Document - USA: The experiment that failed: A reflection on 30 years of executions



Público


Amnistía Internacional


ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

El experimento fallido

Reflexiones sobre 30 años de ejecuciones(1)

16 de enero de 2007


Índice AI: AMR 51/011/2007





http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR510112007

He sido juez de este tribunal durante más de 25 años […]. No tengo delirios de grandeza, y sé cuál es mi sitio en la judicatura. Mi juramento me exige que aplique la ley según la interpretación de la Corte Suprema de Estados Unidos, y eso es lo que continuaré haciendo hasta que la Corte Suprema llegue a la conclusión de que la pena de muerte no puede imponerse de un modo constitucional o hasta que nuestras asambleas legislativas procedan a su abolición. Pero que nadie se llame a engaño: la idea de que la pena de muerte se impone en este país de un modo justo y razonable es una farsa.

Juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Estados Unidos, 2005(2)

El historiador Arthur Schlesinger escribió en 1983: "No hay paradoja más persistente que el conflicto histórico en el alma estadounidense entre la adicción a experimentar y la susceptibilidad a la ideología". Por una parte, Schlesinger sugería que "los estadounidenses son famosos por ser un pueblo práctico, que prefiere los hechos a la teoría, que encuentra el significado de las propuestas en los resultados, que considera que el ensayo y el error, y no la lógica deductiva, son los que conducen a la verdad". Por otra, "también muestran una vulnerabilidad recurrente frente a las generalidades amplias".(3)

El apego de Estados Unidos a la pena de muerte recuerda a la paradoja de Schlesinger. La realidad aboga por la abolición, pero un concepto idealizado de la pena capital defiende su continuación. En la actualidad, 30 años después de la muerte de Gary Gilmore ante un pelotón de fusilamiento en Utah en la mañana del 17 de enero de 1977, que significó el reinicio de las ejecuciones tras casi diez años sin que se hubiera llevado a cabo ninguna, la reticencia de Estados Unidos a abandonar el uso del homicidio judicial aparta a este país de una clara mayoría de naciones. Sin embargo, no cabe duda de que, con sus características distintivas de arbitrariedad, discriminación, error y crueldad, entre otras, el experimento de la pena de muerte en Estados Unidos ha fracasado, tal y como expresó Harry Blackmun, juez de la Corte Suprema de Justicia estadounidense. En su voto particular emitido en 1994, ahora famoso, el juez Blackmun juró que, tras veinte años de lucha para conseguir un sistema de justicia que impusiese la pena capital de un modo coherente, justo y sin errores, ya no seguiría "jugando con la maquinaria de la muerte". Ninguna combinación de normas y reglamentos, escribió, podría evitar jamás los errores inherentes a la pena capital.

Doce años después, sin embargo, hasta los jueces actuales que parecen más preocupados por la pena de muerte han indicado que, pese a las "décadas de tira y afloja entre experimento legislativo y revisión judicial" y los crecientes "indicios de los riesgos que conllevan los procesos por delitos punibles con la pena capital", es "demasiado pronto para cualquier tipo de generalización sobre la solidez de las condenas a muerte en todo el país".(4) Así pues, Estados Unidos continúa con su experimento sin futuro, negándose a abandonar lo que el juez Blackmun describió como la ilusoria idea de que se puede conseguir que la pena de muerte funcione. (5)

Ilusoria es la palabra adecuada, porque la pena de muerte plantea supuestos sobre un mundo que no existe. Da por supuesta la perfección absoluta del sistema de justicia penal y la absoluta imperfección de las personas a quienes condena a muerte. Presupone que el ser humano puede decidir —sin ningún tipo de error ni injusticia— cuáles de sus congéneres declarados culpables de un delito deben morir y cuáles deben vivir. Da por sentado que, aunque la discriminación no se haya erradicado de la sociedad, puede vencerse en el curso de la justicia que impone la pena capital. Y, si bien el gobierno acapara el recelo de la opinión pública de un país fundado tras una revolución contra una monarquía tiránica, de algún modo aún se supone que el Estado está imbuido de incorruptibilidad e infalibilidad cuando se ocupa de las ejecuciones.

Si nose dan por sentadas estas cuestiones y, por lo tanto, se acepta que el sistema judicial es imperfecto y que el gobierno no es infalible, entonces quienes abogan por la pena de muerte deben aceptar también que es inevitable que se ejecute a quienes han sido declarados culpables erróneamente o han sido condenados tras un juicio injusto. O una cosa o la otra: ambas opciones son incompatibles entre sí.

Una curva de aprendizaje: disminuye el apoyo a la pena de muerte

La introducción de Sentido común, un escrito publicado por Thomas Paine en 1776 en el que hacía a los "habitantes de América" un llamamiento a la independencia y que ejerció una gran influencia, comienza del modo siguiente:

Quizá los sentimientos contenidos en las páginas siguientes no estén aún lo suficientemente en boga para gozar del favor general; un prolongado hábito de no considerar algo erróneole otorga la apariencia superficial de ser acertado, provocando en principio una formidable protesta en defensa de la costumbre. El tumulto, sin embargo, pronto se apacigua. El tiempo produce más conversos que la razón.

Doscientos treinta años después, el tiempo yla razón se confabulan contra la pena de muerte. En la actualidad, con 128 países abolicionistas en la ley o en la práctica, hay indicios de que Estados Unidos también está volviéndose poco a poco contra los homicidios judiciales. Las 53 ejecuciones llevadas a cabo en 2006 supusieron la cifra total anual más baja de los últimos 10 años, y las condenas a muerte continúan disminuyendo, desde que alcanzaran su cota máxima a mediados de la década de los noventa. El número de personas condenadas a muerte en 2006 fue de menos de la mitad que las condenadas en 1996, y el más bajo desde 1977.(6) En Estados Unidos, los jurados de causas punibles con la pena de muerte son más favorables a la fiscalía que las personas que, en aplicación de la legislación estadounidense, son excluidas de participar como miembros del jurado en una causa de este tipo debido a su oposición a la pena de muerte (y en consecuencia, no son representativos del conjunto de la comunidad).(7) Sin embargo, incluso entre estos "jurados capacitados para imponer la pena capital" existe una creciente reticencia a dictar condenas a muerte, lo que parece reflejar una mayor disminución del apoyo a la pena de muerte por parte de la opinión pública. El deterioro de la creencia de la opinión pública en el valor disuasorio de la pena de muerte, el aumento de la sensibilización sobre la frecuencia de las condenas erróneas en casos de pena capital, y una mayor confianza en que la seguridad pública puede garantizarse mejor mediante condenas a cadena perpetua que con penas de muerte son factores que, en conjunto, han contribuido a que el entusiasmo por la pena capital haya decaído.(8)

Una señal reciente de este cambio hacia una postura contraria a la pena de muerte se produjo el 2 de enero de 2007, fecha en que la Comisión de Estudio sobre la Pena de Muerte en Nueva Jersey —creada en 2006 por la Cámara de Representantes del estado para estudiar todos los aspectos de la pena de muerte en Nueva Jersey— hizo público su informe final.(9) La Comisión observó indicios de una tendencia contraria a la pena de muerte en Estados Unidos, entre los que incluían la suspensión de las ejecuciones vigente en Illinois desde 2000, la revocación por parte de la Corte de Apelación de Nueva York de la ley sobre pena de muerte de este estado en 2004, y la posterior negativa de la Cámara de Representantes del estado a reinstaurarla, los proyectos de ley sobre abolición de la pena de muerte presentados en las Cámaras de Representantes de 10 estados durante los últimos dos años,(10) y la reciente disminución del número de condenas a muerte impuestas en Nueva Jersey y en el resto del país. Tras un proceso en el que se celebraron cinco sesiones públicas y se recogieron declaraciones de una amplia variedad de testigos, la Comisión recomendó la abolición de la pena de muerte en Nueva Jersey, al no haber encontrado datos convincentes que justificasen su finalidad penal legítima y tras haber llegado a la conclusión de que sólo con la abolición se podía eliminar el riesgo de arbitrariedad y error irreversibles. El gobernador del estado, Jon Corzine, aplaudió las conclusiones de la Comisión y añadió que esperaba trabajar con la Cámara de Representantes del estado de Nueva Jersey para poner en práctica las recomendaciones del informe.(11)

También han llegado noticias positivas de Maryland, en donde la Corte de Apelación del estado suspendió las ejecuciones el 19 de diciembre de 2006 tras concluir que el protocolo seguido por el estado para la aplicación de la inyección letal no se había aprobado del modo adecuado. El gobernador electo, Martin O’Malley, cuya toma de posesión estaba prevista para el 17 de enero de 2007, pidió al gobernador saliente que dejase este asunto en manos del nuevo gobierno. El gobernador electo manifestó: "Estoy seguro de que todo esto provocará un nuevo debate sobre si no sería preferible que todo el dinero que se gasta en los procesos de casos de pena de muerte se invirtiese en luchar contra la delincuencia violenta y en salvar vidas". El nuevo fiscal general de Ohio, Marc Dann, expresó una opinión similar al manifestar recientemente: "Existen bastantes discrepancias en cuanto a la forma en que se aplica la pena de muerte en el estado, y creo que tenemos que analizar si lo estamos haciendo del mejor modo posible, si hay formas mejores o si debemos dejar de hacerlo".(12)

La falta de liderazgo en materia de derechos humanos

Otras autoridades elegidas por la ciudadanía son incapaces de ejercer el liderazgo en materia de derechos humanos con respecto a este tema, ni en el ámbito federal ni en los tres estados —California, Florida y Texas— en los que se encuentra más del 40 por ciento de la población reclusa condenada a muerte en todo el país.(13) En torno al 30 por ciento de los asesinatos que se cometen en Estados Unidos se producen en estos tres estados, una cifra que, a pesar de que en los tres está vigente la pena de muerte, apenas ha cambiado en los últimos 30 años.(14)

En diciembre de 2006, un juez federal concluyó que el proceso de administración de la inyección letal en California estaba "quebrantado" y se caracterizaba por una "falta generalizada de profesionalidad", lo que significaba que, de 13 ejecuciones, al menos seis podían haberse llevado a cabo de forma poco profesional; el gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, respondió a esta aseveración anunciando que se comprometía a "hacer todo lo posible para garantizar la constitucionalidad del proceso de administración de la inyección letal, de modo que se respete la voluntad del pueblo y se mantenga la pena de muerte en California".(15) El gobernador tuvo entonces la oportunidad de mostrarse contrario a los homicidios judiciales, pero prefirió recurrir a lo que consideraba que deseaba la opinión pública como justificación para seguir jugueteando con la maquinaria de la muerte.

En Florida aún se sigue buscando la utópica ejecución llevada a cabo con humanidad, a pesar de los fallos que se produjeron en la ejecución de Ángel Nieves Díaz en diciembre de 2006. El equipo que administró la inyección letal necesitó 34 minutos y dos dosis para matar al preso, porque, al parecer, la primera dosis fue inyectada en la carne y no en la vena. Siete años antes, la Corte Suprema del estado había instado a la Cámara de Representantes de Florida a optar por el uso de la inyección letal en lugar de la silla eléctrica, tras las "muertes por abrasamiento de Jesse Tafero y Pedro Medina y la reciente y sangrienta ejecución de Allen Lee Davis" por electrocución, según las propias palabras de uno de los jueces.(16) Otro de los jueces publicó en Internet fotografías tomadas después de la ejecución de Allen Lee Davis, para ilustrar la cuestión de un modo más gráfico.(17) La Cámara de Representantes aprobó posteriormente la inyección letal. Ahora, Florida parece estar dispuesta a responder a la inyección letal que recibió Díaz con un nuevo intento de arreglar lo inarreglable.(18)

Hasta el 10 de enero de 2007, y desde su llegada al poder en 2001, el mandato de Rick Perry como gobernador de Texas había sido testigo de 141 ejecuciones, tras las 152 que caracterizaron los cinco años de mandato de su predecesor, George W. Bush. A lo largo de los años, Texas ha violado con regularidad el derecho y las normas internacionales al recurrir a la pena de muerte y ejecutar a personas que habían cometido delitos siendo menores de edad o que tenían una discapacidad intelectual, a ciudadanos extranjeros a los que se les habían negado sus derechos consulares, a presos sobre cuya culpabilidad existían dudas, y a personas a las que se les había negado la asistencia letrada adecuada durante el juicio o en la fase de apelación.(19)

En 2002, Texas Defender Servicepublicó un estudio tras haber analizado 251 solicitudes de hábeas corpus presentadas en causas de pena de muerte en Texas desde septiembre de 1995 hasta finales de 2001. En él se concluía que "un porcentaje preocupantemente elevado" de las solicitudes era "superficial".(20) Se supone que las cuestiones que no figuran en el sumario del juicio —como el ocultamiento de pruebas por parte de la fiscalía o el hecho de que el abogado de la defensa no presente testimonios concretos— se presentan mediante un recurso de hábeas corpus en el estado. Por lo tanto, el abogado que presenta el recurso de hábeas corpus debe realizar una investigación exhaustiva sobre la causa del recluso. Mientras que un recurso de este tipo presentado por un abogado competente, con experiencia y con recursos económicos adecuados puede llegar a las 150 páginas, en el informe de Texas Defender Servicese revelaba que:

De las 251 solicitudes de hábeas corpus analizadas, 76 (el 30%) tenían un máximo de 30 páginas. De éstas, 37 solicitudes (el 15%) tenían 15 páginas o menos. En 22 solicitudes (el 9%), el número de páginas era igual o inferior a 10; toda una proeza, porque ya sólo los requisitos procesales de la solicitud de hábeas corpussuelen ocupar cinco páginas. No es de extrañar que muchas de las solicitudes más breves constasen únicamente de apelaciones directas basadas en el sumario que no ofrecían nada nuevo para su revisión, perdiendo así el derecho a futuras revisiones por parte de cortes federales.

Carlos Granados fue ejecutado en Texas el 10 de enero de 2007. Para el recurso de hábeas corpus presentado en el ámbito estatal en 2001, su abogado había presentado una solicitud de dos páginas en la que planteaba una única cuestión. Nunca se reunió con el preso. El día de la ejecución, seis años después, la Corte de Apelaciones en lo Penal de Texas se negó a conceder una suspensión, admitiendo que la solicitud de hábeas corpus presentada en 2001 había sido "inusitadamente breve" pero haciendo constar que "en algunas circunstancias, la brevedad es la opción más acertada. Una única reclamación válida es suficiente para conseguir el resultado deseado. […] Una sola frase bien construida puede decir mucho, mientras que una solicitud de 150 páginas puede estar plagada de palabrería y no significar nada".(21) En una opinión concurrente, tres de los jueces manifestaron que Granados "fue declarado culpable de un crimen brutal y posiblemente tiene bien merecida su condena a muerte".(22) Hicieron constar la declaración realizada durante el juicio por un psicólogo clínico que había incluido la raza y el origen étnico en una lista elaborada por él en la que constaban 22 factores que permitían predecir la "peligrosidad futura" (en Texas, la determinación por parte del jurado de la peligrosidad futura del acusado es un requisito previo para la imposición de una condena a muerte).(23) Los jueces mostraron su acuerdo con la decisión de no suspender la ejecución y afirmaron que esta declaración "puede haber influido o no indebidamente en la pena impuesta por el jurado". Pero, ¿no es cierto que al recurrir a esta pena irrevocable no debe haber lugar a dudas? Al gobernador Perry se le solicitó que suspendiese la ejecución, pero se negó a intervenir. En el momento de elaborar este informe, estaba previsto que otros nueve hombres y una mujer fuesen ejecutados en Texas antes de finales de mayo de 2007.

A lo largo de los últimos 30 años, en torno al 9 por ciento de los asesinatos cometidos en Estados Unidos y el 36 por ciento de las ejecuciones se han producido en Texas, un estado en donde vive menos del 8 por ciento de la población estadounidense. Durante nueve de los últimos 10 años, más de la mitad de la cifra total anual de ejecuciones llevadas a cabo en el país correspondieron a tres estados, Oklahoma, Virginia y Texas, que en conjunto representan el 11,5 por ciento de la población de Estados Unidos y en los que se produjeron entre el 12 y el 13 por ciento de los asesinatos cometidos en el país. Esto supone una disparidad geográfica en gran escala en lo que se refiere a los homicidios judiciales.

