AMNISTÍA INTERNACIONAL

Declaración pública

Índice: AMR 51/029/2012

27 de abril de 2012

E stados Unidos : Muerte gradual de un experimento fallido

El experimento sobre la pena de muerte que comenzó en Estados Unidos en 1976, cuando la Corte Suprema estadounidense dio luz verde a la reanudación de las ejecuciones con arreglo a las leyes de pena de muerte revisadas, avanzó otro paso hacia su desaparición final esta semana, con la incorporación de Connecticut a la lista de los estados abolicionistas, que suman ya 17.

El 25 de abril, el gobernador firmó la promulgación de la ley de abolición de la pena de muerte.

Connecticut es el cuarto estado estadounidense que legisla la abolición de la pena de muerte en cinco años. Además, el pasado noviembre el gobernador de Oregón impuso una suspensión de las ejecuciones y pidió a los legisladores del estado que reconsideraran el asunto de la pena capital, y esta semana la secretaria de estado de California confirmó que la abolición de la pena de muerte en California se someterá al voto popular en las elecciones de noviembre de 2012. Uno de cada cinco presos en espera de ejecución en Estados Unidos está en California. Si la abolición se aprueba, esto supondría la mayor grieta en el edificio de la pena de muerte en Estados Unidos en los últimos 40 años.

En Carolina del Norte, donde en el decenio 1997-2007 tuvo lugar el cinco por ciento de las ejecuciones de Estados Unidos, no hay ejecuciones desde 2006. Si bien esta orden judicial de suspensión de las ejecuciones se produjo en el marco del litigio sobre la inyección letal, la causa abolicionista en este estado se vio favorecida cuando, el 20 de abril de 2012, un juez del estado dictó una histórica sentencia con arreglo a la Ley de Justicia Racial de Carolina del Norte, que anulaba una condena a muerte por discriminación racial sistémica en la selección del jurado en casos de pena de muerte. Hay otros 150 casos más pendientes con arreglo a la Ley.

La cruz de la moneda es el rápido ritmo de las ejecuciones en Estados Unidos, lo cual nos recuerda que queda mucho por hacer para que este país se una a la mayoría de las naciones del mundo, que han abandonado este cruel castigo. En lo que va de año ha habido 17 ejecuciones, y es posible que en 2012 la suma de las muertes judiciales desde 1976 en solo tres estados –Texas, Oklahoma y Virginia– llegue a la cifra de 700 ejecuciones. Y a nivel nacional, aunque desde hace casi una década no ha habido ninguna ejecución federal, la administración estadounidense añade a su habitual búsqueda de la condena a muerte en causas nacionales en tribunales federales el avance hacia los primeros juicios de pena de muerte celebrados por comisiones militares en la Base Naval estadounidense de Guantánamo, Cuba.

La imposición de la pena capital tras estos juicios violará el derecho internacional, pues las comisiones militares no cumplen las normas internacionales sobre garantías procesales.

Connecticut fue uno de los 15 estados de la Unión, además del gobierno federal, que reanudó el homicidio judicial después de 1976 con la ejecución de un preso que había renunciado a sus recursos, lo que se llama un “voluntario”. Este fenómeno, que supone más del 10 por ciento de las ejecuciones desde 1976, volvió a darse el 20 de abril de 2012, con la aplicación de la inyección letal a otro “voluntario” en Delaware.

En un nuevo informe, Amnistía Internacional expresa su satisfacción por la abolición en Connecticut (señalando, no obstante, que no es retroactiva y deja a 11 hombres en espera de ejecución); analiza la ejecución de Delaware, comparándola con la decisión tomada por el gobernador de Oregón hace cinco meses de impedir la ejecución de un preso que había renunciado a sus recursos e imponer una suspensión en Oregón; reflexiona sobre la última ejecución de Ohio, la primera de ese estado en seis meses, desde que un juez federal que supervisaba el litigio sobre el protocolo de aplicación de la inyección letal de Ohio se negara a conceder un aplazamiento a pesar de inquietarle claramente la conducta del estado durante las ejecuciones; examina la decisión de un tribunal de Carolina del Norte en virtud de la Ley de Justicia Racial de ese estado, y llama la atención sobre el escaso trabajo en favor de la abolición que han llevado a cabo las autoridades federales estadounidenses.

Si desean más información, consulten: USA: Another brick from the wall, 27 de abril de 2012, disponible en http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/028/2012/en