Document - USA: Rights for all: Human rights in the United States of America

Amnistía Internacional — Cuaderno

DERECHOS PARA TODOS

Los derechos humanos en Estados Unitos de América

Con esta campaña, Amnistía Internacional pretende:

- acabar con la brutalidad policial

- acabar con la tortura y los malos tratos a los presos

- proteger a los solicitantes de asilo

- lograr la abolición de la pena de muerte

- que se ratifiquen los tratados de derechos humanos

- que se elabore un código de conducta sobre la venta de armas.

[logotipo de la campaña]

Cuaderno sobre Estados Unidos

Amnistía Internacional es un movimiento mundial de activistas voluntarios, que trabaja en pro del respeto de todos los derechos proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en otras normas internacionales.

Amnistía Internacional promueve el respeto de los derechos humanos, que considera interdependientes e indivisibles, con actividades de concienciación pública y otras acciones, así como por medio de la educación en derechos humanos y de presión para que se ratifiquen y apliquen los tratados de derechos humanos.

Amnistía Internacional emprende acciones para oponerse a algunas de las violaciones más graves que cometen los gobiernos contra los derechos civiles y políticos de las personas. El objetivo principal de su activismo contra las violaciones de derechos humanos es:

– obtener la libertad de todos los presos de conciencia, es decir, de las personas que, han sido encarceladas a causa de sus convicciones políticas, religiosas o de otra índole, o debido a su origen étnico, sexo, color, idioma, origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otra circunstancia, siempre que no hayan recurrido a la violencia ni propugnado su uso;

– lograr que se juzgue con prontitud e imparcialidad a los presos políticos;

– conseguir la abolición de la pena de muerte y la erradicación de la tortura y otros tratos crueles a los presos;

– acabar con los homicidios políticos y las «desapariciones».

Amnistía Internacional intenta también apoyar la protección de los derechos humanos desarrollando otras actividades, como son su labor en favor de los refugiados y su trabajo sobre relaciones internacionales militares, de seguridad y policiales y sobre relaciones económicas y culturales.

Amnistía Internacional pide también a los grupos políticos armados que respeten los derechos humanos y no cometan abusos como la reclusión de presos de conciencia, la toma de rehenes, la tortura y los homicidios deliberados y arbitrarios.

Amnistía Internacional es independiente de todo gobierno, ideología política o credo religioso. No apoya ni se opone a ningún gobierno o sistema político, ni tampoco apoya ni se opone a las opiniones de las víctimas cuyos derechos intenta proteger. Su único interés es la protección imparcial de los derechos humanos.

Amnistía Internacional es un movimiento internacional, democrático y autónomo, con alrededor de un millón de miembros y seguidores repartidos en más de 150 países de todas las regiones del mundo. Se financia en gran medida con las cuotas de sus miembros de todo el mundo y con donaciones del público. Ni solicita ni acepta contribuciones de gobiernos para realizar su labor de investigación y campañas contra la violación de derechos humanos.

Amnistía Internacional fue fundada en 1961 y recibió el Premio Nobel de la Paz en 1977. Mantiene bajo observación la situación de los derechos humanos en Estados Unidos desde comienzos de los años sesenta. Su primer informe sobre este país lo publicó en 1965, con el título Justice in the American South, y desde entonces ha elaborado centenares de documentos más sobre preocupaciones relativas a los derechos humanos en Estados Unidos. Los 350.000 miembros con que cuenta Amnistía Internacional en este país emprenden acciones frente a los abusos que se cometen contra los derechos humanos en otros países y ejercen presión para conseguir mayor protección de tales derechos en Estados Unidos. Amnistía Internacional basa su trabajo en normas de derechos humanos reconocidas internacionalmente. Guíandose por sus principios básicos de independencia e imparcialidad, y valiéndose de la red mundial que constituyen sus miembros, Amnistía Internacional mantiene bajo observación en todo el mundo toda situación relativa a los derechos humanos que sea motivo de preocupación y actúa sobre ellas.

Estados Unidos

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Estados Unidos es una república federal, compuesta de 50 estados y del distrito de Columbia, donde se encuentra la ciudad de Washington, sede del gobierno estadounidense. Los estados gozan de considerable autonomía: cada uno de ellos tiene su propia constitución y gobierno elegido democráticamente. El gobierno federal ejerce jurisdicción sobre cuestiones de interés nacional, como los asuntos exteriores y la seguridad interna. Puerto Rico es un estado autónomo asociado a Estados Unidos.

Contexto

Fundado en nombre de la democracia, la igualdad política y jurídica y la libertad individual, Estados Unidos ha establecido muchas instituciones para proteger las libertades civiles individuales y desempeñado una función clave en la creación de normas internacionales de derechos humanos para la protección de todas las personas. Sin embargo, sigue sin cumplir la promesa fundamental de hacer que los derechos sean para todos.

Estados Unidos tiene la economía más fuerte del mundo, pero es un país con graves problemas sociales. Existen disparidades extremas de riqueza y poder: se calcula que el 9 por ciento de los niños del país viven en condiciones de absoluta pobreza, y muchos miembros de la sociedad estadounidense son indigentes. La drogadicción y el alcoholismo están muy extendidos. Los homicidios constituyen la principal causa de muerte entre la juventud de raza negra, y uno de los factores que contribuyen a ello es el uso corriente de armas de fuego (en la actualidad hay en circulación en el país más de 200 millones de pistolas, rifles, escopetas y armas de gran calibre).

Durante más de un siglo, los derechos garantizados por la Constitución estadounidense les han sido negados a comunidades enteras. Las tribus indígenas fueron exterminadas o expulsadas de sus territorios, y su cultura tradicional acabó destruida. La esclavitud no se abolió hasta 1865, y la segregación racial siguió siendo legal hasta los años sesenta. A las mujeres se les negó el derecho a voto hasta 1920.

Hoy día hay leyes federales y estatales que protegen una amplia variedad de derechos civiles. La legislación vigente prohíbe la discriminación por motivos de raza, de género o de otra clase.

Sin embargo, a pesar de los importantes intentos de superar el racismo realizados durante el presente siglo, Estados Unidos no ha logrado erradicar el trato discriminatorio hacia los ciudadanos de origen africano, los latinos y los miembros de otras minorías, como los indígenas estadounidenses y la población de ascendencia asiática o árabe. La personas negras tienen tres veces menos posibilidades de encontrar empleo que las blancas con aptitudes similares.