El artículo 6.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) afirma que nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente. El Comité de Derechos Humanos de la ONU, el órgano de expertos creado por el Pacto para supervisar su aplicación, ha afirmado, con respecto al derecho a la libertad, que no se debe equiparar "arbitrario" con "contrario a la ley", sino que se debe interpretar ese término más ampliamente, de modo que incluya elementos como la inadecuación, la injusticia y la ausencia de previsibilidad.

Un estudio tras otro han mostrado que la discriminación geográfica y racial caracteriza a la pena de muerte en Estados Unidos. Una investigación reciente, por ejemplo, llegó a la conclusión de que la disposición de los fiscales de Carolina del Sur a pedir la pena de muerte "varía enormemente" en función del distrito judicial.(24) Entre otras conclusiones, el estudio halló que:

· si la víctima del asesinato es de raza blanca, hay tres veces más probabilidades de que los fiscales pidan la pena de muerte que si la víctima es de raza negra;

· hay ocho veces más probabilidades de que se pida la pena capital para las personas acusadas en los distritos de Carolina del Sur "propensos a la pena de muerte" que para aquellas juzgadas en los distritos con el menor índice de peticiones de condena a muerte por parte de los fiscales;(25)

· hay cinco veces más probabilidades de que los fiscales de los distritos rurales pidan la pena de muerte que de que lo hagan sus homólogos de los distritos urbanos;

· las personas acusadas de matar a desconocidos tienen seis veces más probabilidades de enfrentarse a la pena de muerte que quienes matan a amigos o familiares del mismo modo.

En un país en el que la diferencia entre una condena a muerte y una a cadena perpetua puede depender no sólo del condado o del estado en que se haya cometido el delito, sino también de la capacitación del abogado defensor, de los recursos del condado que ejerza la acusación, de la actuación del fiscal, de la raza o condición de la víctima o el acusado, de la composición racial del jurado, e incluso de si el jurado ha comprendido las distintas opciones que tiene para dictar sentencia, se plantea la cuestión de si las ejecuciones en Estados Unidos violan habitualmente la prohibición, establecida en el artículo 6 del PIDCP, de privar arbitrariamente de la vida.

De las 1.059 ejecuciones llevadas a cabo en Estados Unidos desde 1977, todas, salvo tres, se produjeron en el ámbito estatal y no en el federal; de los más de 3.300 hombres y mujeres condenados a muerte en la actualidad en Estados Unidos, todos, salvo 50, están encarcelados en prisiones estatales y no en federales o militares. Las autoridades federales han tendido a escudarse en el federalismo o en el concepto de los "derechos de los estados" cuando se acusa a Estados Unidos de incumplir sus obligaciones internacionales con respecto a la pena de muerte. Para el derecho internacional, sin embargo, Estados Unidos es un único Estado. El gobierno federal, en calidad de autoridad que firma y ratifica los tratados, debe garantizar que todo el país cumple con sus obligaciones legales internacionales, incluidas las previstas en el artículo 6 del PIDCP. La estructura federal del gobierno no le exime de cumplir con esta obligación.(26)

El presidente George W. Bush, durante cuyo mandato se ha duplicado la población reclusa federal condenada a muerte y se han llevado a cabo las tres únicas ejecuciones federales practicadas en Estados Unidos desde 1963, perdió recientemente la oportunidad de pronunciarse en contra de la pena de muerte en la escena internacional. En una rueda de prensa, se le insistió en su reacción a la ejecución en Irak de Sadam Husein, cuyo ahorcamiento —filmado en secreto y publicado en Internet— puso al descubierto la delgada línea existente entre la venganza y el castigo y convirtió al dictador en un mártir para muchas personas.(27) Dos siglos y medio antes, el filósofo italiano Cesare Beccaria escribió: "No es útil la pena de muerte por el ejemplo que da a los hombres de atrocidad".(28) Con respecto a la ejecución de Sadam Husein, el presidente Bush manifestó: "Evidentemente, me hubiera gustado que el proceso se hubiese desarrollado de manera más digna. No obstante, fue tratado con justicia".(29) La propagación de la idea de que la pena de muerte es un acto de justicia, al igual que la idea de que es compatible con la dignidad humana, es un hábito que no se pierde fácilmente.

En su artículo de 1983 citado anteriormente, el historiador Arthur Schlesinger escribió que "la ideología es la maldición de los asuntos públicos, porque convierte a la política en una rama de la teología y sacrifica a los seres humanos en el altar de las abstracciones".(30) El presidente Bush, por lo pronto, sigue demostrando una sólida fe en el homicidio judicial. Al preguntarle en 2001 si no había "cambiado de idea" sobre la pena de muerte, respondió: "Por lo que a mí respecta, no, siempre que el sistema ofrezca imparcialidad".(31) Sin embargo, la imparcialidad no es una característica del sistema de justicia que aplica la pena capital.

El presidente Bush ha manifestado que su apoyo a la pena de muerte está supeditado a que existan garantías de que las personas ejecutadas son "realmente culpables".(32) Los casos de Ricky McGinn y Henry Lee Lucas han sido los únicos casos de ejecución inminente en Texas y en el ámbito federal en los que el gobernador (y posterior presidente) George W. Bush ha intervenido (concediendo un aplazamiento en el primer caso y conmutando la pena en el segundo), aunque muchos otros han clamado por la intervención del poder ejecutivo. Estos antecedentes indican que la frase "realmente culpable" es el filtro más estrecho por el que debe pasar su idea de la clemencia.(33) En el contexto de la legislación estadounidense sobre pena de muerte, la idea de "realmente culpable" debe significar que la persona acusada no sólo es culpable del delito punible con la muerte del que se la acusa, sino que, además, en lo que respecta a la imposición de la condena, esa persona entra en la categoría de "lo peor de lo peor".(34) La ejecución, desde 1977, de no menos de 50 personas que sufrían una discapacidad intelectual o eran menores en el momento de cometer el delito indica que este principio no se ha cumplido.(35) Las contradicciones que abundan en el sistema de aplicación de la pena de muerte se suman también a estos datos.

Arbitrariedad y discriminación generalizada sin control

En Estados Unidos se han cometido alrededor de 500.000 asesinatos desde 1977. Durante ese mismo periodo, en torno a 7.000 personas han sido condenadas a muerte; de ellas, unas 3.300 están pendientes de ejecución. Hasta el 10 de enero de 2007, y desde que Gary Gilmore fuera ejecutado el 17 de enero de 1977, se habían llevado a cabo 1.059 ejecuciones.

Sólo cinco años antes del fusilamiento de Gary Gilmore, en un voto mayoritario, los jueces de la Corte Suprema estadounidense habían concluido, en la causa Furman v. Georgia, que la pena de muerte era inconstitucional según se aplicaba en aquel momento.(36) Al aplicarse la pena de muerte en un número relativamente reducido de casos en los que se podía recurrir a ella jurídicamente, no había una base coherente que explicase por qué se ejecutaba a unos pocos y no a la mayoría. Entre las palabras utilizadas por los jueces para describir el uso de la pena de muerte estaban "arbitraria", "caprichosa", "discriminatoria" e "inusitada". Sin embargo, el experimento autorizado por la Corte Suprema cuatro años después, en la causa Gregg v. Georgia(tras haber aprobado leyes estatales sobre pena de muerte revisadas después del caso Furman) ha fracasado –quizás porque era inevitable– en la creación de un sistema que supere la prueba de la justicia y la coherencia.(37)

En Gregg v.Georgia, la Corte Suprema refrendó la revisión del requisito de proporcionalidad establecido en la ley de Georgia, en virtud del cual la Corte Suprema de Georgia revisaría todas las condenas a muerte para determinar "si la condena impuesta es excesiva en comparación con la impuesta en casos similares". En un principio, el proceso de Georgia se convirtió en modelo para otros estados, y, a partir de 1976, los tribunales superiores de los estados comenzaron a revisar paulatinamente el requisito de la proporcionalidad. Sin embargo, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos falló en 1984, en la causa Pulley v. Harris, que esta revisión no era necesaria en virtud de la Constitución, "la mayor parte de las cortes superiores de los estados redujeron la revisión de la proporcionalidad a un simple trámite".(38) Algunos estados revocaron las disposiciones sobre la revisión de la proporcionalidad que figuraban en sus leyes, y, en unos cuantos, como California (estado donde se originó la causa Pulley) y Texas, en los que había un gran número de personas condenadas a muerte, nunca se exigió una revisión de ese requisito.(39)

Posteriormente, en 1987, en la causa McCleskey v. Kemp, la Corte consideró que, aunque existieran indicios de racismo generalizado en el sistema de justicia penal, no se produce una violación de la Constitución a menos que la persona condenada a muerte demuestre que en su caso concreto se está actuando de forma deliberadamente discriminatoria. Se ha dicho que, en conjunto, las decisiones judiciales en las causas McCleskeyy Pulley:

enviaron a los estados un mensaje clarísimo: la Corte Suprema ya no estaba dispuesta a anular condenas a muerte o a declarar que las leyes de los estados sobre pena capital eran inconstitucionales para responder a los indicios de arbitrariedad o capricho, tendenciosidad o discriminación racial sistemática durante el proceso concreto de una causa punible con la pena capital […]. La consecuencia conjunta de Pulleyy McCleskeyes que las cortes superiores de los estados ya no tienen que demostrar a la Corte Suprema de Estados Unidos que sus sistemas de aplicación de la pena capital carecen de discriminación racial o jurisdiccional generalizadas […]. Al existir pocas posibilidades de revocación por parte de la Corte Suprema, las cortes superiores de los estados en los que hay una gran cantidad de personas condenadas a muerte tienden a realizar las mínimas revisiones del requisito de la proporcionalidad, y algunas de esas cortes se han convertidos en fábricas de ratificación de sentencias.(40)

La Corte Suprema de Nueva Jersey constituyó una excepción. A pesar de la presión política para restringir o suspender la revisión de la proporcionalidad, adoptó la posición de que la Constitución del estado obligaba a hacer esa revisión y a analizar sistemáticamente los procesos de casos punibles con la pena de muerte. Por lo tanto, la conclusión del informe de la Comisión de Estudio sobre la Pena de Muerte en Nueva Jersey publicado en enero de 2007 es aún más interesante. En él se reflexionaba sobre el hecho de que en los últimos años se había puesto en duda, incluso por parte de sus propios componentes, la efectividad de sistemas tan minuciosos como la revisión de la proporcionalidad realizada por la Corte Suprema de Nueva Jersey. La Comisión había oído testimonios de una serie de expertos, como el caso de una testigo que había analizado las casi 600 "descripciones resumidas" de casos de asesinato elaboradas para las revisiones de la proporcionalidad realizadas por la Corte. La testigo declaró que, "pese a existir una gran similitud" entre los casos, no existía "uniformidad en la forma en que se presentan los cargos y se juzgan los casos", y continuó diciendo:

La injusticia consiguiente hace que un acusado acabe condenado a muerte mientras que otras personas, habiendo cometido delitos muy similares, fueron condenadas a cadena perpetua o ni siquiera fueron procesadas por un delito punible con la pena capital […]. No es solo que no haya diferencias significativas entre los delitos punibles con la muerte y los punibles con cadena perpetua; a veces, los delitos por los que los acusados pasan la vida en prisión son peores.(41)

En su informe final, la Comisión de Nueva Jersey llegó a la conclusión de que "a pesar de todos los intentos del estado, sigue existiendo el peligro de que casos similares de asesinato se traten de forma diferente en lo que respecta a la pena de muerte, con lo que aumentan las probabilidades de que la pena capital se esté imponiendo de forma ‘inusitada’ y arbitraria. Dado el carácter irreversible de la pena de muerte, este riesgo es inaceptable". Este riesgo no sólo debe ser inaceptable en Nueva Jersey, sino en cualquier otro lugar.

En la decisión sobre la causa Gregg v. Georgiade 1976, que daba luz verde a la reanudación de las ejecuciones en virtud de las nuevas leyes de los estados, la mayoría afirmó que "la inquietud expresada en la causa Furmanpor la posibilidad de que la pena de muerte pudiese llegar a imponerse de un modo arbitrario y caprichoso puede contrarrestarse con una ley redactada cuidadosamente que garantice que la autoridad encargada de la sentencia contará con la información y la orientación apropiadas". Hay numerosos casos que ilustran lo equivocada que estaba la Corte Suprema al mostrar esta confianza.(42) La ausencia o el carácter limitado de la revisión de la proporcionalidad en cualquier sistema de revisión estatal o nacional ha agravado el problema.

En la actualidad, Oklahoma cuenta con el mayor índice de ejecuciones per cápita de Estados Unidos. En 1985, el estado revocó la disposición legal relativa a la revisión de la proporcionalidad, y desde entonces ha llevado a cabo 84 ejecuciones. Al pedir la condena a muerte ha violado con frecuencia las normas internacionales, incluidas las normas relativas a la actuación de los fiscales.(43)

James Malicoat, que, al igual que muchas otras personas condenadas a muerte, había sufrido graves abusos en la niñez, fue ejecutado en Oklahoma el 31 de agosto de 2006 por el asesinato de su hija de 13 meses. Durante el juicio, celebrado en una sala en la que había una gran talla formada por dos estatuas que sujetaban una espada con la inscripción "OJO POR OJO Y DIENTE POR DIENTE",(44) el fiscal había calificado reiteradamente al acusado de "monstruo" y "malvado". Leyó al jurado una descripción de primera mano de las últimas horas de vida del bebé (narradas desde la perspectiva de la niña) y mostró una fotografía de la pequeña tomada dos meses antes de su muerte. En 2000, la Corte de Apelaciones en lo Penal de Oklahoma, que calificó de "inapropiados y censurables" varios de los argumentos del fiscal a favor de la ejecución, manifestó que la fotografía estaba "fuera de lugar y no debería haberse admitido", y que "su utilización por parte de la fiscalía en el alegato final agravó el error".(45) Al defender la condena a muerte, el fiscal había mostrado esta fotografía de la niña con vida y la había comparado con otras cuatro tomadas tras la muerte. Sin embargo, la condena a muerte de James Malicoat no se anuló. Los errores, por sí solos y en conjunto, se consideraron inofensivos. En contraste con esta resolución, la Corte de Apelaciones en lo Penal de Texas anuló ese mismo año la condena a muerte impuesta a Raymond Reese porque al jurado se le había mostrado durante el juicio una fotografía de la víctima en un ataúd junto a su feto nonato. La Corte concluyó que este hecho podía haber irritado al jurado y haberle llevado a votar en favor de la pena de muerte, y manifestó que "la inclinación natural de la sociedad [...] es proteger a los inocentes y vulnerables". En un caso, un hombre fue condenado a muerte por un jurado que pudo verse exaltado de esa manera; en el otro, la condena a muerte fue anulada.(46) Estas incoherencias se han repetido en numerosas ocasiones a lo largo de los últimos 30 años.

En torno al 75 por ciento de las personas ejecutadas en Estados Unidos desde 1977 (817 de un total de 1.059) fueron condenadas a muerte, al igual que James Malicoat, por matar a una sola persona. James Elledge fue una de esas personas: fue ejecutado el 28 de agosto de 2001 en el estado de Washington por el asesinato de una mujer, cometido en 1998. Después de cometer el delito e intentar, al parecer, suicidarse en dos ocasiones, se entregó voluntariamente. Durante el juicio se declaró culpable. Se negó a permitir que se presentasen pruebas atenuantes y dijo al jurado que "la parte malvada que hay en mí tiene que morir", con lo que el jurado no tuvo la oportunidad de saber que en su familia había antecedentes de enfermedad mental y que él mismo sufría una enfermedad de este tipo. Una vez condenado a muerte, James Elledge se negó a presentar un recurso contra su condena. A comienzos de agosto de 2001, la Junta de Indultos del estado le denegó el indulto por tres votos a dos. Uno de los miembros discrepantes manifestó que el caso era "sumamente preocupante" en el sentido de que el resultado del juicio podría haber sido diferente "en función de que [el jurado] hubiera conocido toda la historia o no". Dos años después, también en el estado de Washington, Gary Leon Ridgway fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de 48 mujeres —sobre todo prostitutas y mujeres que se habían fugado— a lo largo de un periodo de 20 años. Evitó ser condenado a muerte a cambio de colaborar con las autoridades y declararse culpable. La cuestión que se plantea al instante es: si Gary Ridgway no fue condenado a muerte, ¿por qué fue ejecutado James Elledge, si Ridgway mató a 47 personas más que él?

