Document - United States of America: Police brutality and excessive force in the New York City Police Department

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA


Brutalidad policial y uso excesivo de la fuerza en el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York.




INTRODUCCIÓN


En los últimos cuatro años, Amnistía Internacional ha recibido preocupantes denuncias de malos tratos a detenidos, muertes bajo custodia y disparos injustificados por parte del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York. Aunque los informes de brutalidad policial no son nada nuevo, el número de denuncias por conducta indebida de la policía entabladas por ciudadanos contra la Ciudad de Nueva York se ha incrementado notablemente en los últimos años, de 977 en 1987 a más de 2000 en 1994. También ha aumentado la cantidad que la municipalidad paga cada año en acuerdos o juicios fallados a favor de los denunciantes de abusos policiales, de 13,5 millones de dólares en 1992 hasta más de 24 millones en 1994.


Este documento informa sobre los resultados de una investigación que la organización desarrolló a lo largo de dieciocho meses, en los que realizó dos visitas de investigación a Nueva York. Amnistía Internacional reconoce que, en los últimos tres años, el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York ha llevado a cabo varias reformas, en parte como respuesta a una comisión de investigación sobre la corrupción policial designada en 1992. Sin embargo, sigue existiendo un problema de brutalidad y uso de fuerza excesiva por parte de la policía, que la organización cree que se debe abordar urgentemente.


Amnistía Internacional ha recopilado información sobre más de 90 casos de denuncias de malos tratos o de fuerza excesiva con resultado de malos tratos o muerte, por parte de la policía de la Ciudad de Nueva York, desde finales de la década de los ochenta hasta principios de 1996. Hay denuncias de que algunas personas han sido golpeadas reiteradamente con porras, palos u otros instrumentos, a menudo tras haber mantenido discusiones de escasa gravedad con agentes en la calle; de muertes bajo custodia después de haber utilizado una presunta fuerza excesiva; y de disparos que violaban unas directrices muy estrictas del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York sobre el uso de medios letales. Entre las víctimas hay hombres, mujeres, jóvenes y personas de todos los ámbitos sociales, raciales y étnicos. Sin embargo, los hechos parecen indicar que la mayor parte de las víctimas de abusos de la policía pertenecen a minorías raciales, especialmente personas de origen afroamericano, latino o asiático. Parece ser que los casos de muertes bajo custodia o de disparos polémicos son más frecuentes cuando se trata de personas pertenecientes a minorías, tema que Amnistía Internacional cree que debe ser objeto de una investigación especial.


Amnistía Internacional no puede sacar conclusiones sobre la exactitud de todas las denuncias. En parte, esto es debido a que las circunstancias son a menudo muy controvertidas, pero también a la confidencialidad que rodea las investigaciones sobre conducta indebida de la policía en la Ciudad de Nueva York, tema que también se aborda en este informe. Sin embargo, la información recopilada también parece indicar que la brutalidad policial y la fuerza injustificada son un problema generalizado, con una pauta de abusos similares a lo largo de muchos años. Aunque, según informes, la corrupción ha descendido, Amnistía Internacional se siente preocupada al saber que las denuncias de brutalidad continúan aumentando, con un incremento significativo en los dos últimos años. También se ha producido un aumento significativo del número de disparos y de muertes bajo custodia policial entre 1993 y 1994 (último año del que existen datos disponibles).


Amnistía Internacional reconoce que la policía de la Ciudad de Nueva York tiene un trabajo difícil y a menudo peligroso, y que la mayor parte de las veces las relaciones entre la policía y los ciudadanos no acaban en denuncias de conducta indebida. Amnistía Internacional también reconoce que la policía está autorizada )e incluso obligada)a utilizar medios letales en determinadas circunstancias. Sin embargo, las autoridades tienen la responsabilidad de garantizar que no se tolerarán los malos tratos ni la fuerza excesiva en ninguna circunstancia. Parece ser que, en muchos de los casos examinados, se violaron impunemente las normas internacionales, así como las leyes de los EE. UU. y las directrices de la policía que prohíben la tortura u otro trato cruel, inhumano o degradante. Aunque en los últimos años ha habido un incremento del número de procesamientos por casos de corrupción en la policía, los procesamientos por uso de fuerza excesiva en acto de servicio siguen siendo escasos, y las declaraciones de culpabilidad más escasas aún. En la mayoría de los casos examinados, los agentes no fueron procesados o recibieron únicamente sanciones menores. El «código de silencio» según el cual los agentes se niegan a declarar en contra de sus colegas parece ser uno de los factores que han contribuido a la impunidad en muchos de los casos.


La investigación de Amnistía Internacional sobre el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York forma parte de su actual trabajo de vigilar e investigar las denuncias de malos tratos en los Estados Unidos. Su preocupación por la brutalidad de la policía no se limita a la Ciudad de Nueva York, como se refleja en su informe anual y en otras publicaciones (en el Apéndice 2 de este documento figura una selección de otros informes de Amnistía Internacional sobre los Estados Unidos). Sin embargo, al ser el mayor departamento municipal de policía del país (con 38.000 agentes), los mecanismos, directrices y técnicas del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York son un ejemplo para otros departamentos de policía. Muchas de las conclusiones y recomendaciones de Amnistía Internacional sobre el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York también pueden aplicarse a otros organismos encargados de hacer cumplir la ley en los Estados Unidos.



1. INFORMACIÓN GENERAL


1. 1 Composición del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York


El Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York es la mayor fuerza de policía de los EE. UU., y al final de 1995 contaba con más de 38.000 agentes. El departamento está dividido en 76 distritos policiales que abarcan los cinco distritos municipales de la Ciudad de Nueva York: Manhattan, Brooklyn, El Bronx, Queens y Staten Island. En la primavera de 1995, el Departamento de Policía de la Vivienda de la Ciudad de Nueva York y el Departamento de Policía de Tránsito de la Ciudad de Nueva York (con un total de 7.000 agentes) se unieron en lo que hoy se conoce como Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York.


Según el censo de 1990, la población de Nueva York está constituida por un 43,2% de blancos, un 28,7% de negros, un 24,4% de latinos (hispanos) y un 7,7% de otras razas, incluidos asiáticos. Sin embargo, la mayoría de los agentes del Departamento de Policía son blancos. En un estudio realizado en 1992 se llegaba a la conclusión de que Nueva York quedaba en el último lugar de las 50 ciudades en las que se analizó si los departamentos de policía reflejaban la composición racial de la población(1). En el momento de realizarse el estudio, sólo el 11,4% de los agentes del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York eran de raza negra, y el 13,6% eran latinos. Como las estadísticas muestran que los negros y otras minorías son víctimas de la fuerza excesiva de la policía en un número desproporcionado, la composición de la fuerza de policía ha suscitado especial preocupación, tanto dentro como fuera del departamento. Aunque, según informes, el departamento se ha esforzado en incorporar más agentes pertenecientes a minorías, el porcentaje de agentes de raza negra sigue siendo prácticamente el mismo. En 1995, la distribución por razas del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York era de 72,2% de blancos, 15,2% de latinos, 11,5% de negros (de origen afroamericano) y 1,1% de otras razas, incluidos asiáticos(2). La mayoría de los agentes viven en barrios periféricos de la ciudad, y algunas críticas al departamento sostienen que esta circunstancia ha contribuido a crear una sensación de rechazo y tensión entre la policía y las comunidades del centro de la ciudad en la que ellos trabajan.


1. 2 Investigaciones sobre el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York


Desde su creación en el último siglo, el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York se ha visto envuelto en una serie de escándalos de corrupción, aproximadamente cada veinte años, a los que siguieron investigaciones y períodos de reformas. Una importante investigación, dirigida en 1972 por la Comisión Knapp, llegó a la conclusión de que la corrupción estaba generalizada en todo el departamento y que los agentes aceptaban sobornos de jugadores, prostitutas y otras personas para impedir su detención. Después se llevaron a cabo varias reformas, como la reorganización de la División de Asuntos Internos del departamento y la creación del cargo de Fiscal Especial del Estado para procesar a los agentes de policía acusados de corrupción. Esta figura, que trabajaba de forma independiente de los fiscales de distrito, fue suprimida en 1990.


Sin embargo, en 1992 surgieron nuevas denuncias de corrupción cuando seis agentes de la policía de la Ciudad de Nueva York fueron detenidos y acusados por el vecino Departamento de Policía del Condado de Suffolk de delitos relacionados con las drogas, y se planteó la interrogante de cómo había sido posible que pudieran evitar que les descubrieran durante tanto tiempo. Este nuevo escándalo condujo a la designación de la Comisión de Investigación Mollen, en julio de 1992, por el entonces alcalde de la Ciudad de Nueva York, David N. Dinkins(3). En el informe publicado en julio de 1994, la Comisión Mollen llegaba a la conclusión de que existía un grave problema de corrupción entre los agentes de las patrullas de varios distritos policiales de la ciudad en los que existía un alto grado de delincuencia, y que, aunque no estaba tan generalizado como los sobornos descubiertos por la Comisión Knapp, era de naturaleza más grave. La corrupción alcanzaba a grupos de agentes que protegían y ayudaban a narcotraficantes, dirigían investigaciones e incautaciones ilegales, cometían perjurio y falsificaban informes, y estaban implicados directamente en robos y tráfico de drogas. La Comisión llegó a la conclusión de que el departamento, en su totalidad, no había vigilado ni investigado adecuadamente a los agentes culpables de abusos, que los mandos de la policía practicaban la «ceguera» deliberada ante la corrupción, y que las investigaciones de la División de Asuntos Internos servían para restar importancia a la corrupción más que para ponerla de manifiesto. También concluía que los agentes corruptos podían operar impunemente en determinadas zonas, principalmente debido al «código de silencio» que existía incluso entre agentes honestos que temían, o no querían, incriminar a sus colegas. La Comisión pudo constatar que el código de silencio imperaba especialmente en los distritos policiales con alto índice de delincuencia, en los que el temor y el rechazo de la comunidad local había engendrado un espíritu de «nosotros contra ellos» y los agentes dependían unos de otros para apoyarse. El informe mencionaba casos de agentes que habían intentado informar o investigar casos de conducta indebida de la policía y habían sufrido hostilidad, falta de cooperación y, en algunos casos, represalias.


Aunque la investigación se centraba principalmente en la corrupción, la Comisión Mollen llegó a la conclusión de que corrupción y brutalidad estaban íntimamente relacionadas, afirmando que «la brutalidad policial parecía que tenía lugar, en distintos grados, dondequiera que descubríamos que existía corrupción, especialmente en los distritos policiales donde abundaban los delitos y las drogas, a menudo con grandes sectores de población pertenecientes a minorías». La Comisión encontró difícil cuantificar el grado de brutalidad porque los funcionarios eran aun más reacios a informar de los actos de brutalidad que de la corrupción, y porque los registros oficiales de tales incidentes en el pasado habían sido insuficientes. Sin embargo, citó varios informes de funcionarios que habían utilizado una brutalidad extremada(4). La Comisión también comprobó que dentro del departamento existía cierto grado de tolerancia con determinados niveles de brutalidad, señalando: «El uso excesivo de los puñetazos en la cara, golpes de porra en las costillas y rodillazos en la ingle se contempla como una de las realidades del servicio de la policía». Aunque algunas de estas prácticas adoptaban la forma de «justicia callejera» con aquellas personas que la policía creía que estaban implicadas en delitos, la Comisión destacó que esa brutalidad no quedaba siempre restringida a personas sospechosas de participar en actividades delictivas.


La Comisión comprobó que no solamente los agentes de las patrullas, sino también los supervisores, hacían a menudo la vista gorda ante las pruebas de uso innecesario de la fuerza. La Comisión afirmó que era «algo sabido» que los supervisores no ponían en duda los informes de los agentes cuando llegaban a una comisaría con un sospechoso que claramente había sido golpeado y afirmaban que el sospechoso «se había resistido al arresto», y que era fácil no intervenir en estos casos dada la ausencia de testigos independientes. Concluyó que tales actitudes «engendran, protegen y justifican» la brutalidad y «permiten incluso que policías por lo demás se tomen libertades ocasionales sin remordimiento o temor».


Desde que se llevó a cabo la investigación Mollen, el Departamento de Policía ha adoptado medidas para abordar el problema de la corrupción y de otras conductas indebidas, proceso que comenzó cuando la Comisión todavía estaba funcionando. Durante los últimos dos años han sido arrestados decenas de agentes -el grupo más numeroso, del distrito policial 30 de Harlem- por cargos como perjurio, extorsión y narcotráfico. Aunque la mayoría de los cargos penales tenían que ver con la corrupción, 16 agentes de dos distritos policiales del Bronx fueron procesados en mayo de 1995 por cargos que incluían agresiones a sospechosos, así como perjurio y robo. También hubo reformas internas dentro del departamento, de conformidad con las recomendaciones de la Comisión Mollen, como la reestructuración de la División de Asuntos Internos y sus unidades sobre el terreno en una Oficina de Asuntos Internos, el empleo de nuevos procedimientos para vigilar la corrupción y brutalidad de los agentes y cambios en la política de contratación y formación de los agentes.


La Comisión Mollen recomendó que el Departamento de Policía siguiera siendo el primer responsable en investigar la corrupción dentro del cuerpo. Sin embargo, una de sus principales recomendaciones fue la creación de un organismo de supervisión permanente, independiente del departamento, que realizaría una evaluación continua de las propias medidas anticorrupción del Departamento y, cuando fuera necesario, llevaría a cabo sus propias investigaciones. Esta propuesta no fue llevada a la práctica y constituye un tema polémico entre el actual alcalde, Rudolf W.Guiliani y la municipalidad. La municipalidad aprobó un proyecto de ley por el que se designaba una persona independiente para controlar e investigar la corrupción en la línea recomendada por la Comisión Mollen, pero el proyecto fue vetado por el alcalde, quien designó a su propio equipo mediante una orden administrativa. Contrariamente a lo propuesto por la municipalidad, el equipo del alcalde no tiene facultades independientes para investigar la corrupción de la policía(5). Otras recomendaciones hechas por la Comisión Mollen para controlar la brutalidad y la corrupción (por ejemplo, hacer cambios legislativos para ampliar la ley de prescripción en el caso de tener que actuar disciplinariamente contra algunos agentes), tampoco se han puesto en práctica. Estos temas se analizan en el apartado Investigación de las denuncias: formas de remediar los abusos de la policía.


1. 3 La Junta Civil de Revisión de Denuncias


Desde 1953, la Ciudad de Nueva York cuenta con una junta de revisión para investigar las denuncias presentadas por los ciudadanos contra agentes de policía. Hasta 1987, la junta estaba formada en su totalidad por miembros no uniformados del Departamento de Policía. Desde 1987 hasta 1993, la Junta Civil de Revisión de Denuncias estuvo formada por seis ciudadanos particulares nombrados por el alcalde y seis empleados del Departamento de Policía nombrados por el director general de Policía; carecía de poderes para hacer apercibimientos y la mayor parte de sus investigadores eran agentes de policía en activo. Sin embargo, aumentó la preocupación por la falta de independencia de la junta y la escasa proporción de denuncias que se comprobaban (por término medio, un 7%).


En enero de 1993, la municipalidad enmendó sus estatutos para crear por primera vez una junta constituida únicamente por civiles, totalmente independiente de la policía. La nueva Junta Civil de Revisión de Denuncias, que empezó a funcionar en julio de 1993, consta de trece miembros. Aunque todos ellos están nombrados por el alcalde, cinco son elegidos por el alcalde, otros cinco, que representan a los cinco distritos de la ciudad, son elegidos por la municipalidad, y tres son elegidos por el director general de Policía (son los únicos miembros de la junta que pueden haber pertenecido a cuerpos encargados de hacer cumplir la ley, aunque no pueden ser agentes de policía en activo). También tiene una plantilla de investigadores civiles, con poderes para requerir documentación y obligar a prestar declaración.


Dentro del Departamento de Policía hubo una fuerte oposición a la creación de una junta de revisión de denuncias constituida únicamente por civiles. Cuando la primitiva propuesta del alcalde Dinkins fue debatida por la municipalidad en 1992, miles de agentes de policía que no estaban de servicio tomaron parte en una manifestación de protesta ante el ayuntamiento organizada por el principal sindicato de policía, la Patrolmen's Benevolent Association, PBA(sindicato de policía). El actual alcalde de la Ciudad de Nueva York, Rudolf W.Guiliani, que entró en funciones en enero de 1994, también se opuso a la creación de una junta constituida únicamente por civiles. El proyecto de ley que fue finalmente aprobado hacía algunas concesiones a los que se oponían a la propuesta inicial de Dinkins (una junta escogida únicamente por el alcalde); establecía que tres miembros de la junta podían ser elegidos por el director general de Policía y otros tres por la municipalidad, pero seguía manteniendo que estaría formada únicamente por civiles y sería independiente del Departamento de Policía.


Con su cometido actual, la Junta Civil de Revisión de Denuncias puede investigar denuncias de uso excesivo de la fuerza, abuso de autoridad, descortesía y lenguaje ofensivo (incluidos los insultos por su orientación sexual, raza, grupo étnico, religión, sexo o minusvalías). Otras formas de conducta indebida, entre ellas la corrupción, no entran dentro de sus competencias. En los casos de muerte o de lesiones graves, pueden concurrir competencias y la Junta Civil de Revisión de Denuncias puede llevar a cabo investigaciones al mismo tiempo que el Departamento de Asuntos Internos. Sin embargo, si el fiscal del distrito ya está llevando a cabo una investigación criminal, la Junta debe suspender su propia investigación hasta que se conozca el resultado de la investigación criminal. La Junta informa de sus conclusiones y recomendaciones al director general de Policía.


Es evidente que la Junta Civil de Revisión de Denuncias desempeña un papel importante para garantizar la responsabilidad pública en las investigaciones sobre las denuncias de conducta indebida de la policía. Sin embargo, hay indicios de que existen graves conflictos entre la policía y la nueva Junta, ya que se han producido acusaciones mutuas de falta de cooperación. Estas relaciones tensas socavan la confianza en la investigación de las denuncias y en la buena voluntad de la policía para someterse a una supervisión externa, tema que se analiza con más detalle en el apartado Investigación de las denuncias: formas de remediar los abusos de la policía.


1. 4 Denuncias de brutalidad en el pasado


Aunque la mayor parte de las investigaciones sobre el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York han tenido que ver con la corrupción, la brutalidad de la policía ha sido también un motivo de constante preocupación. A mediados de la década de los ochenta se pidió que se llevara a cabo una investigación sobre la brutalidad de la policía, tras producirse una serie de casos que recibieron amplia difusión en los que personas de raza negra murieron o sufrieron malos tratos estando bajo custodia. Uno de estos casos fue el de Michael Stewart, un joven de origen afroamericano que murió en septiembre de 1983, trece días después de haber sido conducido al hospital atado de pies y manos, con contusiones y en estado de coma, después de que 11 agentes del Departamento de Policía de Tránsito de la ciudad de Nueva York lo arrestaran por hacer grafitos con un aerosol en el metro de Manhattan. Otro de estos casos fue el de Eleanor Bumpers, una mujer de mediana edad, mentalmente perturbada, que murió a causa de los disparos efectuados en octubre de 1984 por un policía armado que irrumpió en su domicilio del Bronx para deshauciarla por retrasarse en el pago del alquiler. En ambos casos, los agentes fueron absueltos en un juicio por conducta indebida, aunque posteriormente se criticó el comportamiento de algunos agentes en investigaciones internas.


En abril de 1985, algunos agentes del distrito policial 106, de Queens, fueron acusados de torturar a tres sospechosos con una pistola paralizante para obligarlos a confesar que habían vendido pequeñas cantidades de marihuana. Posteriormente, dos agentes y un sargento fueron declarados culpables de agresión y otros cargos y condenados a penas que oscilaban entre dos y seis años de cárcel, y varios altos mandos fueron despedidos.


Aunque el Departamento de Policía desestimó estos y otros casos y los consideró casos aislados, la preocupación pública indujo al gobernador del Estado de Nueva York, Mario Cuomo, a nombrar una comisión de investigación en 1985. El cometido de la Comisión del Estado de Nueva York sobre Justicia Penal y Uso de la Fuerza(conocida también como Comisión Curran por ser su presidente Paul Curran) debía investigar el uso de la fuerza en los departamentos de policía de todo el Estado, y examinar, entre otras cosas, si las minorías raciales tenían más probabilidades que otros grupos de ser víctimas de la fuerza excesiva o letal. La Comisión Curran, que estudió los procedimientos más que los casos individuales, llegó a la conclusión, en 1987, de que los agentes encargados de hacer cumplir la ley en el Estado de Nueva York no empleaban sistemáticamente la fuerza ni medios letales, y que la raza no era un elemento significativo, aunque pudo constatar que la policía insultaba a los sospechosos empleando insultos racistas. Hizo varias recomendaciones para consolidar los procedimientos orientadas a incrementar la confianza de los ciudadanos en la policía. Las conclusiones del informe fueron consideradas insuficientes por distintos grupos de derechos civiles. Aunque desde entonces también han surgido otras preocupaciones por la brutalidad de la policía y se han llevado a cabo algunas investigaciones sobre incidentes específicos (o en zonas específicas(6)), no se han realizado más investigaciones generales sobre el uso de la fuerza por parte de la policía de Nueva York.



2. RESUMEN DE LAS CONCLUSIONES DE AMNISTÍA INTERNACIONAL


2. 1 Fuentes de información de Amnistía Internacional


El informe de Amnistía Internacional está basado en una investigación de dieciocho meses de duración, a lo largo de la cual se realizaron dos visitas de investigación a la Ciudad de Nueva York, en octubre de 1994 y noviembre de 1995(7). Los delegados de Amnistía Internacional se entrevistaron con los abogados que representaban a las presuntas víctimas de la brutalidad de la policía y con miembros de grupos de derechos civiles. También se reunieron con agentes de la División de Asuntos Internos del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York, con la Junta Civil de Revisión de Denuncias, con el fiscal federal para el distrito sur de Nueva York(8) y con la fiscalía del distrito del Bronx. Se solicitaron entrevistas con funcionarios de las fiscalías de los distritos de Manhattan y de Brooklyn, pero no fue posible concertarlas. Amnistía Internacional también contó con otras fuentes de información, entre ellas la oficina del contralor municipal(9), la oficina de la municipalidad, informes de tribunales, artículos de prensa e informes de la policía y directrices de la policía sobre el uso de la fuerza. La organización también solicitó información sobre estadísticas y sobre determinados casos al director general de Policía y al Departamento de Información Pública del Departamento de Policía; sin embargo, las fuentes oficiales no proporcionaron toda la información solicitada.


Amnistía Internacional ha revisado más de 90 casos de presuntos malos tratos y fuerza excesiva por parte de la policía de la Ciudad de Nueva York desde finales de la década de los ochenta hasta principios de 1996. La mayor parte de los casos están relacionados con agentes del Departamento de Policía, aunque hay varios en los que están implicados agentes de la Policía de Tránsito o de la Policía de la Vivienda antes de que en 1995 estos departamentos se unieran en lo que hoy conocemos como Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York. En la mayoría de los casos se entablaron procesos civiles contra los agentes implicados para reclamar daños y perjuicios por conducta indebida, así como contra el Departamento de Policía y la municipalidad de Nueva York por ser las autoridades responsables de las prácticas y del comportamiento de la policía. Estos procesos pueden entablarse por actos civiles ilícitos, en cuyo caso se interponen en tribunales del estado, o por casos que se interponen en virtud del Título 42, Sección 183 del Código Penal de los Estados Unidos )legislación federal de derechos civiles que permite a los ciudadanos demandar directamente a los agentes del estado en tribunales federales o del estado por violación de sus derechos civiles o constitucionales)(10). En muchos de los casos examinados se pagaron daños y perjuicios a los demandantes por presunta conducta indebida de la policía; otros casos estaba aún pendientes de resolución en el momento de escribir este informe. La policía y otras autoridades han señalado que los procesos civiles no prueban la existencia de conducta indebida y que en muchos casos la municipalidad llega a acuerdos extrajudiciales (es decir, sin ir a juicio) sin admitir ninguna responsabilidad. Sin embargo, Amnistía Internacional ha sido informada de que la municipalidad suele llegar a un acuerdo en los casos en los que las lesiones u otras pruebas son coherentes con la demanda presentada. Muchos casos se resuelven con una evaluación independiente de los hechos realizada por un juez, incluso sin necesidad de ir a juicio. Por esta razón, Amnistía Internacional considera que los procesos civiles constituyen una importante fuente de información sobre el alcance y la naturaleza de la conducta indebida de la policía. (Este asunto se analiza con más detalle en el apartado 5).


2. 2 Directrices de la policía sobre el uso de la fuerza


Las leyes del estado de Nueva York y las directrices del Departamento de Policía establecen que los agentes deben emplear sólo el mínimo de la fuerza necesaria para conseguir un objetivo legítimo (por ejemplo, practicar una detención o impedir que se cometa un delito) cuando se hayan agotado o resulten impracticables otras alternativas. Las directrices del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York establecen cinco grados de fuerza: (1) persuasión verbal; (2) fuerza física sin utilizar armas; (3) fuerza física utilizando armas no letales (por ejemplo, pulverizadores de pimienta o macis); (4) fuerza utilizando armas de impacto (por ejemplo, porras); y (5) medios letales, que sólo pueden utilizarse cuando la vida de un agente o de otras personas se encuentre en peligro directo. Las directrices también estipulan que las linternas, las radios y las pistolas no se consideran armas de impacto y dejan claro que no deben utilizarse como tales en la mayoría de las circunstancias. El reglamento de la policía también establece que todo agente que se encuentre en el escenario de los hechos durante un incidente con la policía tiene la obligación de garantizar que se cumple el reglamento y la legislación, y que debe intervenir si el uso de la fuerza empleada contra una persona es excesiva. Las directrices señalan que el no cumplimiento de estas normas constituye un delito según la ley y según las directrices del departamento de policía.


Al parecer, en muchos de los casos estudiados por Amnistía Internacional, la policía ha utilizado un grado de fuerza y unos recursos que suponen una violación de estas directrices y de las normas internacionales.


2. 3 Normativa internacional


Amnistía Internacional siente preocupación porque, en muchos casos, el trato denunciado puede suponer una violación de las normas y tratados internacionales de derechos humanos, incluidos los que prohíben la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Esta prohibición está recogida en el Artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y en la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Tanto el PIDCP como la Convención contra la Tortura han sido ratificados por los Estados Unidos.


Al parecer, en muchos casos el trato infligido también pudo suponer una violación de las directrices contenidas en el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979, y en los Principios Básicos sobre el Empleo de la fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, (Principios Básicos), adoptados en el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, el 7 de septiembre de 1990. Estas directrices establecen, entre otras cosas, que la fuerza sólo se debe utilizar como último recurso en el caso de que otras medidas no violentas hayan fracasado o hayan resultado ser claramente insuficientes, y que en todos los casos la fuerza empleada debe ser proporcional a la amenaza planteada y concebida para reducir al mínimo los daños o las lesiones.


Éstas y otras normas internacionales (como el Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas sometidas a cualquier forma de Detención o Prisión, y las normas sobre la prevención e investigación de homicidios extralegales, arbitrarios o sumarios) están contenidas en el Apéndice de este informe o se mencionan cuando es necesario a lo largo del texto.


2. 4 Tipos de malos tratos denunciados y otras conclusiones


La mayoría de los casos revisados por Amnistía Internacional estaban relacionados con denuncias de fuerza física excesiva por parte de los agentes de las patrullas en el transcurso de detenciones, disputas y otro tipo de incidentes en la calle o en lugares públicos. Algunos de los presuntos malos tratos se produjeron en la comisaría o en el camino hasta la comisaría. Los malos tratos más denunciados fueron patadas o golpes reiterados con puños, porras y otros instrumentos como radios o linternas de la policía, a veces cuando el detenido ya estaba esposado o incapacitado de alguna manera. En la mayoría de los casos, las heridas infligidas requirieron tratamiento médico y al menos en una docena de casos fueron tan graves que la víctima tuvo que pasar algún tiempo en el hospital.


En este informe se incluyen 15 casos en los que los detenidos murieron después de haber sido reducidos a la fuerza por agentes de policía. En algunos casos la muerte se produjo por asfixia, provocada por la presión ejercida sobre el cuello y el pecho de la víctima, procedimiento que impide la respiración en determinadas circunstancias. Al parecer, en varios casos la policía utilizó una llave que consiste en rodear el cuello del sospechoso con el brazo y privarle de la respiración, lo que constituye una violación de las directrices de la policía. En algún caso también había indicios de que el fallecido había sido golpeado (los casos de muerte bajo custodia se estudian con más detenimiento en el apartado 3).


En muchos de los casos examinados, las presuntas víctimas no estaban implicadas en ninguna actividad delictiva ni eran sospechosas de estarlo antes de tener contacto con la policía pero, según informes, fueron maltratadas cuando pusieron en tela de juicio la autoridad de la policía o cuando se vieron envueltas en conflictos de relativamente poca importancia. Al parecer, en estos y otros casos los agentes recurrieron a grados de fuerza que no guardaban proporción con la amenaza planteada, lo cual contravenía sus propias directrices. Varias de las víctimas eran espectadores que, según se afirmó, fueron tratados brutalmente por tomar fotografías o por criticar la actuación de la policía. Estos últimos casos constituyen una violación de las directrices de la policía, que prohíben que los agentes arresten o refrenen físicamente a los espectadores que intervienen verbalmente durante un incidente, solicitan ver la placa del policía o toman fotografías(11).