A pesar de la fuerza y de los logros del movimiento feminista, las mujeres continúan siendo objeto de discriminación y violencia en Estados Unidos. Muchas sufren abusos bajo la custodia de autoridades estatales, y muchas más son víctimas de actos de violencia, como palizas y violaciones, perpetrados por hombres en circunstancias por las que las autoridades locales, estatales o federales muestran una preocupación insuficiente.

Los informes sobre agresiones a gays, lesbianas, bisexuales o transexuales han aumentado en los últimos años. En 39 estados los gays y las lesbianas pueden ser despedidos legalmente del trabajo debido a su orientación sexual, y en unos 20 estados existen leyes «contra la sodomía» que penan las relaciones homosexuales con consentimiento mutuo entre adultos.

No obstante, una vasta y variada red de defensores de los derechos humanos continúa trabajando para proteger el patrimonio de derechos civiles de Estados Unidos. El sector del público estadounidense comprometido con los derechos humanos representa y defiende los derechos de las mujeres, las minorías raciales y étnicas, las comunidades religiosas, los pobres, las personas con incapacidades, los gays y las lesbianas, los niños, los delincuentes menores de edad, los inmigrantes, los refugiados y otros grupos sociales. La campaña de Amnistía Internacional contra las violaciones de derechos humanos en Estados Unidos tiene por objeto servir de complemento a este trabajo.

Promesas incumplidas

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Estados Unidos se considera desde hace mucho tiempo paladín de los derechos y libertades del individuo. Los líderes políticos estadounidenses han expresado reiteradamente su lealtad al ideal de todos los derechos humanos para todas las personas.

Sin embargo, para mucha gente Estados Unidos no ha cumplido la promesa de los derechos para todos.

La legislación estadounidense protege una amplia gama de derechos civiles. Promete libertad de opinión, de religión, de asociación y de expresión. Garantiza el derecho a un juicio justo y a no ser sometido a penas crueles e inusitadas.

Sin embargo, en todo Estados Unidos son constantes los casos de personas que sufren lesiones o mueren por hacer la policía uso excesivo de la fuerza o infligir deliberadamente tratos brutales. En muchas prisiones, los reclusos son víctimas de tortura o malos tratos. Con frecuencia, los solicitantes de asilo son detenidos indefinidamente, a veces en condiciones inhumanas y degradantes. Desde 1990 han sido ejecutadas más de 350 personas, algunas por delitos que cometieron siendo menores de 18 años.

Los derechos humanos son universales e indivisibles; todos ellos han de ser disfrutados por todas las personas, cualquiera que sea su posición social, su origen racial o étnico, su orientación sexual o sus ingresos.

La necesidad de conservar el patrimonio de derechos civiles y políticos de Estados Unidos y de pedir además la protección de los derechos proclamados en las normas internacionales de derechos humanos es apremiante. Amnistía Internacional insta al gobierno estadounidense a que proceda de inmediato a revisar su legislación y sus procedimientos para adaptarlos a las normas internacionales.

Normas de derechos humanos

Mientras Estados Unidos esté decidido a defender los derechos humanos, las personas libres de todo el mundo seguirán estando de su lado.

Bill Clinton, presidente de Estados Unidos, 1997.

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La comunidad internacional de naciones ha adoptado una amplia gama de normas de derechos humanos para la protección de toda la humanidad. En ellas se articulan los criterios con que cabe evaluar el historial de todos los Estados desde el punto de vista de los derechos humanos.

Estados Unidos ayudó a formular muchas de esas normas. Desempeñó una función fundamental en la adopción en 1948 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que proclama el derecho de todo ser humano a la vida y a no ser sometido a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Estados Unidos ha insistido reiteradamente en la importancia del derecho internacional y de los derechos humanos a la vez que se ha mostrado reacio a comprometerse con estas mismas normas. Por ejemplo, es uno de los 10 únicos países que no han ratificado aún la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y uno de los dos únicos países que continúan sin ratificar la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. Estados Unidos no ha ratificado tampoco ningún tratado regional de derechos humanos.

Asimismo, cuando Estados Unidos ha ratificado tratados de derechos humanos, a menudo lo ha hecho sin entusiasmo. Por ejemplo, ha formulado numerosas reservas al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre ellas el derecho a ejecutar a personas por delitos que cometieron siendo menores de edad. En 1995, el Comité de Derechos Humanos, organismo de las Naciones Unidas cuyos expertos se ocupan de examinar el cumplimiento del Pacto por parte de los Estados, recomendó que Estados Unidos considerara la posibilidad de retirar sus reservas, en particular las relativas a la pena de muerte y al derecho a no ser torturado. Estados Unidos ha eludido también el examen de organismos de las Naciones Unidas e interamericanos establecidos con objeto de proteger los derechos humanos, y lo ha hecho negándose a reconocer el derecho de esas instancias a atender las denuncias formuladas por personas desde Estados Unidos.

Estados Unidos debe tomar medidas para fortalecer el respeto a las normas internacionales, entre ellas ratificar sin reservas los tratados de derechos humanos de los que todavía no es Estado Parte, retirar las reservas que limitan el efecto de las normas internacionales de derechos humanos y garantizar que su legislación interna es compatible con tales normas.

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Brutalidad policial

Si un adolescente negro va en bicicleta a gran velocidad es porque huye de un delito. Si un adolescente blanco va en bicicleta a la misma velocidad es porque experimenta el goce de la libertad de la juventud.

Comentario de la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color sobre el caso de un adolescente negro contra el que la policía disparó después de haber caído de su bicicleta en Indianápolis, Indiana, marzo de 1993.

William J. Whitfield tercero, ciudadano estadounidense de reza negra, iba desarmado cuando, el 25 de diciembre de 1997, fue abatido a tiros en un supermercado de Nueva York por la policía, que dijo que había confundido con un arma unas llaves que llevaba la víctima. Aunque se demostró que el agente que había disparado no había cometido ningún delito, se descubrió que había estado implicado en ocho sucesos previos de disparos. El director general del Departamento de Policía de Nueva York estableció posteriormente un sistema de control de agentes implicados en tres o más casos de disparos.

