Document - USA: To be taken on trust? Extraditions and US assurances in the ‘war on terror’

Público

Amnistía Internacional

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

¿Se puede confiar?

Extradiciones y garantías de Estados Unidos en la "guerra contra el terror"

10 de marzo de 2008

Índice AI: AMR 51/009/2008

“La estrecha cooperación reciente entre las fiscalías de Estados Unidos y Reino Unido ha dado como resultado la sentencia del Tribunal Superior del 30 de noviembre de 2006, por la que se aprueba la extradición de dos ciudadanos británicos acusados de delitos de terrorismo en Estados Unidos. Las extradiciones de Haroon Rashid Aswat, presunto organizador de un campo de entrenamiento terrorista, y de Babar Ahmad, buscado por conspirar para matar a ciudadanos estadounidenses y por dirigir un sitio web que financiaba a terroristas y reclutaba miembros de Al Qaeda, se condicionaron a que Estados Unidos garantizara que ninguno de ellos sería sometido a la pena de muerte ni juzgado ante una comisión militar.”^¹

- I -

Este documento examina la cuestión de la transferencia de detenidos a Estados Unidos en el marco de la "guerra contra el terror", y su origen está en la petición del gobierno de Estados Unidos para que dos ciudadanos británicos, Babar Ahmad y Haroon Aswat, contra quienes un tribunal federal estadounidense había dictado auto de acusación formal por delitos relacionados con el terrorismo, fueran extraditados del Reino Unido. La embajada estadounidense en Londres ha dado garantías diplomáticas de que los dos hombres serán juzgados en el tribunal federal, no serán condenados a muerte y no serán considerados “combatientes enemigos” ni juzgados por una comisión militar. Los hombres han impugnado su extradición ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, planteando su preocupación de que, tal y como se ha conducido Estados Unidos en la "guerra contra el terror", dichas garantías diplomáticas no aseguran que se respeten sus derechos humanos.

Como explica este documento, Amnistía Internacional considera que, mientras sigan vigentes el paradigma de “guerra” estadounidense y el marco legal que se atribuye a Estados Unidos, no cabe descartar la posibilidad de que se designe como “combatientes enemigos” a unos ciudadanos extranjeros bajo la custodia estadounidense sospechosos de implicación en el terrorismo internacional, y se les excluya o saque del sistema de justicia penal. El ejecutivo de Estados Unidos se ha arrogado amplios poderes, como reflejan los documentos del Departamento de Justicia y otros documentos oficiales, incluida la autoridad del presidente para ignorar leyes o tratados aprobados por el Congreso, el derecho consuetudinario internacional o las conclusiones de los órganos de vigilancia de los tratados. Al mismo tiempo, las garantías que Estados Unidos ha ofrecido públicamente y ha dado a otros gobiernos sobre el trato humanitario y legítimo de los detenidos bajo su custodia se han revelado poco sólidas. Así las cosas, a Amnistía Internacional le preocupa que una nota diplomática emitida por una embajada estadounidense no impida que sus beneficiarios sean designados “combatientes enemigos”, con todas las consecuencias potenciales que esta designación supone, si el presidente determina que la seguridad nacional exige pasar por alto tal garantía.

- II -

Amnistía Internacional reconoce plenamente el deber de los gobiernos de poner en manos de la justicia a los perpetradores de delitos, así como la posibilidad de que sea necesario recurrir a la cooperación internacional para lograr este objetivo, también en casos de extradición. Al mismo tiempo, todos los gobiernos deben respetar principios de derechos humanos reconocidos internacionalmente, así como el Estado de derecho, también cuando responden a amenazas o actos de terrorismo. Como afirmó un juez de la Corte Suprema de Estados Unidos hace ocho décadas: “si el gobierno se convierte en transgresor, fomenta el desprecio por la ley”.^²Con un espíritu similar, hace 40 años, la Corte Suprema afirmó: “Al final, los métodos ilegales utilizados para condenar a aquellos a quienes se considera delincuentes pueden poner en peligro la vida y la libertad tanto como los propios delincuentes”.^³Más recientemente, la Asamblea General de la ONU pidió a todos los Estados que, “en la lucha contra el terrorismo, observen el derecho a las garantías procesales, de conformidad con todas las disposiciones pertinentes de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los Convenios de Ginebra de 19491, en sus respectivos ámbitos de aplicación”.^⁴Igualmente, el Consejo de Seguridad de la ONU señalando la obligación de los Estados de poner a disposición judicial a las personas implicadas en el terrorismo, mediante métodos como la extradición y el procesamiento, ha subrayado la obligación de los Estados de “cerciorarse de que las medidas que adopten para luchar contra el terrorismo cumplan todas las obligaciones que les incumben con arreglo al derecho internacional [...], en particular las normas relativas a los derechos humanos y a los refugiados y el derecho humanitario”.^⁵De hecho, en la Estrategia Contraterrorista Global, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 8 de septiembre de 2006, los Estados miembros de la ONU decidieron reconocer “que la cooperación internacional y cualquier medida que tomemos para evitar y combatir el terrorismo deben ajustarse a nuestras obligaciones en virtud del derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas y los pactos y protocolos internacionales pertinentes, en especial el derecho de los derechos humanos, el derecho de los refugiados y el derecho internacional humanitario”.^⁶

Desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos –que Amnistía Internacional ha condenado como crimen de lesa humanidad– ciertas políticas, prácticas y leyes estadounidenses relativas a la detención, el interrogatorio y el juicio de personas en relación con la lucha antiterrorista han puesto claramente en tela de juicio el compromiso de Estados Unidos con sus obligaciones internacionales de derechos humanos. Si bien el gobierno estadounidense ha llevado a cabo procesamientos por delitos de terrorismo en el sistema de justicia penal ordinario, también ha funcionado bajo un paradigma de “guerra” global, en virtud del cual ha rechazado de hecho el derecho internacional de los derechos humanos y aplicado una interpretación selectiva y unilateral del derecho internacional humanitario, las leyes de la guerra, a la detención de quienes designa “combatientes enemigos”. Y lo ha hecho provocando una considerable preocupación internacional. En octubre de 2002, por ejemplo, la embajada de un país cuya identidad continúa estando clasificada (al parecer un Estado europeo) transmitió una nota diplomática al gobierno estadounidense sobre un individuo que se creía estaba recluido en Guantánamo. El Departamento de Estado respondió en noviembre de 2002 que “por motivos operativos y de seguridad” no podía responder sobre las circunstancias concretas de ningún detenido particular. Tras afirmar que todos los “combatientes enemigos” eran tratados de forma humanitaria, la respuesta del Departamento de Estado añadía:

“No hay ninguna ley que exija que una potencia detenedora procese a combatientes enemigos o los deje en libertad antes de que acaben las hostilidades. La autoridad para detener a combatientes enemigos existe en la ley independientemente del sistema judicial o de justicia penal [...] [L]a decisión de procesar a un combatiente o de cuándo hacerlo no tiene efecto alguno sobre la autoridad subyacente de detenerlo durante el conflicto armado. Igualmente, en virtud de las leyes y costumbres de la guerra, los combatientes enemigos capturados no tienen derecho a asistencia letrada ni a acceder a los tribunales para impugnar su detención.”^⁷

Cinco años más tarde, en noviembre de 2007, el gobierno estadounidense rechazó ciertas conclusiones del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas relativas a las detenciones realizadas en el contexto de la "guerra contra el terror" de Estados Unidos, subrayando que “Estados Unidos mantiene un conflicto armado con al-Qaida, los talibanes y sus simpatizantes. Como parte de este conflicto, Estados Unidos captura y detiene combatientes enemigos, y tiene derecho, en virtud de las leyes de la guerra, a internarlos hasta el fin de las hostilidades. Son las leyes de la guerra, y no la Convención [contra la Tortura] las que proporcionan el marco legal aplicable que regula estas detenciones”.^⁸Estados Unidos ha adoptado el mismo enfoque en relación con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que, entre otras cosas, protege el derecho a la revisión judicial de la legalidad de la detención y a un juicio justo. En febrero de 2008, rechazando ciertas conclusiones del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas relativas a las “detenciones en la ‘guerra contra el terror’”, el gobierno estadounidense afirmó que “las leyes de la guerra y no el [PIDCP] son el marco legal aplicable que regula estas detenciones”. Entre otras cosas, según el gobierno estadounidense, este marco permite a Estados Unidos trasladar a “combatientes enemigos a ubicaciones secretas” para interrogarlos en detención en régimen de incomunicación.^⁹

Según afirmó el presidente George W. Bush en noviembre de 2001: “Estamos en guerra. El enemigo nos ha declarado la guerra. Y no debemos dejar que enemigos extranjeros utilicen los foros de la libertad para destruir la libertad”.^¹⁰En su intervención en una conferencia de fiscales federales, el presidente continuó:

“Extranjeros, ciudadanos no estadounidenses que planean y cometen asesinatos en masa son algo más que presuntos delincuentes. Son combatientes ilegales que buscan destruir nuestro país y nuestra forma de vida. Y si yo determino que conviene a los intereses de la seguridad nacional de este gran país juzgar en comisiones militares a quienes hacen la guerra a Estados Unidos, así lo haremos.”

Ese mismo mes, el vicepresidente Cheney afirmó que aquellos a quienes Estados Unidos califica de combatientes ilegales “no merecen las mismas garantías y salvaguardias que tendría un ciudadano americano que atraviesa un proceso judicial normal”.^¹¹Desde entonces, un puntal fundamental de la política al respecto ha sido que ciertos ciudadanos extranjeros queden fuera del alcance de los tribunales ordinarios. Si bien el marco de “guerra” global estadounidense ha definido un régimen de detención operado fuera de Estados Unidos, incluso en el caso de personas en el extranjero acusadas previamente en las cortes federales de Estados Unidos, también ha afectado a casos en el territorio nacional, como los de acusados recluidos en Estados Unidos que previamente iban a ser juzgados en estos tribunales (véase más abajo los casos de Padilla y al-Marri).

La preocupación internacional por este paradigma de guerra ha crecido. El 29 de febrero de 2008, la alta comisionada para los derechos humanos, Louise Arbour, afirmó: “La ‘guerra contra el terror’ ha sido un gravísimo revés para la agenda internacional de derechos humanos”.^¹²El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), intérprete autorizado de los Convenios de Ginebra, señaló: “no creemos que el derecho internacional humanitario sea el marco legal de referencia” aplicable a la "guerra contra el terror".^¹³Un informe de 2006 realizado por cinco expertos de las Naciones Unidas afirmaba: “la lucha mundial contra el terrorismo internacional no es en sí un conflicto armado a los efectos de la aplicabilidad del derecho internacional humanitario”.^¹⁴A finales de 2007, el relator especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo afirmó que “la lucha internacional contra el terrorismo no es una ‘guerra’ en el verdadero sentido de la palabra” y recordó a Estados Unidos que “incluso durante un conflicto armado, que desencadena la aplicación del derecho internacional humanitario, se siguen aplicando las normas internacionales de derechos humanos”.^¹⁵

Haciéndose eco de estas preocupaciones en el marco de los esfuerzos antiterroristas británicos, el director de la Fiscalía para Inglaterra y Gales afirmó en 2007 que “Londres no es un campo de batalla”. Las personas que perdieron la vída en los atentados con bomba del 7 de julio de 2005 en Londres no fueron “víctimas de guerra” y sus verdugos no eran “soldados”, como afirmaban. “Tenemos que ser muy claros al respecto”, siguió diciendo el director de la Fiscalía: “En las calles de Londres no hay ninguna ‘guerra contra el terror’, de la misma forma que no puede haber una ‘guerra contra las drogas’”, y continuó: “El Código Penal prohíbe los actos de violencia ilícita. Son delitos comunes. Debemos sostener como artículo de fe que es la justicia penal la que se ocupa de los delitos de terrorismo.”^¹⁶

Esto contrasta con la opinión constante de las autoridades estadounidenses. En su discurso sobre el estado de la Nación de enero de 2004, el presidente Bush afirmó:

“Sé que algunas personas se preguntan si Estados Unidos realmente se encuentra de guerra. Ven el terrorismo más como un crimen, un problema a resolverse principalmente con la aplicación de la ley y las actas de acusación. [...] Después del caos y la masacre del 11 de septiembre, no es suficiente entregarles documentos legales a nuestros enemigos. Los terroristas y sus partidarios le declararon la guerra a los Estados Unidos, y guerra es lo que lograron.”^¹⁷

Más recientemente, el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), general Michael V. Hayden, reiteró:

“Estamos en guerra, y esta ciudad [Nueva York] [...] ha sido un campo de batalla de esa guerra [...] He oído mencionar públicamente ‘la llamada guerra contra el terrorismo’ o ‘la guerra contra el terrorismo de la administración Bush’, pero para nosotros es simplemente la guerra. Es una palabra que utilizamos habitualmente sin ambigüedad en las oficinas del Pentágono y en Langley [sede de la CIA]”.^¹⁸

En febrero de 2008, el vicepresidente Richard Cheney hizo referencia a la época anterior a los atentados del 11 de septiembre de 2001: “Por entonces, tratábamos el terrorismo como una cuestión de aplicación de la ley: salir a buscar a los perpetradores, detenerlos, juzgarlos y encarcelarlos.”^¹⁹“Una gran lección del 11 de septiembre fue que tuvimos que dejar de tratar los atentados terroristas como meros problemas de aplicación de la ley, en los que descubres lo que ha ocurrido, detienes a los malos, los encarcelas y a otra cosa.”^²⁰Seis años antes, Cheney había dicho: “Como el presidente considera necesario, los ciudadanos no estadounidenses sospechosos de actividades terroristas, sean capturados aquí o en el extranjero, serán juzgados por comisión militar. El asesinato en masa de estadounidenses por terroristas o su planificación no son meramente dos elementos más del sumario. Esto es una guerra contra el terrorismo. Si es preciso aplicar la justicia militar, se aplicará.”^²¹

Por consiguiente, para la forma de conducirse de Estados Unidos sigue siendo fundamental un marco de guerra global, con unos “amplios y maleables”^²²puntales de seguridad nacional, según ha reconocido la Corte Suprema estadounidense, especialmente en relación con los extranjeros que Estados Unidos pone bajo custodia.^²³

Por ejemplo, el 24 de octubre, el director de la CIA afirmó:

“Si agarro a alguien que desea hacer daño a Estados Unidos, si conseguimos ponerle las manos encima a alguien así, creo que tenemos tres opciones realistas: detenerlo bajo la autoridad que nos ha concedido el presidente si cumple ciertos criterios. Llevar a cabo una entrega extraordinaria, es decir, llevarlo a otro país, un tercer país. O enviarlo a Guantánamo [...] Alguien diría: bueno, podrían procesarlo judicialmente. Ésa es la cuestión sobre la cual veo muchas desavenencias [...] Volviendo al principio, esto es una guerra, no un ejercicio de aplicación de la ley.”^²⁴

El mes anterior, en una declaración presentada ante la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia en relación a los esfuerzos hechos por la administración para reducir el alcance de la revisión de dicha corte de las detenciones de “combatientes enemigos” recluidos en Guantánamo, el director de la Agencia Nacional de Seguridad, teniente general Keith B. Alexander, afirmó:

“Como consecuencia de los ataques sin precedentes del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos se vio conducido de inmediato a una guerra global contra una red de grupos terroristas, centrados en al Qaeda y afiliados a esta organización [...]. Esa guerra continúa hoy en día, tanto en nuestro territorio como en el extranjero. La guerra contra al Qaeda y sus aliados es un tipo de guerra muy diferente, contra un enemigo muy distinto a cualquier otra guerra o enemigo que el país haya afrontado jamás.”^²⁵

El Departamento de Justicia estadounidense, responsable de los procesamientos en el sistema de justicia penal ordinario, también mantiene esta postura. Por ejemplo, el 11 de diciembre de 2007, el vicefiscal general adjunto, Steven Engel, reiteró a un subcomité del Comité Judicial del Senado que “Estados Unidos está implicado actualmente en un conflicto armado sin precedentes en nuestra historia”.^²⁶Estas declaraciones se hacen eco de un memorándum central de política publicado a comienzos de 2002 en el que el presidente Bush afirmaba que “la guerra contra el terrorismo marca el comienzo de un nuevo paradigma” que “exige una forma nueva de pensar en las leyes de la guerra”.^²⁷O, como dijo el entonces secretario de Defensa Donald Rumsfeld durante una visita a Guantánamo poco después de la inauguración del centro de detención, en enero de 2002: “Es importante que la gente reconozca que se trata de una circunstancia diferente, la guerra contra el terrorismo, que exige una forma de pensar distinta. Nuestra forma normal de pensar no funciona”.”^²⁸

- III -

Es este sentido de situación “nueva” y sin precedentes lo que ha contribuido, en opinión de Amnistía Internacional, a la interpretación equivocada y sumamente selectiva que ha hecho Estados Unidos de sus obligaciones legales internacionales. Por ejemplo, la decisión presidencial de no aplicar las salvaguardias de los Convenios de Ginebra a los detenidos capturados o recluidos en Afganistán se produce después de que el entonces Consejo de la Casa Blanca asesorara que tal decisión “conservaría la flexibilidad” en “un nuevo tipo de guerra” que “da mucha importancia a [...] la capacidad de conseguir rápidamente información de terroristas capturados y sus patrocinadores” y “vuelve obsoletas las estrictas limitaciones de Ginebra sobre el interrogatorio de prisioneros enemigos”.^²⁹Al mismo tiempo, el vicepresidente Cheney afirmaba de los detenidos en Guantánamo: “Son combatientes ilegales [...] Realmente surge la duda de si los Convenios de Ginebra, como tales convenios, pueden interpretarse aplicándolos a la nueva situación a la que nos enfrentamos [...] Son malas personas. Puede que tengan información sobre posibles atentados terroristas contra Estados Unidos. Necesitamos esa información, necesitamos poder interrogarlos y conseguir toda la información que puedan tener”.^³⁰El 2 de diciembre de 2002, el vicepresidente afirmó: “Desde los atentados del 11 de septiembre, nuestro país libra una clase de guerra sin precedentes [...] Como ha dicho el presidente, se trata de una guerra para salvar al mundo civilizado.”^³¹Ese mismo día, el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, firmó un memorándum por el que se autorizaba a las autoridades de Guantánamo, “como cuestión de política”, a utilizar técnicas de interrogatorio que incluían posturas en tensión, aislamiento, privación sensorial, uso de capuchas, retirada de todo tipo de artículos de uso personal (incluidos los religiosos), despojo de la ropa, afeitado forzoso y explotación de las fobias particulares de los detenidos, como el miedo a los cánidos, todo ello para provocar tensión.^³²Cinco años después, el presidente Bush dijo que “los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 demostraron cuáles eran las amenazas de una nueva era [...] Vimos la crueldad de los terroristas y extremistas, y vislumbramos el futuro que nos tenían reservado [...] Esta guerra contra estos extremistas y radicales que nos quieren hacer daño es la gran batalla ideológica de nuestra época. Estamos luchando contra hombres malvados [...] Y para descubrir lo que saben los terroristas sobre futuros atentados, hemos creado un programa dirigido por la CIA a fin de detener e interrogar a dirigentes y agentes terroristas clave.”^³³Este programa de detención secreta sigue autorizado. Y la tortura y la desaparición forzada –junto con la impunidad para tales crímenes internacionales– entraron a formar parte de él.

Las constantes revelaciones sobre asesoramientos y debates que se produjeron en el seno de la administración y que en su día fueron secretos, y sobre las políticas y prácticas de ésta, han minado la confianza en las garantías de Estados Unidos respecto a su compromiso y participación en prácticas legítimas, incluso en relación con la prohibición de la tortura y otros malos tratos. Tales políticas y prácticas también han implicado que en algunos casos se haya pasado por alto a los tribunales ordinarios, mientras que en otros no, una incoherencia que no ha hecho más que socavar la credibilidad de las garantías de que no se eliminará o excluirá del sistema ordinario de justicia penal a determinados acusados. La experiencia de numerosos detenidos ha mostrado que el gobierno estadounidense no está comprometido a realizar juicios en tribunales federales –incluso cuando el acta de acusación formal se haya dictado en un tribunal de este tipo– cuando se consideran prioritarias las consideraciones de seguridad nacional en virtud de este paradigma de guerra global.

