declarado nulo tras el veredicto absolutorio (11 votos a favor y uno en contra) de un jurado mixto. En el segundo juicio, donde fue condenado a muerte, el jurado era íntegramente blanco, pues el fiscal, sin objeción alguna por parte del abogado defensor, había rechazado a todos los posibles miembros negros durante la selección. Freddie Lee Wright fue juzgado en el condado de Mobile, que en la actualidad tiene aproximadamente un tercio de población afroamericana. El estudio de la Universidad de Columbia concluyó que en este condado la tasa de condenas a muerte era relativamente alta, y la tasa de error en casos de pena capital era del 51 por ciento.

Panorama en Florida

Según los investigadores de Columbia: «Durante el periodo analizado en el estudio, Florida y sus condados ocupaban el primer puesto del país en cuanto a número de condenas a muerte y de revocaciones». Un catedrático de facultad de Derecho de la Universidad de Miami respondió al estudio afirmando: «Se trata de poderosas demandas políticas de la generalidad de los votantes blancos para que se aplique mano dura contra los delincuentes, con un frecuente uso de la pena de muerte en general. Eso se traslada al nivel de los fiscales que en Florida son elegidos y de la policía, a quienes se presiona para que se empleen a fondo en más casos marginales».Death penalty study suggests errors. Miami Herald, 11 de febrero de 2002.

Florida es uno de los principales estados donde se aplica la pena de muerte en Estados Unidos. Ocupa el tercer lugar en cuanto a número de presos en el pabellón de la muerte y el quinto en cuanto a número de ejecuciones desde 1977. La población general del estado es un 14,5 por ciento afroamericana y un 78 por ciento blanca. Su población en el pabellón de la muerte es un 56 por ciento blanca y un 35 por ciento negra. El 80 por ciento de las ejecuciones llevadas a cabo desde 1977 fueron por crímenes cuyas víctimas eran blancas. Como en otros estados, ha habido estudios en los que se ha llegado a la conclusión de que la raza juega un papel en la imposición de la pena de muerte. En uno de ellos, por ejemplo, se concluyó que, tras tomar en cuenta todas las variables, era tres veces más probable que se dictara una condena a muerte si la víctima del delito era blanca que si era negra. Además, un negro acusado de matar a una mujer blanca tenía 15 veces más probabilidades de ser condenado a muerte que si la víctima había sido una mujer negra.Radelet and Pierce. Choosing those who will die: Race and the death penalty in Florida, 43 Fla. L. Rev. 1 (1991).

Johnny Robinson, afroamericano, está en el pabellón de la muerte de Florida por el asesinato de una mujer blanca. Fue juzgado en 1986 por un jurado compuesto íntegramente por blancos que lo declaró culpable. Esa sentencia condenatoria se mantuvo, pero al acusado se le concedió una nueva vista de determinación de la pena porque el fiscal había incluido en sus argumentos comentarios que podían haber exacerbado los prejuicios raciales de los miembros del jurado. Volvió a ser condenado a muerte en 1989 por un jurado compuesto por 11 blancos y un negro. Johnny Robinson fue juzgado en el condado de St Johns, donde entre 1976 y 1987 han muerto víctimas de asesinato 33 blancos y 25 negros y tres personas, entre ellas Robinson, han sido condenadas a muerte, todas por delitos cuyas víctimas eran de raza blanca. Los abogados que asistieron a Robinson en la apelación plantearon también que en el Séptimo Circuito, al que pertenece el condado de St Johns junto con otros tres, había 13 veces más probabilidades de que el resultado de un caso de asesinato con víctima blanca fuera una condena a muerte que si la víctima era negra, y un negro que mata a un blanco tenía 35 veces más probabilidades de ser condenado a muerte que un negro que mata a otro negro.Robinson v Moore, In the Supreme Court of Florida, Petition for Writ of Habeas Corpus, 1999.Otro preso que está en el pabellón de la muerte de este circuito es Louis Gaskin, afroamericano, juzgado ante un jurado en 1990 por el asesinato de un hombre blanco.

La ejecución más reciente en Florida fue la de Amos King, afroamericano ejecutado el 26 de febrero de 2003 por el asesinato de una mujer blanca, que mantuvo que era inocente hasta el final. El jurado que lo condenó estaba compuesto íntegramente por blancos. La sentencia condenatoria se mantuvo a lo largo del proceso de apelaciones, pero se concedió a Amos King una nueva vista de determinación de condena por la mala actuación de su abogado en el juicio inicial. King fue condenado de nuevo a muerte por un jurado de 11 blancos y un negro. El fiscal había rechazado al menos a dos posibles jurados negros durante la selección. Uno de ellos, una mujer empleada administrativa de la policía, fue rechazada por ser «una joven negra y el acusado un joven negro», en clara admisión por parte del fiscal de que se la descartaba por motivos de raza.

El estudio de la Universidad de Columbia halló que los 10 condados estadounidenses con mayores tasas de condenas a muerte tenían una tasa de error media del 71 por ciento, mientras que en los 10 cuyas tasas eran más bajas la tasa de error media era del 41 por ciento. Amos King fue juzgado en el condado de Pinellas, uno de los 10 donde más se condenaba a muerte, en el que el estudio había descubierto una tasa de error del 89 por ciento. El Innocence Project(véase infra) concluyó que el caso King «sigue siendo extremadamente preocupante» y que «King podría muy bien haber sido inocente».

Florida es el estado estadounidense en el que más personas salen del pabellón de la muerte tras aparecer pruebas de su inocencia. De la lista de 107 casos de este tipo publicada por el Centro de Información sobre la Pena de Muerte en marzo de 2003, 23 (el 22 por ciento) eran de Florida. De estas 23 personas, 14 eran negras, 4 eran hispanas y 5, blancas. Al menos tres de los afroamericanos exonerados habían sido juzgados por un jurado compuesto íntegramente por blancos por el asesinato de víctimas blancas. Otro, Robert Hayes, fue puesto en libertad en 1997. Este afroamericano había sido condenado a muerte por el asesinato de una mujer blanca en cuya mano se había encontrado cabello, arrancado probablemente a su agresor. El cabello pertenecía a una persona de raza blanca.

Algunos casos ilustrativos de todo el país

Continúan surgiendo casos inquietantes de posibles inocentes condenados a muerte o de incoherencia en las condenas. Caso por caso puede resultar imposible determinar si la raza ha tenido que ver o no en la pena impuesta. Los casos tanto de pena de muerte como de otro tipo en los que se ha exonerado a acusados gracias a pruebas de ADN muestran temas recurrentes, al igual que los de anulación de condenas sin la ayuda de estas pruebas genéticas, más numerosos. Según el Innocence Project:«Los temas que se repiten una y otra vez errores en la identificación, peritos y policías corruptos, fiscales con exceso de celo, defensores ineptos, pobreza, raza no deben pasarse por alto».Si desean más información sobre este gabinete jurídico sin ánimo de lucro, creado en 1992 para ocuparse de casos en los que las pruebas de ADN tras la sentencia condenatoria pueden demostrar la inocencia, consulten see www.innocenceproject.org. Al acabar febrero de 2003, había habido 125 exoneraciones gracias a las pruebas de ADN.Tampoco debe pasarse por alto el efecto de estas cuestiones en la determinación de la condena de acusados en casos de pena de muerte cuya culpabilidad puede no presentar dudas.

Warren Douglas Manning, afroamericano, fue condenado a muerte en Carolina del Sur en 1989 por el asesinato, un año antes, de un policía blanco. En el proceso de apelación se anuló la sentencia condenatoria. En 1993, un jurado del condado de Dillon, formado por cinco blancos y siete negros estuvo a punto de absolverlo (llegó a 10 votos a favor de la absolución y 2 en contra) antes de que el proceso se declarara nulo por falta de acuerdo entre los miembros del jurado. La fiscalía solicitó cambiar el lugar selección del jurado para el nuevo juicio. Sugirió cinco posibles condados, todos con una proporción mucho menor de población negra que el condado de Dillon. El juez aceptó la petición y trasladó la selección del jurado al condado de Lancaster, cuya proporción de afroamericanos era aproximadamente la mitad que la de Dillon. En 1995, un jurado del condado de Lancaster compuesto por 10 blancos y 2 negros declaró culpable a Warren Manning y lo condenó a muerte. En 1997, la Corte Suprema de Carolina del Sur ordenó un nuevo juicio basándose en que el juez había abusado de sus facultades al conceder a la fiscalía la petición de cambiar el lugar de selección del jurado. En 1999, tras menos de tres horas de deliberación, un jurado del condado de Dillon compuesto por una mezcla racial representativa de su población (6 blancos, 5 negros y un indígena) absolvió a Warren Manning. El estado fundamentaba su petición de pena de muerte en pruebas circunstanciales.

En 1981, un jurado de Maryland compuesto íntegramente por blancos declaró culpable al afroamericano Eugene Colvin-El del asesinato de una anciana blanca. La sentencia condenatoria, basada en pruebas circunstanciales, se mantuvo durante todo el proceso de apelaciones, que duró más de una década. A Colvin-El se le concedió una nueva vista de imposición de pena, que se celebró en 1992 ante un jurado compuesto por 11 blancos y un negro. En junio de 2000, el gobernador Parris Glendening conmutó la pena de muerte poco antes de la fecha prevista para aplicarla por dudas persistentes sobre la culpabilidad de Colvin-El. Posteriormente, Glendening impuso una suspensión de las ejecuciones hasta que se conociera el resultado del estudio encargado por él mismo sobre discriminación racial y geográfica en el sistema de pena de muerte del estado (véase supra).

Leroy Drayton, afroamericano, fue ejecutado en 1999 en Carolina del Sur por el asesinato de Rhonda Smith, blanca. Drayton mantuvo que le había disparado por accidente cuando estaba borracho y que Rhonda era su novia. La fiscalía afirmaba que Smith era una desconocida a quien Drayton había secuestrado y disparado intencionalmente. El abogado que lo representó en el juicio no presentó pruebas de la relación de Drayton con Smith ni de su alcoholismo y sus problemas mentales, y tampoco refutó las pruebas periciales presentadas por la fiscalía. En la apelación estatal, los abogados de Drayton presentaron numerosos testigos afroamericanos que sostenían las afirmaciones de su cliente. Por ejemplo, seis afroamericanos testificaron que Drayton tenía una relación con Smith, y también hubo seis testigos del alcoholismo del acusado y su embriaguez la noche de la muerte de Smith. El juez de raza blanca que se ocupó del caso tras la sentencia condenatoria se negó a modificarla, y los abogados apelaron ante los tribunales federales, alegando que el hecho de que desestimara inmediatamente el testimonio de todos los testigos negros de la apelación y que aceptara sin cuestionarlo el del testigo blanco de la fiscalía, así como las explicaciones sobre su conducta del abogado de raza blanca que representó a Drayton durante el juicio inicial delataban una presunta discriminación racial del juez contra los negros. Los abogados que representaron a Drayton en la apelación respaldaron estas afirmaciones con pruebas detalladas sobre el apoyo que el magistrado había prestado a lo largo de su vida a políticas públicas discriminatorias.Drayton v Moore. Brief of the Appellant, in the US Court of Appeals for the Fourth Circuit, 1998.La Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito rechazó la apelación en enero de 1999. En el fallo se afirma: «En nuestra opinión, Drayton gozó de un juicio completo y justo en los tribunales estatales». Leroy Drayton fue ejecutado 10 meses después.

Thomas Nevius, afroamericano, fue condenado a muerte en Nevada por un jurado compuesto íntegramente por blancos por el asesinato de un hombre blanco, y, tras casi dos décadas en el pabellón de la muerte, en 2001 conoció la posible fecha de su ejecución. En su juicio, el fiscal había rechazado a los cuatro negros y los dos hispanos que se presentaron como posibles miembros del jurado durante la selección de éste. En el proceso de apelación, los abogados de Thomas Nevius presentaron pruebas de que su cliente, el único de los cuatro acusados condenado a muerte, podría no haber sido quien apretó el gatillo. Después, un experto en testimonios presenciales concluyó que el principal testigo de la fiscalía, la esposa de la víctima, podría haber cometido un error al identificar a Nevius como autor de los disparos. El experto señaló que la identificación por parte de testigos presenciales es poco fidedigna, especialmente cuando se identifica a una persona de otra raza en condiciones traumáticas y de amenaza de muerte, como en este caso. Thomas Nevius fue indultado en 2002 por su retraso mental.USA: Nevada’s planned killing of Thomas Nevius(Índice AI: AMR 51/001/2001, febrero 2001).

Según el Innocence Project, en 60 de las primeras 82 exoneraciones por pruebas de ADN tras la sentencia condenatoria de presos en Estados Unidos «una identificación equivocada de los testigos fue determinante en la sentencia condenatoria injusta». En el 79 por ciento de estos 82 casos, la víctima del crimen era blanca, y en el 55 por ciento el acusado era negro. El Innocence Projecthalló que la tasa de exoneraciones en casos de acusados negros y víctimas blancas triplica la tasa de ocurrencia de este tipo de delitos.Véase www.innocenceproject.orgy Actual Innocence, de Barry Scheck, Peter Neufield y Jim Dwyer. Doubleday Books, febrero 2000. Scheck y Neufield son fundadores del Innocence Project. El porcentaje de presos pertenecientes a minorías condenados a muerte y luego exonerados gracias a las pruebas de ADN es desproporcionado. De 12 de estos presos, dos eran hispanos, seis, negros y cuatro, blancos.

Shareef Cousin, joven afroamericano, fue condenado a muerte en Luisiana por el asesinato de un blanco cometido cuando Cousin tenía 16 años. La sentencia condenatoria se basó en el testimonio de una testigo presencial del crimen, de raza blanca, que aseguró reiteradamente al jurado su total certeza de que Cousin había cometido el asesinato. Sin embargo, el fiscal había ocultado las pruebas según las cuales la noche del asesinato esa misma testigo había dicho a la policía que no había podido ver bien a la persona que había disparado y probablemente no podría identificarla.También se acusó a la fiscalía de haber actuado con intención discriminatoria al utilizar 13 de sus 14 recusaciones sin causa durante la selección del jurado para eliminar a candidatos negros.En 1998, durante el proceso de apelaciones, Shareef Cousin fue juzgado de nuevo y la fiscalía retiró los cargos contra él en enero de 1999.

Cuatro meses después, en una jurisdicción vecina de Luisiana, Ryan Matthews, afroamericano, fue condenado a muerte por un jurado de 11 blancos y un negro por el asesinato de un blanco durante el atraco a una tienda en 1997, cuando Matthews tenía 17 años. Matthews siempre ha mantenido que es inocente. No había pruebas materiales que lo inculparan y fue condenado principalmente por el testimonio de dos testigos presenciales. Éstos identificaron a Matthews, que no es de su raza, bajo una gran tensión. Uno de los testigos, una mujer, afirmó en el juicio que había visto la cara del hombre armado a través de la puerta de cristal de la tienda cuando se levantó un instante la máscara con que se ocultaba (las pruebas de ADN de la sangre encontrada en la máscara del atracador no implicaban a Matthews). La testigo afirmó que estaba a más de metro y medio y presa del pánico, pues acababa de salir corriendo de la tienda tras oír los disparos. Cuando después del crimen le presentaron unas fotos para que identificara al autor de los disparos, afirmó que no estaba segura de su identificación de Ryan Matthews. Sin embargo, cuando se celebró el juicio, dos años después, afirmó estar segura. El otro testigo estaba en un automóvil fuera de la tienda, intentando evitar que lo alcanzaran los disparos efectuados en su huida por el atracador, al que entrevió e identificó como Ryan Matthews. Matthews sigue en el corredor de la muerte.

Joseph Amrine puede ser ejecutado en Misuri por la declaración de un testigo que más tarde se retractó. Amrine, afroamericano, fue declarado culpable por un jurado compuesto íntegramente por blancos. Siempre ha sostenido que es inocente y, si el caso se juzgara ahora, es muy probable que resultara absuelto por falta de pruebas.USA: Joseph Amrine – Facing execution on tainted testimony(Índice AI: AMR 51/085/2002, junio 2002). En una vista de apelación celebrada el 4 de febrero de 2003 en la Corte Suprema de Misuri, un ayudante del fiscal general del estado argumentó que la Corte debía bloquear la revisión de la sentencia condenatoria de Amrine ante la aparición de nuevas pruebas. Uno de los jueces preguntó si lo que la fiscalía sugería era que, de no encontrar la Corte ninguna violación constitucional, «¿incluso si llegamos a la conclusión de que el señor Amrine es de hecho inocente debe ser ejecutado?» A lo que el fiscal contestó: «Así es, señoría».Alegatos de la Corte Suprema de Misuri (www.missourinet.com/court)

Tras pasar casi dos décadas en el pabellón de la muerte, ElRoy Tillman, afroamericano de 66 años a quien un jurado de Utah compuesto íntegramente por blancos condenó en 1983 por el asesinato de un hombre blanco, supo que sería ejecutado en octubre de 2001. Carla Sages, de raza blanca, coinculpada junto con Tillman, había sido un testigo clave de la fiscalía y había conseguido inmunidad procesal penal a cambio de su testimonio. Según el voto particular discrepante de uno de los jueces de la Corte Suprema de Utah en 1993, «casi todos los argumentos contra Tillman proceden de una persona que podría haber sido acusada de homicidio y condenada a muerte y que, sin embargo, ha conseguido inmunidad procesal penal. Da la impresión de que las leyes penales se han aplicado discriminatoriamente por motivos totalmente pragmáticos. Además, el testimonio de Carla Sagers era claramente artificioso en alguno de sus puntos».Tillman v Cook, 855 P.2d 211 (1993). Voto particular del juez Stewart.Sin embargo, la declaración de culpabilidad y la condena a muerte se mantuvieron intactas. Semanas antes de la fecha de ejecución fijada para ElRoy Tillman, la defensa recibió pruebas que habían estado ocultas y erosionaban aún más la credibilidad de Carla Sagers. En enero de 2003, un juez concedió a Tillman una nueva vista de determinación de la condena. El estado apeló el fallo de este juez ante la Corte Suprema de Utah, y ElRoy Tillman, con 67 años, siguió en el pabellón de la muerte.