En todo Estados Unidos son constantes los casos de personas que sufren lesiones e incluso mueren por hacer la policía uso excesivo de la fuerza o infligir deliberadamente tratos brutales. Individuos que no suponen ninguna amenaza reciben puñetazos, patadas, palizas y disparos de agentes de policía que llegan también a causar lesiones graves y, a veces, la muerte de las víctimas al hacer uso indebido de instrumentos de inmovilización, aerosoles químicos o armas paralizantes de electrochoque. La mayoría de los casos de los que se tiene noticia se producen durante detenciones, registros, controles de tráfico o incidentes callejeros.

Todos los años hay millares de informes de agresión y malos tratos infligidos por agentes de policía. Las investigaciones realizadas en algunos de los mayores departamentos de policía urbana han revelado que la brutalidad es sistemática.

Es difícil determinar la verdadera extensión de la brutalidad policial, ya que no existen datos fiables a escala nacional. Desde 1994, el gobierno federal ha sido requerido judicialmente para que recopile datos en todo el país sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, pero el Congreso no ha proporcionado los fondos necesarios.

En Estados Unidos funcionan más de 17.000 agencias de policía, cada una con su propio código de conducta y sus propios métodos de registro e investigación de abusos.

La mayoría de los departamentos de policía estadounidenses tienen directrices estrictas sobre el uso de la fuerza con efectos mortales, y las normas internacionales establecen que sólo se debe emplear la fuerza como último recurso, proporcionadamente a la amenaza y de manera que cause el menor daño posible.

Sin embargo, es evidente que estas normas se infringen a menudo y que las autoridades cierran los ojos a los abusos con demasiada frecuencia.

Las investigaciones sobre denuncias de brutalidad policial sufren a menudo demoras o se reducen a indagaciones internas cuya calidad e imparcialidad son motivo de preocupación. Raras veces se toman medidas disciplinarias, y las sanciones, si se imponen, suelen ser poco severas.

En muchos casos de disparos de la policía se plantean serias dudas acerca de si la víctima suponía una amenaza inmediata. Amnistía Internacional describió en su informe de 1996 más de treinta casos en los que agentes del Departamento de Policía de Nueva York habían matado o herido a sospechosos, incluidos niños, al disparar contra ellos en circunstancias controvertidas. Siguiendo una pauta observable en todo el país, la gran mayoría de las víctimas eran individuos de raza negra, latinos o miembros de otras minorías. En muchas áreas, las personas que pertenecen a minorías raciales o étnicas son quienes más sufren la brutalidad policial. Los mismos agentes de raza negra se quejan de que a los hombres negros se les tacha sistemáticamente de presuntos delincuentes.

Caroline Sue Botticher, ciudadana estadounidense de raza negra, murió tras efectuar la policía de West Charlotte, Carolina del Norte, 22 disparos contra el automóvil en que viajaba al no detenerse en un control policial en abril de 1997. No iba armada; de hecho, nada indicaba que alguno de los ocupantes del vehículo lo fuera. Algunos departamentos de policía han establecido normas que prohíben a los agentes disparar contra vehículos en marcha a menos que se vean amenazados directamente con medios mortales, pero en muchos otros no existen todavía tales prohibiciones.

Se han producido numerosas muertes bajo custodia a causa del uso por parte de la policía de procedimientos de inmovilización que se sabe que pueden ser peligrosos. El método consistente en atar al presunto delincuente con las muñecas y los tobillos juntos por detrás se considera sumamente peligroso desde hace al menos diez años. Muchos departamentos de policía, incluido el de Nueva York, lo han prohibido, pero en otros se sigue utilizando. Se han recibido informes de muertes bajo custodia causadas por este procedimiento en diversas localidades del país, entre ellas, Athens (Georgia), Jackson (Misisipi) y Memphis (Tennessee).

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El empleo por la policía de instrumentos concebidos para aturdir o dejar incapacitados temporalmente a presuntos delincuentes, como los aerosoles químicos y las armas de electrochoque, también ha sido causa de lesiones graves y de muertes.

En julio de 1996, una mujer de 29 años de edad, Kimberly Lashon Watkins, murió en Pomona, California, tras disparar la policía contra ella con una pistola taser (arma ligera que dispara dardos sujetos a un cable por el que se transmite a la víctima corriente eléctrica de alto voltaje).

El uso de armas consideradas no mortíferas va en aumento, como revela el hecho de que al menos 3.000 departamentos de policía autoricen el uso de aerosoles de pimienta a base de oleorresina capsicum. El empleo de estas tecnologías, algunas de las cuales incitan al abuso, es motivo de especial preocupación dada la ausencia de sistemas adecuados de control y de normas de ámbito nacional sobre su uso.

Ya es hora de que el gobierno estadounidense tome medidas para poner fin a los procedimientos abusivos de la policía y para que las fuerzas policiales rindan cuentas de manera más estricta. Como primera medida, las autoridades deben crear mecanismos independientes y eficaces para controlar el uso de la fuerza por parte de la policía.

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Niños

Las normas internacionales reconocen que los niños encarcelados o detenidos tienen necesidades especiales. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por ejemplo, estipula que los niños han de estar separados de los reclusos adultos. Estados Unidos ha ratificado el Pacto, pero reservándose el derecho a tratar a los niños como adultos en «circunstancias excepcionales».

Muchos estados procesan a los niños acusados de delitos graves como si fueran adultos, por lo que les imponen las mismas penas que a éstos y, a menudo, los encarcelan en centros para adultos. En la mayoría de los casos, los niños están separados de los demás presos, pero en condiciones de reclusión inadecuadas para sus necesidades especiales. Por ejemplo, a veces permanecen encerrados en la celda durante la mayor parte del día, con muy poco o ningún acceso a servicios educativos o de otra clase.

El bienestar del los niños que no están separados de los reclusos adultos es motivo de gran preocupación. No se dispone de estadísticas oficiales, pero Amnistía Internacional cree que hay al menos 3.500 niños encarcelados en prisiones para adultos junto con la población reclusa general.

Amnistía Internacional pide a Estados Unidos que ratifique la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y que garantice que los niños presos en los centros penitenciarios del país no son recluidos junto con adultos, a menos que se considere preferible hacerlo en bien del menor.

