Document - USA: See no evil: Government turns the other way as judges make findings about torture and other abuse









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Publicado originalmente en 2011 por Amnesty International Publications

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Índice: AMR 51/005/2011


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EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI)

Valderribas, 13.

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índice

Introducción 1

LOS JUECES SEÑALAN VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS, EL EJECUTIVO APARTA LA MIRADA 4

LA AUSENCIA DE CONCLUSIONES judicialES NO SIGNIFICA AUSENCIA DE ABUSOS 19

LOS ABOGADOS Y FISCALES DEL ESTADO DEBEN ACTUAR 24

EL GOBIERNO DEBE GARANTIZAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y LA REPARACIÓN; EL secreTO no ES excusA 28

ConclusiÓn 33

Europa: Un secreto a voces - crecientes indicios sobre la complicidad de Europa en entregas extraordinarias y detenciones secretas (resumen), 15 de noviembre de 2010, http://www.amnesty.org/es/library/info/EUR01/024/2010/es 35

Estados Unidos: El fiscal general ordena una “investigación preliminar” sobre las detenciones de la CIA cuando debería haberse efectuado hace mucho tiempo una investigación completa, 25 de agosto de 2009, http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR51/094/2009/es 35

Estados Unidos de América: La promesa de un cambio real, 30 de enero de 2009, http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR51/015/2009/es 35

USA: Torture acknowledged, question of accountability remains, 14 de enero de 2009, http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/003/2009/en 35

Estados Unidos de América. Causa pendiente. De Abu Ghraib a la custodia secreta de la CIA: El caso de Khaled al-Maqtari, marzo de 2008, http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR51/013/2008/es 36

Estados Unidos de América: ¿Entrega - tortura - juicio? El caso del detenido de Guantánamo Mohamedou Ould Slahi, 20 de septiembre de 2006, http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/149/2006/es 36









Introducción

La CIA, actuando por orden de la autoridad suprema, utilizó métodos coercitivos

Juez federal de primera instancia, Nueva York, octubre de 20101



Hace mucho que es de dominio público que, seis días después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, el presidente George W. Bush firmó un documento por el que autorizaba a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) “a establecer centros de detención para terroristas fuera de Estados Unidos”.2 En su autobiografía de 2007, George Tenet, el ex director de la CIA que había solicitado la autorización presidencial, recordaba que no se había pedido la aprobación formal del Congreso para este programa de detención secreta “porque estaba sometido a la autoridad unilateral del presidente”.3

Ahora, el propio ex presidente Bush ha añadido a la mezcla sus propias memorias. Aunque especulando con que “podría haber evitado parte de la controversia y los reveses jurídicos” si hubiera tratado de obtener desde el principio una legislación del Congreso sobre el programa de interrogatorios de la CIA, su admisión de que él personalmente aprobó el uso de “técnicas de interrogatorio mejoradas” contra detenidos recluidos bajo custodia secreta no muestra trazas de arrepentimiento.4 “¡Maldita sea, claro que sí!”, recuerda haber respondido cuando el director Tenet, de la CIA, le pidió en 2003 esa autorización en el caso de Khalid Sheikh Mohammed, quien posteriormente fue sometido, entre otras cosas, a más de 180 aplicaciones de “water-boarding”, una técnica de tortura que consiste en someter al detenido a un simulacro de ahogamiento.5 Al igual que otras personas recluidas en el programa de detención secreta, Khalid Sheikh Mohammed también fue sometido –en su caso, durante tres años y medio– a desaparición forzada.

El presidente Bush tampoco muestra arrepentimiento por su orden ejecutiva del 13 de noviembre de 2001, en la que autorizaba los juicios ante comisiones militares y la detención indefinida sin juicio de ciudadanos extranjeros concretos, ni por la reclusión, sin el debido proceso, en la base naval estadounidense de la bahía de Guantánamo de individuos puestos bajo custodia en una amplia diversidad de circunstancias (muchas de ellas totalmente ajenas a conflictos armados).6 El recluir “en suelo estadounidense a terroristas capturados”, afirma el ex presidente en sus memorias, “podría haber activado las protecciones constitucionales que, de esta manera, no recibirían, como el derecho a guardar silencio”; por tanto, la decisión de mantener a los detenidos recluidos en Guantánamo se tomó cuando el Departamento de Justicia “me informó” de que los detenidos recluidos en “suelo cubano” no tenían derecho a acceder al sistema de justicia penal estadounidense.7 En unas memorias publicadas anteriormente, un ex jefe de la Oficina de Asesoramiento Jurídico del Departamento de Justicia señaló que la elección de Guantánamo había “parecido una buena opción para reducir al mínimo el escrutinio judicial”.8 Las detenciones de Guantánamo no empezaron a someterse a un cierto escrutinio judicial hasta que la Corte Suprema de Estados Unidos resolvió en junio de 2008, en Boumediene v. Bush, que los detenidos tenían derecho a impugnar la legalidad de su detención ante un tribunal federal de primera instancia estadounidense.

La tortura y la desaparición forzada son delitos de derecho internacional. El uso sistemático o generalizado de cualquiera de ellas puede constituir un crimen de lesa humanidad. Según la CIA, entre 2002 y 2007 se recluyó en el programa secreto a unos 98 de los detenidos denominados “de alto valor”.9 Todos ellos sufrieron condiciones de traslado y detención y/o técnicas de interrogatorio que violaban la prohibición internacional de la tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.10 Muchos otros fueron sometidos por Estados Unidos a traslados secretos y a periodos de detención prolongada en régimen de incomunicación, tortura u otros malos tratos fuera de los límites de este programa en concreto, en lugares como Afganistán y Guantánamo.

En los programas de detención secreta, interrogatorio y entrega de la CIA participaron muchas personas. Quienes autorizaron y cometieron las violaciones de derechos humanos asociadas a estos programas no han comparecido ante la justicia, y ni siquiera (por lo que se sabe) han sido objeto de una investigación criminal seria. A quienes sufrieron abusos se les sigue negando el remedio. El derecho a un remedio efectivo aparece reconocido en los principales tratados internacionales y regionales de derechos humanos, incluido el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).11 Entre otras cosas, el PIDCP prohíbe la detención arbitraria, la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, los juicios injustos y la discriminación en cuanto al disfrute de los derechos humanos, incluido el derecho a la igualdad de protección ante la ley. En virtud del derecho internacional, toda persona que haya sido víctima de detención ilegítima tiene el derecho exigible a una reparación.12

El 22 de enero de 2009, el presidente Barack Obama, al mismo tiempo que ordenaba a su gobierno que resolviera las detenciones de Guantánamo y cerrara el centro de detención en el plazo de un año, ordenaba a la CIA que cesara su uso de detenciones secretas prolongadas y técnicas de interrogatorio “mejoradas”. Era un primer paso, recibido con satisfacción, hacia la rendición de cuentas. Sin embargo, en los más de dos años transcurridos desde entonces, no sólo el centro de detención de Guantánamo ha seguido operativo, con más de 170 detenidos recluidos en él, sino que la respuesta de las autoridades estadounidenses ante las pruebas cada vez más numerosas de que en el programa de detención secreta de la CIA se cometieron delitos de derecho internacional ha consistido básicamente en mirar para otro lado. Mientras no aborde de forma directa la cuestión de la rendición de cuentas y el remedio –con las investigaciones, los procesamientos, las reparaciones, la transparencia y la legislación necesarios–, Estados Unidos seguirá incumpliendo sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, y la orden ejecutiva dictada en 2009 por el presidente Obama sobre el uso por parte de la CIA de la detención secreta y las técnicas de interrogatorio “mejoradas” no será más que un mero obstáculo de papel si un futuro presidente de Estados Unidos decide que la tortura o la desaparición forzada vuelven a ser necesarias para la seguridad nacional.

A finales de 2009, el gobierno dio a todas las agencias dependientes del ejecutivo instrucciones según las cuales “Estados Unidos, de acuerdo con el derecho internacional, tiene el compromiso de cumplir todas sus obligaciones [contraídas en virtud de los tratados de derechos humanos] […] y se toma estas obligaciones muy en serio”.13 En un memorándum enviado a estas agencias, el asesor jurídico del Departamento de Estado señaló, entre otros instrumentos internacionales, la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes –ratificada por Estados Unidos en 1994–, el PIDCP –ratificado en 1992– y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, ratificada por Estados Unidos en 1994. Cada uno de estos instrumentos contiene disposiciones para que el Estado Parte garantice el rendimiento de cuentas y la reparación por las violaciones del tratado en cuestión.

No obstante, sigue estando por ver hasta qué punto se toma en serio Estados Unidos sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. ¿Dónde están las investigaciones sobre la desaparición forzada, la tortura y otros malos tratos a detenidos recluidos en el marco del programa de la CIA, unas investigaciones que el gobierno estadounidense está obligado por el derecho internacional a emprender? ¿Por qué sigue el gobierno bloqueando el acceso al remedio judicial para los detenidos o ex detenidos que sufrieron violaciones de derechos humanos en nombre de la lucha contra el terrorismo?14

La defensa de lo indefendible –desaparición forzada, tortura y otros malos tratos– realizada por el ex presidente Bush sigue el patrón ya establecido incluso antes de que su gobierno abandonara el poder. Por ejemplo, en enero de 2009, el ex vicepresidente Richard Cheney reconoció su propia participación en la aprobación de técnicas de interrogatorio “mejoradas” contra detenidos recluidos bajo custodia secreta por la CIA. En enero de 2009, dijo:

Después del 9 de septiembre, necesitábamos desesperadamente una buena información sobre el enemigo. Esa es una parte importante de una guerra. Lo que hicimos respecto a los detenidos de alto valor de Al Qaeda, si puedo usar ese término para referirme a ellos, creo que hubo un total de unos 33 que fueron sometidos a interrogación mejorada; sólo tres de los que fueron sometidos a water-boarding... Yo di mi aprobación formal; otros también la dieron. Evidentemente, yo no era la autoridad final. Como vicepresidente, no dirijo nada. Pero formaba parte de la cadena. Creo absolutamente que era lo que había que hacer.15

En una entrevista posterior, el ex vicepresidente se refirió al programa de detención secreta calificándolo de “decisión presidencial”, y dijo que el presidente Bush fue “básicamente quien lo autorizó”. La decisión, según dijo, “fue al presidente” y “él la autorizó formalmente”.16

El 2 de junio de 2010, en respuesta a una pregunta formulada en la cena anual de The Economic Club of Grand Rapids, en Michigan, el ex presidente Bush dijo: “Sí, sometimos a Khalid Sheikh Mohammed a water-boarding […] Volvería a hacerlo para salvar vidas”. 17 En una entrevista mantenida con la NBC cinco meses después, la víspera de la publicación de sus memorias, preguntaron al ex presidente si hoy día tomaría las mismas decisiones sobre los interrogatorios. Él respondió: “Sí, lo haría”. En sus memorias añade: “Si hubiéramos capturado a más operativos de Al Qaeda que tuvieran información importante, también habría utilizado el programa en ellos.”18

El hecho de si la tortura o la desaparición forzada son efectivas o no para obtener información útil se convierte en expresamente irrelevante ante la cuestión de si son legales –nunca lo son– o si un individuo responsable de estos delitos será investigado o procesado.

La constante repetición, por parte de altos cargos y ex altos cargos, del mantra de que el uso que Estados Unidos hizo de la detención secreta y la tortura “salvó vidas” ha resultado indudablemente efectivo para reducir la indignación y las acciones de la opinión pública y las instituciones políticas estadounidenses pero, sea o no cierta esa afirmación, la comunidad mundial –incluidos los Estados Unidos de América– ha rechazado expresa y formalmente semejante racionalización de estos delitos de derecho internacional. Ya sea en tiempos de paz o en tiempos de guerra o amenaza de guerra, en condiciones normales o bajo un Estado de emergencia que amenace la vida de la nación, las violaciones de la prohibición de la desaparición forzada, la tortura y otros malos tratos están absolutamente prohibidas.19 El hecho de si la tortura o la desaparición forzada son efectivas o no para obtener información útil se convierte en expresamente irrelevante ante la cuestión de si son legales –nunca lo son– o si un individuo responsable de estos delitos será investigado o procesado.

Todas las ramas del poder federal estadounidense –ejecutiva, legislativa y judicial– deben actuar de acuerdo con las obligaciones internacionales contraídas por Estados Unidos en materia de derechos humanos. El poder ejecutivo y el poder legislativo, ramas políticas responsables de ratificar y aplicar los tratados internacionales, de representar la postura del gobierno ante los tribunales y de adoptar y firmar la entrada en vigor de la legislación nacional, están especialmente bien situados para garantizar que Estados Unidos cumple las normas internacionales. Cuando el “tercer poder”, el judicial, señale posibles violaciones de derechos humanos pero indique que considera que la cuestión de la rendición de cuentas o la reparación no le ha sido presentada o está fuera de su competencia a causa de las leyes nacionales, los poderes políticos tienen sin duda una responsabilidad mayor de intervenir. Sin embargo, lejos de intervenir para garantizar la rendición de cuentas, el gobierno estadounidense ha invocado con demasiada frecuencia su facultad de utilizar el secreto u otras medidas para bloquear un examen ulterior del asunto. El Congreso tampoco ha cumplido con su deber.

Tal como señala este informe, varios jueces federales, así como al menos dos jueces militares y un ex juez de un tribunal militar de apelación, han señalado las violaciones de derechos humanos cometidas por Estados Unidos en nombre de la lucha contra el terrorismo pero, al mismo tiempo, al menos en sus resoluciones públicas, han declinado encargarse de la cuestión. La mayoría de las conclusiones se han producido en el contexto posterior al recurso de hábeas corpus de la causa Boumediene presentado ante el tribunal federal de primera instancia del Distrito de Columbia (DC). En algunos casos está implicada la CIA, y en otros el ejército y altos mandos del Pentágono. Amnistía Internacional opina que, si aún no lo han hecho, los jueces de estos y otros casos de denuncias de violaciones de derechos humanos deberían:

  • cuando las pruebas que se les presenten les permitan determinar formalmente que se han cometido violaciones, o cuando estén facultados para ordenar al gobierno que presente pruebas adicionales que permitan llegar a esa determinación, deben hacerlo;

  • si concluyen que carecen de competencia, en virtud de la ley estadounidense, para emprender investigaciones ulteriores sobre el asunto, deben remitir de forma expresa y formal esas denuncias a las autoridades estadounidenses competentes, para su investigación y posible enjuiciamiento; cuando sea procedente, las conclusiones e investigaciones deben incluir la determinación de si el detenido en cuestión fue sometido a desaparición forzada en algún momento durante su reclusión, además de si fue sometido a tortura u otro trato cruel, inhumano o degradante.

Mientras tanto, los abogados del gobierno estadounidense que representan la postura del gobierno ante los tribunales tienen la obligación de garantizar que estos indicios de violaciones de derechos humanos se investigan a fondo, y que todos los responsables de abusos comparecen ante la justicia. En virtud de las normas internacionales:

Cuando los fiscales tengan en su poder pruebas contra sospechosos y sepan o tengan sospechas fundadas de que fueron obtenidas por métodos ilícitos que constituyan una violación grave de los derechos humanos del sospechoso, especialmente torturas, tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes u otros abusos de los derechos humanos, se negarán a utilizar esas pruebas contra cualquier persona, salvo contra quienes hayan empleado esos métodos […] y adoptarán todas las medidas necesarias para asegurar que los responsables de la utilización de dichos métodos comparezcan ante la justicia.20

Amnistía Internacional pide a todos los fiscales, y al fiscal general de Estados Unidos como principal funcionario encargado de hacer cumplir la ley del país, que cumplan con sus obligaciones. Cualquier decisión colectiva de los jueces, fiscales y otros abogados del Estado que participen en estos casos de no remitir los indicios de desaparición forzada, tortura y otros malos tratos a las autoridades competentes para su investigación y posible procesamiento constituiría una violación independiente de las obligaciones contraídas por Estados Unidos en virtud del derecho internacional de los derechos humanos (y en algunos casos también del derecho internacional humanitario).



LOS JUECES SEÑALAN VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS, EL EJECUTIVO APARTA LA MIRADA

La “directiva presidencial” del 17 de septiembre de 2001 que, entre otras cosas, autorizaba a la CIA a usar fuerza letal contra sospechosos de terrorismo y a establecer centros de detención fuera de Estados Unidos sigue clasificada como secreto, bajo el argumento de que la publicación de su contenido pondría en peligro la seguridad nacional.21 El 22 de octubre de 2010, el litigio para pedir que se hiciera pública esa directiva en virtud de la Ley sobre Libertad de Acceso a la Información fue suspendido por un juez del tribunal federal de primera instancia del Distrito Sur de York.22 No obstante, ya se sabe que se cometieron múltiples violaciones de derechos humanos, incluidas tortura y desapariciones forzadas, contra los detenidos recluidos en el programa de interrogatorio y detención secreta de la CIA.

Otro juez del distrito sur de Nueva York ha señalado de hecho contra el ex presidente George W. Bush relación con la cuestión de la tortura y la desaparición forzada de detenidos recluidos bajo custodia secreta de la CIA. Inmediatamente después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, el juez Lewis Kaplan escribió en julio de 2010: “El presidente Bush autorizó nuevas formas de combatir el terrorismo internacional”. En 2002, continuó el juez Kaplan, la CIA estableció el programa de entregas, detenciones e interrogatorios “en virtud del cual la CIA mantuvo centros clandestinos en el extranjero en los que se recluyó y se interrogó a sospechosos de terrorismo y se informó sobre ellos”.23 En una resolución dictada en octubre de 2010, el juez Kaplan escribió que, al utilizar “métodos coercitivos” en los centros de detención secreta, la CIA había estado actuando “por orden de la máxima autoridad”.24

Las resoluciones se emitieron en el contexto del juicio, ante un tribunal federal de Nueva York, del ciudadano tanzano Ahmed Khalfan Ghailani, el único detenido transferido hasta el momento desde el centro de detención de la base naval estadounidense de la bahía de Guantánamo, Cuba, a territorio continental estadounidense para su procesamiento.25 Ahmed Ghailani fue puesto bajo custodia en Pakistán a finales de julio de 2004 y entregado a Estados Unidos al mes siguiente. En su resolución, hecha pública el 13 de octubre de 2010, el juez Kaplan concluyó que, tras la entrega de Ghailani “a la custodia exclusiva de la CIA”, éste fue “encarcelado en un lugar secreto y sometido a unos métodos de interrogatorio extremadamente duros como parte del programa de entregas, detenciones e interrogatorios de la CIA”.

La sentencia por sí sola –aunque no se supiera nada más sobre los extremos a los que llegó Estados Unidos en las detenciones que realizó en el marco de la lucha contra el terrorismo– contiene información suficiente para suscitar la obligación de Estados Unidos de llevar a cabo una investigación en virtud de la Convención de la ONU contra la Tortura y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El artículo 12 de la Convención contra la Tortura establece:

Todo Estado Parte velará por que, siempre que haya motivos razonables para creer que dentro de su jurisdicción se ha cometido un acto de tortura, las autoridades competentes procedan a una investigación pronta e imparcial.

El artículo 16 de la Convención especifica que esta obligación se aplica igualmente a otras formas de trato o pena cruel, inhumano o degradante.

En virtud de la Convención contra la Tortura, siempre que existan contra una persona pruebas de que ha cometido o intentado cometer actos de tortura, o ha cometido actos que constituyen intento, complicidad o participación en tortura, el caso debe transferirse a las autoridades competentes para su enjuiciamiento, si la persona en cuestión no es extraditada para ser procesada.26 Las autoridades deben decidir si emprenden un procesamiento igual que lo harían en el caso de un delito común grave en virtud de la legislación del Estado.27 La Convención contra la Tortura no permite evitar un procesamiento sobre la base de que el acusado ocupaba un cargo público de cualquier nivel, ni citando justificaciones basadas en “circunstancias excepcionales”, independientemente de que el Estado en cuestión se encuentre en situación de guerra o de cualquier otra emergencia pública. 28

Una vez que Ghailani fue transferido a la custodia estadounidense, fue metido en el programa de la CIA. Ghailani estuvo recluido y fue interrogado por la CIA fuera de Estados Unidos durante unos dos años. Hay muchos detalles del programa de la CIA y su aplicación a individuos específicos que siguen estando clasificados […]

Algunos de los métodos que, según la creencia generalizada, se utilizaron han sido cuestionados y, sea cual sea el alcance real de su uso, podrían dar lugar a demandas civiles o incluso a cargos penales.

Juez federal de primera instancia Lewis Kaplan


Entre otras cosas, el PIDCP prohíbe la detención arbitraria, la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, los juicios injustos y la discriminación en cuanto al disfrute de los derechos humanos, incluido el derecho a la igualdad de protección ante la ley. Todo acto de desaparición forzada constituye una violación de derechos humanos, reconocida, entre otros instrumentos, por el PIDCP.29 En virtud del artículo 2.3 del PIDCP, “[t]oda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales”. El Comité de Derechos Humanos, órgano experto establecido en virtud del PIDCP para vigilar la aplicación del tratado, se ha referido a la obligación general, establecida por el PIDCP, de investigar las denuncias de violaciones sin demora, de manera exhaustiva y efectiva, a través de órganos independientes e imparciales, y, en los casos de tortura y malos tratos similares o de desaparición forzada, garantizar que los responsables son procesados.30

Cuando la tortura u otros tratos inhumanos o degradantes o la desaparición forzada tienen lugar en el contexto de conflictos armados, constituyen crímenes de guerra para los que los Convenios de Ginebra y el derecho internacional humanitario consuetudinario imponen a los Estados obligaciones similares de investigar lo sucedido y procesar a los responsables.31

En el acta pública de la resolución preliminar del juez Kaplan sobre la causa Ghailani, emitida en julio de 2010, se ha editado la mayor parte de la descripción del programa de detención secreta de la CIA, basada en una declaración clasificada de la CIA fechada el 10 de diciembre de 2009. Aunque el juez Kaplan hace referencia a la denuncia de Ahmed Ghailani de que fue “torturado y maltratado” en el programa de la CIA, en el texto de la resolución se han tachado todos los detalles. El juez Kaplan señaló que esos detalles incluían la manera en que “Ghailani fue sometido a malos tratos graves, todos ellos, o en su mayoría, de conformidad con la autorización específica de la CIA y el Departamento de Justicia”.32 El juez Kaplan señaló asimismo el “malestar y dolor” que Ahmed Ghailani sufrió a consecuencia de ello.