En marzo de 2006, la Corte Suprema del estado de Washington perdió por un voto la posibilidad de abolir de hecho la legislación estatal sobre pena de muerte. Los abogados de Davya Cross, recluso condenado a muerte que tiene un largo historial de enfermedad mental (y que está parapléjico a consecuencia de los intentos de suicidio que cometió tras el delito y en los que se lesionó la columna y el cerebro), plantearon el caso de Ridgway para impugnar la condena a muerte de Cross. Alegaron que el hecho de que Gary Ridgway no hubiera sido condenado a muerte convertía la pena en desproporcionada si se aplicaba a otros acusados, como Davya Cross, declarado culpable de matar a su esposa y a dos de sus hijas en 1999. Cinco de los nueve jueces eludieron el tema e indicaron que se trataba de una cuestión moral y no legal. "No restamos importancia a esta cuestión moral", escribieron. "Pero es mejor que de ese tema se ocupen el pueblo y sus representantes en la asamblea legislativa". Al llevar a cabo la revisión de la proporcionalidad, la Corte señaló que en el recurso de Davya Cross se habían planteado al menos 22 casos similares al delito por el que se le había condenado, pero en los que el acusado había sido condenado a cadena perpetua, "incluidos casos de los que podría decirse objetivamente que eran peores" que el suyo. Los cinco jueces intentaron explicar por qué las condenas eran diferentes alegando que "nuestra sociedad está dejando de mostrarse tolerante con la violencia doméstica. No podemos decir que la decisión de procesar tomada por el fiscal, ni la decisión de condenar tomada por el jurado, fueran desproporcionadas en función de las características del delito y de su similitud con otros casos que pudieran penarse con la muerte" y en los que la condena fue a cadena perpetua.(47)

Los otros cuatro jueces discreparon: "La mayoría renuncia a cualquier intento razonable de cumplir con nuestra responsabilidad legal de realizar una revisión de la proporcionalidad, privando de hecho a la obligación legal de sentido […]. Cuando Gary Ridgway, el peor asesino en serie de la historia de este estado, elude la pena de muerte, está claro que hay errores graves". Los cuatro pasaron a señalar que otros asesinos en serie habían eludido la pena de muerte en Washington, y continuaron:

Estos casos ilustran la arbitrariedad con la que se pide la pena de muerte […]. La pena de muerte es como un rayo, que alcanza al azar a algunos acusados y no a otros. Al no imponer la pena de muerte a […] los peores asesinos en serie de la historia de Washington, ¿en qué nos basamos para decidir a quién se le impone? No existe una explicación razonable que justifique por qué algunas personas no son condenadas a muerte y otras sí.(48)

El indulto concedido por el ejecutivo tampoco ofrece garantías en cuanto a este problema. La ejecución de Darrell Mease estaba fijada para el 27 de enero de 1999 en Misuri, la misma fecha en que estaba prevista la visita al estado por parte del Papa Juan Pablo II, que se oponía enérgicamente a la pena de muerte. Tras conocerse esta incómoda coincidencia, la Corte Suprema del estado reprogramó la ejecución para el 10 de febrero. Sin embargo, en una reunión mantenida con el gobernador del estado, Mel Carnahan, el 27 de enero, el Papa pidió personalmente que se concediese el indulto a Mease. Al día siguiente, el gobernador Carnahan conmutó la condena.

Un día después de la decisión de Carnahan, la Corte Suprema de Misuri fijó la fecha de ejecución de James Rodden, que se llevó a cabo el 24 de febrero; fue uno de los nueve reclusos ejecutados en Misuri en 1999. ¿Por qué murieron ellos y no Darrell Mease? La respuesta es que se trata de una cuestión de suerte: Mease no murió porque simplemente dio la casualidad de que la fecha prevista para su ejecución coincidía con la visita del Papa. Uno de los nueve presos ejecutados en Misuri fue Roy Roberts. Fue ejecutado el 10 de marzo de 1999, a pesar de que el Papa había enviado una petición de indulto, esta vez por escrito.

Roy Roberts había sido condenado a muerte por un asesinato cometido en prisión en el que participaron otros dos reclusos; uno de ellos cumple una condena a cadena perpetua, y la condena a muerte del otro fue anulada en apelación. Roberts, cuyas últimas palabras fueron "estáis matando a un inocente", había sido declarado culpable a pesar de las declaraciones contradictorias de los testigos presenciales y de otros testimonios cuestionables. Al igual que Roberts, Wendell Flowers había sido condenado a muerte en Carolina del Norte por un asesinato cometido en prisión en el que habían estado implicados otros reclusos. Como en el caso de Roberts, Flowers había sido condenado a muerte a pesar de las dudas que existían sobre si él había sido el principal responsable del asesinato. De los cuatro presos implicados en el asesinato, fue el único condenado a la pena capital. Sin embargo, al contrario de lo ocurrido en el caso de Roberts, el 15 de diciembre de 1999, el gobernador Hunt de Carolina del Norte reconoció la arbitrariedad de la condena y, dos días antes de la ejecución, conmutó la pena de muerte impuesta a Wendell Flowers.

Charles Walker lleva más de 10 años condenado a muerte en Carolina del Norte. En 1992 fue declarado culpable de asesinato tomando como fundamento los testimonios de sus cómplices, ninguno de los cuales fue sometido a un juicio por un delito punible con la muerte. El jurado lo condenó a muerte a pesar de haber concluido que en realidad no había matado a la víctima, cuyo cadáver nunca fue hallado. La fiscalía no presentó ningún tipo de prueba material que relacionara a Charles Walker con el delito: ni huellas, ni rastros de sangre, ni autopsia, ni restos de ADN, ni pruebas balísticas. De hecho, no había prueba material alguna de que se hubiera cometido un asesinato, y el acusado tampoco había confesado. Las únicas pruebas contra Walker eran los testimonios contradictorios de testigos que también estaban implicados de algún modo en el delito. El jurado, al que no se le expusieron los testimonios sobre la enfermedad mental de Charles Walker ni sobre los abusos que sufrió durante su infancia, deliberó durante cuatro días antes de recomendar una condena de muerte. En el formulario sobre la condena, los miembros del jurado respondieron "no" a la pregunta de si Charles Walker había realizado el disparo mortal, pero sí concluyeron que había tenido intención de matar a la víctima en colaboración con otras personas.(49)

¿Impedirán los tribunales, el poder legislativo o el ejecutivo que Charles Walker sea ejecutado? Poco antes de la fecha prevista para su ejecución, en diciembre de 2004, un tribunal accedió a oír nuevas alegaciones sobre el caso. Una comisión de la Cámara de Representantes del estado está analizando la "precisión e imparcialidad" del sistema de la aplicación de la pena capital. El gobernador ha conmutado tres condenas a muerte desde que Wendell Roberts recibiera el indulto. En Carolina del Norte existe una clara preocupación por el tema de la pena de muerte, y gran parte de la opinión pública de ese estado apoya que se establezca una suspensión de las ejecuciones. Los dirigentes del estado deben encontrar el valor suficiente para poner fin a la pena de muerte, y deben hacerlo urgentemente: antes del 10 de febrero de 2007 está previsto que tres hombres sean ejecutados allí.(50)

La "profunda incertidumbre" no justifica una pena irreversible

En los 24 años transcurridos desde la reinstauración de la pena de muerte en Nueva Jersey se han cometido en torno a 10.000 asesinatos en el estado. La Comisión de Nueva Jersey señaló que, en ese mismo periodo de tiempo, 455 personas acusadas habían reunido los requisitos para que se pidiera contra ellas la pena de muerte en aplicación de la legislación estatal. De ellas, 228 fueron sometidas a juicios por delitos punibles con la muerte y 60 fueron condenadas a la pena capital. En el estado no se han llevado a cabo ejecuciones, y la mayor parte de las condenas a muerte se han anulado en la apelación, lo que ha hecho que en la actualidad haya nueve personas pendientes de ejecución.

El reducido número de condenas a muerte y la cantidad aún menor de ejecuciones con respecto al número total de delitos por los que podría imponerse la pena de muerte hacen que resulte difícil, si no imposible, defender el argumento de la disuasión. La Comisión de Nueva Jersey hizo notar que "la medición de cualquier tipo de efecto disuasorio basada en porcentajes tan minúsculos está llena de dificultades".

Lo mismo puede decirse en el ámbito nacional: en más del 99 por ciento de los asesinatos cometidos desde 1977 no se ha dictado una condena a muerte o, cuando se ha impuesto la pena capital, ésta se ha revocado. Un análisis reciente de los datos estadísticos sobre el efecto disuasorio de la pena de muerte concluyó que "los datos existentes con respecto al carácter disuasorio son sorprendentemente endebles". La idea principal del estudio publicado en Stanford Law Reviewen 2005 era que "la pena de muerte —al menos en la forma en que se ha aplicado en Estados Unidos desde que la causa Greggpusiera fin a la suspensión de las ejecuciones— se impone en tan pocas ocasiones que el número de homicidios que resulta verosímil que haya causado o impedido no puede entresacarse de un modo fiable de los grandes cambios que se producen en el índice de homicidios de año en año debido a otros factores. Nuestros cálculos no sólo indican una ‘duda razonable’ sobre la existencia del carácter disuasorio de la pena de muerte, sino una profunda incertidumbre".(51)

Desde luego, la profunda incertidumbre no es una razón que permita justificar esta pena irreversible. Y, sin embargo, las autoridades elegidas por la ciudadanía continúan respondiendo con un nivel de seguridad con respecto a la pena de muerte que no se ve justificado con datos. En una rueda de prensa celebrada en marzo de 2005, al presidente Bush le preguntaron de nuevo si había cambiado de algún modo su apoyo a la pena de muerte tras dejar de ser gobernador de Texas. El presidente contestó: "No, sigo siendo partidario de la pena de muerte, y creo que disuade de cometer delitos".(52) No explicó qué datos tenía para hacer esta afirmación, y dio la impresión de que se basaba más en una idea que en hechos empíricos. Un estudio de 1996 sobre la opinión de algunos de los criminalistas más importantes de Estados Unidos halló un amplio consenso entre esta comunidad de expertos con respecto a la investigación empírica del carácter disuasorio. La opinión generalizada era que "la pena de muerte hace, y puede hacer, poco para reducir los índices de delincuencia violenta". Así, tal y como decía el informe, "estos destacados criminalistas no están de acuerdo con una de las más importantes justificaciones públicas de la pena de muerte en una sociedad moderna".(53)

Virginia es un estado de un tamaño comparable al de Nueva Jersey. En él se reanudaron las ejecuciones en 1982, el mismo año en que se reinstauró la pena de muerte en Nueva Jersey. Desde entonces, en Virginia se han cometido en torno a 11.500 asesinatos y se han impuesto alrededor de 150 condenas a muerte; en la actualidad hay 19 personas pendientes de ejecución. Un total de 98 personas han sido ejecutadas. El sistema de la aplicación de la pena capital en Virginia, al igual que en el resto del país, se ha caracterizado por la arbitrariedad, la discriminación, el error y las violaciones de las normas internacionales. El 80 por ciento de las personas ejecutadas habían sido declaradas culpables de matar a víctimas de raza blanca. El 30 por ciento eran afroamericanos condenados por matar a personas blancas. Entre los ejecutados había personas que habían cometido el delito siendo menores, personas con discapacidad intelectual y ciudadanos extranjeros a quienes se les habían negado sus derechos consulares. Uno de ellos, el ciudadano paquistaní Mir Aimal Kasi, fue víctima de una "entrega" previa a la "guerra contra el terror".(54) Buscado por el asesinato, cometido en 1993, de dos empleados de la CIA muertos a tiros ante la sede central de la propia CIA, agentes del FBI lo capturaron en 1997 en un hotel de Karachi, lo encapucharon, amordazaron y esposaron y se lo llevaron de Pakistán sin supervisión judicial; fue trasladado en avión a Virginia y entregado a las autoridades del estado. Juzgado ante un jurado compuesto en su totalidad por personas de raza blanca procedentes de Virginia, lo condenaron a muerte y fue ejecutado en 2002.(55)

El 9 de noviembre de 2006, John Schmitt se convirtió en el preso número 98 ejecutado en Virginia desde la reanudación de las ejecuciones. Murió a causa del asesinato de una persona durante un tiroteo que él siempre sostuvo que había sido accidental. Entre quienes pidieron el indulto se encontraba William Page True, ex director de la prisión en la que se encuentra el pabellón de las personas condenadas a muerte en Virginia, que afirmó: "En mis 36 años en los sistemas penitenciarios he conocido a presos mucho peores que el señor Schmitt". Al apoyar la petición de indulto dijo: "Es la primera vez en mi vida que hago esto. Me resulta difícil, porque soy duro como el que más. Es sólo que no creo que deba ser ejecutado. No quiero restar importancia a lo que hizo. Fue terrible. Una persona murió, y hay familias sufriendo. [...] Pero este tipo no es peor que la mayoría de los que están en estas prisiones condenados a cadena perpetua".



Así pues, mientras que en Nueva Jersey no se han llevado a cabo ejecuciones, Virginia ha llegado a 98. La Comisión de Nueva Jersey llegó a la conclusión de que la pena de muerte no tenía un propósito legítimo. ¿Qué beneficio mensurable ha obtenido el sistema de aplicación de la pena capital en Virginia?

Thomas Akers fue ejecutado en Virginia en 2001. A los 17 años fue detenido por robo, juzgado y enviado a una prisión de adultos para cumplir la condena. Después de unos meses escribió al juez que lo había condenado y le pidió que lo ejecutase en la silla eléctrica del estado. Tras recibir la libertad condicional en agosto de 1998, comenzó a utilizar un collar con un colgante con forma de silla eléctrica. Le dijo a su familia que iba a ser ejecutado. En diciembre de 1998 fue detenido por el asesinato de Wesley Smith. Thomas Akers dijo a sus defensores de oficio que no se preocupasen de la defensa y escribió al juez pidiendo que lo condenaran a muerte. Tras haber conseguido lo que quería, se negó a presentar una apelación y fue ejecutado 15 meses después.

"Voluntarios": más arbitrariedad

El informe de la Comisión de Nueva Jersey apuntó a los indicios de un "efecto embrutecedor" asociado a las ejecuciones, que hacía que aumentase el índice de asesinatos.(56) Aunque estos indicios han sido cuestionados, en Estados Unidos ha habido casos individuales en los que la pena de muerte parece haber servido de acicate; es decir, parece haber causado el delito en vez de impedirlo. Daniel Colwell, por ejemplo, disparó al azar contra dos personas en Georgia en 1996 para, según dijo, ser condenado a muerte porque se había dado cuenta de que era incapaz de suicidarse.(57) Daniel Colwell, que sufría esquizofrenia, es uno de los cientos de personas con historial de enfermedades mentales graves que han sido condenadas a muerte en Estados Unidos desde 1977. Colwell se ahorcó en su celda en enero de 2003. De las otras personas condenadas, al menos 100 han sido ejecutadas.(58)

Más de 120 de las personas condenadas a muerte desde 1977 —60 sólo desde 1999— han sido denominadas "voluntarios", reclusos que habían renunciado a la apelación y "accedieron" a su ejecución. Algunos, como Daniel Colwell, se habían negado a defenderse del intento de la fiscalía de lograr la pena de muerte en el juicio. Otros renunciaron un tiempo después de llegar al pabellón de los condenados a muerte. Diversos factores pueden contribuir a que una persona encarcelada no presente una apelación contra su condena a muerte: un trastorno mental, una enfermedad física, el remordimiento, una bravuconada, las creencias religiosas, la dureza de las condiciones de reclusión (incluidos el aislamiento prolongado y la ausencia de visitas en las que se permita el contacto físico), la sombría perspectiva de la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, el pesimismo con respecto a las posibilidades que ofrece la apelación, la búsqueda de notoriedad, o el simple deseo de lograr la sensación de que se controla una situación ante la que, por lo demás, el recluso está impotente. Aunque a veces se hace referencia a las ejecuciones "voluntarias" como a una forma de suicidio asistido por el Estado, "homicidio asistido por el recluso" sería una denominación más precisa. A fin de cuentas, si una persona condenada a muerte pretende realmente suicidarse, el Estado hará todo lo posible para impedirlo.(59)

El fenómeno de los presos que se prestan "voluntariamente" a ser ejecutados contribuye a la lotería de la pena de muerte. Por decirlo de otro modo, dado el índice de error reversible que se da en los casos de pena capital, si los más de 120 "voluntarios" ejecutados desde 1977 hubieran seguido adelante con sus apelaciones, la posibilidad de que los tribunales de apelación hubieran cambiado las condenas de muerte de algunos de ellos por penas de prisión es significativa.(60) Teniendo en cuenta que en torno al 86 por ciento —o más de 100— de los "voluntarios" ejecutados eran de raza blanca, otro aspecto de este fenómeno es que, sin él, el sistema de aplicación de la pena de muerte en Estados Unidos habría resultado aún más discriminatorio desde el punto de vista racial de lo que ya es. Tal y como se aplica en la actualidad, el 29 por ciento de todas las personas ejecutadas eran de raza negra, pese a que los afroamericanos sólo constituyen en torno al 12 por ciento de la población estadounidense. El 57 por ciento de los reclusos ejecutados eran blancos, en comparación con el hecho de que las personas de esta raza constituyen el 80 por ciento del total de la población.