2. 5 Cargos contra las víctimas de conducta indebida de la policía


En gran parte de los casos, las presuntas víctimas de las agresiones de la policía se vieron acusadas a su vez de delitos como resistencia a la detención o agresión a un agente de policía, cargos que más tarde fueron desestimados por falta de pruebas. Amnistía Internacional ha sido informada de que entre los agentes implicados en casos de conducta indebida era práctica habitual acusar a las víctimas de delitos para justificar el uso de la fuerza y encubrir los abusos. Otra práctica común era «cargar las tintas», es decir, acusar a los detenidos de delitos adicionales o de cargos más graves para encubrir la conducta indebida; es estos casos, si el detenido persiste en presentar la denuncia contra la policía, puede verse presionado para que acepte un procedimiento por el cual se declara culpable a cambio de una reducción de la pena o de que se retiren algunos de los cargos que se le imputan. Estas afirmaciones están respaldadas por las pruebas descubiertas por otros organismos en los últimos años. Por ejemplo, la Comisión Mollen llegó a la conclusión de que el perjurio y la falsificación de documentos era una práctica común entre los agentes culpables de cometer abusos y que a menudo se utilizaba para ocultar la corrupción o el empleo de fuerza excesiva(12).


2. 6 Disparos


Además de la brutalidad física, en los casos revisados por Amnistía Internacional se incluyen unos 30 casos de sospechosos que murieron o fueron heridos por los disparos de la policía. El Departamento de Policía tiene unas directrices muy estrictas sobre las situaciones en las que los agentes pueden recurrir a medios letales, y los disparos de la policía son relativamente escasos comparados con el número de detenciones y la cantidad de enfrentamientos con presuntos delincuentes. Sin embargo, Amnistía Internacional siente preocupación por varios casos en los que, al parecer, los agentes dispararon contra sospechosos en circunstancias que no justifican el empleo de medios letales, infringiendo las directrices de la policía y las normas internacionales. Este asunto se trata con más detalle en el apartado 4.


2. 7 Raza de las víctimas


La presunta brutalidad de la policía tuvo lugar en amplias zonas de la Ciudad de Nueva York y sus víctimas pertenecían a todos los ámbitos sociales, razas y etnias. Sin embargo, las denuncias más graves tendían a centrarse en los distritos policiales con un alto índice de delincuencia y en aquellos en los que la población estaba constituida predominantemente por minorías. En los casos examinados, más de las dos terceras partes de las víctimas eran negros de origen afroamericano o latinos, y la mayoría de los agentes, aunque no todos, eran blancos. Casi todas las víctimas en los casos de muerte bajo custodia revisados por Amnistía Internacional (incluidos los de disparos) eran miembros de minorías raciales.


Las estadísticas que aparecen en los informes semestrales de la Junta Civil de Revisión de Denuncias también ponen de manifiesto que las víctimas de los abusos de la policía pertenecen a minorías en un porcentaje desproporcionado, si se compara con la composición racial de la Ciudad de Nueva York. De las tres cuartas partes (75,9%) de las personas que presentaron denuncias a la Junta desde enero hasta junio de 1995, el 50,3% eran negros de origen afroamericano y el 25,6% latinos; el resto eran blancos (21,2%) o de otras razas (2,8%), incluidos asiáticos. Estas estadísticas (en las que las resoluciones finales de las denuncias no aparecen desglosadas por razas) son similares a las de otros informes previos de la Junta. La mayor parte de las denuncias recibidas por la Junta eran de empleo de fuerza excesiva; otras eran de abuso de autoridad, descortesía y lenguaje ofensivo, como insultos étnicos o racistas.


Los informes de la Junta Civil de Revisión de Denuncias revelan que la raza de los agentes implicados en denuncias de conducta indebida refleja ampliamente su proporción en la fuerza de policía en conjunto. Según el informe de enero-junio de 1995, el 69,2% de los agentes implicados eran blancos, el 17,55% latinos, el 12,5% negros de origen afroamericano, y el 0,8% de otras razas, incluidos asiáticos. Así, aunque parece ser que gran parte de los abusos se cometen contra minorías raciales, el problema del empleo de fuerza excesiva dentro del Departamento de Policía no queda limitado exclusivamente a los agentes de raza blanca, pero puede reflejar el talante general de la policía.


Amnistía Internacional ha sido informada de que los procesos civiles por conducta indebida de la policía no reflejan necesariamente la incidencia de malos tratos por motivos racistas. Por ejemplo, los abogados del Fondo para la Defensa Legal de los Americanos de Origen Asiático (Asian American Legal Defense Fund, AALDF) dijeron a Amnistía Internacional que la organización había recibido numerosos informes de trato abusivo y discriminatorio por parte de la policía contra americanos de origen asiático, como practicar falsas detenciones, no tomar en serio las denuncias de las víctimas asiáticas de abusos perpetrados por personas no asiáticas, y brutalidad. Sin embargo, esta organización sólo tenía recursos para entablar litigio en unos pocos casos, que eran aquellos en los que se habían producido lesiones graves o había pruebas independientes especialmente contundentes. Entre los casos que se mencionan más adelante están algunos de los procesos entablados por el AALDF, o en los que colaboró, como el caso de Yong Xin Huang, un joven chino de dieciséis años que murió abatido por los disparos de la policía en marzo de 1995.


Otros abogados afirmaron que las víctimas blancas implicadas en casos de lesiones o agresiones relativamente leves originadas en enfrentamientos con la policía tenían más posibilidades de iniciar una acción judicial, y que en los casos similares en los que las víctimas pertenecían a minorías (especialmente en barrios pobres) era improbable que se llegara a un proceso civil.


2. 8 Acciones disciplinarias en los casos de fuerza excesiva


La policía no respondió a la mayoría de las preguntas de Amnistía Internacional sobre si se habían tomado medidas disciplinarias contra los agentes implicados en los casos examinados por la organización. Sin embargo, la información proveniente de otras fuentes (como los abogados de los demandantes) revela que muy pocos agentes declarados culpables de acciones indebidas recibieron sanciones disciplinarias. Esta circunstancia se ha dado incluso en casos en los que posteriormente se concedieron indemnizaciones por daños y perjuicios en acciones civiles a las víctimas de la fuerza excesiva denunciada. Varios de los agentes relacionados con denuncias de brutalidad fueron después ascendidos. Otros agentes implicados en procesos por conducta indebida tenían denuncias anteriores por brutalidad, aunque después de las investigaciones realizadas por la propia policía o por la Junta Civil de Revisión de Denuncias, la conclusión en la mayor parte de las mismas había sido que «no se podían probar»(13).


Es poco común que se entablen acciones penales contra agentes del Departamento de Policía por uso de fuerza excesiva en acto de servicio, y menos común aún que haya una sentencia condenatoria. Por ejemplo, aunque durante los últimos veinte años se han producido decenas de muertes bajo custodia de la policía en circunstancias controvertidas y se ha procesado a varios agentes, en el momento de escribir este informe sólo un agente del Departamento, desde 1977, ha sido declarado culpable de homicidio cometido en acto de servicio(14). En la Ciudad de Nueva York, los agentes acusados de delitos graves suelen elegir un juicio sin jurado, ya que existe la creencia de que, en los distritos del centro de la ciudad, las posibilidades de ser absueltos por un juez en un juicio sin jurado son mayores. Esta práctica fue criticada por algunos fiscales con los que habló la organización.


Se han dado varias razones para explicar la falta de sanciones disciplinarias internas o de procesamientos que acaben en condena en casos, al parecer, graves. Amnistía Internacional fue informada de que el listón para probar los cargos contra agentes de policía que pueden hacer uso legítimo de la fuerza en muchas situaciones estaba muy alto; otras fuentes han afirmado que las investigaciones eran a menudo insuficientes y que existía un conflicto de intereses, ya que los fiscales dependían de la policía en otras investigaciones )asunto que fue negado enérgicamente por los fiscales a los que Amnistía Internacional planteó esta cuestión). Sin embargo, uno de los mayores obstáculos para iniciar un proceso o una acción disciplinaria parece ser el «código de silencio» que existe entre los agentes, lo que hace difícil probar que hubo conducta indebida (por ejemplo, algunos agentes pueden encubrir los abusos acusando a las víctimas de agresión, como se ha mencionado más arriba) o identificar a los agentes responsables, especialmente en casos en los que no hay testigos independientes. En varios de los casos examinados por Amnistía Internacional se comprobó que habían existido malos tratos, pero los investigadores no pudieron probar qué agente había sido el responsable. Estos temas se analizan con más detalle en el apartado 5.


2. 9 Alcance de los malos tratos de la policía: estadísticas sobre denuncias


Es imposible medir todo el alcance de la brutalidad de la policía con los datos examinados. Los casos revisados por Amnistía Internacional representan sólo una pequeña parte de las denuncias formuladas contra la policía. También representan una pequeña parte de los enfrentamientos que se producen cada año entre policías y ciudadanos, en la mayor parte de los cuales no se hace uso de la fuerza(15). Sin embargo, la información recogida parece indicar que la brutalidad y el uso innecesario de la fuerza por parte de la policía es un problema generalizado. Los casos examinados reflejan una constante de abusos similares en toda la ciudad, y que las minorías están más expuestas a ser víctimas de la fuerza excesiva.


Además, las acciones civiles entabladas contra la municipalidad de Nueva York por conducta indebida de la policía han ido constantemente en aumento durante los últimos años. Un informe preparado por el contralor municipal en febrero de 1992 ponía de manifiesto que el número de denuncias por conducta indebida de la policía registradas por la oficina del contralor se había incrementado en un 53% respecto a los cinco años transcurridos de 1987 a 1991 (desde unas 1.000 en 1987 hasta más de 1.500 en 1991). A partir de entonces el ritmo ha sido de unas 2.000 denuncias al año. El número de procesos reales entablados en cualquiera de estos años es algo inferior, pero sigue siendo importante. Desde 1992 hasta finales de 1995 se han entablado más de 3.000 procesos civiles estatales y federales contra la municipalidad de Nueva York por conducta indebida de la policía(16).


El número de casos resueltos a lo largo de un año es mucho menor, ya que en los procesos civiles se suele tardar años en llegar a un acuerdo. Las estadísticas proporcionadas por la oficina del intendente municipal muestran que, desde 1998, se han concedido indemnizaciones por daños y perjuicios a víctimas de conducta indebida de la policía en unos 200 ó 400 casos anuales en acuerdos extrajudiciales o como resultado de la decisión judicial en acciones civiles. El dinero pagado por la municipalidad en indemnizaciones a las presuntas víctimas de conducta indebida de la policía se ha elevado de unos siete millones de dólares estadounidenses en 1988 a más de 24 millones en 1994.


Algunos concejales y mandos de la policía han sugerido que el incremento de acciones civiles se debe a una conciencia social más proclive al litigio y a que existen abogados oportunistas dispuestos a entablar procesos en casos fútiles. Sin embargo, parece ser que los procesos civiles no representan, de hecho, el verdadero nivel de la conducta indebida de la policía. Fiscales y grupos de derechos civiles han manifestado repetidamente a Amnistía Internacional que muchos de los casos de malos tratos no acaban en litigio; esto es lo que sucede en los casos en los que no hay testigos independientes; o cuando la presunta víctima fue condenada por un delito a causa del incidente y tiene pocas probabilidades de que su testimonio prevalezca frente al de los agentes; o cuando las lesiones no son lo suficientemente graves como para justificar los costes de seguir adelante con el proceso. Aunque no existen actas de muchos de estos casos, parece ser que es lo que ha sucedido en algunos de los casos revisados(17).


El número de denuncias contra la policía presentadas por ciudadanos ante la Junta Civil de Revisión de Denuncias también se ha incrementado notablemente desde 1993, a pesar de las reformas llevadas a cabo a raíz de la investigación de la comisión Mollen. La Junta Civil de Revisión de Denuncias informó que en 1994 recibió 4.920 denuncias, un 37,43% más que el año anterior. Aunque la Junta se hace cargo de denuncias que abarcan un amplio espectro de presuntos abusos, que van desde el uso de medios letales hasta la descortesía, se presentaron 1.670 denuncias (la mayor proporción) por empleo de fuerza excesiva, y a partir de 1993 esta cifra ha ido proporcionalmente en aumento. En el primer semestre de 1995 se notó otro incremento de un 31,8% (últimos datos disponibles) en comparación con el primer semestre de 1994.


El director general de la policía, William Bratton , puso en tela de juicio las estadísticas de la Junta, manifestando que parte de este incremento se debía a la unificación del Departamento de Policía con los departamentos de la Policía de la Vivienda y de la Policía de Tránsito. Sin embargo, esta razón sólo explicaría una pequeña proporción del incremento total del número de denuncias(18). Algunos mandos de la policía también han sugerido que el brusco incremento de las denuncias se debía al aumento de la actividad policial y del número de detenciones efectuadas a lo largo de la campaña intensiva contra la delincuencia que se llevó a cabo durante los últimos dos años (conocida como «iniciativa de calidad de vida»), y que muchas denuncias se debían a una actividad policial más eficaz y al incremento del número de detenciones más que a auténticos abusos(19). En sus informes, la Junta reconocía que no podían sacarse conclusiones firmes del aumento de las denuncias basándose exclusivamente en la cifra bruta de las denuncias presentadas, y que parte de este aumento podría deberse a que durante las operaciones antidelincuencia se produjeron más contactos entre la policía y los ciudadanos. Sin embargo, la Junta sugirió que parte del incremento también podría deberse a un mayor conocimiento del tema de la conducta indebida de la policía y a la publicidad que rodeó la creación de la nueva Junta Civil de Revisión de Denuncias. También señaló que la mayor parte de las denuncias se debían a tropiezos con agentes de las patrullas en los que no hubo detenciones ni se hacían citaciones, algo que «parece desmentir la idea de que el aumento del número de denuncias se debe a un incremento de las detenciones como consecuencia de las nuevas iniciativas de calidad de vida»(20). También señaló que la mayor parte de los demandantes no tenían antecedentes de haber presentado denuncias, lo que también desmentía la idea de que muchos de los que presentaban denuncias eran denunciantes «crónicos».


También es digno de mención el que las estadísticas del propio Departamento de Policía durante el mismo período muestren un aumento tanto del número de civiles que murieron por disparos de agentes como del número de personas que murieron bajo custodia policial. Las cifras arrojan un incremento del 34,8% en el número de civiles que murieron por disparos en 1994 comparado con 1993 (de 23 en 1993 a 31 en 1994) y un incremento del 53,3% en el número de civiles que murieron bajo custodia policial (15 en 1993 y 23 en 1994)(21). Las cifras también reflejan un incremento del número de civiles heridos por los disparos de la policía durante el mismo período (de 54 a 60). En el momento de escribir este informe no estaban disponibles los datos correspondientes a 1995.


En su última visita a Nueva York en noviembre de 1995, los delegados de Amnistía Internacional fueron informados a través de diversas fuentes, incluidos funcionarios de la Junta Civil de Revisión de Denuncias, de que el aumento de la actividad policial en los últimos años había conducido a un incremento de las denuncias por malos tratos. Aunque es evidente que hay que aplaudir las medidas para combatir la delincuencia en la Ciudad de Nueva York, Amnistía Internacional cree que el aumento del número de denuncias sobre uso injustificado de la fuerza, que ha provocado malos tratos y muertes bajo custodia, es un asunto que debe abordarse urgentemente.


2. 10 Secreto en torno a la información sobre denuncias contra la policía


En muchos de los casos que ha revisado, Amnistía Internacional no ha podido obtener una información completa de los hechos debido al secreto que rodea la investigación de las denuncias por conducta indebida de la policía.


En virtud de la Sección 50-a de la Ley de Derechos Civiles del Estado de Nueva York, los informes del personal de la policía son confidenciales y no se pueden divulgar excepto con el consentimiento del agente implicado o por orden judicial. Esta ley se ha venido aplicando al resultado de las investigaciones disciplinarias internas sobre la conducta indebida denunciada, que no se hace público ni siquiera después de haber concluido la investigación, y también se aplica a las investigaciones de la Junta Civil de Revisión de Denuncias. Aunque la Junta publica anualmente estadísticas sobre el número, tipo y carácter de las denuncias, no puede hacer públicas sus conclusiones en casos individuales. Una vez que se ha investigado una denuncia, la Junta escribe informando al denunciante de la resolución adoptada (es decir, si la denuncia estaba fundamentada, no se podía probar, era infundada o el agente fue exonerado), pero sin dar detalles de las pruebas obtenidas o de los motivos de la resolución. Únicamente en el caso de que un agente deba enfrentarse oficialmente a cargos administrativos (por delitos graves para los cuales la sanción puede ir desde diez o más días de suspensión de empleo y sueldo hasta ser despedido del cuerpo) se celebrará una vista pública por una denuncia de conducta indebida. En estos casos, el agente es juzgado ante un juez administrativo y los procedimientos son públicos; sin embargo, sólo un pequeño porcentaje de los casos acaba en juicio administrativo.


La mayor parte de los casos relacionados con muertes de civiles bajo custodia policial en circunstancias controvertidas en la Ciudad de Nueva York y otras denuncias de conducta delictiva grave, se presentan ante un gran jurado cuyos procedimientos se llevan en secreto. Si el gran jurado decide no pronunciar una acusación, las pruebas examinadas pueden no llegarse a conocer nunca. Si un agente es acusado de un delito, las pruebas se harán públicas en el juicio consiguiente. Las leyes del estado de Nueva York estipulan que, en el caso de que una persona sea absuelta en un juicio penal, el acta del juicio debe permanecer sellada. Como se ha mencionado más arriba, la mayoría de los agentes acusados de delitos son absueltos en juicios sin jurado (o los cargos son desestimados antes del juicio) y, por ese motivo, el contenido del acta no puede divulgarse.


Amnistía Internacional ha sido informada de que es extremadamente difícil llegar a conocer los informes de las investigaciones internas de la policía, incluso cuando los solicitan los abogados de los demandantes en un juicio civil. Aunque se pueden conseguir con una orden judicial en el transcurso del juicio, este procedimiento puede llevar años, y después el juez puede ordenar que se vuelva a sellar parte del acta. En un juicio civil, el proceso de descubrimiento de las actas procesales puede sacar a la luz algo que no se conocía anteriormente sobre un incidente de presuntos malos tratos. Sin embargo, muchos casos en los que la municipalidad accede a pagar daños y perjuicios a una presunta víctima de abusos de la policía se resuelven mediante acuerdos extrajudiciales (es decir, sin ir a juicio). Amnistía Internacional ha sido informada de que las razones esgrimidas por la municipalidad para recomendar el acuerdo en estos casos (contenidas en los documentos del acuerdo presentados al comité presupuestario) «no pueden ser divulgadas» según las leyes del estado de Nueva York(22). También son confidenciales muchos de los acuerdos previos al juicio negociados mediante los tribunales.


Otros organismos independientes han criticado el secreto que cubre las investigaciones de conducta indebida de la policía de Nueva York. La Comisión Curran, en su informe de 1987, hacía referencia al «velo de silencio administrativo que cubre los procesos de investigación, disciplinarios o de acusación de los organismos encargados de hacer cumplir la ley con respecto a las denuncias de uso indebido de la fuerza». Una de sus recomendaciones fue que el poder legislativo enmiende la Sección 50-a de la Ley de Derechos Civiles para que un juez de la Corte Suprema (a solicitud de un alto mando de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, y en interés público) pueda divulgar el método y los resultados de investigaciones sobre uso indebido de la fuerza y de los medios letales, y las razones para tomar o dejar de tomar alguna medida. La Comisión también recomendó modificar la legislación para un juez de la Corte Suprema (a solicitud de un fiscal de distrito y en interés público) pueda revelar la esencia de la investigación de un gran jurado sobre el uso de la fuerza física o letal en casos en los que no se pronuncia una acusación, y para que los grandes jurados puedan presentar a la Corte Suprema un informe con sus conclusiones en estos casos. La Comisión Mollen recomendó enmendar las leyes estatales para que el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York pudiera acceder legalmente a los expedientes sellados de los agentes de policía que han sido objeto de procedimientos penales. Estas recomendaciones no se han llevado a cabo.


Amnistía Internacional reconoce la necesidad de proteger la confidencialidad de la información en determinadas circunstancias, especialmente en el transcurso de las investigaciones. Sin embargo, cree que, al menos, se deberían dar a conocer los resultados y las recomendaciones de todas las investigaciones sobre denuncias de malos tratos y uso indebido de la fuerza por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. En los casos de denuncias de graves violaciones de derechos humanos, incluidas las muertes bajo custodia y los homicidios controvertidos cometidos por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, esta divulgación sacaría a la luz tanto las pruebas sobre las que se basan las conclusiones como el alcance y la metodología de las investigaciones.



DENUNCIAS DE BRUTALIDAD FÍSICA


Grady Alexis


Grady Alexis, artista haitiano de veintiséis años, murió en mayo de 1991 tras un altercado con un policía fuera de servicio que estaba en compañía de un amigo. El incidente se produjo cuando Alexis y sus amigos rozaron un jeep de la policía al cruzar una calle de Manhattan. Según informes, se produjo una pelea durante la cual el agente y su amigo propinaron varios puñetazos a Alexis. Éste recibió un golpe mortal en la cabeza pero el agente y su amigo abandonaron el lugar dejándolo agonizante en el suelo. El agente fue detenido posteriormente cuando se localizó el jeep por el número de matrícula.


Tanto el agente como su amigo, Terry Presely, fueron acusados de un delito menor de agresión, pero un juez desestimó los cargos por considerar que las pruebas eran débiles y contradictorias. Posteriormente se volvieron a admitir los cargos pero el agente fue absuelto al declarar que había actuado en defensa propia. En 1993, Presely fue declarado culpable de agresión en tercer grado y condenado a pasar los fines de semana en la cárcel durante cuatro meses y a prestar servicios comunitarios.


En noviembre de 1994, el Departamento de Justicia federal manifestó que no había pruebas suficientes para formular cargos de violación de derechos civiles contra el agente ya que la muerte de Alexis se produjo a consecuencia de una pelea callejera sin «intenciones racistas demostrables». (Tanto Alexis como el agente eran negros).


Según informes, el agente tuvo que enfrentarse a cargos disciplinarios presentados por el Departamento de Policía por no haber informado del incidente y no haber solicitado asistencia médica. Sin embargo, según la prensa, el departamento no presentó cargos contra él. A partir de entonces se le concedió la jubilación de la policía. (Amnistía Internacional pidió información al Departamento de Policía sobre el resultado de cualquier investigación disciplinaria que se hubiera llevado a cabo en este y otros casos, pero no recibió respuesta).


Tracy Brock


Tracy Brock, de raza negra, fue arrestado por dos agentes del distrito policial 10 de Manhattan en noviembre de 1986 cuando discutía con un conductor en estado ebrio que chocó con la parte trasera de su coche nuevo. Brock afirmó que un agente le estrelló la cabeza contra el cristal blindado de la puerta de la comisaría cuando se resistió a entrar en el comedor de los agentes, prácticamente la única zona de la comisaría que no estaba vigilada por cámaras; en ese momento estaba esposado con las manos a la espalda. Los agentes dijeron que había caído contra el cristal cuando resbaló al tratar de escapar y que había intentado dar una patada a un agente. Según informes, cuando la madre de Brock llegó a la comisaría le dijeron que Brock y su hermano (que también había sido detenido) no estaban allí. No supo hasta más tarde que su hijo había sido herido.


Posteriormente se retiraron los cargos de agresión y resistencia al arresto que se habían presentado contra Brock. En noviembre de 1990, en un juicio federal de derechos civiles, un jurado le concedió una indemnización de 261.000 dólares estadounidenses por daños y perjuicios, incluyendo daños punitivos contra los tres policías blancos implicados, por falso arresto y agresión. Ningún agente recibió sanciones disciplinarias.


En la época en que se produjo la detención, Brock esperaba incorporarse a un trabajo como funcionario de prisiones; su incorporación tuvo que retrasarse un año hasta que se resolvió el caso.


Carlton Brown


Carlton Brown, un camionero sin licencia de raza negra y veintiocho años de edad, quedó tetrapléjico como consecuencia de las lesiones sufridas mientras estuvo bajo custodia policial en la comisaría del distrito policial 63 de Brooklyn el 11 de agosto de 1992. Brown afirma que, cuando estaba en la comisaría con las manos esposadas a la espalda, dos agentes le arrojaron de cabeza contra la puerta interior de entrada a la comisaría con tal fuerza que hizo añicos el cristal blindado. La policía sostiene que Brown se lesionó cuando trataba de escapar y que tropezó y cayó contra la puerta, junto con los agentes, provocando la rotura del cristal. Brown sufrió una lesión en la espina dorsal que le produjo una parálisis total del cuello para abajo.


Los dos agentes implicados fueron acusados de agresión en segundo grado y fueron juzgados por un tribunal sin jurado en noviembre de 1994. El doctor Martin Camins, neurólogo, se presentó como perito de la acusación. Declaró que dada la naturaleza de las lesiones, suponía que el grado de fuerza empleada había sido significativo; sin embargo, en el interrogatorio de la parte contraria concedió que las heridas podrían haber sido causadas tanto porque le hubieran golpeado la cabeza contra la puerta como por una caída. Los agentes fueron absueltos por el juez, que manifestó: «Tengo una duda razonable sobre lo que realmente sucedió cuando estos tres hombres entraron en la comisaría. Las pruebas son coherentes tanto con la versión de un golpe accidental durante la lucha como con la de un acto violento intencionado».


El abogado de Brown mantiene que las pruebas médicas respaldan la versión de Brown de que le golpearon la cabeza contra el cristal, pero dijo que la acusación no había vuelto a interrogar a Camins sobre el grado de probabilidad de que las lesiones hubieran sido provocadas accidentalmente. El profesor Derrick J. Pounder, jefe del Departamento de Medicina Forense de la Universidad de Dundee, Reino Unido, revisó parte de las actas del juicio y de la documentación médica a petición de Amnistía Internacional. Estuvo de acuerdo con que el grado de fuerza necesario para producir semejantes lesiones )especialmente dado el corto espacio entre las dos puertas de entrada a la comisaría, la interior y la exterior)hacía improbable la versión de que Brown se había caído accidentalmente, y respaldó la versión de Brown de que le empujaron a través del cristal. También le pareció extraño que los testigos de la policía declararan que habían visto a Brown luchando cuando entraba por la puerta exterior de la comisaría, pero no vieran nada de lo que sucedió justo a escasos metros de donde Brown sufrió graves lesiones.


Carlton Brown entabló un proceso civil contra la municipalidad de Nueva York, el Departamento de Policía y los dos oficiales, conjuntamente, por lesiones personales, privación de sus derechos civiles, agresión y negligencia. En marzo de 1995, las partes acordaron resolver el caso antes de ir a juicio y Brown recibió una indemnización de 4.500.000 dólares en un «acuerdo escalonado» que llegaría hasta los 16.590.000 dólares en el futuro.




Alphonso Garcia


Alphonso Garcia, de dieciséis años, fue agredido en su colegio por un agente del distrito policial 34 de Washington Heights, Manhattan, en febrero de 1992. En aquel momento, el agente estaba tenía asignadas labores de seguridad en el colegio y se encontraba en compañía de dos conserjes con los que García había tenido problemas anteriormente, y que eran amigos del policía. Al parecer, cuando los conserjes vieron a García en el colegio le señalaron con el dedo y el agente le agarró, le metió a empujones en una habitación y le agredió físicamente. A García le encontraron en el vestíbulo magullado y llorando, y el colegio llamó a una ambulancia. Al principio, el agente no hizo nada. Sin embargo, cuando vio que a García lo sacaban del colegio en camilla, lo arrestó. García fue acusado de agredir al agente y resistirse al arresto. El director del colegio fue a la comisaría para denunciar la actitud del agente, pero no se tomó ninguna medida disciplinaria contra él. Finalmente, Alphonso Garcia fue llevado a juicio y resultó absuelto de todos los cargos. En 1994 recibió 120.000 dólares en concepto de daños y perjuicios, en un acuerdo extrajudicial de una acción civil.



Harvey Goldman


Harvey Goldman fue detenido por dos agentes de policía del distrito policial 13 en septiembre de 1990, en el exterior de un club nocturno de Manhattan. Según su declaración en una acción civil, fue obligado a salir del club por intervenir cuando un hombre golpeó a una mujer que estaba con su grupo. Llamó a la policía para le ayudaran, pero él mismo fue detenido. Afirmó que cuando estaba en el automóvil de la policía uno de los agentes le pegó en la cara con el puño y con una radio de la policía, causándole heridas graves, mientras el otro agente miraba. Goldman pasó cuatro días en el hospital y tuvo que ser sometido a una intervención de cirugía plástica. Fue acusado de conducta desordenada, resistencia al arresto y agresión a un agente de policía, cargos que posteriormente fueron desestimados. Los dos agentes tenían un historial de denuncias de brutalidad y otros tipos de conducta indebida. Goldman demandó a la policía y a la municipalidad, y el caso concluyó en noviembre de 1993 con una indemnización de 135.000 dólares acordada antes de ir a juicio.