En su resolución de octubre de 2010, el juez Kaplan dijo que no iba a abordar la constitucionalidad de los métodos utilizados en el programa de detención secreta de la CIA, porque esa cuestión no le había sido presentada. Cinco meses antes, el juez había denegado una moción de la defensa para que se desestimara la acusación contra Ahmed Ghailani basada en el argumento de que éste había sido torturado bajo custodia de la CIA antes de ser trasladado a Guantánamo en 2006; al desestimarla, el juez había añadido: “Todo remedio para una violación de ese tipo debe buscarse fuera de los confines de esta causa penal”.33 En julio de 2010, al denegar una moción de la defensa para que se desestimaran los cargos con el argumento de que, durante los cinco años que había estado recluido bajo custodia primero de la CIA y luego del ejército, se había negado al acusado el derecho a un juicio rápido, el juez Kaplan resolvió que “este no es el momento ni el lugar para dictar sentencia sobre si las técnicas [de la CIA], en sí mismas, fueron adecuadas o legales”. Tras haber señalado que las técnicas de la CIA incluían desnudar a los detenidos, encapucharlos y someterlos a aislamiento, ruido blanco, música a fuerte volumen, luz u oscuridad constantes, privación del sueño, encadenamiento en posturas forzadas, uso de pañales durante periodos prolongados, confinamiento en lugares muy pequeños y water-boarding, reconoció que Ahmed Ghailani “no es el único que cuestiona lo adecuado de al menos algunas de las técnicas que se autorizó a la CIA a utilizar con ciertos detenidos”, y añadió que algunos de los métodos utilizados por la CIA “podrían dar lugar a demandas civiles o incluso a cargos penales”.34

El juez Kaplan debería, si aún no lo ha hecho, remitir las pruebas de desaparición forzada, tortura y otros malos tratos desveladas en la causa Ghailani a las autoridades competentes para su investigación y posible enjuiciamiento, y su referencia a la posibilidad de que los implicados en el programa de interrogatorio de la CIA puedan ser susceptibles de responsabilidad penal es en sí misma importante por otro motivo. En toda su resolución, el juez Kaplan acepta las afirmaciones del gobierno de Obama de que el trato dispensado por Estados Unidos a Ahmed Ghailani condujo a la obtención de información útil,35 una conclusión explotada por quienes defienden el uso de la detención indefinida, los interrogatorios “mejorados” y los juicios ante comisiones militares con unas normas más bajas sobre la admisión de pruebas que los tribunales federales estadounidenses.36 Sin embargo, como se explicó antes, el hecho de que la tortura o la desaparición forzada sean o no efectivas para obtener información útil es irrelevante para la cuestión de si un individuo responsable de estos delitos debe ser investigado o procesado. El juez Kaplan parece entenderlo. El hecho de que el gobierno estadounidense no haya iniciado las investigaciones requeridas, parece indicar que él no. Tal como ha señalado Amnistía Internacional, incluso ahora existe entre las autoridades estadounidenses una tendencia constante a justificar, de hecho, sobre la base de su contexto histórico, las violaciones de derechos humanos cometidas en el marco de lo que el gobierno anterior calificaba de “guerra contra el terror”.37

Las breves descripciones no editadas de las resoluciones del juez Kaplan sobre lo que le sucedió a Ahmed Ghailani bajo custodia de la CIA no son la única referencia pública hecha por miembros del poder judicial federal a las pruebas de violaciones de derechos humanos cometidas por personal de la CIA y de otros organismos estadounidenses contra detenidos recluidos en el contexto de la lucha contra el terrorismo. Esas referencias aparecen también en otras resoluciones judiciales, como por ejemplo en el contexto de los procedimientos de hábeas corpus entablados en favor de detenidos de Guantánamo, y en el contexto de los juicios ante comisiones militares en Guantánamo. En algunos casos, como en el procesamiento de Ghailani, el gobierno estadounidense no ha tratado de rebatir las denuncias de abusos, sino que se ha limitado a esquivarlas sin abordar la cuestión de la rendición de cuentas ni de la reparación.

Las denuncias y las pruebas de tortura surgen generalmente ante los jueces de los tribunales federales de primera instancia que examinan recursos de hábeas corpus de detenidos de Guantánamo, y aparecen en relación con los intentos del gobierno de utilizar declaraciones realizadas por los detenidos durante los interrogatorios.38 De acuerdo con las normas establecidas a finales de 2008 por el tribunal federal de primera instancia en relación con el litigio de Guantánamo, el gobierno debe desvelar información “sobre las circunstancias en las que se realizaron esas declaraciones”.39 En muchos casos, el detenido ha denunciado que fue coaccionado para hacer las declaraciones.

El juez federal de primera instancia evaluará las declaraciones, haciendo recaer en la parte que quiera usar la prueba la carga de demostrar su fiabilidad. Durante este proceso, el juez puede decidir ordenar al gobierno que presente cierta información. Por ejemplo, en septiembre de 2009, el juez federal de primera instancia Thomas Hogan ordenó al gobierno que presentara las notas e informes del FBI sobre unos 20 interrogatorios de Suhail Abdu Anam, ciudadano yemení detenido en Pakistán que permanece recluido en Guantánamo desde 2002. Estos interrogatorios se llevaron a cabo “casi a diario” mientras Suhail Anam estuvo recluido en una celda de aislamiento en Guantánamo desde el 10 de abril de 2003 hasta al menos el 23 de junio de 2003. El juez Hogan señaló que el gobierno no rebatió esto, y señaló además las pruebas de que “el uso de esas tácticas por parte de agentes del FBI en Estados Unidos no sería admisible”. El gobierno quería utilizar las declaraciones realizadas por Anam en al menos 11 de las sesiones de interrogatorio. El juez Hogan ordenó al gobierno que presentara “cualquier prueba razonablemente disponible de las técnicas coercitivas utilizadas” contra el detenido durante ese periodo. Al mismo tiempo, en una decisión que ilustra cómo no debe considerarse que estos procedimientos sirven para que Estados Unidos cumpla con su obligación de garantizar el rendimiento de cuentas y la reparación (véase infra), el juez Hogan declinó ordenar al gobierno que hiciera públicos los documentos que autorizaban el aislamiento.40 El litigio sobre el caso de hábeas corpus de Suhail Anam aún continúa.

En enero de 2010, el juez Hogan concluyó que las declaraciones realizadas por el ciudadano yemení Musa’ab Omar al Madhwani bajo custodia de Estados Unidos en Afganistán eran “resultado de la coacción”.41 Sin embargo, el gobierno trataba de basarse en declaraciones realizadas por este detenido después de su traslado a Guantánamo, y alegaba que dichas declaraciones eran fiables porque las circunstancias en las que se habían realizado eran diferentes de las condiciones a las que se había enfrentado Musa’ab al Madhwani bajo custodia estadounidense en Afganistán. El juez Hogan concluyó, no obstante, que aunque “los malos tratos de [Al Madhwani] no convierten automáticamente en no fiables sus declaraciones posteriores en Guantánamo”, el gobierno no había demostrado que esas declaraciones no estaban “enturbiadas” por los abusos sufridos anteriormente por el detenido en Afganistán. Tal como se expone más adelante, la opinión del juez Hogan presenta conclusiones de hecho a las que las autoridades estadounidenses deberían responder con la consiguiente investigación. Amnistía Internacional no tiene conocimiento de que estas denuncias se hayan investigado, ni de que se haya hecho comparecer a nadie ante la justicia por la desaparición forzada, la tortura y otros malos tratos presuntamente sufridos por Musa’ab al Madhwani.

El gobierno no hizo ningún intento de refutar las descripciones [hechas por Musa’ab al Madhwani] sobre sus condiciones de reclusión en Pakistán Y Afganistán. Por el contrario, los documentos gubernamentales corroboran esas condiciones. [Al Madhwani] presentó informe médicos gubernamentales no rebatidos que describen su estado de debilidad física y mental durante esos aproximadamente cuarenta días en Pakistán y Afganistán, confirmando con ello sus denuncias sobre el duro trato sufrido.

Juez federal de primera instancia Thomas Hogan

El juez Hogan consideró “creíbles” las detalladas denuncias de tortura y otros malos tratos realizadas por Musa’ab al Madhwani. Éste ha denunciado haber sido sometido a latigazos, golpes y amenazas bajo custodia paquistaní, y sus denuncias indican que el personal estadounidense tenía conocimiento de ello en aquel momento.42 Después de pasar cinco días bajo custodia paquistaní tras su detención el 11 de septiembre de 2002 en un apartamento de Karachi, Musa’ab al Madhwani fue entregado a la custodia estadounidense y trasladado a Afganistán. Según su relato, lo llevaron a la “Prisión Oscura”, un centro secreto gestionado por la CIA en Kabul o sus cercanías, donde permaneció recluido más o menos un mes. Allí sufrió “el peor periodo de tortura e interrogatorio, con un trato tan terrible que le hizo echar de menos el tiempo pasado con las fuerzas paquistaníes”.43 Al parecer, permaneció entre 30 y 40 días recluido “en una oscuridad tan absoluta que no veía su mano si se la ponía ante la cara”, “no le permitían dormir más que unos pocos minutos cada vez”, “sólo lo alimentaban cada dos días y medio” y “durante las 24 horas del día, sonaba una música odiosa a un volumen ensordecedor”. Al parecer, durante la mayor parte de su reclusión en la Prisión Oscura, estuvo:

colgado de la pared por una mano, con los pies encadenados, en una postura forzada que no le permitía ni sentarse ni ponerse de pie del todo. Al Madhwani estuvo así encarcelado día y noche, sin descanso salvo las sesiones de interrogatorio. Durante esas sesiones, le encadenaban las manos al suelo […] En una ocasión, dos hombres se lo llevaron encapuchado y encadenado, lo desnudaron y le pusieron cables eléctricos en los genitales. Mientras los hombres discutían si conectar la electricidad, Al Madhwani empezó a gritar de miedo. Los hombres se echaron a reír, y luego empaparon repetidamente a Al Madhwani con un agua tan fría que no podía mover los dedos ni la boca […]

Un día tras otro, Al Madhwani permanecía colgado de la pared por la mano, en la más absoluta y completa oscuridad, con la música atronando. Desorientado, oía ruidos de ratones y puertas y creía que eran fantasmas. Pensando que debía estar teniendo alucinaciones, trataba de tranquilizarse imaginándose montañas. Entonces oía un ruidito y, cuando se giraba hacia él, cinco hombres o más le saltaban encima, soltaban las cadenas de la pared y lo golpeaban, le daban patadas y lo arrojaban al suelo. Apuntándole con un arma a la cabeza, los guardias lo amenazaban con los peores actos, incluida la electrocución. Para Al Madhwani, estos ataques por sorpresa eran lo peor de la Prisión Oscura; le hacían sentir que el corazón se le estaba desgarrando, o que le estaban extrayendo del cuerpo el corazón y el cerebro.44

Para recalcar la cuestión, el juez Hogan, en su opinión de 2010, escribió que Musa’ab al Madhwani había “prestado amplio testimonio que describía el penoso trato que había soportado antes de ser trasladado a Guantánamo, un testimonio que la Corte considera creíble”. En una declaración firmada en 2008, Musa’ab al Madhwani había manifestado:

Sonaba continuamente una música estentórea, salvo en los instantes en los que cambiaban las cintas: entonces se oían los gritos de otros prisioneros. Me golpeaban, me daban patadas, me rociaban con agua fría, me privaban de la comida y el sueño, y me sometían a un frío extremo, a posturas en tensión y a otras formas de tortura. Durante todo el tiempo que pasé en la prisión, estuve colgado parcialmente por la mano izquierda, por lo que no podía sentarme y me veía obligado a descansar todo mi peso en una pierna. A consecuencia de ello, sufrí un daño permanente en el nervio de la pierna […] Los estadounidenses me rociaban con agua fría y me echaban agua por la cabeza hasta que me daban ataques y me desmayaba. El dolor era tan extremo que me desmayaba repetidamente. Estaba helado y sudaba al mismo tiempo. Un interrogador que hablaba árabe me dijo que estaba en un lugar que los aviones bull fly no encontrarían. Dijo que allí nadie me encontraría, ni siquiera el Comité Internacional de la Cruz Roja […]

Al cabo de un tiempo, admitía cualquier cosa de la que los interrogadores me acusaran, sólo para que cesaran la tortura y las agresiones.

Musa’ab al Madhwani fue luego trasladado a la base aérea de Bagram, donde permaneció recluido otros cinco días. Según afirma, allí:

Me obligaban a estar de pie todo el tiempo, hasta que se me hinchaban los pies y estaba agotado. Me arrastraban por el cuello hasta el lugar del interrogatorio, donde los perros me ladraban en la cara.

A finales de octubre de 2002 lo trasladaron a Guantánamo. Allí permaneció recluido en régimen de aislamiento y fue sometido a nuevos interrogatorios. En su declaración, añadió:

Los interrogadores de Guantánamo sabían que había sido encarcelado y torturado en Bagram y en la Prisión Oscura.

Me preguntaban: “¿Te gustó Bagram? ¿Qué tal la Prisión oscura?”. Un interrogador de Guantánamo me mostró fotografías de algunas de las mismas personas que ya me habían pedido que identificara [en fotografías] en la Prisión Oscura. Le dije que no conocía a esa gente, y que sólo había dicho que sí porque me estaban torturando. El interrogador se enfadó mucho, arrojó la carpeta, agarró una silla y empezó a gritarme a la cara. Como tenía miedo de que empezara de nuevo la tortura, y como el interrogador me amenazaba con enviarme de vuelta a Bagram o la Prisión Oscura, admití, aunque era falso, que conocía a las personas de las fotografías.

En una vista de hábeas corpus celebrada ante un tribunal federal de primera instancia el 14 de diciembre de 2009 –más de siete años después de que Musa’ab Al Madhwani fuera llevado a Guantánamo– el juez Hogan señaló que el gobierno estadounidense no había “hecho ningún intento” por refutar las denuncias de tortura realizadas por Al Madhwani, y que no se había presentado “ninguna prueba” de que fueran inexactas. Por el contrario, añadió el juez Hogan: las denuncias estaban corroboradas por “historiales médicos gubernamentales indiscutibles que describen cómo se debilitó su estado físico y médico durante esos aproximadamente 40 días en Pakistán y Afganistán, lo que confirma sus denuncias de estas condiciones coercitivas”. El juez Hogan subrayó que, tal como se describía en el “testimonio clasificado [de Musa’ab Al Madhwani] sobre sus condiciones de reclusión, que considero creíble, Estados Unidos participaba en las prisiones en las que permaneció recluido, y se cree que Estados Unidos orquestó las técnicas de interrogatorio, las duras, a las que fue sometido.”.

Al defender ante el juez Hogan la detención de Al Madhwani, el gobierno estadounidense trató de no basarse en las declaraciones realizadas por éste durante su custodia en Afganistán, sino en los 23 informes de los interrogatorios a los que fue sometido en Guantánamo entre el 3 de marzo de 2003 y el 27 de septiembre de 2004, y en los resúmenes de las declaraciones que había realizado durante esos interrogatorios. El gobierno afirmó que el detenido, para entonces, ya se había recuperado de los abusos sufridos en Afganistán, que las condiciones de reclusión en Guantánamo no eran coercitivas y que las declaraciones realizadas por Al Madhwani en la base naval eran fiables. El juez Hogan, señalando que el trastorno de estrés postraumático sufrido por Al Madhwani “al parecer agravó la contaminación de los malos tratos”, discrepó:

No sería de extrañar que, durante el primer interrogatorio del demandante en Guantánamo, llevado a cabo el mismo día que el demandante llegó a la base naval, éste se viera atenazado por el mismo temor que contaminó sus confesiones en Afganistán. Sus interrogadores de Guantánamo se esforzaron poco por aliviar ese temor. Según pruebas presentadas fiables, múltiples interrogadores de Guantánamo amenazaron en múltiples ocasiones al demandante cuando éste trató de retractarse de declaraciones que ahora afirma que eran confesiones falsas […]

La Corte siente especial preocupación por el hecho de que los interrogadores de Guantánamo se basaron en las confesiones realizadas bajo coacción por el demandante en Afganistán, o tuvieron acceso a ellas. La deducción lógica de ello es que los interrogadores iniciales examinaron junto con el demandante las confesiones realizadas por él bajo coacción en Afganistán y le pidieron que realizara confesiones idénticas. Lejos de estar aisladas de sus confesiones realizadas bajo coacción, sus confesiones de Guantánamo se derivaron por tanto de ellas […]

La reclusión del demandante en Guantánamo no tuvo lugar en un contexto vacío. Antes de Guantánamo, el demandante había soportado cuarenta días de régimen de aislamiento, brutales agresiones físicas y mentales, desnutrición, privación sensorial, ansiedad e insomnio. El gobierno tampoco estableció que meses de circunstancias menos coercitivas ofrecieran un aislamiento suficiente frente a los cuarenta días de condiciones coercitivas extremas […]

Que el gobierno siguiera bebiendo del mismo pozo envenenado no convierte el agua en potable.45

En la versión desclasificada de su informe a la Corte de Apelaciones presentado el 18 de enero de 2011, el gobierno estadounidense señala que el tribunal federal de primera instancia había “reconocido las denuncias de Madhwani sobre malos tratos severos sufridos en septiembre y octubre de 2002, antes de su traslado a Guantánamo”.46 De hecho, el juez Hogan había hecho algo más que reconocer estas denuncias: las había considerado creíbles. Según la información de la que dispone Amnistía Internacional, el gobierno estadounidense no ha respondido con las medidas de investigación necesarias.

Mientras Musa’ab Al Madhwani permanece en Guantánamo, apelando contra la resolución del juez Hogan que permite al gobierno seguir manteniéndolo recluido, Fouad Mahmoud al Rabiah fue liberado y trasladado a su Kuwait natal el 9 de diciembre de 2009, tras siete años detenido en la base naval y dos meses después de que la juez federal de primera instancia Colleen Kollar-Kotelly resolviera que su detención era ilegal y ordenara su liberación. En su resolución del 17 de septiembre de 2009, la juez Kollar-Kotelly concluyó que existían “pruebas suficientes que respaldan las alegaciones de Al Rabiah” de que había realizado sus “confesiones” bajo coacción y abusos. La juez continuó:

Las actas contienen pruebas de que los interrogadores de Al Rabiah se fueron mostrando cada vez más frustrados porque sus confesiones contenían numerosas contradicciones y elementos inverosímiles. A consecuencia de ello, los interrogadores de Al Rabiah empezaron a utilizar técnicas abusivas que violaban el Manual de Campo del Ejército y el Convenio de Ginebra de 1949 relativo al trato debido a los prisioneros de guerra. La primera de estas técnicas incluía amenazas de traslado a lugares donde Al Rabiah sería torturado o no sería encontrado jamás.

Los interrogadores de Al Rabiah empezaron a utilizar técnicas abusivas que violaban el Manual de Campo del Ejército y el Convenio de Ginebra de 1949 relativo al trato debido a los prisioneros de guerra. La primera de estas técnicas incluía amenazas de traslado a lugares donde Al Rabiah sería torturado o no sería encontrado jamás.

Juez federal de primera instancia Colleen Kollar-Kotelly

Los detalles de estas amenazas han sido tachados en la versión pública de la resolución de la juez Kollar-Kotelly, pero ella señala que las amenazas se han visto “reforzadas al meter a Al Rabiah en el programa del viajero frecuente”, una técnica de privación/alteración del sueño que, “como ya se ha señalado, violaba el Manual de Campo del Ejército y el Convenio de Ginebra de 1949 relativo al trato debido a los prisioneros de guerra”.47 La juez señaló asimismo que “lo inadecuado de estas técnicas se ve subrayado por el hecho de que [tachado], el principal interrogador de Al Rabiah, fue sancionado por realizar amenazas similares durante ese mismo periodo contra un detenido de Guantánamo que también era uno de los presuntos testigos presenciales contra Al Rabiah”.

El gobierno ha alegado que el hecho de que Fouad al Rabiah no hubiera hablado a su “representante personal” (un militar estadounidense designado para ayudar en la revisión administrativa de su caso realizada por el Tribunal de Revisión del Estatuto de Combatiente en Guantánamo en 2004) de las amenazas de traslado o de que había sido sometido a privación de sueño era motivo para desestimar esta cuestión. La juez Kollar-Kotelly respondió que las pruebas de abusos que había examinado estaban “tomadas de los documentos del propio gobierno, principalmente los informes contemporáneos de los interrogatorios”, por lo que “el hecho de que Al Rabiah omitiera algunas denuncias de abuso no respalda la deducción general de que esos abusos no se produjeron”.48 En la versión desclasificada de la resolución de la juez no hay ninguna información que indique que se haya llevado a cabo investigación alguna sobre las denuncias de tortura u otros malos tratos realizadas por Fouad al Rabiah.

Amnistía Internacional tampoco tiene constancia de que se haya procesado a nadie por la tortura u otros malos tratos a los que fue sometido Mohammed Jawad bajo custodia estadounidense en Afganistán y en Guantánamo. Este ciudadano afgano fue puesto bajo custodia militar estadounidense cuando era menor de 18 años. Al igual que Fouad al Rabiah y muchos otros detenidos, fue sometido al programa del “viajero frecuente” en Guantánamo. En septiembre de 2008, en el curso de los procedimientos preliminares ante una comisión militar, un juez militar concluyó que este trato infligido a Mohammed Jawad constituía “conducta abusiva y trato cruel e inhumano”, por el cual “los responsables deberían enfrentarse a las acciones disciplinarias pertinentes”.49 El juez concluyó también que, en Guantánamo, Mohammed Jawad había sido sometido a “calor excesivo, iluminación constante, ruido fuerte, aislamiento lingüístico (separación del acusado de otros hablantes de pastún) y, al menos en dos ocasiones diferentes, 30 días de aislamiento físico”.50 Además, en junio de 2008, según escribió el juez militar, Mohammed Jawad había sido “golpeado, pateado y rociado con un pulverizador de pimienta por no seguir las instrucciones de un guardia”.51 En octubre de 2008, el juez militar concluyó que el joven detenido había sido torturado bajo custodia afgana antes de ser entregado a Estados Unidos en diciembre de 2002.52 En julio de 2009, en el contexto de los procedimientos de hábeas corpus celebrados ante el tribunal federal de primera instancia, los abogados de Mohammed Jawad pidieron a la juez Ellen Segal Huvelle que suprimiera todas las declaraciones que su defendido había realizado bajo custodia. El gobierno de Obama decidió no oponerse a la moción y, el 17 de julio de 2009, la juez Huvelle resolvió “suprimir toda declaración resultado de tortura realizada por [Jawad] desde su detención”.53 Mohammed Jawad fue liberado de Guantánamo al mes siguiente.54

El 18 de julio de 2008, el juez federal de primera instancia James Robertson permitió que siguiera adelante el juicio ante una comisión militar del ciudadano yemení Salim Ahmed Hamdan a pesar de lo que el juez Robertson describió como “sorprendente desvío” de las normas que se aplicarían en un juicio penal federal o un consejo de guerra estadounidense, en cuanto a que la Ley de Comisiones Militares de 2006 permitía utilizar contra el acusado pruebas obtenidas mediante “coacción” “siempre que el juez militar decida que su admisión es en el interés de la justicia y que poseen ‘suficiente’ valor probatorio”. 55 Dos días después, el juez militar que presidía el juicio ante comisión militar de Salim Hamdan en Guantánamo hizo una serie de conclusiones que, por sí mismas, deberían haber bastado para que Estados Unidos emprendiera investigaciones criminales específicas de acuerdo con sus obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. 56

El juez militar reconoció que “Hamdan ha estado expuesto durante los últimos siete años a una diversidad de experiencias coercitivas”; pese a ello, en aplicación de las débiles normas que la Ley de Comisiones Militares de 2006 establece contra las pruebas obtenidas mediante coacción, sólo excluyó algunas de las declaraciones extraídas a Hamdan. Entre las pruebas admitidas, se encontraban algunas de las declaraciones realizadas durante y después de un periodo de unos 210 días tras su captura, en el transcurso del cual permaneció en régimen de incomunicación (lo que probablemente constituye una desaparición forzada). El juez militar señaló que “Hamdan fue sometido a diversos tipos de trato coercitivo, o trato que a él le pareció coercitivo, mientras estuvo en la bahía de Guantánamo”. Esos tratos incluían ser “recluido en diferentes campos y celdas de diferentes niveles de seguridad, algunos de los cuales tienen ciertas características de la reclusión en régimen de aislamiento”. Desde diciembre de 2003 hasta octubre de 2004, mientras las autoridades estadounidenses se preparaban para llevarlo a juicio –y, al parecer, trataban de conseguir que se declarara culpable–, Salim Hamdan fue recluido en régimen de aislamiento en el Campo Eco en una celda sin ventanas que carecía de luz natural y aire fresco. Además, el juez militar dijo, eufemísticamente, que Salim Hamdan había “participado” en la “Operación Sandman” del 10 de junio al 31 de julio de 2003, un periodo de 50 días. Este programa implicaba interrupciones del sueño y frecuentes cambios de celda, destinados a mantener a los detenidos “en un estado de inestabilidad mental, aislarlos lingüística o culturalmente, e inducirlos a cooperar”. 57

La admisión de estas declaraciones no sirve al interés de la justicia, debido a los entornos y condiciones altamente coercitivos en los que se realizaron.

Capitán de la Armada Estadounidense Keith Allred, juez militar.