El caso de Bobby Wilcher supuso una nueva vuelta de tuerca en las trágicas historias de los denominados "voluntarios" y añadió aún más incoherencia a la pena de muerte en Estados Unidos. Wilcher, que sufría trastorno bipolar, una grave enfermedad mental, fue ejecutado en Misisipi el 18 de octubre de 2006, tras pasar 22 años condenado a muerte. Las condiciones de reclusión de los condenados a muerte en Misisipi han recibido duras críticas en los últimos años, por razones como, entre otras, las consecuencias psicológicas de estas condiciones y las deficiencias en la atención a la salud mental que se proporciona. En mayo de 2003, un juez federal falló que las condiciones de la Penitenciaría del estado suponían una ofensa "a los conceptos contemporáneos de decencia y dignidad humana y a los preceptos de civilización que afirmamos poseer". Entre otras cosas, el juez llegó a la conclusión de que las inmundas condiciones afectaban a la salud mental de los reclusos, y que la probabilidad de que los condenados a muerte contrajesen enfermedades relacionadas con el calor era elevada, especialmente para los que sufrían enfermedades mentales, porque no tomaban medidas adecuadas para hacer frente al calor o porque, en algunos casos, su medicación interfería con el mecanismo regulador de la temperatura corporal; concluyó también que la exposición a individuos gravemente psicóticos era intolerable, que la atención a la salud mental que recibían los presos era "sumamente inadecuada", y que el aislamiento del "corredor de la muerte", unido a las condiciones de éste y al hecho de que sus internos estaban pendientes de ejecución, debilitaría incluso a la persona más fuerte.

El 24 de mayo de 2006, Bobby Wilcher, que había mostrado tendencias suicidas ya antes de sufrir esas condiciones de reclusión, presentó una moción ante los tribunales para renunciar a todas las apelaciones que tenía pendientes y permitir que el estado pudiera ejecutarlo. Seis semanas después, sin embargo, se puso en contacto con su abogado y le dijo que había cambiado de opinión y que deseaba continuar con sus apelaciones. El 10 de julio, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito rechazó la petición de Wilcher de reanudar sus apelaciones y se negó a suspender la ejecución. En una opinión insólita, la corte afirmó: "Nos da la impresión de que este cambio repentino no es más que una petición de clemencia de las que se formulan en el último momento en el ‘corredor de la muerte’ y que los abogados defensores han obtenido finalmente de Wilcher; en la declaración jurada adjunta se expone sólo el último giro radical de Wilcher [...]". Otras cortes de apelaciones de circuito han permitido reanudar las apelaciones en casos similares, incluso en casos de reclusos que han cambiado numerosas veces de opinión con respecto a si renunciar o no a sus apelaciones. En una causa del año 2000, la Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito manifestó que "no sólo el acusado, sino la sociedad en su conjunto, tiene un gran interés en la regularidad de los procedimientos que se siguen; no hay marcha atrás en una condena a muerte una vez que se ejecuta". Los tribunales no pusieron remedio a esta decisión de la Corte del Quinto Circuito, y Bobby Wilcher fue ejecutado.

Racional o irracional, una decisión tomada por una persona sobre la que pende la amenaza de morir a manos de otros no puede ser consensual. Independientemente del hecho de que los presos que "piden" ser ejecutados puedan estar engañándose o no con respecto al grado de control que tienen sobre su propio destino —a fin de cuentas, simplemente están ayudando a su gobierno en lo que éste ya ha decidido hacer de todos modos—, el Estado es culpable de un engaño mucho mayor. Está intentando vendernos su propia ilusión de control: la de que, matando a una selección de aquellos a quienes condena por asesinato, puede contribuir de manera constructiva a los intentos de acabar con los delitos violentos. En realidad, el Estado está elevando a cotas calculadas y refinadas aquello que pretende condenar: la destrucción deliberada de la vida humana.

El riesgo de error irreversible

En abril de 2002, en Illinois, la Comisión de 14 miembros nombrada por el gobernador para analizar el sistema de aplicación de la pena capital en el estado, en vista de la serie de condenas injustas que se habían dado a conocer, informó de que creía "unánimemente que, teniendo en cuenta la naturaleza y las flaquezas del ser humano, jamás podría idearse o crearse sistema alguno que funcionase perfectamente y garantizase de un modo absoluto que nunca se volvería a condenar a muerte a una persona inocente".

Refiriéndose a la experiencia de Illinois, pero pasando por alto el caso de Anthony Porter, que pasó 17 años condenado a muerte y sólo se salvó de ser ejecutado en Illinois en 1998 porque dio la casualidad de que unos estudiantes investigaron su caso y demostraron su inocencia, el juez Scalia perpetuó recientemente el mito de que las exoneraciones a los reclusos condenados no demostraban "el fracaso del sistema, sino su éxito". El juez Scalia también afirmó:

Al igual que otras instituciones humanas, los tribunales y los jurados no son perfectos. No se puede tener un sistema penal sin aceptar la posibilidad de que alguna persona será castigada por error. Eso es un hecho evidente, no una novedad. Pero por lo que respecta a la pena de muerte en el actual sistema estadounidense, la posibilidad se ha reducido a un mínimo insignificante. Eso explica el por qué aquellos a quienes la ideología empuja a indagar y declarar que la ejecución moderna es una equivocación no tienen ni un solo caso verificable que señalar […].(61)

Resulta escandaloso que alguien, y más aún un juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, pueda considerar "insignificante" el riesgo de que se dicten condenas erróneas en casos punibles con la pena capital, teniendo en cuenta la cantidad de errores de este tipo —más de 100— que se han descubierto desde que Gary Gilmore fue ejecutado.(62) Amnistía Internacional, que no tiene reparos en oponerse ideológicamente a la pena de muerte, apenas tiene dudas de que antes o después se demostrará que, desde 1977, en Estados Unidos se ha ejecutado a al menos una persona por un delito que no cometió. Estos casos son, desde luego, difíciles de probar, especialmente antes de la abolición. El Estado opondrá resistencia a los intentos de dar a conocer la ejecución de una persona inocente, y, en cualquier caso, una vez que una persona ha sido ejecutada, los escasos recursos de que disponen los colectivos jurídico y abolicionista se utilizarán por lo general en intentar impedir que se lleven a cabo futuras ejecuciones. En el Reino Unido, por ejemplo, se tardó casi medio siglo en limpiar el nombre de Mahmood Mattan, un marinero somalí de 28 años ahorcado en ese país en 1952. Tras una larga campaña que familiares y otras personas llevaron a cabo para demostrar su inocencia, un tribunal de apelaciones anuló en 1998 su condena por asesinato, que había sido errónea.

No obstante, una serie de investigaciones han sacado a la luz indicios que apuntan a que, desde 1977, en Estados Unidos se ha ejecutado a personas condenadas erróneamente. Periodistas del Chicago Tribune, por ejemplo, han aportado información convincente de que Carlos De Luna, ejecutado en Texas en 1989 por un asesinato cometido seis años antes, era inocente del delito por el que murió.(63) Otras tres investigaciones realizadas en los últimos dos años han apuntado a la ejecución de hombres que es posible que fueran inocentes: Cameron Todd Willingham y Ruben Cantu, ejecutados en Texas en 1993 y 2004 respectivamente, y Larry Griffin, ejecutado en Misuri en 1995.(64) Hay muchos otros casos de personas que fueron ejecutadas a pesar de que existían dudas sobre su culpabilidad.



Las distintas respuestas de los estados al mismo problema —las condenas erróneas en casos de pena capital— son otra faceta de la arbitrariedad de la pena de muerte en Estados Unidos. En Illinois, poco después de descubrirse que el número de personas inocentes condenadas a muerte era de dos cifras, el gobernador del estado declaró una suspensión de las ejecuciones y posteriormente concedió el indulto a todas las personas condenadas a la pena capital. En Florida ha habido 22 exoneraciones de este tipo, pero no se han dado pasos hacia una suspensión o declaración de indulto por esa razón. En todo el territorio de Estados Unidos, las autoridades responsables de conceder clemencia han suspendido algunas ejecuciones y han conmutado condenas basándose en la existencia de dudas persistentes; en otras ocasiones, casos igualmente convincentes no han logrado el indulto.

El gobernador de Oklahoma, por ejemplo, conmutó la condena a muerte de Phillip Dewitt Smith en 2001, poco antes de la fecha de ejecución, debido a las dudas existentes sobre su culpabilidad. Phillip Smith, de raza negra, había sido condenado a muerte por el asesinato de un hombre blanco cometido en 1983. No había pruebas materiales en su contra, y los testigos que declararon contra él entraron en contradicciones o se retractaron posteriormente.(65) Un año antes de la conmutación de la condena de Phillip Smith, Gary Graham fue ejecutado en Texas. Graham, de raza negra, fue condenado a muerte por el asesinato de un hombre blanco en 1981. No había pruebas materiales en su contra, la declaración de los testigos de cargo fue sumamente dudosa y hubo testigos que no comparecieron en la vista y que afirmaban que él no era el asesino. El gobernador de Texas se negó a intervenir.(66)

Una crueldad prolongada y persistente

El riesgo de error irreversible es, desde luego, uno de los principales defectos de la pena capital. Su crueldad inherente es otro. Tal y como escribió el juez Byron White en la causa Furman v. Georgia, "la imposición y la ejecución de la pena de muerte son evidentemente crueles en el estricto sentido de la palabra". En el mismo fallo, el juez añadió:

Sabemos que el sufrimiento mental es una parte inseparable de nuestra práctica de castigar a los delincuentes con la muerte, porque la perspectiva de la ejecución se cobra un altísimo precio durante la inevitable y prolongada espera entre la imposición de la sentencia y la ejecución real.

Hace más de un siglo, la Corte Suprema reconoció que "cuando un preso condenado a muerte por un tribunal está recluido en una penitenciaría en espera de la ejecución de la condena, uno de los más terribles sentimientos a los que se le que puede someter durante todo ese tiempo es la incertidumbre".(67) Ésta es la angustia que Ronald Chambers ha vivido durante los últimos tres decenios; ha permanecido recluido en Texas durante los últimos 31 años, casi todos ellos en el pabellón de los condenados a muerte.(68) Condenado a la pena capital por primera vez en 1976, tenía 20 años en el momento de cometer el delito. Cumplió 52 años el 11 de enero de 2007, dos semanas antes de la fecha prevista para su ejecución, el 25 de enero.



Amnistía Internacional considera que dejar que una persona permanezca condenada a muerte aunque sólo sea un día es ya demasiado tiempo; si una amenaza de muerte en una sala de interrogatorios se considera tortura, ¿por qué no ocurre lo mismo cuando se trata de una celda del "corredor de la muerte"? En Estados Unidos se plantea la cuestión de cuánto tiempo puede permanecer una persona condenada a muerte antes de que este trato se considere una pena "cruel e insólita" prohibida por la Octava Enmienda de la Constitución. La Corte Suprema de Estados Unidos no ha abordado directamente esta cuestión, pero algunos jueces han planteado su preocupación a título individual. Por ejemplo, el juez Stevens escribió en 1995 que ejecutar a un preso que había permanecido condenado a muerte durante 17 años —más de 10 años menos que Ronald Chambers— posiblemente invalidaba cualquier justificación relativa al carácter punitivo o el efecto disuasorio de la pena. Si ya no existían estos objetivos, señaló, las consecuencias serían "evidentemente excesivas y crueles".(69) En 2002, en el caso de un recluso de Florida que llevaba 27 años condenado a muerte, el juez Breyer escribió sobre "esta reclusión extraordinariamente prolongada bajo condena de muerte, una reclusión que se extiende desde el final de la juventud hasta bien entrada la madurez". El juez Breyer manifestó que, de ser ejecutado, el preso habría sido "castigado tanto con la muerte como con una reclusión de más de una generación en la penumbra del corredor de la muerte. Es justo preguntar si ese castigo es tanto insólito como cruel".(70)

Al menos el 60 por ciento de las personas condenadas a muerte fueron detenidas cuando aún no tenían 30 años; sin embargo, la edad media de las personas que se encontraban en el "corredor de la muerte" el 31 de diciembre de 2005 era de 42. Más de 50 eran mayores de 65 años; la más anciana tenía 90.(71) Sólo en seis estados —California, Florida, Ohio, Texas, Pensilvania y Alabama— hay en torno a 300 reclusos (aproximadamente el 10 por ciento del total de todo el territorio nacional) que llevan como mínimo 20 años condenados a muerte.(72)

En su informe del 2 de enero de 2007, la Comisión de Nueva Jersey afirmó que "en la práctica, el tiempo que los asesinos convictos en Nueva Jersey pasan pendientes de ejecución es un argumento en contra de la utilidad de la pena de muerte como medida disuasoria". Según este razonamiento, el efecto disuasorio de la pena capital disminuye aún más a medida que pasan los años.

Al mismo tiempo, a medida que la población reclusa condenada a muerte ha ido aumentando con los años, las condiciones en muchos "corredores de la muerte" se han vuelto aún más duras; el aislamiento, la carencia de contacto humano y la inexistencia de actividades en grupo se han vuelto habituales a consecuencia de un planteamiento sobre el encarcelamiento adoptado en las décadas de 1980 y 1990 en el que se ha dado prioridad al efecto punitivo frente al carácter rehabilitador. Las personas encarceladas en prisiones de máxima seguridad permanecen confinadas hasta que mueren, son ejecutadas o quedan en libertad. En algunos estados, como Texas, las condiciones de los pabellones destinados a los condenados a muerte pueden ser tan estrictas como las de las prisiones estadounidenses de "súper máxima" seguridad, un concepto "que en la actualidad está arraigado en las prisiones estadounidenses".(73) El Comité de la ONU contra la Tortura ha calificado determinados aspectos de las prisiones de súper máxima seguridad de régimen "excesivamente riguroso", y el Comité de Derechos Humanos de la ONU los ha descrito como "incompatibles" con las normas internacionales. Los reclusos que están en espera de ejecución tienen que hacer frente al tormento adicional de la pena de muerte.

La pena de muerte arrastra a los familiares de los condenados al inevitable ciclo de esperanza y desesperación que conlleva esta pena. Las condenas a muerte afectan de un modo desproporcionado a la comunidad afroamericana. En torno al 42 por ciento de los reclusos que se encuentran en los pabellones de los condenados a muerte son de raza negra, lo que supone más del triple con respecto al porcentaje de afroamericanos en el conjunto de la población.

Matar con prejuicios: la raza en los casos de pena capital

Numerosos estudios realizados a lo largo de los años han llegado reiteradamente a la conclusión de que la raza, especialmente la raza de la víctima del asesinato, es un factor que influye a la hora de determinar qué personas van a ser condenadas a muerte.(74) El 80 por ciento de las personas ejecutadas en Estados Unidos desde 1977 fueron declaradas culpables de delitos en los que había víctimas de raza blanca; sin embargo, el número de víctimas de asesinato en Estados Unidos es aproximadamente el mismo entre personas de raza blanca y de raza negra. Al menos uno de cada seis de los 350 afroamericanos ejecutados en Estados Unidos desde 1977 fue juzgado ante un jurado compuesto en su totalidad por personas de raza blanca. Teniendo en cuenta la historia racista de Estados Unidos (y de otros lugares) sólo el hecho de que pueda existir cualquier tipo de influencia racial en los casos de pena capital debe hacer que los políticos estadounidenses se avergüencen de tal manera que pongan fin a la pena de muerte, en vez de defenderla. Tres jueces de la Corte Suprema que expresaron una opinión concurrente con la decisión de la causa Greggen 1976 admitieron que en el experimento de la pena de muerte al que estaban dando comienzo "se cometerán errores y se producirá discriminación". Sin embargo, se negaron a fallar en contra de la reanudación de las ejecuciones "en función de lo que es simplemente una aseveración de la falta de fe en la capacidad del sistema de justicia para actuar de un modo básicamente justo".(75) No se equivocaron en sus predicciones sobre los errores y los prejuicios, pero sí lo hicieron al negarse a ofrecer la única solución posible: la abolición.