Desde 1973 nadie ha sido condenado a muerte en Connecticut por el asesinato de una persona de raza negra. De los siete presos que había en el pabellón de la muerte en enero de 2003 (tres negros, tres blancos y un hispano), seis fueron condenados a muerte por crímenes cuyas víctimas eran blancas, y uno por asesinar a un hispano.Comisión sobre Pena de Muerte del Estado de Connecticut. Presentado a la Asamblea General de Connecticut, 8 de enero de 2003. Sedrick Cobb, uno de los presos afroamericanos, trató de recusar su condena a muerte aportando pruebas estadísticas de la discriminación racial en las condenas a muerte. En 1999, la Corte Suprema de Connecticut desestimó su intento. Tres jueces discreparon de estos argumentos: «La importancia de los datos que ha aportado el acusado sobre los delitos punibles con la muerte puede resumirse de la siguiente forma: Si el acusado es afroamericano, es más probable que sea condenado a muerte que si es blanco. Si la víctima era blanca, también es más probable que el acusado sea condenado a muerte. Si el acusado es afroamericano y la víctima es blanca, la probabilidad de que sea condenado a muerte es muchísimo más alta».

Según los tres jueces discrepantes, «la sensación de racismo es evidente» si el caso de Sedrick Cobb se compara con el del acusado blanco Christopher Hafford, condenado a cadena perpetua por un asesinato punible con la muerte, que «no constituye en absoluto un ejemplo aislado». Según el voto particular discrepante, examinando las circunstancias agravantes y atenuantes en ambos casos se llega a la conclusión de que la única diferencia entre ambos acusados era la raza. «En el caso de Hafford, se salvó la vida a un acusado blanco, y en éste se ha condenado a muerte a un acusado afroamericano». El voto particular concluía: «La rapidez con que se acaba con la vida del acusado no hará más que acentuar la percepción de los afroamericanos de que en esta corte, en el sistema judicial y en la sociedad hay racismo. Las 237 páginas que ha necesitado este tribunal para confirmar la condena a muerte del acusado no lavará la sangre derramada por la decisión que esta mayoría ha tomado hoy».Cobb v State, Supreme Court of Connecticut, 251 Conn. 285; 743 A.2d.1. 7 de diciembre de 1999, voto particular del juez Berdon (al que se unieron los jueces Norcott y Katz).

Errores federales

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial ha terminado esta tarde su examen público de un informe inicial de Estados Unidos con una delegación del gobierno afirmando que las leyes del país aplicaban una protección estricta para garantizar que la raza no afecte a las decisiones sobre pena de muerte

Comunicado de prensa de las Naciones Unidas, 6 de agosto de 2001Delegation says United States has no plans to impose moratorium on death penalty. Comité sobre la Naciones Unidas, Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, 59ª sesión.

Estados Unidos se comprometió a luchar contra el racismo, también en el sistema de justicia penal, cuando ratificó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial en 1994. Según el artículo 5 de la Convención, «los Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en todas sus formas». El artículo 1 aclara que el término «discriminación racial» denota «toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultadoanular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos» (la cursiva es nuestra).

En el caso de William Andrews, ejecutado en 1991 en Utah, el gobierno federal se negó a cumplir con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando ésta concluyó que a Andrews le habían negado su derecho a la igualdad ante la ley. Y lo hizo tres años después de haber ratificado la Convención.

William Andrews fue uno de los dos afroamericanos declarados culpables por jurados compuestos íntegramente por blancos del asesinato de dos blancos. Como más tarde señalaría la Comisión Interamericana, entre otros casos, Joseph Franklin, racista blanco, fue condenado a cadena perpetua en Utah por matar a dos hombres negros disparando desde un escondite con un rifle porque estaban haciendo footing con dos blancas. En el caso de Andrews, la fiscalía recusó al único afroamericano candidato al jurado durante la selección de sus miembros. Además, no se tuvo en cuenta el hecho de que durante el juicio se encontró entre los miembros del jurado un papel con el dibujo de un hombre ahorcado y la frase «Cuelga al negro» escrita encima.

Dos jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos estuvieron en desacuerdo con que el alto tribunal se hubiera negado a admitir la apelación de William Andrews «antes de que sea ejecutado por una serie de crímenes en los que desempeñó un papel secundario». Los jueces discrepantes afirmaron: «Repugna a la conciencia que los tres niveles de la justicia federal estén dispuestos a enviar al apelante a la muerte sin ni siquiera investigar estas graves acusaciones en una vista probatoria. Con esto no sólo se incumple el debido procedimiento legal, sino que no existe procedimiento alguno».Andrews v Shulsen, 485 U.S. 919 (1988), votos particulares de los jueces Marshall y Brennan.

En diciembre de 1996, la Comisión Interamericana estimó que Estados Unidos había violado sus obligaciones internacionales al negar a William Andrews un juicio sin discriminación racial.Report no. 57/96. Case 11.139. William Andrews. United States, 6 de diciembre de 1996. Pero en marzo de 1997, el gobierno estadounidense rechazó el fallo de la Comisión y su recomendación de que a los familiares de William Andrews se les compensara adecuadamente por la violación de los derechos del acusado. El artículo 6 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial exige que los Estados aseguren a los particulares el derecho a pedir «satisfacción o reparación justa y adecuada por todo daño de que puedan ser víctimas como consecuencia de tal discriminación».

Estados Unidos continúa haciendo omiso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en los casos de pena capital. El gobierno de Estados Unidos ejecutó al preso federal Juan Raul Garza en 2001, a pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió que se conmutara su pena, al haber hallado que su juicio había sido injusto. Esto confirma que las autoridades estadounidenses están dispuestas a infringir las normas internacionales incluso en los casos federales.Como ya se ha indicado, por ejemplo, Anthony Green fue ejecutado en Carolina del Sur en 2002 a pesar de que la Comisión pidió que se suspendiera la ejecución mientras examinaba los indicios de discriminación racial en la imposición de condenas en la jurisdicción donde Green había sido procesado. Anthony Green, afroamericano, había sido declarado culpable de matar a una mujer blanca.

En 1996, el gobierno estadounidense dijo a Amnistía Internacional que «seguía oponiéndose a la aplicación injusta de la pena de muerte, especialmente si la injusticia se basaba en la discriminación, racial o de otro tipo».Carta al secretario general de Amnistía Internacional Pierre Sané de John C. Keeney, fiscal general en funciones, Departamento de Justicia de Estados Unidos, 2 de octubre de 1996.Tres años después, en respuesta al informe publicado por la organización en 1999 sobre la raza y la pena capital en Estados Unidos, el gobierno estadounidense, en una carta dirigida a Amnistía Internacional, afirmaba: «Es indiscutible que las circunstancias de muchos de los casos señalados [...] son preocupantes». Pero en definitiva se lavaba las manos sobre el tema afirmando que el sistema de gobierno federal limitaba la facultad del Departamento de Justicia de intervenir en los casos estatales.Carta al secretario general de Amnistía Internacional Pierre Sané de Kevin V. Di Gregory, fiscal general adjunto, Departamento de Justicia de Estados Unidos, 11 de agosto de 1999. Esta carta se escribió cinco años después de la ratificación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, en virtud de cuyo artículo 2 el gobierno se comprometía «a seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación racial en todas sus formas». El derecho internacional no permite que los Estados se escondan tras un determinado sistema de gobierno para eludir sus obligaciones en virtud de los tratados.Artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados: «Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado».

Es manifiesto que el gobierno federal no ha ejercido una función de liderazgo en materia derechos humanos sobre la cuestión de la raza y la pena de muerte. Además de que el Congreso no ha aprobado la Ley de Justicia Racial, de ámbito nacional, el ejecutivo no ha actuado con decisión sobre las disparidades raciales en el pabellón de la muerte federal. En septiembre de 2000, el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó las conclusiones de un estudio realizado sobre la aplicación de la pena de muerte en el ámbito federal.Study of the federal death penalty system (1988-2000), US Department of Justice, 2000.El estudio halló grandes disparidades raciales, étnicas y geográficas, que quedaron sin explicar, pues no era éste el objeto de la investigación.The federal death penalty system: a statistical survey (1988-2000),US Department of Justice, septiembre 2000. Véase EE.UU.: Memorándum al presidente Clinton Llamamiento para que ejerza el liderazgo en materia de derechos humanos cuando se avecina la primera ejecución federal (Índice AI: AMR 51/158/00/s, noviembre 2000).

La preocupación del presidente Bill Clinton por las disparidades lo llevaron a suspender durante seis meses la ejecución del preso del pabellón de la muerte federal Juan Raul Garza «para que el Departamento de Justicia tuviera tiempo de reunir y analizar adecuadamente» más información sobre sus conclusiones iniciales. El 6 de junio de 2001, menos de dos semanas antes de la nueva fecha de ejecución de Garza y bajo el mandato del recién elegido presidente George Bush, el Departamento de Justicia publicó un informe de actualización de su estudio de septiembre de 2000.The federal death penalty system: Supplementary data, analysis and revised protocols for capital case review. US Department of Justice, 6 de junio de 2001.No se trataba de un análisis en profundidad, y en él se exponían algunas conclusiones demoledoras sin aportar pruebas sólidas que las respaldaran.Véase USA: Open letter to the US Attorney General concerning the imminent execution of Juan Raul Garza (Índice AI: AMR 51/088/2001, 15 de junio de 2001).El presidente del Comité Judicial del Senado, por ejemplo, afirmó que el informe de actualización «se quedaba muy corto respecto a lo que se prometió a este Comité y a lo que el pueblo estadounidense se merece [...] No sé si es discriminación o prejuicios lo que hay en la aplicación de la pena de muerte en el ámbito federal. Puede que haya una explicación inocente para las disparidades señaladas en el estudio de septiembre. Pero este último informe se esfuerza muy poco por determinar las razones de las disparidades raciales, y descarta las geográficas como si no tuvieran importancia alguna».Declaración del senador Patrick Leahy, presidente del Comité Judicial del Senado, en la vista sobre las disparidades raciales y geográficas en el sistema de pena de muerte federal, 13 de junio de 2001.Uno de los más destacados expertos estadounidenses sobre la materia afirmó igualmente, hablando del informe adicional: «No me convence en absoluto de que no existe un importante peligro de injusticia racial y arbitrariedad geográfica en la administración de la pena de muerte federal».David C. Baldus, Distinguished Professor of Law, University of Iowa. Memorandum to Senator Russell Feingold, 11 de junio de 2001.

Por su parte, el fiscal general Ashcroft, a partir del informe complementario del Departamento de Justicia de junio de 2001, concluyó: «No hay discriminación racial en la forma en que administramos la pena de muerte en el sistema federal».Testimonio del fiscal general John Ashcroft ante el Comité Judicial del Senado, Cámara de Representantes de Estados Unidos, 6 de junio de 2001. Como parte de este proceso de confirmación ante la Oficina del Fiscal General, John Ashcroft afirmó que estaba «profundamente preocupado» por los indicios de disparidad racial en las condenas a muerte a nivel federal que revelaban las estadísticas de septiembre de 2000 del Departamento de Justicia.Ashcroft no hizo referencia alguna a las disparidades geográficas, pero al mismo tiempo anunció que el Instituto Nacional de Justicia, organismo de investigación, desarrollo y evaluación del Departamento de Justicia, profundizaría en el estudio del sistema de pena de muerte federal,Id. con investigaciones que al parecer incluirían cuestiones «relativas a la raza y la etnia de los acusados y el lugar de procesamiento».Testimonio del fiscal general adjunto Larry Thompson ante el Subcomité sobre Constitución, Federalismo y Derechos de Propiedad. Comité Judicial del Senado, sobre la aplicación de la pena de muerte en el ámbito federal, 13 de junio de 2001.En septiembre de 2002, el Instituto Nacional de Justicia concedió dos subvenciones a la investigación para examinar el sistema de pena de muerte federal.A Justice Studies Inc. (Virginia) se le concedió una subvención de 643.349 dólares para estudiar de qué forma los fiscales federales y estatales deciden plantear un caso de pena capital y cuándo pedir la pena de muerte federal. La RAND Corporation (California) consiguió 1.332.979 dólares de subvención para examinar casos federales en los que podría haberse solicitado la pena de muerte a fin de identificar los factores que contribuyeron a la decisión que tomó la fiscalía en esos casos.

Juan Raul Garza fue ejecutado. Las ejecuciones federales se reanudaron el 18 de marzo de 2003 con la de Louis Jones, afroamericano condenado por matar a una mujer blanca.Another planned killing by the US Government – The imminent federal execution of Louis Jones(Índice AI: AMR 51/020/2003, febrero 2003).El día de la ejecución de Jones, un senador declaró en el Congreso: «Hoy, más de dos años después de que el Departamento de Justicia publicara un estudio que mostraba las disparidades geográficas y raciales del sistema de pena de muerte federal, seguimos sin poder explicar por qué la vida y la muerte en el sistema federal parecen tener que ver con el color de la piel del acusado o la región del país donde se lo procesa. A la fiscal general Janet Reno le preocuparon tanto los resultados del estudio que ordenó un nuevo estudio en profundidad. Su sucesor en el cargo, John Ashcroft, se comprometió a continuar dicho estudio, pero seguimos esperando los resultados [...] Hoy, con la ejecución de Louis Jones, nuestro sistema de justicia penal federal ha dado un paso atrás. No se alcanzaron nuestros objetivos de justicia e igualdad ante la ley y disminuyeron los motivos que el pueblo estadounidense tenía para confiar en nuestro sistema de justicia penal federal».Senator Russell Feingold, Statement on the federal execution of Louis Jones, Senado de Estados Unidos.

En octubre de 2000, un tribunal federal de distrito falló que los abogados de John Bass, acusado afroamericano para quien la fiscalía pedía condena a muerte, habían aportado suficientes pruebas de discriminación racial en el proceso de toma de decisiones sobre la pena de muerte en el ámbito federal como para justificar que el gobierno aportara más material sobre dicho proceso. El gobierno estadounidense se negó a acatar la sentencia y, en enero de 2001, el tribunal federal lo sancionó declarando que no podría solicitar la pena de muerte para John Bass. El gobierno apeló, pero la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito mantuvo la sentencia del tribunal de distrito, señalando que la defensa había presentado «pruebas encaminadas a demostrar que Estados Unidos tiene en cuenta la raza del acusado al decidir si se lo acusa de un delito punible con la muerte».USA v Bass, 2001 FED App. 0304P (6th Cir.), 25 de septiembre de 2001.El 28 de junio de 2002, en un fallo de dos páginas sin firma, la Corte Suprema de Estados Unidos revocó la decisión del tribunal de distrito, dejando al gobierno vía libre para pedir la ejecución de John Bass.La Corte hizo referencia a su decisión de 1996 en la causa USv Armstrong, relativa a las desigualdades en los procesos por delitos relacionados con drogas, y en la cual se afirmaba: «para que un procesado tenga derecho en un recurso a presentar pruebas de que fue elegido para ser procesado por su raza, debe demostrar previamente que el gobierno declinó procesar a sospechosos de otras razas en situación similar».

Hay pruebas de que las disparidades raciales en el sistema de pena capital federal continúan produciéndose con el actual fiscal general. Según afirmó en febrero de 2003 el Proyecto Centro de Asesoramiento sobre la Pena de Muerte en la Jurisdicción Federal, de los 28 casos en los que el fiscal general Ashcroft ordenó a los fiscales que solicitaran la pena de muerte federal, dos eran de raza blanca, 19 afroamericanos, cinco hispanos, uno indígena y uno asiático.Death Penalty Cases Raise Race Questions. New York Times, 14 de febrero de 2003.

Raza e injusticia de menores

Los estadounidenses no parecen darse cuenta del efecto concreto y visceral que tienen las ejecuciones sobre la comunidad afroamericana en casos como el de Napoleon, donde todo parece indicar que la raza tuvo que ver en la condena [...] Les ruego que piensen en el efecto degradante que la condena de Napoleón, en esas circunstancias, tiene en la comunidad afroamericana en general y en la de Grapeland y en su familia en particular

Petición de indulto del arzobispo Desmond Tutu en favor del delincuente juvenil Napoleon Beazley, mayo de 2002.Carta a Gerald Garrett, presidente de la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas, 16 de mayo de 2002. El texto íntegro se encuentra en http://www.abanet.org/crimjust/juvjus/beazleytututext02.html. (Grapeland, en Texas, es la ciudad natal de la familia Beazley).