No obstante, incluso aplicando los débiles estándares de la Ley de Comisiones Militares de 2006, el juez militar prohibió a la fiscalía admitir como prueba las declaraciones realizadas por Salim Hamdan bajo custodia de Estados Unidos a finales de 2001 en Panshir y Bagram, Afganistán. El juez resolvió que “la admisión de estas declaraciones no sirve al interés de la justicia, debido a los entornos y condiciones altamente coercitivos en los que se realizaron”. En Panshir, por ejemplo, Hamdan había sido interrogado, según él mismo describió, “en forma de tortura”. Sus interrogadores le ataron los pies y las manos, le pusieron una bolsa sobre la cabeza, lo arrojaron repetidamente a golpes al suelo, y saltaron a la pata coja sobre él. En la base aérea estadounidense de Bagram, a donde lo llevaron hacia el 1 de diciembre de 2001, permaneció recluido en régimen de aislamiento y en condiciones penosas, con temperaturas muy frías. Lo mantuvieron atado de pies y manos las 24 horas del día. Durante los interrogatorios, en ocasiones estaba rodeado por soldados armados, mientras uno de ellos le ponía una rodilla en la espalda y le decía que hablara.

En una opinión hecha pública en enero de 2010, el juez federal de primera instancia Ricardo Urbina resolvió sobre la petición de hábeas corpus de Saeed Mohammed Saleh Hatim, ciudadano yemení puesto bajo custodia de la policía paquistaní en octubre o noviembre de 2001, y recluido durante varias semanas en diversas prisiones de Pakistán antes de ser entregado a la custodia estadounidense. Saeed Hatim fue llevado a la base aérea de Kandahar, en Afganistán, donde permaneció recluido unos seis meses antes de ser trasladado en avión a Guantánamo en junio de 2002. El juez Urbina señaló que Saeed Hatim había proporcionado “testimonios específicos, no refutados […] de que había sido torturado en Kandahar”. El juez federal señaló las afirmaciones de Saeed Hatim respecto a que:

Tras ser capturado en Pakistán, permaneció recluido durante seis meses en una base militar [estadounidense] en Kandahar, Afganistán, donde sufrió malos tratos severos, que incluían golpes repetidos, patadas en las rodillas y uso de cinta adhesiva para sujetarle la venda de los ojos a la cabeza. A día de hoy, no puede levantar el brazo izquierdo sin sentir dolor. [Saeed Hatim] también afirma que fue amenazado con ser violado si no confesaba ser miembro de los talibanes o de Al Qaeda.

En una declaración firmada en enero de 2009, Saeed Hatim había manifestado:

En Kandahar me interrogaron unas cuarenta veces. Por muy malo que fuera el trato que recibí en la bahía de Guantánamo, el que sufrí en Kandahar era mil veces peor […] Durante mis primeros tres años en Guantánamo me interrogaron al menos cincuenta veces […] También dije a los interrogadores en Cuba que mis declaraciones anteriores en Kandahar habían sido únicamente una respuesta a las amenazas de violación y violencia.

El juez Urbina señaló que el gobierno estadounidense no había tratado de rebatir ni la afirmación de Saeed Hatim de que lo habían coaccionado para que hiciera declaraciones incriminatorias, ni “las denuncias generalizadas de tortura de otros detenidos antes de su llegada a GTMO”.58 Tras señalar que “el gobierno se enfrenta a una difícil travesía para tratar de persuadir al tribunal de que la detención de [Saeed Hatim] está justificada basándose en la acusación de que había recibido adiestramiento en Al Farouq [el campo de adiestramiento de Al Qaeda en Afganistán], dado que la única prueba ofrecida como apoyo de esa acusación está enturbiada por la tortura”, el juez Urbina concedió la petición de hábeas corpus y ordenó la liberación del detenido. El gobierno apeló, no obstante, y, a 31 de enero de 2011, Saeed Hatim permanecía en Guantánamo, con la decisión de la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia aún pendiente (los argumentos orales se presentaron el 9 de noviembre de 2010).

El apelante [Saeed Hatim] ha ofrecido, sin embargo, testimonios específicos, no refutados, de que fue torturado en Kandahar […] [Sus] denuncias no refutadas de tortura minan la credibilidad de las declaraciones realizadas tras su detención en Kandahar.

Juez federal de primera instancia Ricardo Urbina

En un informe presentado en abril de 2010 ante la Corte de Apelaciones, el gobierno estadounidense afirmó que las declaraciones atribuidas a Saeed Hatim que el gobierno había presentado ante el tribunal federal de primera instancia, y en las que trataba de basarse para la apelación, “se realizaron todas mientras Hatim se encontraba bajo custodia de un gobierno extranjero antes de su traslado a Kandahar, o durante su reclusión posterior bajo custodia estadounidense en Guantánamo”.59 De esta manera, las autoridades estadounidenses siguieron intentando sortear las denuncias de Saeed Hatim sobre los malos tratos en Kandahar, alegando en su lugar que ninguno de los presuntos malos tratos sufridos allí había minado las declaraciones que Hatim había realizado posteriormente en Guantánamo. El gobierno reconoció que “no intentaba en los procedimientos de hábeas corpus demostrar específicamente una negativa, es decir, que Hatim no había sido maltratado en Kandahar unos siete años antes”, y añadió que “Hatim nunca denunció haber sido maltratado físicamente en Guantánamo, y su única denuncia sobre su trato en ese lugar es una afirmación de que en una ocasión fue recluido en régimen de aislamiento tras negarse a espiar a otros detenidos”. El gobierno añadió también que “Hatim nunca ha denunciado haber sido maltratado mientras estuvo bajo custodia paquistaní” (los abogados estadounidenses de Saeed Hatim han presentado información que rebate esta afirmación).60 El gobierno no hace referencia a investigación alguna sobre las denuncias de abusos en Kandahar (al menos no en el texto no editado), ya sea ordenada por el gobierno estadounidense actual o por su predecesor (el informe del gobierno señala que Saeed Hatim había denunciado ante los interrogadores de Guantánamo ya en octubre de 2002 que había sido sometido a malos tratos bajo custodia estadounidense en Kandahar).

En varios casos se ha planteado la cuestión de las declaraciones realizadas presuntamente mediante tortura por detenidos que no son los que están siendo objeto de la petición de hábeas corpus presentada ante el tribunal. Por ejemplo, en mayo de 2009, la juez federal de primera instancia Gladys Kessler señaló que el gobierno no trataba de basarse “en declaraciones incriminatorias” realizadas por el ciudadano yemení Alla Ali Bin Ali Ahmed al alegar que la detención de éste era legal, sino que intentaba basarse principalmente en declaraciones realizadas por cuatro detenidos o ex detenidos de Guantánamo. En relación con uno de estos detenidos, la juez Kessler señaló las pruebas que indicaban que había “soportado tortura, lo que puede muy bien haber afectado a la exactitud de la información que proporcionó a los interrogadores”. El detenido en cuestión había “pasado tiempo en Bagram y en la Prisión Oscura, y afirma haber sido torturado”. La juez Kessler señaló que “el gobierno no ha presentado ninguna prueba que refute las denuncias de tortura en Bagram o la Prisión Oscura”, y añadió que había habido “informes generalizados y creíbles de tortura y abusos contra los detenidos en Bagram”. También señaló que el gobierno no había presentado pruebas de que el detenido en cuestión “afirmara no verse afectado por los malos tratos sufridos en el pasado”, y aun así había alegado que la juez debía suponer que todo mal trato pasado había sido “eliminado de hecho de su memoria”, y que para el momento en que el detenido realizó una declaración incriminatoria contra Alla Ali Ahmed (junio de 2004), había superado todo “temor residual” de tortura. La juez Kessler desestimó asimismo el argumento del gobierno de que las declaraciones del detenido contra Alla Ali Ahmed eran fiables porque habían sido realizadas durante la misma sesión de interrogatorio en que el detenido había hecho declaraciones incriminatorias contra sí mismo. La juez Kessler respondió que “todo esfuerzo por examinar la mente de un detenido de Bagram, que ha admitido temer a la tortura en un centro del que se sabe que inflige dicho trato abusivo, sencillamente no sirve para rehabilitarlo como testigo”. 61

En la causa de hábeas corpus del detenido de Guantánamo Farhi Saeed bin Mohammed, la juez Kessler, a finales de 2009, expuso las pruebas que se le habían presentado sobre violaciones de derechos humanos cometidas contra otro detenido, el ciudadano etíope Binyam Mohamed, liberado de Guantánamo en Reino Unido en febrero de 2009. Binyam Mohamed había sido puesto bajo custodia en Pakistán en abril de 2002, trasladado a Marruecos, donde permaneció recluido 18 meses, trasladado luego a la “Prisión Oscura” gestionada por la CIA en Kabul, Afganistán, antes de ser recluido en la base aérea de Bagram y finalmente trasladado a Guantánamo. Ha denunciado haber sido sometido a tortura y otros malos tratos en Pakistán, Marruecos y la Prisión Oscura.

La juez Kessler señaló que el gobierno estadounidense “no cuestiona ni niega la exactitud de la historia de Binyam Mohamed sobre los brutales tratos sufridos”. También concluyó que las denuncias de Binyam Mohamed mostraban “varios indicios de fiabilidad”, como el grado de detalle, la coherencia, y el hecho de que Binyam Mohamed “ha proseguido vigorosamente y de manera muy pública sus denuncias en los tribunales británicos tras haber sido liberado de la bahía de Guantánamo”. “Su persistencia en contar su historia”, continuó la juez Kessler, “demuestra su determinación de demostrar la veracidad de su versión de los hechos tanto en los tribunales de justicia como ante la opinión pública”. La juez continuó:

La larga y brutal experiencia de Binyam Mohamed bajo custodia tiene un fuerte peso en esta Corte […] El trauma de Binyam Mohamed duró dos largos años. Durante ese tiempo, fue torturado física y psicológicamente. Le mutilaron los genitales. Le privaron del sueño y la comida. Lo trasladaron de forma sumaria de una prisión extranjera a otra. Sus captores lo mantuvieron en posturas forzadas durante días. Lo obligaron a escuchar música atronadora y los gritos de otros prisioneros mientras permanecía encerrado en una celda en tinieblas. Durante todo ese tiempo, lo obligaron a inculparse a sí mismo y a otras personas en diversas tramas para poner en peligro a estadounidenses. El gobierno no niega estos hechos.

[P]ese a que la identidad de los interrogadores individuales cambiaba (de paquistaníes sin nombres a marroquíes, a estadounidenses, y al agente especial [tachado]), no cabe duda de que, durante todo su tormento, Binyam Mohamed permaneció recluido a instancias de Estados Unidos. Sus captores cambiaban los lugares de reclusión, y a menudo, con cada cambio de centro, lo cambiaban de ubicación. Fue enviado de un país a otro, e interrogado y golpeado sin tener acceso a asistencia letrada hasta su llegada a la bahía de Guantánamo […]62

La larga y brutal experiencia de Binyam Mohamed bajo custodia tiene un fuerte peso en esta Corte […] El trauma de Binyam Mohamed duró dos largos años. Durante ese tiempo, fue torturado física y psicológicamente […] [P]ese a que la identidad de los interrogadores individuales cambiaba (de paquistaníes sin nombres a marroquíes, a estadounidenses, y al agente especial [tachado]), no cabe duda de que, durante todo su tormento, Binyam Mohamed permaneció recluido a instancias de Estados Unidos.

Juez federal de primera instancia Gladys Kessler

Las ramas políticas del gobierno estadounidense se niegan a garantizar la rendición de cuentas por estas violaciones de derechos humanos, pese a estos comentarios judiciales, y el ejecutivo sigue bloqueando activamente el acceso a la reparación. Binyam Mohamed fue uno de los cinco demandantes de una querella presentada ante un tribunal federal estadounidense que afirmaban haber sido sometidos a desaparición forzada, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes a manos de personal estadounidense y de agentes de otros gobiernos como parte del programa de entregas de la CIA. El 8 de septiembre de 2010, un tribunal federal de apelación confirmó, por seis votos contra cinco, la invocación del gobierno de Obama de “privilegio de secretos de Estado” y acordó desestimar la demanda, poniendo posiblemente fin a la búsqueda de un remedio judicial en Estados Unidos para estos hombres.63 Los cinco jueces discrepantes, señalando que “el abuso del sistema de clasificación de información de la Nación no carece de precedentes”, advirtieron de que la doctrina de los secretos de Estado “es tan peligrosa como medio de ocultar la conducta indebida del gobierno bajo el velo de la seguridad nacional, violando así el derecho común al debido proceso, que los tribunales deben limitar su aplicación a las circunstancias más reducidas que sigan protegiendo los secretos esenciales del gobierno”. Estos cinco jueces acusaron a los seis jueces de la mayoría de “asignar gratuitamente la etiqueta de ‘presuntamente’ a casi cada frase que describe lo que los demandantes alegan que les sucedió, y desestimar rápidamente las abundantes pruebas a disposición pública que respaldan esas denuncias”.64 Los jueces discrepantes publicaron un apéndice que resumía unas 1.800 páginas de materiales públicos presentados como apoyo de las alegaciones de los demandantes. Esto se produjo a continuación del caso del ciudadano alemán Khaled el Masri, cuya demanda de 2005 contra el ex director de la CIA George Tenet y determinadas empresas privadas en relación con la presunta entrega de El Masri en 2004 desde Macedonia a la reclusión arbitraria y los malos tratos bajo custodia secreta de Estados Unidos en el centro de detención “Pozo de Sal” gestionado por la CIA en Kabul, Afganistán, fue desestimada por un juez federal de primera instancia en mayo de 2006.65 Al desestimar la demanda, el juez Thomas Ellis confirmó la invocación de la doctrina de secretos de Estado realizada por el gobierno de Bush. También añadió, antes de dictar su orden:

Conviene señalar que, dejando de lado todas las cuestiones jurídicas, si las denuncias de El Masri son ciertas o esencialmente ciertas, entonces todas las personas imparciales, incluidas las que creen que los secretos de Estado deben protegerse, las que creen que esta demanda no puede proseguir y que las entregas son un paso necesario en esta guerra, deben asimismo reconocer que El Masri ha sufrido daños a causa del error de nuestro país, y merece un remedio. No obstante, por el resultado alcanzado aquí, también está claro que las únicas fuentes de ese remedio deben ser el poder ejecutivo o el legislativo, no el judicial.

[Khaled] El Masri ha sufrido daños a causa del error de nuestro país, y merece un remedio.

Juez federal de primera instancia Thomas Ellis

Al menos durante el gobierno de Bush, el poder ejecutivo se opuso activamente a la concesión de cualquier remedio judicial nacional para Khaled el Masri. Al parecer, también hizo lo posible para evitar que se buscara una rendición de cuentas fuera de Estados Unidos.66 En febrero de 2007, según un cable del Departamento de Estado estadounidense publicado por WikiLeaks, el vice embajador de Estados Unidos en Berlín habló a las autoridades alemanas de la “gran preocupación [de Estados Unidos] por la posible emisión de órdenes de detención internacionales en el caso de Al Masri”, y les dijo que dicha emisión “tendría un efecto negativo en nuestra relación bilateral”. El cable continuaba: “El vice embajador señaló que nuestra intención no era amenazar a Alemania, sino instar al gobierno alemán a sopesar cuidadosamente en todo momento las implicaciones para la relación con Estados Unidos”. 67

En marzo de 2007, la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito confirmó la orden del juez Ellis en el caso de El Masri. La Corte de Apelaciones manifestó que la Constitución asigna a los tribunales federales de Estados Unidos un “papel modesto: “sencillamente, decidimos casos y controversias”. Los tribunales federales, continuó la Corte del Cuarto Circuito, no poseen “un recurso itinerante para investigar y eliminar los excesos del ejecutivo”. Por ello, la Corte declinó “resolver que la doctrina de los secretos de Estado pueda ignorarse alegando que la política exterior del presidente se ha pasado de la raya”.68 La Corte Suprema de Estados Unidos declinó revisar la resolución del Cuarto Circuito, por lo que Khaled el-Masri quedó –en ausencia de acción por parte de las ramas políticas del gobierno– sin acceso a un remedio efectivo en Estados Unidos, lo cual viola el derecho internacional.

Otro hombre a quien se ha negado el remedio en Estados Unidos es Maher Arar, de doble nacionalidad canadiense/siria, que estuvo recluido durante casi dos semanas bajo custodia estadounidense en 2002 antes de ser trasladado desde Estados Unidos vía Jordania a un centro de detención en Siria, donde fue torturado.69 En 2006, el juez federal de primera instancia David Trager rechazó sus denuncias contra el ex fiscal general John Ashcroft y otros altos cargos o ex altos cargos estadounidenses.70 En noviembre de 2009, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito confirmó, por siete votos contra cuatro, la resolución del juez Trager. La opinión mayoritaria manifestó: “es el ejecutivo en primera instancia el que decide cómo aplicar las entregas extraordinarias, y son los miembros elegidos del Congreso –no nosotros, los jueces– quienes deciden si un individuo puede pedir compensación directamente a autoridades y empleados gubernamentales, o al gobierno, por una violación de la Constitución”.71 Conviene recordar la enérgica discrepancia de los cuatro jueces de la minoría. Una de los jueces, por ejemplo, acusó a la mayoría de llevar a cabo una “evaluación hiperbólica y especulativa de las implicaciones en cuanto a la seguridad nacional” de permitir que Maher Arar buscara un remedio judicial, y de subestimar “la competencia institucional del poder judicial”. Maher Arar, escribió la juez, debería tener acceso a remedio judicial “para reforzar nuestro sistema de controles y contrapesos, para proporcionar un elemento disuasorio, y para reparar una conducta que horroriza a la conciencia”.72 Otro acusó a la mayoría de “sumisión ciega y absoluta a la rama ejecutiva”, y escribió que “independientemente de si esas entregas son apropiadas –cuestión sobre la que no ocultaré mis fuertes sentimientos– en esta operación se cometerán errores […] [Un] sistema de gobierno civilizado, cuando comete errores, lo admite y trata de repararlos”.73 Otro de los jueces discrepantes escribió:

Mi punto de divergencia respecto a la mayoría es el texto de la Convención contra la Tortura, que establece que “en ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la tortura”. Puesto que la mayoría ha desatendido este compromiso básico y muchas cosas más, respetuosamente discrepo.

Maher denuncia, con credibilidad, que altos cargos estadounidenses conspiraron para enviarlo desde suelo estadounidense, donde se aplican la Constitución y nuestras leyes, a Siria, donde no se aplican, para que agentes sirios pudieran torturarlo a instancias y bajo la dirección de funcionarios federales. También denuncia, con credibilidad, que, para cumplir este objetivo ilegal, agentes de nuestro gobierno obstaculizaron activamente su acceso a esta misma Corte y a las protecciones establecidas por el Congreso […]

La mayoría otorgaría inmunidad a la conducta indebida oficial invocando la separación de poderes y la responsabilidad del ejecutivo en cuanto a los asuntos exteriores y la seguridad nacional. Su enfoque distorsiona el sistema de controles y contrapesos fundamental para el Estado de derecho, y trivializa la función del poder judicial en estos ámbitos […]

Al fin de cuentas, no es función del poder judicial servir de ayudante al ejecutivo, ni tampoco evitar decisiones difíciles por temor a complicar la vida a las autoridades federales. Teniendo siempre en cuenta que, en tiempos de agitación y tensión nacional, el Estado de derecho lo es todo, nuestra función es defender la Constitución. Lo hacemos otorgando reparación cuando las autoridades gubernamentales violan la ley, incluso cuando se invoca como justificación la seguridad nacional.74

Maher [Arar] denuncia, con credibilidad, que altos cargos estadounidenses conspiraron para enviarlo desde suelo estadounidense, donde se aplican la Constitución y nuestras leyes, a Siria, donde no se aplican, para que agentes sirios pudieran torturarlo a instancias y bajo la dirección de funcionarios federales.

Juez federal de primera instancia Barrington Parker

El 14 de junio de 2010, la Corte Suprema de Estados Unidos anunció, sin explicación, que rechazaba examinar el caso, y dejó la resolución de la corte inferior intacta, y a Maher Arar sin remedio judicial en Estados Unidos. Amnistía Internacional sigue pidiendo a las ramas ejecutiva y legislativa de Estados Unidos que garanticen que el país cumple con sus obligaciones internacionales respecto al remedio y la rendición de cuentas en el caso de Maher Arar.75

El ciudadano mauritano Mohamedou Ould Slahi también sigue sin recibir reparación, y continúa bajo custodia militar estadounidense, más de nueve años después de haber sido detenido por primera vez en Mauritania en noviembre de 2001 “a petición de Estados Unidos”.76 Los responsables de los múltiples abusos contra los derechos humanos que ha sufrido desde entonces no han sido procesados. A día de hoy, permanece en Guantánamo.

Tras una semana de detención en Mauritania en noviembre de 2001, Mohamedou Slahi fue entregado a Jordania, “por instrucciones de Estados Unidos”, según sus abogados.77 Durante el siguiente año y medio, su familia sólo pudo hacer suposiciones sobre dónde se encontraba. Tal como dijo su hermano en una declaración presentada ante el tribunal federal de primera instancia en 2005, “Mohamedou desapareció y no supimos su paradero desde el momento de su detención [en noviembre de 2001] hasta principios de marzo de 2003”. Para entonces, tras permanecer ocho años en Jordania, había sido trasladado de Ammán a Kabul, en Afganistán –posiblemente a bordo de un avión fletado por la CIA que hizo ese vuelo el 19 de julio de 2002–, conducido al centro de detención estadounidense de Bagram, y después trasladado a Guantánamo el 4 de agosto de 2002. Además de ser sometido a desaparición forzada, Mohamedou Slahi fue presuntamente sometido a tortura u otro trato cruel, inhumano o degradante en Jordania, en Bagram y en Guantánamo, así como durante los traslados.78 Al parecer, en Guantánamo, durante 2003, le privaron del sueño durante unos 70 días seguidos, lo sometieron a luces estroboscópicas y a música heavy metal constante a todo volumen, lo amenazaron a él y a su familia, lo intimidaron con perros, y lo sometieron a temperaturas bajas, a duchas de agua fría, a agresiones físicas y a privación del alimento.

En abril de 2010, casi cinco años después de que se presentara por primera vez una petición de hábeas corpus en favor de Mohamedou Slahi ante un tribunal federal, un juez federal de primera instancia ordenó su liberación, por considerar que su detención era ilegal.79 En su resolución, el juez James Robertson señaló que “existen abundantes indicios en este expediente de que Salahi fue sometido a malos tratos generalizados y graves en Guantánamo desde mediados de junio de 2003 hasta septiembre de 2003”. Fue en ese periodo cuando a Mohamedou Slahi sus captores militares le asignaron la categoría de “proyectos especiales” y lo sometieron a un “plan especial de interrogatorio” de 90 días solicitado por la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA, por sus siglas en inglés) y aprobado por el militar al mando de las detenciones de Guantánamo, general Geoffrey Miller, el 1 de julio de 2003, por el subsecretario de Defensa Paul Wolfowitz el 28 de julio de 2003, y por el secretario de Defensa Donald Rumsfeld el 13 de agosto de 2003.80 El plan decía que no sería “aplicado hasta que lo apruebe la autoridad superior”.81 No está claro cuándo se remitió al presidente Bush.

Existen abundantes indicios en este expediente de que Salahi fue sometido a malos tratos generalizados y graves en Guantánamo desde mediados de junio de 2003 hasta septiembre de 2003.