John Luttig e Ivan Holland tenían 63 años cuando encontraron una muerte prematura en la localidad de Tyler, al este de Texas. A los dos los mataron a tiros en un acto de violencia sin sentido. A John Luttig, un acaudalado empresario de raza blanca, le dispararon cuando se encontraba en su casa de Tyler el 19 de abril de 1994. Dos años después, el 7 de mayo de 1996, Ivan Holland, un afroamericano sin hogar que vivía en las calles de Tyler, fue tiroteado y dado por muerto ante una tienda de comestibles.

Los atacantes de Ivan Holland fueron tres jóvenes de raza blanca de los que se dijo que tenían "fijación con Hitler" y que solían insultar a judíos, negros e hispanos. En una vista celebrada en 1997, Todd Rasco, de 23 años, declaró que, al contarles a sus compañeros que estaba pensando en suicidarse, ellos le instaron a que, en vez de hacerlo, simplemente matase a un "negro asqueroso". Armados con la nueva escopeta de Rasco, los tres habían conducido por Tyler buscando a una persona de raza negra para matarla. Todd Rasco afirmó que se había puesto calcetines en las manos para no dejar huellas en el arma, y que él y sus dos amigos se habían reído posteriormente cuando en las noticias apareció que la policía estaba buscando a tres hombres de origen hispano. Tras llegar a un acuerdo con la fiscalía, Todd Rasco fue condenado a 45 años de cárcel. Chad Crow, de 21 años, fue condenado a 37 años y medio por animar a Rasco a que disparase contra Holland. Ambos reclusos podrán optar a la libertad condicional cuando hayan cumplido la mitad de sus condenas.

Los atacantes de John Luttig fueron tres adolescentes de raza negra que pretendían robar el Mercedes Benz en el que la víctima acababa de regresar a su casa. Napoleon Beazley, de 17 años, fue condenado a muerte por haber realizado los disparos. Los otros dos acusados, Cedric y Donald Coleman, que manifestaron que Beazley estaba tan arrepentido de haber disparado que tuvieron que impedirle que se suicidara, fueron condenados a cadena perpetua por su participación en el crimen. Podrán optar a la libertad condicional transcurridos 80 años; es decir, 60 años después de Todd Rasco y Chad Crow.



En el juicio de Napoleon Beazley, ante un jurado compuesto por 12 personas de raza blanca, los dos fiscales, también blancos, habían calificado al acusado, de raza negra, de "animal" cuyas "presas resultaron ser seres humanos". La fiscalía había descartado a varios afroamericanos de entre los candidatos a ser miembros del jurado, y se había asegurado de que éste estuviese compuesto en su totalidad por personas de raza blanca. Una de las personas rechazadas era un hombre que, diez años antes, había sido procesado y absuelto por conducir borracho, lo que, a los ojos de la fiscalía, lo convertía en una persona poco adecuada para formar parte de un jurado. No ocurrió lo mismo con otro candidato, que fue seleccionado a pesar de que había sido condenado por conducir en estado de embriaguez. Tras el juicio se supo que esta última persona albergaba profundos prejuicios raciales, que incluso le habían llevado a negarse con frecuencia a arreglar objetos que clientes de raza negra le llevaban debido a su trabajo como técnico en reparaciones. Posteriormente dijo sobre Napoleon Beazley "el negro asqueroso recibió su merecido", y su esposa confirmó que "en la mayoría de las ocasiones" él utilizaba la expresión "negro asqueroso" para referirse a los afroamericanos.(76)

Napoleon Beazley fue ejecutado el 28 de mayo de 2002. Unas horas antes, la Corte Suprema del estado de Misuri concedió una suspensión indefinida de la ejecución de Christopher Simmons, a la espera del resultado de una causa presentada ante la Corte Suprema de Estados Unidos para decidir si las "normas morales" estadounidenses habían evolucionado hasta el punto de considerar que la ejecución de personas con discapacidad intelectual constituye un castigo cruel e insólito. Aunque Simmons no alegaba sufrir una discapacidad intelectual, en su apelación planteó que una resolución favorable de la Corte Suprema de Estados Unidos con respecto a esa cuestión podría dar lugar a un fallo según el cual también exista consenso nacional contra la ejecución de personas condenadas por delitos cometidos cuando eran menores de 18 años (Simmons, al igual que Beazley, tenía 17 años cuando se cometió su delito). La Corte de Apelaciones en lo Penal de Texas había denegado una suspensión de la ejecución de Napoleon Beazley solicitada basándose en la misma alegación que la Corte Suprema de Misuri había aceptado en la causa de Christopher Simmons. En 2002, en la causa Atkins v. Virginia, la Corte Suprema de Estados Unidos prohibió la ejecución de personas con discapacidad intelectual, y se basó en este fallo para prohibir, tres años después y en la causa Roper v. Simmons, la ejecución de personas que fueran menores de edad en el momento del delito.(77) La causa que la Corte utilizó para decidir sobre la cuestión de los delincuentes menores fue la de Christopher Simmons. Sin embargo, había permitido que Napoleon Beazley fuese ejecutado.

La evolución de las normas morales

En 1958, la Corte Suprema de Estados Unidos aclaró que las palabras de la Octava Enmienda a la Constitución, que prohíben la pena "cruel e insólita", "no son precisas" y su "alcance no es inamovible". Más bien al contrario, "el significado de la Enmienda debe basarse en la evolución de las normas morales que caracteriza al progreso de una sociedad en proceso de maduración".(78) Fue este criterio el que la Corte aplicó a la cuestión de la ejecución de menores y de personas con discapacidad intelectual cuando llegó a la conclusión —más tarde que la mayoría del resto del mundo— de que ambas categorías de delincuentes deben estar exentas de la pena de muerte. Aunque Amnistía Internacional acogió estas decisiones con satisfacción, la organización considera que su lamentable retraso con respecto a otros países y al derecho internacional ilustra cómo el criterio de la "evolución de las normas morales" puede conspirar contra los cambios progresivos en Estados Unidos.

Las decisiones en las causas Atkins y Roperplantearon un interrogante sobre otra categoría de delincuente, concretamente las personas con enfermedades mentales graves. La Corte había reiterado que "la pena capital debe limitarse a los delincuentes que cometen una reducida categoría de los delitos más graves, y cuya culpabilidad extrema hace que sean quienes más merecen la ejecución". A la luz de esta afirmación, se pone aún más de relieve el hecho de que en Estados Unidos se siga imponiendo la pena de muerte a personas con graves enfermedades mentales. Las condenas a muerte en estos casos son a todas luces excesivas e incompatibles con la dignidad humana, ya sea la dignidad del delincuente o la del conjunto de la sociedad.

Hace 30 años, el criterio de la "evolución de las normas morales" permitió a la Corte Suprema soslayar la abolición y el antagonismo que el fallo en la causa Furmanhabía causado entre los legisladores de los estados. En la causa Gregg v. Georgia, la mayor parte de los jueces concluyó que los avances legislativos que se habían producido en los cuatro años transcurridos desde la causa Furmanhabían "debilitado considerablemente" la idea de que las normas morales habían evolucionado hasta el punto de considerar que la pena de muerte era inconstitucional. En otras palabras, dado que en torno a 35 estados habían respondido a la causa Furmanpromulgando nuevas leyes sobre pena de muerte, entonces era "evidente que una gran parte de la sociedad estadounidense continúa considerando que [la pena de muerte] constituye una sanción penal adecuada y necesaria". Con esta conclusión, la Corte abrió la puerta de las salas de ejecuciones de todo el país.

En 1995, por el contrario, el Tribunal Constitucional de Sudáfrica llegó a la conclusión de que la pena de muerte violaba la nueva Constitución del país. Uno de los jueces, basándose en la idea estadounidense de la "evolución de las normas morales", recordó la opinión del juez Antonin Scalia, de la Corte Suprema de Estados Unidos, que había afirmado que "el riesgo de evaluar las normas en evolución es que resulta sumamente fácil creer que esa evolución ha culminado en nuestras propias opiniones".(79) El juez Ackermann continuó:

Ésta es una advertencia importante que espero haber tenido en mente. Creo, sin embargo, que existen sobrados indicios objetivos de que la evolución de las normas de la civilización demuestra que la pena de muerte es inaceptable en países que son, o aspiran a ser, sociedades libres y democráticas. La mayor parte de los países democráticos han eliminado la pena de muerte por asesinato […]. [E]n general, en las sociedades democráticas civilizadas se ha llegado a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte es inadmisiblemente cruel, inhumana y degradante, no sólo para quienes la sufren, sino también para la sociedad que la aplica.(80)

Al hablar contra la pena de muerte el 11 de enero de 2007, el secretario general de la ONU Ban Ki-moon hizo hincapié en que el derecho a la vida es precioso "y debe ser respetado" y protegido, y sostuvo que todas las personas tienen derecho a vivir con dignidad. Resaltó la tendencia de la práctica en el ámbito nacional y "de la ley internacional hacia una eliminación final de la pena de muerte", y añadió que respaldaba esa tendencia.(81) Por el contrario, el juez Scalia ha escrito que la pena de muerte es moralmente aceptable, y que la "aversión moderna a la pena de muerte" es la respuesta predecible pero equivocada al "autogobierno moderno y democrático" en el que, afirma, la ética privada se equipara a la ética del gobierno. Pocas personas, escribió, "dudaban de la moralidad de la pena de muerte en la época en la que se creía en el derecho divino de los reyes".(82) Estados Unidos se sublevó contra la monarquía, pero aún tiene que hacerlo contra la pena capital. Es más, las autoridades estadounidenses suelen defender el hecho de que en su país se recurra al homicidio judicial calificándolo de democracia en acción y no de uso o abuso del poder del Estado. De este modo, el reciente informe de Estados Unidos al Comité de la ONU contra la Tortura justificaba la pena de muerte alegando que "una mayoría del pueblo y del país en general, ha optado, por conducto de sus representantes democráticamente elegidos, por aceptar la posibilidad de la pena capital para los delitos más graves".(83) En una de sus opiniones más recientes, el juez Scalia expresó la otra cara de esta postura estadounidense: es decir, que los dirigentes que eliminan la pena de muerte —a pesar del aparente respaldo a la pena de muerte por parte de la opinión pública— no son democráticos:

En algunas partes del mundo se critica con santurronería la pena de muerte en Estados Unidos, como algo impropio de una sociedad civilizada. (Y digo con santurronería porque en la mayoría de los países a los que pertenecen quienes nos señalan con el dedo ha existido la pena de muerte hasta hace poco; de hecho, en muchos de ellos aún existiría si hubiese prevalecido la voluntad democrática).(84)

Hace 60 años, la Corte Suprema de Estados Unidos escribió que la finalidad de la Carta de Derechos, las primeras 10 enmiendas a la Constitución, aprobadas en 1791, era "apartar determinadas cuestiones de los avatares de la controversia política, dejarlas fuera del alcance de autoridades y mayorías […]. [L]os derechos fundamentales no pueden someterse a votación; no dependen del resultado de las elecciones".(85) Amnistía Internacional coincide con esto: el respeto por los derechos fundamentales no debe depender de las encuestas de opinión ni de otros indicadores del sentir de la opinión pública, incluido el voto. El simple hecho de que una asamblea legislativa elegida democráticamente apruebe una ley que permite los abusos contra los derechos humanos no hace que esa ley sea justa.(86) El propio juez Scalia ha admitido que el abuso aprobado democráticamente tiene límites:

¿Qué ocurriría si un Estado promulgase una nueva ley que impusiese la flagelación pública, o el marcado a fuego de la mano derecha, como penas para determinados delitos? […] Dudo de que ningún juez federal […] las confirmara si alguien las impugnase en virtud de la octava enmienda […]. Tengo la absoluta seguridad de que ninguno de nuestros tribunales confirmaría la flagelación pública ni el marcado de las manos.(87)

Sin embargo, cuando es el Estado el que mata judicialmente a personas declaradas culpables de determinados delitos, el juez Scalia muestra un doble rasero. Mantiene que si "el pueblo estadounidense ha decidido que el bien que se obtiene de la pena capital […] compensa el riesgo de error", entonces "no compete a esta Corte, ni a sus jueces, cuestionar esta opinión, mucho menos ponerla en duda ante el mundo, y menos aún frustrarla imponiendo obstáculos a su ejecución inventados judicialmente".(88)

En el fallo de 1995 del Tribunal Constitucional sudafricano que anunciaba el fin de la pena de muerte en ese país, el juez Ackermann escribió:

No es sólo la dignidad de la persona que va a ser ejecutada la que se invade. Muy posiblemente es la dignidad de todos nosotros, integrantes de una civilización humanitaria, la que queda comprometida por el acto de repetir de un modo sistemático y deliberado, aunque con un objetivo por completo diferente, lo que en primer lugar habíamos juzgado tan repugnante en la conducta del delincuente.

Ese mismo parecer lo expresó recientemente el padre de una muchacha secuestrada y asesinada en Ohio. Gregory McKnight fue condenado a muerte por el homicidio. El padre y la madre de la víctima, Thomas y Cynthia Murray, intentan obtener el indulto para McKnight. Su hija, Emily Murray, se oponía a la pena de muerte. Sobre su deseo de no ver a McKnight ejecutado, Thomas Murray manifestó: "Es por Emily. Es por el pueblo de Ohio. Cuando ejecutamos a alguien puede que, de un modo sutil, nos dañemos a nosotros mismos".(89) El nuevo gobernador de Ohio, Ted Strickland, ha reconocido que a él también le preocupan las consecuencias de la pena de muerte en quienes la llevan a cabo, así como su repercusión "en el conjunto de la sociedad".(90)

¿Democrática pero perjudicial? Decisiones judiciales que parecen tener motivaciones ideológicas

Los poderes ejecutivo, legislativo y judicial tienen una función que desempeñar en la promoción y el respeto de las normas de derechos humanos. La historia de los avances hacia la abolición en todo el mundo revela que, al igual que indica el comentario del juez Scalia con respecto a los países que "señalan con el dedo", los Estados no han esperado a lo que se cree que piensa la opinión pública para rechazar la pena de muerte. En algunos casos ha sido el poder político el que ha tomado la iniciativa. El 7 de junio de 2006, por ejemplo, el Congreso de Filipinas aprobó legislación que abolía la pena de muerte en ese país. Dos meses antes, la presidenta Arroyo había ordenado la conmutación de todas las condenas a muerte —más de 1.000— en lo que se considera como el mayor indulto ejecutivo de la era moderna. En otros casos ha sido el poder judicial el que ha tomado medidas, como ocurrió en Sudáfrica en 1995.

Esto ha ocurrido en ocasiones en Estados Unidos, aunque sólo con efecto temporal. En la causa Gregg, la Corte Suprema se retractó de lo dicho cuatro años antes en la decisión sobre la causa Furman. También en 1972, el presidente de la Corte Suprema de California escribió en una resolución en la que se concluía que la pena de muerte impuesta por el estado era inconstitucional: "La aceptación de la pena capital por parte de la opinión pública es un factor relevante pero no determinante a la hora de analizar si está en consonancia con las normas morales contemporáneas. Pero la aceptación pública no puede medirse por la existencia de leyes sobre la pena de muerte ni por el hecho de que algunos jurados impongan la muerte a los acusados".(91) En ocasiones, los jueces incorporan su propio criterio al dictar una resolución.

Esto no conducirá necesariamente a avances contra la pena de muerte si no hay en otros poderes del Estado un liderazgo basado en principios de derechos humanos. En Estados Unidos, los jueces federales son nombrados por el presidente, con el asesoramiento y la aprobación del Senado. No resulta sorprendente que el respaldo político a la pena de muerte en la Casa Blanca y el Congreso durante los últimos decenios se haya traducido en el nombramiento de pocos jueces federales que se opusieran ideológicamente al homicidio judicial. Por lo tanto, la principal diferencia entre los jueces con respecto a la pena de muerte ha sido su mayor o menor apoyo a la regulación del proceso de aplicación de la pena capital, y no su oposición a las ejecuciones en sí.