La evidencia de discriminación puede ir aparejada a otras injusticias. Por ejemplo, Estados Unidos es hoy casi el único país del mundo que ejecuta a delincuentes juveniles, acusados que tenían menos de 18 años cuando se cometió el delito.USA: Indecent and internationally illegal: The death penalty against child offenders(Índice AI: AMR 51/143/2002, septiembre 2002).En este país se han llevado a cabo 19 de las 33 ejecuciones de este tipo que se conocen en el mundo desde 1990 (hasta el 3 de abril de 2003). Seis de los 19 ejecutados ilegalmente desde el punto de vista del derecho internacional fueron afroamericanos condenados a muerte por jurados compuestos íntegramente por blancos.Dalton Prejean, Curtis Harris, Frederick Lashley, Glen McGinnis, Gerald Mitchell y Napoleon Beazley.Otro de ellos, Gary Graham, fue condenado por un jurado compuesto por 11 blancos y un negro. Graham fue ejecutado en 2000 a pesar de existir graves dudas sobre su culpabilidad. El 77 por ciento (17 de 22) de los delincuentes juveniles ejecutados en Estados Unidos desde 1977, incluido Gary Graham, fueron condenados por matar a blancos. Cuando se redacta este informe, Kevin Stanford ya sabe la fecha de su posible ejecución en Kentucky por el asesinato de una mujer blanca, cometido cuando tenía 17 años. Stanford es negro y fue condenado por un jurado compuesto íntegramente por blancos.

Napoleon Beazley, delincuente juvenil afroamericano condenado a muerte en 1995 por un jurado compuesto por 12 blancos por el asesinato de un blanco cometido cuando Beazley tenía 17 años, fue ejecutado en 2002. Al objetársele el hecho de que hubiera recusado a varios posibles jurados negros, el fiscal explicó que a uno lo había rechazado porque doce años antes lo habían acusado de conducir en estado de embriaguez. Aunque había sido absuelto, el fiscal creía que esta experiencia lo predispondría contra el estado. No obstante, se había elegido como miembro del jurado a un blanco que sí había sido condenado por el mismo delito, y que los tres años anteriores había sido multado por estar borracho en público.

Tras el juicio de Napoleon Beazley en 1995 se supo que uno de los 12 blancos miembros del jurado tenía profundos prejuicios contra los afroamericanos, y que presuntamente había declarado: «Le dieron a ese negro su merecido».VéaseToo young to vote, old enough to be executed – Texas set to execute another child offender(Índice AI: AMR 51/105/2001, julio 2001).También se supo que otro de los miembros del jurado era la presidenta de la sección local de la Unión de Hijas de la Confederación, organización cultural dedicada a la memoria del Sur. En su casa ondeaba la bandera de la Confederación y aparecía en una página web junto a una bandera confederada. Esto no es prueba de racismo, pero sí motivo de preocupación: muchos en Estados Unidos consideran que la bandera de la confederación es un símbolo de segregación y opresión racial, como ha reconocido un juez federal en otro caso.Véase USA: Hypocrisy or human rights? Time to choose(Índice AI: AMR 51/075/2002, 15 de mayo de 2002).

Panorama en Luisiana

Casi dos tercios de los más de 80 delincuentes juveniles que están en el pabellón de la muerte en Estados Unidos pertenecen a minorías étnicas o raciales. Uno de ellos es Ryan Matthews, joven afroamericano condenado a muerte por matar a un blanco. Matthews, que tenía 17 años cuando se cometió el delito, fue condenado en 199 9 por un jurado de 11 blancos y un negro en una jurisdicción de Luisiana en la que aproximadamente el 23 por ciento de la población es de raza negra. De los siete delincuentes juveniles que hay en el pabellón de la muerte de Luisiana, seis son negros. De los 38 estados estadounidense en los que existe la pena de muerte, Luisiana es el que tiene mayor porcentaje de afroamericanos en el pabellón de la muerte. En enero de 2003, el 69 por ciento de su población reclusa era afroamericana. La población del estado es el 32,5 por ciento negra y el 64 por ciento blanca. El 82 por ciento de los presos ejecutados en Luisiana desde 1977 (22 de 27) lo fueron por el asesinato de víctimas blancas. Uno de ellos era un delincuente juvenil, Dalton Prejean, ejecutado en 1990 por asesinar a un policía blanco. Prejean fue condenado a muerte por un jurado compuesto íntegramente por blancos, lo mismo que al menos seis de los otros 12 afroamericanos ejecutados en el estado desde 1977. Y sigue sucediendo lo mismo: Allen Snyder, negro, fue condenado a muerte por un jurado compuesto íntegramente por blancos en 1996, tras recusar el fiscal a los cinco candidatos afroamericanos durante la selección en una jurisdicción de Luisiana, el distrito de Jefferson, cuya población es un 23 por ciento negra. Al instar al jurado a que condenara a muerte al acusado, el fiscal comentó que O. J. Simpson, afroamericano que había sido absuelto del asesinato de una mujer blanca en un juicio en California, celebrado poco antes del de Allen Snyder, se había «salido con la suya». El veredicto en el caso de Simpson cuya mención por parte del fiscal fue calificada por un juez de la Corte Suprema de Luisiana como «totalmente irrelevante» y «sumamente perjudicial» para el caso de Snyder había sido muy impopular entre los ciudadanos blancos, según las encuestas de opinión.State v Snyder, No 98-KA-1078, voto particular del juez Lemmon.Allen Snyder siguen en el pabellón de la muerte.

Todos los delincuentes juveniles ejecutados en Luisiana desde los tiempos de la esclavitud han sido negros juzgados por jurados compuestos íntegramente por blancos por delitos cuyas víctimas eran blancas.Chattahoochee Judicial District: Buckle of the Death Belt. Death Penalty Information Center, 1991.Y sigue sucediendo lo mismo. En 1998, Roy Bridgewater y Lawrence Jacobs, ambos afroamericanos, fueron condenados a muerte por el homicidio de dos blancos cometido cuando Bridgewater tenía 17 años y Jacobs, 16. Sus dos jurados, seleccionados en el distrito de Jefferson, estaban formados por 23 blancos y un afroamericano. La sentencia condenatoria y la condena a muerte de Lawrence Jacobs fueron anuladas por la Corte Suprema de Luisiana en 2001. La anulación se basó en que al acusado se le había negado su derecho a un jurado imparcial al haberse incluido en él personas que mostraron una gran predisposición a condenar a muerte. La Corte señaló también: «La presunta discriminación racial del fiscal en la selección de los miembros del jurado [...] también parece plantear serias dudas sobre la corrección del proceso de selección del jurado en este caso». La fiscalía había recusado a cuatro de los cinco candidatos afroamericanos y había intentado hacer lo mismo con el quinto, pero el juez se lo había impedido. La fiscalía tiene intención de volver a pedir la pena de muerte para Lawrence Jacobs en su nuevo juicio, que se celebrará en julio de 2003. En una vista previa al juicio celebrada en marzo de 2002, uno de los fiscales llevaba una corbata con la imagen de una soga de ahorcado, que evocaba la historia de linchamientos racistas del distrito de Jefferson.New Orleans Picayune, 30 de septiembre de 1897. «Los linchamientos en el distrito de Jefferson han sido numerosos y han inculcado a los jóvenes la creencia de que todo delito cometido por un negro debe ser vengado con la soga o el rifle». Citado en “…the already scarlet record of Jefferson parish”: Analysis of a lynching syndrome, 1892-1897. Michael J. Pfeifer. http://academic.evergreen.edu/p.pfeiferm/Jefferson.html

«Una mofeta en la tribuna del jurado»

Los prejuicios raciales pueden colarse en la tribuna del jurado

Juez de la Corte de Apelaciones en lo Penal de Texas, marzo de 2002

Se detiene a un ciudadano estadounidense en el extranjero. No se le informa de su derecho a ponerse en contacto con su embajada. Se lo acusa de un asesinato punible con la muerte y es juzgado. La fiscalía quiere reforzar su petición de pena de muerte presentando el testimonio de un perito que asegura que la nacionalidad del acusado es motivo para temer que cometerá más crímenes violentos si se le permite vivir. El testigo basa su teoría en el hecho de que los estadounidenses son un elevado porcentaje de la población reclusa mundial, y señala los dos millones de personas encarceladas en Estados Unidos. El acusado es condenado a muerte.

Lógica indignación del gobierno estadounidense. No sólo se negaron a su ciudadano sus derechos consulares, violando el derecho internacional, sino que se animó al jurado a votar a favor de su ejecución basándose en la nacionalidad del acusado, una evidente violación de la prohibición internacional de toda discriminación, ya sea por la raza, la etnia o la nacionalidad. El gobierno estadounidense exige que se anule la condena a muerte.

Este caso no es real. Pero el de Victor Saldaño, sí. Y además, da una idea de la tenacidad de algunos fiscales locales en Estados Unidos a la hora de aferrarse a las condenas a muerte, y de la disposición de algunos tribunales a mantener estas condenas, aun ante la evidencia de que la discriminación racial contaminó los procedimientos judiciales.

Victor Saldaño, ciudadano argentino, fue detenido en 1995 en Texas, sin que se le informara sobre su derecho a ponerse en contacto con su consulado. Se lo acusó de asesinato punible con la muerte. En el juicio, el estado consiguió que lo declararan culpable, y se pasó a la fase de imposición de condena. En Texas sólo puede condenarse a muerte a una persona cuando el jurado concluye que «existe la probabilidad de que el acusado cometa actos de violencia criminal que constituirían una constante amenaza para la sociedad», lo que se llama «peligrosidad futura». En la fase de imposición de condena, la fiscalía presentó a un psicólogo que testificó que «el origen hispano de Saldaño habla a favor de su peligrosidad futura». El perito afirmó que basaba su teoría en el hecho de que «el porcentaje de hispanos en la población reclusa es superior a su porcentaje en la población en general». En su alegato final a favor de la ejecución, el fiscal añadió además un toque xenófobo, al decir que Saldaño había «invadido nuestro país». El jurado condenó a muerte a Saldaño y la Corte de Apelaciones en lo Penal de Texas confirmó el veredicto en 1999.

El fiscal general de Texas adoptó una postura de principios. En 2000 se avino a «confesar el error» ante la Corte Suprema de Estados Unidos, es decir, admitió que la introducción de la raza como factor para determinar la futura peligrosidad había violado el derecho de Victor Saldaño a ser tratado con igualdad ante la ley. El 5 de junio de 2000, la Corte Suprema remitió de nuevo la causa a la Corte de Apelaciones en lo Penal de Texas para que el tribunal estatal «estudiara con más detalle el caso en vista de la confesión de error».

En la Corte de Apelaciones en lo Penal de Texas, el fiscal general volvió a confesar el error. Sin embargo, el fiscal de distrito del condado de Collin, la fiscalía local que había conseguido que se condenara a muerte a Saldaño, argumentó que la sentencia debía mantenerse. El 13 de marzo de 2002, la Corte de Apelaciones en lo Penal le dio la razón, con el voto particular discrepante de dos jueces. Uno de ellos escribió: «La analogía de una mofeta en la tribuna del jurado es muy instructiva. Los prejuicios raciales pueden colarse en la tribuna [...]». El juez discrepante afirmó que no importaba el hecho de que la fiscalía no hubiera hecho especial énfasis en el perjudicial testimonio del psicólogo en su alegato final: «Una mofeta, tanto si se la arroja a la tribuna del jurado como si simplemente se la deja entrar en ella, deja siempre su hediondo olor en el aire [...] Una vez que entra, no hay nada que elimine su hedor. No puedo aprobar la decisión de imponer la pena capital si no sé con certeza si en esa decisión intervinieron los prejuicios raciales» Saldano v Texas, No. 72,556, Texas Court of Criminal Appeals, voto particular del juez Price.

En el momento de redactar este informe, el caso estaba en los tribunales federales. En mayo de 2002, el fiscal general de Texas, John Cornyn, volvió a confesar el error, reconociendo que «introducir la raza como uno de los factores que el jurado debía sopesar al tomar su decisión [...] erosionó considerablemente la justicia, la integridad y la reputación pública del proceso judicial». Cornyn pidió a la Corte de Distrito federal que exigiera a la corte donde se juzgó a Saldaño que dictara cadena perpetua o que celebrara una nueva vista de imposición de la condena. Por su parte, el fiscal de distrito del condado de Collin intentó intervenir a favor de que se mantuviera la condena a muerte. El 16 de julio de 2002, la Corte de Distrito dictó que cuestiones políticas impedían que tuviera en cuenta los méritos de la solicitud de intervención del fiscal de distrito. Éste apeló ante la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, que el 18 de febrero de 2003 revocó la decisión de la Corte de Distrito y volvió a remitir la causa al tribunal inferior para su reconsideración. Mientras, Victor Saldaño sigue en el pabellón de la muerte, donde lo enviaron hace ocho años violando su derecho «a que se le impusiera una condena sin que influya el color de su piel», en palabras del fiscal general de Texas.

En la mayoría de los más de 100 casos de extranjeros que están en los pabellones de la muerte de Estados Unidos y de los 20 ya ejecutados, las autoridades no informaron al sospechoso en el momento de su detención de su derecho a ponerse en contacto con su consulado para solicitar ayuda, como dispone la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. En enero de 2003, México inició actuaciones judiciales contra Estados Unidos sobre esta cuestión ante la Corte Internacional de Justicia . Hay más de 50 ciudadanos mexicanos en los pabellones de la muerte de Estados Unidos.

Al preguntarle si Estados Unidos practicaba una forma de racismo al no respetar sus obligaciones internacionales respecto a los ciudadanos mexicanos detenidos, el asesor legal del Ministerio de Asuntos Exteriores mexicano respondió: «Yo no diría oficialmente que es racismo. Pero hay una pauta constante de discriminación por parte de los jurados, los tribunales y los fiscales, que generalmente sienten prejuicio contra los hispanos. Y no cabe duda de que eso hace que los mexicanos sean aún más vulnerables de lo que ya son por ser extranjeros».A deadly serious border dispute. Los Angeles Times, 8 de abril de 2003.

Las discriminación basada en el origen nacional, al igual que en el étnico, constituye una violación del derecho internacional. ¿Jugó un papel este tipo de discriminación en los casos de los ciudadanos mexicanos Irineo Tristán Montoya y Mario Murphy, por ejemplo, ejecutados en 1997 en Texas y Virgina, respectivamente? Después de su detención, a Irineo Tristán Montoya se lo sometió a un largo interrogatorio sin abogado, y firmó una confesión escrita en inglés, idioma que no sabía leer, hablar ni entendía. Acusado como cómplice de asesinato, el autor del crimen fue condenado a la cárcel. En el otro caso, el de Mario Murphy, él fue la única de las seis personas implicadas en un asesinato cometido en 1991 en Virginia a quien condenaron muerte. A los demás, todos ciudadanos estadounidenses, el ministerio fiscal les ofreció pactos y fueron condenados a penas de prisión.

En la decisión de la Corte Constitucional por la cual se derogaba la pena de muerte en Sudáfrica, uno de los jueces escribió: «El hecho de que una persona sea condenada a muerte, mientras que otra en situación similar no lo es, constituye, bajo mi punto de vista, una crueldad para con la persona a quien se condena. Permitir que de este modo sea la suerte la que determine la vida o la muerte de alguien es reducir a la persona a un número en una compleja lotería judicial. Es tratar de forma inhumana al condenado».The State v Makwanyane, Constitutional Court of the Republic of South Africa, 6 de junio de 1995, voto coincidente del juez Ackermann.

La raza de los miembros del jurado como posible factor influyente en los casos de pena de muerte

Los jurados negros tienen dudas sobre la responsabilidad del acusado en el homicidio y creen que está arrepentido a pesar de su comportamiento impasible. Los jurados blancos lo consideran peligroso y utilizan este argumento para persuadir a los negros de que lo condenen a muerte. Los jurados negros creen que los blancos no comprenden los antecedentes de los acusados negros y el ambiente en el que han vivido. Así, creen que sus compañeros blancos hacen juicios en función de ideas falsas o estereotipos raciales.

Investigación basada en entrevistas con miembros de jurados en casos de pena capital.William J. Bowers et al., Sentencing in black and white: An empirical analysis of the role of jurors’ race and jury racial composition. 3 U. Pa. J. Const. L. 171, febrero 2001.

En 1992, un juez de la Corte Suprema de Estados Unidos escribió: «La opinión pública en general continúa creyendo que la composición del jurado es importante en ciertos casos. Consideremos, por ejemplo, la información que la prensa da sobre los juicios penales. Los principales periódicos suelen indicar el número de blancos y negros miembros del jurado en los casos importantes. Los directores y los lectores al parecer reconocen que en nuestra sociedad persisten los perjuicios conscientes e inconscientes, y que pueden influir en ciertos miembros del jurado. La experiencia y el sentido común confirman esta interpretación».Georgia v McCollum, 505 US 42 (1992), voto coincidente del juez Thomas. Este juez señaló que una búsqueda informática había revelado que la frase «jurado compuesto íntegramente por blancos» había aparecido más de 200 veces en los cinco años anteriores en los periódicos New York Times, Chicago Tribune y Los Angeles Times.