Amnistía Internacional escribió al departamento de policía solicitando información sobre si se había tomado alguna medida disciplinaria contra alguno de los agentes implicados en este y otros casos, pero no ha recibido contestación.


Chris Griffiths


Chris Griffiths, fotógrafo de raza negra, fue presuntamente agredido por la policía cuando estaba haciendo fotos de los disturbios que se produjeron en Crown Heights en agosto de 1991. Demandó a la policía por falso arresto y agresión con resultado de hematomas y abrasiones y heridas en la cabeza y la espalda. El caso concluyó con el pago de 70.000 dólares en mayo de 1993. Los cargos contra Griffiths por agresión a la policía, resistencia al arresto y obstrucción a la justicia fueron retirados en 1992. Griffiths presentó una denuncia a la Junta Civil de Revisión de Denuncias, que llegó a la conclusión de que se había empleado fuerza excesiva para arrestarlo, pero no pudo identificar a los agentes responsables.



Ann Hamilton


Al parecer, Ann Hamilton, de setenta y un años y raza negra, esposa de un importante ministro de la iglesia, fue tratada brutalmente en noviembre de 1988 por unos agentes que sospecharon que había traficado con drogas y que las estaba tomando sentada en su automóvil en la zona de Queens. Según informes, la señora Hamilton, que era diabética, se sintió mareada y paró su automóvil, y estaba comiendo cacahuetes cuando se acercaron al vehículo tres agentes vestidos de civil. Hamilton dijo que se asustó y que, como no sabía quiénes eran, se negó a quitar el seguro de la puerta. Los agentes rompieron la ventanilla y abrieron la puerta, sacándola a la fuerza del automóvil. La llevaron al hospital con las muñecas doloridas y un tirón en la espalda, y una vez allí la obligaron a que le hicieran un lavado de estómago. No se encontraron drogas, pero fue acusada de agresión e «imprudencia temeraria», cargos que se retiraron posteriormente. El alcalde y el director general de Policía se disculparon ante la señora Hamilton y su familia. Según informes, la anterior Junta exculpó a los agentes de cualquier conducta indebida.


Christopher Hennelly


Christopher Hennelly, de raza blanca, fue presuntamente golpeado por la policía cuando participaba en una manifestación de Act-Up(23) frente al distrito policial de Manhattan Midtown North el 11 de febrero de 1991. La manifestación se había organizado para protestar contra los presuntos malos tratos infligidos por la policía de ese distrito a otro miembro de Act-Up la semana anterior. Hennelly pasó cinco días en el hospital ya que, a consecuencia del trato recibido, padecía conmoción cerebral, pérdida parcial del oído y visión borrosa. Según informes, sufre convulsiones como consecuencia de las lesiones.


Hennelly fue acusado de agresión a la policía, y el caso pasó a juicio. Sin embargo, el juez desestimó los cargos de agresión después de ver un vídeo sobre el incidente. En el escrito de 19 páginas en el que desestimaba el caso contra Hennelly, el juez manifestó que el vídeo mostraba cómo «... sin provocación, la policía cargó contra los manifestantes» y que «se podía ver claramente como un agente daba la vuelta en torno al acusado y después blandía la porra con las dos manos dirigiéndola directamente a la cabeza del acusado, allí donde en la fotografía del detenido aparece una contusión». El juez añadió que «... parece que al menos un agente golpeó con la porra al acusado mientras éste yacía en el suelo».


En 1994, la municipalidad se avino a terminar el proceso civil entablado por Hennelly con un pago de 350.000 dólares justo antes de que el caso pasara a juicio.


Oliver Jones


Oliver Jones, de raza negra, se encontraba en el exterior de su domicilio del Bronx, entre una multitud de espectadores que la policía intentaba disolver después de arrestar a otro hombre el 2 de julio de 1994. Según informes, cuando alguien gritó «brutalidad de la policía», los agentes se volvieron hacia Jones y le golpearon reiteradamente con las porras. Jones fue abandonado sangrando e inconsciente como consecuencia del incidente. Los cargos contra Jones de robar una radio de la policía y resistencia al arresto se retiraron posteriormente.


Dos agentes fueron acusados de agresión, y el juicio estaba aún pendiente en el momento de escribir este informe. Estos agentes formaban parte de un grupo de policías del distrito policial 48 que, en mayo de 1995, fueron acusados por un gran jurado de una pauta de agresiones, perjurio y otros tipos de conducta indebida.


Ki Tae Kim


Ki Tae Kim es un tendero coreano que fue presuntamente golpeado por un agente de la policía de Brooklyn en abril de 1994, cuando un cliente le acusó de haberle dado un billete falso. El señor Kim negó la acusación y alegó que, cuando él acusó a su vez a la policía de ponerse injustamente de parte del cliente, un agente le propinó un puñetazo y le empujó la cabeza violentamente contra el mostrador mientas profería insultos racistas. El señor Kim fue tratado en el hospital de laceraciones en la boca y hematomas y pasó tres días en la cárcel. Fue acusado de conducta desordenada y de resistencia al arresto, cargos que posteriormente se retiraron.


Dos empleados de la tienda y un testigo independiente respaldaron la versión del señor Kim y el agente implicado fue acusado de agresión en tercer grado (delito menor que sólo puede ser juzgado en un juicio sin jurado). El juicio se celebró en noviembre de 1995 y el agente fue declarado culpable de tentativa de agresión y no del cargo más grave de agresión. Esta decisión fue condenada por el principal abogado de la Patrolmen's Benevolent Association, que manifestó que el agente debía haber sido absuelto de todos los cargos. El agente fue condenado a 700 horas de servicios comunitarios, y a una multa de 500 dólares y un año de libertad vigilada; también se le ordenó que pagara las facturas médicas del señor Kim. La apelación del agente contra la sentencia, así como una vista disciplinaria del departamento de policía, aún estaban pendientes en abril de 1996.


Euclid Levine


En marzo de 1995, Euclid Levine, inmigrante de la caribeña isla de Nevis, recibió un millón de dólares por daños y perjuicios en un acuerdo sobre un caso de brutalidad policial. Levine denunció que un agente del Bronx le había golpeado reiteradamente en septiembre de 1985, cuando le hicieron apartarse a un lado por una presunta infracción de tráfico. Sufrió lesiones en los nervios de ambas manos porque le pusieron las esposas demasiado apretadas y padeció zumbidos en los oídos como consecuencia de la paliza. Fue acusado de infracción de tráfico, resistencia al arresto y agresión a un agente, pero en el juicio fue absuelto.


No se tomó ninguna medida disciplinaria contra ninguno de los dos agentes que intervinieron.


Marcos Maldonado


Marcos Maldonado, latino, empleado de un supermercado, fue presuntamente maltratado por agentes del distrito policial 112 el 22 de abril de 1995, cuando le confundieron con un sospechoso de robo a mano armada en el mismo establecimiento. Cuando llegó la policía, uno de los sospechosos huyó y el otro, que retenía al señor Maldonado en el sótano, fue herido en la cara de un disparo. Maldonado afirmó que obedeció la orden de la policía de salir del sótano con las manos en alto y dijo a los agentes que era un empleado de la tienda. Denunció que los agentes le esposaron las manos a la espalda y le tiraron al suelo, golpeándole reiteradamente en la parte posterior de la cabeza con las pistolas y las porras, y que le propinaron patadas en la espalda, el pecho y las piernas. Además afirmó que, mientras estaba tirado en el suelo, un agente le puso una pistola en la boca, profirió un insulto racista y le amenazó con «volarle la cabeza». También afirmó que el agente que disparó contra el presunto ladrón no dio el alto ni se identificó como agente de policía. Marcos Maldonado fue tratado en el hospital de contusiones y cortes en la cabeza y las manos.


El jefe del distrito policial 112 informó posteriormente a Amnistía Internacional de que la investigación de la policía había llegado a la conclusión de que los agentes implicados actuaron «de total conformidad con las leyes del estado de Nueva York y con las directrices del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York» y que no se había tomado ninguna acción disciplinaria contra ellos. En la carta también afirmaba que no había ninguna ley que ordenara avisar cuando los agentes tuvieran que emplear medios letales (en referencia al disparo contra el ladrón armado). La carta no hacía ningún comentario sobre las otras denuncias, excepto asegurar que el asunto estaba siendo investigado por la Junta Civil de Revisión de Denuncias. Esta investigación aun estaba pendiente en marzo de 1996.


Greg Maro


En agosto de 1990, Greg Maro fue hostigado en Times Square por un grupo de adolescente que le arrojaron una botella por ser gay. Al parecer, cuando pidió ayuda a un policía fue golpeado, esposado, arrastrado por el suelo e insultado por el agente que, según Maro, le dijo que él mismo era un «agresor de maricones». La anterior Junta Civil de Revisión de Denuncias consideró que la denuncia de Maro contra el agente «no se podía probar».


El agente implicado en el incidente tenía otras tres denuncias anteriores por conducta indebida y un incidente en el cual recibió severas críticas del fiscal del distrito por negarse a cooperar en una investigación criminal. En el caso de Maro no recibió ninguna sanción disciplinaria y, según informes,













Yunwas Muhammad. Sufrió fractura de mandíbula cuando fue golpeado, al parecer por venganza, por unos agentes de policía fuera de servicio durante un altercado en el metro de Nueva York en septiembre de 1992.

© Ed Quinn / NYT Pictures





















en 1994 colaboraba en la formación de nuevos agentes.

Yunwas Muhammad


Yunwas Muhammad, de dieciocho años, resultó gravemente herido el 16 de septiembre de 1992 por los golpes que le propinaron unos policías fuera de servicio, al parecer como venganza tras una discusión en un vagón del metro durante la cual Yunwas Muhammad le hizo un corte en la cara a uno de los agentes con una navaja. Los agentes, vestidos de civil, regresaban de una ruidosa manifestación que había tenido lugar ante la municipalidad para protestar por la propuesta de una junta de revisión de denuncias constituida únicamente por civiles (véase el apartado 1.3). Al parecer, Yunwas Muhammad pisó a un agente que estaba en el vagón con el pie extendido. Afirmó que cuando se disculpó ante el hombre (no sabía que era policía) este fue a pegarle un puñetazo. Muhammad entonces sacó una navaja y le hizo un corte en la cara. Entonces seis agentes empezaron a golpearlo de tal manera que algunos pasajeros que vieron el incidente se bajaron del tren y los siguieron hasta la comisaría para presentar una denuncia. Según informes, dos de los agentes continuaron dando puñetazos a Yunwas Muhammad en la parte trasera de un vehículo de la policía, y le rompieron la mandíbula. Los agentes alegaron que se había resistido al arresto.


Dos de los agentes fueron acusados de un delito mayor de agresión y fueron juzgados ante un jurado. Uno de ellos fue absuelto y el otro declarado culpable de un delito menor de agresión. Quedó en libertad vigilada y fue expulsado de la policía. Yunwas Muhammad también fue acusado de agresión, pero el jurado no se puso de acuerdo sobre el veredicto (más tarde fue condenado por otro delito sin relación con este caso).

















Ron Narr, presuntamente golpeado y encarcelado durante 31 horas en octubre de 1989 por intervenir cuando vio a un grupo de hombres propinando patadas a un hombre negro que estaba en el suelo. Los agresores resultaron ser agentes de la brigada de narcóticos vestidos de civil que estaban arrestando a un sospechoso.

© Fred R. Conrad / NYT Pictures

Ron Narr


Ron Narr, de raza blanca, artista, denunció que unos agentes vestidos de civil lo golpearon en octubre de 1989 cuando los interpeló al ver que un grupo de hombres estaba dando patadas a un negro que yacía en el suelo. No se dio cuenta de que los ocho hombres que participaban en la agresión pertenecían a la brigada de narcóticos y estaban deteniendo a un sospechoso, por lo que pensó que era un ataque racista. Narr permaneció 31 horas en prisión pero posteriormente se retiraron los cargos de conducta desordenada, resistencia al arresto y obstrucción a la justicia que le habían impuesto. Más tarde, el proceso civil entablado contra la municipalidad y el Departamento de Policía concluyó con un pago de 100.000 dólares en concepto de daños y perjuicios. Según la prensa, los agentes fueron absueltos del cargo de conducta indebida y no se les impuso ninguna sanción disciplinaria.


Dat Nguyen


Dat Nguyen, refugiado vietnamita y estudiante, denunció que un policía le trató brutalmente en el exterior de una galería comercial de Chinatown en noviembre de 1993. Un agente vestido de civil le impidió entrar durante una operación policial para confiscar material falsificado, y estalló una discusión. Nguyen dijo que el agente no se identificó y sacó una pistola, y que después le golpeó con una radio de la policía. Nguyen (que mide 1,60 m y pesa 52 Kg) fue hospitalizado con cortes en la cara y en la cabeza. El agente (que pesa 82 Kg) no negó haber golpeado a Nguyen, pero afirmó que había sido en defensa propia cuando Nguyen sacó una navaja y le amenazó. A Nguyen no se le encontró ninguna navaja pero la policía presentó una hallada posteriormente ese día en otro lugar y dijeron que Nguyen la había tirado cuando intentó huir, aunque no se realizaron pruebas para ver si había huellas digitales en el arma.


Nguyen fue acusado de agresión, de estar en posesión de un arma letal y obstrucción a la justicia, pero fue absuelto de todos los cargos en un juicio celebrado en octubre de 1994. (Se había negado a declararse culpable de otros delitos menos graves, insistiendo en su inocencia).


La acción civil contra la municipalidad y el Departamento de Policía concluyó en febrero de 1996 con un acuerdo extrajudicial de 65.000 dólares. La investigación de la Junta Civil de Revisión de Denuncias todavía estaba pendiente en abril de 1996.


Keith Pavlik


Keith Pavlik, ejecutivo de raza blanca, se encontraba entre un grupo de espectadores que miraban cómo un agente arrestaba a un homosexual en Greenwich Village, Manhattan, en octubre de 1989. Otros siete agentes del distrito policial 6 intentaron dispersar a la multitud y, al parecer, uno de ellos arrojó a la mujer que estaba con Pavlik a unos tres metros de distancia. Pavlik afirmó que cuando intentó intervenir diciendo «¡No pueden hacer eso! ¡Este es nuestro barrio!» varios agentes se le echaron encima, y le tiraron al suelo, le propinaron patadas y le golpearon con las porras. Fue hospitalizado con fractura de un dedo y dos costillas, una laceración en la cabeza y contusiones en la espalda. Posteriormente se desestimaron los cargos que se habían presentado contra él por conducta desordenada y resistencia al arresto.


La Junta Civil de Revisión de Denuncias llegó a la conclusión de que tanto la denuncia de Pavlik de que le habían golpeado como la de agresión a su amiga estaban fundamentadas. Amnistía Internacional escribió al Departamento de Policía preguntando si se habían tomado medidas disciplinarias contra alguno de los agentes implicados en el caso, pero no recibió respuesta. El juicio civil entablado por Pavlik contra la municipalidad y el Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York concluyó en 1994 con un acuerdo de 150.000 dólares.


William Polanco


William Polanco, inmigrante venezolano, denunció que la policía le golpeó el 9 de mayo de 1992 en Washington Heights, Manhattan, sin que mediara provocación. Según el proceso civil entablado contra la municipalidad y el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York, el incidente se produjo cuando Polanco se dirigía a su domicilio después de visitar a su suegra, y vio a un grupo de gente que corría hacia él, perseguidos por agentes de policía uniformados. Se puso a cubierto entre dos automóviles que estaban aparcados para dejar que pasaran, pero uno de los agentes le ordenó a punta de pistola que saliera. Al parecer, el agente le golpeó en la cabeza, la cara y cuerpo con la porra, y le fracturó la muñeca y le causó heridas en la cabeza que requirieron puntos, así como daños en la dentadura. Estuvo hospitalizado veinticuatro horas bajo vigilancia policial y parece ser que en ese tiempo la policía le dirigió epítetos racistas. En el proceso también se alegó que, mientras estaba en el hospital, la policía destruyó o tiró sus ropas manchadas de sangre. Finalmente, los cargos presentados contra él por agresión y resistencia al arresto fueron desestimados. En diciembre de 1994, la municipalidad acordó terminar el proceso con una indemnización monetaria por daños y perjuicios.


Ningún agente recibió sanciones disciplinarias.


Eliseo Quiñones


La Junta Civil de Revisión de Denuncias confirmó la denuncia presentada por Eliseo Quiñones, segfan la cual un policía del Bronx le golpeó en la cabeza con una pistola en agosto de 1989. Una de las pruebas que presentó era la señal de una hendidura en la frente que coincidía con la culata de la pistola. El departamento celebró una vista contra los dos agentes implicados, el que golpeó a Quiñones y otro que mintió sobre los hechos. El juez administrativo que vio el caso recomendó que un agente fuera condenado a un año de libertad vigilada y a treinta días de suspensión de empleo y sueldo, y el otro a la pérdida de quince días de vacaciones. El director general de Policía aceptó el fallo pero redujo las penas a la pérdida de cinco y tres días de vacaciones respectivamente, basándose en que Quiñones había exagerado el número de golpes que recibió. La acción civil entablada por Quiñones contra la municipalidad y el agente concluyó en marzo de 1993 con una indemnización monetaria por daños y perjuicios. Desde entonces, los dos agentes implicados en el caso se han visto acusados de corrupción, y actualmente han sido dados de baja en el Departamento de Policía. Su juicio estaba aún pendiente en abril de 1996.


Judith Regan


Judith Regan, de raza blanca, editora y productora de TV, fue tratada brutalmente por un policía de Manhattan, en septiembre de 1990, cuando criticó al agente, que increpaba al conductor del taxi en el que iba por tener defectuosa una de las luces traseras. Al parecer, el agente sacó a Regan del taxi arrastrándola por el pelo, la arrestó, la esposó y la retuvo en la comisaría durante varias horas. En la acción civil entablada contra la municipalidad y el Departamento de Policía se le concedió una indemnización por daños y perjuicios de 150.000 dólares.


Gabriel Rodriguez


Gabriel Rodriguez, un niño de doce años que padecía epilepsia, fue presuntamente golpeado por cuatro o seis policías del Bronx el 23 de diciembre de 1989. Los agentes se habían dirigido a la zona en la que Gabriel estaba jugando después de recibir una llamada al 911 que resultó ser falsa, y se fijaron en Gabriel que estaba en la acera. Los agentes salieron de los automóviles y, al parecer, arrojaron al niño contra la puerta de un garaje, le registraron y le propinaron varios puñetazos en la cabeza antes y después de esposarlo. Según informes, los malos tratos continuaron a pesar de las protestas de las personas que presenciaban los hechos, que advirtieron a los agentes que el niño era epiléptico y recibía «educación especial»(24) (también llevaba un brazalete médico que confirmaba que era epiléptico). No se permitió que los padres le acompañaran a la comisaría, en donde permaneció más de seis horas antes de que le dejaran en libertad sin cargos.

Los agentes negaron la agresión y afirmaron que Gabriel les había agredido y les había provocado lesiones. Sin embargo, una investigación interna de la policía recomendó que se formularan cargos penales o del departamento contra cuatro de los seis agentes. Según informes, al cabo de más de un año se retiraron los cargos porque se presentó un «testigo misterioso» localizado por los investigadores de la Patrolmen's Benevolent Association. El abogado de Gabriel dijo a Amnistía Internacional que la policía nunca reveló quién era ese testigo ni proporcionó ningún detalle de las lesiones sufridas por los agentes. Parece ser que el propio Gabriel sufrió lesiones permanentes como consecuencia de la paliza, y que los ataques de epilepsia son ahora más graves y más frecuentes.


El juicio civil del caso todavía estaba pendiente en abril de 1996.


Victor Rosado


Al parecer, tres agentes del distrito policial 109, que no estaban de servicio, golpearon a Victor Rosado y le robaron 100 dólares en las primeras horas de la mañana del 2 de febrero de 1994. Según informes, el incidente se produjo en un establecimiento abierto las veinticuatro horas, cuando los agentes preguntaron a Rosado dónde había conseguido el fajo de billetes que sacó para pagar unos cigarrillos. Rosado recibió tratamiento en el New York Medical Center de Queens y quedó en libertad. Después de revisar el vídeo del incidente, las autoridades de la policía suspendieron de sueldo a los tres agentes hasta que se completara la investigación. Amnistía Internacional escribió a la policía solicitando información sobre el resultado de la investigación pero no recibió contestación.



3. MUERTES BAJO CUSTODIA


En los últimos años ha habido varios casos preocupantes de sospechosos desarmados que murieron bajo custodia policial después de haber sido reducidos por la fuerza. En algunos casos, la muerte se produjo por asfixia porque los agentes emplearon técnicas que interrumpían la respiración, como hacer presión sobre el cuello y el pecho, o colocar boca abajo al detenido cuando estaba inmovilizado. También hay pruebas de que algunos detenidos fueron golpeados.


3. 1 Estadísticas de muertes bajo custodia policial y directrices para evitarlas


Un estudio realizado en 1994 por un grupo especial del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York revelaba que entre enero de 1990 y el final de abril de 1994 habían muerto 55 personas bajo custodia policial, cifra considerada como «sorprendentemente baja» comparada con el número de detenciones (más de un millón) efectuadas en el mismo período(25). En el estudio se llegaba a la conclusión de que gran parte de las 55 muertes se debió a causas no relacionadas con la acción de la policía (como sobredosis accidental de drogas), y que sólo en tres casos se podía atribuir directamente a la muerte las técnicas empleadas para inmovilizar al sospechoso. Sin embargo, el informe no aclaraba en qué casos la muerte se produjo durante o a consecuencia de una lucha con los agentes, que podría haber contribuido indirectamente a ella. Este aspecto constituye un motivo de preocupación en los casos revisados por Amnistía Internacional (véase más abajo). Según el estudio, el 89% de las personas que murieron bajo custodia policial eran negras o hispanas.

El número de muertes bajo custodia policial en la Ciudad de Nueva York es relativamente pequeño, pero parece que ha aumentado en los últimos años. Según el informe de 1994 del grupo especial, cuyas cifras han sido actualizadas a partir de entonces, en 1990 se produjeron 11 muertes, 12 en 1991, 15 en 1992, 15 en 1993 y 23 en 1994 (último año en que Amnistía Internacional tuvo acceso a estos datos). Según informes, los mandos de la policía han afirmado que el aumento del número de muertes coincide con un aumento de la cocaína fumada, que hace que los sospechosos se muestren más violentos en el momento de la detención. Sin embargo, este hecho no parece que haya sido un factor determinante en ninguno de los casos más preocupantes que se exponen más abajo.


Con el transcurso de los años, el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York ha introducido una serie de directrices para reducir el número de muertes bajo custodia provocadas por procedimientos que pueden producir asfixia. La práctica de atar a un sospechoso «como un cerdo» (esposado de manos y pies, con las manos a la espalda atadas a los pies), que ha producido varias muertes en EE. UU., fue prohibida por el Departamento de Policía en 1987. En 1985, el Departamento prohibió el uso de la llave consistente en rodear el cuello del sospechoso con el brazo y privarlo de la respiración excepto en circunstancias en que fueran necesarios medios letales para proteger la vida del agente o de otras personas y esa opción fuera la menos peligrosa. En 1993 se prohibió completamente el uso de este tipo de llave, a raíz de la preocupación suscitada por varias muertes de sospechosos, al parecer por asfixia en la década de los noventa(26). En 1994, el Departamento de Policía estableció el grupo especial mencionado más arriba para revisar las técnicas de inmovilización de los detenidos que se resisten al arresto. La consecuencia fue la publicación de unas Directrices para Prevenir las Posturas que Provocan Asfixia (Positional Asphyxia Prevention Guidelines) en septiembre de 1994. En las directrices se reitera casi todo lo que ya había sido prohibido por el Departamento de Policía, como la práctica de «atar como un cerdo». Afirmaban que el riesgo de asfixia en determinadas posturas se incrementa en el caso de una persona obesa que está boca abajo, así como en el de los intoxicados por drogas o alcohol. Según estas directrices, los agentes no deben trasladar ni mantener a un detenido boca abajo y, siempre que sea posible, deben evitar sentarse o ponerse de pie sobre la espalda o el pecho del detenido, ya que así se reduce su capacidad respiratoria.


Sin embargo, desde que estas directrices entraron en vigor se han producido muertes, al parecer por asfixia o por otras técnicas de inmovilización empleadas por la policía (véanse algunos casos más adelante).


3. 2 Casos examinados por Amnistía Internacional


Amnistía Internacional revisó la información sobre 15 muertes que se produjeron bajo custodia policial en la Ciudad de Nueva York entre 1988 y diciembre de 1995. Diez de los 15 detenidos eran negros, tres eran latinos, y en dos casos no se conocía la raza del fallecido. En cinco de los casos, el pesquisidor dictaminó muerte por asfixia, provocada por la compresión del cuello o el pecho. En otros tres casos, la muerte se atribuyó a una combinación de factores, entre ellos intoxicación por cocaína o dolencias ya existentes, como enfermedades de corazón, pero hay pruebas de que el uso de técnicas inmovilización o compresión en el cuello o pecho de los detenidos contribuyó a su muerte. En tres casos se dijo que la policía había utilizado una llave para interrumpir la respiración, infringiendo las directrices del Departamento. En algunos de estos casos también había pruebas de traumatismos causados por una fuerza contundente, indicio de que el detenido había sufrido violencia física, como golpes.

Aunque en otros casos la conclusión fue que la causa de la muerte se debía a factores como enfermedades del corazón o intoxicación por drogas, también aparecían lesiones producidas por una fuerza contundente o bien el detenido se había visto envuelto en una violenta lucha con la policía justo antes de su muerte.


En todos los casos revisados, los agentes implicados afirmaron que la fuerza utilizada estaba justificada por la violencia manifestada por el sospechoso o negaron que sus actos hubieran causado la muerte del sospechoso. Aunque en varios casos el dictamen del pesquisidor fue de homicidio(27), ningún agente ha sido declarado culpable de un delito relacionado con alguna de estas muertes, aunque dos de los casos aún estan siendo investigados y en abril de 1996 todavía había otro juicio pendiente. Amnistía Internacional no tiene conocimiento de que en ningún caso se hayan tomado medidas disciplinarias contra alguno de los agentes implicados.


Amnistía Internacional reconoce que hay situaciones en las que se puede necesitar un alto grado de fuerza para reducir a los sujetos violentos que se resisten al arresto. Sin embargo, la organización siente preocupación por el hecho de que, en los casos examinados, parece ser que los agentes emplearon rápidamente un alto grado de fuerza en situaciones que no exigían medidas tan extremas, en contravención con las directrices de la policía y el artículo 3 del Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley(28). Aunque Amnistía Internacional reconoce que se han realizado verdaderos esfuerzos para combatir este problema mediante la revisión periódica de las directrices de la policía, cree que aún hay que hacer más para garantizar que las directrices se siguen estrictamente, y que los infractores deben ser procesados o ser objeto de las acciones disciplinarias adecuadas. Amnistía Internacional también cree que se debe hacer público el resultado de las investigaciones sobre todas las muertes bajo custodia en circunstancias controvertidas.


3. 3 Muertes por utilización de pulverizadores de pimienta


En dos casos de presos que murieron bajo custodia policial en la Ciudad de Nueva York en 1995 se había empleado un pulverizador de pimienta en el momento de su detención. El contenido del pulverizador era era Oleroresin Capsicum (OC), un agente basado en un tipo de cayena utilizado para incapacitar temporalmente a una persona que provoca una sensación de quemazón en las mucosas, tracto respiratorio superior y esófago. En los últimos años, muchos departamentos de policía de Estados Unidos han introducido los pulverizadores de OC pensando que podían ser una alternativa más segura y eficaz que el macis químico para reducir a personas perturbadas o violentas. Sin embargo, sigue existiendo preocupación por los riesgos para la salud asociados a los pulverizadores de OC, así como por la posibilidad de que se usen indebidamente.


En 1993, el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York introdujo los pulverizadores de OC en sustitución del macis químico para controlar a «personas emocionalmente perturbadas» que se mostraban violentas. El Grupo Especial sobre Inmovilización de Detenidos (véase más arriba) recomendó «ampliar el uso del pulverizador de pimienta a aquellas situaciones en las que el sospechoso se resista al arresto». El grupo especial afirmó que los pulverizadores de OC no sólo eran más eficaces que los de macis para controlar a personas violentas o bajo la influencia de las drogas, sino que reducía o eliminaba la necesidad de utilizar la fuerza física, y por lo tanto el riesgo de que se produjeran heridas a causa de la utilización de porras u otros instrumentos.


El reglamento del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York establece que el pulverizador de pimienta puede ser uno de los primeros recursos de defensa en situaciones que requieran una fuerza considerable, si la disuasión verbal ha sido ineficaz; y recomienda una frecuencia de «dos pulverizaciones de un segundo». También establece que, si es posible, se dé un aviso antes de utilizar el pulverizador contra sospechosos desarmados; y que no se debe usar en recintos pequeños ni en presencia de mujeres embarazadas, niños, ancianos o personas con «problemas respiratorios crónicos».