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Tortura y malos tratos a presos

Toda persona tiene derecho a no ser torturada ni maltratada. Sin embargo, este derecho se viola diariamente en centros penitenciarios de todo Estados Unidos.

La población reclusa de Estados Unidos asciende a más de 1.700.000 personas. Más del 60 por ciento de ellas pertenecen a minorías raciales o étnicas. Más de la mitad son de raza negra. El número de reclusos es más de tres veces superior al que había en 1980, y el número de mujeres presas se ha cuadruplicado desde entonces.

Unos 77.000 presos están recluidos en instituciones penitenciarias privadas. Ha habido denuncias de casos graves de malos tratos infligidos a presos y de malas condiciones en centros de este tipo de diversos estados.

Se construyen centros nuevos, pero no los suficientes para satisfacer la demanda, por lo que en muchos hay problemas de hacinamiento y falta de personal que crean una condiciones peligrosas e inhumanas.

La violencia física y sexual es endémica en muchos centros penitenciarios.

En noviembre de 1997, una delegación de Amnistía Internacional que visitó la institución SCI-Greene, prisión de super máxima seguridad de Pensilvania que alberga a condenados a muerte, se entrevistó con reclusos que aseguraban ser víctimas de golpes e insultos racistas a manos de los guardias. En mayo de 1998, tras realizarse una investigación interna, varios guardias fueron despedidos y alrededor de veinte más fueron objeto de medidas disciplinarias por haber maltratado a los reclusos.

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En 1997, el Departamento de Justicia demandó a los estados de Michigan y Arizona por no proteger a las mujeres contra la conducta indebida en materia sexual, manifiesta por ejemplo en agresiones sexuales y «contemplación lasciva al vestirse, ducharse y utilizar los aseos».

En algunos centros, la violación y los abusos sexuales persisten porque los reclusos temen las represalias y se sienten demasiado vulnerables para presentar denuncias. También es motivo de preocupación el hecho de que se permita a personal del sexo opuesto efectuar registros personales que suponen contacto corporal y que estén presentes si los reclusos tienen que desnudarse.

En todo el país se utilizan métodos crueles, inhumanos y, a veces, peligrosos para inmovilizar a los reclusos, incluso si éstos son enfermos mentales.

Es corriente colocar grilletes y esposas a los presos y detenidos cuando son trasladados a algún sitio, aunque no supongan ninguna amenaza. A las mujeres embarazadas, por ejemplo, se les suele colocar algún tipo de aparato de inmovilización mecánico durante los traslados y, a veces, cuando están hospitalizadas. Las esposas hacen que aumente considerablemente el riesgo de caídas y de lesiones para la madre o el feto, ya que impiden a la mujer utilizar las manos para protegerse el cuerpo.

Las sillas de inmovilización, especialmente diseñadas para ser utilizadas con reclusos, se usan ampliamente en los centros penitenciarios a pesar de los reconocidos peligros que comportan. Scott Norberg murió asfixiado en la cárcel de Madison Street del condado de Maricopa, Arizona, en junio de 1996. Le habían sentado en una de estas sillas con la cara envuelta en una toalla. En 1997 las autoridades declararon que las 16 sillas de que se disponía se habían utilizado 600 veces en seis meses.

También se utilizan pulverizadores de sustancias químicas y aparatos de electrochoque. Algunos están prohibidos en diversos países por los riesgos que entrañan. Un asunto que es motivo de especial preocupación es el creciente uso de cinturones paralizantes de electrochoque por control remoto, con los que basta apretar un botón para aplicar al preso una fuerte corriente eléctrica que le causa gran dolor y le tira al suelo.

En 1997 había recluidos en unidades de «super máxima» seguridad unos 13.000 presos, y el numero va en aumento. Estas unidades se utilizan para el aislamiento durante largos periodos de presos peligrosos o problemáticos y las condiciones existentes en algunas de ellas constituyen tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Por ejemplo, en agosto de 1997 se inauguró en Texas la Unidad de Máxima Seguridad W. J. Estelle, donde se mantiene a los presos asilados en celdas sin ventanas durante veintitrés horas o más al día. Las celdas son cubículos de cemento sin luz natural y con una sólida puerta de acero con estrechas ranuras por las que apenas se ve un trozo de pasillo.

La atención médica presenta graves deficiencias en muchos centros. Entre los problemas denunciados figuran el trato totalmente inadecuado que reciben los enfermos mentales, la falta de atención a las necesidades de salud de las mujeres, las dificultades para recibir medicamentos recetados por el médico y la negativa o el retraso en prestar los cuidados médicos necesarios.

Annette Romo, joven embarazada recluida en Maricopa, suplicó en vano al personal de la cárcel que le trajeran ayuda médica cuando comenzó a sangrar en 1997. Al final perdió el conocimiento y fue trasladada rápidamente al hospital. El niño murió.

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La falta de protección adecuada contra las enfermedades contagiosas, sumada al hacinamiento y a las condiciones antihigiénicas, entraña un grave e innecesario peligro para muchas vidas.

El gobierno de Estados Unidos tienen la obligación de garantizar que se protegen los derechos humanos de todas las personas, incluidas las que se encuentran presas. Es necesario establecer con urgencia organismos independientes de ámbito nacional que mantengan bajo observación las condiciones penitenciarias y emprendan acciones para remediar los abusos. Asimismo se deben elaborar reglas sobre el trato a los presos aplicables en todo el país y compatibles con las normas internacionales de derechos humanos. Tales medidas serían indicativas de un compromiso serio por parte de las autoridades estadounidenses para poner fin a la tortura y los malos tratos en los centros penitenciarios.

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Solicitantes de asilo

Todo el mundo dice que Estados Unidos es el lugar de los derechos humanos. Al llegar pensé que me había equivocado de país.

Hawa Abdi Jama, refugiada somalí que estuvo recluida en terribles condiciones durante catorce meses hasta que le concedieron asilo.

Toda persona que se vea obligada a huir de su país para no ser perseguida tiene derecho a solicitar asilo. Estados Unidos ha aceptado este principio, pero al detener a solicitantes de asilo hace que no tenga ningún sentido. Estados Unidos no reconoce las normas internacionales que establecen que, debido al sufrimiento que causa, la detención de solicitantes de asilo se debe evitar normalmente y que no se debe alojar a solicitantes de asilo con delincuentes.