El 20 de julio de 2006, Uzair Paracha, ciudadano paquistaní con residencia legal en Estados Unidos, fue condenado a 30 años de cárcel en un tribunal federal estadounidense por facilitar apoyo material al terrorismo. Se había dictado acta de acusación formal contra él en octubre de 2003 y la sentencia de culpabilidad se dictó en noviembre de 2005. Al parecer, en el juicio de Uzair Paracha se admitieron las declaraciones hechas bajo custodia de Estados Unidos por Majid Khan, también ciudadano paquistaní con residencia legal en Estados Unidos.^³⁴Majid Khan había sido capturado en el domicilio de su hermano en Karachi en marzo de 2003. Aunque lo pusieron bajo la custodia de Estados Unidos, no lo juzgaron en un tribunal federal, ni pudo impugnar la legalidad de su detención en el tribunal, ni tener contacto con el exterior. Se convirtió en víctima de desaparición forzada bajo la custodia secreta de la CIA en lugares desconocidos, y su suerte y su paradero se mantuvieron ocultos durante más de tres años, sin que su familia supiera si estaba vivo o muerto, hasta que lo trasladaron a Guantánamo, en septiembre de 2006, donde continúa prácticamente incomunicado más de un año después, detenido como “combatiente enemigo”.^³⁵ A pesar de que su traslado a Guantánamo tenía como fin, según se dijo, que compareciera ante la justicia, a comienzos de marzo de 2008, más de 16 meses después, no se habían presentado cargos contra él.^³⁶

Majid Khan ha denunciado que fue torturado bajo la custodia de la CIA. Sus abogados han presentado declaraciones en las que se detallan las presuntas torturas sufridas por Majid Khan y otros detenidos bajo la custodia de la CIA, aunque estos detalles han sido censurados del expediente público por motivos de seguridad nacional.^³⁷Sus abogados afirman:

“La tortura de Khan no fue decididamente un error, un hecho aislado, ni siquiera la obra de agentes de la CIA ‘descarriados’ o personal subcontratado por el gobierno que operaba al margen de la autoridad de éste o de la cadena de mando. Por el contrario, como se detalla en la Declaración de Dixon, Khan [censurado] prisioneros que habían sido secuestrados, encarcelados y torturados de forma similar por personal de Estados Unidos en ‘lugares negros’ de la CIA de todo el mundo. Las experiencias colectivas de estos hombres, sometidos a desaparición forzada por el gobierno y convertidos en prisioneros fantasmas, revelan un programa sofisticado y perfeccionado de tortura que funciona con impunidad al margen de los límites de cualquier legislación nacional o internacional.^³⁸

Altos cargos de la administración han afirmado reiteradamente que los detenidos serían tratados humanitariamente. En noviembre de 2001, por ejemplo, el vicepresidente Cheney afirmó: “Estas personas no van a ser maltratadas. Vamos a tratarlas como los combatientes ilegales que son.” ^³⁹Cuatro años después, el presidente Bush afirmaba: “Mi gobierno no tortura” y “respetamos la Convención Internacional contra la Tortura, tanto en casa como en el extranjero”.^⁴⁰

Sin embargo, en una vista ante el Comité Selecto de Inteligencia del Senado, celebrada el 5 de febrero de 2008, el director de la CIA, general Hayden, confirmó que entre sus técnicas de interrogatorio “potenciadas”, la CIA había utilizado el simulacro de ahogamiento (waterboarding) con tres detenidos en 2002 y 2003.^⁴¹Amnistía Internacional condena inequívocamente esta práctica como tortura.^⁴²El 8 de febrero de 2008, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos afirmó en una conferencia de prensa en México capital que en su opinión la práctica del simulacro de ahogamiento cae directamente bajo la prohibición de la tortura.^⁴³El 12 de febrero de 2008, el ministro de Asuntos Exteriores británico confirmó que su gobierno define el simulacro de ahogamiento como tortura.^⁴⁴Si bien las autoridades estadounidenses han afirmado que actualmente esta técnica no está autorizada como parte del programa de detención secreta de la CIA, también han dicho que podría utilizarse en el futuro –al igual que cualquier otra técnica de interrogatorio no autorizada actualmente– si el fiscal general aprobara su legalidad y el presidente la autorizara.^⁴⁵

En un testimonio presentado ante un subcomité del Comité Judicial de la Cámara de Representantes el 14 de febrero de 2008, Steven Bradbury, vicefiscal general adjunto de la Oficina de Asesoramiento Jurídico del Departamento de Justicia, sugirió que las circunstancias que justificarían el recurso a cualquiera de estos “métodos nuevos” se darían si se determinara que la técnica en cuestión es “necesaria para conseguir información sobre los planes de un ataque terrorista o la ubicación de la jefatura de al Qaeda”.^⁴⁶En su testimonio ante el Comité de Inteligencia del Senado del 5 de febrero, el director de la CIA intentó justificar lo que equivale a un tipo de tortura con agua presentándola como un medio de conseguir información de los detenidos en un momento en el que se considera amenazada la seguridad pública tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, y porque la comunidad de los servicios de información “tenía un conocimiento limitado sobre al Qaeda y sus actividades”. El recurso a la tortura por parte de la administración para cubrir su laguna de información la ha dejado actualmente con una laguna de crediblidad respecto a sus garantías.

El 8 de marzo de 2008, el presidente Bush vetó un proyecto de ley que tenía como objetivo que la CIA se limitara a utilizar técnicas de interrogatorio autorizadas en el Manual de Campo del Ejército de Estados Unidos. “Los procedimientos que recoge este manual”–afirmó el presidente– “fueron concebidos para ser utilizados por soldados que interrogan a combatientes legales capturados en el campo de batalla, no para profesionales de los servicios de información entrenados para interrogar a curtidos terroristas”. El presidente continuó: “necesitamos asegurar que nuestros oficiales de inteligencia tengan todas las herramientas que necesiten para detener a los terroristas”.^⁴⁷Entre otras cosas, el Manual de Campo prohíbe, “si se utiliza en combinación con interrogatorios”: “Obligar al detenido a permanecer desnudo, realizar actos sexuales o adoptar poses sexuales; colocar capuchas o bolsas sobre la cabeza del detenido; taparle los ojos con cinta adhesiva; darle golpes, aplicarle descargas eléctricas, producirle quemaduras o utilizar otras formas de dolor físico; realizar simulacros de ahogamiento (waterboarding); utilizar perros del ejército; inducir estados de hipotermia o lesiones por calor; llevar a cabo simulacros de ejecución; privar al detenido de la comida, el agua o la atención médica necesarias.”^⁴⁸

El general Hayden ha afirmado que “la decisión de la Agencia de emplear el simulacro de ahogamiento después del 11 de septiembre no sólo era legal, sino que reflejaba las circunstancias del momento [...] El programa de la CIA de interrogatorio de terroristas, legal y eficaz, fue fruto de la necesidad [...] A diferencia de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, el principal objetivo de la CIA en los interrogatorios no es conseguir pruebas periciales de acontecimientos sucedidos en el pasado, sino información que sirva para tomar medidas en el futuro y emprender acciones”^⁴⁹En otras palabras, parecería que, si el concepto de “necesidad” de la administración así lo exige, métodos prohibidos en virtud del derecho internacional pueden ser considerados legales en virtud de las leyes estadounidenses.

Los detenidos contra los que las autoridades estadounidenses han admitido haber utilizado la forma de tortura con agua denominada simulacro de ahogamiento (waterboarding) son Khalid Sheikh Mohammed, Abu Zubaydah y Abd al-Rahim al-Nashiri, todos ellos ciudadanos no estadounidenses. Los tres estuvieron recluidos en lugares secretos durante más de tres años antes de ser trasladados a Guantánamo en septiembre de 2006, donde continúan detenidos por el ejército como “combatientes enemigos” en el Campo 7, cuyas condiciones aún no se han dado a conocer.

En abril de 2002, el secretario de Defensa Rumsfeld había descrito como “hipotética” y “fuera del radar” la idea de que Estados Unidos transfiriera a Abu Zubaydah después de su captura a un lugar fuera de Pakistán, Afganistán o Estados Unidos para ser interrogado.^⁵⁰Posteriores informes indican que Abu Zubaydah fue trasladado a un “lugar negro” de la CIA en Tailandia, y sometido a tortura.^⁵¹En total permaneció recluido cuatro años y medio en lugares secretos. Dos abogados estadounidenses que lo representan en 2008 han escrito:

“Dando tumbos por todo el mundo de un ‘lugar negro’ de la CIA a otro [...] el mundo de Zubaydah se convirtió en habitaciones heladas alternando con celdas sofocantes. Al ruido de lamentos le sucedía un interminable silencio. A la luz cegadora le seguía la oscuridad de cámaras subterráneas. Horas y horas confinado en retorcidas posturas.”^⁵²

En abril de 2002, preguntado sobre si Abu Zubaydah sería juzgado, el secretario de Defensa Rumsfeld contestó: “”Yo diría que sin duda sí”.^⁵³Casi seis años después, no se han presentado cargos contra él, actualmente recluido en Guantánamo.

El 6 de diciembre de 2007, el director de la CIA reveló que en 2005 la agencia había destruido cintas de vídeo realizadas en 2002 del interrogatorio de detenidos bajo custodia secreta de Estados Unidos.^⁵⁴Las cintas al parecer contenían cientos de horas del interrogatorio de Abu Zubaydah y ‘Abd al-Rahim al-Nashiri. Ambos han denunciado que fueron torturados bajo custodia de la CIA y las autoridades han confirmado que ambos fueron sometidos a simulacros de ahogamiento. Abu Zubaydah estuvo detenido en secreto en régimen de incomunicación durante cuatro años y medio, y se convirtió en sujeto de desaparición forzada. ‘Abd al-Nashiri, ciudadano saudí de origen yemení, fue detenido en los Emiratos Árabes Unidos en noviembre de 2002. Seis meses después, en mayo de 2003, Estados Unidos acusó a dos ciudadanos yemeníes –que no estaban bajo su custodia– de tener relación con el atentado con explosivos del USS Cole en Yemen, en octubre de 2000. En el acta de acusación formal emitida por un tribunal federal se mencionaba a ‘Abd al-Nashiri como “participante en la conspiración no inculpado”, pero en lugar de llevarlo ante un tribunal federal después de detenerlo, siguió bajo custodia secreta otros tres años y medio.^⁵⁵A comienzos de marzo de 2008, aún no se habían presentado cargos contra él ni había comparecido ante el juez, sino que permanecía en detención militar indefinida, prácticamente incomunicado en Guantánamo como “combatiente enemigo”. Walid bin Attash también fue calificado de “participante en la conspiración no inculpado” en el acta de acusación formal del tribunal federal en mayo de 2003. Walid bin Attash había sido detenido en Pakistán el mes anterior, pero en vez de presentarlo ante el tribunal federal también lo mantuvieron bajo la custodia secreta de Estados Unidos en lugares desconocidos hasta septiembre de 2006, fecha en que lo trasladaron a Guantánamo. El 11 de febrero de 2008, el Pentágono anunció que Walid bin Attash era uno de los seis detenidos de Guantánamo contra los que ese día presentaba cargos penales en relación con los atentados del 11 de septiembre de 2001 y contra los que pediría la pena de muerte en su juicio conjunto por comisiones militares.

Otro de los seis es Khalid Sheikh Mohammed. En marzo de 2003, al preguntársele sobre la detención de Khalid Sheikh Mohammed, el portavoz de la Casa Blanca respondió que “el criterio para cualquier tipo de interrogatorio de cualquier persona que esté bajo la custodia de Estados Unidos es que sea humanitario y que se atenga a todas las leyes y acuerdos internacionales que se ocupan de este asunto. Eso es precisamente lo que ha estado ocurriendo y es exactamente lo que va a ocurrir”.^⁵⁶No obstante, violando claramente las leyes internacionales, Khalid Sheikh Mohammed fue puesto bajo custodia secreta de Estados Unidos durante los siguientes tres años y medio. El director de la CIA ha confirmado que fue sometido a simulacro de ahogamiento y el detenido ha denunciado que lo sometieron a otra tortura mientras estaba en régimen de incomunicación. A pesar de que un tribunal federal había dictado previamente acta de acusación formal contra él, Khalid Sheikh Mohammed no pasó a ese sistema de justicia. Su detención fue considerada, “en primer lugar y sobre todo una oportunidad para los servicios de información”, según el fiscal general de Estados Unidos.^⁵⁷

En 1998, un tribunal federal estadounidense en Nueva York dictó acta de acusación formal contra Ahmed Khalfan Ghailani, ciudadano tanzano, por numerosos cargos en relación con los atentados con explosivos de las embajadas estadounidenses de Kenia y Tanzania de agosto de 1998.^⁵⁸En 2001, un tribunal federal de Estados Unidos juzgó y declaró culpables a cuatro hombres en relación con estos atentados. No obstante, Ahmed Khalfan Ghailani fue detenido en Pakistán en julio de 2004 y entregado a Estados Unidos al mes siguiente, y no fue puesto a disposición judicial, sino que estuvo bajo la custodia secreta de la CIA durante los dos años siguientes. Actualmente está detenido como “combatiente enemigo” en Guantánamo, y a comienzos de marzo de 2008 no se habían presentado cargos contra él ni había sido juzgado.

En junio de 2003, el presidente Bush, quien tres años después confirmaría que había autorizado el programa de detención secreta de la CIA, emitió una declaración en la que proclamaba que Estados Unidos lideraba “con su ejemplo” la lucha global contra la tortura.^⁵⁹Esta afirmación se produjo unas semanas después de que Khalid Sheikh Mohammed fuera llevado bajo custodia y sometido posteriormente a un método de tortura con agua, y unas semanas después de que un Grupo de Trabajo del Pentágono hubiera elaborado un informe, inicialmente clasificado como secreto hasta 2013, donde se afirmaba que, como comandante en jefe de las fuerzas armadas, para el presidente no eran vinculantes las leyes estadounidenses ni internacionales de prohibición de la tortura, y se indicaban defensas jurídicas contra la responsabilidad penal de los funcionarios acusados de tortura.^⁶⁰Un ex agente de la CIA ha indicado recientemente que el simulacro de ahogamiento y otras técnicas de interrogatorio “potenciadas” habían sido aprobadas por el Departamento de Justicia y el Consejo Nacional de Seguridad en 2002. Según este ex agente: “Era una decisión política que procedía de la Casa Blanca”.^⁶¹

Amnistía Internacional considera que la administración ha dañado considerablemente la credibilidad de las garantías oficiales en lo relativo a las obligaciones de derechos humanos de Estados Unidos, incluida la prohibición absoluta de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes. Al pasar por alto a los tribunales federales, ha restado credibilidad a sus actuales afirmaciones, cuando asegura que juzgará a personas concretas ante estos tribunales, en lugar de recluirlas sin juicio como “combatientes enemigos” o de juzgarlas ante comisiones militares.

- IV -

Se han dado garantías a otros gobiernos de que el trato que reciben los detenidos es humanitario y ajustado al derecho internacional. Cuando se llevó a los detenidos a Guantánamo, por ejemplo, el Departamento de Estado envió a las embajadas estadounidenses una serie de puntos de argumentación a utilizar cuando informaran a los gobiernos de que uno o más de sus ciudadanos habían sido trasladados a la base. Uno de estos puntos era: “todos los detenidos han sido y seguirán siendo tratados humanitariamente y con arreglo a los principios del Tercer Convenio de Ginebra. En Guantánamo hay representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja, que tendrán oportunidad de visitar a cada detenido en privado”.^⁶²A pesar de estas garantías, entre las prácticas de Estados Unidos en Guantánamo ha habido algunas totalmente contrarias a los principios del Tercer Convenio de Ginebra;^⁶³las garantías de trato humanitario han ido seguidas de evidencias sustanciales de tortura y otros malos tratos a los detenidos (véase más adelante), e incluso el acceso al CICR no ha carecido de obstáculos. Según un documento del Pentágono filtrado, en una reunión con las autoridades de Guantánamo en octubre de 2003, el CICR reiteró que le preocupaba el hecho de que aún no había podido acceder a varios detenidos.^⁶⁴Uno de ellos, Mohamedou Ould Slahi, detenido en Mauritania y objeto de “entrega extraordinaria” a Jordania antes de ser trasladado a Guantánamo vía Afganistán, fue sometido a tortura u otros malos tratos mientras le negaban el acceso al CICR durante más de un año en Guantánamo, donde continúa recluido como “combatiente enemigo”.^⁶⁵Mohamedou Ould Slahi ha denunciado que, entre junio y agosto de 2003, fue obligado a desnudarse, sometido a acoso y agresión sexual, a temperaturas extremadamente frías, en ocasiones mientras estaba desnudo y empapado en agua fría, a privación de sueño, a amenazas contra él y su familia y a palizas.^⁶⁶

Una nota diplomática de las autoridades estadounidenses, fechada el 30 de octubre de 2002 y dirigida a un gobierno no identificado (al parecer europeo), afirmaba: “con respecto al acceso a los detenidos en Guantánamo, representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja visitan individual y privadamente a combatientes enemigos con regularidad”.^⁶⁷La versión filtrada recientemente de las normas de funcionamiento del Campo Delta, de fecha 28 de marzo de 2003, revela que el objetivo del “Plan de Manejo de Conducta” que se aplicaba a los detenidos cuando llegaban a Guantánamo era “potenciar y explotar la desorientación y desorganización que siente un detenido recién llegado en el proceso de interrogatorio”. Durante al menos los primeros 30 días –aunque este plazo podía ser mayor si las autoridades que dirigían los interrogatorios así lo autorizaban–, al detenido se le negaba todo contacto con el CICR, así como artículos básicos, como el Corán, el birrete y el collar de cuentas para la oración, libros y correo.^⁶⁸Lo mismo se repite en la versión de marzo de 2004, filtrada posteriormente.^⁶⁹Las normas de funcionamiento revelan que a todos los detenidos se les designa uno de cuatro niveles de contacto con el CICR (sólo uno de estos niveles permite a este organismo “pleno acceso para hablar con el detenido”).^⁷⁰En la reunión de octubre de 2003 entre el CICR y las autoridades de Guantánamo a la que nos hemos referido supra, el CICI no sólo reiteró su preocupación por no haber podido ver a varios de los detenidos, sino por el uso de “aislamiento excesivo”, por el “exceso de control de los interrogadores sobre las necesidades básicas de los detenidos” y por “su intento de controlar a éstos mediante el uso del aislamiento”. La respuesta del comandante de Guantánamo fue que los detenidos eran “combatientes enemigos” y que la labor de vigilancia del CICR no debía centrarse en los métodos de interrogatorio.^⁷¹Mientras, el apartado dedicado a asuntos públicos de las normas de funcionamiento subrayaba que uno de los “temas de información a la opinión pública internacional sobre los detenidos” es: “A todos los detenidos se les tratará humanitariamente y con arreglo a los principios de los Convenios de Ginebra”.^⁷²Las garantías del gobierno diferían claramente de la realidad del régimen de detención.

Siguiendo con las garantías, ha habido algunas que se han dado respondiendo específicamente a las preocupaciones de otros gobiernos. El hecho de que las autoridades canadienses hayan “solicitado y recibido garantías renovadas de Estados Unidos respecto al trato humanitario que se da a los detenidos” (la cursiva es nuestra) tras las denuncias de tortura y malos tratos parece demostrar que tales garantías no han sido absolutas.^⁷³Otros gobiernos también han solicitado y recibido garantías de que Estados Unidos trataría a los detenidos humanitariamente y de acuerdo al derecho internacional. Un telegrama muy censurado, con fecha de enero de 2002, de la embajada de Estados Unidos en un país cuya identidad está clasificada (pero que se cree es un Estado del Golfo), indica que el segundo embajador había informado al Ministerio de Asuntos Exteriores del país en cuestión que algunos de sus ciudadanos habían sido transferidos a Guantánamo el 11 de enero. Un funcionario cuya identidad está clasificada “afirmó que había visto/leído informaciones en los medios de comunicación sobre la dureza en el trato a los detenidos e instó enérgicamente a Estados Unidos a atenerse a las ‘normas internacionales’ en este aspecto”. En el telegrama se afirma que el segundo embajador “respondió que estaban siendo tratados de forma humanitaria”.^⁷⁴

Otro telegrama censurado, de enero de 2002, enviado por la embajada de Estados Unidos en Londres al Secretario de Estado estadounidense, señalaba que el primer ministro británico Tony Blair había respondido a los motivos de preocupación expresados por un parlamentario sobre el trato dispensado a los ciudadanos británicos en Guantánamo afirmando que “todos los detenidos deben ser tratados humanitariamente ‘con arreglo a los Convenios de Ginebra y el derecho internacional de aplicación’ y que el gobierno estadounidense ha garantizado al gobierno británico que se está haciendo así”.^⁷⁵Los ciudadanos británicos calificados de “combatientes enemigos” por Estados Unidos se cuentan entre los que han denunciado haber sido sometidos a torturas u otros malos tratos por personal estadounidense en Afganistán y Guantánamo.^⁷⁶Shafiq Rasul, Asif Iqbal, Rhuhel Ahmed y Jamal al-Harith han afirmado que los golpearon, los mantuvieron con grilletes en dolorosas posturas en tensión, los amenazaron con perros, los sometieron a temperaturas extremas y les impidieron dormir, además de privarlos de comida, higiene, tratamiento médico y comunicación adecuados y de hostigarlos con relación a sus creencias religiosas.^⁷⁷

Un mensaje de correo electrónico del Departamento de Estado, de fecha 27 de junio de 2002, aconsejaba que en la respuesta a un parlamentario británico [Geraint Davies] sobre un ciudadano británico [Feroz Abassi] recluido en Guantánamo, el personal debía “utilizar un lenguaje aprobado para el uso entre organismos”, dando garantías de que todos los detenidos recibían un trato humanitario y que el CICR “se reunía con los detenidos individualmente y en privado”.^⁷⁸Feroz Abassi y su conciudadano Moazzam Begg, también recluido en Guantánamo, fueron trasladados posteriormente al Campamento Eco de la base, un lugar descrito por el CICR como “sumamente duro”,^⁷⁹donde cada uno de ellos permaneció en régimen de aislamiento en una celda sin ventanas durante más de un año. Al CICR se le negó el acceso a Moazzam Begg desde al menos febrero a octubre de 2003.^⁸⁰

El gobierno francés también pidió garantías. A finales de enero de 2002, a la embajada de Estados Unidos en París llegó un telegrama del secretario de Estado estadounidense, Colin Powell, en el que se pedía a la legación que reenviara una “carta de respuesta” al ministro francés de Asuntos Exteriores, Hubert Védrine, que había escrito al gobierno estadounidense el 15 de enero de 2002 en relación con las detenciones de Guantánamo, que habían comenzado pocos días antes. La respuesta del gobierno estadounidense al ministro de Exteriores francés fue: “Tenga por seguro que [los detenidos] están siendo tratados humanitariamente, con arreglo a los principios del Tercer Convenio de Ginebra de 1949 y sin someterlos a abusos físicos ni mentales.”^⁸¹Posteriores revelaciones han demostrado que los detenidos de Guantánamo han sido sometidos a torturas y malos tratos, incluso como consecuencia de técnicas de interrogatorio y condiciones de detención autorizadas. Un mensaje de correo electrónico del FBI afirmaba que “se planificaron y aplicaron técnicas extremas de interrogatorio” contra ciertos detenidos en Guantánamo.^⁸²Por ejemplo, el ex secretario de Defensa Donald Rumsfeld autorizó un “plan de interrogatorio especial” contra Mohamed al-Qahtani a finales de 2002.^⁸³Según documentos oficiales filtrados, Mohamed al-Qahtani fue interrogado entre 18 y 20 horas al día durante 48 de 54 días consecutivos. Lo intimidaron con un perro, lo sometieron a humillaciones sexuales y de otro tipo, lo obligaron a desnudarse, lo encapucharon, lo expusieron a música a alto volumen, ruido blanco y privación de sueño, así como a temperaturas extremas de frío y calor manipulando el aire acondicionado.^⁸⁴Agentes del FBI observaron que Mohamed al-Qahtani presentaba una conducta “característica de un trauma psicológico extremo (hablaba con personas inexistentes, oía voces, pasaba horas en cuclillas en la celda cubierto por una sábana)”. ^⁸⁵Numerosos detenidos y ex detenidos han denunciado torturas u otros malos tratos a manos del personal de Estados Unidos en Afganistán, Guantánamo o bajo la custodia de la CIA en lugares secretos.