Juez federal de primera instancia James Robertson

El plan original de interrogatorio aprobado por el secretario Rumsfeld incluía, entre otras cosas, encapuchar a Mohamedou Slahi, subirlo a un helicóptero y sacarlo de Guantánamo durante una o dos horas para convencerlo de que lo llevaban a un lugar donde “las reglas han cambiado”. En la práctica, esta falsa entrega se modificó y se utilizó un barco en lugar de un helicóptero. Tres semanas después de decirle que “usara su imaginación para pensar en el peor escenario posible en el que podía acabar”, que “las palizas y el dolor físico no son lo peor del mundo” y que a menos que cooperara “desaparecería por un agujero negro”, a Mohamedou Slahi lo sacaron de su celda, le cubrieron los ojos con unas gafas negras, lo arrastraron hasta un camión y lo llevaron a un barco junto con unos individuos que supuestamente eran interrogadores egipcios y jordanos que, dentro del campo auditivo de Mohamedou Slahi, discutían sobre quién lo interrogaría. Lo mantuvieron recluido en el barco tres horas y media, y durante ese tiempo asegura que lo golpearon. Finalmente lo llevaron a una celda en tierra, aparentemente en el Campo Eco.82 Según un informe de apelación presentado ante la Corte de Apelaciones en junio de 2010,

Salahi era el único recluso en el edificio nuevo en el que permanecía recluido. De acuerdo con el “plan especial de interrogatorio”, su celda se “modificó de manera que se redujera el mayor número posible de estímulos del exterior. Las puertas se sellaron hasta el punto de no permitir la entrada de nada de luz”. Los guardias asignados para vigilarlo llevaban el rostro cubierto con máscaras. Hasta un año después –en julio de 2004– a Salahi no le permitieron salir durante las horas de sol […] Hasta junio o julio de 2004, los guardias asignados para vigilarlo no se quitaron las máscaras. Además, el 30 de julio de 2004, a Salahi finalmente le dijeron que no había “desaparecido” en un nuevo país, sino que continuaba en Guantánamo […]”83

En su resolución de abril de 2010, el juez federal de primera instancia James Robertson concluyó:

El problema del gobierno es que sus pruebas de que Salahi prestó apoyo material a los terroristas son tan tenues, o están tan empañadas por la coacción y los malos tratos, o están tan clasificadas, que no respaldan con éxito un procesamiento penal. No obstante, el gobierno quiere recluir a Salahi indefinidamente porque le preocupa que, al ser liberado, pueda renovar su juramento con Al Qaeda y convertirse en terrorista […] Pero un tribunal de hábeas corpus no puede permitir que un hombre permanezca recluido indefinidamente por una sospecha, o por la predicción del gobierno de que puede cometer actos ilegales en el futuro […]

El gobierno estadounidense discrepó y apeló contra la decisión del juez Robertson. Dentro de un marco de “guerra global contra Al Qaeda y sus asociados” prácticamente idéntico al elaborado por su predecesor, el gobierno de Obama alega que la detención de Mohamedou Slahi es legal en virtud de la Resolución Conjunta sobre la Autorización del Uso de Fuerza Militar (AUMF, por sus siglas en inglés), la amplia resolución (de la que tanto se ha abusado) aprobada por el Congreso inmediatamente después de los atentados del 11 de septiembre.84 En virtud de la AUMF, alegaba el gobierno, “no se requiere que Salahi haya participado personalmente en combates” y “tampoco tiene importancia que Salahi pueda haber sido transferido a la custodia estadounidense en un lugar que no sea Afganistán”. La autoridad otorgada por la AUMF al presidente en materia de detenciones, continuaba el gobierno, “no se limita a personas capturadas en un ‘campo de batalla’ en Afganistán”, y alegar lo contrario “inutilizará la capacidad del presidente de combatir de forma efectiva a Al Qaeda”.85

Fue bajo el paradigma estadounidense de la guerra global como Mohamedou Slahi –que se presentó voluntariamente a las autoridades mauritanas cuando éstas se lo solicitaron en noviembre de 2001– fue transferido bajo custodia a Jordania, luego a Afganistán y luego a Guantánamo. Fue bajo una noción distorsionada de la “necesidad militar”, establecida en este marco de guerra, como al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) se le negó el acceso a él durante el periodo en el que fue sometido a tortura y otros malos tratos.86 Es dentro de este marco de guerra global como permanece recluido sin cargos ni juicio bajo custodia militar. Es dentro de este marco de guerra global como se elude el deber de rendir cuentas y otorgar reparación.

En su informe de apelación más reciente, el gobierno estadounidense manifiesta que ha “reconocido” las denuncias de malos tratos formuladas por Mohamedou Slahi. En concreto, el gobierno escribe:

Reconociendo la denuncia de Salahi respecto a los malos tratos sufridos “en Guantánamo desde mediados de junio de 2003 hasta septiembre de 2003”, algunos de los cuales fueron corroborados por investigadores del gobierno, el gobierno declinó basarse en las declaraciones realizadas por Salahi en este periodo.87

La decisión de renunciar a utilizar contra este detenido cualquier declaración obtenida mediante tortura u otros malos tratos no sólo es un elemento crucial de cualquier remedio efectivo para Mohamedou Slahi, sino que es y era en cualquier caso una obligación jurídica internacional establecida específicamente y que el gobierno estadounidense está obligado a cumplir.88 Y aunque estaba obligado a declinar el uso contra Slahi de toda declaración obtenida por esos medios, el gobierno no puede negarse legítimamente a garantizar unas investigaciones menos que completas sobre las violaciones de derechos humanos sufridas por el detenido desde noviembre de 2001, ni a rendir cuentas (tanto penalmente como por otras vías) por ellas, ni a otorgar a Slahi un remedio completo (que incluya una reparación que permita la rehabilitación).

Parece que Mohamedou Slahi permanecerá en Guantánamo en un futuro previsible. El 5 de noviembre de 2010, la Corte de Apelaciones del Circuito del DC anuló la resolución del juez Robertson y devolvió el caso al tribunal federal de primera instancia para que emprendiera nuevos procedimientos sobre la cuestión de si Mohammedou Salahi era “parte de” Al Qaeda cuando fue puesto bajo custodia, pese a la afirmación de éste de que para entonces había cortado todos los lazos con el grupo. 89 La Corte de Apelaciones señaló el reconocimiento del gobierno de que Mohammedou Salahi había sido “maltratado” por los interrogadores entre junio y septiembre de 2003 y citó la conclusión del tribunal federal de primera instancia sobre los “malos tratos generalizados y graves” a los que el detenido había sido sometido. La Corte de Apelaciones reiteró que el gobierno no busca una acusación penal contra Salahi, entre otras cosas, posiblemente, por el “problema” que supone que el caso contra él esté “tan enturbiado por la coacción y los malos tratos”.

LA AUSENCIA DE CONCLUSIONES judicialES NO SIGNIFICA AUSENCIA DE ABUSOS

El hecho de que, en cualquier caso concreto, los jueces que examinan las peticiones de hábeas corpus de detenidos de Guantánamo no hagan referencia a tortura u otros malos tratos no significa necesariamente que no existan denuncias de dichos malos tratos.90 En algunos casos, el detenido en cuestión ha sido sacado de Guantánamo antes de que se emita la resolución sobre su petición de hábeas corpus. En otros, es posible que se haya dictado una resolución, pero que ésta no haga referencia a las denuncias de abusos (en algunos casos, el juez puede haber emitido en un punto anterior de los procedimientos una resolución sobre los abusos, pero no ha quedado reflejada en la decisión final sobre la petición de hábeas corpus). Hay incluso casos en los que el detenido todavía aguarda una resolución sobre su impugnación de la detención. El gobierno debe investigar todas las denuncias de tortura u otras violaciones de derechos humanos.

En muchos casos en los que se han presentado peticiones de hábeas corpus, el detenido ha sido liberado de Guantánamo antes de que el tribunal federal de primera instancia se pronunciara sobre la legalidad de su detención. Un ejemplo de esto es el caso del ciudadano saudí Ahmed Zaid Salem Zuhair.

Según su petición de hábeas corpus presentada ante el tribunal federal de primera instancia en mayo de 2008, y los materiales de apoyo presentados posteriormente, a Ahmed Zuhair lo capturaron en un mercado de Lahore, en Pakistán, “una decena de hombres vestidos de civil que le vendaron los ojos y lo llevaron a una casa sin ningún tipo de señal”, donde lo sometieron a tortura y otros malos tratos. A principios de enero de 2002 lo trasladaron a un centro militar subterráneo en Rawalpindi, donde permaneció recluido en régimen de incomunicación otros dos meses y medio. Durante ese periodo, al parecer, lo llevaron a una oficina en Islamabad, donde lo interrogaron “dos estadounidenses vestidos de civil” que “se identificaron como agentes del FBI”. A mediados de marzo de 2002 lo llevaron a un centro militar en Peshawar, y de allí al aeropuerto de Peshawar, donde fue entregado a personal estadounidense. Lo llevaron en avión a Afganistán y lo condujeron a Bagram, donde, según ha afirmado, lo sometieron a interrogatorios diarios y a tortura u otros malos tratos: entre otras cosas, le propinaron palizas, le desnudaron y lo amenazaron con entregarlo a un país donde sería violado. Después de unos dos meses en Bagram, lo trasladaron a la base aérea estadounidense de Kandahar y, dos semanas después, a Guantánamo. Allí, ha denunciado que fue sometido a nuevos malos tratos, tales como aislamiento prolongado y permanecer en una sala de interrogatorios ocho horas al día durante un periodo de 20 días, “esposado y encadenado al suelo, sin comida ni agua".91

La petición de hábeas corpus de Ahmed Zuhair alegaba que el gobierno estadounidense había basado gran parte de su caso contra Zuhair en declaraciones obtenidas mediante tortura y otros malos tratos. Entre otras cosas, los abogados de Ahmed Zuhair afirmaban que las declaraciones que implicaban a su cliente se habían obtenido de otro detenido en condiciones sumamente coercitivas. Ese detenido –que para entonces ya había sido liberado– había firmado una declaración que se presentó en el caso de hábeas corpus de Ahmed Zuhair ante el tribunal federal de primera instancia en diciembre de 2008. El ex detenido era el ciudadano paquistaní Sa’d Iqbal Madani. Sus denuncias sobre su propia entrega, desaparición forzada y tortura deberían haber sido remitidas por el tribunal federal de primera instancia a las autoridades competentes para su investigación.

En su declaración, Sa’d Madani manifestaba que había sido detenido en Yakarta, Indonesia, el 9 de enero de 2002, y trasladado a Egipto. Allí, según declaraba, estuvo recluido en una “celda diminuta, como una tumba, que medía menos de un metro por dos” en un centro subterráneo durante un periodo de 92 días, en el transcurso de los cuales “no vi el sol, no vi el cielo, y no vi la tierra”. Según dijo, sus interrogadores en Egipto le dijeron que había sido enviado allí “a petición de las autoridades estadounidenses”. Afirmó que, entre otras cosas, lo habían sometido a tortura con descargas eléctricas. También dijo: “Había interrogadores estadounidenses trabajando con los egipcios. En mis interrogatorios había estadounidenses presentes, tanto vestidos de civil como de uniforme. No hablaban, pero escribían preguntas en trozos de papel y se las pasaban a los egipcios”.

Amnistía Internacional recuerda al gobierno estadounidense que, sea cual sea el resultado de este litigio en los tribunales federales, tiene la obligación constante, contraída en virtud del derecho internacional, de garantizar que las víctimas de violaciones de derechos humanos –incluidas la desaparición forzada, la detención ilegítima y la tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes– tienen acceso efectivo a remedio; asimismo, las autoridades tienen la obligación de garantizar que se lleva a cabo una investigación exhaustiva sobre los abusos y que se rinden cuentas por ellos.

En su declaración, Sa’d Madani dijo que, el 13 de abril de 2002, fue trasladado a Bagram, donde permaneció recluido en una gran celda común con otros detenidos, entre los que se encontraba Ahmed Zuhair. Entre los interrogadores de Bagram, según Sa’d Madani, había uno con el que se había encontrado durante su detención en Egipto. Según la declaración, a Sa’d Madani lo amenazaron con enviarlo de vuelta a Egipto si no cooperaba, y también lo amenazaron con secuestrar a su madrastra indonesia. Sa’d Madani recordó que ese mismo interrogador había amenazado a Ahmed Zuhair. Ahmed Zuhair, en su propia declaración, afirmaba que había sido un interrogador con acento egipcio el que lo había amenazado con hacer que lo enviaran a otro país donde sería violado.

Sa’d Madani fue trasladado de Bagram a Guantánamo en abril de 2003, y permaneció allí recluido durante cinco años antes de ser liberado sin cargos ni juicio en septiembre de 2008. Entre otras cosas, afirma que lo sometieron al “programa del viajero frecuente” durante seis meses, y en ese tiempo, según asegura, estuvo encadenado y fue “trasladado de celda cada dos horas para impedirme dormir adecuadamente”.92

Ahmed Zuhair fue trasladado a su país natal, Arabia Saudí, el 12 de junio de 2009, tras pasar más de siete años bajo custodia estadounidense y dos semanas antes de la fecha en la que el tribunal federal de primera instancia debía examinar su caso y dictar una resolución sobre la legalidad de su detención. Por tanto, se desconoce si el juez Emmett Sullivan habría incluido alguna conclusión sobre la cuestión de la tortura en su resolución sobre el caso de Ahmed Zuhair.

En abril de 2010, con 105 casos de detenidos a los que se había sacado de Guantánamo fusionados ante él –entre ellos el caso de Ahmed Zuhair–, el juez Thomas Hogan resolvió sobre la cuestión de si el tribunal federal de primera instancia seguía poseyendo competencia sobre las peticiones de hábeas corpus de los detenidos una vez que habían abandonado Guantánamo. Según el precedente de la Corte Suprema de Estados Unidos, una petición de hábeas corpus presentada por un preso convicto no queda necesariamente invalidada con la liberación del individuo en cuestión si, a consecuencia de su encarcelamiento, éste sigue sufriendo “incapacidades o cargas”.93

Los abogados de los ex detenidos alegaban que, entre las consecuencias colaterales a las que se enfrentaban sus clientes, se encontraba la detención continuada u otro tipo de restricción en su país de origen, y el daño causado a su reputación por el estigma de haber estado detenidos en Guantánamo. Además, alegaban los abogados, su detención anterior en Guantánamo y la ausencia de una resolución judicial que estableciera que su reclusión había sido ilegal les impedía entablar demandas en Estados Unidos. En virtud de la Ley de Comisiones Militares:

ningún tribunal o juez tendrá competencia para escuchar o examinar ninguna otra acción contra Estados Unidos o sus agentes respecto a ningún aspecto de la detención, el traslado, el trato, el juicio o las condiciones de reclusión de un extranjero que esté o haya estado bajo custodia de Estados Unidos y del que Estados Unidos haya determinado que ha sido detenido correctamente como combatiente enemigo.

Sin embargo, el juez Hogan desestimó las 105 peticiones por considerarlas dudosas, y escribió:

la Corte no se muestra indiferente a las posibles consecuencias colaterales de la detención previa de los Demandantes en Guantánamo. La detención durante cualquier periodo de tiempo puede ser perjudicial. Y, sin duda, las asociaciones con Guantánamo tienden a ser negativas. Pero la doctrina de las consecuencias colaterales no protege a un demandante de hábeas corpus frente a cualquier consecuencia de su detención previa. Más bien, el daño debe ser concreto y reparable por un tribunal. A este respecto, los Demandantes no cumplen con su parte de la carga. Los presuntos perjuicios son especulativos o su reparación está más allá de la autoridad de esta Corte, por lo que no evitan que las peticiones sean dudosas.94

Se ha apelado contra esta decisión ante la Corte de Apelaciones. Amnistía Internacional recuerda al gobierno estadounidense que, sea cual sea el resultado de este litigio en los tribunales federales, tiene la obligación constante, contraída en virtud del derecho internacional, de garantizar que las víctimas de violaciones de derechos humanos –incluidas la desaparición forzada, la detención ilegítima y la tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes– tienen acceso efectivo a remedio; asimismo, las autoridades tienen la obligación de garantizar que se lleva a cabo una investigación exhaustiva sobre los abusos y que se rinden cuentas por ellos. Las disposiciones de la Ley de Comisiones Militares que sean contrarias a esa obligación deben ser derogadas.

En los casos en los que se ha dictado resolución sobre peticiones de hábeas corpus, la ausencia de referencias en dicha resolución a denuncias de tortura u otros malos tratos por parte de fuerzas estadounidenses contra el detenido en cuestión no significa necesariamente que no se hayan formulado esas denuncias.

El 14 de enero de 2009, el juez federal de primera instancia Richard Leon ordenó que se liberara de Guantánamo al ciudadano de Chad Mohammed el Gharani, recluido allí desde que tenía tan sólo 14 años.95 El muchacho había sido puesto bajo custodia por fuerzas paquistaníes a finales de 2001, había sido entregado a Estados Unidos y había sido conducido a la base aérea de Kandahar, en Afganistán, antes de ser trasladado a Guantánamo en enero de 2002. Aunque el juez Leon señaló la escasez de pruebas por parte del gobierno para mantener recluido a Mohammed el Gharani, y declaró que “la credibilidad y la fiabilidad de las pruebas en las que se basa el gobierno han sido, bien directamente puestas en duda por personal del gobierno, bien calificadas por personal gubernamental como indeterminadas”, no hizo referencia expresa a las denuncias de tortura u otros malos tratos formuladas en el caso.

En mayo de 2008, en un informe de la Inspección General del Departamento de Justicia estadounidense, se revelaron algunos detalles del trato recibido por Mohammed el Gharani en Guantánamo.96 Los agentes del FBI describieron cómo, durante un periodo de interrogatorio en 2003, Mohammed el Gharani –que entonces sólo tenía 16 años– estuvo “encadenado en corto”, con un sistema que consistía en colocarle una cadena alrededor de la cintura y atornillarla al suelo, de manera que no pudiera ponerse de pie del todo. Lo mantuvieron así varias horas. Otro agente del FBI declaró que un interrogador del ejército había ordenado a los guardias que pusieran a Mohammed el Gharani en una “postura forzada”, descrita como “con grilletes en los pies y las manos y luego encadenado al suelo para obligarlo a sentarse en el suelo o permanecer agachado sin una silla”. El joven, que permaneció así varias horas, se vio obligado a orinarse encima. El propio Mohammed el Gharani habló a los investigadores de otra ocasión en que los guardias militares le habían mantenido encadenado toda una noche, durante entre 12 y 16 horas. El informe revelaba asimismo que el adolescente había sido sometido al “programa del viajero frecuente”. Mohammed el Gharani ha afirmado que, durante los interrogatorios en 2003, lo sometieron a insultos racistas, agresiones físicas, música a todo volumen y duchas de agua fría. Amnistía Internacional no tiene constancia de que nadie haya rendido cuentas de esos abusos, conforme establece el derecho internacional.

En junio de 2009, el juez Leon ordenó la liberación de Abdul Rahim Abdul Razak al Ginco (Abdul Rahim al Janko), ciudadano sirio de origen kurdo que había permanecido casi siete años y medio bajo custodia militar estadounidense sin cargos ni juicio.97 Aunque el juez Leon señaló los indicios de que Abdul al Janko había sido torturado bajo custodia en 2000 y 2001 por los talibanes y por personal de Al Qaeda, su resolución no hacía referencia a las denuncias del detenido de que había sido sometido a tortura u otros malos tratos a principios de 2002 por fuerzas militares estadounidenses en la base aérea de Kandahar.98

El 5 de octubre de 2010, poco menos de un año después de ser liberado de Guantánamo, Abdul al Janko presentó una demanda ante el tribunal federal de primera instancia de Washington, DC, en la que pedía “justicia y reparación” por las violaciones de derechos humanos que afirma que sufrió bajo custodia estadounidense.99 En la demanda se citaban los nombres de numerosos ex altos cargos. Tal como se planteó durante los procedimientos de hábeas corpus ante el juez Leon, la demanda afirmaba que, en Kandahar, Abdul al Janko había sido sometido a técnicas agresivas como privación del sueño, exposición a temperaturas muy bajas, posturas en tensión, ejercicio hasta el agotamiento mediante sentadillas, flexiones y carrera con grilletes, y uso de perros.

La demanda afirma también que, en Guantánamo, Abdul al Janko fue sometido, entre otras cosas, a aislamiento prolongado, privación del sueño, exposición a temperaturas extremas, brutales palizas, amenazas contra él y su familia, privación de una atención médica y psicológica adecuada y “humillación y acoso constantes”. La demanda dice que Abdul al Janko trató de suicidarse en 17 ocasiones, la última de las cuales le provocó “fractura de una vértebra y pérdida de control de sus funciones corporales”. La demanda afirma además que, en 2007, fue golpeado por un escuadrón encargado de sacarlo de la celda, y a consecuencia de los golpes sufrió fractura de una rodilla. La demanda de Abdul al Janko se ha asignado al juez Richard Leon.

Mientras tanto, en muchos casos, dos años y medio después de que la Corte Suprema de Estados Unidos resolviera que los detenidos de Guantánamo tenían derecho a una “vista sin demoras” para impugnar la legalidad de su detención, muchos siguen aún esperando dicha vista.100 Por ejemplo, ninguno de los 14 detenidos trasladados a Guantánamo a principios de septiembre de 2006 desde el programa de detención secreta de la CIA ha conseguido que se dicte una resolución sobre el fondo de sus recursos de hábeas corpus. Entre ellos se encuentra Zayn al Abidin Muhammad Husayn, más conocido como Abu Zubaydah, palestino nacido en Arabia Saudí que fue sometido, entre otras cosas, a más de 80 aplicaciones de “water boarding” en agosto de 2002. En sus memorias recién publicadas, el ex presidente Bush destaca el caso de Abu Zubaydah y afirma que “aprobé el uso de técnicas de interrogatorio”, incluido el water-boarding.101 Abu Zubaydah fue sometido a cuatro años y medio de desaparición forzada en el programa secreto puesto en marcha con la autorización del presidente. Nadie ha rendido cuentas por estos delitos de derecho internacional.

Torturamos a Qahtani. Su trato cumplía la definición legal de tortura.

Ex juez militar de apelación estadounidense

Tampoco se ha llevado a nadie ante la justicia por la presunta tortura y otros malos tratos del ciudadano saudí Mohamed al Qahtani, que permanece en Guantánamo nueve años después de haber sido trasladado allí por primera vez desde Afganistán en febrero de 2002. Existen pruebas abundantes –incluidas las reveladas por funcionarios estadounidenses y materiales oficiales– de que, durante los interrogatorios en 2002 y 2003, fue sometido a técnicas tales como privación prolongada del sueño, aislamiento prolongado, humillación religiosa y sexual, amenazas de entrega para ser torturado, amenazas contra su familia, desnudez forzada, posturas en tensión, amenazas y ataques de perros, palizas, exposición prolongada a música a fuerte volumen, exposición prolongada a temperaturas bajas, y uso prolongado y cruel de dispositivos de inmovilización.

Han pasado ya más de dos años desde que una ex juez de un tribunal militar de apelación declaró públicamente que Mohamed al Qahtani había sido torturado bajo custodia estadounidense. La juez en cuestión era Susan Crawford, autoridad convocante de las comisiones militares de Guantánamo. En mayo de 2008, esta ex presidenta de la Corte de Apelaciones de las Fuerzas Armadas había desestimado los cargos contra Mohamed al Qahtani, que entonces se enfrentaba a un juicio de pena de muerte ante una comisión militar en Guantánamo. En aquel momento no se dio una explicación oficial de su decisión. Más tarde, en enero de 2009, la juez dijo al Washington Post: “Torturamos a Qahtani. Su trato cumplía la definición legal de tortura. Por eso no remití el caso”.102 Mohamed al Qahtani permanece bajo custodia militar indefinida sin haber sido sometido a un juicio penal, y aún está a la espera de que se emita una resolución sobre el fondo de su petición de hábeas corpus, presentada por primera vez en octubre de 2005. En la petición se incluían pruebas de que había sido sometido a técnicas de interrogatorio que violaban la prohibición internacional de la tortura y otros malos tratos, incluidas las técnicas autorizadas por el entonces secretario de Defensa Donald Rumsfeld.103



LOS ABOGADOS Y FISCALES DEL ESTADO DEBEN ACTUAR

Tal como se señaló anteriormente, por lo general, el contexto en el que los jueces federales de primera instancia estadounidenses que examinan las peticiones de hábeas corpus de Guantánamo se han visto enfrentados a la cuestión de la tortura y otros abusos ha sido al tratar sobre las declaraciones obtenidas mediante coacción. Su examen de esta cuestión se ha llevado a cabo dentro de los límites relativamente estrechos de si una declaración era fiable o no. Aunque, en algunos casos, esto ha conducido a conclusiones que respaldan la credibilidad de las denuncias, no debe considerarse que estas evaluaciones y órdenes judiciales cumplen por completo la obligación gubernamental, establecida por el derecho internacional, de garantizar investigaciones exhaustivas, rendición de cuentas y reparación por las violaciones de derechos humanos.104

Un caso en el que ha habido un cierto grado de investigación, e incluso un consejo de guerra a un interrogador militar estadounidense, en relación con las denuncias de abusos a un detenido es el del ciudadano saudí Ahmed Mohammed al Darbi, que lleva bajo custodia estadounidense más de ocho años, y a día de hoy continúa bajo detención militar en Guantánamo. En el transcurso de los procedimientos de hábeas corpus –pendientes aún de resolverse, más de cinco años después de presentarse la petición ante el tribunal federal de primera instancia–, el juez ha ordenado al gobierno que desvele información sobre el trato infligido a Ahmed al Darbi.