El grupo especial llegó a la conclusión de que el uso del pulverizador no comportaba grandes riesgos para la salud, y que «a pesar de los primeros informes, no ha muerto nadie que haya sido expuesto al pulverizador de pimienta». Esta conclusión se basaba en un seguimiento del uso del pulverizador en otros departamentos de policía de los EE. UU., y en dos informes encargados por el Instituto Nacional de Justicia, publicados en marzo de 1994, en los que se descartaba que el OC hubiera desempeñado algún papel en las alrededor de 30 muertes bajo custodia que se produjeron en todo el país en esa época.


Sin embargo, la seguridad del pulverizador de pimienta sigue poniéndose en duda. En marzo de 1995, la Unión Estadounidense de California del Sur para la Defensa de las Libertades Civiles publicó el resultado de una investigación que había llevado a cabo sobre los pulverizadores de pimienta, incluida una revisión de 26 casos de personas que murieron tras haber sido rociadas con uno de estos pulverizadores en California, y un trabajo de investigación de la Agencia de Protección del Medio Ambiente de California. En las conclusiones se sugería que el pulverizador de OC puede ser un factor de riesgo cuando se utiliza contra personas asmáticas o con problemas de corazón. El informe de la Unión Estadounidense para la Defensa de las Libertades Civiles también citaba un documento interno del principal proveedor de pulverizadores de pimienta, en el que se afirmaba que se pueden producir graves riesgos para la salud si la policía rocía a alguien con OC durante más de un segundo, contrariamente a lo que establecen las directrices del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York, que aconsejan el doble de esa cantidad. El documento también contradecía el punto de vista adoptado por muchos departamentos de policía, ya que advertía que el OC puede resultar ineficaz contra personas en estado de gran agitación, perturbadas mentalmente o bajo la influencia de las drogas o el alcohol, y que existía el riesgo de que si los agentes no conseguían reducir a una persona después de una pulverización se sintieran tentados de volver a utilizarlo. El informe de la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles señalaba que la investigación efectuada distaba mucho de ser completa, y que incluso el informe del Instituto Nacional de Justicia (mencionado más arriba) carecía de datos objetivos sobre el OC y sus riesgos y beneficios.


La Unión Estadounidense de California del Sur para las Libertades Civiles no solicitó que se prohibiera completamente el uso de los pulverizadores de pimienta por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Sin embargo, sí solicitó que se pusieran en práctica, con carácter inmediato, unas directrices estrictas sobre su uso hasta que se realizaran investigaciones científicas más detalladas sobre los efectos de estos pulverizadores. Aunque se llegó a la conclusión de que el pulverizador de pimienta no había sido la única causa, o la causa directa de la muerte en los casos de la Ciudad de Nueva York que se exponen más abajo, en uno de los casos se mencionó como uno de los factores que contribuyeron a la muerte. Los casos también ilustran algunas de las preocupaciones que surgieron en torno al uso del pulverizador, incluido el riesgo de utilizarlo contra personas que padecen problemas respiratorios o cardíacos, condiciones que tal vez ignoren los agentes en el momento de utilizarlo. Amnistía Internacional cree que el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York debe utilizar el pulverizador de pimienta con gran prudencia hasta que se realicen nuevos estudios, y que debe adoptar medidas para garantizar que no se utiliza indebidamente. Existe la preocupación de que, al menos en un caso, el pulverizador no se hubiera usado como uno de los primeros medios de defensa sino cuando el detenido ya había quedado incapacitado, contrariamente a lo que establecen las directrices de la policía (véase el caso de Mohammed Assassa a continuación).



ALGUNOS CASOS DE MUERTE BAJO CUSTODIA


Mohammed Assassa


Mohammed Assassa, de 55 años, sufrió un paro cardíaco en el transcurso de una lucha con los agentes que acudieron a su domicilio a causa de una disputa doméstica el 7 de diciembre de 1995. El informe del pesquisidor de la Ciudad de Nueva York calificaba la muerte de «homicidio» y exponía que la causa de la muerte había sido una combinación de enfermedad cardíaca, asma, exposición al pulverizador de pimienta y «lucha que le produjo múltiples contusiones». El informe también señalaba que existía fractura del hueso hioides, cerca de la laringe, señal de que había sufrido una presión en el cuello. Según informes, la esposa de Mohamed Assassa afirmó que la policía le había golpeado y después le había rociado con un pulverizador de pimienta mientras estaba inconsciente en el suelo. En el momento de escribir este informe, la investigación sobre esta muerte no había concluido.


Anthony Baez


Anthony Baez, de veintinueve años y origen puertorriqueño, murió a consecuencia de las lesiones sufridas cuando fue arrestado por agentes del distrito policial 46 del Bronx, el 22 de diciembre de 1994. Había hecho una visita a su familia de Florida y estaba jugando al fútbol con sus hermanos en el exterior del domicilio familiar cuando la pelota golpeó accidentalmente dos automóviles de la policía que estaban aparcados. Según los miembros de su familia que presenciaron el incidente, uno de los agentes se enfadó y arrestó al hermano de Anthony, David, poniéndole las esposas. Según informes, cuando Anthony Baez cuestionó el arresto y el trato que el agente daba a su hermano menor, el agente le hizo una llave en el cuello para impedirle la respiración; entonces, según se afirmó, todos los agentes le presionaron con la rodilla en la espalda para esposarlo con las manos atrás mientas estaba tumbado boca abajo en el suelo. El padre de Anthony Baez y otros familiares dijeron a los agentes que tuvieran cuidado ya que padecía asma crónica. Según la acción civil entablada por la familia, Anthony Baez permaneció boca abajo en el suelo durante diez o quince minutos antes de que lo metieran en un automóvil de la policía, sin que se intentara en ningún momento la resucitación. Fue llevado boca abajo en un vehículo de la policía a un hospital, donde una hora más tarde le declararon muerto.


La policía afirmó que Baez había muerto de un ataque de asma que sufrió durante el arresto. Sin embargo, el pesquisidor llegó a la conclusión de que la muerte se había producido por asfixia debido a la compresión del cuello y el pecho, así como al asma aguda que padecía, y calificó la muerte de «homicidio». Un patólogo contratado por la familia encontró hematomas en el cuero cabelludo, muñecas, manos y cuello, y pruebas de derrame interno en torno a los ojos (otra señal de asfixia).


El agente que presuntamente le hizo la llave en el cuello fue acusado posteriormente de homicidio por negligencia criminal. El juicio aún estaba pendiente en abril de 1996.


Según el abogado de la familia de Baez, el mismo agente tenía un historial de 14 denuncias anteriores por brutalidad, ocho por uso de fuerza excesiva y cuatro por emplear la llave del cuello. La anterior Junta había declarado en casi todos los casos que las denuncias «no se podían probar». Sin embargo, el Departamento de Policía sintió preocupación e hizo que el agente se incorporara al Programa de Vigilancia de la Fuerza para que tuviera una vigilancia especial y recibiera asesoramiento psicológico. El agente fue sacado del programa seis meses antes de la muerte de Anthony Baez. Una denuncia anterior contra el mismo agente, que estaba pendiente desde 1993, fue declarada fundamentada por la Junta actual en 1995. Era una denuncia por haber abofeteado y aplicado una llave en el cuello a un joven de dieciséis años en septiembre de 1993. El proceso penal de este caso estaba aún pendiente en abril de 1996.















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La esposa y la familia de Anthony Baez, que murió durante su arresto por agentes de policía en diciembre de 1994, después de golpear accidentalmente con un balón de fútbol dos vehículos patrulla de la policía que estaban aparcados cerca de allí. En la imagen, su esposa muestra la fotografía de Anthony. Sentada a su lado está la abogada de la familia.

© Chang Lee / NYT Pictures



Richard Butler


Richard Butler, de raza negra, de cuarenta años de edad, murió en el hospital un día después de ser detenido por agentes de los distritos 83 y 78 de Brooklyn el 23 de diciembre de 1995. Richard Butler había estado implicado en una persecución en automóvil con la policía, durante la cual se saltó varios semáforos en rojo y chocó contra otro automóvil antes de ser finalmente detenido. La oficina del pesquisidor publicó un comunicado de prensa en marzo de 1996 en el que anunciaba que en este caso «la causa subyacente de la muerte fue una intoxicación aguda por cocaína». Sin embargo, el informe también afirmaba que Richard Butler había sufrido «contusiones múltiples» en la cabeza y el cuerpo durante la lucha con la policía y que «las lesiones físicas contribuyeron a la muerte del señor Butler». El informe del pesquisidor calificaba la muerte de homicidio. La investigación del fiscal del distrito de Brooklyn estaba aún pendiente en abril de 1996. El informe del pesquisidor no se había entregado a la familia por estar pendiente esta investigación.


Michael Wayne Clark


Michael Wayne Clark, de treinta y un años, murió en marzo de 1995 después de haber tenido un altercado en una estación del metro de Brooklyn con al menos siete agentes de policía que le habían visto orinando en un andén. Según informes, una agente solicitó ayuda cuando Clark empleó un lenguaje abusivo y comenzó a darle empujones en el estómago. Uno de los agentes que acudieron le roció la cara con un pulverizador de pimienta pero no consiguió dominarlo. Tras otra lucha fue esposado y conducido fuera de la estación. Cuando iba en una ambulancia sufrió un ataque al corazón y murió posteriormente en el hospital. El pesquisidor llegó a la conclusión de que la causa de la muerte había sido «alcoholismo crónico, hígado adiposo y cardiomiopatía» y calificó la muerte de «natural». Amnistía Internacional no pudo acceder a todos los resultados de la autopsia ni a otros informes del pesquisidor sobre este caso, y no sabe si hay alguna referencia al uso del pulverizador de pimienta.


Johnnie Cromartie


Johnnie Cromartie, de raza negra, murió el 25 de mayo de 1993, en un hospital de la Ciudad de Nueva York, cuando estaba bajo custodia policial después de haber sostenido una lucha con agentes de policía. Ingresó en el hospital tras sufrir ataques epilépticos después de que lo detuvieran por infracción de la reglamentación sobre armas. El pesquisidor de la Ciudad de Nueva York llegó a la conclusión de que las causas de la muerte habían sido: (1) «múltiples contusiones anteriores a la inmovilización, que provocaron problemas respiratorios debido a la postura», síndrome de privación de alcohol con convulsiones y «comportamiento agitado y violento», y (2) enfermedad cardiovascular de hipertensión. El dictamen fue de homicidio.


En marzo de 1994, un gran jurado votó no acusar a ninguno de los agentes implicados basándose en que la fuerza utilizada para incapacitar a Johnny Cromartie había estado justificada. Después de esta decisión, el 18 de marzo de 1994, el fiscal del distrito de Manhattan hizo pública una carta de 24 páginas dirigida al director general de la Policía en la que resumía la investigación del caso. El fiscal del distrito manifestaba que, dado el interés público que había suscitado el caso y su preocupación por «mantener la confianza de los ciudadanos en la integridad y solvencia de la investigación que había dirigido ... considero importante la divulgación ... ya que muchos de los hechos pertinentes se pueden dar a conocer justa y legítimamente». El fiscal del distrito envió a Amnistía Internacional una copia de este informe en respuesta a las preguntas de la organización sobre este caso.


La carta revelaba que Johnnie Cromartie había esperado en la sala de urgencias del hospital, sin que se produjera ningún incidente, casi treinta horas durante las cuales permaneció esposado a la cama casi continuamente. Después le llevaron a una habitación y, cuando le quitaron las esposas para ir al baño, anunció su intención de abandonar el hospital. Según informes, estalló una violenta refriega en la que intervinieron cinco agentes que intentaron diversas técnicas para reducirlo (según el informe del fiscal del distrito, dos de ellos eran blancos, dos eran negros y otro hispano). Finalmente fue colocado boca abajo en una camilla, con las manos esposadas a la espalda y los tobillos atados con cintas de velcro. El médico que le examinó dictaminó que no se encontraba en peligro inminente, pero quince minutos más tarde sufrió un paro cardíaco. En su carta, el fiscal del distrito exponía que el pesquisidor había llegado a la conclusión de que la muerte se había producido por la tensión debida a los golpes propinados por la policía y a los que se produjeron durante la lucha, y a la «relativa dificultad, para un hombre de su tamaño, para respirar con las manos esposadas a la espalda yaciendo sobre su estómago» (en el momento de su muerte, Johnnie Cromartie pesaba 95 Kg). Otros factores que contribuyeron a su muerte fueron el síndrome de privación de alcohol y la hipertensión. Según la carta, otro perito médico, al que la Comisión Estatal de Prisiones(29) solicitó que realizara una segunda autopsia, se mostró en desacuerdo con la conclusión del pesquisidor sobre la causa de la muerte, ya que, en su opinión, había sido provocada por alguna forma de presión en el cuello (como la de una llave), pero no presentó un informe escrito. La carta resumía con bastante detalle la declaración de uno de los testigos, que afirmó que se empleó fuerza cuando Cromartie ya había sido reducido y que fue acompañada por insultos racistas, manifestando que en esta declaración se habían producido contradicciones y que no estaba respaldada por pruebas médicas ni por otros testigos.


Amnistía Internacional sigue sintiendo preocupación por si las técnicas empleadas para inmovilizar al detenido desempeñaron un papel significativo en su muerte. Un perito patólogo revisó el informe del fiscal del distrito a petición de Amnistía Internacional y comentó: «Cuando se emplea alguna técnica de inmovilización, la persona queda literalmente indefensa y sobre la policía recae la grave responsabilidad de vigilar el bienestar del detenido e impedir que sufra algún daño. El que la muerte se produzca en un hospital después de emplear métodos de inmovilización, pone de relieve la dificultad de vigilar el bienestar del detenido»(30). La muerte de Johnnie Cromartie fue uno de los casos que indujo a constituir el Grupo Especial sobre Inmovilización de Detenidos mencionado más arriba.

Dane Kemp


Dane Kemp, de raza negra, de veintiocho años de edad, murió el 1 de enero de 1990 en una celda de una comisaría del distrito policial 69 de Brooklyn. Fue detenido después de que una mujer dijera a la policía que la había atacado. Cuando Kemp (que tenía una mano esposada a una barrote de la celda) empezó a dar patadas a la tela metálica de la celda y a amenazar con matar a la mujer que le había acusado, avisaron para que acudiera a la comisaría una Unidad de Servicios de Emergencia. Murió al ser inmovilizado por cinco agentes que le ataron las piernas con cintas de velcro y las manos a la espalda y le colocaron boca abajo en una camilla. El pesquisidor llegó a la conclusión de que Kemp había muerto «por asfixia como resultado de la compresión del pecho y el cuello mientras le inmovilizaban por conducta agitada y violenta». Posteriormente, un gran jurado acusó a uno de los agentes de homicidio por negligencia criminal. Más tarde, un juez retiró la acusación. Amnistía Internacional escribió al fiscal del distrito de Brooklyn en noviembre de 1995 solicitando información sobre los motivos de la retirada de la acusación, pero no recibió respuesta.


Richard Luke


Richard Luke, de raza negra, murió en mayo de 1989 cuando estaba bajo custodia de la Policía de la Vivienda de la Ciudad de Nueva York. La policía acudió al apartamento de su madre después de recibir una llamada telefónica en la que se solicitaba ayuda médica, y Luke fue arrestado después de una violenta lucha. Según informes, se encontraba en una celda cuando empezó a golpearse la cabeza contra los barrotes, las paredes y el suelo. La policía le sacó de la celda y le envolvió en una manta dejándole completamente inmovilizado; fue conducido al hospital pero murió por el camino.


El pesquisidor de la Ciudad de Nueva York llegó a la conclusión de que la causa de la muerte había sido intoxicación por cocaína. Sin embargo, una investigación de la Junta de Revisión Médica de la Comisión de Prisiones llegó a la conclusión de que la muerte se había producido por asfixia al vomitar mientras estaba boca arriba e inmovilizado. La Comisión recomendó que la Unidad de Servicios de Emergencia (un grupo de la policía formado especialmente para encargarse de personas emocionalmente perturbadas, incluidas las que sufren trastornos provocados por las drogas) abordara la formación de su personal «poniendo énfasis en que se deben extremar las precauciones cuando se deja a los sujetos totalmente inmovilizados, especialmente si están tumbados boca arriba» observando que «la agitación inducida por el abuso de drogas comporta el elevado riesgo de que se produzca la émesis y la posterior aspiración de la misma». La Comisión también recomendó que «esta formación debe ir acompañada de unas directrices que expliquen las precauciones que deben adoptarse cuando se utiliza una manta para inmovilizar totalmente...».


Frederico Pereira


Frederico Pereira, de veintiún años y origen puertorriqueño, falleció durante una lucha con cinco policías blancos en la madrugada del 5 de febrero de 1991, cuando le sacaron a rastras de un automóvil robado en el que había estado durmiendo. El pesquisidor falló que la muerte fue un homicidio y llegó a la conclusión de que existían varias pruebas, incluida una contusión en el cuello cerca del hueso hioides, que indicaban que Pereira había muerto por asfixia traumática asociada a la compresión del cuello. La autopsia también señalaba contusiones múltiples, incluida una laceración encima de un ojo, abrasiones en la cabeza y contusiones, todo ello poco antes de su muerte.


Antes de que se diera a conocer el informe del pesquisidor, una investigación interna de la policía había exonerado a los agentes de toda culpa, afirmando que Pereira se había resistido violentamente al arresto y que las laceraciones y marcas de la cara se las había producido al golpearse contra el pavimento. Los agentes negaron haber utilizado una llave mientras Pereira estaba en el suelo, esposado y boca abajo, como afirmaron dos testigos civiles que se presentaron tres días después del fallecimiento.


En marzo de 1991, un gran jurado de Queens acusó a los cinco agentes de cargos de asesinato en segundo grado, homicidio impremeditado, agresión y homicidio por negligencia criminal. Al anunciar la decisión, el fiscal del distrito manifestó que aunque sólo uno de los agentes había sido acusado de realizar la llave en el cuello, todos habían desempeñado algún papel en la muerte. Sin embargo, pocos meses después, un juez de la Corte Suprema retiró todos los cargos contra cuatro de los agentes a solicitud de un nuevo fiscal de distrito, y redujo los cargos contra el quinto agente a los de homicidio impremeditado y homicidio por negligencia criminal.


Entre marzo de 1991 y el juicio de los agentes en marzo de 1992, aparecieron varios artículos en la prensa en los que se mencionaba que algunos expertos de la policía no estaban de acuerdo con las pruebas médicas ni con la credibilidad de los testigos civiles. Por ejemplo, parece ser que un abogado defensor de la policía dijo que en el informe de la autopsia no aparecían pruebas suficientes que respaldaran las declaraciones de los testigos, según las cuales los agentes habían propinado patadas y golpes a la víctima. También se dijo que otro abogado defensor de la policía había manifestado que «existe una herida insignificante en el cuello, una pequeña abrasión a un lado del cuello, eso es todo. Las heridas no son de las que producirían asfixia».


En el juicio ante un tribunal sin jurado en marzo de 1992, el agente negó que él u otro agente hubieran pegado a Pereira o le hubieran hecho una llave en el cuello. La defensa mantuvo que la cocaína encontrada en el organismo de Pereira en el momento de su detención fue la que provocó su muerte. Un perito médico que testificó para la defensa se mostró en desacuerdo con el informe del pesquisidor, según el cual la muerte se había producido por asfixia. El agente fue absuelto.


En 1995, la familia de Pereira, que había entablado un proceso civil por muerte indebida, recibió 175.000 dólares por daños y perjuicios en un acuerdo extrajudicial.

El profesor Derrick J. Pounder, Jefe del Departamento de Medicina forense de la Universidad de Dundee, Reino Unido, revisó el informe de la autopsia a solicitud de Amnistía Internacional. Llegó a la conclusión de que había las suficientes pruebas de asfixia y presión en el cuello como para provocar la muerte (aunque no necesariamente). Otras heridas indicaban que había habido golpes, pero no se había realizado una disección de los tejidos subyacentes para valorar su gravedad, lo que podía haber ayudado a establecer el grado de fuerza empleado. El profesor Pounder señaló que, aunque en el informe del pesquisidor no figuraba el nivel de cocaína, esta droga no había sido la causa de la muerte de Pereira antes de la lucha con la policía. Podía haber sido un factor de predisposición en combinación con otras circunstancias, en particular con el uso de una llave en el cuello.


Juan Rodríguez


Juan Rodríguez, latino de cuarenta y un años emocionalmente perturbado, murió bajo custodia policial el 30 de enero de 1988. Había sido arrestado por unos agentes del distrito policial 83 porque, al parecer, había estado rompiendo puertas y ventanas en el edificio en el que tenía su apartamento. En el informe de la autopsia constaba que había sufrido «fuertes contusiones» en la cabeza y en el cuerpo y que había muerto de un ataque al corazón. Un gran jurado acusó a tres agentes de agresión delictiva. En la vista incoatoria, un ayudante del fiscal del distrito alegó que los agentes había golpeado a Rodríguez con «instrumentos propios de la policía», como la radio, «propinándole puñetazos en la cabeza y golpeándole por todo el cuerpo». Según informes, un cuarto agente prestó declaración ante el gran jurado con la garantía de la inmunidad. Los agentes afirmaron que Rodríguez se mostró violento cuando trataron de esposarlo.


Los tres agentes fueron absueltos en un juicio sin jurado celebrado en 1990. Según informes, al anunciar el veredicto, el juez afirmó que «no se ha establecido más allá de toda duda razonable que los agentes causaran lesiones físicas a Juan Rodríguez por negligencia o imprudencia»(31).


Los agentes volvieron a ejercer todas sus funciones y no tuvieron que enfrentarse a cargos disciplinarios. La acción civil entablada por la familia de Rodríguez concluyó con un pago de 275.000 dólares en septiembre de 1994.


Ernest Sayon


Ernest Sayon, de raza negra, murió cuando fue arrestado por agentes de policía de Staten Island el 29 de abril de 1994. En un comunicado de prensa, el pesquisidor informó que Sayon había muerto por asfixia debido a la presión ejercida sobre su espalda y cuello cuando yacía boca abajo en el suelo con las manos esposadas a la espalda. La autopsia privada encargada por su familia también encontró pruebas de asfixia, laceraciones en la parte superior de la cabeza y hematomas y contusiones en la cara y espalda. El incidente que desembocó en la muerte de Sayon se produjo cuando la policía efectuaba un registro en busca de drogas en la zona en la que vivía Sayon y procedía a arrestar a otro hombre cuando explotó un petardo. Los agentes se dirigieron hacia donde había sonado y Sayon, que se encontraba entre la muchedumbre, fue detenido. Las versiones sobre las circunstancias exactas en las que se produjo la detención son contradictorias. La policía informó de que Sayon echó a correr y se resistió al arresto, versión desmentida por algunos testigos que dijeron que la policía se le acercó y le golpeó en la cabeza con una pistola. Algunos testigos también dijeron que un agente golpeó a Sayon en la cabeza y le propinó un rodillazo en la espalda cuando estaba en el suelo. Los agentes negaron haberle golpeado o haberlo hecho una llave en el cuello. Aunque se llamó a dos ambulancias, un agente se echó a Sayon al hombro y lo llevó al hospital; según el abogado de la familia, las cintas en las que se grabó la transmisión por radio muestran que transcurrió un tiempo de diecisiete minutos antes de que Sayon ingresara en el hospital, que estaba a unas manzanas de distancia. A su llegada al hospital se declaró su muerte.


En diciembre de 1994, un gran jurado decidió no acusar a ninguno de los seis agentes implicados en el arresto. Según la prensa, el abogado del distrito de Staten Island manifestó que la decisión era «justificada y adecuada».


La Oficina de Asuntos Internos informó a Amnistía Internacional de que la investigación del departamento había exonerado de toda conducta indebida a los agentes implicados. La Junta Civil de Revisión de Denuncias ha llevado a cabo una investigación que ha desatado cierta polémica. El 31 de octubre de 1995 la prensa publicó que un comité constituido por tres miembros de la Junta no había encontrado pruebas de conducta indebida por parte de ninguno de los cuatro agentes implicados en el caso. Según los informes, el comité confirmó que la denuncia presentada fue considerada «infundada» y también que «no se podía probar», aunque no se daban más detalles. También se dijo que fuentes de la propia Junta habían afirmado que el personal investigador de la Junta estaba dispuesto a recomendar que la denuncia se declarara fundamentada pero que, en un acto insólito, el presidente de la Junta, David Zornow, había indicado que el resultado de la investigación debía presentarse al comité sin una recomendación(32). También existió preocupación en torno al hecho de que un comité de sólo tres miembros, en lugar de toda la Junta, hubiera tomado la decisión final en un caso tan polémico. (En abril de 1996, un fiscal también dijo a Amnistía Internacional que la familia de Sayon no fue informada personalmente en ningún momento del resultado de su denuncia ante la Junta).



Altar erigido en el lugar en que murió Ernest Sayon al ser detenido por la policía el 29 de abril de 1994. © Chester Higgins Jr / NYT Pictures



































Kevin Thorpe


Kevin Thorpe, de raza negra, de treinta y un años de edad, mentalmente perturbado, murió por asfixia el 10 de julio de 1989 cuando al menos cuatro agentes se le subieron encima mientras estaba tumbado boca abajo en el suelo del domicilio de su madre en Brooklyn, esposado con las manos a la espalda y las piernas atadas. Cuatro testigos declararon que los agentes habían golpeado a Thorpe con las porras y los puños cuando ya estaba esposado en el suelo y en el informe de la autopsia se señalaron hematomas. Los agentes acudieron al apartamento después de recibir una llamada diciendo que Kevin Thorpe se había puesto violento porque no había tomado su medicación. Según se afirmó, los dos agentes que llegaron primero violaron las normas al requerir la ayuda de agentes de patrulla en lugar de avisar a una unidad con formación especial. Amnistía Internacional escribió al fiscal del distrito de Brooklyn en octubre de 1995 solicitando información sobre el resultado de la investigación de este caso, pero no recibió respuesta.



4. USO DE ARMAS DE FUEGO POR LA POLICÍA


El Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York tiene unas directrices rigurosas sobre el uso de armas de fuego. Sin embargo, Amnistía Internacional ha recibido información sobre más de treinta casos en los que los sospechosos habían muerto o habían resultado heridos por los disparos de la policía en circunstancias controvertidas en los últimos años. Aunque ha sido difícil conseguir informes oficiales sobre estos disparos, Amnistía Internacional siente preocupación porque las acciones de la policía pueden haber violado las normas internacionales sobre el uso de medios letales, así como las directrices del departamento. El artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que el derecho a la vida está protegido por la ley y que «nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente». Los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley estipulan que las armas de fuego sólo deben utilizarse en defensa propia o para proteger a terceros contra la «amenaza inminente de muerte o lesiones graves» y «sólo cuando otras alternativas menos excepcionales resulten insuficientes para conseguir este objetivo» y que «en cualquier caso, el uso intencionado de armas de fuego sólo debe hacerse cuando sea absolutamente inevitable para proteger la vida» (Principio 9). Las directrices del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York siguen unos criterios similares (véase más abajo).


En la mayor parte de los casos de disparos efectuados por agentes de servicio sobre civiles en la Ciudad de Nueva York, las investigaciones internas han concluido que las acciones de los agentes estaban justificadas por la amenaza encontrada o percibida en ese momento(33). Amnistía Internacional reconoce que los agentes de policía a menudo tienen que adoptar decisiones en fracciones de segundo en circunstancias difíciles, lo que hace que no haya podido acceder a todos los hechos en todos los casos que ha examinado.


Sin embargo, parece que en muchos de los casos examinados existen serias dudas sobre si los sospechosos suponían una amenaza inmediata para la vida cuando dispararon sobre ellos. La mayor parte de las víctimas (entre ellas varios adolescentes de edades comprendidas entre catorce y diecisiete años) estaban desarmadas en el momento de ser alcanzadas por los disparos, y algunas huían del lugar en el que habían cometido delitos menores; al parecer, algunas fueron alcanzadas cuando ya habían sido reducidas o se habían rendido; en varios casos, testigos independientes cuestionaron la versión de la policía sobre los disparos. En algunos casos, las víctimas, o los familiares de los fallecidos, obtuvieron compensaciones por daños y perjuicios en tribunales civiles tras presentar una denuncia por muerte causada por negligencia o por las heridas sufridas. Aunque la mayor parte de los agentes no fueron procesados ni recibieron sanciones disciplinarias, en tres casos los agentes fueron declarados culpables de delitos relacionados con los disparos.


Las conclusiones de Amnistía Internacional no son una revisión exhaustiva de los disparos realizados por la policía de la Ciudad de Nueva York. Sin embargo, la organización siente preocupación por el número de disparos polémicos que han llegado a su conocimiento y por las pruebas que parecen indicar que las minorías raciales pueden ser víctimas de disparos injustificados en un número desproporcionado.


4. 1 Directrices del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York sobre medios letales.