El 21 de febrero de 2008, el ministro de Asuntos Exteriores británico presentó nuevos indicios de la poca credibilidad de las garantías de Estados Unidos en la "guerra contra el terror", cuando afirmó que el territorio británico de Diego Garcia había sido utilizado por Estados Unidos para vuelos para entregas extraordinarias, incumpliendo las garantías dadas por el gobierno estadounidense. En una declaración al Parlamento, el ministro afirmó: “Frente a las garantías explícitas de que el aeródromo de Diego Garcia no había sido utilizado para vuelos para entregas extraordinarias, recientes investigaciones estadounidenses han revelado que esto ha ocurrido en dos casos, ambos en 2002”.^⁸⁶En su informe de junio de 2007 sobre la participación de países miembros del Consejo de Europa en el programa de detenciones secretas y entregas extraordinarias, el Comité de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos del Consejo de Europa había señalado que “el gobierno británico ha aceptado inmediatamente las ‘garantías’ de las autoridades estadounidenses” respecto al presunto uso de Diego Garcia en el programa de entregas extraordinarias “sin ni siquiera realizar averiguaciones independientes ni transparentes sobre las propias denuncias, ni rendir cuentas ante la opinión pública de forma suficientemente exhaustiva”.^⁸⁷

Las garantías oficiales de Estados Unidos sobre el trato humanitario y legítimo de los detenidos bajo su custodia –especialmente los designados como “combatientes enemigos”– deben recibirse con extrema cautela. A Amnistía Internacional le preocupa la posibilidad de que el gobierno británico –que ha comunicado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos que no hay motivos para no seguir adelante con la extradición de Ahmad Babar y Haroon Aswat, basándose en las notas diplomáticas sobre sus casos– no proceda con la debida precaución, sino que apruebe una aceptación de las garantías diplomáticas conveniente para ambas partes. Esta preocupación se agrava con un memorándum del gobierno británico filtrado en enero de 2006. Dicho documento –según los informes enviado por el Ministerio de Asuntos Exteriores británico al gabinete del primer ministro británico en diciembre de 2005– trataba sobre la legalidad de las entregas extraordinarias de Estados Unidos, la postura de este país respecto a la tortura y otros malos tratos y la posible complicidad del Reino Unido en las prácticas estadounidenses.

En relación al uso por parte de Estados Unidos de las garantías diplomáticas, el memorándum británico comentaba: “No desearíamos arrojar dudas sobre el fundamento de tales garantías entre gobiernos, menos aún dados nuestros propios intentos de conseguirlas de países a cuyos ciudadanos deseamos expulsar como sospechosos de participar en actividades terroristas: Argelia, etc.)”. En su conclusión, el memorándum aconsejaba que el gobierno británico “trate ahora de que el debate no se centre en las particularidades de las entregas, extraordinarias o no, sino en las garantías claras ofrecidas por [la secretaria de Estados estadounidense, Condoleezza] Rice de que todas las actividades estadounidenses se ajustan a sus obligaciones en el ámbito nacional e internacional”. En la misma línea, el documento afirmaba que “de forma más general, debemos intentar que el debate deje de centrarse en si Estados Unidos practica la tortura –algo que ha negado taxativamente– para centrarse en la constructiva y tranquilizadora afirmación estadounidense de que han actuado en todos los aspectos con arreglo a sus obligaciones legales nacionales e internacionales.”^⁸⁸Posteriormente, Estados Unidos admitió haber utilizado una técnica de interrogatorio –el simulacro de ahogamiento o waterboarding– que constituye tortura y que el gobierno británico ha reconocido como tal (véase supra). No obstante, las autoridades estadounidenses se han reservado el derecho de volver a utilizar la técnica si determinan que es legal y las circunstancias así lo exigen. El gobierno británico se opone al uso de la detención secreta, y ha dicho a Amnistía Internacional que la administración estadounidense “conoce perfectamente nuestra postura”^⁸⁹El programa de detención secreta de Estados Unidos continúa estando autorizado.

- V -

En una orden ejecutiva en materia militar del 13 de noviembre de 2001 sobre detención, tratamiento y enjuiciamiento de ciertos extranjeros en la guerra contra el terrorismo, en la que afirmaba que los atentados del 11 de septiembre habían “creado un estado de conflicto armado”, el presidente Bush autorizó la detención indefinida sin juicio “en una ubicación adecuada designada por el secretario de Defensa fuera o dentro de Estados Unidos”, de cualquier ciudadano extranjero acerca del cual el presidente ha determinado que existen “motivos para creer” que:

Es o ha sido miembro de la organización conocida como al Qaeda;
Ha participado, ayudado o secundado, o conspirado en la comisión de actos de terrorismo internacional o sus preparativos, que han causado, amenazado con causar o pretendido causar daños o efectos adversos a Estados Unidos, sus ciudadanos, su seguridad nacional, su política exterior o su economía; o
Ha dado refugio a sabiendas a uno o más individuos de los descritos en los subpárrafos (i) o (ii) [...];

Y [...] en interés de Estados Unidos el individuo en cuestión debe quedar sujeto a esta orden.^⁹⁰

En mayo de 2006, la administración estadounidense dijo al Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas que los detenidos bajo custodia estadounidense como “combatientes enemigos” en Guantánamo y Afganistán lo estaban en aplicación de esta orden.^⁹¹Hasta donde sabe Amnistía Internacional, el gobierno estadounidense no ha abandonado esta postura, y la orden ejecutiva en materia militar sigue vigente.

Los derechos de los ciudadanos extranjeros designados “combatientes enemigos” en virtud de las facultades constitucionales del presidente como comandante en jefe han sido sistemáticamente violados, no sólo en Guantánamo, sino también en Afganistán, en lugares desconocidos cuando han sido trasladados ilegalmente a ellos y han permanecido allí detenidos por la CIA, y en el propio territorio estadounidense, como en el caso de tres hombres recluidos como “combatientes enemigos” en el territorio nacional (uno de los cuales, Ali al-Marri –véase infra– continúa bajo custodia militar indefinida tras casi cinco años). Como se explica más adelante, a Amnistía Internacional le preocupa que, además de las violaciones de derechos humanos perpetradas contra este tipo de detenidos en general –consecuencia del intento deliberado y constante de evitar o minimizar la supervisión judicial de sus casos– la administración se haya mostrado dispuesta a explotar casos concretos de detenidos para este fin.

Este telón de fondo es el que da motivos de preocupación a Amnistía Internacional en el caso de personas acusadas de delitos relacionados con el terrorismo que pueden ser extraditadas a Estados Unidos. Antes del 11 de septiembre de 2001 y de la respuesta del gobierno estadounidense a estos sucesos, a Amnistía Internacional en general no le hubiera preocupado la extradición de sospechosos para ser juzgados en los tribunales federales estadounidenses una vez que el país extraditor hubiera conseguido las garantías adecuadas de que ninguno de ellos sería condenado a muerte en Estados Unidos. Tales garantías se hubieran considerado fiables. La ley y la práctica alimentaban esta confianza.

Desde el 11 de septiembre de 2001, Amnistía Internacional y otros han pedido reiteradamente al gobierno estadounidense que se ajuste a sus obligaciones internacionales y al Estado de derecho en su aplicación de las medidas antiterroristas. En un informe publicado en noviembre de 2001, por ejemplo, Amnistía Internacional señalaba con preocupación que, en el marco de la "guerra contra el terror", Estados Unidos buscaba en sus relaciones diplomáticas con otros países alternativas “más eficaces” a la extradición. La organización pedía a las autoridades estadounidenses que no trataran de atenuar la fuerza de las protecciones en los casos de extradición ni recurrieran a la técnica de la entrega extraordinaria –autorizada en virtud de una orden de 1995 firmada por el presidente Clinton e incluida en el Manual de Recursos Penales del Departamento de Justicia como alternativa para los fiscales federales– para burlar las salvaguardias de derechos humanos. Amnistía Internacional argumentaba:

“La solución a las barreras judiciales planteadas en las extradiciones por delitos punibles con la muerte no reside en el debilitamiento de las salvaguardias de la extradición como algunos han propuesto, sino en la abolición total de la pena de muerte por parte de todos los países que aún la conservan. Hasta entonces, los países retencionistas como Estados Unidos deben estar dispuestos a renunciar a solicitar la pena de muerte para los presuntos delincuentes detenidos en el extranjero. Lo contrario sólo iría en detrimento de la búsqueda de la justicia”^⁹²

Amnistía Internacional lamenta profundamente que el gobierno estadounidense se haya decantado por la entrega extraordinaria de los detenidos –entrega al interrogatorio y la detención indefinida sin cargos, no al juicio– como parte de su régimen de detenciones secretas y otras detenciones ilegales en la "guerra contra el terror".^⁹³La decisión de Estados Unidos de crear y seguir aplicando este régimen de detención tiene consecuencias negativas para la cooperación internacional en el ámbito de la aplicación de la ley. En febrero de 2008, por ejemplo, tras la confirmación por parte de la administración estadounidense de que la CIA había utilizado el simulacro de ahogamiento (véase supra), la ministra sueca de Justicia, Beatrice Ask, afirmó:

“Es preciso tener gran precaución al cooperar con Estados en los que no se respetan plenamente los derechos humanos o donde el sistema judicial no cumple los criterios fundamentales de un Estado de derecho. Si surge esta información, las autoridades pertinentes deben evaluar cuidadosamente si resulta adecuado continuar con la cooperación. En este caso, la información sobre el uso de la técnica conocida como simulacro de ahogamiento o waterboarding podría tener consecuencias para la cooperación jurídica y policial con Estados Unidos.”^⁹⁴

Para reparar el daño hecho, Estados Unidos debe buscar soluciones no en forma de arreglos diplomáticos, sino respetando plenamente el derecho internacional y los principios de derechos humanos. Debe renunciar a leyes, políticas y prácticas nacionales que no se ajustan a sus obligaciones internacionales. Otros gobiernos no deben convertirse en cómplices de conductas de Estados Unidos que violan el derecho internacional, al igual que Estados Unidos no debe socavar los derechos humanos y el Estado de derecho en sus relaciones con otros Estados.

- VI -

A instancias de las autoridades estadounidenses, el 5 de agosto de 2004 fue detenido en Londres, Reino Unido, Babar Ahmad, en virtud de una orden de detención dictada por un juez de instrucción estadounidense del Distrito de Connecticut el 28 de Julio de 2004. El gobierno de Estados Unidos presentó una solicitud oficial de extradición de Babar Ahmad a Estados Unidos el 6 de octubre de 2004, tras imputar un jurado federal acusatorio al detenido cuatro delitos, a saber: conspiración para prestar apoyo material a terroristas; prestar apoyo material a terroristas; conspirar para matar, secuestrar, mutilar o lesionar a personas o dañar bienes en un país extranjero, y blanqueo de dinero. En el acta de acusación se indica, entre otras cosas, que, valiéndose de sitios web, correo electrónico y otros medios, Babar Ahmad proporcionaba asesoramiento y asistencia, material, formación, documentación falsa, fondos y otras clases de apoyo a personas con actividades terroristas en Chechenia, Afganistán y otras partes.

Haroon Aswat fue detenido en julio de 2005 en Zambia, donde pasó unas semanas bajo custodia antes de ser expulsado al Reino Unido. A su llegada aquí, en agosto de 2005, fue detenido en virtud de una solicitud de extradición de las autoridades estadounidenses. Se ha dictado acta de acusación formal contra él en el Distrito Sur de Nueva York por cargos relacionados con una presunta conspiración para establecer en Bly, localidad del estado de Oregón, un “campo de entrenamiento para la Yihad” donde preparar a combatientes para luchar en Afganistán. Según un recurso interpuesto por Haroon Aswat ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la información en que está basada la causa abierta contra él en Estados Unidos fue proporcionada por un ciudadano estadounidense, James Ujaama, a cambio de que el fiscal prometiera no considerarlo “combatiente enemigo”. Si es cierto, habida cuenta de las consecuencias que tiene la condición de “combatiente enemigo” para la persona así calificada, cabría considerar que esta información se ha obtenido por medios ilegales.^⁹⁵La amenaza de aplicar la condición de “combatiente enemigo”, al igual que la de traslado a Guantánamo, tiene una cualidad coactiva.^⁹⁶En el acuerdo de declaración de culpabilidad de James Ujaama se indica que toda infracción material del acuerdo autoriza al gobierno a procesar a Ujaama en los tribunales federales y que “además, Estados Unidos tendrá libertad para ejercer todos los derechos que pueda tener para detener al acusado como combatiente enemigo”.^⁹⁷

Aunque los delitos que se imputan a Haroon Aswat y Babar Ahmad dan derecho a estos dos ciudadanos extranjeros a ser sometidos a juicio en el sistema de justicia civil de Estados Unidos, también los sitúan dentro del ámbito de aplicación de la Orden Militar del 13 de noviembre de 2001 y del flexible y ampliamente definido concepto de “combatiente enemigo” que utiliza el gobierno estadounidense, que, al menos con las consecuencias que le atribuye Estados Unidos, es una condición desconocida en el derecho internacional. Según una orden del Departamento de Defensa de julio de 2004, se considera “combatiente enemigo” al:

individuo que ha formado parte de las fuerzas talibanes o de Al Qaeda o las ha apoyado, o ha estado asociado a fuerzas participantes en hostilidades contra Estados Unidos o sus socios de coalición. Esto incluye a toda persona que haya cometido un acto beligerante o haya apoyado directamente hostilidades en ayuda de fuerzas armadas enemigas.^⁹⁸

Previamente, el Pentágono había sugerido que la “condición de combatiente enemigo podría utilizarse para describir al individuo que, de acuerdo con las leyes y costumbres de la guerra, se ha convertido en miembro de fuerzas enemigas hostiles o se ha asociado a ellas, adquiriendo así la condición de beligerante”.^⁹⁹En 2004, la Corte Suprema de Estados Unidos señaló que “hay algún debate en cuanto a la debida aplicación de este término, y el gobierno no ha proporcionado nunca a ningún tribunal todos los criterios que utiliza para clasificar a las personas así”.^¹⁰⁰De hecho, como señaló un juez federal en 2007, el término de “combatiente enemigo” ha “demostrado ser de naturaleza flexible”.^¹⁰¹En octubre de 2007, el relator especial de la ONU sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo pidió a Estados Unidos que dejara de aplicar la clasificación de “combatiente enemigo” a los detenidos. El relator especial calificó esta clasificación estadounidense de los detenidos de “descripción de conveniencia”, sin efecto jurídico conforme al derecho internacional.^¹⁰²

La cuestión que se plantea es si sigue habiendo riesgo de que, a pesar de las actas de acusación dictadas contra ellos en los tribunales federales, estos dos ciudadanos británicos sean asignados en algún momento a esa jurisdicción paralela que se reserva a quienes Estados Unidos califica de “combatientes enemigos”.

Un juez británico de primera instancia ha determinado que los delitos por los que se ha dictado acta de acusación contra Babar Ahmad hacen que esté sujeto potencialmente a la Orden Militar del 13 de noviembre y a su clasificación como “combatiente enemigo”. El juez sostuvo que “si se dictara tal orden habría un riesgo considerable de que el acusado fuera recluido en Guantánamo u objeto de entrega a otro país. Quedaría sujeto a detención militar, recluido en régimen de incomunicación, y no tendría oportunidad de buscar asistencia de su elección. Podría ser detenido indefinidamente o llevado ante un tribunal militar que, dependiendo de la naturaleza del cargo formulado, podría considerar que puede imponérsele la pena de muerte”. El juez añadió que, en su opinión, no había duda de que, si se le aplicaba la Orden Militar, Babar Ahmad se vería privado de los derechos que le asistían en virtud del Convenio Europeo de Derechos Humanos, por lo que debía prohibirse la extradición.^¹⁰³

Sin embargo, la embajada de Estados Unidos en Londres, en una nota con fecha de 23 de marzo de 2005, había ofrecido garantías diplomáticas de que si, era extraditado, Babar Ahmad no sería condenado a muerte. En la nota se citaba el artículo IV del Tratado de Extradición de 1972 entre Estados Unidos y el Reino Unido.^¹⁰⁴Asimismo, sin hacer referencia a ninguna ley ni tratado, se daban garantías también de que sería “procesado ante un tribunal federal de acuerdo con el conjunto completo de derechos y protecciones que se proporcionarían a cualquier otro acusado sobre quien pesaran cargos similares”. También se añadía en la nota que no sería “tratado ni calificado como combatiente enemigo” ni procesado ante una comisión militar. El juez británico de primera instancia señaló que aunque “la nota diplomática [...] no ofrece ninguna protección personal a este acusado, es vinculante para el gobierno estadounidense, incluido el presidente de Estados Unidos”. El juez llegó a la conclusión de que, debido a la nota, el riesgo de que Babar Ahmad fuese clasificado como “combatiente enemigo” había “desaparecido casi por completo”. Señalando que este caso era “difícil y problemático”, manifestó que no había ningún impedimento jurídico para la extradición, por lo que remitió el asunto al gobierno británico para que decidiera si se debía proceder o no a ella.