En la fase de determinación de la condena de un juicio de pena de muerte en Estados Unidos se pide al jurado que juzgue de forma individualizada el castigo que en su opinión merece el acusado. Los jurados oyen las circunstancias agravantes a favor de la ejecución y las eximentes a favor de la indulgencia, que les presentan la fiscalía y la defensa, respectivamente.

En 1986, en el caso de un negro acusado del asesinato de un blanco en Virginia, la Corte Suprema de Estados Unidos reconoció: «Dado el margen de discrecionalidad que se concede a un jurado en una vista de determinación de la condena, se trata de una oportunidad única para que funcionen los prejuicios raciales sin que se note. En lo que respecta a este caso, un miembro del jurado que cree que los blancos son violentos o moralmente inferiores bien podría estar influenciado por esa creencia a la hora de decidir si en el crimen se daban los factores agravantes que contempla la ley de Virginia. Este jurado podría estar menos inclinado a reconocer las pruebas de perturbación mental del acusado como eximentes. Y más sutilmente, unas actitudes racistas menos conscientes podrían influir también en la decisión del miembro del jurado. El temor a los negros, fácilmente avivado por los hechos violentos del delito, podría inclinar a un jurado a favor de la pena de muerte».

La Corte Suprema señaló asimismo: «Las decisiones que deben tomar los miembros del jurado en la fase de imposición de condena implican juicios mucho más subjetivos que cuando deciden sobre la culpabilidad o la inocencia del acusado» y añadió: «El riesgo de que los prejuicios raciales contaminen un procedimiento de determinación de condena en un caso de pena de muerte es especialmente grave teniendo en cuenta el carácter definitivo de la condena a muerte». El alto tribunal afirmó: «La diferencia cualitativa que existe entre la muerte y otras penas debe corresponderse con un grado de escrutinio mayor de la determinación de la condena» y, por consiguiente, «un acusado de un crimen punible con la muerte cuya víctima es una persona de otra raza tiene derecho a que los posibles miembros del jurado sean informados de la raza de la víctima e interrogados sobre la cuestión de la discriminación racial».Turner v Murray, 476 U.S. 28 (1986).Esta regla no es extensible a crímenes en los que la raza del acusado y la de la víctima coinciden, en donde la cuestión del interrogatorio de los jurados queda a discreción de cada juez. Así, por ejemplo, al ratificar la condena a muerte de Larry Roy, afroamericano condenado en 1994 por un jurado compuesto íntegramente por blancos por el asesinato de dos afroamericanos, y que sigue en el pabellón de la muerte de Luisiana, la Corte Suprema estatal sentenció que el juez que juzgó el caso no incurrió en falta cuando prohibió a los abogados que asistieron a Larry Roy en el juicio que preguntaran a los posibles miembros del jurado sobre sus actitudes hacia la raza..State v Roy, No 95-KA-0638.Sin embargo, se ha argumentado por ejemplo en el caso de Walanzo Robinson, afroamericano juzgado por un jurado compuesto casi íntegramente por blancos y ejecutado en Oklahoma en marzo de 2003 por el asesinato de otro afroamericano (véase supra) que las actitudes racistas pueden contaminar las deliberaciones del jurado, incluso en el marco de un juicio por un crimen en el que tanto el acusado como la víctima son de la misma raza.

Una investigación publicada en 2001 sobre la conducta de los jurados en casos de pena de muerte en Estados Unidos contribuyó al argumento de que los estereotipos sobre raza y crimen, conscientes o inconscientes, pueden contaminar las deliberaciones a la hora de establecer una pena.William J. Bowers et al., Sentencing in black and white: An empirical analysis of the role of jurors’ race and jury racial composition. 3 U. Pa. J. Const. L. 171, febrero 2001. La investigación, que surgió del Capital Jury Project, donde se entrevistó a 1.155 miembros de jurados de 340 juicios de pena de muerte en 14 estados,En los 340 casos de pena capital había 165 casos en que el acusado y la víctima eran blancos, 74 de acusado negro y víctima blanca y 60 de acusado negro y víctima negra. avala también la opinión de que las diferentes experiencias y perspectivas de negros y blancos en Estados Unidos influyen cuando actúan como miembros de un jurado. Conocer o haber experimentado la discriminación a manos de la policía o de otras autoridades, por ejemplo, puede hacer que un jurado afroamericano sea más capaz que uno blanco de reconocer o identificarse con el historial o la experiencia de un acusado negro cuando se le presentan las circunstancias atenuantes.

Uno de los resultados del estudio fue que es tres veces más probable que un afroamericano acusado de matar a un blanco sea condenado a muerte por un jurado con cinco o más hombres blancos entre sus miembros que con menos de cinco. Y al contrario: las probabilidades de que un acusado negro sea condenado a cadena perpetua son el doble si entre los miembros del jurado hay un hombre negro que si no hay ninguno.

Anteriores investigaciones del Capital Jury Projecthabían demostrado que la percepción de la ausencia de arrepentimiento o de la futura peligrosidad de un acusado funcionan como circunstancias muy agravantes en la mente de un jurado en los casos de pena de muerte, y las dudas persistentes sobre su culpabilidad, como muy atenuantes.Stephen P. Garvey, Aggravation and Mitigation in Capital Cases: What do Jurors think? 98 Colum. L. Rev. 1538, 1563 (1998). En Texas, para que un acusado sea condenado a muerte el jurado debe haber determinado previamente su «peligrosidad futura». Más de un tercio de las ejecuciones de Estados Unidos tienen lugar en este estado.En el estudio sobre la raza, los investigadores dedujeron que «si el acusado es negro, los blancos consideran con más frecuencia que los negros que es probable que suponga un peligro para la sociedad en el futuro y que volverá a la calle si no se lo condena a muerte. En estos casos, es más frecuente que los negros consideren que el acusado está arrepentido y por tanto merece clemencia, e incluso que duden de si fue el verdadero autor del crimen o al menos de que se trate de un crimen punible con la muerte». Además, las entrevistas mostraron «una falta de receptividad a las circunstancias atenuantes entre los jurados blancos cuando el acusado es negro. A menudo los jurados blancos parecen no poder o no querer tener en cuenta los orígenes y la educación del acusado en su contexto»Esto presupone que al jurado se le mencionan circunstancias atenuantes. El jurado compuesto íntegramente por blancos que condenó al afroamericano Calvin Swann a muerte en Virginia en 1993, por ejemplo, apenas supo de la grave enfermedad mental (esquizofrenia paranoide) que el acusado sufría desde hacía dos décadas. En 1999, el gobernador de Virginia conmutó la pena de muerte a Calvin Swann pocas horas antes de su ejecución.Uno de los miembros negros de un jurado contó que sus compañeros blancos «no tenían en cuenta el origen del que procedía el muchacho. Lo veían desde una óptica de clase media blanca».

La conclusión del estudio fue que la confianza del sistema en el interrogatorio de los miembros del jurado durante su selección para detectar actitudes racistas profundamente arraigadas y a menudo inconscientes es «ilusoria».

Al ratificar la condena a muerte dictada contra Feltus Taylor, afroamericano condenado por el asesinato de una blanca en 1991, la Corte Suprema de Luisiana rechazó el argumento de la apelación según el cual «no podía esperarse que el jurado [compuesto íntegramente por blancos] llegara a un veredicto imparcial». La Corte señaló que durante la selección del jurado para la fase de juicio, en una jurisdicción con un tercio de población afroamericana, todos los miembros habían declarado que no se dejarían influir por la raza en su decisión. En la apelación se pidió a la Corte que tuviera en cuenta los presuntos comentarios incendiarios de la fiscalía. Por ejemplo, al argumentar a favor de la ejecución, el fiscal había dicho a los 12 jurados blancos que si su veredicto no era de pena de muerte sería «una vergüenza y una desgracia» y un insulto a la memoria de la víctima. Aunque la Corte Suprema afirmó que este argumento «se acerca peligrosamente al error reversible», mantuvo que en realidad era «inofensivo». Feltus Taylor fue ejecutado en junio de 2000.State v Taylor, No 93-KA-2201, 1993.

También en 2000, la Corte Suprema de Colorado confirmó la condena a muerte de Robert Harlan, afroamericano condenado en Colorado en 1995 por la violación y el asesinato de una mujer blanca. La Corte indicó que temía que «los prejuicios raciales pudieran haber influido en la imposición de una condena a muerte» y dijo estar «preocupada» por la «dimensión racial» del caso (en el jurado no había ningún negro y varias mujeres blancas habían testificado para la fiscalía durante la fase de imposición de condena sobre la «mala conducta sexual previa» del acusado. «Este testimonio afirmó la Corte puede haber evocado la imagen subconsciente y perniciosa de los hombres afroamericanos como depredadores sexuales de mujeres blancas». Sin embargo, la Corte confiaba en que los prejuicios raciales no hubieran erosionado la imparcialidad de las actuaciones, ya que la corte donde se juzgó el caso había tomado precauciones «para neutralizar la inyección de consideraciones raciales impropias incluyendo preguntas sobre cuestiones raciales en el cuestionario que se pasó a los miembros del jurado» y había permitido a los abogados «preguntar en detalle a los jurados sobre sus puntos de vista respecto a la raza».People v Harlan, No 95SA298, 27 de marzo de 2000.Un posible jurado había quedado eliminado por sus prejuicios contra los afroamericanos. ¿Es ilusorio creer que ninguno de los seleccionados como miembros del jurado albergaba algún prejuicio racista, consciente o inconsciente, contra el acusado negro?

Discriminación en la selección del jurado

Habría tenido más confianza en la imparcialidad del jurado y en su veredicto de pena de muerte si el estado no hubiera utilizado sus recusaciones sin causa para excluir a todos los posibles miembros afroamericanos del jurado, con lo que el acusado negro fue juzgado por un jurado compuesto íntegramente por blancos

Juez de la Corte Suprema de Luisiana, 1999Louisiana v Snyder, No 98-KA-1078, voto particular del juez Johnson.

Al anunciar en enero de 2002 que conmutaba todas las penas de muerte en Illinois, el gobernador George Ryan no sólo señaló el hecho de que más de dos tercios de los presos del pabellón de la muerte del estado eran afroamericanos, sino también que al menos 35 acusados negros habían sido enviados allí por jurados constituidos íntegramente por blancos. En 1999, el Chicago Tribunehalló que, «en 21 de 65 casos de pena de muerte en Illinois en los que el acusado era negro y la víctima, blanca (casi un tercio), el jurado estaba compuesto íntegramente por blancos».Death Row justice derailed. Chicago Tribune, 14 de noviembre de 1999.Al menos dos hombres afroamericanos condenados a muerte por jurados sólo de blancos, Girvies Davis y Hernando Williams, fueron ejecutados, ambos en 1995. En el caso de Hernando Williams, el fiscal había recusado sin causa a 11 afroamericanos durante la selección del jurado. También se habló de selección discriminatoria de los miembros del jurado en casos de pena de muerte en los que el acusado había sido exonerado posteriormente. Dennis Williams, afroamericano condenado a muerte en Chicago junto con otros tres acusados en el mismo caso por el asesinato de una pareja de raza blanca, fue puesto en libertad en 1996. Había pasado 18 años en la cárcel, tras haber sido condenado a muerte por un jurado compuesto íntegramente por blancos en una jurisdicción donde la cuarta parte de la población era afroamericana. Verneal Jimerson, otro de los cuatro condenados a muerte, fue juzgado ante un jurado en el que sólo había un afroamericano, a pesar de que en el grupo inicial de candidatos a miembros del jurado había una tercera parte de afroamericanos. Jimerson también quedó en libertad en 1996.

Illinois no es un caso único. Un estudio del periódico Tennessean, por ejemplo, reveló en 2001 que, de 52 afroamericanos condenados a muerte en Tennessee desde 1977, 15 (el 29 por ciento) había tenido un jurado compuesto íntegramente por blancos. En 2 de los 28 casos de afroamericanos juzgados en el condado de Shelby los jurados estuvieron compuestos íntegramente por blancos cuando el 42 por ciento de la población del condado era negra. El 54 por ciento (13 de 24) de los afroamericanos juzgados fuera del condado de Shelby fueron declarados culpables por jurados íntegramente blancos en condados en cuya población la raza negra oscilaba entre el 3 y el 32 por ciento.1 in 4 blacks condemned by all-white juries. The Tennessean, 27 de julio de 2001.

Al menos uno de cada cinco afroamericanos de los 300 ejecutados en Estados Unidos desde 1977 fue juzgado por un jurado compuesto íntegramente por blancos. Aproximadamente el 90 por ciento de esos más de 55 individuos, ejecutados en 15 estados, fueron condenados por el homicidio de una persona de raza blanca.Robert Williams (Luisiana, 1983)†, John Taylor (Luisiana, 1984), James Adams (Florida, 1984), Ernest Knighton (Luisiana, 1984), Alpha Stephens (Georgia, 1984), Jerome Bowden (Georgia, 1986), Larry Smith (Texas, 1986), Joseph Mulligan (Georgia, 1987)†, Dale Selby (Utah, 1987), Alvin Moore (Luisiana, 1987), Willie Darden (Florida, 1988), Henry Willis (Georgia, 1989), Leo Edwards (Misisipi, 1989)†, Horace Dunkins (Alabama, 1989), Winfred Stokes (Misuri, 1990), Dalton Prejean (Luisiana, 1990), Maurice Byrd (Misuri, 1991), Andrew Jones (Luisiana, 1991)†, James Russell (Texas, 1991), Ricky Rector (Arkansas, 1992), William Andrews (Utah, 1992), Cornelius Singleton (Alabama, 1992), Curtis Harris (Texas, 1993), Richard Wilkerson (Texas, 1993), Frederick Lashley (Misuri, 1993)†, Walter Blair (Misuri, 1993), Clifford Phillips (Texas, 1993), Antonio Bonham (Texas, 1993), Johnny Watkins (Virginia, 1994), Paul Rougeau (Texas, 1994)†, Girvies Davis (Illinois, 1995), Hernando Williams (Illinois, 1995), Emmett Foster (Misuri, 1995)†, John Fearance (Texas, 1995), Edward Horsley (Alabama, 1996), Richard Townes (Virginia, 1996), John Mills (Florida, 1996), Coleman Gray (Virginia, 1997), Dwight Adanandus (Texas, 1997), Larry Gilbert (South Carolina, 1998), J.D. Gleaton (South Carolina, 1998), Kelvin Malone (Misuri, 1999), Manny Babbitt (California, 1999), Victor Kennedy (Alabama, 1999), Brian Baldwin (Alabama, 1999), David Brown (North Carolina, 1999), Bobby Ross (Oklahoma, 1999), Malcolm Johnson (Oklahoma, 2000), Glen McGinnis (Texas, 2000), Freddie Wright (Alabama, 2000), Pernell Ford (Alabama, 2000), Feltus Taylor (Luisiana, 2000), Caruthers Alexander (Texas, 2001), Jerome Mallett (Misuri, 2001), Gerald Mitchell (Texas, 2001), Napoleon Beazley (Texas, 2002), Linroy Bottoson (Florida, 2002)†, Amos King (Florida, 2003). Los señalados con † fueron ejecutados por crímenes cuya víctima era negra. En el resto de los casos, la víctima era blanca. La lista no pretende ser exhaustiva.Dicho de otra forma, al menos una cuarta parte de los afroamericanos que han sido ejecutados por matar blancos fueron declarados culpables por jurados compuestos íntegramente por blancos. No es una estadística que infunda confianza en la justicia del sistema, especialmente en un país que históricamente ha utilizado la pena de muerte de forma racista.

Estas personas ejecutadas fueron condenadas a muerte en la década de los setenta, de los ochenta y hasta mediados de los noventa. Algunos de los de este periodo siguen en el pabellón de la muerte, como por ejemplo Johnny Lee Gates, afroamericano condenado por un jurado compuesto íntegramente por blancos de Georgia en 1977. El fenómeno continúa hasta nuestros días. James Chappell, afroamericano, fue condenado a muerte en Nevada en 1996 por el asesinato de una mujer blanca. Su jurado era todo de blancos (el fiscal había recusado sin causa a dos posibles jurados negros). Farris Morris, afroamericano, fue condenado a muerte en 1997 por un jurado compuesto íntegramente por blancos en un condado de Tennessee en el que el 32 por ciento de la población es afroamericana. Jessie Hoffman, negro, fue condenado a muerte en 1998 en Luisiana por asesinar a una mujer blanca. La fiscalía recusó a tres afroamericanos durante la selección del jurado en una jurisdicción donde el 10 por ciento de la población es afroamericana. Eric Perkinson, negro, fue condenado a muerte en 1999 en Georgia por un jurado compuesto íntegramente por blancos. Johnny Bennett, afroamericano, a quien el fiscal describió como «King Kong», fue condenado a muerte por un jurado compuesto por 12 blancos en julio de 2000 en el condado de Lexington, Carolina del Sur.Swansea-area man sentenced to death a second time. The State, 17 de julio de 2000.Aproximadamente un 13 por ciento de la población de este condado es afroamericana. Ese mismo año 2000, Nicholson McCoy, afroamericano, fue condenado a muerte por un jurado de Nueva York compuesto íntegramente por blancos por el asesinato de una mujer blanca. La defensa alegó que la fiscalía del condado de Suffolk había excluido deliberadamente a posibles miembros negros del jurado durante la selección. Lamar Brooks, afroamericano, fue condenado a muerte en febrero de 2002 por un jurado compuesto íntegramente por blancos en el condado de Okaloosa, Florida, donde un 9 por ciento de la población es afroamericana. Marcus Green, afroamericano, fue condenado a muerte en Texas en julio de 2002 por el asesinato de una niña blanca. Su jurado estaba compuesto íntegramente por blancos.