El manual de patrulla del Departamento de Policía establece que «el primer deber de los miembros del servicio es proteger las vidas humanas». Las directrices del Departamento sobre el uso de armas de fuego establecen que los medios letales se pueden utilizar como último recurso cuando un agente u otra persona esté en peligro inminente de muerte o de sufrir lesiones físicas graves y se hayan agotado otras alternativas razonables. Las directrices del Departamento sobre sospechosos que huyen establecen que «no se deben emplear medios letales para incapacitar a un delincuente que huye y que no representa una amenaza inminente de muerte o de lesiones físicas graves para los propios agentes o para terceros». Según esta norma, un policía de la Ciudad de Nueva York no debe disparar contra un sospechoso que huye del lugar donde se ha cometido un delito, ni siquiera si el delito es violento, únicamente para que se detenga o para practicar un arresto, a menos que la vida de alguien esté en peligro directo e inminente. Esta es una norma muy estricta tanto en el estado de Nueva York como en todos los EE. UU.(34)


Las directrices también prohíben hacer disparos de aviso; hacer fuego en defensa de la propiedad; disparar contra vehículos en movimiento a menos que los ocupantes estén utilizando otros medios letales que no sean el propio vehículo; y hacer fuego cuando se pueda poner en peligro a personas inocentes. Las directrices estipulan que, siempre que sea posible, se debe dar un aviso verbal antes de disparar. También estipulan que los agentes nunca deben amartillar un arma de fuego (tener el arma con la palanca del gatillo preparada para poder disparar) en ninguna circunstancia.


4. 2 Estadísticas sobre disparos de la policía


Cuando en 1972 se implantaron estas directrices se produjo un descenso general del número de disparos efectuados por policías de la Ciudad de Nueva York, al menos hasta finales de la década de los ochenta. El número de muertes por disparos descendió desde una media anual de 63 muertes desde 1970 hasta 1974, a 24 muertes al año desde 1979 a 1988 (pasando por un mínimo de 14 en 1987), con la correspondiente disminución del número de disparos efectuados y de civiles heridos(35). Los disparos de la policía en la Ciudad de Nueva York tampoco son frecuentes, en comparación con el número de contactos que los agentes tienen con civiles y delincuentes, así como en comparación con algunas otras grandes ciudades de los EE. UU. Por ejemplo, hay informes de que, en 1991, la policía de la Ciudad de Nueva York disparó contra civiles (con y sin resultado de muerte) al menos la mitad de veces que la policía de Atlanta, Kansas City y Houston, y también mucho menos que en Los Angeles o Filadelfia, si se tiene en cuenta el número de agentes de policía o de habitantes. El número de disparos efectuados por los agentes de la Ciudad de Nueva York es también bajo comparado con el número de delitos violentos, detenciones y homicidios notificados(36).


El número de disparos efectuados por la policía de la Ciudad de Nueva York comenzó a aumentar a finales de la década de los ochenta, tendencia que también se produjo en algunas grandes ciudades más. En 1990, 41 civiles murieron por los disparos de la policía de la Ciudad de Nueva York, la mayor cifra alcanzada desde mediados de los años setenta. Aunque el número de muertos o heridos por disparos ha descendido desde entonces, sigue siendo más elevado que en los años anteriores, y aumentó significativamente entre 1993 y 1994 (de 23 en 1993 a 31 en 1994). La policía ha dicho que el aumento de los disparos se debe a que ha aumentado el número de delincuentes violentos y fuertemente armados a los que ha tenido que hacer frente. Según los informes, en 1989 los delitos violentos y los disparos alcanzaron un punto máximo en la Ciudad de Nueva York (año en que murieron tres agentes y otros 76 fueron heridos por arma de fuego). Sin embargo, parece ser que los disparos de la policía han continuado aumentando durante un período en el que los delitos violentos descendieron significativamente en la Ciudad de Nueva York(37). Entre 1990 y 1994 (el último año en el que Amnistía Internacional pudo acceder a los datos) han muerto menos de dos policías al año por disparos de delincuentes. En 1994 murieron dos agentes por los disparos efectuados por delincuentes, y 18 fueron heridos o recibieron rozaduras de bala.


4. 3 Disparidades raciales en los disparos de la policía


Aunque la cifra total del número de disparos de la policía sigue siendo, en conjunto, relativamente pequeña, Amnistía Internacional siente preocupación porque hay datos que parecen indicar que un número desproporcionado de personas alcanzadas por disparos en la Ciudad de Nueva York en circunstancias que, al parecer, no suponían amenaza ni eran controvertidas, pertenecían a minorías raciales. Al menos 32 de los 35 sospechosos que murieron por disparos de la policía en los casos examinados por Amnistía Internacional pertenecían a minorías (16 eran latinos, 15 de raza negra, uno asiático, uno blanco, y en los otros dos casos no se conocía la raza del muerto). Dos de ellos eran dos policías negros en traje de civil que murieron abatidos por los disparos de agentes blancos que los confundieron con sospechosos.


Amnistía Internacional no dispone de un análisis racial completo de los disparos realizados contra agentes de policía de la Ciudad de Nueva York relacionado con las circunstancias en las que se realizaron los disparos, y es preciso un estudio más completo para dar cuenta de las disparidades.


De hecho, la Sección de Tácticas y Armas de Fuego de la Academia de Policía de la Ciudad de Nueva York prepara anualmente informes internos detallados sobre los disparos realizados por la policía, y durante los años que van de 1990 hasta 1994 Amnistía Internacional tuvo acceso a estos documentos. Los informes proporcionan un análisis del número total de disparos realizados por agentes de la Ciudad de Nueva York y los tipos de incidentes (incluidos disparos fuera de servicio, disparos accidentales, disparos contra uno mismo y disparos contra animales peligrosos), tipo de arma utilizada, número de disparos realizados, alcance de los disparos y distritos policiales implicados. También proporcionan el número de disparos realizados contra la policía por «perpetradores» (delincuentes armados) y un estudio de las armas utilizadas. Los informes también proporcionan estadísticas globales sobre la raza y el grupo étnico tanto de los agentes como de los «perpetradores» implicados en casos de disparos de armas de fuego. Aunque estas estadísticas indican que la gran mayoría de los «perpetradores» durante el período de 1990 a 1994 eran negros o hispanos, en los informes no aparece un análisis racial de los tipos de incidentes que indujeron a los agentes a disparar, por ejemplo, casos en los que resultaron alcanzados sospechosos desarmados o se encontró que los disparos habían violado las directrices del departamento. Por este motivo, aunque los informes proporcionan, en general, datos valiosos sobre el uso de armas de fuego y las amenazas a las que se enfrentan los agentes, serían necesarios otros análisis para identificar hasta qué punto la discriminación racial puede ser un factor en los disparos realizados por la policía.


4. 4 Procedimientos para investigar los disparos


Hasta 1995, la mayor parte de los disparos de la policía eran investigados por uno de los mandos del distrito en el que tuvieron lugar los disparos, bajo la supervisión del jefe de distrito si los disparos provocaron heridas graves o muertes. Durante una reunión con representantes de la División de Asuntos Internos en 1994, Amnistía Internacional fue informada de que, aunque el reglamento del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York establece que la División de Asuntos Internos debe ser informada inmediatamente de los disparos que provocan heridas graves, en la práctica no se hace así y los investigadores de la División raramente acuden al escenario del suceso inmediatamente después de producirse los disparos. Sin embargo, el departamento estaba planeando cambiar esta situación y establecer equipos de investigación especializados en tiroteos, ya que la calidad de la investigación en las primeras cuarenta y ocho horas después del tiroteo era de vital importancia.


En febrero de 1995 se estableció un Equipo de Investigación de Tiroteos en cada distrito patrullado como respuesta a estas preocupaciones. Estos equipos deben actuar en todos los casos de disparos en el distrito y están formados por agentes del distrito, normalmente con el grado de supervisores, dirigidos por un capitán. Amnistía Internacional ha sido informada de que también ahora los agentes de la Oficina de Asuntos Internos van al escenario de los hechos en todos los casos de disparos con resultado de heridas o muerte, pero sólo dirigirán la investigación si las circunstancias son especialmente controvertidas o si lo pide el jefe del distrito. De otro modo, el Equipo de Investigación de Disparos será el que investigue los disparos y preparará un informe de las circunstancias en que se produjeron, incluidas declaraciones de testigos y los antecedentes de disparos de los agentes implicados, con recomendaciones sobre si se han violado directrices del departamento. Según el reglamento de la policía, los agentes implicados en incidentes de disparos no son interrogados durante las primeras cuarenta y ocho horas del suceso con el fin de darles tiempo para que consulten con representantes sindicales y con sus abogados antes de ser interrogados.


A un agente de policía se le puede retirar la pistola y colocar en un puesto distinto (generalmente, en servicios de oficina) mientras tiene lugar la investigación. Un agente también puede ser suspendido temporalmente de sus funciones por un máximo de treinta días mientras se investiga el caso. El informe de la investigación es remitido al Jefe de Departamento y a la Junta de Revisión de Disparos de Armas de Fuego, organismo supervisor constituido por mandos de la policía que se estableció en 1972.


La Junta de Revisión de Disparos de Armas de Fuego revisa todos los disparos de la policía, aunque no haya sido alcanzado nadie, y prepara informes estadísticos anuales. También revisa los resultados de investigaciones del departamento y toma una determinación final sobre si los disparos se ajustaban a las directrices del departamento, con una recomendación sobre si se deben emprender acciones disciplinarias o conviene hacer una readaptación profesional. La Junta de Revisión recibe el informe de un caso sólo después de que la investigación haya finalizado. Amnistía Internacional ha sido informada de que a menudo se produjeron largos retrasos antes de que el informe llegara a la Junta de Revisión, lo que limitó su eficacia en los casos individuales que revisó y en las recomendaciones que hizo.


Las conclusiones de la Junta también dependen de la calidad de la investigación inicial de la policía. En algunos casos ha habido denuncias de que las investigaciones de la policía sobre disparos u otros incidentes no eran suficientemente completas, e incluso de «encubrimientos» (que iban desde acusaciones de colocar a escondidas un arma a un sospechoso hasta dar un informe incorrecto del incidente que desembocó en los disparos o no proporcionar la información pertinente sobre las pruebas). Aunque los Equipos de Investigación de Disparos están concebidos para incrementar la eficacia y la calidad de las investigaciones internas sobre disparos de la policía, Amnistía Internacional cree que el sistema debería seguir siendo vigilado cuidadosamente y que se deberían adoptar medidas para garantizar que a la Junta de Revisión de Disparos de Armas de Fuego recibe los informes sin retrasos indebidos.


No está prevista la supervisión civil de las investigaciones sobre disparos de la policía. No obstante, la Junta Civil de Revisión de Denuncias establecida en 1993 puede investigar casos individuales de disparos si se le presenta una denuncia. Sin embargo, en enero de 1995 se produjo un conflicto entre la Junta de Revisión y el Departamento de Policía acerca de unos disparos efectuados por la policía, cuando la Junta declaró fundamentada una denuncia de fuerza excesiva (véase el caso de Antonio Rosario, Hilton Vega y Freddie Bonilla más adelante).


4. 5 Investigaciones penales


Los fiscales de distrito de la Ciudad de Nueva York también investigan todos los casos de disparos de la policía en los que se hayan producido muertes o lesiones graves por posible conducta indebida. Amnistía Internacional ha sido informada de que los fiscales suelen presentar los casos a un gran jurado para que resuelva si hay suficientes pruebas para dictar auto de procesamiento contra la persona acusada de cometer un delito. Como se ha explicado anteriormente, es frecuente que los grandes jurados no pronuncien una acusación contra los agentes implicados en tiroteos en acto de servicio. Un estudio realizado en 1991 por el periódico de Nueva York Newsdayllegó a la conclusión de que la policía de la Ciudad de Nueva York abatió a tiros a más de 125 civiles entre 1985 y 1990, y que menos de 15 agentes (apenas el nueve por ciento) habían sido acusados de delitos a causa de los disparos; la mayor parte de los acusados fueron absueltos en juicios sin jurado o se desestimaron los cargos que les habían sido impuestos. El estudio informaba de que las normas para dictar auto de procesamiento contra agentes de policía son más estrictas que para los civiles, ya que los agentes están autorizados a utilizar medios letales en determinadas circunstancias y casi siempre presentaban una defensa de sus acciones, por lo que se les concedía el beneficio de la duda(38). En 1995 fue declarado culpable de homicidio un agente de policía que disparó en acto de servicio (véase el caso de Douglas Orfaly, más abajo), algo que no sucedía desde 1977.


Varios policías de la Ciudad de Nueva York han sido acusados o declarados culpables por disparar cuando no estaban en acto de servicio. El caso más notorio fue el de un agente, condenado en 1994 a cadena perpetua por robar en una tienda de bebidas alcohólicas y asesinar al propietario chino disparándole por la espalda cuando estaba tumbado en el suelo. En julio de 1990, un agente que no estaba de servicio fue declarado culpable de homicidio en segundo grado por matar de un tiro a un motorista desarmado durante una disputa de tráfico. En octubre de 1995, un gran jurado dictó auto de procesamiento contra un agente por asesinato en segundo grado cuando no estaba de servicio; el agente había bebido y disparó su revólver en un restaurante de Manhattan en el transcurso de una discusión con otro cliente, hiriendo a un espectador y matando a una joven madre que estaba celebrando su cumpleaños. Este fue el primer cargo por asesinato presentado contra un agente de policía en casi diez años en Manhattan. Aunque estaba claro que estos agentes no actuaron en acto de servicio, los casos suscitaron preocupantes dudas sobre la capacidad de algunas de las personas reclutadas por las fuerzas policiales.

4. 6 Información pública sobre disparos de la policía

Aunque el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York prepara informes estadísticos anuales sobre los disparos efectuados por la policía (véase más abajo), hay informes internos que generalmente no se hacen públicos. Los representantes de la Junta Civil de Revisión de Denuncias dijeron a Amnistía Internacional en noviembre de 1995 que el ex director adjunto para la Información publicaba unas estadísticas sobre el número de muertes bajo custodia y disparos de la policía. Sin embargo, dijeron que durante el pasado año la información había sido menor y que las decisiones sobre divulgar información acerca de la policía se tomaban en la oficina del alcalde. Varias personas con las que habló Amnistía Internacional creían que la información sobre la policía se controlaba ahora más estrechamente que antes.


Después de haberlo solicitado varias veces, el Departamento de Policía envió a Amnistía Internacional copias de sus informes estadísticos internos sobre agentes implicados en disparos. Sin embargo, las investigaciones del departamento sobre casos individuales y las conclusiones de la Junta Civil de Revisión de Denuncias no se hacen públicas ni siquiera cuando se ha cerrado el caso. En muchos de los casos que han llegado a su conocimiento, Amnistía Internacional escribió al director general de Policía o al director adjunto para la Información solicitando información muy básica sobre si se había completado la investigación interna y si los disparos habían violado las directrices del departamento, pero sólo recibió información sobre uno de los casos(39).


Amnistía Internacional cree que la publicación periódica de datos estadísticos sobre disparos de la policía y muertes bajo custodia aumentaría la responsabilidad del departamento de policía y el conocimiento público de las normas y la práctica del uso de los medios letales.


Amnistía Internacional también cree que las conclusiones y recomendaciones de cualquier investigación interna sobre conducta indebida de la policía cuando se han denunciado violaciones de derechos humanos, incluidos los disparos conflictivos y las muertes bajo custodia, deben hacerse públicas inmediatamente después de finalizar la investigación.La publicación de las conclusiones daría a conocer las pruebas en las que se basaron dichas conclusiones y el alcance y metodología de la investigación, lo que no excluye mantener cierta información reservada cuando haya un motivo legítimo para hacerlo así.


Estas consideraciones estarían de acuerdo con los Principios aprobados por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas sobre la Prevención e Investigación Eficaces de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias (resolución 1989/65 adoptada el 24 de mayo de 1989), teniendo presente que los Principios se aplican explícitamente a situaciones con resultado de muerte por «uso excesivo o ilegal de la fuerza por un funcionario público... y situaciones en las que se produzcan muertes bajo custodia» (Principio 1). El Principio 17 establece que:


«Deberá hacerse un informe escrito sobre los métodos y resultados de dichas investigaciones en un período de tiempo razonable. El informe se hará público inmediatamente y deberá incluir el alcance de la investigación, los procedimientos y los métodos empleados para evaluar las pruebas, así como las conclusiones y recomendaciones basadas en los hechos y en la ley aplicable al caso. El informe también debe describir detalladamente lo sucedido y las pruebas sobre las que se basan dichos resultados, y dar la lista de los nombres de los testigos que prestaron declaración, con excepción de aquellos cuya identidad ha sido ocultada por su propia seguridad...»


4. 7 Utilización de armas semiautomáticas en el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York


Desde 1994, se ha provisto a todos los agentes del Departamento de pistolas semiautomáticas de 9 milímetros y 15 disparos, en sustitución de las de seis balas y calibre 38 utilizadas anteriormente. El cambio a las armas semiautomáticas desató la polémica debido a que su mayor potencia podía suponer un peligro para los espectadores e incrementar la posibilidad de que los agentes disparasen más veces de las necesarias descargando sus pistolas en situaciones de tensión. El ex director general de Policía, Lee Brown, se había resistido a otras tentativas de proveer a todo el departamento de armas semiautomáticas por los mismos motivos. Sin embargo, algunos mandos de la policía han defendido la introducción de las armas semiautomáticas de 9 milímetros basándose en que es necesaria una potencia mayor para enfrentarse en igualdad de condiciones a las armas que se pueden encontrar en la calle y para proteger a los agentes, que pueden ser alcanzados por disparos mientras cargan sus pistolas.


Las estadísticas de 1995 del departamento indican que los agentes que usan pistolas de 9 milímetros han disparado más veces en cada tiroteo que los que usan otras pistolas, pero que el número total de disparos de los agentes del departamento provistos de armas de 9 milímetros era menor que en los tres años anteriores (cuando el departamento comenzó a introducir las armas semiautomáticas). Sin embargo, ha suscitado preocupación el hecho de que los gatillos de las armas semiautomáticas usadas por el departamento hagan que sea más fácil que el arma se dispare por accidente. Esto puede ser lo que sucedió en el caso del joven de dieciséis años abatido a tiros durante un enfrentamiento con un agente en marzo de 1995 (véase el caso de Yong Xin Huang más adelante). Se informó de que el departamento estaba estudiando medidas para tensar los gatillos.



ALGUNOS CASOS DE DISPAROS


Luis Allende


Luis Allende, latino, desarmado, sospechoso de haber cometido un robo callejero, murió en El Bronx el 9 de agosto de 1990 abatido por los disparos de un agente de la Policía de Tránsito. Según el informe del agente, los policías de patrulla recibieron el aviso de que a una mujer le habían robado el collar; cuando estaban transmitiendo por radio la descripción del ladrón, un agente observó que el sospechoso y Allende hacían signos a un taxi para intentar escapar. Los agentes rodearon el taxi y ordenaron a Allende, que estaba sentado en el asiento trasero, que no se moviera. Allende recibió un disparo en la cabeza, al parecer por haberse vuelto hacia uno de los agentes que en ese momento abría la puerta del vehículo para arrestarlo.


La conclusión fue que el disparo se realizó según las directrices de la policía, ya que el agente pensó que Allende intentaba alcanzar un arma, aunque después se comprobó que estaba desarmado. La familia de Allende entabló un proceso civil alegando que el fallecido no había representado amenaza inmediata para la vida cuando recibió el disparo, ya que la policía tenía rodeado el vehículo y había estado a la vista de los agentes en todo momento. En abril de 1996, el proceso aún estaba pendiente.




Frankie Arzuega


Frankie Arzuega, joven puertorriqueño de quince años, murió abatido por los disparos de un policía el 12 de febrero de 1996. Según informe de prensa, Arzuega estaba sentado en el asiento trasero de un vehículo aparcado al que se acercaron tres agentes del distrito policial 90 de Brooklyn. Según las declaraciones de la policía, el conductor intentó arrancar cuando estaba siendo interrogado por un agente que se situó junto al vehículo; entonces otro agente disparó a través de la ventanilla trasera cuando el automóvil ya estaba en movimiento, y mató a Arzuega. No se encontraron armas dentro del vehículo. Según informes, las otras dos personas que iban en él fueron posteriormente acusadas de robo, agresión y tenencia ilegal de un vehículo robado.


Según un artículo aparecido el 18 de enero de 1996 en el New York Post, el disparo no quedó registrado en el diario del Departamento en el que se anotan los principales incidentes, que se distribuye dentro del departamento y a los periodistas. La noticia del disparo sólo se hizo pública cuando la familia se puso en contacto con un periodista de El Diario(un periódico de la Ciudad de Nueva York en español) tres días después.


En abril de 1996, Amnistía Internacional solicitó más información sobre el caso y sobre el resultado de las investigaciones oficiales acerca del homicidio.


Jacques Camille


Jacques Camille, taxista haitiano, resultó herido por los disparos de un agente el 9 de abril de 1992, cuando unos agentes ordenaron que detuviera su taxi para buscar a unos sospechosos de robo. La víctima del robo había dado el número del taxi a la policía. Camille )que estaba en su primera semana de trabajo como taxista)había llevado en su taxi a los dos ladrones sin saberlo. El agente dijo que el disparo se realizó cuando Camille se volvió súbitamente hacia al agente para protestar porque le habían parado. Varios testigos dijeron que el señor Camille tenía las manos en alto cuando el agente disparó un tiro destrozándole un riñón y parte del hígado. El agente fue acusado de haber disparado temerariamente y juzgado por un tribunal sin jurado. Fue declarado culpable de un delito menor de agresión y condenado a tres años de libertad vigilada. En mayo de 1994, la municipalidad se avino a pagar 1.500.000 dólares en un proceso civil por disparo indebido.


Anibal Carasquillo


Anibal Carasquillo, joven puertorriqueño de 21 años que estaba desarmado, murió por los disparos efectuados por un policía de Flatbush, una zona de Brooklyn, el 22 de enero de 1995. Según informes, el incidente se produjo cuando unos agentes le vieron atisbando por las ventanillas de un vehículo que estaba aparcado. Un portavoz de la policía declaró en un principio que Carasquillo había recibido un disparo en el pecho cuando se encaró con el agente «como si fuera a disparar un revólver». Sin embargo, el pesquisidor informó posteriormente de que la autopsia mostraba que había recibido el disparo en la espalda. Más tarde, un gran jurado votó que no se dictara auto de procesamiento contra el agente. En marzo de 1996, familiares de Anibal Carasquillo y Yong Xin Huang (otra víctima de los disparos de la policía en Brooklyn; véase más abajo) se presentaron en la oficina del fiscal del distrito de Brooklyn para pedir que volviera a convocar un gran jurado para los dos casos, y no se movieron de allí. Después de más de tres horas, los manifestantes fueron finalmente arrestados, incluidas la madre de Anibal Carasquillo y las dos hermanas de Yong Xin Huang. Fueron acusados de obstruir el trabajo de la administración y quedaron en libertad bajo fianza.


En febrero de 1995, Amnistía Internacional escribió al director general de Policía solicitando información sobre el resultado de la investigación de este caso, pero no recibió respuesta. Posteriormente, Amnistía Internacional escribió al director adjunto para la Información, de la Ciudad de Nueva York, y al fiscal del distrito de Brooklyn solicitando información sobre este y otros casos, pero no recibió respuesta. En abril de 1996 aún estaba pendiente una investigación de la Junta Civil de Revisión de Denuncias, así como el proceso civil entablado por la familia de Anibal Carasquillo.


David Cotto


David Cotto, de veinte años, murió el 1 de marzo de 1990 en al apartamento de sus padres abatido por los disparos de la policía. Según su familia, Cotto había tenido una pelea con un vecino por un juego de cartas, y se encontraba en el apartamento limpiándose la sangre de la boca cuando llegó la policía. La hermana de Cotto, Lisette, de diecinueve años, que fue testigo de todo el incidente, dijo a Amnistía Internacional que la policía se mostró insultante con su hermano, al que conocían, y le tiraron al suelo de un empujón después de una violenta refriega. Entonces Cotto salió corriendo hacia la cocina y agarró dos cuchillos con los que, al parecer, amenazó con cortarse el cuello. Según Lisette, Cotto dejó caer los cuchillos cuando uno de los agentes utilizó el pulverizador de macis, y los otros dos agentes dispararon mientras se frotaba los ojos y daba un traspiés cayendo hacia atrás. Tanto Lisette como el abogado de la familia sostienen que los agentes continuaron disparando después de que Cotto cayó al suelo. Fue alcanzado por 11 balas. Lisette, que se encontraba cerca, sufrió un rasguño en una rodilla causado por una de las balas. La descripción de las heridas de bala que aparece en el informe de la autopsia examinado por Amnistía Internacional indica que David Cotto fue herido por dos tiradores que dispararon ocho o nueve balas, y que después recibió otros dos disparos en el muslo y en el escroto mientras yacía de espaldas en el suelo.


Un gran jurado no formuló cargos penales contra ninguno de los agentes implicados. Según el abogado de la familia de Cotto, ninguno de los dos agentes que dispararon contra él recibió sanciones disciplinarias. El otro agente que estuvo presente, un sargento, recibió una suave reprensión por no haber seguido el procedimiento requerido para tratar con una persona emocionalmente perturbada(40).


Amnistía Internacional escribió al Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York y al fiscal del distrito de Brooklyn solicitando más información sobre el caso, pero no recibió respuesta.


Lydia Ferraro


Lydia Ferraro, una mujer desarmada de treinta y dos años, de raza blanca, fue abatida a tiros el 27 de abril de 1988, cuando seis agentes dispararon 16 balas sobre su vehículo tras una persecución en automóvil por East Harlem. Un gran jurado votó no formular cargos penales contra ninguno de los agentes que participaron en el tiroteo, ya que la policía dijo que creyeron que iba a sacar una pistola.


El proceso civil por muerte indebida entablado en nombre del hijo de Ferraro concluyó en agosto de 1993 con un pago de 300.000 dólares, establecido mediante un acuerdo. Según el sumario del acuerdo, los agentes vieron cómo Ferraro hacía un giro indebido en un semáforo y comenzaron a seguirla, creyendo que iba a Harlem a comprar droga. Se le unió otro vehículo policial y finalmente cerraron el paso al vehículo de Ferraro. Los agentes se acercaron al automóvil con las armas sacadas; la municipalidad denunció que mientras un agente abría la puerta del vehículo, Ferraro se apartó bruscamente de él y otro agente disparó contra ella. Entonces otros agentes comenzaron también a disparar, y la mataron de múltiples balazos.


Una investigación del departamento llegó a la conclusión de que los agentes que habían realizado los disparos mortales al final de la persecución habían actuado conforme a las directrices de la policía. Sólo se tomaron medidas disciplinarias contra uno de los agentes, por disparar contra un vehículo en movimiento. Según informes, al principio el agente intentó ocultar su papel en el tiroteo reemplazando los tres cartuchos que había disparado contra el vehículo.


Lebert Folkes


Lebert Folkes, inmigrante jamaicano, resultó herido en la cara por un disparo realizado por un miembro de la policía secreta el 11 de febrero de 1996. Folkes había estado conduciendo el automóvil de su hermana, que, por un error, figuraba como robado en la lista de un ordenador de la policía. Cuando estaba aparcando el vehículo cerca de su domicilio de Queens, en la Ciudad de Nueva York, dos agentes le bloquearon con su propio vehículo y le ordenaron a punta de pistola que saliera del automóvil. Lebert Folkes dijo que cuando intentaba soltar el cinturón de seguridad, el agente le sacó y le tiró al suelo disparando sobre él. Según informes de prensa, la policía alegó que Folkes se había negado inicialmente a salir del vehículo y que los agentes dispararon accidentalmente durante la lucha. Según se afirmó, Folkes dijo que no tenía ningún motivo para forcejear, añadiendo «¿por qué iba a resistirme al arresto cuando tenía dos pistolas apuntándome a la cabeza?». Según la prensa, Folkes y al menos otros dos testigos afirmaron que los agentes no se identificaron cuando le ordenaron que saliera del automóvil. Los






























Yong Xin Huang, de 16 años, al que un policía disparó en la parte posterior de la cabeza en marzo de 1995 después de que un vecino avisó a la policía porque lo vio jugando con unos amigos en un jardín con una escopeta de aire comprimido (de perdigones).

© Andrea Mohin / NYT Pictures

agentes se disculparon ante Lebert Folkes por el error informático que había inducido a creer que el vehículo había sido robado(41). Amnistía Internacional solicitó más información sobre el caso y sobre el resultado de la investigación de la policía en abril de 1996.


Yong Xin Huang


Yong Xin Huang, joven chino de dieciséis años, murió a consecuencia de los disparos realizados por un policía blanco en Sheepshead Bay, Brooklyn, el 24 de marzo de 1995. Había estado jugando en compañía de otros dos muchachos con una escopeta de aire comprimido (de perdigones) en la calle, delante de la casa de un amigo, y una vecina había alertado a la policía. Yong Xin Huang murió de un disparo realizado a corta distancia detrás de la oreja izquierda. El agente sostuvo que su pistola )una semiautomática de 9 milímetros)se le disparó accidentalmente durante la refriega con Huang, que sostenía la escopeta de perdigones, y que Huang le había hecho frente. Los amigos de Huang dijeron que no había habido lucha y que el joven le daba la espalda al agente cuando recibió el disparo. También afirmaron que el agente le estrelló la cara a Huang contra el cristal de una puerta lateral de la casa, que se hizo añicos en el incidente. Tanto el informe del pesquisidor como el de una autopsia independiente establecen que Huang tenía heridas provocadas por impactos contundentes en la parte superior de la cabeza, la cara y frente, que, según los abogados de los padres de Huang, declararon eran coherentes con la denuncia de que le estrellaron la cara contra la puerta.