Babar Ahmad apeló ante el Tribunal Superior, decisión a la que se sumó Haroon Aswat, quien había expresado la misma preocupación y cuyo caso había dado lugar a una nota diplomática similar.^¹⁰⁵En noviembre de 2006, el Tribunal Superior rechazó ambas apelaciones. Con respecto a la cuestión de si cabía confiar en las garantías diplomáticas, básicamente depositó su confianza en ellas, al no encontrar ninguna razón para que no se hubieran ofrecido de buena fe ni ningún ejemplo en pasados casos de extradición entre Estados Unidos y el Reino Unido de incumplimiento de las garantías ofrecidas. En junio de 2007, la Cámara de los Lores denegó el permiso para interponer recurso, y el 10 de junio de 2007, Babar Ahmad y Haroon Aswat apelaron ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La apelación sigue pendiente.^¹⁰⁶

- VII -

En el contexto de la solicitudes estadounidenses de extradición de ciudadanos extranjeros sospechosos de terrorismo, al valorar la protección que ofrezcan las garantías diplomáticas de Estados Unidos se deben tener en cuenta ahora las atribuciones que se le han conferido al presidente de Estados Unidos, incluso en las opiniones jurídicas vinculantes de la Oficina de Asesoramiento Jurídico del Departamento de Justicia.^¹⁰⁷Uno de los últimos directores de la Oficina ha escrito:

La mayoría de los estadounidenses (incluidos la mayoría de los abogados) creen que la ley es lo que los tribunales dicen, e implícitamente equiparán interpretación jurídica a interpretación judicial. Pero el poder ejecutivo no tiene las mismas restricciones institucionales que los tribunales, especialmente en cuestiones de seguridad nacional [...] Además, para muchos aspectos de las atribuciones presidenciales no hay precedentes judiciales de control. La Corte Suprema no ha determinado nunca si el presidente puede utilizar la fuerza en el extranjero unilateralmente, sin autorización del Congreso, ni si el presidente puede poner término a tratados, ni el alcance de los privilegios ejecutivos, ni muchas otras cuestiones fundamentales de autoridad presidencial [...] Cuando la Oficina de Asesoramiento Jurídico escribe sus opiniones jurídicas en apoyo de una amplia autoridad presidencial en estos contextos, como las oficinas de asesoramiento jurídico de ambos partidos han hecho constantemente, citan precedentes del poder ejecutivo (incluidas opiniones del fiscal general y la Oficina de Asesoramiento Jurídico) tan a menudo como opiniones judiciales. Estos precedentes del poder ejecutivo son “ley” para el poder ejecutivo aunque no hayan sido examinados ni aprobados nunca por los tribunales.^¹⁰⁸

Tales declaraciones ponen en primer plano el concepto de atribuciones presidenciales que se refleja, por ejemplo, en la declaración que hizo el presidente Bush al firmar la entrada en vigor de la Ley sobre el Trato a los Detenidos en 2005. Refiriéndose la prohibición por esta norma de los tratos crueles, inhumanos o degradantes (tal como se definen en la legislación estadounidense) a detenidos bajo custodia estadounidense en el extranjero, el presidente dijo que “el poder ejecutivo interpretará” esta parte de la legislación “de una manera coherente con la autoridad constitucional del presidente para supervisar el poder ejecutivo unitario y como comandante en jefe y coherente con la limitaciones constitucionales al poder judicial, que ayudará a conseguir el objetivo común del Congreso y el presidente [...] de proteger al pueblo de Estados Unidos de nuevos atentados terroristas”.^¹⁰⁹De modo similar, el 8 de marzo de 2008, al vetar una legislación que tenía por objeto impedir a la CIA utilizar el waterboarding y otras técnicas “mejoradas” de interrogatorio en su programa de detenciones secretas, el presidente Bush afirmó: “No puedo sancionar una ley que me impediría, a mí y a los futuros presidentes, autorizar a la CIA a llevar un programa legal e independiente de inteligencia y tomar todas las medidas legales necesarias para proteger a Estados Unidos de ataques”.^¹¹⁰

El ex director de la Oficina de Asesoramiento Jurídico del Departamento de justicia ha manifestado que “el gobierno optó por ejercer su poder discrecional al máximo y rechazó toda restricción jurídica vinculante sobre el trato a los detenidos” en la “guerra contra el terror”.^¹¹¹Esta decisión incluyó la meta de “ir hasta el borde mismo de lo que la legislación de la tortura prohibía, aprovechar toda laguna jurídica concebible”.^¹¹²Por consiguiente, en el marco de su sistema de guerra global, emprendido bajo la autoridad constitucional del presidente como comandante en jefe de las fuerzas armadas y su autoridad para ocuparse de “asuntos exteriores”, el gobierno ha adoptado la postura de que el presidente está básicamente libre de las obligaciones del derecho internacional y la legislación estadounidense. Por ejemplo:

Las acciones militares no tienen que estar limitadas a las personas, grupos o Estados que participaron en los atentados contra el World Trade Center y el Pentágono [...] las determinaciones relativas a cualquier amenaza terrorista, la cantidad de fuerza que se utilice en respuesta o el método, momento y naturaleza de la respuesta [...] en virtud de nuestra Constitución, corresponden al presidente solo. ^¹¹³Según este memorándum, que jamás se ha rechazado, ni siquiera la Resolución Conjunta sobre la Autorización del Uso de Fuerza Militar “puede poner límite a las determinaciones del presidente respecto de cualquier amenaza terrorista”. Amnistía Internacional cree que el gobierno ha hecho uso indebido de la Resolución Conjunta -decisión definida de manera muy general, aprobada por el Congreso tras los atentados del 11-S- para justificar su política de detenciones. La organización ha pedido su revocación.^¹¹⁴

[T]oda decisión presidencial tomada en el actual conflicto sobre la detención y juicio de detenidos de Al Qaeda o la milicia talibán constituiría un acto ejecutivo de control que invalidaría inmediata y completamente toda norma de derecho consuetudinario internacional [...] Permitir a los tribunales federales basarse en el derecho internacional para restringir el poder discrecional del presidente para dirigir la guerra plantearía profundos problemas estructurales [...] El poder de invalidar o ignorar el derecho consuetudinario internacional, incluido el aplicable a los conflictos armados, es parte integrante de las atribuciones del presidente en materia de asuntos exteriores.^¹¹⁵

Concluimos que en las circunstancias de la actual guerra contra Al Qaeda y sus aliados, la aplicación de [la legislación estadounidense que prohíbe a los agentes de Estados Unidos en el extranjero la tortura] a los interrogatorios efectuados de conformidad con las atribuciones de comandante en jefe del presidente puede se inconstitucional.^¹¹⁶

El Congreso podría regular la capacidad de presidente para detener e interrogar a combatientes enemigos no más de lo que podría regular su capacidad para dirigir movimientos de tropas en el campo de batalla. Por consiguiente [...] concluimos que [la legislación estadounidense que prohíbe la tortura en el extranjero] no se aplica a la detención e interrogatorio de combatientes enemigos por parte del presidente en virtud de su autoridad como comandante en jefe.^¹¹⁷

Los juicios ante comisiones militares no son “causas penales” en los términos de la [Quinta] Enmienda [a la Constitución de Estados Unidos]. Más bien son enteramente creaciones de la autoridad del presidente como comandante en jefe […] y son parte integrante de la dirección de una campaña militar.^¹¹⁸

A la vez que el director de la CIA, general Michael Hayden, admitía recientemente que las personas recluidas en secreto bajo custodia de la CIA eran sometidas a la técnica de tortura conocida como waterboarding se reveló que las autoridades se estaban reservando el derecho a utilizar en el futuro ésta o cualquier otra técnica actualmente no autorizada si lo considerasen necesario dadas las “circunstancias” y si el fiscal general considerara la técnica legal y el presidente la autorizara.

“Si hubiera que volver a incorporar el waterboarding al programa”, manifestó el fiscal general Mukasey el 7 de febrero de 2008 en una declaración ante el Comité de la Magistratura de la Cámara de Representantes, la propuesta de hacerlo, “tendría que presentarla inicialmente el director de la Agencia Central de Inteligencia, y el director nacional de Inteligencia, creo, al Departamento de Justicia. Y yo tendría que analizar esa cuestión […]. ”^¹¹⁹Luego, como dijo el portavoz de la Casa Blanca el 6 de febrero de 2008, “la propuesta iría al presidente, que escucharía las determinaciones de sus asesores y tomaría una decisión”^¹²⁰En otras palabras, a pesar de todas las garantías que se han dado de lo contrario a lo largo del tiempo, parece considerarse todavía que el presidente de Estados Unidos tiene atribuciones para autorizar la tortura.^¹²¹

Parte de esta ecuación es un vacío de rendición de cuentas. El 7 de febrero de 2008, el actual fiscal general, Michael Mukasey, dijo al Comité de la Magistratura de la Cámara de Representantes que no iba a iniciar ninguna investigación criminal sobre el uso que había hecho la CIA del waterboarding anteriormente, ya que la Oficina de Asesoramiento Jurídico del Departamento de Justicia había aprobado su legalidad.^¹²²El director de la Oficina en 2003 y 2004 ha manifestado:

La Oficina de Asesoramiento Jurídico habla en nombre del Departamento de Justicia, y es éste el que persigue las violaciones del derecho penal. Si la Oficina considera que una ley permite una acción propuesta, el Departamento de Justicia no procesará a quienes se basen en la determinación de la Oficina. Incluso los abogados independientes tendrían problemas si fueran a por alguien que se ha basado razonablemente en ella […] Una consecuencia de la autoridad de la Oficina para interpretar la ley es el poder de conceder al gobierno lo que constituye de hecho un indulto por adelantado por acciones realizadas en los límites de imprecisas leyes penales […] Es una de las atribuciones más críticas y peligrosas del gobierno: el poder de repartir tarjetas de “queda libre de la cárcel”.^¹²³

Hay numerosos documentos relacionados con la autorización y examen de las detenciones y el trato a los detenidos que continúan clasificados. Entre ellos figura, por ejemplo, un memorándum del Departamento de Justicia, de 18 páginas y con fecha de 1 de agosto de 2002, en el que se asesora a la CIA sobre la legalidad de “métodos alternativos de interrogatorio”. Refiriéndose aparentemente a este documento aún clasificado, el fiscal general Mukasey no permitió, en la vista de 7 de febrero de 2008 ante el Comité de la Magistratura de la Cámara de Representantes, que el director del Comité lo viera porque se hablaba en él de “técnicas particulares que eran parte de un programa que sigue siendo confidencial”.

Además, el gobierno de Estados Unidos no ha sido transparente con respecto a qué conducta considera que constituye tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, por lo que sigue habiendo dudas sobre qué actos considera ilegales, mientras que la prohibición de tales tratos en el derecho internacional es inequívoca. El actual fiscal general de Estados Unidos, al igual que su predecesor, se ha negado, por ejemplo, a explicar si el water-boarding es ilegal en todas las circunstancias.^¹²⁴De hecho, en la vista anteriormente mencionada ante el Comité de la Magistratura de la Cámara de Representantes del 7 de febrero de 2008, al ser preguntado si estaba “dispuesto a iniciar una investigación criminal sobre si este uso confirmado del waterboarding por agentes de Estados Unidos era ilegal”, el fiscal general Mukasey respondió: “No, no lo estoy”. Sugirió que, puesto que el Departamento de Justicia había autorizado esta técnica de tortura con agua en el marco del programa de la CIA, “posiblemente no pueda se objeto de una investigación criminal del Departamento de Justicia, porque eso significaría que el mismo departamento que autorizó el programa estaría ahora considerando la posibilidad de procesar a alguien que ha seguido ese asesoramiento”.

En un memorándum que no se ha anulado jamás, el presidente indicó que la CIA considera que hay personas que “no tienen derecho legalmente” a un trato humano, y que tal trato es una cuestión de política, no de ley.^¹²⁵Asimismo, el presidente ha autorizado prácticas que constituyen claramente un incumplimiento de las obligaciones contraídas por Estados Unidos en virtud de algunos tratados, incluso habiendo sido informado expresamente el gobierno de este hecho por los órganos de vigilancia de esos tratados. El gobierno estadounidense compareció en 2006 en Ginebra ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU y el Comité de la ONU contra la Tortura. Estos órganos de expertos, que vigilan el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Convención contra la Tortura), respectivamente, expresaron claramente su rechazo al programa de detenciones secretas de Estados Unidos, aún sin confirmar oficialmente en ese momento. El Comité de Derechos Humanos manifestó:

El Estado Parte debería poner fin inmediatamente a su práctica de la detención secreta y cerrar todos los centros de detención secretos [...] debería también garantizar que los detenidos, independientemente del lugar de detención, gocen siempre de la plena protección de la ley.^¹²⁶

Del mismo modo, el Comité contra la Tortura afirmó:

El Estado Parte ha de velar por que nadie sea internado en centros de detención secretos que estén bajo su efectivo control de facto. La reclusión en tales circunstancias en sí es una violación de la Convención [...] El Estado Parte debe […] condenar públicamente cualquier política de detención en secreto.^¹²⁷

Semanas después de la publicación de los informes de esos órganos de la ONU, el presidente Bush confirmó la existencia del programa de detenciones e interrogatorios secretos y aprobó su continuación. ^¹²⁸En la práctica estaba admitiendo haber autorizado la desaparición forzada, que es un crimen de derecho internacional.^¹²⁹El 20 de julio, el presidente dictó una orden ejecutiva por la que autorizaba la continuación del programa^¹³⁰Esta orden sigue en vigor, y, desde que se dictó, el gobierno estadounidense ha rechazado las conclusiones de estos dos órganos de vigilancia de los tratados sobre la detención secreta.^¹³¹

Parece posible, si no probable, que, puesto que se considera que el presidente tiene autoridad para invalidar leyes y tratados aprobados por el Congreso o el derecho internacional consuetudinario o las conclusiones de los órganos de vigilancia de los tratados, una nota diplomática emitida a través de un embajada de Estados Unidos se considere poco más que un obstáculo menor en caso de que el presidente determine que la seguridad nacional hace necesario pasar por encima de tal garantía. Particularmente, habida cuenta del historial del gobierno con respecto a las garantías dadas en el marco de la “guerra contra el terror”, ilustrado en el presente informe, cabría concluir que el daño hecho a la credibilidad de toda garantía en futuras extradiciones al incumplir tal garantía ahora sería un precio que merecería la pena pagar si se pensara que la consideración de la seguridad nacional en esta guerra global “sin precedente” la justificaba.

- VIII -

Varios jueces federales estadounidenses han expresado preocupación por la interpretación que hace el gobierno de la amplitud de la atribuciones del poder ejecutivo en el contexto de las detenciones motivadas por la “guerra contra el terror”. En diciembre de 2003, por ejemplo, en un procedimiento abierto en favor del ciudadano libio Salem Gherebi, detenido en Guantánamo, la Corte de Apelaciones para el Noveno Circuito determinó:

Según la teoría del gobierno, tiene libertad para encarcelar a Gherebi indefinidamente, junto con centenares más de ciudadanos de países extranjeros, entre ellos naciones amigas, y hacer con él y con estos detenidos lo que quiera y cuando quiera, sin atenerse a ninguna norma de derecho de ninguna clase, sin permitirle consultar con un abogado y sin reconocer ningún foro judicial en que puedan impugnarse sus acciones. De hecho, el gobierno nos comunicó en su alegato oral que su postura sería la misma incluso si lo que se denunciaba era que estaba cometiendo actos de tortura o que estaba ejecutando sumariamente a los detenidos. Por lo que nosotros sabemos, antes de la actual reclusión de detenidos en Guantánamo, el gobierno de Estados unidos no había hecho valer jamás tan grave y sorprendente proposición […] postura tan extrema que es motivo de la más honda preocupación según la legislación estadounidense y según el derecho internacional.^¹³²

También ha habido mucha preocupación internacional. En septiembre de 2006, por ejemplo, el ministro británico de Asuntos Institucionales dijo:

Es parte de la aceptación de Estado de derecho que los tribunales puedan ejercer su jurisdicción sobre el poder ejecutivo. Si no, la conducta del ejecutivo no está definida ni limitada por la ley. Es debido a este principio por lo que Estados Unidos, que intenta deliberadamente poner a los detenidos fuera del alcance del la ley en Guantánamo, representa tan terrible afrenta a los principios de la democracia […] Sin control judicial no podemos hacer efectivos los valores esenciales de nuestra sociedad. Para hacer efectivos nuestros valores democráticos hace falta la participación conjunta de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.^¹³³

Varios ex diplomáticos estadounidenses, incluidos 18 ex embajadores, han expresado su preocupación por el régimen de detenciones del gobierno:

Los ciudadanos de países extranjeros no pueden dar por sentado que lo que les ha ocurrido a los detenidos de Guantánamo no puede ocurrirles a ellos. Ni ser ciudadanos de un país amigo ni estar lejos de las hostilidades los deja a salvo de ser capturados y trasladados [...] No está claro que, si el poder ejecutivo puede tener a los detenidos de Guantánamo sin investigación judicial efectiva, no pueda ampliar la práctica para establecer un sistema global de justicia penal con otros campos de detención como Guantánamo, no sujetos tampoco a ninguna supervisión judicial y en los que cualquier extranjero considerado un peligro por alguna autoridad podría estar detenido indefinidamente. De hecho, nuestro gobierno reconoció el año pasado que tenía prisiones secretas en el extranjero [y no ha] hecho ningún compromiso de no tener otra vez prisiones secretas en el futuro.^¹³⁴

En 2004, en la causa Rasul v. Bush, la Corte Suprema de Estados Unidos resolvió que los tribunales estadounidenses tenían jurisdicción, al menos de acuerdo con la legislación federal, para examinar peticiones de hábeas corpus de ciudadanos extranjeros recluidos en Guantánamo. En 2006, en la causa Hamdan v. Rumsfeld, la Corte determinó, entre otras cosas, que las comisiones militares establecidas en virtud de la Orden Militar del 13 de noviembre de 2001 eran ilegales. Sin embargo, la interpretación que hizo el gobierno de estas decisiones y la aprobación de la Ley sobre el Trato a los Detenidos y la Ley de Comisiones Militares en 2005 y 2006, respectivamente, han dejado a centenares de ciudadanos extranjeros recluidos en calidad de “combatientes enemigos” en una situación de detención ejecutiva que es básicamente una “zona sin derechos”, donde están privados de protección y de recurso judicial efectivo frente a las violaciones de derechos humanos cometidas contra ellos. Entre tales violaciones figuran desaparición forzada; detención secreta; detención prolongada en régimen de incomunicación; transferencia extrajudicial; tortura y otros tratos crueles inhumanos y degradantes por medio de las técnicas de interrogatorio y las condiciones de reclusión; detención arbitraria, y procedimientos de juicio injusto ante comisiones militares, órganos con atribuciones para imponer condenas de muerte tras juicios que no cumplen las normas internacionales, lo que incluye, por ejemplo, la admisión de información obtenida por medio de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.^¹³⁵Ni siquiera los menores de edad están protegidos contra tales violaciones. La respuesta de Estados Unidos a la preocupación internacional por los derechos humanos de estos menores ha sido el silencio o el ofrecimiento de garantías que no se han cumplido.^¹³⁶Ejemplo de ello es el caso de Omar Khadr, ciudadano canadiense recluido bajo custodia estadounidense en Afganistán a los 15 años de edad y trasladado a Guantánamo poco después de cumplir los 16.^¹³⁷

- IX -

Amnistía Internacional ha documentado indicios del modo en que el gobierno estadounidense se ha mostrado dispuesto a aprovechar casos concretos de detenidos para evitar el escrutinio judicial.^¹³⁸Por ejemplo:

A últimas horas de la tarde de un viernes de octubre de 2004, el gobierno dijo a una corte federal de primera instancia que se había levantado el régimen de aislamiento a Salim Hamdan, detenido yemení de Guantánamo que llevaba 10 meses sometido a él. La corte tenía que escuchar un alegato al lunes siguiente para examinar la “urgente y sorprendente denuncia”, hecha en nombre de Hamdan en un recurso de hábeas corpus, de que su reclusión en régimen de aislamiento constituía trato inhumano. El juez manifestó que, aunque el gobierno era “capaz de repetir” la reclusión en régimen de aislamiento, su anuncio de que se lo había retirado a Hamdan impedía a la corte examinar la denuncia.
El 11 de enero de 2005, cinco días después de que, en unos documentos presentados en un procedimiento de hábeas corpus ante una corte federal de primer instancia, se denunciara públicamente la entrega previa a Egipto del ciudadano australiano recluido en Guantánamo Mamdouh Habib y su tortura, el Pentágono anunció que éste –detenido en Pakistán en octubre de 2001- iba a ser trasladado de Guantánamo a Australia. Mamdouh Habib fue transportado en avión a su país dos semanas más tarde y puesto en libertad. Según el New York Times, las autoridades australianas afirmaron que el gobierno del presidente Bush les había dicho en enero de 2005 que “no iban a procesarlo porque la CIA no quería que los datos acerca de que el Sr. Habib había sido llevado a Egipto y sobre su presunta tortura se presentaran en los tribunales”.^¹³⁹
El 22 de diciembre de 2005, un juez federal resolvió que la continuación de la detención indefinida de dos detenidos uigures, Abu Bakker Qassim y Adel Abdul Hakim, nueve meses después de haber determinado los Tribunales de Revisión del Estatuto de Combatiente de Guantánamo que no eran ya “combatientes enemigos”, era ilegal, si bien decidió también que él no podía atender ningún recurso. ^¹⁴⁰ El caso tenía que verse ante la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia el lunes 8 de mayo de 2006 a las 9.30 horas. A las 16.30 horas del viernes 5 de mayo de 2006, los abogados de los detenidos recibieron una llamada telefónica del Departamento de Justicia en la que se les informaba de que sus clientes, así como otros tres detenidos uigures, habían sido transportados a Albania, donde hacia alrededor de una hora que habían aterrizado. A las 16.39 del 5 de mayo de 2006, el gobierno presentó un recurso de emergencia ante la corte federal de primera instancia pidiendo que se sobreseyera el asunto por discutible, puesto que los detenidos estaban ya en Albania. Luego se supo que hacia del 2 de mayo de 2006 los detenidos habían sido informados por sus captores militares de que iban a ser enviados a Albania, pero no habían tenido forma de ponerse en contacto con sus abogados. Éstos habían sido informados “por fuentes en posiciones muy altas de que dos gobiernos occidentales, cada uno de los cuales tenía una población de uigures expatriados, habían hecho considerables progresos para el reasentamiento de los uigures en esos países ante del 5 de mayo de 2006. Sin embargo, el poder ejecutivo decidió enviar a estos hombres a uno de los países más pobres de Europa, un lugar si perspectivas económicas reales para ellos y donde no tenían familia, amigos, el mismo idioma ni punto de referencia”.^¹⁴¹

Una vez más, estas medidas dirigidas a eludir a los tribunales ordinarios en los asuntos sobre detenidos han contribuido a menoscabar la garantías que el gobierno de Estados Unidos se comprometa a dar a esos mismos tribunales en casos concretos de acusados o detenidos.

