Document - USA: All allegations of torture must be investigated


Amnistía Internacional


Estados Unidos


Deben investigarse todas las denuncias

de tortura


15 de marzo de 2007Índice AI: AMR 51/045/2007



http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR510452007



La publicación parcial, por parte del Departamento de Defensa de Estados Unidos, de la trascripción de la comparecencia de Khalid Sheikh Mohammed ante un Tribunal de Revisión del Estatuto de Combatiente de Guantánamo, plantea serias dudas acerca del trato que reciben las personas detenidas en el contexto de la "guerra contra el terror".


Los Tribunales de Revisión del Estatuto de Combatiente se crearon en junio de 2004 para su utilización en Guantánamo, más de dos años después de que comenzasen a llegar detenidos a esta base. Estos tribunales los componen tres oficiales militares que, para determinar el estatuto del detenido, pueden basarse en pruebas secretas o en pruebas obtenidas mediante tortura u otros malos tratos. La carga de la prueba recae sobre el detenido, que no cuenta con un abogado defensor y al que por lo general se deniega la posibilidad de obtener pruebas o la comparecencia de testigos que le permitan refutar su estatuto de "combatiente enemigo ilegal", cuya definición es poco precisa. A Khalid Sheikh Mohammed, por ejemplo, se le denegó la solicitud de presentar como testigos a otros dos detenidos de Guantánamo. El presidente del Tribunal decidió que sus declaraciones "no eran relevantes". Cuando se confirma el estatuto de "combatiente enemigo ilegal" de un detenido, éste puede entonces ser juzgado por una comisión militar, tribunales con facultad para dictar condenas a muerte.


Khalid Sheikh Mohammed es uno de los 14 detenidos "de gran valor" que pasaron varios años bajo la custodia secreta de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense y fueron trasladados a Guantánamo en septiembre de 2006 con el fin expreso de que los juzgase una comisión militar. A Khalid Sheikh Mohammed, al que el gobierno de Estados Unidos describe como el "cerebro" de los atentados del 11 de septiembre de 2001, lo detuvieron en Pakistán en 2003. La CIA lo mantuvo recluido en régimen de incomunicación durante tres años y medio. Los métodos de interrogatorio de la CIA siguen siendo considerados de "alto secreto", pero entre los que presuntamente se utilizaron contra éste y otros detenidos estuvo el de mantenerlos sumergidos en agua hasta que creían que se iban a ahogar, como un simulacro de ejecución.


Seis meses después de su traslado a Guantánamo se sigue denegando a estos 14 detenidos el acceso a un abogado, a pesar de que el gobierno prepara una causa penal en su contra. Las comisiones militares pueden aceptar pruebas obtenidas mediante coacción y el gobierno puede presentar pruebas sin desvelar qué métodos se han utilizado para obtenerlas. Los Tribunales de Revisión del Estatuto de Combatiente que juzgan a estos 14 detenidos celebran las sesiones a puerta cerrada porque los detenidos podrían "divulgar información clasificada como altamente confidencial" acerca del programa de detenciones secretas de la CIA. Probablemente se utilice la misma fórmula cuando los juzgue una comisión militar, si es que esto llega a ocurrir. El juez militar tiene la facultad de decidir que un procedimiento se celebre a puerta cerrada a fin de evitar la divulgación de actividades de inteligencia clasificadas.


La trascripción revisada de la comparecencia de Khalid Sheikh Mohammed ante un Tribunal de Revisión del Estatuto de Combatiente indica que éste formuló denuncias de tortura. El presidente del Tribunal hace referencia a una declaración por escrito "acerca de presuntos abusos o malos tratos de los que el detenido había sido objeto" y posteriormente tiene lugar el siguiente intercambio de preguntas y respuestas:


Presidente: [...] D-d parece ser una declaración por escrito que hace referencia a determinados tratos que usted asegura haber recibido a manos de agentes del gobierno de Estados Unidos, según indicó, desde el momento de su captura en 2003 hasta que llegó aquí, a Guantánamo, en septiembre de 2006.


Presidente: ¿Es correcto?

Detenido: Sí.