Jerome Mallett, afroamericano condenado a muerte por un jurado compuesto íntegramente por blancos del Misuri rural, fue ejecutado el 11 de julio de 2001 por el asesinato del patrullero de autopistas James Froemsdorf, de raza blanca. Al agente le dispararon con su propio revólver el 2 de marzo de 1985 tras dar el alto a Jerome Mallett por exceso de velocidad en el condado de Perry, en la zona oriental de Misuri. El patrullero había descubierto que Mallett estaba en búsqueda en Texas por violación de la libertad condicional y atraco. Tras ser detenido, Mallett afirmó que los disparos se habían producido durante la lucha que entabló con el agente después de éste lo golpeara y lo acusara de mentir sobre su identidad. La fiscalía lo acusó de homicidio premeditado para evitar ser detenido.

La defensa solicitó que se cambiara el lugar del juicio a causa de la publicidad negativa que había precedido a éste en el condado de Perry, y sugirió otros lugares posibles, al igual que la fiscalía. La defensa pidió que el condado elegido fuera uno en el que hubiera afroamericanos, para que existiera la posibilidad de que entre los miembros del jurado hubiera negros. En todos los condados propuestos residían afroamericanos.

El juez eligió el condado de Schuyler, en el norte del estado, que no había sido propuesto por ninguna de las dos partes y donde en aquel momento no había ningún residente afroamericano (frente al aproximadamente 7 por ciento del condado de Perry y el 10 por ciento aproximadamente del estado). El juicio se celebró en Lancaster, comunidad rural con una población de menos de un millar de personas. El jurado, compuesto íntegramente por blancos, declaró a Jerome Mallett culpable de homicidio premeditado y lo condenó a muerte.

Durante las actuaciones que siguieron a la sentencia condenatoria, otro juez designado para examinar la actuación del juez del juicio oral afirmó que Mallett debía ser juzgado de nuevo. En su criterio, la decisión de trasladar el lugar del juicio, negando al acusado toda posibilidad de que en el jurado hubiera miembros de su propia raza, había dado lugar a que pareciera tomada por motivos raciales. Sin embargo, la Corte Suprema de Misuri desestimó esta opinión y la Corte Suprema de Estados Unidos confirmó la desestimación, con el voto particular discrepante de tres jueces.

En posteriores recursos contra la sentencia condenatoria y la condena, tres de los siete jueces de la Corte Suprema de Misuri discreparon de la decisión de a Corte de mantener la condena a muerte. Dadas las circunstancias del caso, afirmaron que la pena era desproporcionada y debía reducirse a cadena perpetua. Los jueces discrepantes señalaron el carácter «impulsivo» del asesinato de Froemsdorf y lo compararon con el caso de David Tate, supremacista blanco que participó en la preparación de una rebelión armada contra los gobiernos de Estados Unidos y de Misuri. Tate fue declarado culpable de matar en abril de 1985 a un agente de Misuri que le dio el alto cuando transportaba diversas armas automáticas y granadas de mano en una camioneta. Tate, que disparó 11 veces contra el agente e hirió gravemente a otro, fue condenado a cadena perpetua.

Representación insuficiente de los afroamericanos entre los preseleccionados para formar parte del jurado

En agosto de 2000 en Ohlahoma se iba a efectuar la selección del jurado para el juicio penal de una afroamericana acusada de delitos relacionados con las drogas. El abogado defensor protestó formalmente por la existencia de sólo un afroamericano en la lista de personas preseleccionadas para formar el jurado. Además, la fiscalía pensaba recusar a ese único jurado negro por haber estado en contacto con el sistema de justicia penal. La juez estuvo de acuerdo en que era «básicamente injusto» que la acusada no tuviera la oportunidad de que hubiera algún afroamericano en el jurado, y rechazó la preselección. Sin embargo, el estado recurrió ante la Corte de Apelaciones en lo Penal estatal, que sentenció que la juez se había excedido en sus atribuciones y que la composición racial del grupo de preseleccionados debía atribuirse a la casualidad si no había pruebas de que fuera consecuencia de un proceso discriminatorio en la preselección del condado de Oklahoma.State ex rel. Macy v. Bragg. 2000 OK CR 21, 27 de octubre de 2000.

La insuficiente representación de las minorías en las listas de candidatos a formar parte de un jurado es un asunto de constante actualidad en Estados Unidos. Recientemente, un abogado de Pittsburg (Pensilvania) testificó en una vista pública que en los últimos cinco años había representado a más de 20 afroamericanos en juicios civiles que iban desde demandas por injurias a discriminación en el trabajo, pasando por cuestiones de equidad de vivienda, y recordó que «en todos los casos en los que representé en juicio a demandantes afroamericanos en los últimos cinco años, sólo hubo un afroamericano presente en las deliberaciones que determinaron el resultado. De hecho, en la mayoría de los casos el único afroamericano que había en la sala era mi cliente».Testimonio de Timothy O’Brien, citado en Final report of the Pennsylvania Supreme Court Committee on Racial and Gender Bias in the Justice System, febrero 2003, p. 74.En su informe de 2003, el Comité de Pensilvania sobre Discriminación Racial y de Género en el Sistema de Justicia señaló que en la década de los noventa los comités especiales estatales de California, Oregón, Ohio, Nueva York y Nueva Jersey habían dictaminado en diversos casos que las minorías étnicas y raciales estaban representadas deficientemente en las listas de posibles jurados.

Las minorías también pueden estar mal representadas en las listas a candidatos a formar parte de jurados en casos de pena de muerte. Arthur Copeland, afroamericano, fue condenado a muerte por un jurado compuesto íntegramente por blancos en Tennessee en 2000. El juicio se celebró en el condado de Blount, donde el 3 por ciento de la población es afroamericana, pero en el grupo de personas entre las que se seleccionó a su jurado sólo había un uno por ciento de negros (4 de 400).1 in 4 blacks condemned by all-white juries. Tennessean, 27 de julio de 2001.Todd Wessinger, afroamericano, está en el corredor de la muerte en Luisiana. Fue condenado a muerte en 1997 por un jurado compuesto íntegramente por blancos por el asesinato de dos blancos. La lista de candidatos al jurado era de 64 personas, de las que 13 (el 20 por ciento) eran afroamericanas. El juicio se celebró en una jurisdicción de Luisiana, el distrito de East Baton Rouge, en la que el 40 por ciento de la población es negra. En el juicio de Billy Alverson, afroamericano, celebrado en 1997 en Oklahoma, de las 75 personas preseleccionadas para formar el jurado en el condado de Tulsa, sólo 5 (el 6,7 por ciento) eran afroamericanas, y ninguna de ellas terminó siendo jurado. Los afroamericanos son el 10 por ciento de la población adulta del condado de Tulsa. En el juicio de Danny Hooks, también afroamericano, celebrado en 1998 en el condado de Oklahoma, había 4 afroamericanos entre los 65 candidatos a jurados, es decir, el 6 por ciento, frente al 13,5 por ciento de afroamericanos de la población adulta del condado. Los cuatro candidatos negros fueron excluidos durante la selección del jurado, que al final estuvo compuesto por 11 blancos y una persona que se autodescribió como «no blanca», pero que no era afroamericana. Danny Hooks y Billy Alverson siguen en el pabellón de la muerte de Oklahoma. Ramon Sanchez, hispano de 21 años, fue enviado al pabellón de la muerte de Pensilvania en abril de 2003. Sus abogados dijeron que en la apelación probablemente plantearían la representación deficiente de los hispanos en las listas de candidatos a jurado del condado de Lehigh.

Glen McGinnis, afroamericano, fue ejecutado en Texas en enero de 2000 por el asesinato de una mujer blanca, cometido cuando McGinnis tenía 17 años. El grupo de personas entre las que se seleccionó al jurado para su juicio de 1992 estaba compuesto inicialmente por 102 individuos, tres afroamericanos y el resto blancos. Aunque era una representación aproximada de la población del condado de Montgomery en aquella época, los tres negros pidieron que los dispensaran por motivos personales y el juez los descartó. El juez también excusó a 19 de los 33 jurados blancos que lo solicitaron. Así, Glen McGinnis no tuvo ninguna oportunidad de que en su jurado hubiera afroamericanos, pues su abogado defensor se encontró con un grupo de 80 candidatos blancos de entre los que él y el fiscal eligieron a los 12 miembros del jurado.

En el momento en que se redacta este documento, los abogados de Lee Malvo, joven jamaicano de raza negra que será juzgado en Virginia en noviembre de 2003 y puede ser condenado a muerte, parecían decididos a impugnar la representación de las minorías en la lista de personas preseleccionadas para jurados, que preveían insuficiente. El lugar del juicio, el condado de Fairfax, ha abandonado recientemente el sistema de recurrir a los historiales de conducción de vehículos para elaborar la lista de candidatos y utiliza sólo el censo electoral. Según el condado, esto se ha hecho para conseguir una mayor eficacia, pero la defensa de Lee Malvo afirma que el censo electoral no es representativo de la diversidad étnica y racial del condado.Malvo challenges change in jury pool— Sniper suspect’s trial set for November 10. AP, 13 de marzo de 2003. En violación del derecho internacional, los fiscales locales tienen la intención de conseguir la pena de muerte para Malvo, que tenía 17 años cuando se cometió el delito por el que se le acusa (véase más adelante el apartado dedicado a la raza y la justicia de menores). Otra cosa que indica la complicidad del gobierno federal en estas violaciones estatales fue el hecho de que a Lee Malvo lo trasladaran de la custodia federal a la del condado de Fairfax. El fiscal general de Estados Unidos explicó que esto se hacía a fin de poder considerar «la mayor gama de penas disponibles», y añadió que era «imprescindible» que en este caso pudiera recurrirse a «la máxima pena».Comentarios del fiscal general John Ashcroft en la conferencia de prensa del 7 de noviembre de 2002.La legislación federal no permite la ejecución de personas que no tenían 18 años cuando se cometió el delito, pero la del estado de Virginia, sí.

Meryl McDonald y Robert Gordon son ciudadanos jamaicanos de raza negra que están en el pabellón de la muerte de Florida. En 1995, un jurado compuesto íntegramente por blancos los condenó a muerte. Los miembros del jurado fueron seleccionados de entre una lista de 50 personas, todas ellas blancas, en un condado cuya población era afroamericana en un 8 por ciento. Cuando los abogados defensores protestaron, el juez contestó que no podía hacer nada, porque la lista de preseleccionados había sido elaborada al azar por un ordenador, y añadió: «Yo también querría que hubiera afroamericanos en la lista, pero no podemos hacer otra cosa».

Zolo Agona Azania, afroamericano, fue condenado a muerte en 1982 en Indiana por matar a un policía blanco. El jurado estaba compuesto íntegramente por blancos. Azania volvió a ser condenado a muerte en 1996, esta vez por un jurado compuesto por 11 blancos y un hispano (la condena inicial se apeló y fue revocada en 1993). Desde 1980, un programa informático defectuoso que se utilizaba para seleccionar a residentes del condado como candidatos a jurados había excluido a miles de afroamericanos del proceso. En noviembre de 2002, la Corte Suprema de Indiana anuló su condena a muerte, señalando: «Los errores informáticos pueden tener graves consecuencias, y éste es un ejemplo. Debido a la necesidad cada vez mayor de que la opinión pública confíe en la integridad de la pena de muerte [...] el proceso de selección del jurado estaba viciado en su base».Zolo Agona Azania v State. Supreme Court of Indiana, 778 N.E. 2d 1253, 22 de noviembre de 2002.Resulta inquietante que dos de los cinco jueces mantuvieran la condena a pesar de este «fallo informático», ya que pensaban que negar a los afroamericanos la posibilidad de formar parte del jurado de Zolo Agona Azania había sido «inofensivo».Id.Voto particular del juez Shepard, presidente del tribunal, y del juez Dickson.Inquietante, pero tal vez no sorprendente, ya que los tribunales han confirmado las penas de muerte de afroamericanos condenados por jurados de los que, según los indicios, se había excluido a las personas de su misma raza de forma más deliberada.

Los tribunales confirmaron la condena a muerte de Delma Banks durante dos décadas. Luego, 10 minutos antes del momento previsto para su ejecución en Texas, el 12 de marzo de 2003, la Corte Suprema de Estados Unidos le concedió una suspensión para considerar si aceptaba el caso. En el momento en que se redacta este documento, la Corte aún no se ha pronunciado al respecto, y estaba previsto que anunciara su decisión el 21 de abril. Delma Banks, afroamericano condenado en 1980 por el homicidio de una adolescente blanca, fue juzgado por un jurado compuesto íntegramente por blancos tras recusar el fiscal del condado de Bowie a los únicos cuatro afroamericanos de la lista de candidatos a jurado. Un ex fiscal afirmó: «Sencillamente, así era como se hacían las cosas en el sistema de justicia penal del condado de Bowie, era una práctica aceptada en aquella época». Entre el 1 de enero de 1975 y el 30 de septiembre de 1980, los fiscales del estado habían utilizado su derecho a la recusación sin causa para excluir al 94 por ciento de los afroamericanos que podían formar parte de un jurado. Como consecuencia, el 1,8 por ciento de los afroamericanos que podían ser jurados lo fueron en las 37 causas juzgadas durante ese periodo, a pesar de que los afroamericanos eran un 21 por ciento de la población del condado de Bowie. Los fiscales ponían letras que indicaban la raza junto a los nombres de los jurados por ejemplo, «C», «B» o «N» para identificar a los individuos de raza negra. En el caso de los candidatos blancos a jurado no se indicaba nada. El abogado que representó a Delma Banks en su juicio inicial, ex fiscal del condado, no presentó objeción alguna ante la recusación de los cuatro afroamericanos de la lista de candidatos a jurados. Un importante periódico afirmó que el caso de Banks «desde la investigación policial al juicio apestaba a linchamiento».High Court Last Hope For Possibly Innocent Man. Austin-American Statesman, 8 de marzo de 2003.

Los límites de la protección Batson

En el juicio de pena de muerte de Willie McCray, afroamericano acusado de matar a un hombre blanco durante un atraco en Dothan, Alabama, el fiscal hizo uso de su derecho a recusar sin causa a siete afroamericanos durante la selección del jurado. A diferencia de lo que suele ser normal, el jurado definitivo estuvo compuesto por nueve negros y tres blancos. La defensa impugnó las recusaciones del fiscal basándose en que parecían motivadas por la raza y por consiguiente eran inconstitucionales. El fiscal explicó que había eliminado a los negros a fin de evitar un jurado compuesto íntegramente por negros y permitir que hubiera blancos en él. A pesar de esto, la corte denegó la protesta de la defensa y se llevó a cabo el juicio. Willie McCray apeló y en 1998 se le concedió un nuevo juicio por desprenderse claramente de la explicación del fiscal que la raza había sido un factor para eliminar a los negros.McCray v State, 738 So. 2d 911, agosto 1998. El estado trató infructuosamente de que se anulara esta decisión.

No todas las apelaciones de este tipo han tenido tanto éxito. Como ya se ha mostrado, muchos afroamericanos acusados de delitos punibles con la muerte han sido juzgados por jurados compuestos íntegramente o casi íntegramente por blancos tras haber recusado los fiscales a los afroamericanos durante la selección del jurado, y más de 55 han sido ejecutados. En su informe de 1998 sobre Estados Unidos, el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias expresó su temor de que la recusación por parte de los fiscales de candidatos al jurado afroamericanos por motivos raciales parecía tolerarse, a pesar de su inconstitucionalidad. «Como resultado de ello manifestó el relator no es infrecuente que acusados negros sean juzgados ante un jurado integrado en su totalidad o casi en su totalidad por blancos».E/CN.4/1998/68/Add.3, párr.. 86.

Uno de estos acusados fue Harvey Green, ejecutado en Carolina del Norte en 1999 por el asesinato de dos personas de raza blanca. Antes de que se le impusiera la condena en 1984 (se había declarado culpable), la defensa pidió al tribunal que impidiera que el fiscal eliminara sistemáticamente a los negros durante la selección del jurado, como según afirmaba solía hacer. El tribunal denegó la petición. Después, al seleccionar a los miembros del jurado, el fiscal hizo uso de su derecho a recusar sin causa a 5 de los 6 candidatos negros, y sólo a 1 de los 26 candidatos blancos. En una vista celebrada en 1989, un perito testificó que la probabilidad estadística de que la raza no influyera en las actuaciones del fiscal en el caso de Green era de 1 entre 10.000. En 1992, en la nueva vista de determinación de la condena (la condena inicial fue anulada porque al jurado se le dio una instrucción errónea en el juicio de 1984), Harvey Green tuvo el mismo fiscal y, tras el proceso de selección, el jurado acabó formado por un negro y 11 blancos.