Ahmed al Darbi fue detenido por las autoridades civiles en el aeropuerto de Baku, Azerbaiyán, el 4 de junio de 2002, y permaneció bajo custodia azerbaiyana durante unos dos meses. En agosto de 2002 fue entregado a agentes estadounidenses. En una declaración firmada en 2009, Ahmed al Darbi recuerda cómo estos agentes:

me vendaron los ojos, me rodearon el cuello con los brazos, estrangulándome, y me insultaron. [Tachado], y alguien más, no hacían más que decirme “jódete” al oído. Estaba aterrorizado y temía por mi vida, porque no sabía quién me había capturado, bajo la custodia de qué gobierno estaba, o dónde me llevaban. No me dijeron dónde íbamos. Al final me llevaron a un lugar que ahora sé que era la base aérea de Bagram, en Afganistán. Estuve encarcelado en Bagram unos ocho meses […] A finales de marzo de 2003 me trasladaron a Guantánamo.

Ahmed al Darbi fue acusado para ser juzgado ante una comisión militar en diciembre de 2007. Los cargos se remitieron para ser juzgados en febrero de 2008, pero se retiraron y desestimaron el 25 de noviembre de 2009. Antes de eso, durante los procedimientos ante la comisión militar, su abogado defensor había afirmado que:

el caso del gobierno se basa enteramente en 119 declaraciones que el Sr. Al Darbi presuntamente realizó bajo custodia estadounidense en Bagram y Guantánamo; todas esas presuntas declaraciones –en la medida en la que fueron realmente realizadas por el Sr. Al Darbi– son resultado directo de tortura y coacción.105

Un informe presentado ante el tribunal federal de primera instancia en febrero de 2009 en el contexto de la petición de hábeas corpus de Ahmed al Darbi afirma:

Según los informes escritos y el testimonio corroborado obtenidos por el abogado defensor militar del Sr. Al Darbi, el Sr. Al Darbi ha sido víctima de tortura y coacción durante sus más de seis años bajo custodia estadounidense. El Sr. Al Darbi ha sido golpeado, colgado por los brazos y colocado en otras posturas insoportables durante periodos prolongados, agredido sexualmente, amenazado con nuevas agresiones sexuales y con violación, humillado sexualmente, obligado a realizar trabajos forzados, expuesto a música a fuerte volumen y a luces brillantes, mantenido en aislamiento durante periodos prolongados, y privado del sueño durante periodos prolongados. A día de hoy, el Sr. Al Darbi sigue sufriendo secuelas mentales y físicas a consecuencia de su tortura, con jaquecas, cambios de humor, pesadillas recurrentes relativas a sus interrogadores, terrores nocturnos, incontinencia y, hasta hace poco, dolor de espalda.106

En el caso ante la comisión militar [de Ahmed al Darbi] se presentaron numerosos documentos, tanto clasificados como desclasificados, que mostraban que el demandante había sido objeto de abusos. La defensa del demandante […] ha recibido documentos de ese caso que muestran que el demandante fue sometido a abusos o tortura.

Juez federal de primera instancia Royce Lamberth

En diciembre de 2009, el juez federal de primera instancia Royce Lamberth ordenó al gobierno que presentara “todas las pruebas razonablemente disponibles” que demostraban que Ahmed al Darbi había sido sometido a “abuso, tortura, coacción o presión antes o durante el tiempo en que hizo las declaraciones” incluidas como argumento por el gobierno para seguir manteniéndolo recluido. Hasta ese momento, el gobierno sólo había presentado un documento, pero el juez Lamberth señaló las pruebas de la existencia de otros documentos pertinentes. Entre ellas se encontraba el hecho de que un interrogador estadounidense concreto había sido sometido a un consejo de guerra en 2006 por determinados abusos –contra Ahmed al Darbi, entre otros–, y que en su juicio se habían utilizado las denuncias realizadas por Al Darbi ante los investigadores militares. Además, el juez Lamberth señaló que tres informes emitidos por los investigadores del ejército contenían “relatos detallados” de las denuncias de Ahmed al Darbi sobre “abusos físicos y psicológicos en Bagram”. El juez continuó diciendo que, en los procedimientos contra Ahmed al Darbi ante la comisión militar, “se presentaron numerosos documentos, tanto clasificados como desclasificados, que mostraban que el demandante había sido objeto de abusos”.107 Al terminar enero de 2011, la petición de hábeas corpus continuaba sin que el juez Lamberth hubiera dictado una resolución sobre la cuestión de la tortura.

Cuando Ahmed al Darbi permanecía recluido en Bagram, a los detenidos bajo custodia estadounidense en Afganistán se los sometía a prácticas como desnudarlos, recluirlos en aislamiento prolongado, someterlos a “posturas en tensión”, privarlos del sueño y la luz, y asustarlos con perros, como el propio ejército estadounidense ha reconocido.108 Los agentes del FBI en Afganistán declararon haber observado personalmente cómo los interrogadores militares utilizaban contra los detenidos tácticas como desnudarlos, privarles del sueño, amenazarlos con la muerte o con infligirles dolor, amenazar a familiares del detenido, mantenerlos largo tiempo con grilletes, en posturas en tensión, encapuchados y con los ojos vendados (no únicamente durante el transporte), someterlos a música a gran volumen, a luces estroboscópicas o a la oscuridad, mantenerlos en aislamiento prolongado, utilizar la fuerza para sacarlos de las celdas, amenazarlos y utilizar perros para infundirles temor, afeitarlos por la fuerza con el fin de humillarlos, mantenerlos recluidos sin dejar constancia de ello, enviar a detenidos a otros países para que fueran sometidos a interrogatorios “más agresivos”, y amenazarlos con esto último.109 Los documentos hechos públicos en junio de 2008 por el presidente del Comité de Servicios Armados del Senado estadounidense revelaron que el 2 de octubre de 2002, en una reunión de personal militar estadounidense celebrada para debatir técnicas de interrogatorio para su uso en Guantánamo, uno de los participantes señaló que “hemos recibido numerosos informes de Bagram sobre el uso de la privación del sueño”, a lo que otro participante respondió: “cierto, pero oficialmente eso no está sucediendo”.110

Ahmed al Darbi permaneció recluido ocho meses en Bagram en 2002 y 2003, y durante ese tiempo dos detenidos afganos murieron bajo custodia a consecuencia de la tortura u otros malos tratos. Para la investigación que finalmente se llevó a cabo –unos 18 meses después de que se produjeran– sobre esas muertes ocurridas en 2002, los investigadores militares entrevistaron a varios detenidos que habían estado en Bagram en el momento de las muertes, y que seguían bajo custodia estadounidense en 2004.111 Uno de ellos era Ahmed al Darbi, que en julio de 2004 dijo a un investigador que había sido sometido a tortura y otros malos tratos en Bagram, e identificó como el principal autor al soldado estadounidense Damien Corsetti, de la Compañía A, Batallón de Inteligencia Militar 519. La declaración de Ahmed al Darbi, tomada en Guantánamo en marzo de 2006, fue utilizada, más avanzado ese mismo año, en el consejo de guerra del soldado Corsetti. El acusado fue absuelto.

Durante el consejo de guerra, el propio gobierno estadounidense reconoció algunos hechos, como que se había autorizado el uso de la privación del sueño y el “entrenamiento físico” contra detenidos recluidos en Bagram, y que Ahmed al Darbi había sido sometido a ambas técnicas en septiembre de 2002. También reconoció que otro detenido, el ciudadano kuwaití Omar al Faruq, a quien se acusaba también al soldado Corsetti de maltratar, había sido sometido a estas técnicas.112 Durante la investigación, otro interrogador militar declaró que Omar al Faruq había permanecido recluido como “detenido fantasma” en Bagram, es decir, que había permanecido en detención secreta en régimen de incomunicación, en circunstancias que constituyen el delito de derecho internacional de desaparición forzada por el que nadie ha rendido cuentas.113 El gobierno declaró que, en algún momento, a Ahmed al Darbi se le permitió reunirse con el Comité Internacional de la Cruz Roja en Bagram, pero no está claro cuándo. En su declaración de 2009, Ahmed al Darbi afirma que estuvo en “completo aislamiento” durante sus dos primeras semanas en Bagram.

Independientemente del resultado de los procedimientos de hábeas corpus en el caso de Ahmed al Darbi, el gobierno tiene la obligación continuada de garantizar que se investigan a fondo sus denuncias de tortura u otros malos tratos, y que se rinden cuentas y se otorga reparación por cualquier denuncia fundamentada. La investigación realizada hasta la fecha no aporta una conclusión al asunto.

En algunos casos, los jueces del tribunal federal de primera instancia que supervisan los casos de hábeas corpus de Guantánamo han decidido no examinar ciertas denuncias de abusos alegando que no es necesario para llegar a una conclusión sobre la legalidad de la detención. Por ejemplo, en julio de 2010, el juez Reggie Walton resolvió sobre la petición de hábeas corpus de Abdulrahman Abdou Abou Al Ghaith Suleiman, ciudadano yemení puesto bajo custodia por las autoridades paquistaníes en diciembre de 2001, entregado a la custodia de Estados Unidos y transferido a Guantánamo en febrero de 2002. El juez Walton señaló que Abdulrahman Suleiman “afirma haber sido sometido a abusos” bajo custodia de Estados Unidos, pero que, incluso aunque hubiera sido sometido a “agresiones físicas, condiciones de vida difíciles y técnicas de interrogatorio coercitivas” bajo custodia estadounidense, “la Corte no necesita considerar el impacto de ese trato sobre la fiabilidad de sus declaraciones”, ya que no era necesario para responder a la cuestión de la legalidad de su detención.114 De un modo similar, en agosto de 2010 la juez Ellen Huvelle decidió que era “innecesario” que determinara si el ciudadano yemení Sabry Mohammad Ebrahim al Qurashi “fue de hecho maltratado en Kandahar o Guantánamo” tal como él denunciaba, tras concluir que el gobierno estadounidense había demostrado que las declaraciones que el detenido había realizado bajo custodia paquistaní antes de ser trasladado a Kandahar y de allí a Guantánamo habían sido hechas voluntariamente y, por lo tanto, eran admisibles.115 La juez Huvelle resolvió que la cuestión de si las declaraciones similares realizadas bajo custodia estadounidense habían sido obtenidas mediante coacción eran por consiguiente “irrelevantes” para la cuestión que se le planteaba.116 Esto no es excusa para que el ejecutivo no investigue dichas denuncias.

El gobierno tampoco debe considerar que ha cumplido con su obligación al declinar basarse en declaraciones obtenidas mediante tortura. Además, debe garantizar investigaciones exhaustivas, rendición de cuentas y remedio. El Departamento de Justicia ha dicho al tribunal federal de primera instancia que, de conformidad con el artículo 15 de la Convención de la ONU contra la Tortura, “el gobierno no se basa ni se basará en declaraciones que haya concluido que se obtuvieron mediante tortura” en el contexto de los litigios de hábeas corpus de Guantánamo.117 El gobierno debe ir más allá.

En el caso de Ahmed Ghailani, que acaba de enfrentarse al juicio civil al que ningún otro detenido de Guantánamo ha conseguido acceder, la resolución de octubre de 2010 del juez Lewis Kaplan hacía referencia a un testigo al que la acusación había querido presentar contra el acusado. El juez Kaplan prohibió al gobierno presentar al testigo –Hussein Abebe– porque el gobierno únicamente lo había identificado a consecuencia de la tortura u otros malos tratos infligidos por la CIA a Ahmed Ghailani bajo custodia secreta. Ahmed Ghailani, según escribió el juez Kaplan, había permanecido recluido bajo custodia secreta de la CIA y había sido sometido a los “denominados métodos de interrogatorio mejorados y otros tratos presuntamente abusivos” y, “con el tiempo, Ghailani dio a la CIA la información que condujo al gobierno directamente a Hussein Abebe”. El juez Kaplan escribió que “el vínculo entre la coacción de Ghailani por parte de la CIA y el testimonio de Abebe es directo y estrecho […] [E]l gobierno no habría identificado ni localizado a Abebe si no fuera por las declaraciones obtenidas de Ghailani mediante coacción […] Abebe fue detenido e interrogado exclusivamente como resultado de las declaraciones obtenidas de Ghailani mediante coacción […] [L]a conexión entre el testimonio propuesto de Abebe [contra Ghailani] y las declaraciones obtenidas de Ghailani mediante coacción no podría ser más próxima”.

Teniendo en mente las reiteradas referencias del juez Kaplan a la detención secreta y la coacción, los fiscales del caso de Ahmed Ghailani se vieron obligados no sólo a renunciar a su uso propuesto de Hussein Abebe como testigo, sino también a hacer todo lo posible para garantizar la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos a las que Ahmed Ghailani había sido sometido.118 Esto queda claro en las Directrices de la ONU sobre la Función de los Fiscales:

Cuando los fiscales tengan en su poder pruebas contra sospechosos y sepan o tengan sospechas fundadas de que fueron obtenidas por métodos ilícitos que constituyan una violación grave de los derechos humanos del sospechoso, especialmente torturas, tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes u otros abusos de los derechos humanos, se negarán a utilizar esas pruebas contra cualquier persona, salvo contra quienes hayan empleado esos métodos […] y adoptarán todas las medidas necesarias para asegurar que los responsables de la utilización de dichos métodos comparezcan ante la justicia.119

Los abogados del Departamento de Justicia que trabajan sobre las peticiones de hábeas corpus de Guantánamo tienen la misma obligación.120 No sólo no deben utilizar contra ningún detenido ninguna información obtenida en contra de la prohibición internacional de la tortura y otros malos tratos u otros abusos contra los derechos humanos, sino que, cuando estén en posesión de dicha información, deben tomar todas las medidas necesarias para garantizar que los responsables de esas violaciones de derechos humanos comparecen ante la justicia. Como funcionarios que supervisan estos principios, los abogados del Estado que participen en los litigios de hábeas corpus, el fiscal general adjunto de la División Civil del Departamento de Justicia de Estados Unidos y el fiscal general de Estados Unidos tienen la responsabilidad principal, dentro de Departamento, de garantizar que esto sucede.121

EL GOBIERNO DEBE GARANTIZAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y LA REPARACIÓN; EL secreTO no ES excusA

El uso que el gobierno hace del secreto, deliberadamente o como consecuencia, continúa oscureciendo las violaciones de derechos humanos cometidas por Estados Unidos en lo que el gobierno anterior denominaba la “guerra contra el terror”. La deferencia que, en general, los tribunales estadounidenses muestran hacia el uso del secreto por parte del ejecutivo en este contexto es parte del problema, y queda ilustrada por la manera en que el poder judicial respalda la invocación que, tanto el gobierno de Bush como el de Obama, hacen de la doctrina de los secretos de Estado, tal como se expuso anteriormente en los casos de Khaled el Masri y Binyam Mohamed.

El 18 de enero de 2011, la Corte de Apelaciones del Circuito del DC asestó otro golpe a la transparencia y la rendición de cuentas al respaldar la invocación, por parte de la CIA, de las exenciones a la Ley sobre Libertad de Acceso a la Información para ocultar los detalles de las ubicaciones de los centros de detención secreta y el trato que se infligió en ellos a los 14 detenidos transferidos de la custodia de la CIA a la custodia militar en la bahía de Guantánamo en septiembre de 2006. La Unión Estadounidense para la Defensa de las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) había presentado en 2007 a la CIA y al Pentágono una petición en virtud de la Ley sobre Libertad de Acceso a la Información en la que solicitaba las actas no censuradas de las vistas de los 14 detenidos ante los Tribunales de Revisión del Estatuto de Combatiente, los tribunales militares establecidos por el gobierno de Bush para revisar la categoría de “combatiente enemigo” asignada a los detenidos de Guantánamo. En la versión de las transcripciones de estas cintas publicada por el Pentágono, las descripciones que los detenidos hacían del trato recibido bajo custodia de la CIA estaban tachadas.

En octubre de 2008, el juez Royce Lamberth, presidente del tribunal federal de primera instancia del Distrito de Columbia, falló contra la ACLU en una sentencia sumaria, en la que concluyó que la CIA había explicado adecuadamente su invocación de las exenciones de la Ley sobre Libertad de Acceso a la Información. El caso fue posteriormente devuelto al tribunal federal de primera instancia para ser reexaminado a la luz de las tres órdenes ejecutivas dictadas por el presidente Obama el 22 de enero de 2009 –que incluían la orden a la CIA para que dejara de utilizar la detención secreta prolongada y las técnicas de interrogatorio “mejoradas”–, y de la publicación el 16 de abril de 2009 de cuatro memorandos del Departamento de Justicia que debatían la legalidad de las “técnicas de interrogatorio mejoradas” de la CIA.122 Además, a finales de abril de 2009 se filtró al público un informe del CICR, de febrero de 2007, sobre sus entrevistas con los 14 detenidos tras su traslado a Guantánamo; en él se incluían nuevas pruebas sobre la tortura y la desaparición forzada de estos hombres bajo custodia de la CIA.123 Pese a estos nuevos descubrimientos, en octubre de 2009 el juez Lamberth volvió a pronunciarse contra la publicación de las actas de los Tribunales de Revisión del Estatuto de Combatiente, remitiéndose a la declaración presentada por la CIA respecto a que la publicación de la información sobre los detenidos dañaría la seguridad nacional. El juez Lamberth denegó incluso el examen a puerta cerrada de la información ocultada.

Se presentó una apelación ante la Corte de Apelaciones del Circuito del DC. El gobierno de Obama instó a la Corte de Apelaciones a confirmar la resolución del tribunal federal de primera instancia. Entre otras cosas, en su informe de marzo de 2010 a la Corte de Apelaciones, el Departamento de Justicia señaló que, en los casos de ‘Abd al Nashiri, Abu Zubaydah, Khaled Sheikh Mohammed, Hambali y Majid Khan, la información ocultada incluía detalles sobre sus condiciones de reclusión bajo custodia de la CIA, el lugar donde se encontraban recluidos y, en cada caso, “los métodos de interrogatorio que afirman haber experimentado”. En su informe, el Departamento de Justicia alegó que “el potencial dañino de desvelar estos métodos de interrogatorio no se ve reducido por el hecho de que los documentos contengan las descripciones hechas por los detenidos de sus propios interrogatorios. Estos detenidos se encuentran en situación de proporcionar información exacta y detallada sobre algunos aspectos del antiguo programa de detención e interrogatorio de la CIA, que sigue estando clasificado”.124 Tal como Amnistía Internacional ha señalado anteriormente, si estos detenidos tienen conocimiento de condiciones de reclusión o técnicas de interrogatorio que violan la prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, se debe únicamente a que el propio gobierno estadounidense forzó en ellos ese conocimiento al cometer esas violaciones de sus derechos. El permitir que un gobierno mantenga en secreto, de forma efectiva, indefinida y unilateral, los detalles de las denuncias de semejantes violaciones de derechos humanos –de hecho, ha llegado al extremo de censurar físicamente las voces de quienes afirman haber sufrido esas violaciones– de una manera que, deliberadamente o como consecuencia, priva a la persona del acceso a un remedio efectivo y protege la impunidad de los perpetradores, es fundamentalmente contrario al derecho internacional.125

En la vista de ‘Abd al Nashiri ante el Tribunal de Revisión del Estatuto de Combatiente, celebrada en Guantánamo el 14 de marzo de 2007, todos los detalles sobre la tortura que afirmaba haber sufrido se han tachado en la transcripción publicada.

“‘Abd al Nashiri [mediante un intérprete]: Desde el momento de mi detención, hace cinco años, me han estado torturando. Sucedió durante los interrogatorios. Unas veces me torturaban de una manera, y otras veces de otra.

Presidente del Tribunal: Por favor, describa los métodos que se utilizaron.

‘Abd al Nashiri [mediante un intérprete]: [Tachado]. ¿Qué más quiero decir? [Tachado] Sucedieron muchas cosas. Hacían muchas cosas. ¿Qué más hicieron? [Tachado]. Hacen tantas cosas. Tantas, tantas cosas. ¿Qué más hicieron? [Tachado]. Después de eso empezó otro método de tortura [tachado]. Antes de que me detuvieran podía correr unos diez kilómetros. Ahora no puedo caminar más de diez minutos. Tengo los nervios inflamados en todo el cuerpo. Está inflamado también. Me hacían preguntas y, después, el investigador se reía. Yo contestaba lo que sabía. Si no contestaba lo que había oído, entonces [tachado]. Todo eso no cesó hasta llegar aquí. Pasaron tantas cosas. No, en resumen [sic], eso es básicamente lo que sucedió.”


La Corte de Apelaciones confirmó la resolución del juez federal de primera instancia y añadió que el juez Lamberth había actuado dentro de sus “amplias facultades” cuando declinó examinar a puerta cerrada los documentos ocultados. Entre otras cosas, el gobierno había alegado ante la Corte de Apelaciones que el revelar, por ejemplo, “si un país extranjero específico ayudó a Estados Unidos a detener o interrogar a un sospechoso de terrorismo, o permitió a Estados Unidos detener a personas en su territorio” dañaría las relaciones de la CIA con esos gobiernos. Es evidente que el uso de las entregas y la detención secretas por parte de Estados Unidos no habría funcionado sin la cooperación de otros países. De hecho, uno de los motivos dados por la CIA –tanto durante el gobierno de Bush como durante el de Obama– para mantener en secreto el contenido de la directiva presidencial del 17 de septiembre de 2001 y otros documentos relativos al programa secreto es la afirmación de que, al desvelar esa información, se revelaría la ubicación de centros secretos de la CIA y la identidad de los países que habían cooperado con Estados Unidos a este respecto.126

En los programas estadounidenses de entrega y detención secreta han estado implicados numerosos países. Bastan algunos de los casos antes citados para señalar la posible implicación de Afganistán, Azerbaiyán, Egipto, Indonesia, Jordania, Macedonia, Mauritania, Marruecos, Siria y Pakistán. En otras palabras, aunque un número indeterminado de funcionarios estadounidenses estuvieron implicados en los delitos de derecho internacional de tortura y desaparición forzada cometidos en el contexto de los programas de detención y entrega secreta de Estados Unidos, es posible que también estuvieran implicados funcionarios de otros países. El uso del secreto para proteger las relaciones exteriores a expensas de la rendición de cuentas es inaceptable, e incumple el requisito de que los gobiernos deben cooperar para llevar ante la justicia a los torturadores y garantizar que las víctimas reciben remedios efectivos.

En virtud del artículo 9 de la Convención de la ONU contra la Tortura, los Estados Partes se prestarán todo el auxilio posible en lo que respecta a cualquier procedimiento penal entablado contra cualquier persona acusada de implicación en tortura. Además, todo Estado Parte en la Convención en cuyo territorio se crea que se encuentra una persona a la que se crea implicada en tortura deberá tomar todas las medidas necesarias –respecto a la investigación, el procesamiento o la extradición– contra la persona en cuestión.127

Lejos de servir para cooperar, el uso de los argumentos del secreto y de la seguridad nacional por parte de Estados Unidos y otros gobiernos ha minado la rendición de cuentas. Un caso a destacar es el de los esfuerzos de los gobiernos italiano y estadounidense por minar, en lugar de garantizar la rendición de cuentas, el procesamiento de los agentes italianos y estadounidenses acusados en relación con el secuestro en Italia, y la entrega para su presunta tortura en Egipto, de Usama Mostafa Hassan Nasr (más conocido como Abu Omar).128

Las autoridades estadounidenses siguen usando el secreto de maneras que no sólo mantienen fuera del escrutinio público los detalles de lo que sucedió en los programas ilegales de la CA, sino que además ocultan el papel desempeñado por otros países en casos de detenidos que terminaron bajo custodia de Estados Unidos y que fueron presuntamente sometidos a tortura.