En los últimos años, el número de personas detenidas por el Servicio de Inmigración y Naturalización estadounidense ha aumentado espectacularmente y todo indica que seguirá haciéndolo. Entre los detenidos hay muchos solicitantes de asilo que han huido de violaciones de derechos humanos y se han dirigido a Estados Unidos en busca de protección.

Estados Unidos no es el único país donde se detiene a solicitantes de asilo, pero, dado que es miembro del Comité Ejecutivo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el hecho de que no cumpla las normas internacionales en este aspecto resulta particularmente lamentable.

En Estados Unidos, a los solicitantes de asilo, muchos de los cuales están todavía muy traumatizados por los sucesos que les han obligado a huir de sus hogares, se les trata cada vez más como a malhechores. Los detienen indefinidamente, los recluyen junto con delincuentes, los desnudan y registran, les ponen grilletes y cadenas, los someten a malos tratos e insultos y les niegan el acceso a sus familias, a un abogado y a las organizaciones que podrían ayudarlos.

Al ser menos numerosas que los hombres, las mujeres solicitantes de asilo corren más riesgo de que las mezclen con delincuentes al ser detenidas, tanto si las recluyen en centros de detención del Servicio de Inmigración y Naturalización como en prisiones. Algunas mujeres que han estado detenidas han informado de que las maltrataban e insultaban, las sometían a registros corporales, les negaban lo básico para su higiene personal y las recluían en régimen de aislamiento por infracciones leves de normas penitenciarias que no entendían.

Con demasiada frecuencia, los niños refugiados no reciben la ayuda especial que necesitan. El confinamiento junto con delincuentes juveniles en un centro para menores no es un trato apropiado para tales niños. A Rajakumar, por ejemplo, de 13 años de edad, lo separaron de su madre y le tuvieron encerrado durante más de un mes en una habitación de hotel de Nueva York junto con un grupo de personas a quienes no conocía. Posteriormente lo llevaron a un centro para menores del Servicio de Inmigración y Naturalización en Florida, sin ponerlo en conocimiento de su madre. Esta había huido de Sri Lanka junto con Rajakumar porque su esposo había «desaparecido» tras ser detenido por soldados del gobierno.

El trato que dispensa Estados Unidos a los solicitantes de asilo es considerado por muchos gobiernos un indicador de hasta qué punto se deben respetar los mecanismos internacionales para la protección de los refugiados. Es esencial que el gobierno estadounidense tome medidas para cumplir su compromiso para con quienes solicitan protección dentro de sus fronteras.

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Pena de muerte

De la horca a la silla eléctrica y de ahí a la inyección letal: ¿cuánto más van a disfrazarlo? Y cuanto más lo disfrazan más feo es.

Scott Blystone, condenado a muerte recluido en Pensilvania, 1997.

Desde 1990 han sido ejecutadas en Estados Unidos más de 350 personas, y hay más de 3.300 condenadas a muerte.

Las normas internacionales intentan restringir el ámbito de aplicación de la pena de muerte. Prohíben su imposición a niños, la consideran inaceptable como castigo de deficientes mentales y exigen las máximas salvaguardias jurídicas en los juicios por delitos penados con la muerte. Estados Unidos no cumple nada de esto.

Más de un centenar de países han abolido la pena de muerte en su legislación o en la práctica. Estados Unidos, en cambio, ha aumentado el número de ejecuciones, así como el de delitos punibles con la muerte. En la actualidad el castigo capital figura en el Código Penal de 38 estados.

Los niños no tienen aún uso de razón. Nadie debe ser condenado a muerte por un delito que haya cometido antes de cumplir los 18 años. Sin embargo, en 24 estados de Estados Unidos se puede imponer a las personas la pena capital por delitos que cometieron cuando eran menores de edad.

En 1989, la Corte Suprema de Estados Unidos falló que no era anticonstitucional ejecutar a retrasados mentales. Desde entonces se han llevado a cabo alrededor de treinta ejecuciones de personas con deficiencias psíquicas. No obstante, también se han tomado algunos medidas positivas. En 1998 Nebraska se ha convertido en el duodécimo estado que prohíbe en su legislación la ejecución de retrasados mentales presos.

El hecho de que una persona sea condenada a muerte o a cadena perpetua puede depender más de su abogado que del delito cometido. Un encausado que no tenga medios para contratar a un abogado competente y con experiencia corre más riesgo de ser condenado a muerte que uno que sí los tenga. Calvin Burdine, homosexual declarado, fue condenado a muerte en Texas en un juicio en el que estuvo defendido por un abogado que se refería a los homosexuales con términos como «maricas» y «sarasas», que no se entrevistó con ningún testigo para preparar la defensa y al que se vio quedarse dormido repetidas veces durante el proceso. Calvin Burdine continúa recluido en el pabellón de los condenados a muerte; su ejecución se ha suspendido ya dos veces cuando faltaban solo unas horas para llevarla a cabo.

No se sabe cuántos presos han sido ejecutados en Estados Unidos por delitos que no habían cometido. Amnistía Internacional ha documentado numerosos casos de personas a las que se les quitó la vida a pesar de existir serias dudas acerca de su culpabilidad.

A Curtis Kyles lo dejaron en libertad en 1997 y retiraron los cargos presentados contra él. Había estado catorce años en prisión y a punto de ser ejecutado en dos ocasiones. Con él fueron ya 75 las personas excarceladas desde 1973 al descubrirse que habían sido condenadas a muerte por error.

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La pena de muerte se ha convertido en Estados Unidos en un instrumento para hacer campaña política. Los políticos que se pronuncian en su contra son tachados por sus adversarios de «blandos con la delincuencia». Los que son favorables a ella compiten entre sí para ver quién la aplicará con más rigor. A finales de 1994, el fiscal del distrito de la ciudad de Oklahoma basó su campaña para la reelección en el récord de haber «enviado a 44 asesinos al pabellón de los condenados a muerte».