Según la decisión de 1986 de la Corte Suprema en la causa Batson v Kentucky, las recusaciones de los candidatos a jurados sólo pueden obedecer a motivos «no raciales». Pero, como escribió después un magistrado de la Corte Suprema, «el mayor fallo del caso Batsones dar por supuesto que los tribunales son capaces de detectar cuándo se recusa a un jurado afroamericano por motivos raciales, [...] lo cual hace que resulte ineficaz, excepto en los casos más obvios de prejuicios raciales».Wilkerson v Texas, 493, U.S. 924 (1990), voto particular del juez Marshall, discrepando de la negación del auto de avocación. Otro juez federal escribió también que le habían preocupado varios casos «en los que la cuestión Batson se ha planteado y se han dado y aceptado excusas superficiales, casi frívolas, para recusaciones de clara motivación racial. Me temo que Batson se está convirtiendo a pasos agigantados en un derecho teórico sin posibilidad de ser ejercido». US v Clemmons, 892 F.2d 1153, US Court of Appeals for the Third Circuit (1989), voto coincidente del juez Higginbotham.A los fiscales les basta con plantear un motivo no racial vagamente verosímil para recusar a un posible miembro del jurado perteneciente a cualquier minoría. En un estudio sobre las recusaciones sin causa en Filadelfia se llegó a la conclusión de que una posible explicación para lo poco frecuentes que son las protestas por discriminación durante la selección del jurado, «a pesar de la evidencia de que la discriminación es una práctica generalizada», es que los abogados «tienen pocas esperanzas en que los tribunales apoyen una protesta por discriminación, aunque se base en pruebas sólidas». Al parecer, de los 24 casos de pena de muerte que analizaron los investigadores en los que parecen haberse presentado protestas de este tipo, los tribunales de apelación no ofrecieron reparación ni en uno solo.David C. Baldus et al. Use of peremptory challenges in capital murder trials: a legal and empirical analysis. 3 U.Pa.J. Const. L. 3, febrero 2001.Otro estudioso ha escrito: «Sólo el abogado más descaradamente discriminatorio o poco político puede recibir el zarpazo sin uñas de Batson, y aun así, se tratará sólo de un arañazo superficial» Leonard L. Cavise, The Batson doctrine: The Supreme Court’s utter failure to meet the challenge of discrimination in jury selection. 1999 Wis. L. Rev. 501.

Kelvin Malone, afroamericano, fue ejecutado en Misuri en 1999 por el asesinato de un hombre blanco. Lo condenó a muerte un jurado compuesto íntegramente por blancos después de que el fiscal hiciera uso de su derecho a la recusación sin causa para excluir a cuatro afroamericanos durante la selección del jurado. La defensa protestó, y el fiscal explicó que a uno de los afroamericanos, una mujer, la había recusado porque había sufrido un atraco a mano armada del que no se había acusado a nadie. Sin embargo, no eliminó a varios blancos que también habían sufrido atracos o robos de los que tampoco se había acusado a nadie. El fiscal afirmó que a otro de los jurados negros lo había recusado porque parecía conocido y era hijo de un pastor religioso. Un juez de una corte federal, discrepando de la condena a muerte, consideró que la afirmación de familiaridad del fiscal tenía «poca o ninguna base», y señaló que no había recusado a un jurado blanco que había sido sacerdote durante siete años.Malone v Vasquez, Eighth Circuit Court of Appeals, No 96-1613, (1998), voto particular del juez Heaney.Este jurado blanco fue el presidente del jurado en el juicio de Malone.

Michael Sexton, afroamericano, fue ejecutado en Carolina del Norte el 9 de noviembre de 2000 por el asesinato, en 1991, de Kimberly Crews, blanca. Lo condenó a muerte un jurado de 11 blancos y un negro. La fiscalía había recusado sin causa a los otros cuatro afroamericanos de la lista de candidatos a jurados. Al pedirle que explicara su actuación, el fiscal afirmó que uno de los afroamericanos no le había mirado a los ojos y «no era directo», otro «no era maduro», como podía deducirse por «su forma de vestir» y porque llevaba un pendiente, y el otro era un «pleiteador», ya que había sido testigo de un accidente que originó un pleito.

Willie Fisher, afroamericano, fue juzgado por un asesinato cometido en 1992 ante un jurado de Carolina del Norte también compuesto por 11 blancos y un negro. Durante la selección del jurado, el fiscal recusó sin causa a tres afroamericanos. Ante la protesta de la defensa, el fiscal explicó sus motivos: uno de los candidatos era pintor de brocha gorda, y los que se dedican a esta profesión suelen tener antecedentes penales, otro no atendió durante la selección del jurado y el tercero había estudiado psicología y sociología en la universidad y mostraba una «actitud liberal». El fiscal buscaba jurados «conservadores». Willie Fisher fue ejecutado en marzo de 2001.

Cuando Brian Roberson tenía 10 años, su padre murió apuñalado en una tienda de comestibles por un hombre blanco que estaba drogado. El hombre se entregó a la policía, fue condenado a 13 años de cárcel y, según los informes, quedó en libertad tras cumplir tres. En agosto de 2000, a los 36 años, Brian Roberson fue ejecutado por matar a puñaladas en su domicilio a sus vecinos, unos ancianos de raza blanca. Tras su detención, Roberson, afroamericano de 22 años, admitió haber matado a la pareja tras haber consumido PCP (fenciclidina) y alcohol. En la selección del jurado para el juicio de Roberson en Texas, el fiscal del condado de Dallas, formado en una época en que el condado utilizaba un manual donde se animaba a los nuevos fiscales a que eliminaran a las «razas minoritarias» durante la selección del jurado (véase infrael caso de Miller-El), recusó sin causa a todos menos uno de los negros seleccionados para ejercer de jurados. Al objetarle su aparente uso discriminatorio de las recusaciones sin causa, el fiscal indicó que los negros que contestaban a una pregunta de determinada manera no tenían el nivel de inteligencia necesario para formar parte de un jurado, e hizo alusión a los niveles educativos más bajos de los afroamericanos.

La ejecución de Abu-Ali Abdur’Rahman está prevista para el 18 de junio de 2003 en Tennessee. Como ya hemos señalado, muchos acusados negros han sido condenados a muerte por jurado compuesto íntegramente por blancos en Tennessee. El jurado que condenó a muerte a Abu-Ali Abdur’Rahman, también afroamericano, estaba compuesto por 11 blancos y un negro, en un condado cuya población en aquel momento tenía aproximadamente un 23 por ciento de afroamericanos. Los abogados de la apelación afirman que la fiscalía recusó sin causa a los candidatos afroamericanos a miembros del jurado a causa de su raza. En las notas de la fiscalía para la selección del jurado se clasificaba a los candidatos a jurados, en una escala de 1 a 4, en función de la probabilidad de que favorecieran el punto de vista del estado en el caso. También se anotaba la raza de cada candidato. Uno de los candidatos negros fue eliminado a pesar de que lo clasificaban tan favorable a los intereses del estado como otros cinco blancos a los que se eligió como jurados. Cuando se cuestionaron sus motivos para la recusación, la fiscalía alegó como motivos «no raciales» que el candidato negro daba «la sensación de ser una persona inculta y poco comunicativa». La fiscalía no había tomado notas al respecto sobre este jurado. Sí lo había hecho sobre uno de los candidatos blancos, al que había calificado de «bobo» y «no muy inteligente», y que sí fue seleccionado para integrar el jurado.

Uno de los motivos de la recusación de otro jurado negro por la fiscalía era que daba «respuestas crípticas y breves» y «no miraba a los ojos». Al menos dos candidatos blancos que según las notas de la fiscalía eran poco comunicativos o tenían dificultades para responder a las preguntas fueron seleccionados. Un juez de la Corte Suprema de Tennessee escribió en 2002: «El tipo de respuestas [de los candidatos negros] era comprensible [...] si se tiene en cuenta la longitud y complejidad de las preguntas que hacía la fiscalía, algunas de las cuales ocupaban un párrafo o más en el sumario». El juez cuestionó, dado el trato aparentemente distinto que daba el estado a los diferentes candidatos a jurados, si las razones aducidas para eliminar a este candidato negro eran «sinceras o meros pretextos». Pero el recurso fue desestimado por mayoría.Abdur’Rahman v State, No Mi988-00026-SC-DPE-PD, voto particular del juez Birch, discrepando de la desestimación del recurso, 2002.

Exclusión de jurados pertenecientes a minorías cuando el acusado no es negro

Acusados pertenecientes a otras minorías han sido juzgados por jurados compuestos íntegramente por blancos. Randolph Reeves, indígena, fue juzgado ante un jurado así en Nebraska, y condenado a muerte. En 2001 fue condenado a cadena perpetua tras pasar dos décadas en el pabellón de la muerte y estar a punto de ser ejecutado en 1999. Ramon Mata, hispano, murió en el pabellón de la muerte de Texas en julio de 2000 tras pasar 15 años condenado a muerte por un jurado compuesto íntegramente por blancos, seleccionado tras acordar la fiscalía y la defensa eliminar a los ocho candidatos negros a miembros del jurado. Rudy Esquivel, también hispano, fue condenado a muerte por un jurado de blancos y ejecutado en Texas en 1986. El 19 de marzo de 2003, el hispano Noel Montalvo fue condenado a muerte por un jurado de blancos en el condado de York, en Pensilvania.Killer gets death. The York Dispatch, 20 de marzo de 2003.

Tuan Anh Nguyen, ex refugiado vietnamita enfermo mental, fue ejecutado en Oklahoma el Día de los Derechos Humanos de 1998. En su juicio, la fiscalía había recusado sin causa a tres afroamericanos durante la selección del jurado. Al ser cuestionado sobre el particular, el fiscal afirmó que uno de los candidatos negros no había prestado atención durante el interrogatorio de otros candidatos, el segundo no era un buen comunicador y el tercero había sido acusado falsamente de un delito y por tanto podía tener prejuicios contra el estado. En la apelación se aceptó que estos motivos no eran raciales.

El ciudadano paquistaní Mir Aimal Kasi fue ejecutado en Virginia el 14 de noviembre de 2002. Secuestrado por agentes estadounidenses en Pakistán, fue juzgado en 1997 ante un jurado compuesto íntegramente por blancos por el asesinato de un agente de la CIA en 1993.Que no se envíe a nadie a la ejecución: La pena de muerte en Estados Unidos como barrera frente a la extradición (Índice AI: AMR 51/171/2001/s, 29 de noviembre de 2001). Al parecer, el único candidato a jurado que no era de raza blanca, una mujer, fue excluida por el estado durante la selección porque, en palabras del fiscal, «era la única de toda la lista de preseleccionados que no había leído ni oído nada del caso. Temo que alguien así viva fuera del mundo real, y por eso la excluí». La Corte Suprema de Virginia aceptó que «excluir a un jurado por no haber ni siquiera leído ni oído nada sobre un caso muy nombrado es evidentemente un motivo no racial». Antes, la defensa había intentado sin éxito que se cambiara el lugar del juicio alegando que las informaciones «incendiarias e inexactas» aparecidas en los medios de comunicación locales antes de su celebración habrían predispuesto a los jurados.Kasi v Commonwealth, Virginia Supreme Court, 6 de noviembre de 1998.

También hay casos en que se juzga a acusados blancos ante jurados compuestos íntegramente por blancos tras ser eliminados los candidatos no blancos durante la selección. Larry Moon, blanco, fue ejecutado en Georgia el 25 de marzo de 2003. En la apelación, un juez de Georgia sentenció que el fiscal había actuado con intención discriminatoria al eliminar al único candidato negro durante la selección del jurado. Sin embargo, el fallo fue anulado por la Corte Suprema del estado.

En 1991, la Corte Suprema de Estados Unidos, en Powers v Ohio, amplió la decisión de la causa Batson para que se aplicara a la exclusión de jurados por motivos de raza, aunque no fueran de la misma raza que el acusado. Jay Wesley Neill, blanco, fue ejecutado en diciembre de 2002. Había sido condenado a muerte por un crimen cometido en 1984, cuando tenía 19 años. Las víctimas eran blancas. Al volver a ser juzgado en 1992, todos los afroamericanos fueron eliminados durante la selección del jurado. Ante la objeción del abogado defensor, el fiscal del condado de Comanche adujo las siguientes razones para explicar sus recusaciones sin causa de los afroamericanos: a uno de ellos, una mujer, la había eliminado porque «desconfiaba de sus estrechos vínculos religiosos» (su marido era sacerdote), por que era maestra de escuela y «los maestros históricamente [...] suelen ser indulgentes», porque su austeridad en el vestir le hacía sentirse incómodo y porque asintió con la cabeza firmemente cuando se habló de la cuestión de las pruebas necesarias para emitir un veredicto de culpabilidad. La fiscalía eliminó a otro de los afroamericanos, también mujer, por su expresión dura, por no mirar a los ojos al fiscal y por su forma de actuar «independiente y altanera». Un tercer candidato negro fue eliminado por haberse retirado del ejército con una graduación relativamente baja, proceder de una gran área urbana donde los homicidios son frecuentes y parecer que se tomaba el juicio a la ligera. El tribunal del juicio y la Corte de Apelaciones en lo Penal de Oklahoma aceptaron estas razones como legítimas y no raciales para recusar a los jurados.

Jay Wesley Neill, homosexual, fue sometido a otra forma de discriminación en su juicio. Al argumentar a favor de su ejecución, el fiscal dijo al jurado: «Quiero que piensen brevemente sobre el hombre al que están juzgando y cuyo castigo adecuado están determinando [...] Quisiera examinar algunos aspectos que en mi opinión representan verdaderamente a la persona, el tipo de persona que es. Es un homosexual. Olvídense de Jay Neill. La persona a la que están juzgando, la que están decidiendo si vivirá o morirá es un homosexual declarado [...] Pero éstos son aspectos a considerar al determinar el tipo de persona que están juzgando [...] Esta persona es homosexual». El veredicto del jurado fue pena de muerte.En 2001, la Corte de Apelaciones del Décimo Circuito ratificó la condena a muerte. Uno de los tres jueces, Carlos Lucero, discrepó, argumentando: «la actitud abiertamente homófoba del fiscal en la fase de imposición de condena no tiene cabida en los tribunales de una sociedad civilizada». Los juieces del Décimo Circuito acordaron reconsiderar su decisión, pero volvieron a ratificar la condena a muerte por 2 votos a favor y uno en contra. Esta vez, la mayoría reconoció que elfiscal había hecho comentarios «indebidos» y sin «ninguna justificación legítima», pero decidió que no habían afectado al resultado del juicio. El juez Lucero volvió a discrepar, preguntando: «¿Qué es lo que hace que los comentarios sean algo más que simplemente indebidos? Como sabe cualquier fiscal, los gays y las lesbianas siempre son objeto de injustos prejuicios en todos los sectores sociales [...] El acusado, homosexual declarado, se encuentra en situación desventajosa desde el principio del proceso. Cuando un fiscal indica al jurado que determine si el acusado es culpable o inocente o si debe vivir o morir basándose en prejuicios homófobos, esa desventaja aumenta exponencialmente y plantea problemas constitucionales. Y esto es así porque los fiscales ocupan una posición de confianza, y sus alegatos pesan mucho en los jurados. La justificación de estas observaciones era sin duda ilegítima».

Panorama en Pensilvania

Aun en los casos en que hay pruebas sustanciales de que puede haber habido discriminación racial durante la selección del jurado, el estado trata de que se mantenga la sentencia condenatoria y la condena a muerte. William Basemore fue condenado a muerte en Pensilvania por un jurado compuesto íntegramente por blancos tras recusar sin causa el fiscal a 19 afroamericanos de la lista de candidatos a jurados. En el año que se celebró el juicio de William Basemore, 1987, ese mismo fiscal había grabado un vídeo de una clase de formación sobre selección de jurados que había impartido. En la grabación se aprecia el uso de tácticas racistas de selección de los miembros del jurado. Por ejemplo, el fiscal denigra el objetivo de la selección de jurados conseguir un jurado competente, justo e imparcial calificándolo de «ridículo». Además, advierte de que «los negros de zonas con bajos ingresos son menos dados a declarar culpable al acusado», y por tanto, «son personas que no conviene tener en el jurado». Y añade: «Las mujeres negras, las jóvenes negras, son muy malas [...] Supongo que tal vez porque están doblemente oprimidas, pertenecen a dos minorías: son mujeres y son negras [...]».

Durante las apelaciones de William Basemore, que se vieron en 1999, el estado reconoció la existencia de del vídeo de formación y el hecho de que no se había hecho público hasta 1997, pero argumentó que su contenido no demostraba discriminación en el caso concreto de Basemore y que tanto la sentencia condenatoria como la pena de muerte debían mantenerse. Sin embargo, en diciembre de 2001, 14 años después de ser condenado a muerte, a William Basemore se le concedió un nuevo juicio.

El juicio de William Basemore se celebró en el condado de Filadelfia. El Comité de Pensilvania sobre Discriminación Racial y de Género en el Sistema de Justicia señaló en su informe de marzo de 2003 que este condado se ha investigado a fondo: «Tras controlar la gravedad del delito y otros factores que no tienen que ver con la raza, los investigadores concluyeron que el porcentaje de acusados afroamericanos condenados a muerte era significativamente superior que el de no afroamericanos cuyas circunstancias eran similares. Otra de las conclusiones de los investigadores fue que un tercio de los afroamericanos condenados a muerte en el condado de Filadelfia habrían sido condenados a cadena perpetua de no haber sido afroamericanos. La raza se reveló también un factor decisivo en la selección de los jurados en casos de pena de muerte: los fiscales recusaban al doble de afroamericanos que de no afroamericanos, y los defensores hacían justo lo contrario [...]». Un estudio publicado en 1998 concluyó que los resultados de Filadelfia y también los de Nueva Jersey «indican que el problema de la arbitrariedad y la discriminación en la administración de la pena de muerte es una cuestión que sigue siendo preocupante, y no se limita a las jurisdicciones sureñas».David C. Baldus et al. Racial discrimination and the death penalty in the post-Furman era: An empirical and legal overview, with recent findings from Philadelphia. Cornell L. Rev, Vol 83, 1998.