A los casos que acabamos de mencionar hay que añadir los de otros dos hombres, un ciudadano estadounidense y un extranjero, que estuvieron bajo custodia del sistema de justicia ordinario para ser sometidos a juicio ante una corte federal hasta que se los calificó en un procedimiento sumario de “combatientes enemigos” y se los sacó del sistema civil para someterlos a detención militar indefinida (véanse los casos de José Padilla y Ali al-Marri a continuación y el de Yaser Hamdi más adelante).

El ciudadano estadounidense José Padilla fue detenido en el aeropuerto de Chicago en mayo de 2002 por presunta conspiración para detonar una bomba “sucia” radioactiva contra un objetivo estadounidense. En virtud de una orden ejecutiva firmada por el presidente Bush el 9 de junio de 2002, fue transferido de la custodia civil a la militar dos días antes de la celebración de una vista judicial sobre su caso. El Departamento de Justicia asegura que este tipo de decisiones entran dentro de la autoridad del presidente como comandante en jefe de las fuerzas armadas.^¹⁴² Padilla estuvo recluido sin cargos ni juicio, bajo custodia militar, durante los tres años y medio siguientes. El Pentágono anunció que iba a permitirle el acceso a un abogado nueve días antes de que la Corte Suprema admitiera un recurso de apelación presentado para impugnar la legalidad de la detención, 20 meses después de que quedara bajo custodia militar y en régimen de incomunicación.^¹⁴³ Al final, la Corte no examinó el asunto por considerar que no se había presentado el recurso en la jurisdicción adecuada. En noviembre de 2005, con la cuestión de la legalidad de su detención aún pendiente ante la Corte Suprema, el presidente Bush emitió un memorándum al secretario de Defensa en el que autorizaba la transferencia de nuevo de Padilla al Departamento de Justicia para su custodia y juicio por cargos penales (sin hacer ninguna referencia a la conspiración para detonar una bomba “sucia”), y el gobierno se centró en hacer que la Corte Suprema rechazara el examen del asunto. La Corte lo hizo así con el disenso de tres jueces. Otros tres jueces que se mostraron de acuerdo con que se sobreseyera el asunto reconocieron que las “afirmaciones de Padilla plantean cuestiones fundamentales con respecto a la separación de poderes, incluida la consideración del papel y función de los tribunales”.^¹⁴⁴
El ciudadano qatarí Ali Saleh Kahlah al-Marri tenía que haber sido sometido a juicio el 21 de julio de 2003 ante un tribunal federal estadounidense ordinario por los cargos de cometer fraude con tarjetas de crédito y hacer declaraciones falsas al FBI. El viernes 20 de junio de 2003, el juez había fijado una vista sobre peticiones preliminares, incluida una presentada para que se suprimieran pruebas contra Ali al-Marri obtenidas presuntamente con tortura. Al lunes siguiente, 23 de junio de 2003, antes de pudiera celebrarse la vista, el gobierno tomó medidas para conseguir que se sobreseyera el asunto y puso a Ali al-Marri bajo custodia militar en virtud de una orden ejecutiva firmada esa misma mañana por el presidente Bush y en la que se clasificaba a Al-Marri como “combatiente enemigo”. Más de cuatro años después, Ali al-Marri continúa bajo custodia militar en Estados Unidos sin haber sido juzgado. Durante los 16 primeros meses de su detención, estuvo recluido en estricto régimen de incomunicación y, presuntamente, fue sometido a tortura u otros malos tratos. Se halla sometido a detención indefinida sin cargos ni juicio bajo custodia militar (véase más adelante).

El Tribunal Superior del Reino Unido consideró los casos de José Padilla y Ali al-Marri irrelevantes, porque no había habido procedimientos de extradición y por tanto, no se habían dado garantías diplomáticas “en el plano internacional a otro Estado soberano”. Añadió que no había “ninguna razón para dudar de que las autoridades estadounidenses harían asimismo efectivas las opiniones de este tribunal respecto de la importancia decisiva de la integridad de las notas diplomáticas”. El Tribunal Superior manifestó que las críticas que se habían formulado contra la política estadounidense “se refieren sólo a los asuntos internos de Estados Unidos” y no constituyen por tanto “una premisa a partir de la cual este tribunal deba concluir que las notas diplomáticas no se cumplirán plenamente”.

Amnistía Internacional no tiene indicios de que las garantías diplomáticas no se hayan dado de buena fe y de que las autoridades estadounidenses tengan pensado sacar a Babar Ahmad o a Haroon Aswat del sistema de justicia penal tras la extradición, y no pretende poner en tela de juicio la independencia de los fiscales federales que se ocupan del caso. No obstante, la organización hace hincapié en que el gobierno ha dado muestras de tender, en el marco de la “guerra contra el terror”, a improvisar medidas en relación con las detenciones atendiendo a conceptos muy generales de autoridad presidencial.^¹⁴⁵De hecho, hasta que José Padilla y Ali al-Marri no fueron considerados “combatientes enemigos” por orden presidencial, no hubo ninguna indicación pública de que serían sacados del sistema de justicia penal ordinario, y ni siquiera se advirtió de ello a sus abogados. Por tanto, Amnistía Internacional considera que la afirmación de que Babar Ahmad y Haroon Aswat estarían en ese mismo sistema tras su extradición no es en sí misma garantía de su permanencia en él.

Además, el gobierno de Estados Unidos parece haberse mostrado dispuesto a correr el riesgo de crear tensiones diplomáticas por aplicar su política de detenciones en el marco de la “guerra contra el terror”, así como a menoscabar el concepto de soberanía y las opiniones de los órganos judiciales en el extranjero. En un escrito jurídico presentado en agosto de 2007 en la Corte Suprema, por ejemplo, alega que en octubre de 2001 la policía bosnia detuvo a seis hombres de origen argelino residentes en Bosnia y Herzegovina bajo la amenaza de las autoridades estadounidenses de que si no lo hacían pondrían en peligro las relaciones diplomáticas entre ambos países.^¹⁴⁶El 17 de enero de 2002, tras el fracaso de una investigación internacional llevada a cabo durante tres meses para encontrar datos que confirmaran el motivo de la detención de estos hombres, a saber, su presunta participación en una conspiración para perpetrar un atentado con explosivos contrar la embajada de Estados Unidos en Sarajevo, el Tribunal Supremo de la Federación de Bosnia y Herzegovina ordenó que fueran puestos en libertad. Ese mismo día, la Cámara de Derechos Humanos de Bosnia y Herzegovina dictó una orden por la que se prohibía sacar a los hombres del territorio bosnio. Sin embargo, debido a lo que se ha calificado de “presión extraordinaria ejercida por la embajada de Estados Unidos en Sarajevo,^¹⁴⁷las autoridades de Bosnia y Herzegovina entregaron a los hombres a Estados Unidos. De aquí fueron trasladados a Guantánamo, donde se encuentran recluidos en calidad de “combatientes enemigos” desde entonces.^¹⁴⁸Una vez más, si Estados Unidos está dispuesto a rechazar de este modo las opiniones de un tribunal extranjero, cabe pensar que puede hacerlo en el caso de las “opiniones del [Tribunal Superior del Reino Unido] respecto de la importancia decisiva de la integridad de las notas diplomáticas” en relación con estos casos de extradición, si piensa que las demandas de la seguridad nacional lo hacen necesario.^¹⁴⁹

- X -

Desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, el gobierno estadounidense considera a quienes califica de “combatientes enemigos” como fuentes potenciales de información, a quienes puede someterse a un espiral “continua” de interrogatorio.^¹⁵⁰La información obtenida de un detenido puede utilizarse para detener a otra persona, a quien se somete entonces a detención indefinida en calidad de “combatiente enemigo”. Esta espiral “continua” supone que se puede obtener información de un detenido “años” después de haber empezado el proceso de interrogatorio.^¹⁵¹En este proceso – “especialmente importante en la guerra contra el terrorismo”, sobre todo en el caso de los detenidos considerados “combatientes enemigos”– hay “una necesidad constante de hacer a los detenidos nuevas series de preguntas a medida que se detiene a más personas y se obtiene nueva información de ellas y por otros métodos de obtención de información”.^¹⁵²El acceso a abogados obstaculiza el proceso y pone la seguridad nacional en peligro.^¹⁵³El uso de coacción contra los detenidos forma parte de la espiral.^¹⁵⁴

En el caso de Ali al-Marri, por ejemplo, el Pentágono manifestó que la decisión de que no siguiera bajo custodia civil se había “debido a información creíble reciente, proporcionada por otras personas detenidas en el marco de la guerra contra el terrorismo”.^¹⁵⁵En este sistema, el hecho de que un detenido proporcione el nombre de un ciudadano extranjero –independientemente de que lo haga bajo tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes– puede dar lugar a que esa persona sea considerada “combatiente enemigo", lo que puede suponer detención sin juicio durante el resto de su vida o juicio injusto ante una comisión militar.

Numerosos casos revelan que las autoridades estadounidenses se han mostrado dispuestas a aplicar la calificación de “combatiente enemigo” basándose en información mínima o de dudosa calidad. Hay indicios, por ejemplo, de que Murat Kurnaz, ciudadano turco nacido en Alemania, estuvo recluido en Guantánamo durante casi cuatro años tras haber determinado las autoridades estadounidenses que no había participado en actividades terroristas. En septiembre de 2002, un agente alemán escribió un memorándum en el que se afirmaba: “Estados Unidos considera probada la inocencia de Murat Kurnaz. Va a ser puesto en libertad en seis u ocho semanas aproximadamente. Las autoridades alemanas informarán antes para poder decir que han sido los alemanes los que han conseguido que quede en libertad”.^¹⁵⁶Sin embargo, Murat Kurnaz estuvo cuatro años más recluido como “combatiente enemigo” sin cargos ni juicio antes de salir en libertad de Guantánamo en agosto de 2006. Esto ocurrió año y medio después de que un juez federal se mostrara muy crítico con el trato que Estados Unidos había dispensado a Murat Kurnaz y sugiriera que su detención violaba los principios básicos del debido proceso.^¹⁵⁷

- XI -

Desde la aprobación de la Ley de Comisiones Militares, que se aplica sólo a los extranjeros recluidos en calidad de “combatientes enemigos”, cabe considerar que los ciudadanos de otros países están más expuestos que los estadounidenses a ser transferidos de la custodia civil a la militar y al trato ilegítimo y la falta de recurso que ello comporta.^¹⁵⁸De hecho, tras aprobarse la ley, el entonces fiscal general de Estados Unidos manifestó: “Quiero hacer hincapié en que la Ley de Comisiones Militares no es aplicable a los ciudadanos estadounidenses. Por tanto, si yo o cualquier otro ciudadano estadounidense fuéramos detenidos, tendríamos acceso a todos los derechos de que disfrutábamos antes de la ley.”^¹⁵⁹La Ley de Tribunales Militares dispone:

1) Ningún tribunal, magistrado ni juez tendrá jurisdicción para ver o examinar recursos de hábeas corpus presentados por extranjeros o en nombre de extranjeros bajo custodia estadounidense sobre los que Estados Unidos haya determinado que están detenidos justificadamente como “combatientes enemigos” o que estén a la espera de tal determinación.

2) Con excepción de lo dispuesto en [...] la sección 1005.e de la Ley sobre el Trato a los Detenidos de 2005, ningún tribunal, magistrado ni juez tendrá jurisdicción para ver o examinar otras acciones contra Estados Unidos o sus agentes en relación con cualquier aspecto de la detención, transferencia, trato, juicio o condiciones de confinamiento de extranjeros bajo custodia estadounidense sobre los que Estados Unidos haya determinado que están detenidos justificadamente como “combatientes enemigos” o que estén a la espera de tal determinación.

Según la Ley sobre el Trato a los Detenidos, la revisión judicial está limitada a un solo tribunal federal, la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia, y se reduce básicamente a ver si el gobierno ha aplicado adecuadamente las normas de su sistema de revisión administrativa, los Tribunales de Revisión del Estatuto de Combatiente. En la aplicación de su sistema de guerra global, el gobierno de Estados Unidos ha considerado el hábeas corpus un abuso, más que una medida de protección contra los abusos. En la versión de la Ley de Comisiones Militares que el gobierno envió al Congreso, eliminando ya el hábeas corpus, el 6 de septiembre de 2006, por ejemplo, se indicaba que esta legislación era necesaria porque “los terroristas con los que Estados Unidos se enfrenta en un conflicto armado ha demostrado dedicarse a […] hacer uso indebido de los procesos legales estadounidenses” (es decir, por medio de peticiones de hábeas corpus presentadas por abogados estadounidenses). Los Tribunales de Revisión del Estatuto de Combatiente son un sistema de revisión administrativa establecido por el Departamento de Defensa, el mismo que al año siguiente pareció equiparar proceso judicial a terrorismo al enumerar las “vulnerabilidades” de Estados Unidos. En su Estrategia de Defensa Nacional, publicada en marzo de 2005, se afirmaba: Nuestra fuerza como Estado nación continuará viéndose desafiada por quienes emplean la estrategia de los débiles que utilizan los foros internacionales, los procesos judiciales y el terrorismo”.^¹⁶⁰

En un memorial de octubre de 2007 a la Corte Suprema de Estados Unidos, el gobierno estadounidense sostuvo que la revisión judicial por el sistema de la Ley de Comisiones Militares y la Ley sobre el Trato a los Detenidos es “sustituto totalmente adecuado del hábeas corpus en este contexto extraordinario de guerra”.^¹⁶¹El gobierno de Estados Unidos ha dicho recientemente al Comité de la ONU contra la Tortura que “ofrecer tal oportunidad de revisión judicial excede lo dispuesto en el derecho aplicable en la guerra [...] Estas medidas de protección judicial son más amplias que las aplicadas por cualquier otra nación en cualquier otro conflicto armado previo”.^¹⁶²

Amnistía Internacional ha determinado que este sistema de revisión presenta deficiencias básicas y no es adecuado en absoluto para sustituir el derecho internacionalmente reconocido de hábeas corpus, norma fundamental de procedimiento judicial que ni siquiera en tiempo de emergencia o guerra, se defina como se defina, puede dejarse de aplicar. Es también un sistema discriminatorio, pues, violando el derecho internacional, se aplica sólo a los ciudadanos extranjeros.^¹⁶³

- XII -

En su decisión de rechazar las apelaciones de Babar Ahmad y Haroon Aswat, el Tribunal Superior del Reino Unido determinó que una razón para confiar en las garantías diplomáticas en este caso era que el poder del presidente de Estados Unidos para clasificar a una persona como ”combatiente enemigo” era discrecional y que el hecho de que otros presuntos terroristas hubieran sido juzgados en el sistema de justicia federal demostraba que las autoridades estadounidenses estaban dispuestas a renunciar a tal clasificación en casos particulares y no consideraban “tal proceder obligatorio o inevitable en todos casos en que, por los hechos, pudiera seguirse”. Sin embargo, en opinión de Amnistía Internacional, el poder discrecional del ejecutivo es un elemento esencial de la ilegalidad característica del enfoque aplicado por Estados Unidos a las detenciones en el marco de la “guerra contra el terror”.^¹⁶⁴El caso de Yaser Hamdi lo demuestra. El Pentágono no permitió a este detenido el acceso a un abogado hasta finales de 2003, cuando llevaba ya dos años recluido como “combatiente enemigo”. Las autoridades hicieron hincapié en que se tomaba tal medida por “criterio propio y política militar; tal acceso no está previsto en el derecho internacional ni en la legislación interna y no debe considerarse un precedente”. Añadieron que se le permitía el acceso a un abogado porque era ciudadano estadounidense recluido en Estados Unidos, porque había “terminado el proceso de obtención de información” de él y porque se había “determinado que el acceso no comprometerá la seguridad nacional de Estados Unidos”.^¹⁶⁵ Ejemplos como éste de uso de criterios propios y el hecho de que la clasificación como “combatiente enemigo” se haga así aumentan, más que disipan, la preocupación por la fiabilidad de las garantías diplomáticas.

Cabe destacar que el Pentágono anunció que iba a permitir a Yaser Hamdi el acceso a un abogado sólo cuatro semanas antes de que la Corte Suprema comunicara si iba revisar la legalidad de su detención. De hecho, en el contexto de la cuestión de si las garantías diplomáticas pueden garantizar el respeto por parte del gobierno de los procesos judiciales ordinarios, el trato dispensado por Estados Unidos a Yaser Hamdi es un caso más que pone de manifiesto la disposición del gobierno a manipular los casos de los detenidos para eludir el escrutinio judicial. Dos meses después de la sentencia de junio de 2004 sobre la causa Hamdi v. Rumsfeld, en la que se determinó que Yaser Hamdi tenía derecho a impugnar su detención, un juez federal ordenó al gobierno explicar por qué el acusado continuaba recluido en régimen indefinido de aislamiento, al que llevaba más de dos años sometido y que “sin duda” planteaba problemas de trato inhumano.^¹⁶⁶En otra orden dictada a principios de octubre de 2004, el juez federal expresó su preocupación por el hecho de que, transcurridos tres meses desde la sentencia de la Corte Suprema, el detenido no hubiera tenido “una vista de ninguna clase ante esta Corte, el ejército ni ningún otro tribunal”.^¹⁶⁷Ordenó que se dejara en libertad a Yaser Hamdi o se celebrara en su tribunal una vista sobre el fondo de su petición de hábeas corpus el 12 de octubre de 2004, vista en la que el gobierno tendría que presentar a Yaser Hamdi. El 11 de octubre, el gobierno dejó en libertad al detenido y lo trasladó a Arabia Saudí con arreglo a un acuerdo por el que, entre cosas, Hamdi renunciaba a su ciudadanía estadounidense y accedía a no demandar a Estados por infracciones de leyes internacionales, extranjeras ni estadounidenses.^¹⁶⁸

- XIII -

Incluso si un detenido extranjero quedara bajo custodia dentro de Estados Unidos tras su extradición desde otro país, si se tomara posteriormente la decisión presidencial de clasificarlo como “combatiente enemigo” , el gobierno probablemente adoptaría la postura de que el detenido no ha desarrollado “vínculos sustanciales con este país” y, por tanto, no merece las medidas constitucionales de protección previstas en el precedente de la Corte Suprema de Estados Unidos.^¹⁶⁹El gobierno ha encontrado apoyo a esta idea en la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia, que en febrero de 2007 determinó en la causa Boumediene v. Bush que la Ley de Comisiones Militares no violaba la Constitución estadounidense y que “precedentes de esta corte y de la Corte Suprema muestran que la Constitución no confiere derechos a los extranjeros sin propiedades ni presencia dentro de Estados Unidos”. La Corte de Apelaciones hizo referencia a una sentencia suya de 1960, según la cual “los extranjeros no residentes [...] claramente no pueden acogerse a la protección de la Constitución o las leyes de Estados Unidos”.^¹⁷⁰

La decisión de la Corte Suprema en la causa Boumediene –los alegatos orales tuvieron lugar el 5 de diciembre– continúa pendiente. Incluso si el fallo es favorable a los detenidos, el restablecimiento del respeto pleno del Estado de derecho y los principios de derechos humanos dependerá de la amplitud del fallo y de la interpretación que el gobierno haga de él y, potencialmente, de la legislación aprobada por el Congreso.^¹⁷¹Amnistía Internacional ve con preocupación posibles indicios de que el gobierno podría intentar poner fin a la embarazosa situación creada por el centro de detención de Guantánamo recreándolo, de hecho, por medio de legislación que autorice la detención administrativa en el territorio continental estadounidense.^¹⁷²

La interpretación que hizo el gobierno de los dos fallos anteriores que marcaron hitos, los de las causas Rasul v. Bush y Hamdan v. Rumsfeld, fue limitada y permitió que continuara cometiéndose una injusticia con los detenidos. Por ejemplo, el gobierno respondió al fallo del caso Rasul y a otros pronunciados el 28 de junio de 2004 (en las causas Hamdi v. Rumsfeld y Rumsfeld v. Padilla) como si simplemente hubieran “definido el panorama para futuros litigios por la detención militar de combatientes enemigos”, en vez de haber hecho necesario un cambio en la dirección que estaba obligado a tomar en virtud del derecho internacional.^¹⁷³Aunque en los años siguientes se desarrollaron lentamente en los tribunales esos litigios, los detenidos siguieron estando sujetos totalmente al capricho del poder ejecutivo. Cuando se dictó la sentencia del caso Hamdan en junio de 2006, el gobierno se apresuró a hacer hincapié en “lo que no está en el fallo de la corte [...] Nada de lo que se sostiene afecta a la autoridad del presidente en tiempo de guerra para detener a combatientes enemigos [...] nada de lo que se sostiene afecta a la condición de Guantánamo ni a la continuación de la detención de combatientes enemigos allí de una manera o de otra [...] Lo que se sostiene no niega la autoridad del presidente para juzgar [...] por comisiones militares”.^¹⁷⁴Asimismo, en respuesta a la sentencia del caso Hamdan, el presidente aprovechó los casos de 14 detenidos de “alto valor “ que habían sido víctimas de desaparición forzada bajo custodia de la CIA durante años para conseguir la aprobación de la Ley de Comisiones Militares, legislación discriminatoria que es incompatible con el derecho internacional y que deja a los detenidos extranjeros clasificados como “combatientes enemigos” básicamente si posibilidad de recurrir por actos ilegales cometidos por el gobierno contra ellos.^¹⁷⁵

El gobierno sostiene que incluso en el caso de Ali al-Marri –que residía legalmente en Estados Unidos cuando fue detenido– se aplican la disposiciones para la suspensión del hábeas corpus de la Ley de Comisiones Militares. En junio de 2007, un grupo de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito discrepó con el gobierno con respecto a las atribuciones presidenciales:

[S]egún el gobierno, el presidente tiene autoridad “intrínseca” para someter a personas que residen legalmente en este país y están protegidas por nuestra Constitución a detención militar sin que pueden beneficiarse de ningún proceso penal si cree que han “participado en la preparación de actos de terrorismo internacional”. Esta afirmación es increíble, porque el gobierno en ningún momento indica que este poder “intrínseco” para ordenar la detención militar indefinida se aplique sólo a extranjeros o a quienes “cumplan las condiciones” de la “categoría legal” de combatiente enemigo [...] El presidente no puede eliminar

de un plumazo las protecciones constitucionales declarando a un civil, aunque sea un civil delincuente, combatiente enemigo, sujeto a detención militar indefinida [...] Aprobar tal autoridad presidencial para ordenar al ejército capturar y detener indefinidamente a civiles, aunque el presidente los llame “combatientes enemigos”, tendría consecuencias desastrosas para la Constitución , y para el país [...]Es ese poder el que, si un tribunal lo reconociera, podría hacer que todas nuestras leyes quedaran sin ejecutar y que el gobierno mismo se deshiciera. Nos negamos a reconocer una atribución de poder que alteraría de tal modo los fundamentos constitucionales de nuestra República.^¹⁷⁶

Sin embargo, el gobierno presentó un recurso para que se celebrara una nueva vista ante la corte en pleno del Cuarto Circuito. La corte lo admitió, y el 31 de octubre de 2007 se presentó el alegato oral ante la corte en pleno. La decisión está todavía pendiente, por lo que esta cuestión continúa sin resolverse. Es probable que el caso no llegue a la Corte Suprema hasta 2008. Incluso entonces, a juzgar por los casos de Yaser Hamdi y José Padilla, cabe esperar que, a fin de prevenirse contra los efectos de un fallo judicial adverso o de minimizar sus consecuencias, el gobierno expulse a Wli al-Marri si decide no ponerlo de nuevo bajo custodia civil tras haberlo tenido unos cinco años o más, para entonces, bajo custodia militar.