La grabación de la llamada al 911 de la policía, a la que tuvo acceso Amnistía Internacional, muestra que la vecina había informado correctamente que la edad aproximada de los «varones asiáticos» era de «unos catorce o dieciséis años» y manifestó que estaban «jugando» con una escopeta que no sabía si era de verdad o no.


En marzo de 1995, un gran jurado llegó a la conclusión de que no se debían presentar cargos penales contra el agente implicado. El fiscal del distrito de Brooklyn hizo una declaración pública inmediatamente después resumiendo los «hechos» del caso(42). La declaración repetía la versión de los hechos del agente la cual, según el fiscal, era coherente con las pruebas periciales de ambas partes. Los abogados del Fondo para la Educación y Defensa Legal de los Americanos de Origen Asiático (Asian American Legal Defense and Education Fund, AALDF) escribieron posteriormente al fiscal del distrito para expresar la preocupación de que su declaración suscitara dudas sobre la forma en que había presentado el caso ante el gran jurado. El AALDFinstó al fiscal del distrito de Brooklyn a que adoptara las medidas necesarias para que se hicieran públicas las actas de los procedimientos del gran jurado «para fomentar el interés de los ciudadanos por conocer si la presentación ante el gran jurado protege la integridad del sistema de justicia penal». Sin embargo, esta información no se ha hecho pública(43).


La familia de Huang entabló un proceso civil contra la municipalidad de Nueva York y el agente implicado, alegando que se habían violado los derechos civiles de Huang por, entre otras cosas, uso indebido de la fuerza, incluida agresión. En el proceso se alegó que la pistola automática Glock de 9 milímetros no tenía dispositivo de seguridad y que bastaba una presión muy débil para apretar el gatillo; el agente conocía estos riesgos y había cometido «una imprudencia temeraria o negligencia» al colocar el arma tras la oreja de Huang. También se alegó que la municipalidad de Nueva York cometió negligencia al no proporcionar al agente la formación necesaria para utilizar correctamente un arma Glock de 9 milímetros al efectuar un arresto, y al permitir el uso de este tipo de pistola a pesar de la ausencia de mecanismos de seguridad. Además se denunciaba que el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York «tiene una predisposición negativa hacia los americanos de origen asiático y su comunidad», que pudo influir en la respuesta del agente durante el incidente en que se produjo la muerte de Huang.


En marzo de 1996, la municipalidad se avino a pagar 400.000 dólares por daños y perjuicios a la familia de Huang en un acuerdo extrajudicial.


No se tomó ninguna medida disciplinaria contra el agente implicado. En abril de 1996, la oficina del fiscal de los EE. UU. estaba dirigiendo una investigación federal de derechos civiles sobre el caso.

















Shuaib Abdul Latif, adolescente de diecisiete años abatido a tiros por la policía en enero de 1994 estando desarmado. En la foto está acompañado por su padre. Estaba escondido en el sótano de una casa en la que la policía hizo una redada, y una testigo de los hechos afirma que la policía no dio el alto cuando disparó contra él. Aunque la policía afirma que el disparo se produjo accidentalmente durante una refriega con un agente armado )los agentes fueron posteriormente absueltos de actuación indebida)esta versión se contradice con la anterior; sin embargo, los informes periciales de la policía no han sido puestos a disposición de la familia de Latif.

Shuaib Abdul Latif


Shuaib Abdul Latif, joven negro de diecisiete años que estaba desarmado, murió abatido a tiros por la policía el 11 de enero de 1994. El tiroteo se produjo cuando 12 policías hicieron una redada en un edificio, al parecer buscando drogas. Los agentes bajaron a una zona del sótano donde Latif estaba escondido en un cubículo. Una vecina del edificio, que vivía en el sótano, llegó poco después y se acercó a la policía, preguntando que hacían. Según la declaración de esta vecina, Latif, que estaba agachado, comenzó a incorporarse al oír su voz; antes de que acabara de incorporarse un agente, sin dar el alto, gritó «¡ahí va!» y comenzó a disparar; Latif fue alcanzado por dos disparos y cayó hacia adelante; ella entonces oyó un tercer disparo, y después otros dos. Esta vecina fue el único testigo civil del tiroteo. Más tarde quedó establecido que cuatro agentes habían descargado sus armas. Uno de los agentes, Sherman, recibió en el muslo un disparo que provenía de un arma de la policía, aunque no quedó establecido como había sucedido.


En marzo de 1995, un gran jurado llegó a la conclusión de que no se debían presentar cargos penales contra ninguno de los agentes implicados en el incidente. El fiscal del distrito de Brooklyn publicó más tarde un comunicado en el que afirmaba que el gran jurado había llegado a esta conclusión «después de una revisión completa de todas las pruebas y tras cuidadosas deliberaciones». También hacía «un breve resumen de los hechos y circunstancias» del tiroteo(44). Según este comunicado, los disparos comenzaron cuando Latif se levantó bruscamente y agarró al agente Sherman por el brazo; entonces la pistola de Sherman se disparó accidentalmente al caer durante la refriega. El comunicado añade que otro policía hizo dos disparos más y que «cuando Latif se levantó y echó a correr, siguieron otros disparos. Latif fue alcanzado por dos balas y cayó mortalmente herido.»


Un perito patólogo ha revisado el informe del pesquisidor y otra información sobre el caso a petición de Amnistía Internacional y ha señalado que falta información fundamental. No hay informes de si se encontraron partículas de bala en las ropas de Shuaib Latif, que con toda probabilidad debería haber si le habían disparado a corta distancia mientras estaba agarrado a un agente (como afirman la policía y el comunicado del fiscal del distrito). El informe del pesquisidor afirma que el laboratorio del Departamento de Policía había analizado la ropa de la víctima para ver si había partículas de bala antes de devolverla a la oficina del pesquisidor, pero no hay ningúna mención sobre el resultado, lo que parece indicar que, de hecho, es posible que no hubiera trazas. El informe del propio laboratorio del pesquisidor que afirma que no se encontraron partículas en la ropa (aunque no dice si en realidad ellos mismos la analizaron). Tampoco se indica si la policía hizo pruebas de disparos para ver a qué distancia dejaban de encontrarse partículas de bala(45). Aunque se recuperó una bala del cuerpo de Latif, tampoco se menciona la identidad del que hizo el disparo.


Con respecto a este último punto, según informes, las balas usadas en los disparos estaban revestidas de una capa protectora de plástico para impedir la contaminación por plomo. Según la información proporcionada por el abogado de la familia de Latif, este tipo de balas no deja marcas que se puedan comparar con otras armas del mismo tipo. Al parecer, esta circunstancia hace difícil, o imposible, identificar qué agente disparó la bala mortal. Algunas fuentes han sugerido que esta es la razón por la que el gran jurado no pronunció una acusación en este caso.


Ni la familia de Latif ni sus representantes legales han podido conocer el resultado de la investigación interna de la policía sobre el tiroteo, incluidas las pruebas realizadas por el laboratorio de la policía, que pueden proporcionar respuesta a algunas de las cuestiones.


Según informes, las negociaciones con la municipalidad para terminar el proceso civil entablado en nombre de la familia de Shuaib Abdul Latif, cuyo padre es un eminente clérigo musulmán, estaban en su etapa final en abril de 1996.


Jose Luis Lebron

Jose Luis Lebron, un muchacho latino de catorce años, murió a causa de los disparos efectuados por un agente del distrito policial 83 el 31 de enero de 1990. El tiroteo se produjo en Bushwick, Brooklyn, sobre las cinco y media de la tarde, al ser identificado por un hombre que iba en un coche patrulla como uno de los jóvenes que le habían robado diez dólares. Uno de los sospechosos fue capturado pero Lebron huyó y fue interceptado por el coche patrulla. Se volvió para retroceder por otro camino y recibió un disparo en la parte posterior de la cabeza. El agente que disparó dijo que pensó que iba a sacar algo de la parte delantera de su chaqueta. Dos testigos negaron que Lebron buscara algo en su chaqueta; afirmaron que el agente le ordenó que se quedase inmóvil y después disparó dos veces, en rápida sucesión, cuando siguió andando.

En marzo de 1990, un gran jurado votó acusar al agente de homicidio impremeditado en segundo grado. En septiembre de 1990, un juez desestimó la acusación. El fiscal del distrito volvió a presentar el caso ante un gran jurado en 1992, pero esta vez no se pronunció ninguna acusación (el abogado de Lebron comentó a Amnistía Internacional que, esta segunda vez, el fiscal del distrito no llamó ni buscó a los testigos del caso).


En abril de 1996 aún estaba pendiente el proceso civil entablado en nombre de la familia de Lebron. Amnistía Internacional escribió al Departamento de Policía para preguntar si se habían tomado medidas disciplinarias contra el agente implicado, pero no recibió respuesta.


Luis Liranso


Lebron fue el segundo adolescente desarmado que murió por disparos de la policía en una semana en la misma zona. El 27 de enero de 1990, en Bushwick, Brooklyn, un joven de diecisiete años, Luis Liranso, fue alcanzado en la espalda por el disparo efectuado por una mujer policía que le mantenía, a punta de pistola, con las manos levantadas tras una pelea entre personas en estado de embriaguez cerca de un restaurante chino. Un gran jurado absolvió más tarde a la agente de actuación indebida, después de que ella declaró ante el jurado que la pistola se disparó cuando Liranso se volvió y la agarró por el brazo. Esta declaración contradice la versión de los testigos de que Liranso sencillamente dio un traspiés cuando la agente le hizo entrar en el restaurante a punta de pistola, así como los primeros informes según los cuales recibió el disparo cuando bajaba las manos y comenzaba a volverse hacia la agente.


Mary Mitchell

















Douglas Orfaly, latino desarmado que murió por el disparo un policía cuando se encontraba sentado dentro de su automóvil en marzo de 1992. Posteriormente, el agente fue declarado culpable de homicidio por negligencia criminal y condenado a una pena de entre uno y cuatro años de cárcel. © Steve Hart / NYT Pictures


Mary Mitchell, una mujer de raza negra de cuarenta y un años, murió en su apartamento del Bronx a causa del disparo realizado por un policía blanco en noviembre de 1990. El disparo se produjo cuando alguien llamó a la policía para que investigara una violenta pelea que había estallado entre Mary Mitchell y su hermana. Al parecer, durante la pelea, uno de los agentes intentó encerrar a Mary Mitchell en una habitación; sin embargo, en algún momento la puerta se abrió y el agente dejó caer la porra. Cuando, según el agente, ella la agarró y empezó a blandirla ante él, éste le disparó una vez al pecho. Un gran jurado acusó al agente de homicidio impremeditado en segundo grado. En un juicio sin jurado celebrado en octubre de 1991, un juez absolvió al agente y falló que Mary Mitchell había supuesto una amenaza para la vida en el momento del disparo. La familia mantiene que había al menos ocho policías en el escenario del suceso cuando Mary Mitchell recibió el disparo, que se podían haber empleado medios menos letales para disuadirla y que la hubieran tratado de forma diferente si hubiese sido blanca.


Douglas Orfaly


Douglas Orfaly, latino de veintinueve años que estaba desarmado, murió a consecuencia del disparo efectuado por un agente de la Policía de la Vivienda cuando se encontraba sentado dentro de su automóvil el 3 de marzo de 1992. El agente había recibido el aviso de que se había cometido un robo, y pensó que Orflay respondía a la descripción del ladrón. Al parecer, Douglas Orfay hizo un movimiento brusco cuando el agente se movió hacia su automóvil y el agente le disparó una vez a la cabeza a través de la ventanilla. Posteriormente se supo que el agente tenía otras dos acusaciones de uso excesivo de la fuerza presentadas contra él en procesos civiles.


En agosto de 1995, un gran jurado le declaró culpable de homicidio por negligencia criminal y fue condenado a una pena de uno a cuatro años de cárcel. Fue el primer agente de la policía de la Ciudad de Nueva York condenado por homicidio cometido estando de servicio desde 1977.


Derwin Pannel


Derwin Pannel, de raza negra, agente secreto de la Policía de Tránsito, fue herido el 20 de noviembre de 1991 por los disparos efectuados por tres agentes blancos del Departamento de Policía de Tránsito de la Ciudad de Nueva York, que le vieron cuando intentaba detener a una pasajera del metro de Brooklyn que había entrado sin pagar. Los agentes, que afirmaron que pensaban que era un atracador armado, efectuaron un total de 21 disparos sobre Pannel: un agente disparó las 15 balas de su pistola semiautomática de 9 milímetros y otras seis balas de un revólver del calibre 38. Pannel fue alcanzado en la espalda por tres balas; se salvó gracias al chaleco antibalas, pero uno de los proyectiles le alcanzó en la parte posterior del cuello y le produjo una herida grave. Según los informes, el jefe de la Policía de Tránsito manifestó que la raza no había sido uno de los factores que influyeron en los policías a la hora de disparar. Sin embargo, representantes de la Asociación de Guardianes (Guardians Association), grupo que representa a los agentes de policía de raza negra, dijeron que los disparos ponían de manifiesto la necesidad de acrecentar la sensibilidad de los agentes blancos hacia el hecho de que agentes negros y de otras minorías que trabajaban de incógnito podían ser agentes de policía en vez de delincuentes. Según informes, después de este incidente la Policía de Tránsito incluyó en las sesiones de formación de los agentes una sección sobre conciencia racial en el trabajo secreto. Ningún agente fue procesado por el incidente.


Gerard J. Papa y James Rampersant Jr.


En marzo de 1966, la policía disparó varias veces contra Gerard Papa, abogado blanco, y James Rampersant Jr., de raza negra, y les golpeó en un caso de identificación errónea. Posteriormente, un jurado les concedió una indemnización por daños y perjuicios en una acción civil federal entablada contra la municipalidad, el Departamento de Policía y los agentes implicados. Según los hechos que figuran en las actas del juicio, Papa y Rampersant bajaban en automóvil por una calle solitaria de Brooklyn cuando les cortaron el paso dos vehículos de la policía que no llevaban ninguna identificación. Unos agentes vestidos de civil saltaron de los vehículos arma en mano y, al parecer, gritaron obscenidades a los dos hombres, ordenándoles que salieran de su automóvil. Papa y Rampersant declararon que se habían negado a salir temiendo haberse metido en una operación de narcotráfico, y que los agentes no se habían identificado. La policía disparó primero contra el automóvil y, al parecer, uno de los agentes retrocedió para volver a cargar el arma. Después sacaron del vehículo a los demandantes y les propinaron golpes y patadas. Papa sufrió dislocación de un hombro, fractura de tres costillas y contusiones. Rampersant sufrió cortes, hematomas y contusiones. Los dos hombres fueron acusados de homicidio frustrado, agravios penales, resistencia al arresto y otros delitos, y pasaron dos días y medio en prisión. El caso fue desestimado cuando el gran jurado rehusó pronunciar una acusación.

















Derwin Pannel, agente secreto de la Policía de Tránsito, resultó herido por los disparos efectuados por tres policías blancos en noviembre de 1992. Acababa de detener a una persona que entró sin pagar en el metro de Brooklyn cuando otros agentes le confundieron con un atracador armado. © AP

Los agentes declararon que Papa y Rampersant respondían a la descripción de dos hombres implicados en el robo de un monedero en la misma zona seis días antes. Defendieron sus acciones alegando que Papa y Rampersant habían intentado escapar y se habían negado a salir del automóvil.


El tribunal que llevó el proceso civil comprobó que la policía había intentado encubrir el incidente y no preparó un informe sobre las armas de fuego hasta transcurridos unos meses. Un abogado de la Asociación de Defensa de los Agentes de Policía aconsejó a los agentes que no hicieran ninguna declaración cuando fueran interrogados después del incidente, y un sargento supervisor que apareció en el escenario de los hechos declaró que había recogido los cartuchos gastados pero no recordaba lo que había hecho con ellos. Ningún agente fue acusado ni sufrió medidas disciplinarias por el incidente.


Eric Pitt and Donald Taylor


Eric Pitt y Donald Taylor, de raza negra, murieron abatidos por los disparos de un agente tras una persecución en automóvil en Jamaica, Queens, en diciembre de 1994. Según los informes de la policía, la persecución comenzó cuando los agentes se enfrentaron a tres hombres, uno de los cuales disparó contra ellos. Pitt y Taylor huyeron en un automóvil, al que la policía obligó a detenerse. Entonces, según informes de prensa, los dos hombres fueron alcanzados por sendos disparos en la cabeza cuando, según la policía, el agente vio a uno de ellos hacer un «gesto furtivo». En el automóvil no se encontró ningún arma. Amnistía Internacional escribió al Departamento de Policía en febrero de 1995 y en noviembre de 1995 solicitando información sobre el resultado de la investigación acerca del tiroteo. No recibió respuesta.




Hector Rivera


Hector Rivera, un hombre desarmado de origen puertorriqueño, murió el 29 de diciembre de 1991 a causa de los disparos efectuados cuando dos policías de Brooklyn recibieron el aviso de que había estallado una disputa doméstica a la puerta de su domicilio. Fue alcanzado en el pecho por un disparo efectuado por uno de los agentes y la policía declaró que había metido la mano en una bolsa de papel cuando le dijeron que se quedara inmóvil; al parecer, lo que Rivera sujetababa era una lata de cerveza que estaba en la bolsa. El agente fue acusado de homicidio en segundo grado pero un juez desestimó la acusación argumentando que las instrucciones que dio el fiscal al gran jurado sobre defensa propia habían sido erróneas. Un segundo gran jurado llegó a la conclusión de que no se debían presentar cargos.


Desmond Robinson


El 22 de agosto de 1994, en el metro de Nueva York, Desmond Robinson, negro, agente secreto de la Policía de Tránsito que iba vestido de civil, fue alcanzado en la espalda por cuatro disparos efectuados por un agente de raza blanca del Departamento de Policía que estaba fuera de servicio. Resultó gravemente herido.


El incidente tuvo lugar en la hora punta de la tarde, cuando Robinson y otros agentes de la Policía de Tránsito perseguían a dos jóvenes que, según informes, iban armados; uno de los jóvenes dejó caer una escopeta de perdigones cerca de la puerta abierta de un tren y la escopeta se disparó, hiriendo a una mujer y sembrando el pánico. Un agente del Departamento de Policía, que no estaba de servicio, se encontraba de pie en el andén y sacó su revólver. Al ver a Robinson corriendo por el andén con una pistola le confundió con un delincuente y efectuó cinco disparos, cuatro de los cuales alcanzaron a Robinson en la espalda. Varios testigos, incluido el compañero de Robinson, afirmaron que el agente continuó disparando cuando Robinson yacía en el suelo, hecho que fue negado por el agente. Un perito contratado por los abogados de Robinson para realizar una investigación observó dos heridas de salida orientadas oblicuamente, que consideró coherentes con el hecho de que las balas pudieran haber entrado en contacto directo con una superficie dura después de salir del cuerpo. El informe de la policía sobre los disparos no se hizo público.


Un gran jurado de Manhattan acusó al agente del Departamento de Policía de agresión en primer grado por disparar contra Robinson de forma temeraria, delito que supone una condena de hasta quince años de cárcel. El agente compareció en juicio en marzo de 1996, y fue declarado culpable de agresión en segundo grado, lo que supone una condena que va desde la vigilancia hasta tres años de cárcel. La condena se aplazó hasta mayo de 1996.


Antonio Rosario, Hilton Vega y Freddie Bonilla


Antonio Rosario, de dieciocho años, y Hilton Vega, de veintidós, murieron abatidos por los disparos de la policía, en un apartamento del Bronx, el 22 de enero de 1995. Dos detectives efectuaron un total de 28 disparos, y mataron a Rosario y a Vega e hirieron a Freddie Bonilla, de dieciocho años, que recibió un disparo en la pierna.


La policía había sido avisada por los inquilinos del apartamento, una pareja de mediana edad que informó de que tres hombres les habían robado el día anterior y dijeron que volverían esa noche. Según la policía, los detectives estuvieron esperando a los hombres dentro del apartamento desde las ocho y media de la tarde hasta las once de la noche, hora en que llegaron los sospechosos; esperaron a que la pareja los dejara entrar y después se enfrentaron a los hombres. La policía dijo que dispararon sobre ellos cuando Rosario fue a sacar su pistola. Sobre los hombres se encontraron dos pistolas del calibre 45 y otra de 9 milímetros, todas cargadas pero sin disparar. (La historia del robo ha sido puesta en tela de juicio por los familiares de los jóvenes, que afirmaron que habían ido al apartamento para cobrar una deuda).


En marzo de 1995, un gran jurado votó no formular cargos penales contra los dos detectives. Sin embargo, en julio de 1995, la Junta de Revisión de Denuncias llegó a la conclusión de que los agentes habían empleado una fuerza excesiva al disparar sobre los hombres. Aunque no se han hecho públicos los detalles de las conclusiones de la Junta, una fuente próxima a la investigación dijo a la prensa que la Junta había llegado a la conclusión de que los detectives no se encontraban en peligro cuando dispararon; que todas las balas fueron disparadas por la espalda; que tanto Rosario como Vega presentaban heridas de entrada de bala bajo los brazos, lo que indicaba que tenían las manos levantadas; y que tenían heridas en la parte posterior de la cabeza, torso y espalda. En agosto de 1995, la prensa publicó que un patólogo contratado por la familia de una de las víctimas había llegado a la conclusión de que los hombres estaban tumbados en el suelo cuando les dispararon.


La Junta de Revisión de Denuncias envió su informe al director general de Policía, que criticó públicamente a la Junta por haber llevado a cabo una investigación sobre el caso mientras estaba aún pendiente una investigación federal sobre los disparos, y anunció que no examinaría el informe de la Junta hasta que se hubiera completado la investigación federal. Sin embargo, la Junta insistió en que había acabado su investigación antes de que se anunciara la investigación federal(46).


Amnistía Internacional ha revisado el informe de la autopsia en el caso de Hilton Vega, en el que se indica que recibió dos disparos por la espalda, con balas diferentes provenientes de dos puntos diferentes. En el suelo hay cuatro impactos de bala, lo que parece indicar que los disparos pudieron realizarse mientras estaba boca abajo en el suelo y, por lo tanto, inmovilizado. Amnistía Internacional no posee más pruebas sobre el escenario de los hechos )por ejemplo, si había agujeros de bala en el suelo o la pared)para establecer más firmemente si estaba sentado o tumbado en el suelo cuando le dispararon.


En julio de 1995, la fiscalía de los EE. UU. inició una investigación para determinar si la policía había violado los derechos civiles federales de los sospechosos. En abril de 1966, el resultado de la investigación estaba aún pendiente.





5. INVESTIGACIÓN Y VIGILANCIA DE DENUNCIAS: FORMAS DE REMEDIAR LOS ABUSOS DE LA POLICÍA


5. 1Investigaciones internas sobre conducta indebida de la policía


La Oficina de Asuntos Internos (Internal Affairs Bureau, IAB) es el principal organismo dentro del Departamento de Policía con responsabilidad para vigilar y supervisar las denuncias de conducta indebida de la policía. La Oficina de Asuntos Internos se estableció en 1993 para reemplazar a la División de Asuntos Internos y a sus diversas unidades sobre el terreno, que habían recibido las críticas de la Comisión Mollen por no llevar a cabo de forma adecuada las investigaciones sobre conducta indebida de la policía. El cometido de la Oficina de Asuntos Internos es recibir y supervisar las denuncias de conducta indebida grave en el Departamento de Policía, así como dirigir las investigaciones. Se ocupa principalmente de la corrupción, aunque, desde 1995, los jefes de los distritos policiales también han participado directamente en la investigación de la corrupción dentro de sus distritos. También se ha establecido dentro de la Oficina de Asuntos Internos una unidad especial, conocida como Grupo 54, para dirigir las investigaciones sobre el uso de la fuerza. Amnistía Internacional ha sido informada de que, al igual que con los incidentes de disparos, el objetivo de la unidad es enviar rápidamente investigadores de la Oficina al lugar de los hechos en todos los casos de presuntas agresiones de la policía con resultado de muerte o de lesiones graves, algo que no se hacía en el pasado. Los agentes de la Oficina de Asuntos Internos dijeron que la unidad investigaría casos de gran resonancia o controvertidos en los que se produjeran muertes o lesiones graves. Sin embargo, parece ser que las fuerzas que patrullan el distrito policial en el que se produjo el incidente van a investigar otros casos, aunque deberán informar a la Oficina de Asuntos Internos. Como se ha mencionado más arriba, los informes de las investigaciones internas de la policía sobre denuncias de conducta indebida son confidenciales y no se pueden divulgar excepto por orden judicial (véase el apartado 2. 10).


A finales de 1991, se estableció dentro del Departamento de Policía un sistema de vigilancia (Performance Monitoring System) para identificar a los agentes declarados culpables de brutalidad en los juicios del departamento y para asesorar a los agentes que han sido denunciados reiteradamente ante la Junta Civil de Revisión de Denuncias. Sin embargo, no se mantuvo al tanto de los procesos civiles y no identificó a muchos agentes que luego fueron desenmascarados por corrupción y otras conductas indebidas graves. En 1994, La Oficina de Asuntos Internos manifestó a Amnistía Internacional que estaba en vías de establecer un sistema de vigilancia más extenso, equipado con una base de datos con acceso a los archivos sobre el personal de la policía y a otros datos.


La Oficina de Asuntos internos también coopera con la Junta Civil de Revisión de Denuncias, que puede dirigir investigaciones paralelas sobre casos de muerte o de lesiones graves. La Oficina intercambia información con la Junta y, según su informe anual de 1994, esa información «se utiliza para analizar las denuncias e identificar a los posibles agentes problemáticos, así como las pautas y tendencias que surgen en las relaciones de la policía con los ciudadanos.»


Según el informe anual de 1994 de la Oficina de Asuntos Internos, en 1994 se estableció una Junta de Revisión Ejecutiva para vigilar las investigaciones de la Oficina. Pertenece al Departamento de Policía y está formada por el director general de Policía, el director general adjunto de Policía, el jefe del Departamento y otros mandos de la policía.




5. 2 La Junta Civil de Revisión de Denuncias


La Junta Civil de Revisión de Denuncias entró en funciones en julio de 1993 y es totalmente independiente del Departamento de Policía. Está formada por 13 miembros civiles, así como por investigadores civiles y otro personal (véase el apartado 1.3). Tiene competencias para investigar las denuncias sobre uso de fuerza excesiva, incluidos disparos y muertes bajo custodia; abuso de autoridad, incluidos los registros o detenciones indebidos; descortesía; y lenguaje ofensivo, como hacer comentarios despectivos sobre la orientación sexual de las personas, raza, grupo étnico, religión, sexo o minusvalías.


La Junta no tiene autoridad para abrir una investigación sobre un caso individual a menos que reciba una denuncia formal, que al principio puede ser presentada por el denunciante en persona, por carta, por teléfono o en la comisaría. Una vez que ha recibido la denuncia, los investigadores se entrevistarán con el denunciante y después tratarán de obtener otras pruebas, como documentos y testimonios de testigos, mediante citación si fuera necesario. También se entrevistarán con los agentes de policía cuya presencia fue identificada durante la presunta conducta indebida y, por último, con el agente en cuestión. El Departamento de Policía debe cooperar con la Junta durante las investigaciones y proporcionar todos los documentos relacionados con el caso que se pueden difundir según la ley. Los agentes entrevistados deben contestar a las preguntas y se arriesgan a sufrir una acción disciplinaria o a ser destituidos del cuerpo si se niegan a contestar (aunque su declaración no puede usarse contra ellos en ningún procedimiento penal posterior).


El informe de la investigación pasa entonces a la Junta Civil de Revisión de Denuncias, que toma una decisión final utilizando la carga de la prueba civil basada en una «prueba irrefutable». Las conclusiones suelen ser: la denuncia está fundamentada(hay suficientes pruebas verosímiles para creer que el agente actuó indebidamente, según la denuncia); el agente es exonerado(no fue culpable de conducta indebida); la denuncia es infundada(el acto denunciado no sucedió); la denuncia no se puede probar (las pruebas son insuficientes para llegar a una conclusión).


Si la Junta considera que la denuncia está fundamentada tiene potestad para recomendar al director general de Policía que adopte medidas disciplinarias, que pueden ir desde una «reprensión» (el acto disciplinario menos grave, en el cual se dan instrucciones al agente sobre el modo adecuado de proceder en el asunto que originó la denuncia) hasta formular oficialmente cargos administrativos, cuya máxima penalización es el despido del cuerpo. La responsabilidad de imponer sanciones disciplinarias dentro del Departamento de Policía corresponde al director general de Policía, que no está obligado a seguir las recomendaciones de la Junta. Como se menciona más arriba, la Junta informa al denunciante, por escrito, sólo de la resolución final adoptada sobre la denuncia, pero no da detalles de la investigación ni de los motivos de sus conclusiones.


La Junta Civil de Revisión de Denuncias ha informado de que, en el período de enero a junio de 1995, revisó y tomó decisiones en 3.961 casos de denuncias, de las cuales menos de un tercio (1.285) fueron objeto de una investigación completa. De estas últimas, 119 (9,3%) estaban «fundamentadas»; el 7,7% eran «infundadas»; el 75,8% «no se pudo comprobar» por falta de pruebas suficientes y en el 7,2% restante, los agentes fueron exonerados.