Un estudio sobre el uso de las recusaciones sin causa en 317 casos de asesinato en los que podía aplicarse la pena de muerte juzgados en Filadelfia entre 1981 y 1997 llegó a la conclusión de que la decisión Batsonno había sido especialmente positiva a la hora de detener el uso discriminatorio de las recusaciones sin causa y que «sólo es probable que se produzca una actuación judicial correctiva en las circunstancias más extremas». Según el estudio, en los juicios en Filadelfia la ventaja comparativa de la fiscalía a la hora de influir en la composición del jurado provocaba «una representación insuficiente de los jurados negros, que, por término medio, tenían más tendencia a condenar a cadena perpetua que los no negros». Este factor parece contribuir al «aumento de la proporción de penas de muerte, especialmente en los casos en que el acusado es negro».David C. Baldus et al. Use of peremptory challenges in capital murder trials: a legal and empirical analysis. 3 U.Pa.J. Const. L. 3, febrero 2001.

Mumia Abu-Jamal, afroamericano, fue condenado a muerte en 1982 en Filadelfia por el asesinato de un policía blanco en 1981. En el juicio, la fiscalía utilizó 11 de sus 15 opciones de recusar sin causa para eliminar del jurado a afroamericanos. El jurado de Mumia Abu-Jamal incluidos los cuatro reservas estuvo formado por 14 blancos y 2 negros, en un condado cuya población en aquel momento era afroamericana en un 40 por ciento.See Mumia Abu-Jamal: Una vida en juego(Índice AI: AMR 51/01/00/s, febrero 2000).A 2 de marzo de 2003 eran 133 las personas del pabellón de la muerte de Pensilvania que habían sido juzgadas en el condado de Filadelfia. Una de ellas era Mumia Abu-Jamal. El 85 por ciento de ellas eran afroamericanos. Actualmente la población del condado es del 45 por ciento de blancos y el 43 por ciento de negros. En marzo de 2003, en toda Pensilvania había 242 personas en el pabellón de la muerte, de las que 151 (el 62 por ciento) eran afroamericanos. La población del estado está compuesta por un 85 por ciento de blancos y un 10 por ciento de negros, aproximadamente.

Presunta coacción racial en la sala del jurado

La mayoría blanca de un jurado a veces hace cosas increíbles para «animar» a los miembros del jurado negros partidarios de la cadena perpetua a votar pena de muerte. En algunos casos la persuasión incluye manipulación e intimidación.

Investigación basada en entrevistas con jurados en casos de pena de muerteWilliam J. Bowers et al., Sentencing in black and white: An empirical analysis of the role of jurors’ race and jury racial composition. 3 U. Pa. J. Const. L. 171, febrero 2001.

Muchos acusados, entre ellos afroamericanos, han sido juzgados por jurados compuestos por 11 blancos y un negro. Por lo que se sabe, en estos casos la tensión racial puede contaminar las deliberaciones del jurado. La ejecución de David Jay Brown, blanco, se había fijado para el 27 de marzo de 2003 en Oklahoma, pero le concedieron una suspensión. Juzgado por un jurado de 11 blancos y un negro, el único miembro afroamericano del jurado firmó más tarde una declaración jurada en la que afirmaba que, en un marco de gran carga racial, había votado pena de muerte sólo para aplacar a los jurados blancos y no enemistarse con la comunidad.

Walanzo Robinson, negro, fue ejecutado en Oklahoma el 18 de marzo de 2003 por un crimen cometido cuando tenía 18 años. También en este caso el jurado estuvo compuesto por 11 blancos y un negro. Las investigaciones realizadas por la defensa después de que lo declararan culpable revelaron que el único miembro negro del jurado no hubiera querido condenarlo a muerte. Esta jurado dijo al investigador que los otros miembros del jurado la habían intimidado mental y físicamente por ser la única que no votaba a favor de la pena capital y que habían dicho que era «una negra ayudando a otro negro»y que «el jurado no iba a salir de la sala sin una condena a muerte». Tras ocho horas de soportar esta presión, cedió y votó pena de muerte porque, según dijo, estaba «cansada de la hostilidad y la crueldad de los otros miembros del jurado». Otro investigador de la defensa firmó una declaración jurada en la que afirmaba haber hablado con el presidente del jurado y que éste presuntamente le había confirmado que la mujer afroamericana había sido el único miembro del jurado que no quería votar pena de muerte y él había sido uno de los que la habían presionado hasta que cambió de opinión.

No es la primera vez que se ha denunciado en Estados Unidos la coacción racista de un miembro del jurado negro por los miembros blancos. William Hance, negro, fue ejecutado en Georgia en 1994. El único miembro negro de su jurado afirmó posteriormente que no hubiera votado a favor de que lo condenaran a muerte, pero que el resto del jurado había decidido presentar al juez un veredicto unánime de ejecución. La jurado negra afirmó que la se había sentido demasiado intimidada por la conducta y el racismo de los miembros del jurado para protestar. El afroamericano Louis Truesdale fue ejecutado en Carolina del Sur en 1998. El único jurado negro, una mujer, afirmó más tarde que hubiera querido votar cadena perpetua, pero se había sentido intimidada por el racismo de la sala de deliberaciones y había votado pena de muerte.

El afroamericano Louis Jones, preso del pabellón de la muerte federal condenado por el asesinato de una blanca, fue ejecutado el 18 de marzo de 2003. Tras su juicio, celebrado en 1995, dos mujeres miembros del jurado denunciaron que en la sala de deliberaciones había habido una confusión debido a una instrucción errónea del juez. Las dos mujeres hubieran querido votar cadena perpetua. Una de ellas, la única miembro negra del jurado, fue objeto de una especial presión por parte de la mayoría. Finalmente cambió su voto, y la otra mujer la siguió. Cuando la Corte Suprema de Estados Unidos confirmó la condena a muerte de Louis Jones en 1999, cuatro de los nueve jueces discreparon. Dijeron que el juez había informado mal al jurado y que existía al menos una probabilidad razonable de que esto hubiera contaminado las deliberaciones. Tal vez la raza también las había contaminado.

Jurados en casos de pena de muerte: ¿la voz de la comunidad?

En una opinión emitida en 2002 sobre los juicios con juez o con jurado en la primera fase de los casos de pena de muerte, un magistrado de la Corte Suprema de Estados Unidos escribió sobre los problemas que provocaba el hecho de que Estados Unidos conservara la pena de muerte, incluido su nulo poder disuasorio, el riesgo que suponía para los acusados que eran inocentes, la influencia de factores raciales y socioeconómicos en la sentencia, el sufrimiento del preso que pasa años en un pabellón de la muerte, la falta de una asistencia letrada adecuada en los casos de pena de muerte y las tendencias mundiales respecto a la pena capital. Según este magistrado: «El peligro de imponer injustificadamente la pena no puede evitarse salvo que la decisión de imponer la pena capital sea tomada por jurado, y no por un solo funcionario».Ring v Arizona, 000 US 01-488 (2002), opinión concurrente del juez Breyer.Dicho de otra forma: un jurado puede reflejar mejor que un juez la opinión de la comunidad en cuanto a los problemas que se atribuyen a la pena de muerte.

En Estados Unidos, los candidatos a jurados que afirman que condenarían automáticamente a la pena capital o aquellos cuya absoluta oposición a la pena de muerte les impediría votar a favor de una ejecución son rechazados «con causa» durante la selección. Por ejemplo, en 1998, en el juicio en Luisiana de Jessie Hoffman, afroamericano acusado del asesinato de una mujer blanca, el fiscal recusó «con causa» a uno de los candidatos negros al jurado por haber manifestado su oposición inequívoca a la pena de muerte. El fiscal también recusó, esta vez sin causa, a los otros dos únicos afroamericanos, y el jurado quedó constituido íntegramente por blancos. A la protesta por estas dos recusaciones, el fiscal contestó que uno de los dos afroamericanos se había mostrado indeciso sobre la pena de muerte. Al preguntarle si podría votar a favor de una condena a muerte, había contestado: «Creo que podría, sí», pero sólo tras «conocer los hechos» del caso. Según el fiscal, la recusación del último posible jurado negro se debió a que su lenguaje corporal «no correspondía al de una persona con capacidad de decisión». Se aceptó que éstos eran «motivos no raciales».

En tanto en cuanto a ciertos miembros de la comunidad se les excluye del jurado, bien como consecuencia de aplicar la ley que establece que las personas que se oponen a la pena capital no pueden formar parte del jurado en un caso de pena de muerte, bien como resultado de tácticas de la fiscalía o bien porque las minorías no están suficientemente representadas en las listas de candidatos, no puede decirse que el jurado representa a la comunidad. El relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de las Naciones Unidas escribió en 1998 sobre los juicios de pena de muerte en Estados Unidos: «Quienes se opongan a [la pena capital] serán probablemente retirados del grupo de posibles jurados. Muchos miembros de grupos minoritarios se oponen a la pena capital, ya que ésta ha sido utilizada de manera desproporcionada contra miembros de sus respectivas comunidades [...] difícilmente puede estar la comunidad representada si quienes se oponen a la pena capital o tienen reservas al respecto parecen ser privados sistemáticamente de la posibilidad de prestar servicio como jurados».E/CN.4/1998/68/Add.3, párrs. 88-89.

Emmett Taylor, afroamericano, fue condenado a muerte en 1998 por un jurado de Luisiana formado por 11 blancos y un negro en una jurisdicción cuya población era afroamericana en un 23 por ciento. La fiscalía había recusado sin causa a cuatro negros durante la selección del jurado. Ante la protesta por estas recusaciones, el fiscal explicó que a uno de los afroamericanos lo había rechazado porque era sacerdote y añadió: «Creo que un sacerdote será más indulgente en la fase de determinación de la condena». La Corte Suprema de Luisiana sentenció que la recusación de este posible jurado por sus creencias religiosas había sido válida.

Un rayo de esperanza en un caso con influencia de la raza

Una de las principales objeciones al funcionamiento de la pena de muerte en este país es que se aplica de forma desigual, especialmente contra acusados negros y pobres.

Juez federal, 2001.Riley v Taylor, No 98-9009, US Court of Appeals for the Third Circuit, opinión discrepante del juez Sloviter. Este juez se opuso a la decisión de sus dos colegas de rechazar la apelación de James Riley, afroamericano a quien un jurado compuesto íntegramente por blancos envió al pabellón de la muerte de Delaware por matar a un blanco durante un atraco. El caso fue visto más tarde por la Corte en su totalidad, que concedió a Riley un nuevo juicio, donde también se verían las pruebas de que el fiscal había rechazado a candidatos negros al jurado por su raza.

La Ley contra el terrorismo y por una pena de muerte eficaz (1996) restringió de forma inaudita la revisión en los tribunales federales de las condenas dictadas por los tribunales estatales en causas penales. Así, los presos condenados a muerte encuentran más obstáculos a la hora de argumentar ante un tribunal federal que sus derechos constitucionales han sido violados a nivel estatal. Afortunadamente, el 25 de febrero de 2003, la Corte Suprema de Estados Unidos advirtió a los tribunales inferiores de que «aun en el contexto de la apelación federal, la deferencia [a los tribunales estatales] no implica el abandono o la renuncia de la revisión judicial»,Miller-El v Cockrell, 537 U.S. ___ (2003). decisión tomada como resultado de la denuncia de discriminación racial presentada por Thomas Miller-El, afroamericano condenado a muerte en Texas por el asesinato de un blanco en 1985.

Hay importantes indicios de que en el momento del juicio de Miller-El, los fiscales del condado de Dallas aplicaban tácticas racistas para la selección de miembros del jurado que excluían a aproximadamente el 90 por ciento de los posibles miembros para conseguir jurados totalmente o casi totalmente blancos. En una vista celebrada antes del juicio de 1986, varios abogados y jueces de Dallas testificaron que los fiscales del condado siempre excluían a los afroamericanos durante la selección de los jurados. Un estudio llevado a cabo por el Dallas Morning Newsen 1986 reveló que Miller-El era uno de los 15 hombres condenados a muerte en el condado de Dallas entre 1980 y 1986. De las 180 personas que fueron miembros de los jurados de sus juicios, sólo 5 eran afroamericanos. Utilizando recusaciones sin causa, los fiscales excluyeron a 56 de los otros 57 afroamericanos que podrían haber sido jurados. En 5 de los 15 casos, el acusado era negro. Todos ellos, salvo Miller-El, habían sido juzgados por jurados compuestos íntegramente por blancos. En el jurado de Miller-El hubo un jurado negro, tras recusar sin causa el fiscal a 10 de los 11 afroamericanos candidatos. El único afroamericano aceptado en el jurado fue un hombre que dijo de la ejecución: «Es demasiado rápida. No sienten dolor [...] Cubrirlos de miel y ponerlos sobre un hormiguero, a eso lo llamo yo castigo».

En la década de los sesenta circulaba por el condado de Dallas un tratado sobre selección de jurados elaborado por un fiscal jefe en el que instruía así a los fiscales: «No acepten en el jurado judíos, negros, italianos, mexicanos ni ningún miembro de una raza minoritaria». El manual de formación de fiscales escrito por un ayudante del fiscal del distrito del condado de Dallas en 1969 y muy utilizado en el condado hasta entrada la década de los ochenta advertía contra la selección de jurados de razas minoritarias, personas con «dolencias físicas» y judíos porque «suelen identificarse con el acusado». El fiscal encargado de la selección del jurado en el juicio de Thomas Miller-El, que se autodenominaba «especialista en la selección de jurados», se incorporó a la fiscalía del distrito del condado de Dallas en 1973 y aprendió su oficio en un momento en que este manual se utilizaba habitualmente como herramienta de formación de nuevos fiscales.

A pesar de estos indicios, la condena a muerte de Thomas Miler-El se mantuvo durante más de 15 años de apelaciones. En su decisión del 25 de febrero de 2003, tomada por 8 votos a favor y uno en contra, la Corte Suprema de Estados Unidos no analizó los méritos de su denuncia de discriminación, sino que afirmó que Miller-El había presentado pruebas suficientes para justificar una vista y que la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito se había equivocado al rechazar su apelación. Por ejemplo, la Corte Suprema señaló que a los posibles jurados del juicio se les había «interrogado de forma diferente» según su raza (y criticó la «interpretación forzada y desdeñosa» que habían hecho los tribunales inferiores de las pruebas presentadas en apoyo de este hecho), que la insistencia por parte de la fiscalía en lograr que se «barajara» a los posibles jurados planteaba «la sospecha de que el estado trataba de excluir a del jurado a los afroamericanos»,En Texas, la fiscalía o la defensa pueden pedir que se «baraje» al jurado, es decir, se modifique el orden en que los posibles miembros del jurado se sientan para ser interrogados. Esto afecta a la composición del jurado, ya que, al acabar la semana, todo candidato que no haya sido interrogado queda eliminado, y la semana siguiente se sienta un nuevo jurado potencial. En el juicio de Miller-El, al menos en dos ocasiones la fiscalía solicitó que se barajara a los candidatos cuando delante predominaban los afroamericanos a los que, por tanto, se interrogaría primero.y que «la cultura de la fiscalía de distrito [del condado de Dallas] era de discriminación de los afroamericanos durante la selección del jurado». Los magistrados añadieron: «Aunque supongamos que los fiscales del caso de Miller-El no formaran parte de esta cultura de discriminación, las pruebas indican que no la ignoraban. Ambos fiscales se incorporaron a la fiscalía cuando los fiscales recibían formación oficial para excluir a las minorías de los jurados. La suposición de que la raza fue un factor influyente podría reforzarse por el hecho de que los fiscales indicaban la raza de cada posible jurado en las fichas de éstos».

Aunque Thomas Miller-El aún podría perder la apelación, incluso tras la vista, y por tanto volver a enfrentarse a ser ejecutado, es de esperar que las palabras de la Corte Suprema influirán en que el resultado sea positivo y haya un nuevo juicio en el que no se cometa Discriminación racial.

El sistema de indultos no es infalible

El indulto es lo que subsana los errores de nuestro sistema de justicia penal. Es un hecho inalterable que nuestro sistema judicial, como los seres humanos que lo administran, es falible.

Corte Suprema de Estados Unidos.Herrera v Collins, 506 U.S. 390 (1993).