En 2010, se publicó por error, antes de censurarla, la resolución dictada por el juez federal de primera instancia Henry Kennedy sobre un caso de hábeas corpus de Guantánamo.129 Esta versión posteriormente se retiró y se sustituyó por otra que parece tratar de ocultar el papel de otros países o dar una versión más aséptica al respecto. La segunda versión de la resolución empieza así: “Uthman Abdul Rahim Mohammed Uthman (ISN 27), ciudadano yemení, ha permanecido recluido bajo custodia de Estados Unidos en el centro de detención de la base naval de la bahía de Guantánamo, Cuba, desde enero de 2002”. La versión anterior empezaba: “Uthman Abdul Rahim Mohammed Uthman (ISN 27), ciudadano yemení, fue capturado por las autoridades paquistaníes en octubre de 2001 y ha permanecido recluido bajo custodia de Estados Unidos en el centro de detención de la base naval de la bahía de Guantánamo, Cuba, desde enero de 2002”.

La versión inicial no censurada decía que el detenido de Guantánamo Sanad Yislam Ali al Kazimi había estado “recluido en los Emiratos Árabes Unidos” antes de ser trasladado a la “Prisión Oscura” gestionada por la CIA en Afganistán. En los Emiratos, “sus interrogadores lo golpearon, lo mantuvieron desnudo y encadenado en una celda oscura y fría, lo dejaron caer en agua fría con las manos y las piernas atadas, y lo sometieron a abusos sexuales”. En la nueva versión, este pasaje en concreto no decía que el detenido había estado recluido en los Emiratos Árabes Unidos, sino que había estado “detenido fuera de Estados Unidos”.130

Sin la existencia de un motivo para dudar de la veracidad de las declaraciones [sobre la tortura], la Corte no puede ignorarlas.

Juez federal de primera instancia Henry Kennedy

Sin embargo, este enfoque no parece aplicarse de manera coherente. La resolución del juez Kennedy cita también el caso de otro detenido de Guantánamo, Sharqwi Abdu Ali Al-Hajj. En ambas versiones –la versión sin editar que se retiró y la versión posterior editada– se dice que permaneció recluido en Jordania, donde fue “golpeado periódicamente y amenazado con electrocución y abusos sexuales”, antes de ser trasladado a la “Prisión Oscura” gestionada por la CIA en Afganistán. Sin embargo, en el caso de Mohamedou Ould Slahi (supra), las referencias a Jordania en los informes recientes del caso presentados ante la Corte de Apelaciones a mediados de 2010 se han editado, a pesar de ser de conocimiento público que fue trasladado a Jordania desde Mauritania.

El juez Kennedy concedió la petición de hábeas corpus de Uthman Mohammed Uthman tras rechazar, por considerarlas resultado de tortura, las declaraciones incriminatorias sobre Uthman realizadas por los otros dos detenidos. En los casos de Sanad al Kazimi y Sharqwi al Hajj, el juez Kennedy señaló las “pruebas presentadas no rebatidas” de que ambos habían sido torturados antes de su llegada a Guantánamo. Entre ellas se incluían pruebas del tiempo que pasaron en la “Prisión Oscura” de la CIA en Afganistán, donde Sanad al Kazimi había permanecido presuntamente recluido en oscuridad constante y donde “estuvo encapuchado, le pusieron inyecciones, lo golpearon, lo azotaron con cables eléctricos, lo colgaron de alturas, lo obligaron a permanecer desnudo y lo sometieron a música constante a todo volumen”. En el caso de Sharqwi Abdu Ali Al Hajj, el juez Kennedy señaló que “tras ser trasladado a una prisión secreta gestionada por la CIA en Kabul, Afganistán, Hajj permaneció recluido, según se informa, ‘en total oscuridad y sometido a música continua a todo volumen'”. Esta prueba se presentó ante el tribunal federal de primera instancia en forma de declaraciones de los abogados de los dos hombres. El juez Kennedy escribió: “Sin la existencia de un motivo para dudar de la veracidad de las declaraciones, la Corte no puede ignorarlas”. Por tanto, según la información de que dispone Amnistía Internacional, el gobierno estadounidense incumplió su obligación de garantizar investigaciones imparciales e independientes sobre estas denuncias y rendición de cuentas para cualquier denuncia fundamentada. Mientras tanto, el gobierno ha recurrido ante la Corte de Apelaciones la resolución del juez Kennedy de que Uthman se encuentra recluido ilegalmente, y el detenido permanece bajo custodia en Guantánamo.

Tras ser sometidos a interrogatorios de la CIA en la “Prisión Oscura” de Kabul, Sanad al Kazimi y Sharqwi al Hajj fueron ambos trasladados en 2004 a la base aérea estadounidense de Bagram, en Afganistán. En la actualidad, Bagram está siendo objeto de un litigio en virtud de la Ley sobre Libertad de Acceso a la Información presentado por la Unión Estadounidense para la Defensa de las Libertades Civiles (ACLU) ante el tribunal federal de primera instancia del Distrito Sur de Nueva York. Parte de la información que se ha solicitado se refiere a la información sobre la participación de la CIA en reclusiones en Bagram y en entregas hasta y desde la base durante los años transcurridos desde que comenzaron las reclusiones allí a finales de 2001.

La CIA respondió a la petición en virtud de la Ley sobre Libertad de Acceso a la Información declarando que no podía “ni confirmar ni negar la existencia o no existencia” de documentos relativos a la petición.131 A aquello le siguió un litigio, en el cual la CIA declaró que no podía “ni confirmar ni negar” que tuviera documentos relativos a entregas o transferencias a Bagram de individuos capturados fuera de Afganistán, y que no tenía otra opción más que “negar la existencia o no existencia” de documentos relativos a detenidos recluidos en Bagram.132 Si actuaba de otra manera –dijo la CIA entre otras supuestas justificaciones para no desvelar los documentos–, revelaría “información clasificada relativa a actividades de inteligencia, fuentes y métodos de inteligencia, información sobre gobiernos extranjeros y relaciones exteriores de Estados Unidos”, y eso podría causar un “grave daño a la seguridad nacional”. Además, afirmó la CIA, ningún funcionario autorizado del ejecutivo de Estados Unidos ha reconocido oficialmente la implicación de la CIA en cuanto a los individuos recluidos en Bagram”.133

La juez federal de primera instancia Barbara Jones resolvió que la CIA tenía justificación, en virtud de la ley estadounidense, para ni confirmar ni negar la existencia o no existencia de documentos relativos a la entrega o transferencia de detenidos a Bagram, los interrogatorios y el trato dado allí los detenidos. La juez resolvió que, aunque la ACLU había identificado declaraciones oficiales que señalaban que “la CIA está implicada en actividades estadounidenses en Afganistán, ninguna de las declaraciones desvela específicamente la existencia o no existencia de documentos relativos a la entrega o la transferencia de detenidos a Bagram o los interrogatorios y el trato a los detenidos en Bagram”.134

Así, la situación actual es que el gobierno estadounidense no trata de rebatir las denuncias como las formuladas por Binyam Mohamed, Sanad al Kazimi y Sharqwi al Hajj respecto a que fueron torturados bajo custodia de la CIA en Afganistán y luego trasladados a Bagram, sino que intenta evitar que se haga pública información que confirme oficialmente que la CIA ha estado implicada en traslados de detenidos hasta o desde Bagram o que incluya detalles sobre los casos de detenidos allí recluidos.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU se ha referido a “la importancia de que la comunidad internacional reconozca el derecho que asiste a las víctimas de violaciones manifiestas de los derechos humanos y violaciones graves del derecho internacional humanitario, así como a sus familias y a la sociedad en su conjunto, de conocer la verdad sobre esas violaciones, en la máxima medida posible, en particular la identidad de los autores, las causas y los hechos, y las circunstancias en que se produjeron esas violaciones”.135 La Asamblea General de la ONU ha reconocido la obligación de los Estados de proporcionar a las víctimas “[l]a verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad” como parte de un remedio efectivo.136 Lejos de proporcionar la verdad a las personas cuyos derechos humanos se han violado –no hablemos ya de la sociedad en su conjunto–, Estados Unidos ha hecho cuanto está en su poder para mantener en secreto los detalles de las violaciones y para bloquear el acceso de las víctimas a cualquier forma de remedio efectivo.137

Un suplemento a la opinión emitida por el juez federal de primera instancia Lewis Kaplan en julio de 2010, al denegar la moción de Ahmed Ghailani respecto a la negación de su derecho a un juicio rápido durante el tiempo que estuvo bajo custodia secreta de la CIA contiene información relativa al “desarrollo histórico y funcionamiento del Programa de Entrega, Detención e Interrogatorio de la CIA” y a “la experiencia personal de Ghailani en ese programa”, incluidas “determinadas condiciones de su reclusión y las técnicas específicas de interrogatorio utilizadas contra el acusado”. No obstante, se desconoce qué información se incluye exactamente en el suplemento, ya que en la versión pública ha sido editada.138 Tal como señaló el juez Kaplan en la opinión que la acompañaba, “muchos detalles del Programa de la CIA y su aplicación a individuos específicos continúan clasificados”.139

Una declaración jurada firmada por Ahmed Ghailani en 2010 manifiesta que “mientras estuve detenido en el Lugar Negro, fui interrogado por personal que, según creo, formaba parte de la CIA, y que me sometió a las siguientes técnicas de interrogatorio mejoradas:”.140 Las otras cuatro páginas de la declaración han sido editadas en la versión pública, ya que los detalles sobre el trato recibido por Ahmed Ghailani siguen clasificados como Alto Secreto. En sus informes al tribunal federal de primera instancia, el gobierno de Obama admitió que “algunas de” las condiciones de reclusión a las que había sido sometido Ahmed Ghailani eran “indudablemente agresivas”. Todos los detalles han sido eliminados del documento público.141

El gobierno estadounidense declaró además: “Lo que le ocurrió al acusado durante su detención por la CIA […] puede ser pertinente a otros argumentos legales en este caso; en teoría, el acusado también podría pedir reparación civil a los implicados”.142 Sin embargo, a menos que el gobierno estadounidense ponga fin a su enfoque, incluida su invocación de la doctrina del secreto de Estado, o deje de tratar de bloquear el remedio judicial para quienes han sido sometidos a violaciones de derechos humanos en lo que Estados Unidos denominaba la “guerra contra el terror”, es probable que el acceso a ese remedio siga siendo puramente teórico.

Ahmed Ghailani fue sometido al delito de derecho internacional de desaparición forzada. Además, afirma que fue sometido a tortura mediante interrogatorios “mejorados” mientras estuvo bajo custodia secreta. El gobierno estadounidense ha declarado que sus “denuncias deberían tomarse en serio”,143 pero, al igual que en otros casos, no ha emprendido la investigación requerida por el derecho internacional.

ConclusiÓn

El ejemplo moral de Estados Unidos debe brillar siempre para aquellos que anhelan justicia y dignidad.

Presidente Barack Obama, 25 de enero de 2011144

Estados Unidos tiene un ex presidente que, en sus memorias y en apariciones en televisión, ha admitido sin reparos haber autorizado actos que constituyen claramente tortura, y un presidente actual que reconoce que esos actos constituyen tortura.145 El actual fiscal general ha reconocido asimismo que el water-boarding, una de las “técnicas de interrogatorio mejoradas” que el ex presidente dice haber autorizado personalmente, es tortura.

La admisión del ex presidente George W. Bush basta para poner en marcha la obligación contraída por Estados Unidos en virtud del derecho internacional de investigar esas admisiones y, si están fundadas, procesarlo. El hecho de no llevar a cabo investigaciones y procesamientos en circunstancias en las que se cumplen los criterios requeridos constituye en sí mismo una violación del derecho internacional.146

El gobierno del presidente Obama se ha comprometido a que Estados Unidos “cumpla con sus obligaciones contraídas en virtud de tratados de la ONU”. 147 Sin embargo, la rendición de cuentas y la reparación por los delitos de derecho internacional cometidos en el programa de detención secreta de la CIA siguen estando a cero.

En sus memorias, el ex presidente Bush dice: “Sabía que un programa de interrogatorio tan delicado y controvertido algún día se haría público. Cuando lo hizo, nos expusimos a la crítica de que Estados Unidos había puesto en peligro nuestros valores morales”. Su respuesta a esa crítica ha sido la falta de arrepentimiento, parte de una aparente estrategia que parece haber puesto al gobierno actual y a los miembros del Congreso a la defensiva y los ha dejado reacios a responder con una defensa igualmente enérgica de los derechos humanos. De esta manera, Estados Unidos se mantiene en el lado indebido de sus obligaciones internacionales respecto a la rendición de cuentas y la reparación por los delitos de derecho internacional y otras violaciones de derechos humanos.

Varios jueces federales y militares han dictado ya resoluciones respecto a la tortura u otros malos tratos en el contexto de casos de hábeas corpus o juicios ante comisiones militares de detenidos y ex detenidos de Guantánamo. Cualquier decisión colectiva de los jueces, fiscales y otros abogados del Estado que participen en estos casos de no remitir los indicios de desaparición forzada, tortura y otros malos tratos a las autoridades competentes para su investigación y posible procesamiento constituiría una violación independiente de las obligaciones contraídas por Estados Unidos en virtud del derecho internacional de los derechos humanos (y en algunos casos también del derecho internacional humanitario). Amnistía Internacional no ha visto hasta el momento ningún indicio de que las autoridades estén respondiendo a esas resoluciones con investigaciones exhaustivas e imparciales dirigidas a emprender procesamientos.

La comunidad internacional debe redoblar sus esfuerzos para persuadir a las autoridades estadounidenses de que cumplan con su obligación de rendir cuentas y otorgar reparación. Si Estados Unidos no lleva a cabo las investigaciones criminales que está obligado a emprender sobre la tortura y la desaparición forzada cometidas en el programa de la CIA o en otros contextos en nombre de la lucha contra el terrorismo, otros Estados deben intervenir y llevar a cabo ellos mismos esas investigaciones.

De hecho, si el ex presidente George W. Bush o cualquier otro alto cargo estadounidense similarmente acusado de responsabilidad en torturas –incluida la complicidad o la participación en torturas– viaja a uno de los otros 146 Estados que son partes en la Convención de la ONU contra la Tortura, ese país estaría legalmente obligado a detenerlo o garantizar de alguna otra manera su presencia en el país para emprender una investigación criminal y, si hay indicios de actos delictivos, remitir el caso para su procesamiento o extraditar al sospechoso a un Estado que esté dispuesto a procesarlo.

El 17 de diciembre de 2009 se envió a todas las agencias ejecutivas de Estados Unidos el memorando del asesor jurídico del Departamento de Estado sobre las obligaciones en materia de derechos humanos contraídas por Estados Unidos (citado en la introducción). Once meses después, el 9 de noviembre de 2010, en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, el asesor jurídico respondió a las recomendaciones de otros gobiernos respecto al historial de derechos humanos de Estados Unidos. Sobre la cuestión de la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos cometidas por Estados Unidos en el contexto de la lucha contra el terrorismo y el conflicto armado, Harold Koh dijo: “Las denuncias sobre abusos cometidos en el pasado contra detenidos por fuerzas estadounidenses en Afganistán, Irak y Guantánamo se han investigado, y se han emprendido las acciones correctivas adecuadas”.148 Este breve comentario pasa por alto el grado de impunidad e indulgencia que ha caracterizado la respuesta de Estados Unidos a los abusos cometidos en esos lugares. Aún más destacable fue la total ausencia de referencia alguna por parte de la delegación estadounidense a la cuestión de la rendición de cuentas por los delitos de derecho internacional cometidos en el programa de detención secreta de la CIA.

Hasta la fecha, las acciones emprendidas por el fiscal general de Estados Unidos a este respecto han sido mínimas. El 2 de enero de 2008, el fiscal general Michael Mukasey designó al fiscal federal John Durham para que supervisara una investigación criminal sobre la destrucción, por parte de la CIA, de cintas de vídeo realizadas en 2002 durante los interrogatorios a que se sometió a dos detenidos recluidos en el programa secreto. El 9 de noviembre de 2010, el Departamento de Justicia anunció que no se presentarían cargos penales en relación con la destrucción de las cintas.149 Sin embargo, en agosto de 2009 el fiscal general Eric Holder amplió el mandato del fiscal federal adjunto Durham para incluir un “examen preliminar” de algunos aspectos de algunos interrogatorios a algunos detenidos recluidos en el programa de detención secreta. Ese examen todavía está en curso.

En la actualidad existen pocos motivos para creer que ese “examen preliminar” dará demasiados resultados. El marco del examen es reducido, y se ha establecido frente a una promesa de inmunidad procesal para todo el que, al realizar los interrogatorios, hubiera actuado “de buena fe” siguiendo asesoramiento jurídico oficial. Esto no se ajusta al alcance de las investigaciones y los procesamientos requeridos por las obligaciones jurídicas vinculantes contraídas por Estados Unidos en virtud del derecho internacional, incluidas las establecidas en las disposiciones explícitas de tratados en los que Estados Unidos es parte, como los Convenios de Ginebra y la Convención de la ONU contra la Tortura.

Cuando se trata de otros países, las autoridades estadounidenses sí parecen reconocer la importancia de la rendición de cuentas. Por ejemplo, un cable diplomático (publicado por WikiLeaks) enviado en enero de 2010 por la embajada de Estados Unidos en Colombo, Sri Lanka, sobre los presuntos crímenes de guerra cometidos por “tropas y funcionarios” del gobierno de Sri Lanka, dice: “Evidentemente, la rendición de cuentas es una cuestión importante para la auténtica salud política y moral de la sociedad de Sri Lanka”.150 Y, tal como ha señalado anteriormente Amnistía Internacional, el propio presidente Barack Obama dijo en marzo de 2010, respecto a las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado en Indonesia: “Tenemos que reconocer que esos abusos contra los derechos humanos existieron. Por lo tanto, no podemos avanzar sin mirar hacia atrás […]”.151

Cuando, en 2009, Estados Unidos ocupó su asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, dijo: “Que nadie se confunda; Estados Unidos no apartará la mirada ante los abusos graves contra los derechos humanos. Hay que contar la verdad. hay que sacar los hechos a la luz y hay que hacer frente a las consecuencias”.152 Sin embargo, Estados Unidos sigue apartando la vista, incluso mientras sus jueces federales dictan resoluciones sobre denuncias de abusos contra detenidos recluidos por Estados Unidos en el contexto de la lucha contra el terrorismo.

El 5 de noviembre de 2010, en la sesión de apertura del examen realizado por el Consejo de Derechos Humanos sobre la situación en Estados Unidos, la delegación estadounidense dijo que “la promoción y la realización de los derechos humanos deben buscarse incansablemente a lo largo del tiempo, mediante la rendición de cuentas, el seguimiento, esfuerzos continuados y mejoras constantes”.153

Si Estados Unidos sigue sin dedicar la persistencia y los esfuerzos necesarios a la cuestión de su propia rendición de cuentas por los delitos de derecho internacional cometidos por personal estadounidense en nombre de la lucha contra el terrorismo, habrá que buscar respuestas internacionales.



Selección de documentos de Amnistía Internacional para ampliar la información

Europa: Un secreto a voces - crecientes indicios sobre la complicidad de Europa en entregas extraordinarias y detenciones secretas (resumen), 15 de noviembre de 2010, http://www.amnesty.org/es/library/info/EUR01/024/2010/es

USA: Another door closes on accountability. US Justice Department says no prosecutions for CIA destruction of interrogation tapes, 10 de noviembre de 2010, http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/104/2010/en

USA: Former President’s defence of torture highlights need for criminal investigations, 9 de noviembre de 2010, http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/103/2010/en

USA: Shadow over justice: Absence of accountability and remedy casts shadow over opening of trial of former secret detainee accused in embassy bombings, 30 de septiembre de 2010, http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/094/2010/en

USA: Secrecy blocks accountability, again: Federal court dismisses 'rendition' lawsuit; points to avenues for non-judicial remedy, 8 de septiembre de 2010, http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/081/2010/en

USA: Normalizing delay, perpetuating injustice, undermining the 'rules of the road', 22 de junio de 2010, http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/053/2010/en

USA: Impunity for crimes in CIA secret detention program continues, 29 de enero de 2010, http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/008/2010/en

USA: Missing from the US ‘human rights agenda’: Accountability and remedy for ‘war on terror’ abuses, 20 de enero de 2010, http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/005/2010/en

USA: Still failing human rights in the name of global ‘war’, 20 de enero de 2010, http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/006/2010/en

USA: Blocked at every turn: The absence of effective remedy for counter-terrorism abuses, 30 de noviembre de 2009, http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/120/2009/en

Estados Unidos: El fiscal general ordena una “investigación preliminar” sobre las detenciones de la CIA cuando debería haberse efectuado hace mucho tiempo una investigación completa, 25 de agosto de 2009, http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR51/094/2009/es

USA: Trials in error: Third go at misconceived military commission experiment, 15 de julio de 2009, http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/083/2009/en

USA: Detainees continue to bear costs of delay and lack of remedy. Minimal judicial review for Guantánamo detainees 10 months after Boumediene, 9 de abril de 2009, http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/050/2009/en

USA: Torture in black and white, but impunity continues: Department of Justice releases interrogation memorandums, 16 de abril de 2009, http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/055/2009/en

Estados Unidos de América: La promesa de un cambio real, 30 de enero de 2009, http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR51/015/2009/es

USA: Torture acknowledged, question of accountability remains, 14 de enero de 2009, http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/003/2009/en

USA: Vice President seeks to justify torture, secret detention and Guantánamo, 23 de diciembre de 2008, http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/157/2008/en

USA: Investigation, prosecution, remedy: Accountability for human rights violations in the ‘war on terror’, 4 de diciembre de 2008, http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/151/2008/en

USA: Where is the accountability? Health concern as charges against Mohamed al-Qahtani dismissed, 19 de mayo de 2008, http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/042/2008/en

Estados Unidos de América. Causa pendiente. De Abu Ghraib a la custodia secreta de la CIA: El caso de Khaled al-Maqtari, marzo de 2008, http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR51/013/2008/es

USA: Impunity and injustice in the ‘war on terror’: From torture in secret detention to execution after unfair trial? 12 de febrero de 2008, http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/012/2008/en

USA: No substitute for habeas corpus. Six years without judicial review in Guantánamo, noviembre de 2007, http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/163/2007/en

Estados Unidos de América: Ley y desorden ejecutivo. El presidente da vía libre al programa de detención secreta, 16 de agosto de 2007, http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR51/135/2007/es

Estados Unidos de América: Sin rastro oficial. Responsabilidad de Estados Unidos en las desapariciones forzadas de la “guerra contra el terror”, junio de 2007, http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/093/2007/es

Estados Unidos de América: Deben investigarse todas las denuncias de tortura, 15 de marzo de 2007, http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR51/045/2007/es

Estados Unidos de América: ¿Entrega - tortura - juicio? El caso del detenido de Guantánamo Mohamedou Ould Slahi, 20 de septiembre de 2006, http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/149/2006/es

Estados Unidos de América: Memorando al gobierno de Estados Unidos sobre el informe del Comité contra la Tortura de la ONU y la cuestión del cierre de Guantánamo, 21 de junio de 2006, http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR51/093/2006/es

Estados Unidos de América: Fuera del radar: Vuelos secretos a la tortura y la “desaparición”, abril de 2006, http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/051/2006/es

Estados Unidos de América / Yemen: Reclusión secreta en los “lugares negros” de la CIA, noviembre de 2005, http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/177/2005/es

USA: Guantánamo and beyond: The continuing pursuit of unchecked executive power, mayo de 2005, http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/063/2005/en

USA: Human dignity denied: Torture and accountability in the 'war on terror', 25 de octubre de 2004, http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/145/2004/en

Estados Unidos de América: La amenaza de un mal ejemplo. Se socavan las normas internacionales mientras continúan las detenciones relacionadas con la "guerra contra el terrorismo", agosto de 2003, http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/114/2003/es

Memorándum al gobierno estadounidense sobre los derechos de las personas que están bajo la custodia de Estados Unidos en Afganistán y en Guantánamo, abril de 2002, http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/053/2002/es





1NOTAS AL FINAL

 USA v. Ghailani, opinión, tribunal federal de primera instancia para el distrito sur de Nueva York, 6 de octubre de 2010. Versión editada publicada el 13 de octubre de 2010.