Otras denuncias se resolvieron mediante mediación o conciliación(47). Sin embargo, más de la tercera parte de las denuncias resueltas por la Junta durante el período anteriormente mencionado fueron «archivadas administrativamente» sin ser investigadas, generalmente porque el denunciante no se presentó a la entrevista inicial. En otro 21% las investigaciones fueron «ineficaces», a menudo porque el denunciante no siguió adelante con los trámites o porque no se pudieron encontrar testigos (este último problema afecta especialmente a los casos atrasados heredados por la Junta). La Junta informó de que esperaba que en el futuro aumentara el número de resoluciones a medida que fueran disminuyendo los casos atrasados y se pudieran llevar a cabo las investigaciones oportunas sobre los casos recientes.


Sin embargo, suscitó preocupación el hecho de que la Junta no tuviera completa su plantilla de investigadores, a pesar de haber recibido muchas más denuncias que en años anteriores. Aunque se había acordado que la Junta contaría con 87 investigadores, al final de 1995 sólo contaba con 51. Según el personal de la Junta, esta reducción se debía a los recortes presupuestarios impuestos por la oficina del alcalde.


La Junta Civil de Revisión de Denuncias coopera regularmente con los jefes de las comisarías y con la Oficina de Asuntos Internos para intercambiar información sobre las denuncias de brutalidad en determinados distritos policiales. Sin embargo, parece ser que muchas denuncias no llegan hasta la Junta. La Junta y otras personas indicaron que muchos de los abusos tenían lugar durante el turno que iba de la medianoche a las ocho de la mañana, y que los jefes de las comisarías (que son altos cargos ejecutivos y no están de servicio en este período) no tienen por qué conocer necesariamente todos los incidentes. En algunos casos, los propios denunciantes pueden entablar acciones civiles en lugar de presentar una denuncia ante la Junta (esto es lo que solía hacerse en el pasado, cuando no se tenía confianza en la independencia de las investigaciones de la Junta). En algunos casos, las denuncias de uso excesivo de la fuerza y de brutalidad )especialmente en el contexto de denuncias de corrupción)son investigadas por la Oficina de Asuntos Internos y no pasan a la Junta. En su informe de enero-junio de 1995, la Junta hacía la observación de que «se debe llegar a un conocimiento completo del alcance de las denuncias civiles mediante un sistema homogéneo de información sobre datos acerca de las denuncias»(48).


5. 3 Relaciones tensas entre la Junta Civil de Revisión de Denuncias y el Departamento de Policía


Desde su entrada en funciones en julio de 1993, la Junta ha cooperado con la policía (y con los fiscales de distrito) en algunas de las principales investigaciones, especialmente en El Bronx(49). Sin embargo, sus relaciones con el Departamento de Policía y, según informes, con la administración del alcalde Guiliani, han sido cada vez más tensas en los dos últimos años y hay signos de que el Departamento de Policía aún se muestra reacio, en la práctica, a aceptar un mecanismo de denuncias contra la policía que sea totalmente independiente. William Bratton, director general de Policía, ha criticado públicamente a la Junta por la información estadística que aparece en sus informes semestrales y por la calidad de sus investigaciones.


Los aspectos más conflictivos parece que están relacionados con las denuncias de disparos y muertes bajo custodia )aspectos que anteriormente no entraban en las competencias de la Junta, pero hoy puede suceder que tanto la Junta como el Departamento de Policía y la Oficina de asuntos Internos realicen investigaciones simultáneas). Un asunto especialmente polémico fue la investigación, por parte de la Junta, de los disparos efectuados por la policía contra tres hombres en enero de 1995. El director general de Policía se mostró crítico con la Junta por apoyar una denuncia de uso excesivo de la fuerza cuando aún estaban pendientes otras investigaciones (véase el caso de Antonio Rosario, Hilton Vega y Freddie Bonilla). También parece que se han producido algunas situaciones tensas dentro de la Junta (entre los miembros designados por el alcalde y los investigadores de la Junta y el personal directivo por la decisión adoptada en el caso de un hombre que murió en 1994 mientras estaba bajo custodia policial (véase el caso de Ernest Sayon más arriba).


Durante su visita a Nueva York, en noviembre de 1995, los representantes de la Oficina de Asuntos Internos manifestaron a Amnistía Internacional que estaban a favor de las investigaciones conjuntas, pero que la Junta quería que sus propias investigaciones fueran totalmente independientes, por lo que se había quedado aislada y no compartía información; la Junta también realizaba por segunda vez las entrevistas con los testigos, lo cual, según la División de Asuntos Internos, había causado problemas. La División de Asuntos Internos también manifestó que la Junta había considerado fundamentadas algunas denuncias y había pedido al departamento que emprendiera acciones sin proporcionar la información en la que se basaba su decisión, ni siquiera los nombres de los testigos pertinentes, algo que la Junta negó categóricamente cuando Amnistía Internacional planteó esta cuestión(50). Otra de las críticas realizadas por la División de Asuntos Internos fue que la Junta dejaba deliberadamente de tramitar algunos casos en los que la fecha de prescripción (véase más adelante) estaba tan próxima que el Departamento de Policía ya no podía tomar ninguna medida. La Junta negó esta acusación aunque aceptó que el gran número de casos acumulados había conducido a retrasos inaceptables.


En cuanto al tema de las investigaciones conjuntas, la Junta afirmó que estaba deseando cooperar con la Oficina de Asuntos Internos de diversas formas, por ejemplo, realizando conjuntamente las entrevistas a los testigos. Sin embargo, deseaba mantener su independencia y se oponía a la idea de publicar conjuntamente las conclusiones, tal como parecía desear la Oficina de Asuntos Internos. La Junta pensaba que este sistema pondría en peligro su imparcialidad y su papel como «descubridor de la verdad» independiente.


Amnistía Internacional cree que el conflicto entre el Departamento de Policía y la Junta socava la confianza en la investigación de las denuncias, y que ambas partes deben hacer un esfuerzo para resolver urgentemente sus diferencias. La organización cree que este paso es importante para que la Junta pueda seguir siendo contemplada como un organismo independiente, y que la unión de las investigaciones y de las conclusiones con las de la policía no sería coherente con su función de organismo investigador independiente.




5. 4 Acciones disciplinarias


Los agentes de policía acusados de conducta indebida grave pueden enfrentarse a un juicio administrativo ante un juez de derecho administrativo. El agente acusado puede estar representado por un abogado, y el juicio, que es público, puede efectuarse en el Departamento de Policía o en los juzgados de lo contencioso-administrativo de la municipalidad. Las penas pueden ir desde la pérdida de diez o más días de sueldo o de vacaciones, hasta la suspensión de funciones (hasta treinta días), la libertad vigilada o el despido del cuerpo. Las medidas disciplinarias de hasta diez días de pérdida de sueldo o de vacaciones se toman internamente, sin juicio. En virtud de los estatutos de la municipalidad, el director general de Policía toma la decisión final sobre cualquier medida disciplinaria, incluso sobre las recomendadas por un juez de derecho administrativo(51).


En el transcurso de su investigación, Amnistía Internacional escribió varias veces al Departamento de Policía preguntando si se habían impuesto medidas disciplinarias en los casos examinados, pero no recibió contestación. Sin embargo, la información proveniente de otras fuentes (como abogados y actas de juicios civiles) parece indicar que los casos en los que se aplicaron sanciones disciplinarias a los agentes fueron pocos. Según un artículo del periódico New York Newsday, publicado en noviembre de 1991, el número de agentes despedidos por brutalidad ha ido en descenso desde 1988, a pesar del aumento de las denuncias por uso de fuerza excesiva (en 1988 fueron despedidos seis agentes, cuatro en 1989, uno en 1990, y, hasta noviembre de 1991, ninguno); el informe también mencionaba ejemplos de varios casos graves de brutalidad física en los que sólo se impusieron penas ligeras (como algunos días sin sueldo). En noviembre de 1995, Amnistía Internacional escribió al director adjunto para la Información preguntando si era posible acceder a las estadísticas sobre el número de agentes despedidos, degradados o que dimitieron en lugar de ser despedidos por delitos disciplinarios relacionados con el uso excesivo de la fuerza durante los pasados cinco años. No recibió contestación.

Parece ser que la mayor parte de las acciones disciplinarias contra los agentes se deben a conducta indebida más que al uso de fuerza excesiva en acto de servicio. La Comisión Mollen informó en 1994 que el 25% de todas las suspensiones y despidos se debió a uso de drogas. También se produjeron incidentes en los que los agentes de policía fueron sancionados por delitos relacionados con la disciplina o con conducta indebida cometidos fuera de las horas de servicio. El estudio del New York Newsday, mencionado más arriba, llegaba a la conclusión de que la mayor parte de los agentes expulsados del cuerpo entre 1988 y 1991 lo fueron por delitos relacionados con las drogas, seguidos por delitos cometidos mientras estaban fuera de servicio.


5. 5 Resolución de los casos remitidos al director general de Policía por la Junta Civil de Revisión de Denuncias


La Junta Civil de Revisión de Denuncias publica estadísticas sobre la resolución de los casos remitidos por la Junta al director general de policía para que adopte medidas disciplinarias. Según el informe de julio-diciembre de 1994, el director general de policía resolvió, en 1994, 80 casos de denuncias de conducta indebida que la nueva Junta había considerado fundamentadas. Treinta y dos de estos casos (el 40%) pasaron a juicio administrativo. Sin embargo, en 22 (69%) de los 32 casos los cargos fueron desestimados; en siete casos, los agentes fueron absueltos y sólo en tres (9%) los agentes fueron declarados culpables de conducta indebida. Este resultado indica un drástico descenso del número de agentes declarados culpables en juicios administrativos, en comparación con 1992, año en el que el 63% de los casos acabó con un veredicto de culpabilidad(52).

Dos de los tres agentes declarados culpables de conducta indebida en juicios administrativos en 1994 fueron condenados a penas de entre diez y quince días de pérdida de vacaciones y uno a pérdida de diez días de vacaciones (en los informes de la Junta no se especifican ni los cargos ni el tipo de conducta indebida).


De los restantes 48 casos resueltos en 1994 por el director general de Policía, el mayor porcentaje (21%) se resolvió con una «reprensión» (la acción disciplinaria menos grave); en tres casos el agente dimitió, se jubiló o fue despedido y en el 11% de los casos no se tomó ninguna medida disciplinaria.


Aunque Amnistía Internacional no posee las cifras completas de 1995, la Junta informó a la organización que un gran porcentaje de los casos que pasaron a juicio administrativo (después de que la Junta declarara «fundamentada» la denuncia) continuó siendo desestimado en comparación con años anteriores. El personal de la Junta también informó a Amnistía Internacional que el anterior director general de Policía había seguido las recomendaciones de la Junta sobre medidas disciplinarias en un 60% de los casos, pero que el actual director sólo lo había hecho en un 19% (durante el período de enero de 1994 a junio de 1995).


El motivo de este espectacular descenso de los casos resueltos por el director general de Policía no está claro. Sin embargo, Amnistía Internacional ha sido informada de que la Oficina de Abogados (la oficina del fiscal para los juicios administrativos) estaba a favor de que se desestimaran más casos que en años anteriores porque los plazos impuestos por la ley de prescripción ya se habían agotado. Un alto ejecutivo de la Junta con el que habló Amnistía Internacional se mostró crítico con esta actitud, ya que la ley de prescripción no se aplicaba a la conducta indebida que constituía delito, por lo cual los casos relacionados con un posible delito (como la agresión) se pueden juzgar administrativamente incluso si no se han formulado cargos penales(53). El hecho de que ahora hubiera tantas desestimaciones por ese motivo se explicó como un cambio frente a la administración anterior.


5. 6 Ley de prescripción de medidas disciplinarias


Según la Ley de Servicio Civil del estado de Nueva York, los procedimientos disciplinarios deben comenzar antes de que transcurran dieciocho meses del incidente denunciado. La ley de prescripción establecía cinco años, pero quedaron reducidos a tres en 1962. En 1983 el plazo se redujo aún más hasta los actuales dieciocho meses, en gran parte debido a la presión de los sindicatos (incluida la Patrolmen's Benevolent Association).


La ley de prescripción de dieciocho meses fue mencionada por varias fuentes como un obstáculo para iniciar procedimientos disciplinarios contra agentes de policía. Por ejemplo, una investigación criminal compleja puede requerir más de dieciocho meses y si al final no se presentan cargos sería demasiado tarde para sancionar a un agente por cualquier delito administrativo que pueda haber sido descubierto, como una violación de los procedimientos del departamento. También es invariablemente demasiado tarde para instituir procedimientos disciplinarios por una conducta indebida puesta de manifiesto en el transcurso de una acción civil. Los retrasos en las investigaciones de la Junta, ya mencionados, también pueden imposibilitar una acción disciplinaria.


Una de las recomendaciones de la Comisión Mollen para aumentar la eficacia de las medidas disciplinarias dentro del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York fue volver a ampliar a tres años la ley de prescripción para procedimientos disciplinarios del Departamento. Esta recomendación, que precisaría un cambio de las leyes del estado, no se ha llevado a la práctica.


5. 7 Procesamientos


Desde 1992, decenas de agentes del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York han sido detenidos y acusados de delitos comunes, la mayoría relacionados con el tráfico de drogas y la corrupción. En mayo de 1995, quince agentes del distrito policial 48 del Bronx fueron acusados de delitos que incluían agresiones graves a sospechosos perpetradas durante el turno nocturno. Fue una de las mayores investigaciones de la policía sobre conducta indebida, incluida la fuerza excesiva. Varios agentes de otros distritos policiales también han sido acusado de agresiones en los últimos años y, en marzo de 1996, un agente del Departamento de Policía estaba a la espera de juicio por un cargo de homicidio por la muerte de un detenido bajo custodia policial. Sin embargo, el procesamiento de agentes de policía por uso de fuerza excesiva mientras estaban de servicio sigue siendo algo inusitado y la mayoría suelen ser absueltos en juicios sin jurado.


Muchos de los contactos con los que habló Amnistía Internacional se mostraron críticos con los fiscales de distrito que, según afirmaron, eran menos rigurosos en los casos de procesamientos contra la policía que en otros casos; se alegó que había un conflicto de intereses, ya que los fiscales de distrito dependían de la policía para otras investigaciones penales. Hubo varios casos controvertidos en los que, a pesar de que parecía haber pruebas contundentes, los jurados no habían dictado auto de procesamiento contra agentes acusados de delitos(54).


Amnistía Internacional habló con los abogados de la oficina del fiscal del distrito del Bronx, que negaron que hubiesen llevado los casos de la policía con menos rigor que otros casos. Dijeron que los casos de la policía eran a menudo más complejos, ya que estaban relacionados con presuntas víctimas que a su vez podían estar acusadas de delitos y con testimonios muy conflictivos. Como los agentes de policía estaban autorizados a utilizar la fuerza en determinadas circunstancias, incluidos los medios letales, a menudo resultaba difícil probar que la conducta había sido delictiva, especialmente si la fuerza tuvo que emplearse en el transcurso de una lucha o de un enfrentamiento con un sospechoso, aunque se hubieran violado las normas del departamento. Amnistía Internacional ha sido informada de que los fiscales de distrito de la Ciudad de Nueva York suelen seguir la política de presentar la mayoría de los casos de muerte o heridas graves ante un gran jurado. Sin embargo, es menos problable que se llegue a un procesamiento por agresiones que no causaron lesiones graves, a menos que las pruebas sean especialmente contundentes )lo que a menudo falta en los casos de la policía).


Amnistía Internacional no consiguió concertar entrevistas con funcionarios de la oficina del fiscal del distrito de Brooklyn, en donde se había originado una polémica en torno a varios casos de tiroteos en los que no se procesó penalmente a ninguno de los agentes implicados.


Amnistía Internacional ha sido informada de que la ley del estado de Nueva York sobre inmunidad también puede obstaculizar las investigaciones criminales sobre el uso indebido de la fuerza por parte de la policía. La ley del estado de Nueva York confiere automáticamente «inmunidad transaccional» a los testigos que prestan declaración en un procedimiento judicial, lo que significa que el testigo no puede ser procesado por ningún delito relacionado con esa declaración (excepto si comete perjurio)(55). Como los agentes de policía comparecen sistemáticamente ante grandes jurados en los casos de detenciones (en los que a menudo se hacen denuncias de brutalidad), posteriormente no pueden ser procesados por ningún presunto delito de conducta indebida relacionado con la detención o con su declaración, a menos que renuncien a la inmunidad. Amnistía Internacional ha sido informada de que la asociación de fiscales de distrito del estado de Nueva York intentó cambiar este sistema y establecer un «uso de la inmunidad» más limitado, pero los sindicatos de policía se opusieron.


Los agentes de policía que son interrogados en el transcurso de las investigaciones internas de la policía, o por un fiscal en las investigaciones preliminares, tampoco están obligados a incriminarse a sí mismos, y sus declaraciones no pueden utilizarse contra ellos en ningún procedimiento penal posterior. Sin embargo, la Comisión Mollen criticó a los representantes de los sindicatos de policía y a los abogados de la Patrolmen's Benevolent Associationpor contribuir a reforzar el «código de silencio» al aconsejar a los agentes que deben prestar declaración durante las investigaciones de casos de conducta indebida de la policía que no cooperen con la acusación o no hagan ninguna declaración a menos que antes se les conceda formalmente la inmunidad. La Comisión llegó a la conclusión de que con esta actitud se ejercía una enorme presión sobre los agentes que no estaban relacionados con ninguna actuación indebida para que permanecieran en silencio. La Comisión Mollen recomendó que el departamento promulgara una orden por la que los agentes que son testigos (que deben prestar declaración) en las investigaciones del departamento tengan que cooperar y responder a las preguntas (con la garantía de que sus declaraciones no se utilizarán como prueba contra ellos en ningún procedimiento penal posterior). Esta recomendación no ha sido llevada a la práctica.


5. 8 Juicios sin jurado


En virtud de las leyes de Nueva York, una persona acusada de algún delito menor para el cual la condena sea de seis meses o menos de cárcel, es juzgada por un tribunal penal ordinario local con un solo juez y sin jurado. En los demás casos, el acusado tiene derecho a un juicio con jurado. Sin embargo, excepto en el caso de asesinato en primer grado, los acusados pueden renunciar a su derecho a un juicio con jurado y el tribunal tiene que aceptar la renuncia a menos que se den circunstancias excepcionales. Según las leyes federales, el fiscal de los EE. UU. (la acusación) tiene que consentir que un acusado pueda renunciar a su derecho a un juicio con jurado; sin embargo, según las leyes de Nueva York, la acusación no tiene los mismos poderes. Como se ha mencionado más arriba, los agentes de la Ciudad de Nueva York acusados de delitos graves relacionados con el uso excesivo de la fuerza (incluidos los homicidios) renuncian invariablemente a su derecho a ser juzgados ante un jurado y son juzgados por un único juez. Muchos agentes son acusados de delitos menores, lo que significa que esos casos también serán automáticamente juzgados por un juez sin jurado. En la mayoría de los casos que han llegado a conocimiento de Amnistía Internacional, los agentes han sido absueltos o se retiraron los cargos cuando eligieron un juicio sin jurado.


Amnistía Internacional ha sido informada de que en algunas zonas del centro de la ciudad los jueces son más compasivos con el policía acusado que un jurado elegido entre miembros de la población local. Al parecer, en Brooklyn se asignó un número desproporcionado de casos, relacionados con agentes acusados de conducta indebida, a un único juez que había sido abogado de la Patrolmen's Benevolent Association. Aunque la asignación de dichos casos no haya sido incorrecta, Amnistía Internacional cree que la apariencia de imparcialidad puede quedar en entredicho en dichas circunstancias.


5. 9 Procesamientos federales por conducta indebida de la policía


El Departamento de Justicia de los EE. UU. o los fiscales federales locales (fiscales de los EE. UU.) también pueden presentar cargos penales federales relacionados con los derechos civiles contra funcionarios del estado que violen los derechos constitucionales de otras personas «so pretexto de imponer la ley»(56) (apartado 242 del Título 18 del Código de los EE. UU.). Algunos funcionarios de la Oficina del fiscal de los EE. UU. del Distrito Sur de Nueva York dijeron a Amnistía Internacional que todos los años se cursaban entre dos y cinco casos de derechos civiles contra agentes del estado de Nueva York. Los fiscales de los EE. UU. han cooperado en algunas de las investigaciones sobre la corrupción de la policía en la Ciudad de Nueva york y ha habido algunos procesamientos en tribunales federales (por ejemplo, por casos relacionados con robos de dinero durante registros e incautaciones ilegales). Sin embargo, los fiscales federales manifestaron que era difícil obtener una condena por uso excesivo de la fuerza cuando los agentes estaban de servicio. En 1993 habían llevado un caso de brutalidad policíal en el estado en Yonkers (estado de Nueva York), donde una de las víctimas había sufrido heridas graves, pero el agente acusado fue absuelto. (Los fiscales de los EE. UU. dijeron que en estos casos solían solicitar un juicio con jurado, ya que el veredicto «no se inclinaba tan a favor del acusado».


Según las leyes federales de derechos civiles, la acusación debe probar que el acusado ha actuado con la intención de violar los derechos civiles federales de las víctimas. Amnistía Internacional fue informada de que esta condición hace preciso que las pruebas sean muy estrictas, algo que puede ser difícil de conseguir. Los casos que pueden estar relacionados con otros delitos según las leyes del estado (por ejemplo, homicidio impremeditado) no pueden ser procesados según las leyes federales de derechos civiles.


Es raro que las autoridades federales procesen a un agente de policía que haya sido absuelto por un tribunal del estado. Los fiscales de los EE. UU. manifestaron que raras veces inician un proceso en los casos de disparos efectuados por la policía del estado, ya que los fiscales de distrito del estado los presentan sistemáticamente ante grandes jurados. Sin embargo, en el momento de escribir este informe, el Departamento de Justicia estaba investigando un caso de disparos de la policía de la Ciudad de Nueva York en el que un gran jurado del estado no formuló cargos penales (véase el caso de Antonio Rosario y Hilton Vega más arriba).


5. 10 Acciones civiles


En los casos de presuntos abusos cometidos por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, la solución jurídica más frecuente es que la víctima interponga una demanda civil por daños y perjuicios contra el agente o la autoridad responsable.


Desde 1992 hasta 1995 se entablaron más de 3.000 procesos contra la Ciudad de Nueva York, la mayor parte por brutalidad o por uso excesivo de la fuerza. En los últimos cinco años, la ciudad ha pagado daños y perjuicios por conducta indebida de la policía en 300 ó 400 casos anuales, generalmente en acuerdos extrajudiciales acordados por la municipalidad. (Entre 1992 y 1995 se pagaron más de 82 millones de dólares por daños y perjuicios a las presuntas víctimas de conducta indebida de la policía en 1.352 casos).

Contrariamente a lo que sucede en los casos penales, en los que un jurado debe llegar a la conclusión de que existen pruebas de conducta indebida más allá de toda duda razonable, en un juicio civil se pueden conceder indemnizaciones por daños y perjuicios basándose en la «preponderancia de las pruebas». La municipalidad no admite responsabilidades en los casos que terminan con acuerdos extrajudiciales y algunos funcionarios han dicho que estos casos no prueban la existencia de una conducta indebida pero que en muchos se llega al acuerdo simplemente para evitar los costes adicionales que se derivarían de la defensa. Sin embargo, es más probable llegar a un acuerdo )generalmente con la mediación de un juez y por ello sometidos a un análisis imparcial)en aquellos casos en los que hay lesiones que son coherentes con la denuncia interpuesta o alguna otra prueba que la corrobore. Por este motivo, Amnistía Internacional considera que, en general, existen importantes indicadores de abusos cometidos por la policía.


Los juicios civiles son una solución jurídica limitada únicamente a los casos de conducta indebida de la policía, especialmente cuando hay denuncias de abusos sistemáticos y generalizados. Al igual que en las denuncias presentadas a la Junta Civil de Revisión de Denuncias, la responsabilidad de iniciar el proceso corresponde a la víctima, mientras que las normas internacionales requieren que se inicie una investigación inmediata e imparcial dondequiera que exista un motivo razonable para creer que se ha cometido un acto de tortura o malos tratos (artículos 12 y 16 de la Convención contra la Tortura). Aunque los juicios civiles pueden ser un remedio para la persona en forma de compensación por daños y perjuicios, no van a impedir que se cometan abusos similares en el futuro ni que exista una pauta oculta de abusos. Amnistía Internacional ha sido informada de que, en muchos casos, las víctimas de la brutalidad de la policía no entablan acciones civiles porque no hay pruebas independientes o porque sus lesiones no son lo suficientemente importantes como para asumir los costes de un proceso. Además, aunque un tribunal o jurado puede dictaminar daños y perjuicios contra algún agente de policía, la municipalidad puede resarcir al agente del pago de dichos daños. La mayor parte de los casos se resuelven por un acuerdo en el que el pago lo realiza únicamente la municipalidad y no el agente.




5. 11 Supervisión independiente de las denuncias


Desde que la Comisión Mollen empezó su investigación, el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York ha iniciado una serie de reformas orientadas a mejorar la detección e investigación de los casos de conducta indebida, especialmente los de corrupción. También ha introducido medidas orientadas a impedir los abusos, como mejorar los criterios de contratación de personal y los sistemas de formación y vigilancia del personal. Aunque la Comisión Mollen reconoció que el Departamento de Policía es el primer responsable de controlar e investigar la corrupción de sus miembros, cree que un mecanismo de supervisión externo e independiente es fundamental para garantizar que las reformas son eficaces. Sin embargo, su recomendación fundamental )la creación de una Comisión de Policía permanente y externa que asesore continuamente y revise los controles de corrupción en el departamento, con poderes propios para investigar)no se ha llevado a cabo (véase el apartado 1.2).


Las recomendaciones de la Comisión Mollen para establecer una vigilancia del Departamento de Policía que fuera independiente se aplicaron sólo a la corrupción. El Departamento es el único organismo independiente implicado en la investigación sistemática de las denuncias de brutalidad y otras formas de malos tratos por parte de los agentes de policía. Aunque la Junta Civil de Revisión de Denuncias tiene alguna autoridad para informar sobre pautas de conducta indebida de la policía y para hacer recomendaciones, su función principal consiste en la investigación de las denuncias individuales, y no puede investigar casos individuales sin recibir antes una denuncia bajo juramento. Sus conclusiones en casos individuales no se hacen públicas. No hay un organismo de supervisión independiente de la autoridad para vigilar sistemáticamente los casos de presunto uso excesivo de la fuerza por agentes de policía, muertes bajo custodia y disparos de la policía.


5.12 Vigilancia federal y estatal de la utilización de medios letales por parte de la policía.


Se ha solicitado que se vigile mejor el uso de la fuerza física letal en Estados Unidos, tanto en cada estado como a nivel nacional. La Comisión Curran señaló en 1987 que en Nueva York no existían unas directrices dignas de confianza que obligaran a informar y a registrar los datos relacionados con las denominadas «muertes por intervención lícita». Recomendó que la División de Servicios de Justicia Penal y el Departamento de Sanidad del estado revisaran periódicamente los datos sobre homicidios cometidos por la policía en todo el estado y garantizaran el acceso a unas estadísticas que reflejaran con exactitud la frecuencia de las muertes a manos de la policía y de los agentes del orden público. Amnistía Internacional cree que es importante que los estados dispongan de esta información para poder identificar cualquier problema que pueda surgir relacionado con el uso de medios letales (incluido el de posibles pautas de disparidades por motivos raciales), tanto en todo el estado como en departamentos concretos de policía.

Amnistía Internacional cree que el Departamento de Justicia de los EE. UU. también debe establecer un sistema de recopilación de datos fidedignos sobre el uso de medios letales por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Aunque el FBI publica anualmente informes sobre los agentes de policía que han muerto en los EE. UU., en la actualidad no hay estadísticas fidedignas y exhaustivas sobre civiles alcanzados por disparos de la policía o que han muerto bajo custodia policial. La Ley de Control de la Delincuencia Violenta y del Cumplimiento de la Ley, de 1994, incluye una cláusula en la que solicita al Fiscal General de los EE. UU. que recopile datos sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley con objeto de que sirvan para elaborar estadísticas o para ayudar en investigaciones. La ley también incluye una disposición que permite que el gobierno federal inicie acciones civiles para tratar de eliminar las pautas de abusos por parte de los agentes encargados de hacer cumplir la ley en cualquier jurisdicción, incluidas las jurisdicciones de los estados. En la actualidad, Amnistía Internacional está solicitando información sobre cómo se aplican en la prácticas estas disposiciones.



6. RECOMENDACIONES DE AMNISTÍA INTERNACIONAL


1. Amnistía Internacional recomienda que las autoridades de la Ciudad de Nueva York encarguen una investigación independiente sobre las denuncias de brutalidad policial y uso de fuerza excesiva por parte del Departamento de Policía para examinar las cuestiones planteadas en este informe que han suscitado preocupación. La investigación debería examinar hasta qué punto los agentes recurren a una fuerza excesiva que podría constituir trato cruel, inhumano y degradante, así como la eficacia de las medidas tomadas para prevenir o investigar dichos abusos. El alcance de la investigación debería incluir la revisión de las muertes bajo custodia policial y los disparos realizados por la policía. La investigación también debería examinar las pruebas que pongan de manifiesto que las minorías raciales son víctimas, en forma desproporcionada, de los abusos cometidos por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Las conclusiones y recomendaciones de la investigación deben hacerse públicas.