En el momento en que se redacta este informe, uno de los presos que tiene más cerca su fecha de ejecución en California es Stanley “Tookie” Williams, afroamericano condenado a muerte en 1981 por cuatro asesinatos durante un atraco. Williams, uno de los fundadores de la banda callejera Los Angeles Crips, fue juzgado ante un jurado compuesto íntegramente por blancos. El fiscal, que había recusado al único afroamericano de la lista de posibles jurados y comparó a Williams con «un tigre en un zoológico» en su alegato final ante el jurado, había sido amonestado por algunos tribunales por utilizar tácticas racistas en la selección del jurado y lenguaje incendiario en lo referente a la razaAmicus Brief of American Civil Liberties Union of Northern California et al, en www.aclunc.orgLa Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos confirmó la condena a muerte en septiembre de 2002, aunque destacó «la candidatura de Williams al premio Nobel de la paz en 2001 por sus encomiables esfuerzos contra la violencia de bandas desde su celda» y afirmó que «sus buenas obras y sus logros podrían hacer de él un buen candidato» al indulto del gobernador de California.Williams v Woodford, US Court of Appeals for the Ninth Circuit, 10 de septiembre de 2002. De las 10 personas ejecutadas en California desde 1977, 8 fueron condenadas por la muerte de un blanco y ninguna por la de un negro. El único afroamericano ejecutado desde que se reanudaron los homicidios judiciales fue Manuel Babbitt, condenado a muerte por el asesinato de una mujer blanca por un jurado compuesto íntegramente por blancos. Su abogado en el juicio, de raza blanca, al parecer tenía prejuicios raciales contra los negros, y no entrevistó a testigos afroamericanos ni protestó por las recusaciones de jurados negros que hizo el fiscal. Manuel Babbitt fue ejecutado en 1999.

La facultad de indultar no está restringida por normas que rigen la pertinencia y la admisibilidad de las pruebas y que pueden limitar el alcance de los tribunales. Existe precisamente para compensar situaciones en las que el poder judicial no puede o no está dispuesto a tener en cuenta ciertas pruebas.

El 2 de octubre de 2001, el gobernador de Carolina del Norte, Mike Easley, conmutó al pena de muerte de Robert Bacon tres días antes de la fecha fijada para su ejecución. Sus abogados habían planteado graves quejas de discriminación racial. Robert Bacon había sido condenado a muerte por un jurado compuesto íntegramente por blancos en 1987. En 1990, la Corte Suprema del estado anuló la condena. En un nuevo juicio de 1991 volvió a ser condenado por un jurado blanco, en un condado con aproximadamente un 20 por ciento de población afroamericana. Antes del juicio de 1987, el abogado de Bacon había intentado sin éxito impedir que el estado excluyese a los afroamericanos del jurado, aduciendo la «discriminación sistemática» que ejercía el fiscal en las selecciones de jurados en juicios de pena de muerte. La abogada que representó a Bacon en la apelación entrevistó a miembros del jurados del juicio de 1991 y a un jurado suplente del primer juicio de 1987. En declaración jurada, la abogada afirmo que dos de los jurados de 1991 afirmaron que durante las deliberaciones se hizo referencia a la raza de Bacon y a su relación con una mujer blanca. El jurado suplente recordó que los miembros del jurado hacían «chistes» racistas durante el juicio de 1987. En mayo de 2001, una mujer que había sido miembro del jurado del nuevo juicio de 1991 firmó una declaración jurada apoyando el indulto. Esta persona recuerda que a algunos miembros del jurado les parecía mal que un hombre negro saliera con una mujer blanca y pensaban que los negros cometen más delitos y es típico de ellos estar implicados en un delito. Algunos jurados creían categóricamente que, como Bacon era negro, «tenía lo que se merecía». A pesar de ello, la condena a muerte de Robert Bacon se mantuvo durante todo el proceso de apelación, y el acusado dependía del indulto.

Sin embargo, como ya se ha visto a lo largo del informe, a numerosos presos que han presentado sólidas peticiones de conmutación se les ha negado el indulto. Por ejemplo, Abdullah Hameen, afroamericano, fue ejecutado en Delaware en mayo de 2001, a pesar de que la Junta de Indultos consideró que estaba verdaderamente arrepentido y que sus esfuerzos para mantener a jóvenes en situación de riesgo lejos del delito, las armas y las drogas eran encomiables. Oliver Cruz, hispano, condenado por la violación y el asesinato de una mujer blanca, fue ejecutado en Texas el 9 de agosto de 2000, a pesar de que se presentaron pruebas sobre su retraso mental. La persona acusada del mismo crimen junto con Cruz, de raza blanca, se declaró culpable y testificó contra él, a cambio de lo cual evitó la pena de muerte y fue condenada a cadena perpetua. Ernest Carter, afroamericano, fue ejecutado en diciembre de 2002 en Oklahoma, a pesar de que la Junta de Indultos había recomendado por unanimidad que se conmutara la pena, ya que su culpabilidad estaba en duda y el estado no había pedido pena de muerte para el coacusado.

Un ejemplo donde la política de «mano dura contra el delito» parece haber interferido con la decisión de conceder el indulto es el caso de Brian Baldwin, ejecutado en Alabama en junio de 1999. Veintiséis miembros del Comité Negro del Congreso de Washington D.C. pidieron al gobernador Siegelman de Alabama que detuviera la ejecución de Brian Baldwin «en vista de la evidencia de una discriminación racial sistemática en su caso». El ex presidente estadounidense Jimmy Carter escribió al gobernador instándole a conmutar la pena basándose en «la existencia de claros motivos para cuestionar su culpabilidad en el asesinato» y en que «sin duda los prejuicios raciales fueron un factor significativo, tanto en el juicio como en la condena a muerte». Brian Baldwin, afroamericano, había sido declarado culpable en 1977 del asesinato de una niña blanca, cometido cuando tenía 18 años. La confesión del crimen, presuntamente bajo la tortura y las amenazas de muerte de la policía, se admitió como prueba. El juicio, ante un jurado compuesto íntegramente por blancos y un juez blanco, después de que el fiscal, también blanco, eliminara a todos los jurados negros durante la selección del jurado, duró un día y medio.

El 16 de junio de 1999, Coretta Scott King, esposa del difunto Martin Luther King Jr. y fundadora del Centro para el Cambio Social No Violento de Georgia, pidió al gobernador Siegelman que detuviera la ejecución «en nombre de la justicia y la dignidad humana». «Me temo que sin su intervención, este caso se convertirá en un modelo de ejemplo de injusticia racial. Brian Baldwin, a quien llamaron ‘niño’ y ‘salvaje’ en el tribunal, fue condenado por un jurado compuesto íntegramente por blancos en un condado en el que casi la mitad de los residentes son afroamericanos. Sería una terrible tragedia, un ultraje y un paso atrás para la igualdad ante la justicia si el estado de Alabama se apresura a ejecutarlo cuando cada vez hay más pruebas de su inocencia y de los abusos cometidos contra sus derechos legales y civiles». A pesar de todo, el gobernador Siegelman denegó el indulto, aunque afirmando estar «hondamente preocupado» por algunos aspectos del caso.

Don Siegelman, que ocupó el cargo de gobernador en enero de 1999, había compartido las críticas de la opinión pública por la decisión de su predecesor, Fob James, de conmutar la pena de muerte de un preso como uno de sus últimos actos en el cargo. Pero Siegelman se opuso a una propuesta legislativa para privar a los gobernadores de Alabama de la facultad de conmutar penas de muerte, afirmando que se trataba de un cambio innecesario, pues él nunca haría lo mismo que el gobernador James. La decisión de denegar el indulto a Brian Baldwin fue la primera que tomó Siegelman durante su mandato.

El sistema de indultos, como los seres humanos que lo administran, es falible. Es hora de terminar totalmente con la pena de muerte.

Dos medidas en favor de los derechos humanos: suspensión y abolición

Para el Relator Especial sigue siendo preocupante la aplicación discriminatoria de la pena de muerte en los Estados Unidos de América y confía en que el advenimiento de una nueva era sea también la ocasión de considerar la posibilidad de aplicar, en ese gran país, sanciones penales más armónicas con las normas internacionales de derechos humanos y que sigan la tendencia dominante que consiste en suprimir la pena capital.

Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, febrero de 2000E/CN.4/2000/16.

En 1995, el Tribunal Constitucional de Sudáfrica declaró inconstitucional la pena de muerte en ese país. Este fallo histórico señala: «La raza y la clase son factores hondamente enraizados en nuestra sociedad y no puede negarse que la pobreza, la raza y la casualidad desempeñan un papel en el resultado de los casos de pena de muerte y en la decisión final sobre quién vive y quién muere».State v. Makwanyane, 6 de junio de 1995.

La historia de la pena de muerte en Estados Unidos también es racista, y la raza sigue desempeñando un papel a la hora de decidir quién vive y quién muere. Pero, en conjunto, los tribunales, las asambleas legislativas y los ejecutivos de cada estado estadounidense y también en el ámbito federal no han actuado con decisión y han seguido jugando con la maquinaria de la muerte.

Un magistrado de la Corte Suprema afirmó en 1989: «Falta mucho para ganar la batalla contra la discriminación racial o sus efectos»Richmond v J.A. Croson Co., 488 US 469 (1989). Voto particular del juez Marshall.En sus observaciones al informe de Estados Unidos sobre su cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Comité de Derechos Humanos señaló en 1995 que «pese a la existencia de leyes que prohíben la discriminación, existen en la sociedad actitudes discriminatorias y prejuicios basados en la raza o el sexo. Además, todavía no se han eliminado por completo en la sociedad los efectos resultantes de pasadas discriminaciones», y subrayó «la necesidad de que el gobierno intensifique sus esfuerzos por evitar y eliminar actitudes discriminatorias y prejuicios persistentes contra personas pertenecientes a grupos minoritarios».CCPR/C/79/Add.50, 7 de abril de 1995.

En su informe inicial al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, de septiembre de 2000, el gobierno estadounidense escribió: «Los Estados Unidos han luchado por superar los legados del racismo, la intolerancia étnica y las políticas destructivas con respecto a los indígenas americanos y han realizado importantes progresos en los últimos 50 años. Sin embargo, los problemas relacionados con la raza y el origen étnico y nacional siguen siendo un elemento negativo en la sociedad estadounidense.». ¿Acaso ha escapado milagrosamente el sistema de justicia de esta influencia negativa? Ha indicios abrumadores de que no.



El presidente Bush ha afirmado que la igualdad ante la justicia es una de las demandas irrenunciables de la dignidad humana que Estados Unidos siempre apoyará firmemente. En su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 12 de septiembre de 2002, afirmó asimismo que Estados Unidos desea que la ONU «eficaz, respetada y exitosa». Debería tener en cuenta, por tanto, que el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial ha expresado su preocupación por la perturbadora correlación existente entre la raza y la imposición de la pena de muerte en Estados Unidos, y ha sugerido la suspensión de las ejecuciones como forma de avanzar. En su resolución sobre la pena de muerte de abril de 2002, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas señaló que «en algunos países se impone a menudo la pena capital tras un juicio que no cumple las normas internacionales de equidad y que los miembros de minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas parecen ser desproporcionadamente objeto de condena a la pena capital». En reiteradas resoluciones desde 1997, la Comisión ha instado a todos los países retencionistas a que impongan una suspensión de las ejecuciones con vistas a la abolición.

Sería de esperar que la suspensión fuera la respuesta mínima a estudios que indican que la raza, incluida la de la víctima, es un factor que influye en la condena muerte. Estos estudios sugieren que el sistema de justicia valora más las vidas de los blancos que las de los negros. Algunos defensores de la pena de muerte tal vez sugerirían que la forma de rectificar esto sería ejecutar a más personas que matan a negros. Dado que en la mayoría de los asesinatos en Estados Unidos la víctima y el asesino son de la misma raza, esto supondría también que se ejecutaría a más afroamericanos. Sin embargo, como señala el estudio de la Universidad de Columbia, A Broken System, recurrir más al homicidio judicial supone cometer más errores en los casos de pena de muerte. También supone un mayor coste para la sociedad, tanto económico como social y psicológico. En cualquier caso, en virtud de las normas internacionales de derechos humanos, los países deben reducir progresivamente el ámbito de aplicación de la pena de muerte con vistas a su abolición.

La abolición de este castigo irrevocable es la única respuesta adecuada a la falibilidad humana. Como dijo recientemente un experto en pena de muerte estadounidense a los legisladores de Maryland refiriéndose a la investigación que muestra que es más probable que se castigue con la muerte el asesinato de un blanco que el de un negro: «Supongo que este sesgo no es intencional. Pero eso no lo hace menos repugnante. La única forma de asegurar que nuestro sistema de decidir quién vive y quién muere no está influido por la raza es dejar de decidir quién vive y quién muere. Esto no eliminará la discriminación racial, pero al menos la vida de la gente no estará en una balanza que la raza inclina en uno u otro sentido».R. Dieter. Senate Proceedings Committee. Maryland General Assembly, 20 de febrero de 2003.

Antes de la decisión de la Corte Suprema en el caso McCleskey, en 1987, uno de los magistrados de la mayoría distribuyó un memorándum entre sus colegas en el que escribió: «La actuación inconsciente de simpatías y antipatías irracionales, incluidas las raciales, en las decisiones de un jurado y, por tanto, en las de un juicio es real, está reconocida en fallos de esta Corte y es imposible de erradicar»Justice Antonin Scalia, 6 de enero de 1987. Thurgood Marshall papers, citado en The death penalty: An American history. Stuart Banner. Harvard University Press (2002), p. 290. Pero aunque el racismo sea imposible de erradicar, la pena de muerte, no.

El presidente Bush debe decretar la suspensión de las ejecuciones federales, y cada estado debe hacer lo propio como primer paso para que Estados Unidos se incorpore a la clara mayoría de países que han abolido este castigo cruel, arbitrario y discriminatorio.



Apéndice 1: selección de normas internacionales



Declaración Universal de Derechos Humanos

Artículo 7 – Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Artículo 14 – Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia.

Artículo 26 – Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial

Artículo 2 – Los Estados partes condenan la discriminación racial y se comprometen a seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación racial en todas sus formas […]

Artículo 5 – En conformidad con las obligaciones fundamentales estipuladas en el artículo 2 de la presente Convención, los Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color y origen nacional o étnico […]

Artículo 6 – Los Estados partes asegurarán a todas las personas que se hallen bajo su jurisdicción, protección y recursos efectivos, ante los tribunales nacionales competentes y otras instituciones del Estado, contra todo acto de discriminación racial que, contraviniendo la presente Convención, viole sus derechos humanos y libertades fundamentales, así como el derecho a pedir a esos tribunales satisfacción o reparación justa y adecuada por todo daño de que puedan ser víctimas como consecuencia de tal discriminación.

Directrices sobre la función de los fiscales, de las Naciones Unidas

12. Los fiscales, de conformidad con la ley, deberán cumplir sus funciones con imparcialidad, firmeza y prontitud, respetar y proteger la dignidad humana y defender los derechos humanos, contribuyendo de esa manera a asegurar el debido proceso y el buen funcionamiento del sistema de justicia penal.

13. En cumplimiento de sus obligaciones, los fiscales desempeñarán sus funciones de manera imparcial y evitarán todo tipo de discriminación política, social, religiosa, racial, cultural, sexual o de otra índole […]



Apéndice 2: Campaña para la abolición de la pena de muerte en Estados Unidos

Este documento forma parte de una serie sobre la pena de muerte en Estados Unidos que el Secretariado Internacional de Amnistía Internacional ha publicado como parte de su campaña mundial contra la pena capital. Otros documentos:

Errores fatales: Inocencia y pena de muerte en Estados Unidos (AMR 51/69/98/s, noviembre 1998)

Prejuicios que matan: la dimensión racial de la pena de muerte en Estados Unidos(AMR 51/52/99/s, mayo 1999)

Hablando claro: voces contra la muerte (AMR 51/128/99/s, octubre 1999)

Vergüenza en el siglo XXI: Está previsto que tres menores sean ejecutados en enero del 2000 (AMR 51/189/99/s, diciembre 1999)

Más allá de la razón: La ejecución inminente de John Paul Penry(AMR 51/195/99/s, diciembre 1999)

Un abismo entre dos mundos: Violaciones de los derechos de los ciudadanos extranjeros condenados a muerte. Casos de europeos (AMR 51/101/00/s, julio 2000)

Memorándum al presidente Clinton Llamamiento para que ejerza el liderazgo en materia de derechos humanos cuando se avecina la primera ejecución federal (AMR 51/158/00/s, noviembre 2000)

La ilusión de control: Ejecuciones consensuales, la inminente ejecución de Timothy McVeigh y la embrutecedora futilidad de la pena capital(AMR 51/053/2001/s, abril 2001)

Old Habits Die Hard: The Death Penalty in Oklahoma(AMR 51/055/2001, abril 2001)

Too Young to Vote, Old Enough to be Executed - Texas Set to Kill another Child Offender(AMR 51/105/2001, julio 2001)

Es el momento de actuar: Hay que proteger los derechos consulares de los ciudadanos extranjeros que afrontan la pena de muerte (AMR 51/106/2001/s, agosto 2001)

Que no se envíe a nadie a la ejecución: La pena de muerte en Estados Unidos como barrera frente a la extradición(AMR 51/171/2001/s, noviembre 2001)

Arbitrarias, discriminatorias y crueles: 25 años de ejecuciones judiciales (AMR 51/003/2002/s, 17 de enero de 2002)

Joseph Amrine: Facing execution on tainted testimony(AMR 51/085/2002, junio 2002)

Indecent and internationally illegal: The death penalty against child offenders(AMR 51/143/2002, septiembre 2002)

Texas: In a world of its own as 300th execution looms(AMR 51/010/2003, 23 de enero de 2003)

Another planned killing by the US Government: The imminent federal execution of Louis Jones (AMR 51/020/2003, febrero 2003).

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