La aplicación de la pena capital es racista. Las personas negras son víctimas de delitos violentos más o menos en la misma proporción que las blancas; sin embargo, el 82 por ciento de los presos ejecutados desde 1977 habían sido condenados por asesinar a blancos. Otros factores, tales como la existencia de circunstancias agravantes, no explican la disparidad de las sentencias en relación con la raza del acusado y de la víctima. Los negros constituyen sólo el 12 por ciento de la población de Estados Unidos; sin embargo, el 42 por ciento de los condenados a muerte del país son negros. En el sistema judicial que los ha juzgado y condenado los blancos siguen constituyendo una abrumadora mayoría. En 1998, en los estados que aplican la pena capital había 1.838 funcionarios (la mayoría fiscales de distrito) encargados de decidir si pedir o no la pena de muerte en casos concretos. De ellos, 1.794 eran blancos.

La crueldad de la pena de muerte es innegable cualquiera que sea el método utilizado para aplicarla. La víctima, una persona a la que el Estado ha dejado desamparada, vive confinada bajo la amenaza de la muerte a veces durante años y, con frecuencia, en terribles condiciones. La mayoría de las ejecuciones se llevan a cabo mediante inyección letal. Pero este método no es, como se afirma a veces, un indoloro proceso clínico.

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Tommy Smith fue ejecutado en Indiana en 1996. El equipo encargado de hacerlo estuvo dieciséis minutos buscándole una vena en el brazo antes de llamar a un médico que trató en vano de insertarle una aguja en el cuello. Al cabo de treinta y seis minutos le inyectaron por fin el veneno en una vena del pie. Tommy Smith estuvo totalmente consciente durante todo el proceso.

Muchos condenados a muerte han participado en crímenes brutales. Pero el castigo capital constituye una violación del derecho a la vida y del derecho a no ser sometido a penas crueles, inhumanas o degradantes, y ambos son derechos que pertenecen a todos los seres humanos independientemente de quiénes sean y de lo que hayan hecho. Amnistía Internacional insta al gobierno de Estados Unidos y a las autoridades de los estados a abolir la pena capital. Asimismo, la organización pide a las autoridades que, entretanto, impongan una suspensión de las ejecuciones, prohíban la aplicación de la pena de muerte a personas condenas por delitos que cometieron siendo menores de edad y a retrasados mentales y garanticen que todas las personas acusadas de delitos punibles con la muerte cuentan con una defensa adecuada.

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Armas estadounidenses y abusos contra los derechos humanos

Me aplicaron descargas eléctricas en los pies y en las manos durante tanto tiempo que tuvieron que reponer la batería; yo quedé tan débil que les dije lo que querían oir.

Pius Lustrilanang, activista político indonesio.

Pius Lustrilanang hizo esta declaración en febrero de 1998. En 1993, el Departamento de Comercio estadounidense había autorizado la exportación de millares de armas paralizantes de electrochoque a Indonesia.

El gobierno de Estados Unidos ha suministrado armas y material de seguridad a gobiernos y a grupos armados de todo el mundo que han cometido torturas, homicidios políticos y otros abusos contra los derechos humanos. Además ha entrenado a militares responsables de violaciones de derechos humanos. La supervisión que realizan en la actualidad los organismos públicos es inadecuada para garantizar que los suministros estadounidenses no contribuyen a que se cometan nuevas violaciones de derechos humanos.

Amnistía Internacional cree que Estados Unidos debe adoptar y hacer aplicar un código de conducta para regular todas las ventas y toda la asistencia militar, de seguridad y policial a otros países a fin de garantizar que sus transferencias de material o de técnicas no contribuyen a que se cometan abusos contra los derechos humanos en ninguna parte.

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Derechos para todos

Cada uno de nosotros tiene una función que desempeñar en la defensa de los derechos humanos de los hombres y mujeres de todos los medios políticos, étnicos, religiosos y raciales.

Bill Clinton, presidente de Estados Unidos, 1997.

En Estados Unidos existen derechos civiles y políticos que se han conseguido luchando por ellos, a veces en encarnizadas batallas. Sin embargo, a pesar de esta larga y loable tradición, muchas personas no son conscientes de la importancia de los derechos que poseen.

Amnistía Internacional ha lanzado una importante campaña contra las violaciones de derechos humanos en Estados Unidos. Forma parte del trabajo continuo que realizan sus miembros en todo el mundo para promover los derechos proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que este año cumple su 50 aniversario.

El objetivo de la campaña es conseguir que haya mayor conciencia pública de las violaciones de derechos humanos en Estados Unidos, fortalecer la cooperación con el sector del público estadounidense comprometido con los derechos humanos y lograr que se lleven a cabo algunas reformas concretas. Estas últimas son: aumentar las posibilidades de hacer rendir cuentas a la policía estableciendo mecanismos independientes de vigilancia y control; establecer normas aplicables sobre el trato a los presos, entre ellas medidas para impedir los abusos sexuales contra mujeres y la prohibición de utilizar cinturones paralizantes de electrochoque; poner fin a la ejecución de personas condenadas por delitos que cometieron siendo menores de edad y de retrasados mentales como medida para conseguir la abolición de la pena de muerte; acabar con la detención ilegítima de solicitantes de asilo; ratificar plenamente los tratados internacionales de derechos humanos, y adoptar un código de conducta que impida el uso de armas y material estadounidense para cometer abusos en otras partes del mundo.

Estados Unidos tiene la responsabilidad de garantizar el respeto de sus propias leyes y de las normas internacionales de derechos humanos, muchas de las cuales a contribuido a establecer.

Debe tomar medidas para salvaguardar los derechos humanos fundamentales en su territorio y para garantizar el respeto de los derechos proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Los derechos humanos son de todos o no los tendrá garantizados nadie. Es hora de pedir derechos para todos.

Acción en favor de los derechos humanos

Amnistía Internacional lanzará su campaña con objeto de conseguir las siguientes mejoras especificas en la protección de los derechos humanos. Insta a las autoridades estadounidenses a:

▸ Establecer organismos de control independientes y eficaces para investigar las denuncias de malos tratos policiales y de malos tratos infligidos en centros penitenciarios.

▸ Prohibir los procedimientos de inmovilización intrínsecamente peligrosos y crueles, entre ellos la práctica de atar a la víctima con las muñecas y los tobillos juntos por detrás y el uso de cinturones paralizantes de electrochoque.

▸ Prohibir la aplicación habitual de instrumentos de inmovilización a presas embarazadas y durante el trabajo.