2. Hasta que se lleve a cabo la investigación, los dirigentes de la policía y otras autoridades responsables deben dejar claro públicamente que no se tolerará la brutalidad ni el uso de la fuerza excesiva y que se deben seguir estrictamente las directrices de la policía, así como las normas internacionales de derechos humanos. Se deben emprender medidas disciplinarias muy estrictas y, cuando fuera necesario, procesamientos penales, por el uso abusivo de la fuerza y de las armas de fuego, de acuerdo con las normas internacionales.


3. La administración municipal y el Departamento de Policía deben respaldar totalmente a la Junta Civil de Revisión de Denuncias como organismo investigador independiente. La Junta debe mantener su independencia en la investigación de las denuncias que presentan los ciudadanos contra la policía, y también en sus conclusiones (lo que no excluye alguna forma de cooperación con el Departamento de Policía cuando ambos tengan que hacer investigaciones simultáneas, por ejemplo, realizar entrevistas conjuntamente cuando proceda).


4. La transparencia de la investigación de las denuncias de malos tratos policiales debe ser total para garantizar la confianza y responsabilidad públicas en el proceso. El resultado de las investigaciones criminales, disciplinarias y administrativas sobre presuntos malos tratos de la policía, homicidios controvertidos y muertes bajo custodia debe hacerse público en cuanto finalice la investigación, a menos que su divulgación ponga en peligro algún procedimiento penal en curso.


También se debería estudiar la introducción de una legislación que faculte a los fiscales de distrito y a los grandes jurados para proporcionar información sobre las razones que han tenido para no formular o recomendar cargos penales en casos en los que existe una gran preocupación pública.


5. Amnistía Internacional cree que el establecimiento de un organismo de supervisión permanente e independiente, tal como recomienda la Comisión Mollen con respecto a la corrupción, sería una importante medida para garantizar la responsabilidad pública del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York. Este organismo debe estar capacitado para asesorar en todo momento sobre las medidas adoptadas por los departamentos de policía para controlar el uso de la fuerza excesiva, así como para erradicar la corrupción; para vigilar las investigaciones; para registrar la frecuencia de las denuncias de fuerza excesiva y, cuando sea necesario, para llevar a cabo sus propias investigaciones.

6. Se deben revisar las directrices y los programas de formación del personal para garantizar que en ellos se incluye la educación en las normas internacionales de derechos humanos, especialmente la prohibición de la tortura y los malos tratos, y las normas internacionales en las que se basan el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la leyy los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley(véase el Apéndice).


7. El Departamento de Policía debe alentar la contratación de personas pertenecientes a minorías étnicas y fomentar que estos grupos patrullen más las zonas del centro de la ciudad.


8. Los sindicatos de policía deben alentar a sus miembros a colaborar para reducir la corrupción y los malos tratos dentro de la policía, incluyendo la cooperación con las investigaciones e informando sobre los abusos.


9. Si todavía no lo han hecho, las autoridades del estado deben establecer un sistema de registro de las muertes de ciudadanos a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en las jurisdicciones de todo el estado.


10. Amnistía Internacional recomienda que el Departamento de Justicia de los EE. UU. adopte también un sistema para recopilar datos fiables, en todo el país, sobre el uso de medios letales por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.



Apéndice 1 - SELECCIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES


Artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ratificado por el gobierno de Estados Unidos el 8 de junio de 1992)



Artículo 6


1. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente.


Artículo 7


Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos.


Artículo 10


1. Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.


Artículo 26


Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.



Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (ratificada por el gobierno de Estados Unidos en octubre de 1994)


Esta Convención dispone, entre otras cosas, que debe incluirse una información y educación completas sobre la prohibición de la tortura en los programas de formación del personal encargado de la aplicación de la ley y otros (Artículos 10 y 16). Dispone también que todos los Estados Parte deberán garantizar que se llevará a cabo una investigación pronta e imparcial siempre que haya motivos razonables para creer que se ha cometido un acto de tortura u otros actos que constituyan trato cruel, inhumano o degradante en cualquier territorio bajo su jurisdicción.



Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión (Adoptados mediante la resolución 43/173 del 9 de diciembre de 1988)


Principio 1


Toda persona sometida a cualquier forma de detención o prisión será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.



Principio 6


Ninguna persona sometida a cualquier forma de detención o prisión será sometida a tortura o a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No podrá invocarse circunstancia alguna como justificación de la tortura o de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.


Principio 34


Si una persona detenida o presa muere o desaparece durante su detención o prisión, un juez u otra autoridad, de oficio o a instancias de un miembro de la familia de esa persona o de alguna persona que tenga conocimiento del caso, investigará la causa de la muerte o desaparición. Cuando las circunstancias lo justifiquen, se llevará a cabo una investigación, iniciada de la misma manera cuando la muerte o desaparición ocurra poco después de terminada la detención o prisión. Las conclusiones de esa investigación o el informe correspondiente serán puestos a disposición de quien lo solicite, a menos que con ello se obstaculice la instrucción de una causa penal en curso.



Instrumentos sobre códigos de conducta y uso de la fuerza para la policía


Artículos pertinentes del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley


Artículo 2


En el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las personas.


Artículo 3


Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiere el desempeño de sus tareas.


Los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente el 7 de septiembre de 1990, incluyen directrices más detalladas. Estas directrices estipulan:


4. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el desempeño de sus funciones, utilizarán en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego. Podrán utilizar la fuerza y armas de fuego solamente cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto.




5. Cuando el empleo de las armas de fuego sea inevitable, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley:


a) Ejercerán moderación y actuarán en proporción a la gravedad del delito y al objetivo legítimo que se persiga;


b) Reducirán al mínimo los daños y lesiones y respetarán y protegerán la vida humana;


c) Procederán de modo que se presten lo antes posible asistencia y servicios médicos a las personas heridas o afectadas;


9. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no emplearán armas de fuego contra las personas salvo en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida, o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad, o para impedir su fuga, y sólo en caso de que resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos. En cualquier caso, sólo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida. (el énfasis es nuestro)

10. En las circunstancias previstas en el principio 9, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se identificarán como tales y darán una clara advertencia de su intención de emplear armas de fuego, con tiempo suficiente para que se tome en cuenta, salvo que al dar esa advertencia se pusiera indebidamente en peligro a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, se creara un riesgo de muerte o daños graves a otras personas, o resultara evidentemente inadecuada o inútil dadas las circunstancias del caso.


Los Principios Básicostambién establecen que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, entre otras cosas:


11(b) Aseguren las armas de fuego se utilicen solamente en circunstancias apropiadas y de manera tal que disminuya el riesgo de daños innecesarios.


El artículo 6 de los Principios Básicosestipula cuando al emplear la fuerza o armas de fuego los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley ocasionen lesiones o muerte, comunicarán el hecho inmediatamente a sus superiores. El artículo 7 establece que los gobiernos garantizarán que «en la legislación se castigue como delito el empleo arbitrario o abusivo de la fuerza o de armas de fuego por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.»


Se pidió los gobiernos que consideraran incorporar las disposiciones del Código de Conducta para los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley a la legislación nacional o las directrices para los organismos encargados de hacer cumplir la ley.


El Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente invitó a los Estados miembros a informar a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y a otros miembros del poder ejecutivo, así como a jueces, abogados, parlamentarios y público en general sobre los Principios Básicos, y a informar al Secretario General de la ONU cada cinco años sobre los progresos realizados en su aplicación.

Principios Relativos a una Eficaz Prevención e Investigación de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias



1. Los gobiernos prohibirán por ley todas las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias y velarán por que todas esas ejecuciones se tipifiquen como delitos en su derecho penal y sean sancionables con penas adecuadas que tengan en cuenta la gravedad de tales delitos. No podrán invocarse para justificar esas ejecuciones circunstancias excepcionales, como por ejemplo, el estado de guerra o de riesgo de guerra, la inestabilidad política interna ni ninguna otra emergencia pública. Esas ejecuciones no se llevarán a cabo en ninguna circunstancia, ni siquiera en situaciones de conflicto armado interno, abuso u uso ilegal de la fuerza por parte de un funcionario público o de otra persona que actúe con carácter oficial o de una persona que obra a instigación, o con el consentimiento o la aquiescencia de aquélla, ni tampoco en situaciones en las que la muerte se produzca en prisión. Esta prohibición prevalecerá sobre los decretos promulgados por la autoridad ejecutiva.



9. Se procederá a una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial de todos los casos en que haya sospecha de ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias, incluidos aquéllos en los que las quejas de parientes u otros informes fiables hagan pensar que se produjo una muerte no debida a causas naturales en las circunstancias referidas. Los gobiernos mantendrán órganos y procedimientos de investigación para realizar esas indagaciones. La investigación tendrá como objetivo determinar la causa, la forma y el momento de la muerte, la persona responsable y el procedimiento o práctica que pudiera haberla provocado. Durante la investigación se realizará una autopsia adecuada, se recopilarán y analizarán todas las pruebas materiales y documentales y se recogerán las declaraciones de los testigos. La investigación distinguirá entre la muerte por causas naturales, la muerte por accidente, el suicidio y el homicidio.



16. Los familiares de la persona fallecida y sus representantes legales serán informados de las audiencias que se celebren, a las que tendrán acceso, así como a toda la información pertinente a la investigación, y tendrán derecho a presentar otras pruebas. La familia del fallecido tendrá derecho a insistir en que un médico u otro representante suyo calificado esté presente en la autopsia. Una vez determinada la identidad del fallecido, se anunciará públicamente su fallecimiento, y se notificará inmediatamente a la familia o parientes. El cuerpo de la persona fallecida será devuelto a sus familiares después de completada la investigación.



17. Se redactará en un plazo razonable un informe por escrito sobre los métodos y las conclusiones de las investigaciones. El informe se publicará inmediatamente y en él se expondrán el alcance de la investigación, los procedimientos y métodos utilizados para evaluar las pruebas, y las conclusiones y recomendaciones basadas en los resultados de hecho y en la legislación aplicable. El informe expondrá también detalladamente los hechos concretos ocurridos, de acuerdo con los resultados de las investigaciones, así como las pruebas en que se basen esas conclusiones, y enumerará los nombres de los testigos que hayan prestado testimonio, a excepción de aquéllos cuya identidad se mantenga reservada por razones de protección. El gobierno responderá en un plazo razonable al informe de la investigación, o indicará las medidas que se adoptarán a consecuencia de ella.



Apéndice 2 - SELECCIÓN DE INFORMES PUBLICADOS POR AMNISTÍA INTERNACIONAL SOBRE ESTADOS UNIDOS

Estados Unidos de América: Se vuelven a implantar las cuerdas de presos, práctica cruel y degradante (AMR 51/135/95/s), del 1 de noviembre de 1995


United States of America (New Jersey): Concerns about Shootings of Minority Suspects in New Jersey (AMR 51/112/95), del 29 de agosto de 1995


Estados Unidos de América: Violaciones de derechos humanos. Resumen de los motivos de preocupación de Amnistía Internacional (AMR 51/25/95/s), del 1 de marzo de 1995


United States of America (Texas): Allegations of ill-treatment in five prisons

(AMR 51/48/95), del 1 de marzo de 1995


Conditions for death row prisoners in H-Unit, Oklahoma State Penitentiary, USA (AMR 51/35/94), del 1 de mayo de 1994


Estados Unidos de América: Derechos humanos e indígenas (AMR 51/31/92/s), de noviembre de 1992


Estados Unidos de América: Brutalidad policial en Los Ángeles, California (AMR 51/76/92/s), de junio de 1992


United States of America: Allegations of police torture in Chicago, Illinois (AMR 51/42/90), de diciembre de 1990


Estados Unidos de América: Unidad de máxima seguridad, prisión federal de Lexington, Kentucky

(AMR 51/34/88/s), de agosto de 1988 (sólo traducción del resumen)


Allegations of ill-treatment in Marion Prison, Illinois, USA (AMR 51/26/87), de mayo de 1987


Informes sobre pena de muerte


USA: The Death Penalty in Georgia: Racist, Arbitrary and Unfair (AMR: 51/25/96), de junio de 1995


Estados Unidos de América: Noticias sobre la pena de muerte en 1995 (AMR 51/01/96/s), del 1 de febrero de 1996


United States of America: a case of state assisted suicide (AMR 51/146/95), del 1 de noviembre de 1995


Estados Unidos de América: Restablecimiento de la pena de muerte en Nueva York (AMR 51/44/95/s), del 1 de mayo de 1995


Estados Unidos de América: Carta abierta al presidente sobre la pena de muerte (AMR 51/01/94/s)

del 1 de enero de 1994


Estados Unidos de América: Pena de muerte y delincuentes juveniles (AMR 51/23/91/s), de octubre de 1991

INTERNO (Sólo para miembros de AI) Índice AI: AMR 51/36/96/s

Distr: SC/CO/GR

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Amnistía Internacional

Secretariado Internacional

1 Easton Street

Londres WC1X 8DJ

Reino Unido




SEPARE ESTA HOJA DEL DOCUMENTO PRINCIPAL

ANTES DE COPIARLO O DISTRIBUIRLO PARA USO EXTERNO


Estados Unidos de América


Brutalidad policial y uso excesivo de la fuerza

en el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York



ACCIONES RECOMENDADAS


Asegúrense de que todas las personas pertinentes de su Sección reciben copias de este informe y que se archiva para futuras consultas.


Tengan en cuenta que se está elaborando una Circular de Acción (AMR 51/37/96/s), que acompañará al informe. Incluye acciones recomendadas sobre envío de cartas, publicidad y medios de comunicación, visitas a las embajadas y acciones por los Grupos de policías.


Usen este informe para actualizar su información sobre violaciones de derchos humanos en Estados Unidos, especialmente sobre brutalidad policial y uso excesivo de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.


Distribuyan este documento a todas las personas interesadas en el asunto.


Pueden usar la información contenida en este documento para dar más peso a los aargumentos de AI contra brutalidad policial y uso excesivo de la fuerza en EE. UU.


DISTRIBUCIÓN POR EL SI


Este documento se enviará enviado directamente a: todas las Secciones, a los coordinadores USCAN, al alcalde de Nueva York, al jefe de policía de la ciudad de Nueva York, a la Junta Civil de Revisión de Denuncias, a la Patrolment's Benevolent Association(sindicato de policía), al gobernador del estado de Nueva York, al fiscal general del estado, al presidente Bill Clinton y a la fiscal general de Estados Unidos, Janet Reno.


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(1) El estudio fue preparado por el Departamento Justicia Penal de la Universidad de Nebraska y comparaba los departamentos de policía y la población general de las cincuenta ciudades más grandes de los EE. UU.

(2) Estos datos aparecen en el informe de enero-junio de 1995 de la Junta de Revisiones de Denuncias de la Ciudad de Nueva York.

(3) La Comisión estaba presidida por Milton Mollen, ex juez y ex primer teniente de alcalde de la Ciudad de Nueva York.

(4) Los informes se basaban en las declaraciones de agentes de policía que cooperaron con la Comisión. Entre otros, había informes de agentes que amenazaron con matar a un narcotraficante poniéndole un revólver en la boca; que arrojaron un cubo de amoníaco a la cara de un detenido en una celda de una comisaría; y que arrojaron agua hirviendo a un sospechoso que encontraron escondido durante un registro en un edificio. También se decía que un agente notoriamente corrupto y sus colegas, después de irrumpir en una ocasión en un burdel, pusieron en fila a todas las mujeres que se encontraban allí y las violaron. (Pág. 47 del informe de la Comisión).

(5) El proyecto de ley para establecer una Junta Independiente de Investigación de la Policía fue aprobado por el ayuntamiento en noviembre de 1994, pero fue vetado por el alcalde, que se opuso a la constitución de un organismo con amplios poderes para investigar basándose en que esta medida entraría en conflicto con el papel de los fiscales de distrito y otros organismos. El veto del alcalde fue apoyado por la Corte Suprema del Estado en junio de 1995 basándose en que el ayuntamiento se había excedido en sus funciones. El asunto aún estaba pendiente de una nueva apelación en abril de 1996. El equipo del alcalde consta únicamente de personas designadas por el alcalde y no tiene poderes independientes para investigar o para hacer citaciones.

(6) Por ejemplo, en 1994 la Junta inició la revisión de las denuncias sobre brutalidad en varias zonas del Bronx tras un aumento del número de denuncias en dicho distrito.

(7) Los delegados de Amnistía Internacional eran David Marshall, abogado del Reino Unido y miembro del Comité de Abogados de Derechos Humanos de Inglaterra y Gales, y un funcionario del Secretariado Internacional de Amnistía Internacional.

(8) El fiscal federal es un funcionario del Departamento de Justicia encargado de investigar las violaciones de las leyes federales y a los agentes estatales o federales que presuntamente violaron las leyes federales de derechos civiles.

(9) Responsable de las finanzas municipales.

(10) En las acciones civiles por conducta indebida de la policía se suelen alegar violaciones de la Octava y Decimocuarta enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos. La Octava Enmienda prohíbe que se impongan castigos crueles o insólitos; la Decimocuarta Enmienda establece, entre otras cosas, que ningún Estado puede privar a una persona de «la vida, la libertad o la propiedad, sin el debido proceso legal, ni negar a ninguna persona dentro de su jurisdicción la igualdad de derechos ante la ley»

(11) Las directrices se introdujeron en 1977 por una orden judicial emitida tras la celebración de un proceso en el que se denunciaba la existencia de pautas de malos tratos contra espectadores. Estas directrices caducaron en la década de los ochenta pero fueron restablecidas e incorporadas al Manual de Patrulla del Departamento de Policía dada la preocupación que suscitaron dichos casos a comienzos de la década de los noventa.

(12) La Comisión Mollen comprobó que el tipo de corrupción más habitual entre los agentes del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York era el perjurio y la falsificación de documentos. También señaló que «varios agentes nos contaron cómo ellos y otros agentes eludían las denuncias por fuerza excesiva simplemente añadiendo cargos de "resistencia al arresto" en el informe de la detención, práctica que raras veces era discutida por los supervisores» (pág. 37 del informe Mollen). En varios juicios recientes por corrupción policial, que se celebraron a resultas de las investigaciones de la policía, del fiscal del distrito y de la Junta Civil de Revisión de Denuncias, se incluía la acusación de que los agentes formulaban sistemáticamente falsos cargos de agresión contra los detenidos para encubrir la brutalidad.

(13) Las pruebas para comprobar o refutar con seguridad la denuncia recibida eran insuficientes.

(14) En abril de 1995, un ex agente del Departamento de Policía de la Vivienda de la Ciudad de Nueva York fue declarado culpable de homicidio por imprudencia y condenado a una pena de uno a cuatro años de cárcel por disparar contra un negro desarmado que estaba sentado en su automóvil.

(15) El Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York informó que en 1993 se habían producido 265.229 detenciones, y que sólo fue preciso el uso de la fuerza en un 8% de los casos (informe del Grupo Especial sobre Reducción de Sospechosos que se Resisten al Arresto, Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York, octubre de 1994).

(16) Para entablar un proceso en un tribunal del estado, el demandante debe presentar primero una notificación de denuncia al contralor municipal dentro de un plazo determinado. Esto supone que se pueden haber presentado una gran cantidad de denuncias, pero no todas acaban en proceso; algunas denuncias pueden resolverse rápidamente y otras son archivadas. A menudo también se producen retrasos en el comienzo del proceso civil (por ejemplo, si está pendiente un proceso penal).

(17) Por ejemplo, Amnistía Internacional ha sabido de un caso en el que se presentaron cargos contra dos agentes por agredir a un sospechoso. Aunque fueron absueltos en un juicio sin jurado, algunos funcionarios de la fiscalía del distrito del Bronx afirmaron que, en su opinión, las pruebas contra los agentes eran contundentes. Sin embargo, el abogado del sospechoso dijo que no había entablado un proceso civil porque las lesiones de su cliente no eran lo suficientemente graves como para que mereciera la pena el coste de la acción; su cliente también tenía antecedentes penales y temía que su versión de los hechos no prevaleciera ante la de los agentes.

(18) La Junta Civil de Revisión de Denuncias manifestó a Amnistía Internacional que la fusión de los tres departamentos justificaba un incremento del 3,5% del número de denuncias en el primer semestre de 1995.

(19) La campaña «calidad de vida» para reducir la delincuencia en la ciudad comenzó cuando William Bratton, director general de Policía, tomó posesión de su cargo en enero de 1994, siendo alcalde Rudolf Guiliani. La estrategia iba desde localizar a menores que hacían novillos hasta concentrar los recursos de la policía en zonas clave. A partir de 1994 se ha producido un histórico descenso del 27% en el número de delitos notificados en la ciudad, y el número de homicidios ha disminuido casi un 40%.

(20) Pág. 20 del informe semestral de julio-diciembre de 1994 de la Junta Civil de Revisión de Denuncias.

(21) Estadísticas de fuentes del Departamento de Policía citadas en la pág. 19 del informe semestral de julio-diciembre de 1994 de la Junta Civil de Revisión de Denuncias.

(22) Respuesta del asesor jurídico adjunto de la oficina del contralor a las preguntas de Amnistía Internacional sobre las recomendaciones hechas para llegar a un acuerdo en varios de los casos; la ley mencionada fue la Sección 87 (2) (a) de la Ley de Funcionarios Públicos del Estado de Nueva York.

(23) Organización de apoyo a los derechos de gays y lesbianas.

(24) Tenía dificultades de aprendizaje.

(25) The Restraint Report:The Task Force On the Restraint of Suspects Who Resist Arrest, publicado en octubre de 1994. El grupo especial estaba formado por representantes de la policía y otros expertos ajenos al Departamento, y también solicitó información al pesquisidor jefe de la Ciudad de Nueva York.

(26) La orden no hacía distinciones entre distintos tipos de llaves para interrumpir la respiración, como la «llave de antebrazo», en la que se utiliza el antebrazo para presionar la tráquea y restringir la llegada de oxígeno al cerebro, y la «llave de carótida», en la que la presión se aplica a la arteria carótida a ambos lados del cuello, restringiendo el riego sanguíneo al cerebro.

(27) Este dictamen quiere decir que la causa de la muerte fueron las acciones de una persona, o personas, pero no entra en valoraciones sobre la culpa.

(28) El Artículo 3 del Código de Conducta estipula que «los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que

lo requiera el desempeño de sus tareas».

(29) Organismo estatal con poderes para investigar las muertes de presos en locales penitenciarios, incluidas las de presos bajo custodia en el hospital.

(30) Carta a Amnistía Internacional de Derrick J. Pounder, profesor de Medicina Forense y jefe del Departamento de medicina Forense de la Universidad de Dundee, Reino Unido, fechada el 13 de febrero de 1996.

(31) Información aparecida en el The New York Timesel 18 de noviembre de 1988 y el 20 de marzo de 1990.

(32) Según los artículos aparecidos en los periódicos Staten Island Advancey Daily Newsde Nueva York el 31 de octubre de 1995. También se decía que la manera de llevar este caso había provocado la dimisión del director ejecutivo de la Junta, Hector Soto, que anunció su dimisión en octubre de 1995, y abandonó el cargo en febrero de 1996. Según informes, el conflicto entre Soto y el presidente de la Junta, que era la principal persona designada por el alcalde, se había ido agravando.

(33) La Junta de Revisión de Disparos de Armas de Fuego (Firearms Discharge Review Board), que desde 1990 hasta 1993 revisó los casos de disparos de armas de fuego efectuados por la policía de Nueva York, llegó a la conclusión de que un promedio del 87% de los mismos no violaban las directrices de la policía (fuente: Investigación de Disparos de Armas de Fuego, preparado en agosto de 1994 por la Academia de Policía de la Ciudad de Nueva York).

(34) En 1995, la Corte Suprema de los EE. UU. estableció una norma nacional mínima para el uso de los medios letales por parte de la policía en Tennessee contra Garner, al fallar que los medios letales no pueden ser utilizados contra un sospechoso no violento que se da a la fuga; sin embargo, no consideró inconstitucional el uso de medios letales para impedir la fuga de un sospechoso de delito mayor con violencia o amenaza de violencia. La legislación del estado de Nueva York permite el uso de medios letales contra delincuentes que huyen sospechosos de cometer determinados delitos peligrosos.


(35) Según las estadísticas sobre disparos efectuados por el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York que figuran en Deadly Force: What We Knowde William A. Geller y Michael Scott, Police Executive Research Forum, Washington, D.C., 1992.

(36) Según los porcentajes de civiles alcanzados por disparos en diversas ciudades de los EE. UU. que figuran en el Apéndice E de Deadly Force, op cit.

(37) Según informes, los delitos graves han descendido un 27% en la Ciudad de Nueva York entre 1993 y 1995, y los homicidios más de un 40% (los homicidios por arma de fuego un 56%). Los informes del Departamento de Policía revelan que en 1994 se produjo un descenso del 34% en el número de delincuentes provistos de armas de fuego en enfrentamientos con la policía.

(38) Newsday, 10 de marzo de 1991.

(39) Véase el caso de Marcus Maldonado.

(40) Entre estos procedimientos están solicitar urgentemente ayuda médica y utilizar dispositivos para inmovilizar no letales, como correas de velcro.

(41) Esta información apareció en el The New York Timesdel 13 de febrero de 1996.

(42) En la declaración añadía que la información era independiente de la investigación del gran jurado y que por este motivo se podía divulgar legalmente.

(43) Los procedimientos del gran jurado se pueden divulgar por orden judicial en algunas circunstancias muy determinadas.

(44) El comunicado añadía que la información «era independiente de la investigación del gran jurado, por lo que se podía divulgar legalmente.

(45) Amnistía Internacional ha sido informada de que si en una refriega los contendientes están próximos se deben encontrar partículas de bala, aunque es necesaria una sencilla prueba para estar seguro; como la distancia a la que no se encuentran partículas puede variar con el tipo de arma empleada, también es necesario hacer una prueba con la pistola y compararla con la de la ropa.

(46) También surgieron polémicas sobre el tipo de balas disparadas en el tiroteo. Los investigadores de la Junta afirmaron que algunas de las balas estaban revestidas de teflon; este tipo de

balas puede atravesar un blindaje y no están autorizadas por el Departamento de Policía. Unos agentes de la Oficina de Asuntos Internos dijeron a Amnistía Internacional que la Junta había confundido balas revestidas de nylon (para impedir la contaminación por plomo) con balas revestidas de teflon.

(47) La mediación es un procedimiento no disciplinario que puede ser acordado por el denunciante y el agente denunciado, y que es negociado por una tercera parte. La conciliación es una opción únicamente del denunciante, y requiere que el agente denunciado reciba algún curso de perfeccionamiento sobre los procedimientos adecuados.

(48) Pág. 22 del Informe semestral de la CCRB.

(49) La Junta Civil de Revisión de Denuncias colaboró en una investigación policial sobre el 48 distrito policial, en El Bronx, revisando sus archivos sobre varios agentes que habían sido denunciados repetidas veces por brutalidad y otros tipos de conducta indebida.

(50) La Junta manifestó que enviaba «el paquete completo» al Departamento de Policía, con todas las pruebas, incluidas fotos y declaraciones de testigos.

(51) Un empleado del departamento de policía sólo puede hacer objecciones formales a la decisión del jefe de Policía por vía jurídica.

(52) En su informe de julio-diciembre de 1994, la Junta comparaba las cifras de 1994 con las de 1992 (no se aportaban las estadísticas de 1993, año en que se produjo el cambio de la nueva Junta).

(53) El Apartado 17, subapartado 4 de la Ley de Funcionariado del estado de Nueva York recalca la interpretación de que los procedimientos disciplinarios contra un empleado por incompetencia o conducta indebida deben iniciarse antes de que transcurran dieciocho meses del incidente denunciado, excepto en casos en los que la conducta en cuestión constituya un delito si se demuestra en un tribunal adecuado.

(54) Varias asociaciones de libertades civiles y de abogados han solicitado que se vuelva a establecer la oficina del Fiscal Especial del Estado, y que su competencia se amplíe a los casos de brutalidad. (Esta oficina funcionó desde 1972 hasta 1990 para investigar y procesar denuncias de corrupción dentro del sistema de justicia penal de la Ciudad de Nueva York, independientemente de los fiscales de distrito). Otras asociaciones han argumentado que ya existen suficientes poderes independientes con los fiscales de distrito, los fiscales del estado y los fiscales de los EE. UU., y que sería una complicación solapar las competencias cuando los propios denunciantes de brutalidad de la policía son objeto de procedimientos penales. Amnistía Internacional no está calificada para tomar postura en este tema, ni para opinar si debe haber una oficina estatal permanente, aunque cree que un fiscal independiente puede desempeñar un papel muy valioso en algunos casos especialmente delicados o controvertidos.

(55) Inmunidad transaccional significa que ningún testigo que haya prestado declaración ante un gran jurado u otro procedimiento puede ser procesado por un delito relacionado con dicha «transacción», por ejemplo el tema de esa declaración. De este modo, incluso si surge una prueba nueva y totalmente diferente que implique al testigo en el delito sobre el que presta declaración, el testigo no puede ser procesado por ese delito. El «uso de la inmunidad» que prevalece en la jurisdicción federal limita estas circunstancias, ya que el testigo goza de inmunidad sólo en relación con lo que declara en esa ocasión particular.

(56) Cuando actúan oficialmente.

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