2 ACLU et al v. Department of Defense et al. Novena declaración de Marilyn A. Dorn, agente de revisión de la información, Agencia Central de Inteligencia, Tribunal Federal de Primera Instancia, Distrito Sur de Nueva York, 7 de junio de 2007.

3 George Tenet, At the Center of the Storm, Harper Books 2007, pág 366. Al confirmar públicamente por primera vez en septiembre de 2006 la existencia del programa de detención secreta, el presidente Bush declaró: “Se informó sobre este programa a unos pocos de los dirigentes clave de ambos partidos políticos del Capitolio”. El actual director de la CIA, Leon Panetta, dijo en abril de 2009 que “a lo largo de la vida” del programa de detención secreta, se informó sobre las operaciones “a los líderes del Congreso”.

4 George W. Bush, Decision points, Virgin Books, 2010, pág. 168-180.

5 Ibid.

6 Orden ejecutiva en materia militar sobre detención, tratamiento y enjuiciamiento de ciertos extranjeros en la guerra contra el terrorismo, 13 de noviembre de 2001. Véase Decision Points, op. cit., pág. 166-167.

7 Véase también: Possible habeas jurisdiction over aliens held in Guantánamo Bay, Cuba. Memorandum for William J. Haynes, II, General Counsel, Department of Defense, from Patrick F. Philbin, Deputy Assistant Attorney General and John C. Yoo, Deputy Assistant Attorney General, Departamento de Justicia de Estados Unidos, Oficina de Asesoramiento Jurídico, 28 de diciembre de 2001.

8 Jack Goldsmith, The Terror Presidency: Law and Judgment inside the Bush Administration, W.W. Norton Books, 2007, pág. 108.

9 Re: Application of the War Crimes Act, the Detainee Treatment Act, and Common Article 3 of the Geneva Conventions to certain techniques that may be used by the CIA in the interrogation of high value al Qaeda detainees. Memorandum for John A. Rizzo, Acting General Counsel, Central Intelligence Agency, from Steven G. Bradbury, Principal Deputy Assistant Attorney General, Oficina de Asesoramiento Jurídico del Departamento de Justicia de Estados Unidos, 20 de julio de 2007.

10 Un documento de información general entregado por la CIA a la Oficina de Asesoramiento Jurídico del Departamento de Justicia de Estados Unidos en diciembre de 2004 describía el proceso típico de traslado de la CIA: “El DAV [detenido de alto valor] es trasladado en avión a un Lugar Negro […] Durante el vuelo, el detenido permanece encarcelado, y privado de la vista y del oído mediante vendas en los ojos, tapones en los oídos y capuchas […] Al llegar al aeródromo de destino, el DAV es llevado al Lugar Negro en las mismas condiciones [...] El DAV se encuentra bajo el control total de estadounidenses [...] Al DAV se le afeitan la cabeza y el rostro. Se toman una serie de fotografías del DAV desnudo […] Las condiciones de reclusión no son técnicas de interrogatorio, pero tienen un impacto en el detenido […] El DAV se ve normalmente reducido a un estado básico, dependiente, utilizando las […] técnicas específicas de condicionamiento para interrogatorio [desnudez, privación de sueño y manipulación de la dieta]”. Un informe filtrado enviado a las autoridades estadounidenses por el CICR sobre sus entrevistas con los 14 hombres trasladados de la custodia secreta de la CIA a Guantánamo en septiembre de 2006 aporta una realidad humana a la imagen trazada por la CIA: “El procedimiento de traslado está bastante estandarizado en la mayoría de los casos. Se fotografía al detenido, tanto vestido como desnudo, antes y después del traslado. Se realiza un registro de cavidades corporales (examen rectal), y algunos detenidos afirmaron que en ese momento les administraban también un supositorio (los detenidos desconocían el tipo y el efecto de dicho supositorio). Se pone al detenido un pañal y se le viste con un mono. Le ponen unos auriculares, por los que en ocasiones suena música. Le vendan los ojos con al menos un trapo atado alrededor de la cabeza y gafas negras […] Lo encadenan de manos y pies, lo transportan al aeropuerto por carretera y lo suben a un avión. Normalmente los trasladan sentados, un poco reclinados, con las manos encadenadas delante. Evidentemente, la duración del viaje variaba considerablemente, y oscilaba entre una hora y más de veinticuatro (hasta treinta) horas. Al detenido no le permitían ir al retrete y, si era necesario, se veía obligado a orinar o defecar en el pañal. En algunas ocasiones los trasladaban tumbados en el suelo del avión y/o con las manos esposadas a la espalda. Cuando los trasladaban en esa postura, los detenidos se quejaban de fuertes dolores e incomodidad extrema”. Informe del CICR sobre el trato a los catorce “detenidos de alto valor” bajo custodia de la CIA, Comité Internacional de la Cruz Roja, febrero de 2007, pág. 6.

11 En virtud del artículo 2.3 del PIDCP, “[t]oda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales”.

12 Véase el artículo 9.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

13 Memorando para las agencias del poder ejecutivo respecto a los informes de Estados Unidos relativos a los tratados de derechos humanos. De Harold Hongju Koh, asesor jurídico, Departamento de Estado de Estados Unidos, transmitido el 17 de diciembre de 2009, disponible en http://www.state.gov/documents/organization/137293.pdf

14 USA: Blocked at every turn: The absence of effective remedy for counter-terrorism abuses, 30 de noviembre de 2009, http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/120/2009/en

15 Entrevista con el Washington Times, 17 de diciembre de 2008.

16 Entrevista con Bob Schieffer, “Face the Nation”, CBS News, 10 de mayo de 2009.

17 Véase “‘I'd do it again’ former President Bush tells Grand Rapids crowd about waterboarding terrorists”, 2 de junio de 2010, http://www.mlive.com/news/grand-rapids/index.ssf/2010/06/id_do_it_again_former_presiden.html

18 George W. Bush, Decision points, Virgin Books, 2010, pág. 171.

19 Véase también, por ejemplo, la Observación General nº 20 (1992) al artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que prohíbe el uso de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (párr. 3: “El texto del artículo 7 no admite limitación alguna. El Comité reafirmó asimismo que, incluso en situaciones excepcionales como las mencionadas en el artículo 4 del Pacto, nada autoriza la suspensión de la cláusula del artículo 7, y las disposiciones de dicho artículo deben permanecer en vigor. Análogamente, el Comité observa que no se puede invocar justificación o circunstancia atenuante alguna como pretexto para violar el artículo 7 por cualesquiera razones, en particular las basadas en una orden recibida de un superior jerárquico o de una autoridad pública”.)

20 Directrices de la ONU sobre la Función de los Fiscales, aprobadas por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba) del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990, artículo 16.

21 En sus memorias, el ex presidente Bush confirma que George Tenet solicitó que se otorgara a la CIA autoridad “para matar o capturar a operativos de Al Qaeda sin pedir mi aprobación formal cada vez. Yo decidí conceder su petición”. Véase también, por ejemplo, el comunicado de prensa publicado por Amnistía Internacional el 8 de noviembre de 2002, Yemen/Estados Unidos: El gobierno no debe aprobar las ejecuciones extrajudiciales, http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR51/168/2002

22 ACLU et al v. Department of Defense et al, Orden, tribunal federal de primera instancia del Distrito Sur de Nueva York, 22 de octubre de 2010.

23 USA v. Ghailani, suplemento a la opinión sobre la moción del acusado para que se desestimen los cargos por presunta privación de un juicio rápido, tribunal federal de primera instancia del Distrito Sur de Nueva York, 12 de julio de 2010.

24 USA v. Ghailani, opinión, tribunal federal de primera instancia para el distrito sur de Nueva York, 6 de octubre de 2010.« Versión desclasificada publicada el 13 de octubre de 2010. En un documento presentado en el tribunal federal de primera instancia en el litigio basado en la Ley sobre la Libertad de Acceso a la Información, la CIA declaró que la directiva presidencial del 17 de septiembre de 2001 “no exponía qué métodos de interrogatorio podían utilizarse contra los detenidos” recluidos en virtud del programa de la CIA. Novena declaración de Marilyn A. Dorn, op. cit.

25 Ahmed Ghailani fue acusado de complicidad en los atentados con explosivos perpetrados en 1998 contra dos embajadas de Estados Unidos en África oriental en los que 224 personas murieron y muchas más resultaron heridas. El 17 de noviembre de 2010, un jurado lo declaró culpable de un cargo de conspiración y lo absolvió de todos los demás cargos a los que se enfrentaba. El 25 de enero de 2011, Ahmed Ghailani fue condenado a cadena perpetua. Véase La sentencia de Ghailani pone de manifiesto la necesidad de juicios justos para todos los detenidos de Guantánamo, 18 de noviembre de 2010, http://www.amnesty.org/es/for-media/press-releases/sentencia-de-ghailani-evidencia-necesidad-juicios-justos-20110-11-18, y USA: Shadow over justice: Absence of accountability and remedy casts shadow over opening of trial of former secret detainee accused in embassy bombings, 1 de octubre de 2010, http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/094/2010/en.

26 Convención de la ONU contra la Tortura, artículos 4, 6 y 7.

27 Convención de la ONU contra la Tortura, artículo 7.2.

28 La tortura también se define como una violación grave de los Convenios de Ginebra de 1949, lo que significa que la investigación y la transferencia para enjuiciamiento de todos los casos de tortura en situaciones de conflicto armado internacional son obligaciones expresas establecidas por esos tratados.

29 Asamblea General de la ONU, Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, res. 47/133 de 18 de diciembre de 1992, artículo 1; Comité de Derechos Humanos, El Hassy v. Libya (2007) doc. ONU CCPR/C/91/D/1422/2005, párr. 6.6.

30 Comité de Derechos Humanos, Observación General nº 31, La índole de la obligación jurídica general impuesta a los Estados Partes en el Pacto (2004), párr. 15 y 18.

31 Véase, por ej., Convenio IV de Ginebra de 1949, artículos 146-147; CICR, Estudio sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario, Volumen I: Normas (2005), pág. 315-319 (Norma 90), 340-343 (Norma 98), 574-575, 590 (Norma 156), 607-611 (Norma 158).

32 La declaración de la CIA entregada al juez Kaplan afirma que “en los primeros años del programa”, el uso de “técnicas de interrogatorio mejoradas” en detenidos específicos “requería la autorización del director del Centro Antiterrorista de la CIA”, mientras que “más tarde, esta autorización tenía que proceder del director de la CIA”. USA v. Ghailani, suplemento a la opinión sobre la moción del acusado para que se desestimen los cargos por presunta privación de un juicio rápido, tribunal federal de primera instancia del Distrito Sur de Nueva York, 12 de julio de 2010.

33 USA v. Ghailani, opinión, tribunal federal de primera instancia para el distrito sur de Nueva York, 10 de mayo de 2010.

34 USA v. Ghailani, opinión, tribunal federal de primera instancia para el distrito sur de Nueva York, 12 de julio de 2010 (véanse notas al pie 31 y 32). Al dictar la sentencia de Ahmed Ghailani el 25 de enero de 2011, el juez Kaplan dijo: “Este juicio no ha tenido en cuenta ninguna práctica cuestionable que pueda haber sido llevada a cabo por cualquier otra persona que no sea el acusado. Esto no debe tomarse como una aprobación de lo que nuestro gobierno pueda haber hecho al Sr. Ghailani. Pero ese es un asunto que debe examinarse en otro momento y otro lugar”. “Ghailani judge: civililan trials work”, CBS News, 30 de enero de 2011. Véase también “Ex-detainee gets life sentence in embassy blasts”, New York Times, 25 de enero de 2011.

35 Por ejemplo, USA v. Ghailani, suplemento a la opinión sobre la moción del acusado para que se desestimen los cargos por presunta privación de un juicio rápido, tribunal federal de primera instancia del Distrito Sur de Nueva York, 12 de julio de 2010 (“Ghailani no ha señalado nada que arroje dudas sobre la conclusión del gobierno, a la que la Corte da crédito, de que él proporcionó información útil durante los dos años enteros” que permaneció bajo custodia secreta de la CIA).

36 Véase, por ejemplo, Marc Thiessen, “The enduring appeal of trying terrorists by military commission”, Washington Post, 24 de noviembre de 2010. Con carácter más general, véase John Yoo, “The Ghailani verdict and the war on terror”, Wall Street Journal, 20 de noviembre de 2010. Senador de Estados Unidos Lindsey Graham, “The verdict in the trial of Ahmed Ghailani”, comunicado de prensa del senador Graham, 17 de noviembre de 2010. Congresista de Estados Unidos Pete King, “King statement on Ghailani verdict”, Oficina del Congresista King, 18 de noviembre de 2010. John B. Bellinger III, “A counterterrorism law in need of updating”, Washington Post, 26 de noviembre de 2010.

38 Como se expone más adelante, el derecho internacional prohíbe el uso, tanto en los tribunales como en otros tipos de procedimiento, de información obtenida mediante tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes; si se formula una denuncia creíble de tortura, es el Estado quien debe demostrar que la declaración no se obtuvo por esos medios. Véase el informe del relator especial de la ONU sobre la cuestión de la tortura. ONU A/61/259, párr. 44-65.

39 Véase In re: Guantánamo Bay detainee litigation. Orden sobre la gestión procesal del caso, tribunal federal de primera instancia del Distrito de Columbia, 6 de noviembre de 2008, enmendada por la orden del 16 de diciembre de 2008 (juez Hogan).

40 Anam v. Obama, orden, tribunal federal de primera instancia del Distrito de Columbia, 9 de septiembre de 2009.

41 Anam v. Obama, opinión, tribunal federal de primera instancia del Distrito de Columbia, 6 de enero de 2010. Para más información véase USA: Still failing human rights in the name of global ‘war’, 20 de enero de 2010, http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/006/2010/en »

42 Según el informe de apelación, tras ser presuntamente sometido a tortura y otros malos tratos por las autoridades paquistaníes, “Al Madhwani fue finalmente llevado a un despacho lleno de estadounidenses. Cuando le quitaron la venda de los ojos y la capucha, los estadounidenses vieron que sangraba abundantemente. Los estadounidenses tomaron la fotografía y las huellas de Al Madhwani. Luego lo interrogaron, y él admitió todo lo que se le preguntaba. Al Madhwani fue devuelto a los paquistaníes. Más tarde, los estadounidenses lo sometieron a una larga sesión de interrogatorio […] Bajo la coacción de los paquistaníes, Al Madhwani admitió todo lo que los estadounidenses querían que admitiera”. Tras cinco días bajo custodia paquistaní, Al Madwhani fue llevado en autobús al aeropuerto y “él y otros fueron entregados a los estadounidenses […] Al Madhwani fue enviado a la “Prisión oscura”, donde lo recibieron estadounidenses. Al-Madhwani v. Obama, informe del apelante Musa’ab Al Madhwani, ante la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia, 15 de noviembre de 2010.

43Al-Madhwani v. Obama, informe del apelante Musa’ab Al Madhwani, ante la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia, 15 de noviembre de 2010.

44 Íbid.

45 El juez Hogan decidió que las declaraciones incriminatorias realizadas por Al Madhwani ante el Tribunal de Revisión del Estatuto de Combatiente (CSRT, por sus siglas en inglés) en septiembre de 2004 y ante la Junta de Revisión Administrativa en diciembre de 2005 eran “fiables” y no estaban “contaminadas” por las “condiciones coercitivas” sufridas anteriormente. Desde entonces, Al Madhwani ha firmado una declaración en la que afirma que las sesiones ante el CSRT y ante la Junta de Revisión Administrativa le parecieron parte del proceso de interrogatorio. Por ejemplo, recuerda que en una ocasión “me transfirieron directamente de una entrevista para interrogatorio a una entrevista con el CSRT. Por eso, pensé que el procedimiento era simplemente una continuación de las entrevistas para interrogatorio”. También recuerda que un interrogador en particular al que tenía “mucho miedo” y que “ya había torturado a muchos detenidos, incluido yo”, le dijo que estaría observando la vista ante el CSRT; a Al Madhwani, según afirma, aquello le pareció una amenaza de castigo si se retractaba de lo que había dicho durante los interrogatorios. Musa’ab Al Madhwani señaló además que, durante las entrevistas con su “representante personal” –el militar estadounidense asignado para ayudarle en sus vistas ante el CSRT y la Junta de Revisión Administrativa––, “tenía los pies encadenados al suelo, lo que me recordaba a las sesiones de interrogatorio”. Durante las vistas en sí ante el CSRT y la Junta de Revisión Administrativa, continúa Al Madhwani, “estaba rodeado de individuos con uniforme militar. Había oficiales, altos mandos militares, y otros soldados. Me resultaba aterrador, especialmente tras las torturas a las que había sido sometido anteriormente a manos de agentes estadounidenses y de otras personas que trabajaban en la administración tanto de la Prisión Oscura de Bagram como de Guantánamo”. Anam v. Obama, suplemento del demandante Musa’ab Omar Al Madhwani a su moción sobre la norma 59.e y memorando de apoyo para que se reconsidere la opinión y orden de este tribunal de 6 de enero de 2010. Tribunal federal de primera instancia del Distrito de Columbia, 8 de marzo de 2010.

46 Al Madhwani v. Obama, informe para los demandados, tribunal federal de primera instancia del circuito del Distrito de Columbia, diciembre de 2010.

47 Para más información sobre el “programa del viajero frecuente”, véase USA: From ill-treatment to unfair trial. The case of Mohammed Jawad, child ‘enemy combatant’, agosto de 2008, http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/091/2008/en

48 Al Rabiah v. United States, Opinión, tribunal federal de primera instancia del Distrito de Columbia, 17 de septiembre de 2009.

49 USA v. Jawad, D-008, resolución sobre la moción de desestimación presentada por la defensa: tortura del detenido. Coronel del Ejército Estadounidense Stephen R. Henley, Juez Militar (comisión militar), 24 de septiembre de 2008.

50 Íbid.

51 Ibid.

52 USA v. Jawad, D-022, resolución sobre la moción presentada por la defensa para suprimir las declaraciones extrajudiciales del acusado ante las autoridades afganas, 28 de octubre de 2008.

53 Bacha (Jawad) v. Obama, orden, tribunal federal de primera instancia del Distrito de Columbia, 17 de julio de 2009.

54 Para más información, véase USA: From ill-treatment to unfair trial. The case of Mohammed Jawad, child ‘enemy combatant’, agosto de 2008, http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/091/2008/en; USA: Military judge hears allegations of ill-treatment of teenager at Bagram and Guantánamo, 14 de agosto de 2008, http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/094/2008/en; USA: Remedy and accountability still absent: Mohammed Jawad subjected to cruel and inhuman treatment in Guantánamo, military judge finds, 30 de septiembre de 2008. http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/109/2008/en; USA: Sounding a note of urgency: Judge loses patience over Guantánamo case; detention and interrogation policy Task Forces delay reports, 20 de julio de 2009, http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/084/2009/en; USA: Moving the goalposts, prolonging the detention: Mohammed Jawad no longer detained under AUMF, but still held, 26 de julio de 2009, http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/087/2009/en; USA: Judge orders Mohammed Jawad’s release from Guantánamo; administration still mulling trial, 30 de julio de 2009. http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/088/2009/en.

55 Hamdan v. Gates, orden, tribunal federal de primera instancia del Distrito de Columbia, 18 de julio de 2008.

56 USA v. Hamdan, D-029, resolución sobre la moción para suprimir las declaraciones basándose en prácticas coercitivas de interrogatorio, y D-044, moción para suprimir las declaraciones basándose en la Quinta Enmienda, 20 de julio de 2008. Capitán de la Armada Estadounidense Keith Allred, Juez Militar.

57 Véase Estados Unidos: Prueba y error. Reflexión sobre lo sucedido durante la primera semana del primer juicio ante una comisión militar que se celebra en Guantánamo. 30 de julio de 2008, http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR51/084/2008/es.

58 Hatim v. Obama, opinión, tribunal federal de primera instancia del Distrito de Columbia, 15 de diciembre de 2009.

59 Hatim v. Obama, informe para los demandados, tribunal federal de primera instancia del circuito del Distrito de Columbia, 12 de abril de 2010.

60 Se afirma que “Hatim fue amenazado y golpeado por sus carceleros paquistaníes, quienes le negaron la comida y el agua; que su experiencia fue una ‘pesadilla’; y que en una ocasión, mientras aún estaba bajo custodia paquistaní, soportó un ‘duro’ interrogatorio por parte de un agente estadounidense que le gritó, le chilló y le insultó. Durante ese interrogatorio estaba muy asustado”. De la sección no tachada de la nota al pie 19, Hatim v. Obama, informe para el apelante, tribunal federal de primera instancia del Circuito del Distrito de Columbia, 12 de mayo de 2010. El informe del gobierno dice que, durante el tiempo que pasó bajo custodia paquistaní, Hatim fue “interrogado por un grupo de agentes de inteligencia paquistaníes y estadounidenses”. Informe para el demandante, 12 de abril de 2010, op. cit.

61 Ahmed v. Obama, opinión, tribunal federal de primera instancia del Distrito de Columbia, 11 de mayo de 2009. La juez Kessler concedió la petición de hábeas corpus y ordenó al gobierno que pusiera en libertad a Alla Ali bin Ali Ahmed. Éste fue liberado en Yemen el 25 de septiembre de 2009.

62 Farhi Saeed bin Mohammed et al v. Barack H. Obama et al, opinión, tribunal federal de primera instancia del Distrito de Columbia, 19 de noviembre de 2009.

63 El 7 de diciembre de 2010, los abogados de los demandantes presentaron una petición a la Corte Suprema de Estados Unidos para que se hiciera cargo del caso. Mohamed et al v. USA, Jeppesen Dataplan, petición de auto de avocación ante la Corte Suprema de Estados Unidos, 7 de diciembre de 2010.

64 USA: Secrecy blocks accountability, again, 9 de septiembre de 2010, http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/081/2010/en. Véase también Se insta al Reino Unido a establecer la verdad de violaciones de derechos, 16 de noviembre de 2010, http://www.amnesty.org/es/for-media/press-releases/reino-unido-debe-establecer-verdad-violaciones-derechos-2010-11-16

65 El Masri v. Tenet, orden. Tribunal federal de primera instancia para el Distrito Este de Virginia, 12 de mayo de 2006.