▸ Tomar medidas para impedir en los centros penitenciarios los abusos sexuales, incluida la violación, restringiendo y regulando la función del personal masculino con respecto a la mujeres presas.

▸ Garantizar que sólo en última instancia se detendrá a solicitantes de asilo y que jamás serán recluidos en prisiones.

▸ Prohibir la aplicación de la pena de muerte a personas condenadas por delitos que cometieron siendo menores de edad como primer medida para conseguir su completa abolición.

▸ Ratificar sin reservas la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

▸ Adoptar y hacer aplicar con rigor un código obligatorio de conducta, basado en los derechos humanos y que abarque todas las transferencias de material, servicios y técnicas militares, de seguridad y policiales.

Amnistía Internacional pretende movilizar al mayor número posible de individuos, grupos y organizaciones comunitarias para conseguir estos cambios. Se agradecerán los comentarios y sugerencias sobre el modo más eficaz de avanzar en estos aspectos.

Todas las recomendaciones formuladas por Amnistía Internacional a las autoridades estadounidenses figuran en el informe titulado Estados Unidos: Derechos para todos, así como en la página Web de la campaña (http://www.rightsforall-usa.org).

Si desean apoyar nuestra campaña en favor de los derechos para todos, pueden:

▸ Ayudar a generar concienciación sobre las violaciones de derechos humanos en Estados Unidos. Para ello, distribuyan las publicaciones de Amnistía Internacional, planteen el problema a organizaciones pertinentes con las que estén en contacto o escriban cartas a la prensa sobre las violaciones de derechos humanos que se cometen en Estados Unidos.

▸ Instar al gobierno de Estados Unidos a proteger los derechos humanos. Escriban al presidente Bill Clinton a la siguiente dirección:

President Bill Clinton

The White House

Office of the President

1600 Pennsylvania Avenue

Washington DC 20500

Estados Unidos de América

Ínstenle a promocionar y a proteger los derechos humanos en Estados Unidos tomando las medias descritas anteriormente.

▸ Escribir al embajador y a otros representantes diplomáticos estadounidenses acreditados en su país pidiéndoles que expongan las preocupaciones de Amnistía Internacional a las autoridades pertinentes de Estados Unidos.

▸ Ponerse en contacto con la oficina de Amnistía Internacional de su país y sumarse a la campaña en favor de los derechos humanos en Estados Unidos.

▸ Visitar la página Web de la campaña: http://www.rightsforall-usa.org

Cómo conseguir las publicaciones de la campaña

Este cuaderno de Amnistía Internacional, titulado Derechos para todos: los derechos humanos en Estados Unidos, forma parte de una serie de publicaciones preparadas por Amnistía Internacional para su campaña de 1998-1999 en contra de los abusos cometidos contra los derechos humanos en Estados Unidos.

Otros materiales para la campaña son: el detallado informe de Amnistía Internacional Estados Unidos de América: Derechos para todos, varios folletos temáticos, un artículo para la sección Enfoque del Boletín de Amnistía Internacional y una exposición fotográfica.

Si viven en alguno de los muchos países en los que Amnistía Internacional tiene Sección, pueden dirigirse a ésta para solicitar las publicaciones de la campaña.

Si en su país no hay Sección, pidan la publicaciones escribiéndonos directamente a la siguiente dirección: Amnesty International Publications, Marketing and Supply team, International Secretariat, 1 Easton Street, London, WC1X 8DJ, Reino Unido.

Se puede consultar el texto de otros documentos importantes de Amnistía Internacional sobre abusos contra los derechos humanos en Estados Unidos en AI On-Line, la página Web general de Amnistía Internacional ( http://www.amnesty.org).

Derechos para todos: Los derechos Humanos en Estados Unidos de América, cuaderno de Amnistía Internacional. Indice AI: AMR 51/40/98/s.

Editorial Amnistía Internacional

(EDAI)

Palmera 15

28029 Madrid

España

http:// www.edai.org

I.S.B.N.:

Publicado originalmente en inglés por

Amnesty International Publications

1 Easton Street

London WC1X 8DJ

Reino Unido

http:// www.amnesty.org

I.S.B.N.: 0 86210 273 1

Octubre de 1998

Reservados todos los derechos. La reproducción de cualquier apartado de esta publicación queda totalmente prohibida, así como su almacenamiento en la memoria de computadores, su transmisión, fotocopia y grabación por medios electrónicos o mecánicos de reproducción, sin previa autorización de la editorial.

Cuaderno sobre Estados Unidos - pies de ilustraciones y créditos

1. Mapa proporcionado por Benn’s Media

2. Washington D.C.: Personas sin hogar durmiendo en la acera. Estados Unidos tiene la economía más fuerte del mundo; sin embargo, hay disparidades extremas de riqueza y poder. Se calcula que el 9 por ciento de los niños del país soportan condiciones de extrema pobreza, y que el 13,7 por ciento de la población vive en la indigencia.

3. El edificio de las Naciones Unidas en Nueva York

4. El ciudadano paraguayo Ángel Francisco Breard fue ejecutado en 1998 con manifiesto desprecio de las decisiones de la Corte Internacional de Justicia. El 9 de abril de 1998, la Corte ordenó suspender la ejecución hasta que determinara si Estados Unidos había infringido la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, de las Naciones Unidas, al negar al detenido la asistencia del consulado paraguayo. Cinco días más tarde, las autoridades del estado de Virginia ejecutaron a Ángel Francisco Breard.

5. Manifestantes pidiendo justicia para Abner Louima (en el recuadro), inmigrante haitiano que sufrió lesiones internas graves tras ser golpeado por agentes de policía de Nueva York en agosto de 1997. Al parecer, uno de los policías le introdujo el mango de un desatascador por el recto en una comisaría de Brooklyn. A mediados de 1998, cuatro agentes se encontraban en espera de juicio por cargos de agresión presentados contra ellos en aplicación de la legislación federal.

6. Ayudantes del sheriff montando guardia en St Petersburg, Florida, tras los disturbios provocados por la muerte del adolescente negro Tyrone Lewis en octubre de 1996. Dos agentes de policía blancos dispararon contra el muchacho causándole la muerte cuando, al pararle por exceso de velocidad, él se negó, al parecer, a bajar la ventanilla. El suceso fue causa de dos días de disturbios entre la comunidad negra de la ciudad, que acusó a la policía de racismo.