- XIV -

Amnistía Internacional no está en condiciones de evaluar las probabilidades de que Babar Ahmad o Haroon Aswat sean clasificados como “combatientes enemigos” si son extraditados a Estados Unidos. No obstante, la organización considera que mientras el paradigma de la “guerra” global de Estados Unidos continúe vigente, es posible de que sea así, a pesar de las garantías diplomáticas ofrecidas por la embajada estadounidense en Londres. Si el gobierno creyera en algún momento –tras conocer, quizá, nueva información por interrogatorios u otros métodos, o incluso en caso de absolución- que alguno de estos hombres representa una amenaza particular para

la seguridad nacional o una fuente potencial de información, podría decidir sacarlo del sistema de justicia penal y someterlo a su régimen de “combatiente enemigo”. Tal decisión se atendría a una constante aplicada por las autoridades a centenares de personas que han estado bajo su custodia y a las que han tratado como fuentes potenciales de información o como un peligro para la seguridad, en vez de como agentes con responsabilidad penal, incluso habiéndolos acusado públicamente de participación en actividades terroristas.

El gobierno británico sigue señalando el caso de Mohammed Al Hasan al-Moayad, ciudadano yemení que fue extraditado a Estados Unidos desde Alemania en noviembre de 2003, juzgado ante un tribunal federal estadounidense en 2005 por cargos de conspiración para prestar apoyo material a actividades terroristas y condenado a 75 años de prisión. Antes de su extradición, las autoridades alemanas recibieron garantías diplomáticas de la embajada de Estados Unidos en Alemania de que no sería juzgado por una comisión militar. El gobierno británico sugirió en su memorial de octubre de 2007 al Tribunal Europeo de Derechos Humanos que el ejemplo de Al-Moayad era “importante”, y el Tribunal Superior del Reino Unido manifestó que el caso de Al-Moayad “daba algún respaldo” a la afirmación de que las notas diplomáticas de los casos de Ahmad y Aswat se respetarían. Sin embargo, Amnistía Internacional considera que, del mismo modo que procesamientos anteriores ante los tribunales federales no impidieron la clasificación posterior de José Padilla y Ali al-Marri como “combatientes enemigos” y su extracción de la jurisdicción de esos mismos tribunales por orden presidencial, la extradición y condena de Mohammed al-Moayad no elimina el riesgo que corren Babar Ahmad o Haroon Aswat. Si las autoridades estadounidenses consideraran que las circunstancia lo justifican, existiría realmente el riesgo de que los sacaran más adelante del sistema de justicia penal ordinario y los clasificaran como “combatientes enemigos” en nombre de la seguridad nacional.

Citando la extradición y condena de Al-Moayad, el ex fiscal general de Estados Unidos dijo que el sistema de justicia penal era un “importante instrumento con el que contamos en la lucha contra los terroristas”. También señaló que en “los casos de terrorismo es difícil abrir investigaciones y procesamientos” y esta es “una de las razones por las que el gobierno ha utilizado todas las atribuciones de que dispone para abordar las nuevas situaciones que se presentan en la guerra contra el terrorismo. Una de estas atribuciones es la capacidad del ejército para detener a combatientes enemigos”.^¹⁷⁷Amnistía Internacional señala que en una declaración jurada presentada por el fiscal federal de Estados Unidos en apoyo de la extradición de Babar Ahmad no se rebate la afirmación de que no hay ninguna prohibición legal que impida que el detenido sea puesto posteriormente bajo custodia militar. En vez de ello, el fiscal se limita a decir que se pide la extradición de Babar para que pueda ser juzgado [ante la corte federal]. Esta es la razón de que solicite su extradición”. Como ha explicado Amnistía Internacional, el hecho de que no existan en la actualidad planes de poner a Babar Ahmad bajo custodia militar como “combatiente enemigo” no descarta que no se vaya a hacer, particularmente a juzgar por la práctica que ha mantenido el gobierno estadounidense en la “guerra contra el terror” y por su concepto de las atribuciones presidenciales.

Amnistía Internacional no cree que la responsabilidad de evaluar las probabilidades de la determinación de “combatiente enemigo” en un caso particular deba recaer en los acusados o en organizaciones no gubernamentales. El proceso por el que se hace tal determinación no ha sido transparente, y el secretismo al que recurre el gobierno en nombre de la seguridad nacional hace imposible esa evaluación. Es en el gobierno en el que debe recaer la responsabilidad de probar que no recurrirá a esta clasificación.

A falta de garantías judiciales vinculantes o de un rechazo rotundo por parte del gobierno de las políticas y prácticas aplicadas anteriormente a las detenciones en el marco de la “guerra contra el terror” violando el derecho y las normas internacionales, Amnistía Internacional cree que los hechos que se conocen sobre estas prácticas deber servir de base al examen de toda solicitud de extradición de ciudadanos no estadounidenses que presente Estados Unidos por presuntos delitos de terrorismo. Además, lo que falta en las garantías es el ofrecimiento de una base o mecanismo jurídico claro por el que las personas extraditadas puedan hacerlas cumplir en caso de que no se respeten. Las garantías van dirigidas sólo al Reino Unido y no a los detenidos. No queda claro si el detenido y su abogado podrían basarse en ellas ante un tribunal de justicia.

El propio gobierno estadounidense ha manifestado que en las transferencias de detenidos en las que se dan garantías diplomáticas su “análisis tiene en cuenta todos los factores pertinentes, incluida toda la información disponible sobre el cumplimiento por parte del Estado receptor potencial de sus obligaciones internacionales”.^¹⁷⁸Como se ha explicado detenidamente en este informe, Estados Unidos no cumple sus obligaciones internacionales en relación con el régimen de detenciones que aplica en el marco de la “guerra contra el terror”. El gobierno estadounidense ha afirmado también que “al evaluar la credibilidad de las garantías que recibe” considera, entre otras cosas el “historial del país en materia de derechos humanos”.^¹⁷⁹En este contexto, Estados Unidos no tiene un buen historial en materia de derechos humanos. El gobierno ha dicho además que “al evaluar las garantías diplomáticas u otra información proporcionada por el Estado solicitante” en el contexto de las extradiciones, Estados Unidos considerará, entre otras cosas, “las novedades políticas o jurídicas del Estado solicitante que proporcionen contexto a las garantías ofrecidas”.^¹⁸⁰En definitiva, en el contexto de la “guerra contra el terror”, tales novedades han incluido un incumplimiento general por parte de Estados Unidos de las normas internacionales relativas a la detención.

El gobierno de Estados Unidos ha destacado reiteradamente su compromiso con las “demandas no negociables de la dignidad humana”, incluido el Estado de derecho, en el documento de su estrategia de seguridad nacional y en otros documentos y declaraciones oficiales. Sin embargo, este compromiso ha resultado ser un concepto escurridizo en este contexto. Los conceptos escurridizos, las lagunas jurídicas y las prácticas de detención que discriminan en razón de la nacionalidad son un terreno poco seguro para autorizar la extradición de un ciudadano extranjero acusado de participar en actividades terroristas. El Estado de derecho requiere transparencia, previsibilidad, coherencia y adhesión a los principios fundamentales de los derechos humanos. Mientras estas condiciones no se cumplan estrictamente en el enfoque que aplica Estados Unidos a las detenciones relacionadas con el terrorismo, sus garantías diplomáticas serán una base poco segura sobre la que aprobar las solicitudes de extradición en el contexto del contraterrorismo.

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SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDON WC1X 0DW, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA

1 National security evidence and terrorism prosecutions: Cooperation between the United States and the United Kingdom, de Jocelyn A. Aqua, Counterterrorism Section of the National Security Division, US Department of Justice, en US Attorneys’ Bulletin, marzo de 2007, disponible en http://www.usdoj.gov/usao/eousa/foia_reading_room/usab5502.pdf.

2 Olmstead v US, 277 U.S. 438 (1928), opinión discrepante del juez Brandeis.

3 Jackson v. Denno, 378 U.S. 368 (1964).

4 Resolución 61/171 de la Asamblea General de la ONU . Protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo. Aprobada el 19 de diciembre de 2006. Doc. ONU: A/RES/61/171, 1 de marzo de 2007.

5 Resolución del Consejo de Seguridad de la ONU 1456, 20 de enero de 2003, S/RES/1456 (2003).

6 Véase http://www.un.org/terrorism/strategy-counter-terrorism.html.

7 Documento disponible en http://www.aclu.org/projects/foiasearch/pdf/DOS000754.pdf. Este documento y otros parecidos citados en este informe se publicaron, si bien con algunas partes suprimidas (censurados), tras el litigio presentado por la Unión Estadounidense para la Defensa de las Libertades Civiles y otros acogiéndose a la Ley sobre Libertad de Acceso a la Información.

8 Doc. ONU: CAT/C/USA/CO/2/Add. 1, 6 de noviembre de 2007. Comments by the Government of the United States of America to the conclusions and recommendations of the Committee against Torture. (Traducción de Amnistía Internacional)

9 Doc. ONU: CCPR/C/USA/CO/3/Rev.1/Add.1, 12 de febrero de 2008, Comments by the Government of the United States of America on the concluding observations of the Human Rights Committee.

10 President says US Attorneys in front line in war. 29 de noviembre de 2001, http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/11/20011129-12.html.

11 Remarks by Vice President Dick Cheney to the U.S. Chamber of Commerce, 14 de noviembre de 2001, http://www.whitehouse.gov/vicepresident/news-speeches/speeches/vp20011114-1.html.

12 UN human rights chief to leave post, Washington Post, 3 de marzo de 2008.

13 Developments in US policy and legislation towards detainees: the ICRC position, 19 de octubre de 2006, http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/kellenberger-interview-191006.

14 Situación de los detenidos en la bahía de Guantánamo. Informe de la Presidenta-Relatora del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, Leila Zerrougui; del Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Leandro Despouy; del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Manfred Nowak; de la Relatora Especial sobre la libertad de religión o de creencias, Asma Jahangir; y del Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, Paul Hunt. Doc. ONU: E/CN.4.2006/120, 27 de febrero de 2006, pár. 21.

15 Informe del relator especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo. Adición: Misión a los Estados Unidos de América, Doc. ONU: A/HRC/6/17/Add.3, 25 de octubre de 2007. Resumen.

16 Security and Rights, Ken Macdonald, QC, Director of Public Prosecutions, 23 de enero de 2007. Discurso completo disponible en http://www.cps.gov.uk/news/nationalnews/security_rights.html.

17 Presidente Bush, Discurso sobre el estado de la Nación, 20 de enero de 2004, http://www.whitehouse.gov/news/releases/2004/01/20040120-7.html.

18 Transcript of Remarks by Central Intelligence Agency Director, Gen. Michael V. Hayden at the Council on Foreign Relations, 7 de septiembre de 2007, https://www.cia.gov/news-information/speeches-testimony/general-haydens-remarks-at-the-council-on-foreign-relations.html.

19 Vice President's Remarks to Soldiers of the First Cavalry Division, 26 de febrero de 2008, http://www.whitehouse.gov/news/releases/2008/02/20080226-2.html.

20 Vice President's Remarks at the Conservative Political Action Conference, 7 de febrero de 2008, http://www.whitehouse.gov/news/releases/2008/02/20080207-11.html.

21 Remarks at the Federalist Society Annual Convention Dinner, 15 de noviembre de 2001, http://www.whitehouse.gov/vicepresident/news-speeches/speeches/vp20011127.html.

22 Hamdi v. Rumsfeld, 542 U.S. 507 (2004).

23 De hecho, la Ley de Comisiones Militares de 2006 ha puesto a esta “guerra” fecha anterior al 11 de septiembre de 2001 para permitir que las comisiones militares procesen a personas por delitos cometidos antes de esa fecha (“Una comisión militar [...] tendrá competencia para juzgar cualquier delito punible por este capítulo o por las leyes de la guerra cometido por un extranjero combatiente enemigo ilegal antes o después del 11 de septiembre de 2001 o en esta fecha.” MCA § 948d). El asesor legal del Departamento de Estado estadounidense ha sugerido que la creación de comisiones militares permitirá el procesamiento de personas por delitos que no violaban las leyes penales estadounidenses en el momento en el que fueron cometidos, en posible violación de la prohibición contra la aplicación retroactiva de la responsabilidad penal (“No cometieron delitos que violaran las leyes penales estadounidenses porque no eran delitos que estuvieran en nuestros códigos el 11 de septiembre de 2001 [...] La respuesta es que es necesario crear un sistema en el que quienes hubieran estado conspirando para cometer atentados contra Estados Unidos o en cualquier otro lugar del mundo puedan ser juzgados por ello en un sistema justo”. Update on detainee issues and military commissions legislation. John Bellinger III, State Department Legal Advisor, Foreign Press Center Briefing, Washington DC, Estados Unidos, 7 de septiembre de 2006, http://www.state.gov/s/l/rls/71939.htm).

24 Transcript of Director Hayden’s interview with Charlie Rose, 24 de octubre de 2007, https://www.cia.gov/news-information/press-releases-statements/interview-with-charlie-rose.html.

25 Bismullah v. Gates, Declaración desclasificada del teniente general Keith B. Alexander, director de la Agencia de Seguridad Nacional, ante la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia, 7 de septiembre de 2007.

26 Statement of Steven A. Engel, Deputy Assistant Attorney General, Office of Legal Counsel, US Department of Justice, before the Subcommittee on Terrorism, Technology and Homeland Security, Committee on the Judiciary, US Senate. Hearing on the legal rights of Guantánamo detainees, 11 de diciembre de 2007, http://judiciary.senate.gov/testimony.cfm?id=3052&wit_id=6814.

27 Memorandum. Subject: Humane treatment of al Qaeda and Taliban detainees, 7 de febrero de 2002.

28 Secretary Rumsfeld Media Availability after Visiting Camp X-Ray, Department of Defense transcript, 27 de enero de 2002, http://www.defenselink.mil/transcripts/transcript.aspx?transcriptid=2348.

29 También aconsejaba que reduciría “sustancialmente” la amenaza de que los agentes estadounidenses fueran procesados a nivel nacional por crímenes de guerra. Alberto Gonzales. Memorandum for the President: Decision re application of the Geneva Convention on Prisoners of War to the conflict with al Qaeda and the Taliban, Draft, 25 de enero de 2002.

30 The Vice President Appears on ABC’s This Week, 27 de enero de 2002, http://www.whitehouse.gov/vicepresident/news-speeches/speeches/vp20020127.html.

31 Remarks by the Vice President at the Air National Guard Senior Leadership Conference, 2 de diciembre de 2002, http://www.whitehouse.gov/news/releases/2002/12/20021202-4.html.

32 Action memo. Counter-Resistance Techniques, 2 de diciembre de 2002. http://www.slate.com/features/whatistorture/pdfs/020927.pdf

33 President Bush Commemorates Fifth Anniversary of US Department of Homeland Security, 6 de marzo de 2008, http://www.whitehouse.gov/news/releases/2008/03/20080306-4.html.

34 Pakistani man convicted of providing material support to al Qaeda sentenced to 30 years in federal prison. Comunicado de prensa, Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, 20 de julio de 2006, http://www.usdoj.gov/usao/nys/pressreleases/July06/parachasentencingpr.pdf.

35 Majid Khan pudo acceder a un abogado el 16 de octubre de 2007 –para una limitada revisión judicial de su caso, en virtud de la Ley sobre el Trato a los Detenidos– cuatro años y medio después de ser puesto bajo custodia. En abril de 2007, en una vista de revisión administrativa en Guantánamo, afirmó: “Llevo cuatro años. ¿Puede el gobierno de Estados Unidos llamarme terrorista y no acusarme aún? ¿Qué les detiene?”

36 Como “ya hemos terminado los interrogatorios de estos prisioneros” debemos “informar de su existencia” y transferirlos de la custodia de la CIA a Guantánamo “para empezar el proceso de llevarlos ante la justicia””. El presidente Bush habla sobre la creación de comisiones militares para juzgar a presuntos terroristas. 6 de septiembre de 2006, http://www.whitehouse.gov/news/releases/2006/09/20060906-3.html.

37 Sobre la censura aplicada a las declaraciones de los abogados, el gobierno ha afirmado: “Queremos que quede claro que estos fragmentos censurados no deben inducir a pensar que el material al que afectan contiene afirmaciones veraces. Para proteger información delicada desde el punto de vista de la seguridad nacional, el gobierno ni confirma ni niega la exactitud de las muchas afirmaciones del demandante.”Khan v. Gates. Opposition to Petitioner’s motions for preservation order and for declaratory judgment. In the US Court of Appeals for the District of Columbia Circuit, 20 de diciembre de 2007. En ningún lugar del documento desclasificado del gobierno estadounidense se expresa una repulsa explícita a las denuncias de tortura. El gobierno afirma haber “transmitido las denuncias [de Majid Khan] a las autoridades adecuadas del Departamento de Justicia para que sean investigadas”.

38 Khan v. Gates, Motion for preservation of torture evidence, In the US Court of Appeals for the District of Columbia Circuit, 30 de noviembre de 2007.

39 Interview of Vice President Cheney with Diane Sawyer of ABC, 29 de noviembre de 2001, http://www.whitehouse.gov/vicepresident/news-speeches/speeches/vp20011129.html.

40 President Meets with McCain & Warner, Discusses Position on Interrogation, 15 de diciembre de 2005, http://www.whitehouse.gov/news/releases/2005/12/print/20051215-3.html.

41 Hearing on the annual threat assessment, US Senate Select Committee on Intelligence, 5 de febrero de 2008.

42 USA: CIA ‘waterboarding’: Admission of a crime, now there must be a criminal investigation, Índice AI: AMR 51/011/2008, 6 de febrero de 2008, http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/011/2008.

43 UN says waterboarding should be prosecuted as torture. Reuters, 8 de febrero de 2008.

44 Foreign Secretary interviewed on BBC Radio, 12 de febrero de 2008, transcripción disponible en http://www.fco.gov.uk/servlet/Front?pagename=OpenMarket/Xcelerate/ShowPage&c=Page&cid=1007029391629&a=KArticle&aid=1199212028772.

45 Véase USA: Impunity and injustice in the ‘war on terror’, Índice AI: AMR 51/012/2008, 12 de febrero de 2008, http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/012/2008. Véase también: Prepared statement of Steven G. Bradbury, Principal Deputy Assistant Attorney General, Office of Legal Counsel, US Department of Justice, before the House Committee on the Judiciary, Subcommittee on the Constitution, Civil Rights, and Civil Liberties, 14 de febrero de 2008.

46 Prepared statement of Steven G. Bradbury, Principal Deputy Assistant Attorney General, Office of Legal Counsel, US Department of Justice, before the House Committee on the Judiciary, Subcommittee on the Constitution, Civil Rights, and Civil Liberties, 14 de febrero de 2008.