Como escribió el ya fallecido presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, William H. Rehnquist: "Evidentemente, existe un amplio margen para las sinceras diferencias de opinión sobre el significado de las frases generales de la Constitución: la decisión de un juez concreto cuando se plantea una cuestión con respecto a alguna de estas frases generales dependerá en cierta medida de su propia filosofía del derecho constitucional".(92) En un artículo sumamente influyente publicado en 1992, en el que se analizaban los diversos conceptos de "política" utilizados para describir a la Corte Suprema de Estados Unidos, se señalaba que:

No se trata necesariamente de que el voto de un juez nazca de sus preferencias políticas y sea previo a un proceso de racionalización jurídica. A veces, por supuesto, ocurre esto. Pero es inevitable que principios filosóficos diferentes den lugar a resultados distintos, por lo que las diversas jurisprudencias de los jueces tendrán indefectiblemente diferentes consecuencias. Por ejemplo, quienes consideran que la principal función de la Corte es la de proteger a la persona, especialmente a la que no goza de la simpatía de la opinión pública, contra el poder del Estado, se inclinarán necesariamente hacia el activismo (definido aquí como la voluntad de considerar inconstitucionales las leyes y actuaciones de las autoridades debidamente elegidas); a quienes respetan a las autoridades elegidas, salvo cuando se producen las más flagrantes violaciones de la Constitución, se les considerará, lógicamente, moderados.(93)

Con respecto a los casos de pena de muerte, el resultado final de la línea divisoria "conservador/liberal" puede ser lo que parece constituir una toma de decisiones ideológica por parte de los jueces federales, haciendo que aumente la necesidad de que los otros dos poderes del Estado, el ejecutivo y el legislativo, tomen medidas para proteger los derechos humanos fundamentales. Un ejemplo reciente de esto se produjo en el caso de Levar Walton, un preso con una grave enfermedad mental declarado culpable de tres asesinatos cometidos en 1996 y condenado a muerte en Virginia, en donde continúa pendiente de ejecución.

Existen claros indicios de que Levar Walton ya sufría una enfermedad mental en el momento de cometer los asesinatos y que no estaba capacitado para someterse a juicio. Una vez encarcelado, su enfermedad mental se agravó: en los registros de la prisión se le describe como un recluso "completamente psicótico" al que parece importarle poco su ejecución inminente. Así pues, la principal cuestión que se planteó en este caso fue la de determinar si estaba legalmente demente y, por lo tanto, estaba "incapacitado" para ser ejecutado. La ejecución de un preso con demencia viola la Constitución estadounidense en virtud de la resolución tomada en 1986 por la Corte Suprema en la causa Ford v. Wainwright. Sin embargo, las protecciones establecidas en la resolución Fordhan resultado ser mínimas. Como mínimo imprescindible, la resolución establece que el preso debe ser capaz de establecer la relación entre su delito y su castigo. Sin embargo, ¿qué sucede si esa conexión es sumamente leve o se produce en un mundo interior ilusorio y producto de una grave enfermedad mental? El significado de la resolución en la causa Fordes precisamente lo que sigue siendo motivo de discrepancia en los tribunales inferiores.(94)

En mayo de 2003, una corte federal de primera instancia dictó una suspensión de la ejecución a fin de evaluar si Levar Walton estaba capacitado para ser ejecutado conforme a la resolución de la causa Ford. Tras celebrar una serie de vistas en las que se escucharon opiniones profesionales contradictorias sobre la capacidad de Walton para ser ejecutado, el juez lo declaró capacitado según una estrecha interpretación de la resolución Ford. Los abogados de Walton apelaron ante una sala de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito, alegando que la resolución Fordno sólo establece que el condenado debe comprender que va a ser ejecutado y por qué, sino que requiere que el preso comprenda su situación hasta el punto de que pueda prepararse para su muerte.(95) Dos de los jueces coincidieron con este dictamen. Señalando que la resolución de la causa Ford"plantea problemas" porque no había definido la demencia ni había establecido procedimientos para determinar la capacidad de las personas que van a ser ejecutadas, en la resolución dictada por el tribunal en 2005 se manifestó que, como en el caso de Walton, "una persona que sólo puede reconocer, entre un aluvión de respuestas incoherentes, el hecho básico de que va a ser ejecutada y que su delito es el motivo de esa ejecución no cumple el criterio de capacidad" establecido en virtud de la resolución Ford.

La acusación solicitó, y obtuvo, una nueva vista ante los 13 jueces de la Corte del Cuarto Circuito. En marzo de 2006, una mayoría de siete jueces concluyó que el tribunal federal de primera instancia había aplicado la norma legal correcta. Los siete jueces habían sido nombrados por presidentes republicanos (dos de ellos habían sido nombrados por George W. Bush y tres por George H.W. Bush).(96) Los otros seis discreparon, señalando las "pruebas sustanciales que indican que Percy Levar Walton no comprende que su ejecución significará su muerte, definida como el fin de su vida física". También indicaron que "no cabe duda de que, desde que fue condenado, Walton se ha sumido más y más en la enfermedad mental". Cinco de estos seis jueces habían sido nombrados por Bill Clinton, un presidente demócrata.(97) Está claro que estos seis jueces adoptaron una postura más "liberal" que los otros siete.(98)

Este fenómeno es evidente en otros aspectos de la pena de muerte. Por ejemplo, en septiembre de 2000, en la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito se produjo un empate a siete votos al decidir si se concedía a Philip Workman, un recluso condenado a muerte en Tennessee, la celebración de una vista para analizar las nuevas pruebas que apoyaban su declaración de inocencia (el empate supuso que no se le concedió). Los siete jueces que votaron a favor de una nueva vista habían sido nombrados por presidentes demócratas.(99) Los siete que votaron en contra habían sido nombrados por presidentes republicanos.(100) En una decisión más reciente de esta misma Corte relativa a la causa de Abu-Ali Abdur’Rahman, otro caso de pena de muerte en Tennessee con numerosos factores inquietantes relativos a la raza, la salud mental, la representación jurídica inadecuada y la conducta indebida por parte de la fiscalía, nueve de los 10 jueces que votaron a favor de los supuestos de la fiscalía habían sido nombrados por presidentes republicanos; el presidente George W. Bush había designado a seis de ellos.(101) Los cinco jueces que discreparon habían sido nombrados por presidentes demócratas.

Amnistía Internacional no está insinuando que los jueces federales carezcan de independencia ni que el sistema para su nombramiento sea poco democrático. Los votantes, por ejemplo, sabían o podían haber sabido que George W. Bush probablemente nombraría a jueces conservadores si resultaba elegido presidente.(102) La cuestión es muy sencilla: no sólo no deben utilizarse los principios democráticos para justificar las violaciones de derechos humanos, sino que la democracia en sí no librará a la sociedad de esos abusos. Es necesario que haya un debate público bien informado y que haya, en todos los ámbitos del gobierno, dirigentes con principios que defiendan los derechos humanos.

Pero las votaciones reñidas en los tribunales también hacen que aumente la arbitrariedad de la pena de muerte. Si una causa está tan poco clara que un voto en uno u otro sentido supone la diferencia entre la vida y la muerte, ¿se puede aceptar en una pena irreversible? Walter Mickens, de raza negra, fue ejecutado en Virginia el 12 de junio de 2002. Había sido condenado a muerte en 1993 por el asesinato de un adolescente de raza blanca, Timothy Hall, que estaba acusado de tenencia ilícita de armas y agresión. El juez desestimó los cargos debido a la muerte de Hall y, al siguiente día laborable, designó como abogado de Walter Mickens al mismo que había defendido a Hall. Ni el juez ni el abogado dijeron a Mickens que el letrado que lo defendía era el de la víctima del asesinato. El asunto continuó sin saberse hasta que el abogado que representó a Mickens en la apelación lo descubrió, años más tarde. Sin embargo, la sentencia condenatoria y la condena a muerte se mantuvieron.

El hecho es que Walter Mickens fue discriminado debido a su situación económica. Al no poder permitirse contratar un abogado, el estado le designó uno de oficio, y lo hizo sin asegurarse de que el abogado designado no estaba sometido a un conflicto de intereses o de que Mickens conocía la existencia de un posible conflicto de este tipo para, si así lo deseaba, tener la oportunidad de pedir otro representante.

Cuatro jueces de la Corte Suprema (los jueces "liberales") emitieron un voto particular alegando que Mickens debía ser juzgado de nuevo. El juez Stevens escribió: "La Constitución garantizaba a Mickens el derecho a un abogado dedicado a servir únicamente a sus intereses [...] La anulación de la sentencia condenatoria de Mickens es lo único que puede mantener la confianza de la opinión pública en la justicia de los procedimientos que se siguen en los casos de pena de muerte [...] Una norma que permite que el Estado asigne como abogado de un acusado de asesinato al que fuera abogado de la víctima no sólo es caprichosa, sino que corrompe la integridad de nuestro sistema de justicia acusatorio".(103) Los jueces Breyer y Ginsburg añadieron que "ejecutar una condena a muerte impuesta de este modo haría que disminuyese la fe en la justicia e integridad de nuestro sistema de justicia penal. Es decir, mermaría la confianza de la opinión pública en el sistema de justicia penal, confianza de la que sigue dependiendo el funcionamiento satisfactorio de ese sistema".

Mientras la pena de muerte siga vigente, estos desacuerdos entre jueces en causas de vida o muerte continuarán, dando la impresión de que las decisiones se toman por motivos ideológicos y minando la confianza en la imparcialidad del poder judicial.

Jeffrey Leonard, alias James Earl Slaughter, es un afroamericano condenado a muerte que permanece recluido en una prisión de Kentucky. En 2001, un juez federal de primera instancia (nombrado por el presidente Clinton) le concedió una revisión de la condena basándose en que la representación letrada que había tenido cuando se dictó la condena inicial había sido inadecuada.

El estado de Kentucky presentó una apelación, y, en junio de 2006, una sala de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito anuló el fallo del juez federal de primera instancia. Los tres jueces concluyeron que la representación del abogado durante el juicio había sido deficiente desde el punto de vista de la Constitución, pero dos de ellos (nombrados por los presidentes Reagan y Bush padre) decidieron que no había perjudicado al acusado. El tercero (designado por el presidente Clinton) presentó un voto particular y acusó a sus dos colegas de "hacer la vista gorda" ante la gran cantidad de pruebas atenuantes que podían y debían haberse presentado al jurado durante el juicio.(104) Posteriormente, el juez Cole escribió sobre el caso:

Jeffrey Leonard, de 22 años, fue condenado a muerte por robar y matar a puñaladas a Esther Stewart, propietaria de una tienda. El hecho de que el abogado no investigase los antecedentes de Leonard le impidió incluso saber que "James Earl Slaughter" no era el nombre real de Leonard […]. [E]l jurado nunca supo que posiblemente Slaughter tenía una lesión cerebral consecuencia de una fractura de cráneo cerca del lóbulo frontal derecho que había sufrido en la infancia y para la que no había recibido tratamiento; que su trastorno cognitivo se debe, probablemente, a su lesión cerebral; que su madre y su padrastro (el padre de Slaughter abandonó a la madre del acusado cuando ésta tenía 15 años) le golpearon con tal brutalidad cuando era niño que aún tiene cicatrices por todo el cuerpo; que en una ocasión su padrastro le disparó con un arma cuando se alejaba corriendo de su casa llevando a su hermano pequeño; que sus padres los encerraban a él y a sus hermanos en habitaciones sin alimentos y que él se hacía con comida a escondidas para sus hermanos pequeños; que su madre, sus hermanos y sus abuelos (que no tenían conocimiento del juicio) habrían declarado a su favor; y que un psicólogo clínico especializado en neuropsicología y psicología forense había llegado a la conclusión de que Slaughter no era un sociópata y que podría superar la mayoría de sus problemas si estuviese en el entorno adecuado. La mayoría anuló el fallo, alegando que no había razones para pensar que probablemente esta información habría impulsado a un solo miembro del jurado a perdonarle la vida a Slaughter. Sin embargo una de las integrantes del jurado hizo posteriormente una declaración jurada en la que afirmaba que, de haber tenido esta información, lo habría condenado a cadena perpetua.(105)

La defensa solicitó una nueva vista ante la Corte del Sexto Circuito al completo. Tras una votación que acabo en empate a siete votos se denegó la solicitud. Cinco de los jueces (todos ellos nombrados por el presidente Clinton) hicieron constar un voto particular contra la denegación:

Nos inquieta la ejecución de una persona condenada a morir por un jurado que apenas sabe nada sobre ella. Pero la hemos permitido. También nos inquieta la ejecución de quienes cometieron un delito siendo menores. Pero también lo hemos permitido. Nos resulta especialmente preocupante la ejecución de una persona que probablemente sufre una lesión cerebral. Raramente, o nunca, lo permitimos, especialmente si al jurado no se le da la posibilidad de tener en cuenta esa circunstancia. Jeffrey Leonard, al que el jurado solo conoce como "James Slaughter", se acerca a la sala de ejecución con todas estas características. Al llegar a este nuevo capítulo en nuestra historia de la pena de muerte, la decisión mayoritaria no puede conciliarse con los precedentes establecidos. Indudablemente, no concuerda con la Constitución.(106)

Es preciso renunciar a los experimentos condenados al fracaso

James Madison, uno de los principales artífices de la Constitución de Estados Unidos y cuarto presidente del país, advirtió contra el peligro de crear una Constitución inamovible:

¿No es magnífico que el pueblo de América, habiendo prestado aceptable atención a las opiniones de otros tiempos y otras naciones, no haya sentido una veneración ciega por la antigüedad, las costumbres o las personas de prestigio que le haya llevado a anular su propio sentido común, el conocimiento de su propia situación, y las lecciones aprendidas de su propia experiencia?(107)

En un estilo similar se expresó en 1816 Thomas Jefferson, el predecesor inmediato de Madison como presidente:

Las leyes y las instituciones deben ir de la mano del progreso de la mente humana. A medida que ésta se desarrolla, se ilustra, a medida que se realizan nuevos descubrimientos, a medida que se revelan nuevas verdades y las costumbres y las opiniones cambian con el cambio de circunstancias, las instituciones también deben avanzar y seguir el ritmo de los tiempos. Resultaría tan ilógico pedirle a un hombre que siguiese utilizando el abrigo que le quedaba bien de niño como permitir que la sociedad civilizada continuase sometida al régimen de sus bárbaros ancestros […].(108)

Casi dos siglos después, el 8 de mayo de 2006, el gobierno de Estados Unidos manifestó ante el Comité de la ONU contra la Tortura, en Ginebra: "Todos los gobiernos son imperfectos porque están formados por seres humanos, que son, por naturaleza, imperfectos. Una de las grandes fortalezas de nuestra nación es su capacidad de reconocer sus errores, hacerles frente y actuar para mejorar las cosas".(109) Por lo tanto, ¿cuándo abandonará Estados Unidos su experimento fallido con la pena de muerte? Una vez que aceptamos la falibilidad de los gobiernos y de los seres humanos de un modo más general, debemos rechazar la pena de muerte y darnos cuenta de que, por más que manipulemos su maquinaria, nunca se eliminarán los inevitables errores que se producen al imponer esta trasnochada pena.

Poner fin a la pena de muerte supone abandonar una política pública destructiva, diversiva y divisiva que atenta contra valores ampliamente compartidos. No sólo comporta el peligro de incurrir en un error irreversible, sino que es costosa también, tanto para las arcas públicas como desde un punto de vista social y psicológico. No se ha demostrado que tenga un especial efecto disuasorio. Tiende a aplicarse de forma discriminatoria por razones de raza y clase social. Niega la posibilidad de reconciliación y rehabilitación. Responde de un modo simplista a problemas humanos complejos, en lugar de buscar explicaciones que podrían inspirar estrategias positivas. Prolonga el sufrimiento de los familiares de las víctimas de asesinato y lo hace extensivo a los seres queridos de los presos condenados. Desvía recursos que se podrían utilizar mejor para actuar contra la delincuencia violenta y ayudar a las personas afectadas por ella. Constituye un síntoma de una cultura de la violencia, no una solución a ésta. Es una afrenta a la dignidad humana. Debe ser abolida.