7. Recluso menor de edad sujeto con grilletes, lo que constituye un quebrantamiento de las normas internacionales.

8. En Alabama se castigaba a los presos atándolos a un poste de inmovilización, conocido como «la barra de amarre», a veces durante horas y con un calor sofocante o un frío glacial. En enero de 1997, un magistrado federal falló que el estado debía dejar de utilizar este método, que calificó de «castigo doloroso y tortuoso», pero en julio de 1998 estaba todavía pendiente una apelación presenta por el estado contra la resolución federal.

9. Celda del ala de máxima seguridad del centro penitenciario para mujeres de Columbia, Carolina del Sur.

10. Guardias vigilando a los reclusos durante un registro masivo efectuado en la Unidad Ellis 1 de Huntsville, Texas, en busca de objetos de contrabando.

11. Cuerda de reclusas de la cárcel del condado de Maricopa, situada Phoenix, Arizona, llevando un ataúd al cementerio.

12. Personas detenidas en el centro de Port Isabel, Texas, del Servicio de Inmigración y Naturalización. En Estados Unidos los solicitantes de asilo detenidos son recluidos con frecuencia junto con delincuentes y tienen dificultades para recibir asistencia jurídica, así como la atención especial que necesitan por ser personas que han huido de violaciones graves de derechos humanos.

13. Shareef Cousin, de 16 años de edad, se convirtió en el condenado a muerte más joven de Estados Unidos cuando en 1996 le impusieron la pena capital en Luisiana. La fiscal basó su actuación en la declaración de una testigo presencial amiga del hombre asesinado. Dijo al jurado que estaba «absolutamente segura» de que Shareef Cousin era el asesino. Después del juicio una fuente anónima envió a los abogados del muchacho una copia de la declaración original hecha ante la policía por la testigo, quien decía en ella que no podía describir al agresor porque estaba oscuro y no llevaba puestas las gafas. La fiscal había ocultado esta información a la defensa; asimismo, se demostró que había presionado a un informante para que declarara en contra de Shareef Cousin, y fue acusada de ocultar también a testigos de descargo. En la vista de apelación celebrada a principios de 1998 se concedió a Shareef Cousin el derecho a ser sometido de nuevo a juicio.

14. Manifestantes congregados a la entrada de la prisión donde el 3 de febrero de 1998 fue ejecutada Karla Faye Tucker, quien durante su estancia en el pabellón de los condenados a muerte se había convertido en una persona instruida y profundamente religiosa. Con Karla Faye Tucker son ya tres las mujeres ejecutadas en Estados Unidos desde que se reanudaron las ejecuciones en 1977. En junio de 1988 quedaban otras 43 condenadas a muerte, repartidas en 15 estados.

15. La cámara de ejecución y la sala de los testigos del Centro Penitenciario del Sur de Ohio, situado en Lucasville, Ohio. Los 180 hombres recluidos actualmente en Ohio en espera de ser ejecutados pueden elegir entre la muerte por inyección letal y la electrocución.

16. Los participantes en una marcha de más de 120 kilómetros iniciada en Temecula en abril de 1996 piden solidaridad a la gente del lado mexicano de la frontera desde la valla que separa Estados Unidos de México cerca de San Ysidro, California. La marcha se organizó para protestar por la paliza que la policía había dado a dos inmigrantes ilegales, Leticia González y Enrique Funes Flores, en el condado de Riverside.

Portada: Preso atado a un poste de inmovilización en el condado de Limestone, Alabama.

Contraportada: Unos manifestantes protestan contra las presuntas palizas y torturas sexuales sufridas por el inmigrante haitiano Abner Louima a manos de agentes de policía blancos

Cuaderno sobre Estados Unidos - pies de ilustraciones y créditos

1. Mapa proporcionado por Benn’s Media

2. Washington D.C.: Personas sin hogar durmiendo en la acera. Estados Unidos tiene la economía más fuerte del mundo; sin embargo, hay disparidades extremas de riqueza y poder. Se calcula que el 9 por ciento de los niños del país soportan condiciones de extrema pobreza, y que el 13,7 por ciento de la población vive en la indigencia.

3. El edificio de las Naciones Unidas en Nueva York

4. El ciudadano paraguayo Ángel Francisco Breard fue ejecutado en 1998 con manifiesto desprecio de las decisiones de la Corte Internacional de Justicia. El 9 de abril de 1998, la Corte ordenó suspender la ejecución hasta que determinara si Estados Unidos había infringido la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, de las Naciones Unidas, al negar al detenido la asistencia del consulado paraguayo. Cinco días más tarde, las autoridades del estado de Virginia ejecutaron a Ángel Francisco Breard.

5. Manifestantes pidiendo justicia para Abner Louima (en el recuadro), inmigrante haitiano que sufrió lesiones internas graves tras ser golpeado por agentes de policía de Nueva York en agosto de 1997. Al parecer, uno de los policías le introdujo el mango de un desatascador por el recto en una comisaría de Brooklyn. A mediados de 1998, cuatro agentes se encontraban en espera de juicio por cargos de agresión presentados contra ellos en aplicación de la legislación federal.

6. Ayudantes del sheriff montando guardia en St Petersburg, Florida, tras los disturbios provocados por la muerte del adolescente negro Tyrone Lewis en octubre de 1996. Dos agentes de policía blancos dispararon contra el muchacho causándole la muerte cuando, al pararle por exceso de velocidad, él se negó, al parecer, a bajar la ventanilla. El suceso fue causa de dos días de disturbios entre la comunidad negra de la ciudad, que acusó a la policía de racismo.

7. Recluso menor de edad sujeto con grilletes, lo que constituye un quebrantamiento de las normas internacionales.

8. En Alabama se castigaba a los presos atándolos a un poste de inmovilización, conocido como «la barra de amarre», a veces durante horas y con un calor sofocante o un frío glacial. En enero de 1997, un magistrado federal falló que el estado debía dejar de utilizar este método, que calificó de «castigo doloroso y tortuoso», pero en julio de 1998 estaba todavía pendiente una apelación presentada por el estado contra la resolución federal.