47 Discurso radial del presidente a la nación, 8 de marzo de 2008, http://www.whitehouse.gov/news/releases/2008/03/20080308.html.

48 FM 2-22.3 (FM 34-52) Human Intelligence Collector Operations. Departamento del Ejército, septiembre de 2006.

49 Director’s statement on lawful interrogation, 13 de febrero de 2008, https://www.cia.gov/news-information/press-releases-statements/directors-statement-on-lawful-interrogation.html.

50 Department of Defense news briefing with Secretary Rumsfeld and General Myers, 3 de abril de 2002, http://www.defenselink.mil/transcripts/transcript.aspx?transcriptid=3390.

51 Véase, por ejemplo, CIA holds terror suspects in secret prisons. Washington Post, 2 de noviembre de 2005.

52 Joseph Margulies y George Brent Mickum. Inside the mind of a Gitmo detainee. Washington Post, 23 de febrero de 2008.

53 Secretary Rumsfeld Live Interview with MSNBC TV, 12 de abril de 2002, Transcripción del Departamento de Defensa, http://www.defenselink.mil/transcripts/transcript.aspx?transcriptid=3400.

54 Director’s statement on the taping of early detainee interrogations. General Michael Hayden, 6 de diciembre de 2007, https://www.cia.gov/news-information/press-releases-statements/taping-of-early-detainee-interrogations.html. Estados Unidos de América: La destrucción de vídeos de interrogatorios de la CIA podría ocultar delitos del gobierno, 7 de diciembre de 2007, http://www.amnesty.org/en/for-media/press-releases/usa-destruction-cia-interrogation-tapes-may-conceal-crimes-20071207. En su declaración, el general Hayden afirmó que “la grabación de vídeos acabó en 2002”. Como dato relevante para la cuestión más general de las garantías del gobierno de Estados Unidos respecto a las detenciones en la "guerra contra el terror", Amnistía Internacional señala que en ese momento dicha declaración estaba siendo cuestionada en los tribunales estadounidenses. Por ejemplo, los abogados de Majid Khan, cuyas afirmaciones respecto a la presunta tortura de su cliente bajo custodia de la CIA (véase supra) han sido censuradas durante mucho tiempo para que no trascendieran a la opinión pública, han afirmado que “la inexactitud de la declaración [del general Hayden] es demostrable”. La versión no clasificada de su memorial continúa señalando que “otros altos cargos de los servicios de información han realizado una serie de declaraciones falsas sobre el encarcelamiento y la tortura de Khan bajo custodia de la CIA. Por ejemplo, han afirmado que sus interrogatorios no se grabaron en vídeo, que dejaron de hacerse grabaciones en 2002 y que sólo se utilizaron técnicas de interrogatorio ampliadas con un reducido número de presos” Khan v. Gates. Reply memorandum of law in further support of Petitioner’s torture motions. In the US Court of Appeals for the District of Columbia Circuit, 4 de enero de 2008.

55 Véanse pp. 14-15, Estados Unidos de América: ¿Justicia denegada y también postergada? Juicios con arreglo a la ley de Comisiones Militares, Índice AI: AMR 51/044/2007, marzo de 2007, http://www.amnesty.org/en/report/info/AMR51/044/2007. .

56 Press briefing by Ari Fleischer, 3 de marzo de 2003, http://www.whitehouse.gov/news/releases/2003/03/20030303-3.html#2c.

57 Prepared Remarks of Attorney General John Ashcroft, Senate Judiciary Committee Hearing: “The Terrorist Threat: Working Together to Protect America”, 4 de marzo de 2003. http://www.usdoj.gov/archive/ag/testimony/2003/030403senatejudiciaryhearing.htm.

58 Acta de acusación formal en http://fl1.findlaw.com/news.findlaw.com/hdocs/docs/binladen/usbinladen1.pdf.

59 Statement by the President, 26 de junio de 2003, http://www.whitehouse.gov/news/releases/2003/06/20030626-3.html.

60 Working Group Report on Detainee Interrogations in the Global War on Terrorism: Assessment of Legal, Historical, Policy and Operational Considerations. 4 de abril de 2003. http://edition.cnn.com/2007/POLITICS/12/11/agent.tapes/#cnnSTCText.

61 Ex-CIA agent: Waterboarding ‘saved lives’, CNN, 11 de diciembre de 2007, http://edition.cnn.com/2007/POLITICS/12/11/agent.tapes/#cnnSTCText.

62 Por ejemplo, June 13 13 [2002] transfer of detainees to Guantanamo, disponible en http://www.aclu.org/projects/foiasearch/pdf/DOS002075.pdf.

63 Por ejemplo, el artículo 17 del Tercer Convenio de Ginebra prohíbe toda forma de coacción para conseguir información. Como confirman las normas de funcionamiento del Campo Delta, recientemente filtradas (véase la página siguiente), la creación de condiciones de detención coercitivas para aislar, explotar y desorientar a los detenidos a efectos de su interrogatorio era un pilar fundamental de la política de Estados Unidos en Guantánamo.

64 Department of Defense Memorandum for Record. ICRC meeting with MG Miller on 9 Oct 03. http://washingtonpost.com/wp-srv/nation/documents/GitmoMemo10-09-03.pdf. Las autoridades justificaron dicha denegación de acceso por razones de “necesidad militar” en virtud de su paradigma de guerra.

65 Véase Estados Unidos de América: ¿ Entrega – tortura – juicio? El caso del detenido en Guantánomo Mohamedou Ould Slahi, AMR 51/149/2006, septiembre de 2006, http://www.amnesty.org/en/report/info/AMR51/149/2006.

66 Ibíd. Véase también Affidavit of Vincent James Iacopino, M.D., Re: Mohamedou Ould Slahi. 14 de mayo de 2007 (“Basándome en mis conocimientos sobre métodos de tortura y sus efectos físicos y psicológicos, así como en mi amplia experiencia en la investigación y la documentación de pruebas médico-legales de tortura, considero que las pruebas físicas y psicológicas documentadas en los historiales médicos concuerdan por completo con las denuncias de tortura y maltrato del señor Slahi, y las apoyan plenamente.”).

67 Documento disponible en http://www.aclu.org/projects/foiasearch/pdf/DOS000754.pdf.

68 Camp Delta Standard Operating Procedures, Headquarters, Joint Task Force – Guantanamo, 28 de marzo de 2003, §4-20. En la versión de 1992 del manual de interrogatorio del ejército estadounidense (FM 34-52) se afirma que “amenazar o dar a entender” que no se respetarán los derechos recogidos en los Convenios de Ginebra a menos que el detenido coopere es un ejemplo de coacción ilegal. El artículo 34 del Tercer Convenio de Ginebra dispone: “Los prisioneros de guerra tendrán plena libertad para el ejercicio de su religión”. El artículo 93 del Cuarto Convenio de Ginebra exige lo mismo para internados civiles. Estados Unidos critica estas violaciones cuando ocurren en otros países. Durante los últimos tres años, por ejemplo, el apartado dedicado a Siria de los informes sobre derechos humanos del Departamento de Estado ha criticado, bajo el encabezamiento de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradante, que se niegue “el acceso a material de lectura, incluido el Corán” a los presos políticos.

69 Camp Delta Standard Operating Procedures, Headquarters, Joint Task Force – Guantanamo, 1 de marzo de 2004. §4-20. En esta versión, sin embargo, se permite al detenido tener un ejemplar del Corán durante este periodo de aislamiento.

70 Los otros son “Sin acceso: No hay contacto de ningún tipo con el CICR, ni siquiera entrega de correo de este organismo.”; “Restringido: Sólo se permite al CICR preguntar al detenido sobre su salud y su bienestar. Preguntas cortas”; “Visual: Acceso limitado a la inspección ocular del estado físico del detenido. No se permite ninguna forma de comunicación. Sin entrega de correo del CICR”. Ibíd., § 17.3.

71 Department of Defense Memorandum. ICRC meeting with MG Miller on 9 Oct 03, op. cit.

72 Standard Operating Procedures, op. cit., §28-3(c).

73 Carta de Maxime Bernier, ministro de Asuntos Exteriores canadiense, a un profesor adjunto de la Universidad de Toronto con fecha 17 de octubre de 2007, enviada también a la membresía de Amnistía Internacional.

74 Telegrama disponible en http://www.aclu.org/projects/foiasearch/pdf/DOS002414.pdf.

75 Telegrama disponible en http://www.aclu.org/projects/foiasearch/pdf/DOS001966.pdf.

76 Véase USA: Human dignity denied: Torture and accountability in the ‘war on terror’, AMR 51/145/2004, octubre de 2004, pp. 20-21, 28, 124, 184. http://www.amnesty.org/en/report/info/AMR51/145/2004.

77 Véase Rasul v. Myers, Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia, 11 de enero de 2008.

78 Mensaje de correo electrónico disponible en http://www.aclu.org/projects/foiasearch/pdf/DOS002806.pdf.

79 Department of Defense Memorandum for Record. 9 Oct 03, op. cit.

80 Ibíd. Moazzam Begg era el detenido número 558.

81 Response to Formin Vedrine letter. To AmEmbassy Paris. From SecState WashDC, 30 de enero de 2002, disponible en http://www.aclu.org/projects/foiasearch/pdf/DOS000741.pdf.

82 Mensaje de correo electrónico del 9 de julio de 2004. Se refiere al periodo transcurrido entre mayo y octubre de 2002. Responses-87 en http://foia.fbi.gov/guantanamo/detainees.pdf.

83 El 11 de febrero de 2008, el Pentágono anunció que había presentado cargos penales contra Mohamed al-Qahtani y que pediría la pena de muerte en su juicio ante una comisión militar.

84 Véase Memorando al gobierno de Estados Unidos sobre el informe del Comité contra la Tortura de la ONU y la cuestión del cierre de Guantánamo, junio de 2006, http://www.amnesty.org/en/report/info/AMR51/093/2006.

85 Re: suspected mistreatment of detainees. Mensaje dirigido al general Donald J. Ryder, Departmento del Ejército, por T.J. Harrington, subdirector adjunto de la División Antiterrorista, Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Oficina Federal de Investigación, 14 de julio de 2004.

86 La declaración del ministro de Asuntos Exteriores está disponible en http://www.fco.gov.uk/servlet/Front?pagename=OpenMarket/Xcelerate/ShowPage&c=Page&cid=1007029391629&a=KArticle&aid=1199215094287.

87 Secret detentions and illegal transfers of detainees involving Council of Europe member states: second report, junio de 2007, http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc07/edoc11302.pdf. El Departamento de Estado estadounidense ha afirmado de respecto al territorio de Diego Garcia: “Hubo un intercambio de notas diplomáticas en 1966 y 1976. En el intercambio de 1976 entre Estados Unidos y Reino Unido se afirma: ‘El fondeadero y el aeródromo podrán ser utilizados libremente por naves y aeronaves propiedad de cualquiera de los gobiernos u operadas por cualquiera de ellos [...] Creo que la interpretación de esta frase para un lego es que cada gobierno tiene el mismo derecho de utilizar, según desee y convenga a los propósitos de las naves o aeronaves de dicho gobierno, cualquiera de dichas instalaciones, tanto los fondeaderos como la pista de aterrizaje”. El portavoz afirmó que, respecto al uso por parte de Estados Unidos de la pista de aterrizaje de Diego Garcia para entregas extraordinarias, el “entendimiento” entre ambos gobiernos había “evolucionado” con los años desde 2002 y no era un “acuerdo oficial”. Sean McCormack, portavoz del Departamento de Estado estadounidense, en la sesión informativa diaria para los medios de comunicación del 21 de febrero de 2008, http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2008/feb/101214.htm.

88 Memorándum disponible en http://www.newstatesman.com/pdf/rendition/rendition.pdf.

89 Carta enviada a la secretaria general de Amnistía Internacional Irene Khan por el ministro de Asuntos Exteriores británico David Miliband el 16 de octubre de 2007.

90 Orden ejecutiva en materia militar sobre detención, tratamiento y enjuiciamiento de ciertos extranjeros en la guerra contra el terrorismo, de 13 de noviembre de 2001, http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/11/20011113-27.html.

91 List of issues to be considered during the examination of the second periodic report of the USA. Responses of the USA. 5 de mayo de 2006, p. 17, http://www.state.gov/documents/organization/66172.pdf. Esto era todo lo contrario a lo argumentado en la Corte de Distrito Federal en la causa Rasul v. Bush, cuando las autoridades estadounidenses negaron categóricamente que ninguna persona estuviera recluida en virtud de la orden, y afirmaron en cambio que sí lo estaban en virtud de las facultades del presidente como comandante en jefe. Amnistía Internacional ha planteado este evidente cambio a las autoridades estadounidenses, pero no ha recibido contestación.

92 Estados Unidos. Que no se envíe a nadie a la ejecución: La pena de muerte en Estados Unidos como barrera frente a la extradición, Índice AI: AMR 51/171/2001, http://www.amnesty.org/en/report/info/AMR51/171/2001.

93 Véase Estados Unidos de América. Fuera del radar: vuelos secretos a la tortura y la "desaparición”, abril de 2006, http://www.amnesty.org/en/report/info/AMR51/051/2006. El 11 de febrero de 2008, el Pentágono anunció que Estados Unidos trataría de conseguir la pena de muerte para los seis detenidos de Guantánamo por su presunto papel en los atentados del 11 de septiembre de 2001. Cinco de ellos habían sido víctimas del programa de detención secreta de la CIA antes de ser trasladados a Guantánamo en septiembre de 2006.

94 Respuesta del 21 de febrero de 2008 a la pregunta parlamentaria 2007/08:739 Polisens terroristbekämpning, 11 de febrero de 2008. (Traducción de Amnistía Internacional del original sueco).

95 El Comité de la ONU contra la Tortura ha pedido a Estados Unidos que cierre el centro de detención de Guantánamo, señalando, entre otras cosas, que “recluir indefinidamente a alguien sin cargos de por sí viola la Convención [contra la Tortura]”. Conclusiones y recomendaciones del Comité contra la Tortura, Estados Unidos de América. Doc. ONU CAT/C/USA/CO/2, 18 de mayo de 2006, párr. 22.

96 A las personas detenidas en Irak se la amenazaba con trasladarlas a Guantánamo como método de interrogatorio. Véase USA: Human dignity denied: Torture and accountability in the ‘war on terror’, op. cit., pp. 27, 72, 77, 132.

97 USA v. Earnest James Ujaama. Plea agreement [redacted]. Corte federal de primera instancia del Distrito Oriental de Washington, Seattle, 14 de abril de 2003. Asimismo, en el marco de un acuerdo preliminar que aceptó en 2007 para conseguir salir de Guantánamo tras pasar cinco años allí y regresar a su país natal, Australia, para cumplir una breve condena de cárcel, David Hicks firmó la declaración siguiente: “Accedo a que por el resto de mi vida natural si el gobierno de Estados Unidos determina que he tenido una conducta proscrita por las secciones 950 q a w del capítulo 47A del título 10 del Código Federal de Estados Unidos tras la fecha de la firma de este Acuerdo Preliminar, el gobierno de Estados Unidos puede invocar de inmediato todo derecho que tenga en ese momento a capturarme y recluirme fuera de la nación de Australia y sus territorios, en tanto que combatiente enemigo ilegal”. Tras más de dos años de detención indefinida sin cargos ni juicios bajo custodia militar estadounidense, Yaser Hamdi firmó un acuerdo en virtud del cual podía se puesto en libertad en calidad de “combatiente enemigo” y expulsado a Arabia Saudí. Aceptó que, si alguna vez incumplía las condiciones del acuerdo, podía “ser detenido inmediatamente siempre que sea de acuerdo con las leyes de los conflictos armados” (que Estados Unidos considera que incluyen la detención indefinida sin juicio de quienes considere unilateralmente “combatientes enemigos”). Acuerdo disponible en http://news.findlaw.com/hdocs/docs/hamdi/91704stlagrmnt.html. El acuerdo de declaración de culpabilidad alcanzado en el caso del ciudadano estadounidense John Walker Lindh en 2002 disponía: “Por el resto de la vida natural del acusado, si el gobierno determina que éste ha tenido una conducta proscrita por los delitos ahora enumerados en las secciones 18 U.S.C. § 2332b(g)(5)(B), 18, del Código Federal de Estados Unidos, o una conducta ahora proscrita por la sección 1705, 50, del Código Federal de Estados Unidos […] Estados Unidos puede invocar de inmediato todo derecho que tenga en ese momento para capturar y recluir al acusado en tanto combatiente enemigo ilegal basándose en la presunta conducta expuesta en el acta de acusación formal”. Acuerdo disponible en http://fl1.findlaw.com/news.findlaw.com/hdocs/docs/lindh/uslindh71502pleaag.pdf.

98 Memorandum for the Secretary of the Navy. Order establishing Combatant Status Review Tribunal, 7 de julio de 2004, http://www.defenselink.mil/news/Jul2004/d20040707review.pdf .

99 Enemy combatant taken into custody. Comunicado de prensa del Departamento de Defensa, 23 de junio de 2003, http://www.defenselink.mil/releases/release.aspx?releaseid=5481.

100 Hamdi v. Rumsfeld, 542 U.S. 507 (2004).

101 Bismullah v Gates, Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia, 20 de julio de 2007, “ROGERS, Circuit Judge, concurring”.

102 Doc. ONU A/HRC/6/17/Add. 3. 22 de noviembre de 2007, op. cit., párr. 11.

103 USA v. Ahmad, tribunal de primera instancia de Bow Street, 17 de mayo de 2005.

104 El artículo IV del tratado reza: “Si el delito por el que se solicita la extradición es punible con la muerte de acuerdo con la legislación pertinente de la parte requirente, pero la legislación pertinente de la parte requerida no prevé la pena de muerte en un caso así, puede negarse la extradición si la parte requirente no ofrece garantías satisfactorias a la parte requerida de que no se aplicará la pena de muerte”.

105 En la nota diplomática enviada en el caso de Haroon Aswat no se mencionó la pena de muerte, porque los delitos por los que se solicitaba la extradición no eran punibles con la muerte.

106 Los abogados británicos de los hombres cuya extradición se ha solicitado presentaron una versión de este informe de Amnistía Internacional al Tribunal Europeo antes de su publicación, a finales de enero de 2008.

107 Con pocas excepciones, las opiniones jurídicas de la Oficina de Asesoramiento Jurídico son vinculantes para todos los órganos ejecutivos, aunque el fiscal general y el presidente pueden anularlas. Jack Goldsmith, ex director de la Oficina (2003-2004), ha manifestado que “el presidente y el vicepresidente han explicado siempre claramente que una prioridad de la administración central era mantener y ampliar las atribuciones legales formales del presidente”. Jack Goldsmith, The Terror Presidency, W.W. Norton and Co (2007), p. 132.

108 Jack Goldsmith, The Terror Presidency (2007), op. cit., p. 36.

109 President’s Statement on Signing of H.R. 2863, the ‘Department of Defense, Emergency Supplemental Appropriations to Address Hurricanes in the Gulf of Mexico, and Pandemic Influenza Act, 2006, 30 de diciembre de 2005, http://www.whitehouse.gov/news/releases/2005/12/20051230-8.html.

110 Mensaje a la Cámara de Representantes, 8 de marzo de 2008, http://www.whitehouse.gov/news/releases/2008/03/20080308-1.html.

111 The Terror Presidency (2007), op. cit., pp.119 y 120.

112 Ibíd., p. 146.

113 Memorándum a Timothy Flanigan, asesor adjunto del presidente, The President’s Constitutional authority to conduct military operations against terrorists and nations supporting them. John C. Yoo, fiscal general adjunto, Oficina de Asesoramiento Jurídico del Departamento de Justicia de Estados Unidos, 25 de septiembre de 2001, disponible en http://www.usdoj.gov/olc/warpowers925.htm.

114 Véase el apartado 9 de USA: Justice at last or more of the same? Detentions and trials after Hamdan v. Rumsfeld, AMR 51/146/2006, septiembre de 2006, http://www.amnesty.org/en/report/info/AMR51/146/2006.

115 Memorandum for Alberto R. Gonzales, Counsel to the President, and William J. Haynes II, General Counsel of the Department of Defense. Application of treaties and laws to al Qaeda and Taliban detainees. Jay S. Bybee, fiscal general adjunto, Oficina de Asesoramiento Jurídico del Departamento de Justicia de Estados Unidos, 22 de enero de 2002 (comillas internas, omitidas).