Apéndice: Selección de documentos de AI en relación con la pena de muerte en Estados Unidos desde 1998

Pueden consultar los casos individuales de pena de muerte en Estados Unidos emitidos para Acción Urgente en http://web.amnesty.org/library/esl-usa/urgent_actions.

Estados Unidos: La Comisión de Estudio sobre la Pena de Muerte en Nueva Jersey recomienda la abolición, 3 de enero de 2007, http://web.amnesty.org/library/index/ESLAMR510032007.

USA: New Year’s resolution: End a cruel and outdated punishment, 21 de diciembre de 2006, http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAMR512052006.

Estados Unidos de América: Cuestión de política, más que de protección de menores .La pena de muerte por delitos sexuales cometidos contra menores de edad, 21 de junio de 2006, http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR510942006.

USA: The execution of mentally ill offenders, enero de 2006, http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAMR510032006.

Estados Unidos: Posibilidad de homicidio. La ejecución inminente de Stanley Williams en California, noviembre de 2005, http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR511872005.

USA: Death by default, 21 de enero de 2005. http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAMR510152005.

Estados Unidos de América: La prevista ejecución de Osvaldo Torres, ciudadano mexicano al que se han negado sus derechos consulares, abril de 2004, http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR510572004.

Estados Unidos de América: Otra injusticia en Texas. El caso de Kelsey Patterson, enfermo mental a punto de ser ejecutado, marzo de 2004, http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR510472004.

USA: 900th execution looms. A call to the President as Vietnamese refugee and Vietnam veteran set to be killed, http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAMR510342004.

USA: Supreme Court to revisit constitutionality of executing child offenders, 27 de enero de 2004, http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAMR510202004.

Estados Unidos de América: Muerte por error. El caso de Nanon Williams, condenado a muerte mediante pruebas dudosas por un delito cometido cuando era menor de edad, enero de 2004, http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR510022004.

Estados Unidos de América: «¿Dónde está la compasión?» La inminente ejecución de Scott Panetti, un delincuente con las facultades mentales perturbadas, enero de 2004, http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR510112004.

USA: Evolving standards of decency, 6 de enero de 2004, http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAMR510032004.

USA: Death and the President, 22 de diciembre de 2003, http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAMR511582003.

USA: A lethal ideology, 9 de diciembre de 2003, http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAMR511492003

Estados Unidos: No será en nombre del jurado. La ejecución inminente de Abu-Ali Abdur’Rahman, junio de 2003, http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR510752003.

USA: One more reason to end the death penalty, 30 de abril de 2003, http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAMR510602003.

Estados Unidos de América: Muerte por discriminación: la raza sigue influyendo en los casos de pena de muerte, abril de 2003, http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR510462003.

USA: A killing that no respectable government can condone, 4 de marzo de 2003, http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAMR510332003.

USA: Another planned killing by the US Government - The imminent federal execution of Louis Jones, febrero de 2003, http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAMR510202003.

USA: Texas - In a world of its own as 300th execution looms, enero de 2003, http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAMR510102003.

USA: James Colburn: mentally ill man scheduled for execution in Texas, octubre de 2002, http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAMR511582002.

USA: Indecent and internationally illegal. The death penalty against child offenders,septiembre de 2002, http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAMR511432002.

USA: Wrong 800 times, 20 de septiembre de 2002, http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAMR511522002.

USA: To err is human; to abolish is demanded, 4 de julio de 2002, http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAMR511102002.

USA: Wrong turn, 27 de junio de 2002, http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAMR511022002.

Estados Unidos de América: «Una mofeta en la tribuna del jurado», 7 de junio de 2002, http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR510902002.

USA: Joseph Amrine - Facing execution on tainted testimony, junio de 2002, http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAMR510852002.

USA: The human dignity that Texas refuses to recognize, 31 de mayo de 2002, http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAMR510872002.

USA: In whose best interests?24 de abril de 2002, http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAMR510632002.

USA: Too flawed to fix: Time for courage on the death penalty, 17 de abril de 2002, http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAMR510612002.

USA: Killing costs, 13 de febrero de 2002, http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAMR510292002.

Estados Unidos de América: Arbitrarias, discriminatorias y crueles. 25 años de ejecuciones judiciales, enero de 2002, http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR510032002.

Estados Unidos de América: Que no se envíe a nadie a la ejecución. La pena de muerte en Estados Unidos como barrera frente a la extradición, noviembre de 2001, http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR511712001.

USA: Time to reject the culture of death, 20 de noviembre de 2001, http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAMR511682001.

USA: ‘The day of my scheduled execution is fast approaching...’, 12 de octubre de 2001, http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAMR511492001.

Estados Unidos de América: Crueldad del Estado contra las familias, 4 de septiembre de 2001, http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR511322001.

Estados Unidos de América: Es el momento de actuar. Hay que proteger los derechos consulares de los ciudadanos extranjeros que afrontan la pena de muerte, agosto de 2001, http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR511062001.

USA: Too young to vote, old enough to be executed, 31 de Julio de 2001, http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAMR511052001.

USA: Still a lethal lottery, 25 de junio de 2001, http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAMR510962001.

USA: Open letter to the US Attorney General concerning the imminent execution of Juan Raul Garza, 15 de junio de 2001, http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAMR510882001.

USA: An open letter to President George W. Bush calling for a moratorium on federal executions, 10 de mayo 2001, http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAMR510692001.

USA: Old habits die hard: The death penalty in Oklahoma, abril de 2001, http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAMR510552001.

Estados Unidos de América: La ilusión de control «Ejecuciones consensuales», la inminente ejecución de Timothy McVeigh y la embrutecedora futilidad de la pena capital, abril de 2001, http://web.amnesty.org/library/index/ESLAMR510532001.

USA: Nevada's planned killing of Thomas Nevius, marzo de 2001, http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAMR510012001.

Estados Unidos de América: Memorándum al presidente Clinton. Llamamiento para que ejerza el liderazgo en materia de derechos humanos cuando se avecina la primera ejecución federal, noviembre de 2000, http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR511582000.

Estados Unidos de América: Clamando por el indulto. El caso de Alexander Williams, enfermo mental condenado a muerte por un delito cometido cuando era menor de edad, septiembre de 2000, http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR511392000.

Estados Unidos de América: Un abismo entre dos mundos: Violaciones de los derechos de los ciudadanos extranjeros condenados a muerte. Casos de europeos, julio de 2000, http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR511012000.

Estados Unidos de América: Malograr el futuro. Noticias sobre la pena de muerte, marzo de 1998 - marzo del 2000, abril de 2000, http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR510032000.

Estados Unidos de América: Mumia Abu-Jamal. Una vida en juego, febrero de 2000, http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR510012000.

Estados Unidos de América: Más allá de la razón. La ejecución inminente de John Paul Penry, diciembre de 1999, http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR511951999.

Estados Unidos de América: Vergüenza en el siglo XXI. Está previsto que tres menores sean ejecutados en enero del 2000, diciembre de 1999, http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR511891999.

Estados Unidos de América: El veredicto y la pena ¿una conclusión conocida de antemano?, julio de 1999, http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR511071999.

Estados Unidos de América: Matar sin piedad. Los procedimientos de concesión de indulto en Texas, junio de 1999, http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR510851999.

Estados Unidos de América: Prejuicios que matan. La dimensión racial de la pena de muerte en Estados Unidos, mayo de 1999, http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR510521999.

Estados Unidos de América: Matar la esperanza. La ejecución inminente de Sean Sellers, diciembre de 1998, http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR511081998.

Estados Unidos de América: Errores fatales. Inocencia y pena de muerte, noviembre de 1998, http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR510691998.

Estados Unidos de América: En la página equivocada de la historia. Los menores y la pena de muerte en Estados Unidos, octubre de 1998, http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR510581998.

Estados Unidos de América : «Una macabra cadena de montaje». Noticias sobre la pena de muerte en 1997, http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR510201998.

Estados Unidos de América: La pena de muerte en Texas. Injusticia letal, marzo de 1998, http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR510101998.

Estados Unidos de América: Violación de los derechos de los ciudadanos extranjeros condenados a muerte, enero de 1998, http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR510011998.







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(1) Esta es una versión considerablemente revisada y actualizada de un documento publicado con motivo del trigésimo aniversario de la resolución de la Corte Suprema en la causa Gregg v. Georgia, que permitió la reanudación de las ejecuciones: USA: Blind faith, Índice AI: AMR 51/100/2006, 1 de julio de 2006.



(2) Moore v. Parker, Corte de Apelaciones del Sexto Circuito, voto particular del juez Martin.



(3) Arthur Schlesinger, hijo: "Foreign policy and the American character", Foreign Affairs, vol. 62(1), 1983.



(4) Kansas v. Marsh, 26 de junio de 2006, voto particular del juez Souter (con los jueces Stevens, Ginsburg y Breyer).



(5) "En vez de seguir condescendiendo con la falsa idea que tiene la Corte de que se ha logrado el nivel de justicia deseable y se ha desentrañado la necesidad de regulación, me siento moral e intelectualmente obligado a admitir sencillamente que el experimento de la pena de muerte ha fracasado." Collins v. Collins, voto particular del juez Blackmun.



(6) El Centro de Información sobre la Pena de Muerte prevé que la cifra total de nuevas condenas a muerte en 2006 será de 114. Véase Year End Report, diciembre de 2006, en http://www.deathpenaltyinfo.org/2006YearEnd.pdf.



(7) En 1986, la Corte Suprema de Estados Unidos admitió una investigación que indicaba que la "capacitación para aceptar la pena de muerte" por parte de los miembros del jurado "permitía la creación de jurados que en cierto modo estaban 'más predispuestos a imponer condenas’ [a muerte] que los jurados ‘no partidarios de la pena capital’". Lockhart v. McCree, 476 U.S. 162 (1986).



(8) En una encuesta de opinión que Gallup realizó en Estados Unidos en mayo de 2006, al pedir a las personas encuestadas que eligieran entre cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional y pena de muerte, el número de personas que escogió la primera opción (el 48 por ciento) fue superior al de quienes optaron por la segunda (el 47 por ciento). El 64 por ciento de las personas encuestadas mostró su desacuerdo con la idea de que la pena de muerte tiene un efecto disuasorio a la hora de cometer un asesinato, un aumento significativo con respecto a las cifras recogidas en la década de los ochenta y a comienzos de los noventa. El 63 por ciento afirmó que creía que en los últimos cinco años se había ejecutado a una persona inocente, una cifra superior a la de años anteriores.



(9) Informe de la Comisión de Estudio sobre la Pena de Muerte de Nueva Jersey, enero de 2007. Puede consultarse este informe (en inglés) en http://www.njleg.state.nj.us/committees/njdeath_penalty.asp.



(10) Illinois, Kansas, Kentucky, Maryland, Misuri, Montana, Nueva Jersey, Nuevo México, Tennessee y Washington.



(11) "Como alguien que se ha opuesto a la pena de muerte por mucho tiempo, espero poder trabajar de cerca con la Legislatura del estado para llevar a cabo las recomendaciones del informe." Declaración del gobernador Corzine sobre el Informe de la Comisión Estatal sobre la Pena de Muerte, 2 de enero de 2007, http://www.state.nj.us/governor/espanol/news/news/approved/20070102.html.



(12) "Death penalty questions begin anew with Strickland’s administration", Dayton Daily News, 15 de enero de 2007.



(13) Sobre la legislación destinada a ampliar la pena de muerte para los delitos sexuales sin resultado de muerte cometidos contra menores de edad en Carolina del Sur y Oklahoma, véase, por ejemplo, Estados Unidos de América: Cuestión de política, más que de protección de menores. La pena de muerte por delitos sexuales cometidos contra menores de edad, Índice AI: AMR 51/094/2006, 21 de junio de 2006, http://web.amnesty.org/library/index/eslAMR510942006?open&of=esl-USA. Hay propuestas similares para introducir legislación de este tipo en Texas.



(14) 1977: 27 por ciento; 1990: 31 por ciento; 2005: 29 por ciento. Las estadísticas sobre asesinatos que aparecen aquí y en otras partes de este informe proceden de los Informes Uniformes de Delincuencia de la Oficina Federal de Investigación (FBI) recopilados por The Disaster Center, www.disastercenter.com.



(15) Véase USA: New Year’s resolution: End a cruel and outdated punishment, Índice AI: AMR 51/205/2006, 21 de diciembre de 2006, http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAMR512052006.



(16) Provenzano v. Moore, 30 de septiembre de 1999 (versión corregida), opinión concurrente del juez Anstead. Jesse Tafero fue ejecutado el 4 de mayo de1999, Pedro Medina el 25 de marzo de 1997, y Allen Davis el 8 de julio de 1999.



(17) Ibíd. juez Shaw, voto particular.



(18) Véase USA: New Year’s resolution: End a cruel and outdated punishment, ibíd.



(19) USA: Texas - In a world of its own as 300th execution looms, Índice AI: AMR 51/010/2003, 23 de enero de 2003, http://web.amnesty.org/library/index/engamr510102003.



(20) "Lethal indifference", Texas Defender Service, 2002. www.texasdefender.org.



(21) Ex parte Carlos Granados, 10 de enero de 2007.



(22) Ibíd., juez Johnson, opinión concurrente junto con las de los jueces Meyers y Price.



(23) El psicólogo declaró durante el juicio que la cuestión de "la raza o el origen étnico no es políticamente correcta, pero sabemos que las minorías son mayoritarias en el sistema penitenciario. En el sistema penitenciario hay en torno a un 40 por ciento de población negra y un 40 por ciento de hispanos, y un 20 por ciento de blancos y de otras razas […]". Carlos Granados era hispano.



(24) Songer, Michael y Unah, Isaac: "The effect of race, gender, and location on prosecutorial decision to seek the death penalty in South Carolina", South Carolina Law Review, vol. 58, noviembre de 2006.



(25) A modo de ejemplo, los investigadores utilizan el caso de Raymond Patterson, condenado a muerte en Carolina del Sur por disparar contra un hombre en el aparcamiento de un motel en 1984. La línea divisoria entre los distritos 11 y 5 pasa por el aparcamiento. Se estableció que Patterson se encontraba justo dentro del distrito 11 cuando realizó el disparo mortal. La fiscalía de ese distrito pidió, y obtuvo, una condena a muerte para Patterson. Según este estudio, si se hubiera determinado que el acusado se encontraba en el distrito 5 en el momento de cometer el delito, habría tenido al menos un 30 por ciento menos de probabilidades de ser condenado a muerte, dado que el índice de fiscales que solicitan la pena capital en el distrito 5 es mucho menor.



(26) Artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados ("Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado.")..



(27) Véase "Images of hanging make Hussein a martyr to many", New York Times, 6 de enero de 2007.



(28) Cesare Beccaria: De los delitos y de las penas, 1764.



(29) President Bush Welcomes Chancellor Merkel of Germany to the White House, 4 de enero de 2007, http://www.whitehouse.gov/news/releases/2007/01/20070104-2.html.



(30) Ibíd.



(31) Rueda de prensa del presidente, Casa Blanca, 11 de mayo de 2001; puede consultarse en: http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/05/20010511-3.html.



(32) "No, sigo siendo partidario de la pena de muerte, y creo que disuade de cometer delitos. Pero, evidentemente, quiero asegurarme de que quienes son condenados a la pena de muerte son realmente culpables". Rueda de prensa del presidente, 16 de marzo de 2005; puede consultarse en http://www.whitehouse.gov/news/releases/2005/03/20050316-3.html.



(33) Sobre el caso de Henry Lee Lucas y otras personas, véase el informe Estados Unidos de América: Malograr el futuro. Noticias sobre la pena de muerte, marzo de 1998-marzo del 2000 (Índice AI: AMR 51/003/2000). Sobre el caso de Ricky McGinn, véanse, por ejemplo, Bush’s death penalty dodge, de Alan Berlow, 12 de junio de 2000, disponible en http://archive.salon.com/politics/feature/2000/06/12/death/, y The hanging governor, del mismo autor, 11 de mayo de 2000, en http://archive.salon.com/politics2000/feature/2000/05/11/bush/index.html.



(34) "En la categoría de los delitos punibles con la pena capital, la pena de muerte debe reservarse para ‘lo peor de lo peor’." Kansas v. Marsh, op. cit. Voto particular del juez Souter.



(35) Véanse las tablas 3 y 4 de USA: Indecent and internationally illegal – the death penalty against child offenders, septiembre de 2002, disponible en http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAMR511432002.