Presidente: Bien [...] ¿Alguna de las declaraciones que hizo fue consecuencia del trato que recibió durante el periodo comprendido entre 2003 y 2006? ¿Hizo aquellas declaraciones debido al trato que recibió de estas personas?


Detenido: ¿Declaraciones a quién [sic]?


Presidente: A cualquiera de estos interrogadores.


Detenido: Gente de la CIA. Sí. Al principio, cuando me trasladaron [REVISADO].


Presidente: Lo que intento saber es si las declaraciones que hizo se debieron a este trato, que, por usar su propia expresión, denomina tortura. ¿Hizo alguna declaración por esa razón?


Tras otro intercambio de preguntas y respuestas continúa el diálogo:


Presidente: ¿Hizo la gente declaraciones falsas debido a esto?


Detenido: Yo también las hice.


En noviembre de 2006, seis jueces federales de Estados Unidos jubilados, en un alegato presentado ante un tribunal federal, pusieron de relieve que, según los archivos públicos de las comparecencias ante el Tribunal de Revisión del Estatuto de Combatiente que ya se habían celebrado en el caso de otros cientos de detenidos de Guantánamo,


[los] miembros de los Tribunales de Revisión del Estatuto de Combatiente apenas se esforzaron en evaluar la probidad de las pruebas presuntamente obtenidas mediante coacción, incluso cuando hubiera sido fácil obtener los historiales médicos, por ejemplo. Algunos Tribunales de Revisión Estatuto de Combatiente consideraron las denuncias de tortura lo suficientemente creíbles como para justificar que otras autoridades militares llevasen a cabo una investigación, a pesar de lo cual los miembros de estos tribunales estimaron que los detenidos eran combatientes enemigos sin esperar a los resultados de la investigación [...] Varios de estos tribunales sencillamente hicieron caso omiso de las afirmaciones de los detenidos de que las declaraciones que habían hecho previamente ante los interrogadores habían sido consecuencia del uso de tortura [...] En algunos casos investigaron las denuncias de tortura, pero sólo para demostrar que las fuerzas estadounidenses no habían participado en los hechos, no para determinar si la ‘confesión’ era fidedigna o el resultado de coacciones.

Amnistía Internacional reconoce que se acusa a Khalid Sheikh Mohammed de varios delitos graves en los que presuntamente ha admitido su responsabilidad, entre ellos el de planear los atentados del 11 de septiembre, que Amnistía Internacional considera un crimen contra humanidad. Al mismo tiempo, el gobierno de Estados Unidos ha cometido, según parece, violaciones graves de los derechos humanos de éste y otros detenidos, entre las que se incluyen dos delitos internacionales: la tortura y la desaparición forzada.


La organización pide que se acuse a Khalid Sheikh Mohammed de delitos comunes reconocibles y que sea juzgado ante un tribunal independiente e imparcial – no ante una comisión militar – o puesto en libertad. No debe admitirse a juicio aquella información obtenida mediante tortura u otros malos tratos, a no ser que constituya una prueba en contra de los responsables de tales tratos. Amnistía Internacional insta a Estados Unidos a que no se imponga la pena de muerte a Khalid Sheikh Mohammed o a cualquier otra persona.


El presidente del Tribunal de Revisión del Estatuto de Combatiente afirmó que "se informará de las denuncias de Khalid Sheikh Mohammed a fin de que se lleve a cabo una investigación adecuada". Amnistía Internacional reitera su preocupación por lo inadecuado de las anteriores investigaciones de denuncias de tortura o malos tratos por el personal estadounidense que participa en la "guerra contra el terror", y pide a Estados Unidos que inicie una investigación inmediata e imparcial sobre las denuncias de tortura y otros malos tratos de Khalid Sheikh Mohammed, y sobre los indicios de que fue sometido a desaparición forzada. Las conclusiones deben hacerse públicas y cualquier persona presuntamente responsable de tales tratos debe pasar a disposición judicial.


Debe garantizarse a Khalid Sheikh Mohammed y a todos los detenidos el acceso a un abogado y a un tribunal independiente e imparcial a fin de que puedan impugnar la legalidad de su detención.





SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 0DW, REINO UNIDO

Traducción de Editorial Amnistía Internacional (EDAI), España********



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