116 Memorandum for Alberto R. Gonzales, Counsel to the President. Re: Standards of Conduct for Interrogation under 18 U.S.C. §§ 2340-2340A. Jay S. Bybee, Oficina de Asesoramiento Jurídico del Departamento de Justicia, 1 de agosto de 2002. En un memorándum de diciembre de 2004 que sustituyó al anterior no se rechazó esta idea de las atribuciones presidenciales para autorizar la tortura, sino que se señaló que su “examen” era “innecesario”. En el nuevo documento se indicaba también lo siguiente: “Aunque hemos identificado varias diferencias con el memorándum de agosto de 2002, hemos examinado opiniones anteriores de esta Oficina en que se tratan cuestiones referentes al trato a los detenidos y creemos que ninguna de sus conclusiones seria distinta según los criterios de este memorándum”. Legal standards applicable under 18 U.S.C. §§ 2340-2340A. Memorandum opinion for the Deputy Attorney General, 30 de diciembre de 2004. El director de la Oficina de Asesoramiento Jurídico, que ha dicho que fue el encargado de retirar el memorándum de agosto de 2002, ha escrito: “Yo no había llegado a la conclusión de que las técnicas mismas de interrogatorio aprobadas por el Departamento de Justicia eran ilegales”. Jack Goldsmith, The Terror Presidency, op. cit., p. 152. Se cree que entre tales técnicas figuraba el simulacro de ahogamiento, o waterboarding. Amnistía Internacional ha sugerido que las recientes revelaciones del gobierno de Estados Unidos sobre su uso de la tortura con agua indican que el espíritu del ya notorio memorándum del 1 de agosto de 2002 persiste. Véase USA: Impunity and injustice in the ‘war on terror’, op. cit.

117 Pentágono, Working Group Report on Detainee Interrogations in the Global War on Terrorism: Assessment of Legal, Historical, Policy and Operational Considerations, 4 de abril de 2003, párr. III.3.a. En diciembre de 2005, el Congreso aprobó la Ley sobre el Trato a los Detenidos, que prohibía los tratos crueles, inhumanos o degradantes (tal como se definen en la legislación estadounidense, no en el derecho internacional) a personas bajo custodia estadounidense. Al firmar la entrada en vigor de la Ley, el presidente Bush dijo que el poder ejecutivo interpretaría la legislación “de una manera coherente con la autoridad constitucional del presidente para supervisar el poder ejecutivo unitario y como comandante en jefe y coherente con las limitaciones constitucionales al poder judicial, que ayudará a conseguir el objetivo común del Congreso y el presidente [...] de proteger al pueblo de Estados Unidos de nuevos atentados terroristas”. Declaración del 30 de diciembre de 2005, disponible en http://www.whitehouse.gov/news/releases/2005/12/20051230-8.html.

118 Memorandum for William J. Haynes, II, General Counsel, Department of Defense. Potential legal constraints applicable to interrogations of persons captured by US Armed Forces in Afghanistan, Oficina de Asesoramiento Jurídico del Departamento de Justicia de Estados Unidos, 26 de febrero de 2002.

119 Vista sobre la supervisión del Departamento de Justicia, Comité de la Magistratura de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, 7 de febrero de 2008.

120 Rueda de prensa de Tony Fratto, 6 de febrero de 2008, http://www.whitehouse.gov/news/releases/2008/02/20080206-3.html.

121 Al preguntarle específicamente si el presidente podía anular la conclusión del Departamento de Justicia de que el waterboarding era ilegal según la legislación estadounidense vigente, Steven Bradbury se negó reiteradamente a dar una respuesta inequívoca. Al final respondió que “en teoría, el presidente está en la cima del poder ejecutivo. Así que en teoría toda la autoridad de los miembros del poder ejecutivo está supeditada a la autoridad suprema del presidente. Dicho esto, es bastante hipotético y, a mi juicio, insostenible, que el presidente no tenga en cuenta una opinión del fiscal general. En particular una opinión considerada formal” Declaración ante el Subcomité de la Constitución y de Derechos Civiles y Constitucionales del Comité de la Magistratura de la Cámara de Representantes, 14 de febrero de 2008.

122 Ibíd.

123 Jack Goldsmith, The Terror Presidency, op. cit., p. 96. La Oficina de Responsabilidad Profesional del Departamento de Justicia está investigando, no obstante, la aprobación legal del water-boarding por el Departamento. Véase Durbin and Whitehouse: Justice Department is investigating torture authorization. Comunicado de prensa del senador Sheldon Whitehouse, 22 de febrero de 2008, http://whitehouse.senate.gov/record.cfm?id=293379&.

124 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Terreno resbaladizo: la política de la tortura, Índice AI: AMR 51/177/2007, 9 de noviembre de 2007, http://www.amnesty.org/en/report/info/AMR51/177/2007.

125 Párr. 3, Memorándum Humane treatment of al Qaeda and Taliban detainees, presidente George W. Bush, 7 de febrero de 2002.

126 Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos. ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, Doc. ONU CCPR/C/USA/CO/3, 15 de septiembre de 2006, párr. 12 .

127 Conclusiones y recomendaciones del Comité contra la Tortura. ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, Doc. ONU CAT/C/USA/CO/2, 25 de julio de 2006.

128 President Bush discusses creation of military commissions to try suspected terrorists, 6 de septiembre de 2006, http://www.whitehouse.gov/news/releases/2006/09/20060906-3.html.

129 Véase Sin rastro oficial : Responsabilidad de Estados Unidos en las desapariciones forzadas de la "guerra contra el terror”, Índice AI: AMR 51/093/2007, junio de 2007, http://www.amnesty.org/es/report/info/AMR51/093/2007.

130 Executive order: Interpretation of the Geneva Conventions Common Article 3 as applied to a program of detention and interrogation operated by the Central Intelligence Agency, 20 de julio de 2007, http://www.whitehouse.gov/news/releases/2007/07/20070720-4.html. Véase Estados Unidos de América: Ley y desorden ejecutivo: El presidente da vía libre al programa de detención secreta, Índice AI: AMR 51/135/2007, agosto de 2007, http://www.amnesty.org/es/report/info/AMR51/135/2007.

131 Doc. ONU CAT/C/USA/CO/2/Add. 1, 6 de noviembre de 2007, op. cit. Doc. ONU CCPR/C/USA/CO/3/Rev.1/Add.1, 12 de febrero de 2008, op. cit.

132 Gherebi v. Bush, Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos, 18 de diciembre de 2003.

133 The Role of Judges in a Modern Democracy. Ministro de Asuntos Constitucionales y ministro de Justicia británico, lord Falconer of Thoroton, conferencia sobre la Carta Magna, Sydney, Australia, 13 de septiembre de 2006, http://www.dca.gov.uk/speeches/2006/sp060913.htm.

134 Boumediene v. Bush. Memorial de ex diplomáticos estadounidenses en apoyo de los demandantes, Corte Suprema de Estados Unidos, agosto de 2007.

135 Véase Estados Unidos de América: ¿Justicia denegada y también postergada? Juicios con arreglo a la ley de Comisiones Militares, Índice AI: AMR 51/044/2007, marzo de 2007, http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR51/044/2007.

136 Por ejemplo, una solicitud de información sobre el bienestar y la condición de los menores detenidos en Guantánamo presentada al Departamento de Estado de Estados Unidos por la embajada estadounidense en México, a raíz de una reunión con Amnistía Internacional México en Ciudad de México, dio lugar al envío de un correo electrónico en el Departamento de Estado en el que se decía que “lo único que el Departamento de Defensa reconocerá es que, independientemente de su edad, a todos los detenidos de Guantánamo se los considera combatientes enemigos. El Departamento de Defensa no hablará de las demás cuestiones ni accederá a proporcionar al gobierno de México ni a Amnistía Internacional información actualizada”. Mensaje de Christopher Camponovo, asesor de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado, 4 de junio de 2003, disponible en http://www.aclu.org/projects/foiasearch/pdf/DOS002232.pdf.

137 En el momento de redactar el presente informe, Omar Khadr se enfrentaba a juicio ante una comisión militar en Guantánamo tras más de cinco años de custodia militar. Él y otros detenidos que eran menores de 18 años cuando fueron puestos bajo custodia estadounidense han denunciado haber sido sometidos a tortura u otros malos tratos durante su detención en régimen de incomunicación. Las autoridades canadienses ha manifestado que han “intentado constantemente garantizar que el Sr. Khadr se beneficia del debido proceso” y “garantizar que el trato que se dispensa al Sr. Khadr se ajusta a las normas y reglas internacionalmente reconocidas sobre el trato debido a los menores delincuentes y que se tiene en cuenta su condición de menor en el momento en que los presuntos hechos se produjeron”. Carta a catedrático adjunto de la Universidad de Toronto, de Maxime Bernier, ministro de Asuntos Exteriores, 17 de octubre de 2007, op. cit. Ninguna de estas garantías pedidas y recibidas ha hecho posible un trato a Omar Khadr que respete el derecho internacional. De hecho, recientemente la representante del secretario general de la ONU para la infancia y los conflictos armados ha expresado directamente su preocupación al gobierno de Estados Unidos por el trato dispensado a Omar Khadr y por el preocupante precedente internacional que representará su juicio ante una comisión militar. Véase UN protests US decision to try Omar Khadr, National Post, 19 de noviembre de 2007.

138 USA: No substitute for habeas corpus: six years without judicial review in Guantánamo, Índice AI: AMR 51/163/2007, noviembre de 2007, http://www.amnesty.org/en/report/info/AMR51/163/2007 .

139 Australia uneasy about US detainee case, New York Times, 10 de abril de 2005.

140 Qassim v. Bush, corte federal de primera instancia para el distrito de Columbia, memorándum de 22 de diciembre de 2005. El juez señaló que el gobierno “no informaba a nadie” sobre las determinaciones de anulación de la condición de “combatiente enemigo”.

141 Qassim v. Bush, Status report concerning petitioners-appellants and request for briefing Schedule. Corte de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia de Estados Unidos, 16 de mayo de 2006.

142 Por ejemplo, “El domingo, 9 de junio de 2002, el presidente Bush, en calidad de comandante en jefe. determinó que Abdullah al Muhajir, nacido en Estados Unidos como José Padilla, es un combatiente enemigo que representa una amenaza seria y continua para el pueblo estadounidense y nuestra seguridad nacional. Al Muhajir fue transferido posteriormente de la custodia del Departamento de Justicia al control del Departamento de Defensa”. Declaración del fiscal general, John Ashcroft, sobre el caso Padilla, 20 de febrero de 2004, http://www.usdoj.gov/opa/pr/2004/February/04_ag_102.htm.

143 Padilla allowed access to lawyer, 11 de febrero de 2004, http://www.defenselink.mil/releases/release.aspx?releaseid=7070. La Corte Suprema de Estados Unidos concedió la revisión (certiorari) en el caso Padilla el 20 de febrero de 2004.

144 Padilla v. Hanft, US Supreme Court, Justice Kennedy, with whom the Chief Justice and Justice Stevens join, concurring in the denial of certiorari.
En enero de 2008, casi seis años después de que fuera detenido por primera vez, José Padilla fue condenado a 17 años y 4 meses de prisión. Véase José Padilla condenado: Siguen sin resolverse los intereses de la justicia, Índice AI: AMR 51/008/2008, 22 de enero de 2008, http://www.amnesty.org/en/library/asset/AMR51/008/2008/es/AMR510082008es.html.

145 Véanse, por ejemplo, el desarrollo de los Tribunales de Revisión del Estatuto de Combatiente en 2004 y, más en general, los indicios de manipulación de casos particulares de detenidos en momentos de injerencia judicial, en USA: No substitute for habeas corpus, op. cit., noviembre de 2007.

146 Boumediene v. Bush. Brief for the Boumediene petitioners. Corte Suprema de Estados Unidos, agosto de 2007.

147 Alleged secret detentions and unlawful inter-state transfers involving Council of Europe member states. Draft report – Part II (explanatory memorandum). Rapporteur Dick Marty, Comité de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, 7 de junio de 2006.

148 Durante tres años, la entrada sobre Bosnia y Herzegovina del informe anual del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre prácticas de otros países en materia de derechos humanos, presentó en el apartado sobre detención arbitraria, detención y exilio información actualizada sobre el caso de “seis presuntos terroristas argelinos” cuya custodia se había transferido a un “gobierno extranjero” en enero de 2002. El Departamento de Estado informó de que, en 2002 y 2003, la Cámara de Derechos Humanos había determinado que el trato dispensado a los hombres había violado sus derechos humanos reconocidos por los tratados, incluido el derecho a no ser expulsados arbitrariamente por falta de un procedimiento justo. En su informe de febrero de 2005, el Departamento de Estado señaló que las familias de los hombres cuya custodia se había transferido a un “gobierno extranjero” no habían recibido aún la indemnización que la Cámara de Derechos Humanos había ordenado pagarles. Lo que no señaló el Departamento de Estado fue que ese misterioso “gobierno extranjero” era el de Estados Unidos. En un documento muy censurado del Departamento de Estado de enero de 2002 sobre este caso, que se hizo público posteriormente, se hace referencia a un “supuesto mandamiento de la Cámara de Derechos Humanos” y se sugiere que al menos una autoridad del gobierno bosnio había aceptado que Estados Unidos asumiera la custodia de los hombres, spero señalando que “no se enviara ninguna nota oficial en respuesta”. La nota del Departamento de Estado terminaba con el comentario de que “tenemos que atenernos a lo [censurado] durante los próximos días, hasta que el crescendo de críticas públicas previsto baje, como esperamos que ocurra”. http://www.aclu.org/projects/foiasearch/pdf/DOS000052.pdf. Los detenidos continúan bajo custodia militar indefinida, sin cargos ni juicio, en Guantánamo seis años después.

149 Hay un telegrama muy censurado, enviado por una embajada estadounidense al secretario de Estado en marzo de 2003, que parece estar relacionado con una petición oficial (del Ministerio del Interior) de información sobre dos de los detenidos sacados de Bosnia. El texto sugerido para la respuesta contiene la garantía de que todas las personas recluidas en Guantánamo reciben un trato humano y “acorde con los principios del tercer Convenio de Ginebra”. Disponible en http://www.aclu.org/projects/foiasearch/pdf/DOS002629.pdf. Algunos de los detenidos sacados de Bosnia han denunciado que han sido maltratados. Véase: USA: Guantánamo and beyond: The continuing pursuit of unchecked executive power, Índice AI: AMR 51/063/2005, mayo de 2005, pp. 16-18, http://www.amnesty.org/en/report/info/AMR51/063/2005.

150 Declaración del coronel del ejército de Estados Unidos Donald D. Woolfolk, 13 de junio de 2002, presentada en la causa Hamdi v. Rumsfeld, http://fl1.findlaw.com/news.findlaw.com/hdocs/docs/hamdi/hamdi61302wlflkdec.pdf. (“A medida que se obtiene nueva información de una fuente, se presenta la oportunidad de conocer más información por medio de interrogatorios [...] Perturbar el entorno de interrogatorio, como hace el acceso de abogados a un detenido, menoscaba esta dinámica de interrogatorio [...] el proceso de obtención de información tiene que ser continuo. Cuando se obtiene información de otras fuentes, se abre una nueva vía de interrogatorio con los combatientes enemigos detenidos”).

151 Declaración del vicealmirante de la Marina estadounidense Lowell E. Jacobyk, director de la Agencia de Inteligencia de Defensa, 9 de enero de 2003, http://www.pegc.us/archive/Padilla_vs_Rumsfeld/Jacoby_declaration_20030109.pdf.

152 Ibíd.

153 Declaraciones de Woolfolk y Jacoby, op. cit.

154 Por ejemplo, según el Pentágono, la tortura y otros malos tratos documentados infligidos a Mohammed al-Qahtani durante su interrogatorio en Guantánamo, “proporcionaron información detallada sobre 30 de los guardaespaldas de Osama Bin Laden que están también recluidos en Guantánamo”. La tortura y otros malos infligidos a Mohamedou Ould Slahi, recluido en Guantánamo desde agosto de 2002, parecen haber estado determinados por lo que una personas bajo custodia estadounidense secreta contó a sus interrogadores. Véase Estados Unidos de América: ¿ Entrega – tortura – juicio? El caso del detenido en Guantánamo Mohamedou Ould Slahi, AMR 51/149/2006, Índice AI: AMR 51/149/2006, septiembre de 2006, http://www.amnesty.org/es/report/info/AMR51/149/2006.

155 Enemy combatant taken into custody. Comunicado de prensa del Departamento de Defensa, 23 de junio de 2003, http://www.defenselink.mil/releases/release.aspx?releaseid=5481.

156 Evidence of innocence rejected at Guantánamo. Washington Post, 5 de diciembre de 2007 (contiene un enlace al memorándum), http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/12/04/AR2007120402307_pf.html.

157 Véanse pp. 57-59 de USA: Guantánamo and beyond: the continuing pursuit of unchecked executive power, mayo de 2005, op. cit.

158 Además de continuar calificando de “combatientes enemigos” a centenares de ciudadanos extranjeros bajo custodia estadounidense en Afganistán y Guantánamo, el gobierno de Estados Unidos no se ha retractado jamás de su afirmación de que puede tildar unilateralmente a ciudadanos estadounidenses de “combatientes enemigos” y recluirlos indefinidamente.

159 Alberto Gonzales en “Ask the White House”, 18 de octubre de 2006. El fiscal general respondía a la pregunta siguiente: “Sí lo detuvieran a usted, Sr. Gonzales, y lo clasificaran como combatiente enemigo ilegal y fuera inocente, ¿qué haría?”. http://www.whitehouse.gov/ask/20061018.html.

160 The National Defense Strategy of the United States of America, marzo de 2005, http://www.defenselink.mil/news/Apr2005/d20050408strategy.pdf.

161 Boumediene v. Bush. Brief for the respondents. Corte Suprema de Estados Unidos, octubre de 2007.

162 Doc. ONU CAT/C/USA/CO/2/Add. 1, 6 de noviembre de 2007. Comentarios del gobierno de Estados Unidos a la conclusiones y recomendaciones del Comité. Traducción de AI.

163 USA: No substitute for habeas corpus, op. cit.

164 Por ejemplo, véase USA: Guantánamo and beyond: The continuing pursuit of unchecked executive power, Índice AI: AMR 51/063/2005, mayo de 2005, http://www.amnesty.org/en/report/info/AMR51/063/2005.

165 Department of Defense announces detainee allowed access to lawyer, 2 de diciembre de 2003, http://www.defenselink.mil/releases/release.aspx?releaseid=5831.

166 Hamdi v. Rumsfeld. Order. Corte federal de primera instancia para el Distrito Oriental de Virginia, 27 de agosto de 2004.

167 Hamdi v. Rumsfeld, Order. Corte federal de primera instancia para el Distrito Oriental de Virginia, 5 de octubre de 2004.

168 Y accedía a no visitar Estados Unidos en 10 años y a no viajar nunca a Afganistán, Irak, Israel, Pakistán, Siria, Cisjordania ni la Franja de Gaza. Véase también la nota 97.

169 En su memorial de octubre de 2007 a la Corte Suprema de Estados Unidos en la causa Boumediene v. Bush – en la que la Corte está considerando la eliminación del hábeas corpus de los tribunales estadounidenses en virtud de la Ley de Comisiones Militares– el gobierno citó, como ha hecho reiteradamente, la decisión tomada por la Corte Suprema en 1990 en la causa United States v. Verdugo-Urquidez. Hizo hincapié en el memorial en que , en esa sentencia, “esta Corte declaró que los extranjeros reciben protecciones constitucionales cuando llegan al territorio de Estados Unidos y desarrollan vínculos sustanciales con este país”.

170 Boumediene v. Bush, Tribunal de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia, febrero de 2007.

171 Las perspectivas de solución clara del asunto en la Corte Suprema de Estados Unidos podrían haberse vuelto más remotas tras presentar el gobierno estadounidense su apelación ante la Corte Suprema en una causa conexa. Véase Gates v. Bismullah, petición de orden de revisión del gobierno, Corte Suprema de Estados Unidos, febrero de 2008. Véase también Court reviews on detainees, New York Times, 6 de febrero de 2008. También, apartado 6 de USA: No substitute for habeas corpus, op. cit.

172 Véase USA: Unlawful detentions must end, not be transferred, Índice AI: AMR 51/200/2007, 21 de diciembre de 2007, http://www.amnesty.org/en/report/info/AMR51/200/2007.

173 Declaración de J. Michael Wiggins, fiscal general adjunto, Departamento de Justicia, al Comité Judicial del Senado de Estados Unidos, 15 de junio de 2005.

174 Transcripción de teleconferencia con altos cargos sobre el fallo de la Corte Suprema en el caso Hamdan, 30 de junio de 2006. Departamento de Justicia, http://www.usdoj.gov/opa/pr/2006/June/06_opa_411.html.

175 USA: Justice delayed and justice denied? Trials under the Military Commissions Act, op. cit.

176 Al-Marri v. Wright, Corte de Apelaciones para el Cuarto Circuito de Estados Unidos, 11 de junio de 2007 (comillas internas, omitidas).

177 Prepared remarks for Attorney General Alberto R. Gonzales at the Council on Foreign Relations, Nueva York, 1 de diciembre de 2005, http://www.usdoj.gov/ag/speeches/2005/ag_speech_051201.html.

178 Doc. ONU CAT/C/USA/CO/2/Add.1, 6 de noviembre de 2007, párr. 6, op.cit.

179 Doc. ONU CCPR/C/USA/CO/3/Rev.1/Add.1, 12 de febrero de 2008, op. cit.

180 List of issues to be considered during the examination of the second periodic report of the United States of America by the UN Committee against Torture. Response of the USA, párr. 18, disponible en http://www.state.gov/documents/organization/66172.pdf.

Índice AI: AMR 51/009/2008 Amnistía Internacional, marzo de 2008

Document - USA: To be taken on trust? Extraditions and US assurances in the ‘war on terror’

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Amnesty International Report 2009