(36) Furman v. Georgia, 408 U.S. 238 (1972).



(37) Gregg v. Georgia, 428 U.S. 153 (1976).



(38) Leigh B. Bienen, "The proportionality review of capital cases by state high courts after Gregg: Only ‘the appearance of justice’?", Journal of Criminal Law and Criminology, volum 87, núm. 1, 1996, pp. 130 a 314.



(39) Ibíd., p. 174.



(40) Ibíd. pp. 150-151.



(41) Informe de la Comisión de Estudio sobre la Pena de Muerte en Nueva Jersey, enero de 2007.



(42) Véase, por ejemplo, Estados Unidos de América: Arbitrarias, discriminatorias y crueles:



25 años de ejecuciones judiciales, Índice AI: AMR 51/003/2002, http://web.amnesty.org/library/index/eslamr510032002.



(43) Véase USA: Old habits die hard: The death penalty in Oklahoma, Índice AI: AMR 51/055/2001, abril de 2001, http://web.amnesty.org/library/index/engamr510552001.



(44) En la Biblia, esta frase aparece en los libros del Éxodo, el Deuteronomio y el Levítico, que incluyen los conceptos de "vida por vida" y "[e]l que hiera mortalmente a cualquier otro hombre, morirá". Los dirigentes de los Baptistas del Sur, la mayor confesión religiosa de Oklahoma (que agrupa a aproximadamente un tercio de la población del estado), han afirmado que la Biblia respalda la pena capital. Un juez de la Corte de Apelaciones en lo Penal de Oklahoma calificó la inscripción de "inadecuada en cualquier juicio penal [...]. [E]n el contexto de un juicio por un delito punible con la pena capital, considero que la inscripción es indignante e inconstitucional".



(45) Malicoat v. el Estado, 7 de enero de 2000.



(46) Raymond Reese murió de cáncer en 2002.



(47) Estado de Washington v. Davya Cross, 30 de marzo de 2006.



(48) Ibíd., voto particular de los jueces Madsen, Johnson, Sanders y Owens.



(49) Acción Urgente de Amnistía Internacional, Índice AI: AMR 51/165/2004, http://web.amnesty.org/library/index/eslAMR511652004?open&of=esl-USA.



(50) Marcus Robinson (26 de enero); James Thomas (2 de febrero); James Campbell (9 de febrero).



(51) Donohue, John D. y Wolfers, Justin: "Uses and abuses of empirical evidence in the death penalty debate", Stanford Law Review, vol. 58, p. 791 (2005).



(52) Rueda de prensa del presidente, 16 de marzo de 2005; puede consultarse en http://www.whitehouse.gov/news/releases/2005/03/20050316-3.html.



(53) Michael L. Radelet y Ronald L. Akers: "Deterrence and the death penalty: The view of the experts", en Journal of Criminal Law & Criminology, vol. 87, núm. 1.



(54) Véase Estados Unidos de América. Fuera del radar: vuelos secretos a la tortura y la "desaparición" , Índice AI: AMR 51/051/2006, abril de 2006, http://web.amnesty.org/library/index/eslamr510512006.



(55) Que no se envíe a nadie a la ejecución: La pena de muerte en Estados Unidos como barrera frente a la extradición, Índice AI: AMR 51/171/2001, 29 de noviembre de 2001, http://web.amnesty.org/library/index/eslamr511712001.



(56) Pueden encontrar ejemplos de estudios que hacen referencia al "efecto embrutecedor" en Deterrence and the death penalty: The view of the experts, op. cit.



(57) Véase la página 114 de USA: The execution of mentally ill offenders, Índice AI: AMR 51/003/2006, enero de 2006, http://web.amnesty.org/library/pdf/AMR510032006ENGLISH/$File/AMR5100306.pdf. Véanse también los casos de James French y Robert Smith en Estados Unidos: La ilusión de control, abril de 2001, http://web.amnesty.org/library/index/eslAMR510532001?open&of=esl-USA.



(58) USA: The execution of mentally ill offenders, Índice AI: AMR 51/003/2006, enero de 2006, op. cit.



(59) Por ejemplo, David Long intentó suicidarse tomando una sobredosis de drogas dos días antes de la fecha prevista para su ejecución en Texas, el 8 de diciembre de 1999. Continuaba en la unidad de cuidados intensivos del hospital de Galveston, a unos 200 kilómetros de la sala de ejecución de Texas, cuando llegó el día en que debía ser ejecutado. Al igual que en otros casos, el intento de suicidio de David Long no se interpretó como una cuestión de salud mental, sino como un intento por su parte de burlar al verdugo. Las autoridades del estado no vieron ninguna razón para esperar y, a diferencia de la falta de recursos que sufrió la defensa durante el juicio, no repararon en gastos para ejecutarlo. Fue trasladado en aeroplano a Huntsville, acompañado de un equipo médico completo para garantizar que llegaba sano y salvo. Mientras le administraban la inyección letal, David Long "resopló y empezó a hacer un ruido como de borboteo. Un líquido marrón negruzco empezó a salirle por la nariz y la boca y a caer al suelo". Se trataba de la solución de carbón que habían utilizado para desintoxicarlo unas horas antes de inyectarle los productos químicos letales.



(60) Un estudio publicado en 2000 que tuvo gran repercusión llegó a la conclusión de que las condenas a muerte en Estados Unidos están "plagadas de errores sistemáticos y continuos". El estudio revelaba que, en el 68 por ciento de los casos, los tribunales de apelación habían hallado graves errores que exigían un recurso judicial. El estudio expresaba "serias dudas" sobre la capacidad de los tribunales de detectar todos esos errores. A Broken System: Error Rates in Capital Cases, 1973-1995, dirigido en la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia, Nueva York, por James S. Liebman, Jeffrey Fagan y Valerie West; publicado el 12 junio de 2000.



(61) Kansas v. Marsh, 26 de junio de 2006, opinión concurrente del juez Scalia.



(62) Véase http://www.deathpenaltyinfo.org/article.php?did=412&scid=6.



(63) Véase la serie de tres artículos publicada por Steve Mills y Maurice Possley en el Chicago Tribune: "I didn’t do it. But I know who did" (25 de junio de 2006), "A phantom, or the killer?" (26 de junio). "The secret that wasn’t" (27 de junio). http://www.chicagotribune.com/news/specials/broadband/chi-tx-htmlstory,0,7935000.htmlstory.



(64) Véase http://www.deathpenaltyinfo.org/article.php?scid=6&did=111#executed.



(65) Acción Urgente de Amnistía Internacional, Índice AI: AMR 51/021/2001, http://web.amnesty.org/library/index/eslAMR510212001?open&of=esl-USA.



(66) USA: An appeal to President Clinton, Vice-President Gore and Governor Bush of Texas to condemn one illegal execution and to stop another, Índice AI: AMR 51/096/2000, 15 de junio de 2000, http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAMR510962000. Véase también, Welch, Mandy y Burr, Richard: "The politics of finality and the execution of the innocent: The case of Gary Graham", en Machinery of Death: The reality of America’s death penalty regime. Editado por David Dow y Mark Dow, Routledge Books, 2002.



(67) In re Medley, 134 U.S. 160 (1890).



(68) Su condena a muerte fue anulada en 1984 porque había sido entrevistado por un psicólogo de la acusación sin que se le informase de que sus declaraciones podrían utilizarse para pedir una condena a muerte. Fue juzgado de nuevo y volvió a ser condenado a muerte en 1985. Esta condena fue revocada en 1986 a causa de la selección discriminatoria del jurado. Los fiscales del condado de Dallas eran bien conocidos por sus tácticas de selección de jurados racistas (véase Estados Unidos de América: Muerte por discriminación: la raza sigue influyendo en los casos de pena de muerte, Índice AI: AMR 51/046/2003, abril de 2003, http://web.amnesty.org/library/index/eslAMR510462003?open&of=esl-USA). Chambers fue juzgado por tercera vez en 1992 y fue de nuevo condenado a muerte.



(69) Lackey v. Texas, 27 de marzo de 1995, juez Stevens, opinión concurrente con la denegación de certiorari.



(70) Foster v. Florida, 21 de octubre de 2002, juez Breyer, voto particular con respecto a la denegación de certiorari.



(71) Oficina de Estadística Penal, Capital Punishment 2005.



(72) California: 122; Florida: 75; Ohio: 30; Texas: 29; Pensilvania: 27; Alabama: 17. Información recopilada a partir de cifras proporcionadas por el Departamento de Prisiones del Estado.



(73) Supermax prisons and the Constitution: Liability concerns in the Extended Control Unit, de William C. Collins. Financiado y publicado por el Instituto Nacional de Prisiones, Departamento de Justicia de Estados Unidos, noviembre de 2004.



(74) Estados Unidos de América. Muerte por discriminación: la raza sigue influyendo en los casos de pena de muerte, abril de 2003, Índice AI: AMR 51/046/2003; disponible en: http://web.amnesty.org/library/index/eslAMR510462003?open&of=esl-USA.



(75) Gregg v. Georgia, juez White, junto con el presidente del tribunal y el juez Rehnquist, opinión concurrente con la sentencia.



(76) Para información sobre el caso de Napoleon Beazley, véase USA: Too young to vote, old enough to be executed, Índice AI: AMR 51/105/2001, julio de 2001, http://web.amnesty.org/library/index/engamr511052001.



(77) Atkins v. Virginia (2002) y Roper v. Simmons (2005), op.cit.



(78) Trop v. Dulles, 356 U.S. 86 (1958).



(79) Thompson v. Oklahoma (1988), voto particular del juez Scalia (contra la decisión de la Corte que suspendía la ejecución de las personas que tenían 15 años o menos en el momento de cometer el delito).



(80) El Estado v. T. Makwanyane y M. Mchunu, Tribunal Constitucional de Sudáfrica, 6 de junio de 1995, opinión concurrente del juez Ackermann.



(81) Rueda de prensa del secretario general de la ONU, http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?NewsID=8574.



(82) Antonin Scalia. "God’s justice and ours", First Things, vol. 123, pp. 17-21 (mayo de 2002).




slmult1 (83) Segundo informe periódico de los Estados Unidos de América al Comité contra la Tortura, CAT/C/48/Add.3/Rev.1, 6 de mayo de 2005.



(84) Kansas v. Marsh, 26 de junio de 2006, opinión concurrente del juez Scalia.



(85) Junta de Educación del estado de Virginia Occidental v Barnette, 319 U.S. 624 (1943).



(86) La Ley de Comisiones Militares de 2006 constituye un ejemplo reciente; entre otras cosas, retira a los tribunales estadounidenses la jurisdicción para estudiar las apelaciones de hábeas corpus de todo ciudadano extranjero recluido como "’combatiente enemigo’ en cualquier lugar del mundo (y permite que el presidente cree comisiones militares con competencias para condenar a muerte a estos detenidos después de juicios injustos). Véase: Estados Unidos de América: La Ley de Comisiones Militares de 2006 convierte la mala política del Ejecutivo en mala legislación nacional, Índice AI: AMR 51/154/2006, 29 de septiembre de 2006, http://web.amnesty.org/library/index/eslAMR511542006?open&of=esl-USA.



(87) Antonin Scalia, "Originalism: the lesser evil", University of Cincinnati Law Review, vol. 57, pp. 849 a 865, 1989.



(88) Kansas v. Marsh, 26 de junio de 2006, opinión concurrente del juez Scalia.



(89) "Victim’s parents: Spare her killer", Columbus Dispatch, 11 de enero de 2007.



(90) "Death penalty questions begin anew with Strickland’s administration", Dayton Daily News, 15 de enero de 2007.



(91) El Pueblo v Anderson, Corte Suprema de California, 6 Cal. 3d 628 (1972).



(92) William H. Rehnquist, "The notion of a living Constitution", Texas Law Review, vol. 54, núm. 4, mayo de 1976. Este artículo fue escrito cuando el autor era juez asociado de la Corte Suprema.



(93) Richard Hodder-Williams, "Six definitions of ‘political’ and the United States Supreme Court", British Journal of Political Science, vol. 22, núm. 1 (1992).



(94) El 5 de enero de 2007, la Corte Suprema de Estados Unidos accedió a oír la causa de Scott Panetti, un enfermo mental condenado a muerte en Texas. La cuestión a analizar es: "¿Permite la Octava Enmienda la ejecución de un recluso condenado a muerte que tiene conciencia real de la razón de su ejecución pero que, debido a una grave enfermedad mental, tiene una idea errónea de por qué el Estado lo va a ejecutar y, por lo tanto, no es consciente de que su ejecución pretende castigar el delito que cometió y que es punible con la muerte?". Para más información sobre el caso de Scott Panetti, véase Estados Unidos de América: "¿Dónde está la compasión?" La inminente ejecución de Scott Panetti, un delincuente con las facultades mentales perturbadas, Índice AI: AMR 51/011/2004, enero de 2004, http://web.amnesty.org/library/index/eslAMR510112004?open&of=esl-USA.



(95) Para la Corte, la única controversia era cómo determinar si Walton estaba capacitado para ser ejecutado en virtud de la resolución Ford. Tal como se decía en la anterior resolución de la Corte del Cuarto Circuito, "no cabe duda de que determinar si una persona está capacitada o no para ser ejecutada no es una ciencia exacta". En otras palabras, será inevitable que haya errores y contradicciones, lo que confirma que la abolición es la única solución.



(96) Los otros dos fueron nombrados por el presidente Reagan y el presidente Nixon.



(97) El sexto fue la excepción; el juez Wilkins fue nombrado por el presidente Reagan.



(98) El 4 de diciembre de 2006, el gobernador de Virginia, Timothy Kaine, suspendió la ejecución de Levar Walton durante 18 meses debido a la grave enfermedad mental del recluso. Sin embargo, se negó a conmutar la condena, afirmando que Walton aún podía volver a tener capacidad para ser ejecutado. Véase la actualización de la Acción Urgente de Amnistía Internacional, Índice AI: AMR 51/192/2006 http://web.amnesty.org/library/index/eslAMR511922006?open&of=esl-USA.



(99) Cinco fueron nombrados por el presidente Clinton, dos por el presidente Carter. La resolución corresponde a Workman v. Bell, (5 de septiembre de 2000).



(100) Cuatro habían sido nombrados por el presidente Reagan, tres por el presidente George H.W. Bush.



(101) De los otros tres, dos fueron nombrados por el presidente George H.W. Bush y uno por el presidente Reagan (el décimo juez fue designado por Clinton). De los cinco jueces discrepantes, cuatro habían sido nombrados por el presidente Clinton y uno por el presidente Carter. Abdur’Rahman v. Bell (7 de octubre de 2005). Para más información sobre este caso, véase: Estados Unidos. No será en nombre del jurado: La ejecución inminente de Abu-Ali Abdur’Rahman, junio de 2003, Índice AI: AMR 51/075/2003, http://web.amnesty.org/library/index/eslAMR510752003?open&of=esl-USA.



(102) Véanse, por ejemplo, los comentarios del senador John Kerry durante el segundo debate presidencial celebrado en 2004: "Hace unos años, cuando asumió el cargo, el presidente dijo —éstas fueron sus palabras— ‘Lo que necesitamos son unos cuantos jueces conservadores en los tribunales’. Y también dijo que sus dos jueces favoritos eran el juez Scalia y el juez Thomas. Así que podemos tener una idea bastante clara de lo que haría si tuviese que nombrar a alguien". Disponible en http://www.whitehouse.gov/news/releases/2004/10/20041009-2.html.



(103) Mickens v Taylor (2002), voto particular del juez Stevens.



(104) Slaughter v. Parker, Corte de Apelaciones del Sexto Circuito, 13 de junio de 2006, voto particular del juez Cole.



(105) Slaughter v. Parker, Corte de Apelaciones del Sexto Circuito, 1 de noviembre de 2006, voto particular del juez Cole discrepante de la denegación de una nueva vista ante el tribunal en pleno; a este voto particular se unieron los jueces Martin, Daughtrey, Moore y Clay.



(106) Ibíd.



(107) James Madison, Alexander Hamilton y John Jay: The Federalist Papers, número 14.



(108) Carta a Samuel Kercheval, 12 de julio de 1816, 15. The Writings of Thomas Jefferson 40-42 (Edición conmemorativa, 1904). Citada en Furman v. Georgia.



(109) Declaración disponible en http://www.state.gov/g/drl/rls/rm/2006/66065.htm.





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