66 En cables enviados de la embajada estadounidense en Madrid desde que el actual gobierno de Estados Unidos ocupó el poder, publicados por WikiLeaks, los intentos de los jueces españoles por invocar la jurisdicción universal contra ex altos cargos estadounidenses en relación con las denuncias de violaciones de derechos humanos contra detenidos recluidos en Guantánamo se describen como una “molestia para las relaciones bilaterales” (véase “Scenesetter for June 23-25 Washington visit by Spain’s Interior Minister”, 9 de junio de 2009, http://213.251.145.96/cable/2009/06/09MADRID614.html y “Scenesetter for DHS Sec Napolitano’s July 1 meetings in Madrid”, 26 de junio de 2009, http://213.251.145.96/cable/2009/06/09MADRID551.html). Según un cable anterior, en una reunión mantenida el 15 de abril de 2009 con la ministra española en funciones de Asuntos Exteriores en Madrid, el entonces senador estadounidense Mel Martinez y el encargado de negocios de la embajada estadounidense “subrayaron que los procesamientos no serían comprendidos ni aceptados en Estados Unidos y tendrían un enorme impacto en la relación bilateral” entre España y Estados Unidos. Los cables señalaban que el anuncio realizado por el fiscal general de España el 16 de abril de 2009 de que la Fiscalía no respaldaría la acusación del caso contra seis ex altos cargos estadounidenses (el ex fiscal general Alberto Gonzales; David Addington, ex jefe del Estado Mayor del vicepresidente Cheney; el ex asesor general del Pentágono William Haynes; el ex subsecretario de Defensa para política, Douglas Feith; el ex fiscal general adjunto Jay Bybee; y el ex vice fiscal general adjunto John Yoo) había venido precedido de un “intenso trabajo” del gobierno estadounidense (véase “Spain Attorney General recommends court not pursue GTMO criminal case vs. former USG officials”, 17 de abril de 2009, http://213.251.145.96/cable/2009/04/09MADRID392.html). Otro cable informa de que el fiscal general de España había señalado que “España no podría reclamar la jurisdicción en el caso si el gobierno estadounidense abriera su propia investigación, lo cual él realmente prefería como mejor opción y describía como ‘la única salida’ para el gobierno estadounidense” (véase “Spain: Prosecutor weighs GTMO criminal case vs. former USG officials”, 1 de abril de 2009, http://213.251.145.96/cable/2009/04/09MADRID347.html). El cable del 17 de abril añade que “tenemos intención de explorar con él más a fondo esta opción informalmente (preguntando qué formato, fechas, cuánta información necesitaría, etc.) aunque dejando claro que el gobierno estadounidense no ha tomado la decisión de seguir este curso de acción (véase http://213.251.145.96/cable/2009/04/09MADRID392.html). Véase asimismo “Supplemental Filing to 26 April 2010 Joint Expert Opinion”, 11 de diciembre de 2010, Centro de Derechos Constitucionales y Centro Europeo de Derechos Constitucionales y Humanos, http://www.ccrjustice.org/files/Spain%20Supplemental%20Final_English%20-%20EXHIBITS.pdf

67 “Al-Masri case – Chancellery aware of USG concerns”. 6 de febrero de 2007, http://213.251.145.96/cable/2007/02/07BERLIN242.html

68 El-Masri v. USA, Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito, 2 de marzo de 2007.

69 Maher Arar fue liberado de su detención en Siria y devuelto a Canadá el 5/6 de octubre de 2003. Un cable diplomático desclasificado de la embajada de Estados Unidos en Damasco al secretario de Estado estadounidense en Washington, DC, fechado el 9 de octubre de 2003 y publicado por las autoridades estadounidenses en virtud de la Ley sobre Libertad de Acceso a la Información en 2009, manifiesta que el caso de Maher Arar se había debatido en una reunión celebrada el 8 de octubre de 2003 entre funcionarios de la embajada estadounidense y el Ministerio de Asuntos Exteriores sirio en Damasco. “Poloff [agente de policía] preguntó a [tachado] los motivos de la liberación de Arar el 5 de octubre de 2003 . [Tachado] respondió que el SARG [gobierno sirio] había completado su investigación sobre Arar y no había encontrado ‘nada’. [Tachado] preguntó, no retóricamente, si Poloff pensaba que la manera en que el SARG había manejado el caso mejoraría la reputación de Siria en materia de derechos humanos.” (Según el cable, la embajada de Estados Unidos había solicitado la reunión con las autoridades sirias “para pedir la aportación del SARG al Informe sobre Derechos Humanos de 2003”, la evaluación anual sobre el historial de derechos humanos de otros países publicada por el Departamento de Estado estadounidense.) Pueden consultar el cable, en Syria: Human rights reform not possible in current environment, http://www.state.gov/documents/organization/133224.pdf

70 Arar v. Ashcroft et al. Memorándum y orden, tribunal federal de primera instancia para el distrito este de Nueva York, 16 de febrero de 2006.

71 Arar v. Ashcroft, vista ante el pleno del tribunal, Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, 2 de noviembre de 2009.

72 Íbid. Juez federal de primera instancia Pooler, al que se unen los jueces Calabresi, Sack y Parker, discrepantes.

73 Íbid. Juez federal de primera instancia Calabresi, al que se unen los jueces Pooler, Sack y Parker, discrepantes.

74 Juez federal de primera instancia Barrington D. Parker, al que se unen los jueces Calabresi, Pooler y Sack, discrepantes.

75 La falta de medidas para garantizar la rendición de cuentas y la reparación en el caso de Maher Arar en Estados Unidos contrasta fuertemente con lo sucedido en Canadá. En enero de 2004, el gobierno canadiense anunció el establecimiento de una comisión pública de investigación para examinar el papel desempeñado por las autoridades canadienses en su caso. La comisión, encabezada por un juez canadiense, emitió su informe en septiembre de 2006; en él identificaba numerosas formas en las que la negligencia y la actuación indebida de Canadá habían contribuido a que se violaran los derechos de Maher Arar. Cuatro años después, el gobierno canadiense sigue sin implementar muchos de los cambios políticos e institucionales propuestos por la comisión. Sin embargo, cuatro meses después de que la comisión publicara su informe, el gobierno canadiense emitió una disculpa oficial a Maher Arar y su familia y le otorgó una indemnización de 10,5 millones de dólares canadienses.

76 A review of the FBI’s involvement in and observations of detainee interrogations in Guantánamo Bay, Afghanistan and Iraq, Departamento de Justicia de Estados Unidos, Inspección General, octubre de 2009 (revisado) (en adelante, Informe de la Inspección General sobre el FBI). En los documentos judiciales y de otro tipo redactados en inglés, el nombre de este detenido se ha transcrito como Mohammedou Salahi y como Mohamedou Slahi.

77 Salahi v. Obama, informe para el demandado, Corte de Apelaciones del Circuito del DC, 9 de junio de 2010. El gobierno estadounidense nunca ha admitido públicamente que entregara a Mohamedou Ould Slahi a Jordania.

78 Ibid., véase también Estados Unidos: ¿Entrega – tortura – juicio? El caso del detenido de Guantánamo Mohamedou Ould Slahi, 20 de septiembre de 2006, http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR51/149/2006/es.

79 Salahi v. Obama, opinión, tribunal federal de primera instancia del Distrito de Columbia, 9 de abril de 2010.

80 Véase Inquiry into the treatment of detainees in US custody. Report of the Committee on Armed Services, Senado de Estados Unidos (en adelante, Informe del Senado sobre el Comité de Servicios Armados), 20 de noviembre de 2008, pág. 135-141. Véase también Informe de la Inspección General sobre el FBI, op. cit.

81 Las técnicas del plan especial de interrogatorio al parecer ya se estaban utilizando contra Slahi al menos un mes antes de que el secretario Rumsfeld las aprobara por escrito.

82 Informe del Senado sobre el Comité de Servicios Armados, op. cit., pág. 137.

83 Salahi v. Obama, informe para el demandado, Corte de Apelaciones del Circuito del DC, junio de 2010.

84 Véase, por ej., USA: Doctrine of pervasive ‘war’ continues to undermine human rights. A reflection on the ninth anniversary of the AUMF, 15 de septiembre de 2010, http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/085/2010/en

85 Salahi v. Obama, informe de respuesta para los demandantes, Corte de Apelaciones del Circuito del DC, junio de 2010.

86 Véase Estados Unidos:: ¿Entrega – tortura – juicio? Op. cit.

87 Salahi v. Obama, informe corregido para los demandantes, Corte de Apelaciones del Circuito del DC, mayo de 2010.

88 Convención de la ONU contra la Tortura, artículo 15; Comité de Derechos Humanos, Observación General nº 20 (1992), párr. 12, que concluye que esa misma obligación se deriva del artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Véase USA: Judge refuses to dismiss charges against former secret detainee, says remedy for torture or other abuses must be sought elsewhere, 13 de mayo de 2010, http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/040/2010/en.

89 Salahi v. Obama, Corte de Apelaciones del Distrito del DC, 5 de noviembre de 2010. En el momento de redactar este informe, había una “conferencia de estado” fijada para el 8 de diciembre de 2010 ante el juez Emmet Sullivan.

90 Además, los ejemplos que se ofrecen en este documento no son una enumeración detallada de los comentarios judiciales sobre las denuncias de tortura u otros malos tratos formuladas por detenidos de Guantánamo. Por ejemplo, en una resolución emitida en otro caso de Guantánamo en abril de 2010, el juez federal de primera instancia Henry Kennedy señaló las denuncias de tortura y otros malos tratos formuladas por el ciudadano yemení Yasein Mohammad Esmail, detenido en Guantánamo sin cargos ni juicio desde mayo de 2002. Aunque consideraba que algunas de las denuncias de abusos realizadas por este último eran “exageradas”, el juez Kennedy declaró que daba “crédito a los indicios de que Esmail fue maltratado” bajo custodia estadounidense en Afganistán. El juez Kennedy señaló que los abogados de Yasein Esmail habían “presentado documentos de una diversidad de fuentes que corroboran la práctica general de la tortura en los centros de detención estadounidenses de Bagram y Kandahar”, y que “las denuncias de Esmail y estas pruebas adicionales bastan para que la Corte dé crédito a la posibilidad de que, en algún momento durante su tiempo bajo custodia estadounidense, Esmail fuera maltratado”. Abdah et al v. Obama et al., opinión, tribunal federal de primera instancia del Distrito de Columbia, 8 de abril de 2010.

91 Zuhair v. Bush, petición de recurso de hábeas corpus y demanda de reparación judicial declaratoria y de amparo judicial, 19 de mayo de 2008; denegación de hechos en apoyo de la petición de recurso de hábeas corpus de Ahmed Zuhair, 31 de diciembre de 2008; declaración de Ahmed Zaid Salem Zuhair, presentada el 22 de mayo de 2009. Tribunal federal de primera instancia del Distrito de Columbia.

92 Zuhair v. Bush, declaración de Sa’d Iqbal Madani, presentada el 31 de diciembre de 2008, tribunal federal de primera instancia del Distrito de Columbia. Las actas indican que fue sometido al “programa del viajero frecuente” del 22 de diciembre de 2003 al 8 de mayo de 2004. Véase USA: From ill-treatment to unfair trial. The case of Mohammed Jawad, child ‘enemy combatant’, agosto de 2008, http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/091/2008/en, apéndice 2: “Detainees subjected to ‘frequent flyer program’”.

93 Carafas v. Lavallee, 391 U.S. 234 (1968).

94 In re: Petitioners seeking habeas corpus relief in relation to prior detentions at Guantánamo Bay. Opinión, 1 de abril de 2010.

95 Según sus abogados, nació en julio de 1987. El Pentágono había dado anteriormente como año de nacimiento 1986. La resolución del juez Leon señala que Mohammed el Gharani dejó Arabia Saudí, donde se había criado, en algún momento “en o hacia 2001”, cuando tenía 14 años.

96 Informe de la Inspección General sobre el FBI, op. cit.

97 Al Ginco v. Obama, orden, tribunal federal de primera instancia del Distrito de Columbia, 22 de junio de 2009.

98 Véase USA: Judge orders Guantánamo detainee released after seven and a half years in detention without charge, 24 de junio de 2009, http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/080/2009/en

99 Al Janko v. Gates et al, demanda por daños y perjuicios; demanda contra el jurado, tribunal federal de primera instancia del Distrito de Columbia, 5 de octubre de 2010.

100 Por ejemplo, la juez federal de primera instancia Gladys Kessler dijo hace casi dos años: “Los detenidos de la bahía de Guantánamo han esperado muchos largos años (algunos han esperado más de siete años) a que sus casos fueran escuchados por un juez para que la legalidad de su detención pudiera determinarse en un tribunal de justicia. Durante ese tiempo, ellos, como todos los prisioneros, han permanecido a merced de sus captores. Según todos los datos –los presentados en la información clasificada a la que la Corte ha tenido acceso, en declaraciones juradas aportadas por la defensa, y en informes de periodistas y grupos de derechos humanos–, sus condiciones de vida en la bahía de Guantánamo han sido duras. Ha habido varios episodios de protestas generalizadas por parte de los detenidos, y muchos de ellos han realizado huelgas de hambre tanto breves como muy largas (de 5 años y más). Muchos detenidos han denunciado tratos brutales, falta de atención médica, y largos periodos de reclusión en régimen de aislamiento. Según la información en poder de esta Corte, ninguna de estas denuncias, ni las negaciones del gobierno, han sido investigadas a fondo y sometidas al rigor de un examen cruzado en un tribunal público. Es posible que nunca lo sean”. Al-Adahi v. Obama, opinión, 10 de febrero de 2009. Véase, como información general, USA: Detainees continue to bear costs of delay and lack of remedy. Minimal judicial review for Guantánamo detainees 10 months after Boumediene, 9 de abril de 2009, http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/050/2009/en

101 Decision Points, op. cit., pág. 168-169.

102 “Detainee tortured, says US official”. Bob Woodward, Washington Post, 14 de enero de 2009. Véase también USA: Torture acknowledged, question of accountability remains, 14 de enero de 2009, http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/003/2009/en. USA: Where is the accountability? Health concern as charges against Mohamed al-Qahtani dismissed, 19 de mayo de 2008, http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/042/2008/en

103 Al-Qahtani v. Bush, petición de hábeas corpus, tribunal federal de primera instancia del Distrito de Columbia, 5 de octubre de 2005. Véase también “Un caso por el que hay que rendir cuentas: la tortura de Mohamed al-Qahtani”, en Estados Unidos de América: Memorando al gobierno de Estados Unidos sobre el informe del Comité contra la Tortura de la ONU y el cierre de Guantánamo, 21 de junio de 2006, http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR51/093/2006/es

104 Véanse por ejemplo –además de las disposiciones correspondientes de la Convención de la ONU contra la Tortura y el PIDCP, y de los Principios Básicos sobre Reparación– los Principios de la ONU Relativos a la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. (“Entre los objetivos de la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes […] se encuentran los siguientes: a) Aclarar los hechos y establecer y reconocer la responsabilidad de las personas o los Estados ante las víctimas y sus familias; b) Determinar las medidas necesarias para impedir que se repitan estos actos; c) Facilitar el procesamiento y, cuando convenga, el castigo mediante sanciones disciplinarias de las personas cuya responsabilidad se haya determinado en la investigación, y demostrar la necesidad de que el Estado ofrezca plena reparación, incluida una indemnización financiera justa y adecuada, así como los medios para obtener atención médica y rehabilitación.”)

105 Comisión militar, USA v. Al Darbi, P-O12, respuesta de la defensa a la moción de una reparación adecuada (aplazamiento de 120 días), 30 de enero de 2009.

106 In re. Guantánamo Bay detainee litigation. Al Darbi v. Obama, oposición del demandante Al Darbi a la moción de los demandados para que se desestime la petición de hábeas corpus sin perjuicio de los derechos del demandante o que, alternativamente, se mantenga la petición en suspenso hasta que se completen los procedimientos ante la comisión militar. Tribunal federal de primera instancia del Distrito de Columbia, 18 de febrero de 2009.

107 Al Darbi v. Obama, opinión y orden, tribunal federal de primera instancia del Distrito de Columbia, 22 de diciembre de 2009.

108 “[D]esde diciembre de 2002, los interrogadores de Afganistán quitaban a los detenidos la ropa, los aislaban durante periodos prolongados, utilizaban posturas en tensión, explotaban el temor a los perros y utilizaban la privación del sueño y la luz.” Informe AR 15-6 de la investigación sobre las actividades de inteligencia en Abu Ghraib, 2004, pág. 29. Amnistía Internacional cree que los detenidos bajo custodia estadounidense en Afganistán eran sometidos a tortura u otros malos tratos antes de diciembre de 2002 (tal como indica el comentario sobre la privación del sueño realizado en la reunión del 2 de octubre de 2002 mencionado más arriba en el texto).

109 Informe de la Inspección General sobre el FBI, op. cit. En su declaración de 2009, Al Darbi manifestaba que, en Bagram, “agentes estadounidenses” lo amenazaron con enviarlo a “cárceles israelíes, egipcias o afganas para que me torturaran y violaran”.

110 Actas de la reunión de estrategia contra la resistencia, 2 de octubre de 2002. Las citas son paráfrasis.

111 En su declaración de julio de 2009, Ahmed al Darbi manifestó: “Cuando estaba en el calabozo colectivo [de Bagram], un prisionero afgano llamado Dilawar estaba encadenado, y colgado, en la jaula contigua a mi calabozo. Recuerdo que esa era la misma jaula en la que me tuvieron colgado a mí. Recuerdo que Dilawar estuvo colgado, encapuchado, durante dos días, y gritaba y gemía […] Luego llegó el siguiente turno de guardias. Le ordenaron que dejara de gritar. Luego trajeron una cadena más corta y la utilizaron para colgarlo, totalmente suspendido en el aire, por las muñecas. Dilawar movió el cuerpo levemente y entonces los guardias empezaron a golpearle. Al principio lo golpeaban dos guardias, dándole rodillazos en las piernas y puñetazos en el pecho mientras estaba colgado en la jaula. Luego lo sacaron al pasillo, fuera de la jaula, y varios guardias lo golpearon. Para entonces, Dilawar había dejado de moverse o quejarse. Presencié todo lo sucedido. Luego se llevaron a Dilawar a algún lugar fuera de mi vista. Días después, oí que había muerto. Eso me hizo temer que yo pudiera correr la misma suerte”.

112 US v. Corsetti, estipulación de hechos, consejo de guerra general de Estados Unidos, sistema judicial del ejército estadounidense, Tercer Circuito Judicial, 30 de mayo de 2006.

113 R: “Una vez hicimos un interrogatorio a un ‘detenido fantasma’” […] P: ¿Quién era Omar al Faruq? R: Era el detenido fantasma al que me referí anteriormente”. Declaración jurada de Selena Marie Salcedo, Brigada de Inteligencia Militar 525, 15 de septiembre de 2005. Según los informes, Omar al Faruq fue detenido en Indonesia por las autoridades indonesias en junio de 2002, entregado a Estados Unidos y sometido al programa de entrega y reclusión secreta de la CIA en la base aérea de Bagram. Véase, “Questioning terror suspects in a dark and surreal world”, New York Times, 9 de marzo de 2003, citando un “agente de inteligencia occidental” que describía el trato infligido en Bagram a Omar al Faruq como “no exactamente tortura, pero lo más cerca que puedes llegar”. Ese agente informó de que, durante un periodo de tres meses, a Al Faruq lo “alimentaron muy poco, mientras lo sometían a privación del sueño y de la luz, aislamiento prolongado y temperaturas que oscilaban entre los 100 grados [38 grados centígrados] y los 10 grados [menos 12 grados centígrados]”. Los documentos clasificados presentados ante el juez militar que supervisaba el consejo de guerra del soldado Corsetti hacen referencia “a las circunstancias en torno a la fuga de [Omar] al Faruq de la custodia estadounidense”. US v. Corsetti. Conclusión de hechos esenciales, conclusiones de derecho y resolución sobre la moción de nulidad de la defensa, 11 de mayo de 2006. Según los informes, la presunta fuga de Omar al Faruq de Bagram tuvo lugar en julio de 2005. En la causa Corsetti, el gobierno reconoció que Omar al Faruq había estado detenido en Bagram “hasta el 20 de septiembre de 2002” y “nunca regresó” al centro de detención “en ningún momento pertinente a este caso”. US v. Corsetti, estipulación de hechos, 30 de mayo de 2006, op. cit.

114 Sulayman v. Obama, opinión, tribunal federal de primera instancia del Distrito de Columbia, 20 de julio de 2010.

115 Sabry al Qurashi había denunciado que, mientras estuvo bajo custodia estadounidense en Kandahar, le habían, entre otras cosas, amenazado con perros, desnudado y dejado al raso, con bajas temperaturas, y le habían apuntado con un arma a la cabeza mientras le amenazaban con pegarle un tiro si no “confesaba ser parte importante de Al Qaeda”. Asimismo denunció que, en Guantánamo, lo habían sometido a frío extremo (mediante el uso de agua y aire acondicionado) mientras lo mantenían recluido en régimen de aislamiento.

116 Al-Qurashi v. Obama, opinión y orden, tribunal federal de primera instancia del Distrito de Columbia, 3 de agosto de 2010.

117 Farhi Saeed bin Mohammed v. Barack Obama, informe de los demandados en respuesta a la orden del tribunal de 4 de septiembre de 2009, tribunal federal de primera instancia del Distrito de Columbia, 28 de septiembre de 2009.

118 La acusación de Ahmed Ghailani la llevaban los fiscales de la fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York. El actual fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York es Preet Bharara.

119 Directrices de la ONU sobre la Función de los Fiscales, artículo 16.

120 Véase también el principio 7 del Conjunto de Principios de la ONU para la Protección de Todas las Personas Sometidas a cualquier Forma de Detención o Prisión, adoptado por la resolución 43/173 de la Asamblea General, de 9 de diciembre de 1988 (“Los funcionarios que tengan razones para creer que se ha producido o está por producirse una violación del presente Conjunto de Principios comunicarán la cuestión a sus superiores y, cuando sea necesario, a las autoridades u órganos competentes que tengan atribuciones fiscalizadoras o correctivas”).

121 La dependencia del Departamento de Justicia encargada de representar la postura del gobierno en los litigios de hábeas corpus de Guantánamo es la División Civil. El actual director de la División Civil es el fiscal general adjunto Tony West, designado como candidato por el presidente Obama el 22 de enero de 2009 y confirmado por el Senado de Estados Unidos el 20 de abril de 2009.

122 Véase Estados Unidos: La promesa de un cambio real. Las órdenes ejecutivas del presidente Obama sobre detenciones e interrogatorios, 30 de enero de 2009, http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR51/015/2009/es; USA: Torture in black and white, but impunity continues: Department of Justice releases interrogation memorandums, 16 de abril de 2009, http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/055/2009/en

123 Informe del CICR sobre el trato a los catorce “detenidos de alto valor” bajo custodia de la CIA, Comité Internacional de la Cruz Roja, febrero de 2007, pág. 6. Este informe filtrado está disponible en: http://www.nybooks.com/media/doc/2010/04/22/icrc-report.pdf.

124 ALCU v. Department of Defense, Central Intelligence Agency. Informe para los demandados, Corte de Apelaciones del Circuito del DC, marzo de 2010.

125 Véase “A little knowledge is a dangerous thing”, en el apéndice 1 de USA: Detainees continue to bear costs of delay and lack of remedy. Minimal judicial review for Guantánamo detainees 10 months after Boumediene, 9 de abril de 2009, http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/050/2009/en

126 Véase, por ej., ACLU et al v. Department of Defense et al. Sexta declaración de Marilyn A. Dorn, agente de revisión de la información, CIA, tribunal federal de primera instancia del distrito sur de Nueva York, 5 de enero de 2007 (“cabe esperar que [la revelación de la información] perjudique las relaciones exteriores y las actividades de Estados Unidos en el extranjero al minar la relación de cooperación que Estados Unidos ha establecido con sus socios críticos en la guerra global contra el terrorismo”), y declaración de Leon A. Panetta, director de la CIA, 8 de junio de 2009 (la revelación de la información “desvelaría la ubicación de centros encubiertos de la CIA y la identidad de los países extranjeros que colaboran con la CIA en operaciones antiterroristas”).

127 Convención de la ONU contra la Tortura, artículos 6 y 7.

    1. 128 Véase Amnistía Internacional, Las condenas en el caso de “entrega” de Abu Omar, positivas para la rendición de cuentas, 5 de noviembre de 2009, http://www.amnesty.org/es/news-and-updates/convictions-abu-omar-rendition-case-step-toward-accountability-20091105. Véase también Amnistía Internacional, Italia obstaculiza el juicio de los agentes de inteligencia implicados en el caso Abu Omar, 16 de diciembre de 2010, http://www.amnesty.org/es/news-and-updates/italia-obstaculiza-juicio-agentes-inteligencia-caso-Abu-Omar-2010-12-16.

129 Abdah et al. v. Obama et al, tribunal federal de primera instancia del Distrito de Columbia, 24 de febrero de 2010.

130 Emiratos Árabes Unidos ha estado implicado en el programa de detención secreta de la CIA en otros lugares. En octubre de 2002, Abdelrahim Hussein Abdul Nashiri fue detenido en Dubai. Estuvo recluido y fue interrogado durante varias semanas por las autoridades de Dubai antes de ser entregado a la custodia de Estados Unidos el 15 de noviembre de 2002 y ser conducido a un centro secreto de la CIA en un lugar no confirmado. Tras casi cuatro años bajo custodia secreta de la CIA –tiempo en el cual fue torturado–, ‘Abd al Nashiri fue trasladado a Guantánamo, donde permanece en la actualidad.

131 Carta a Melissa Goodman, abogada del Proyecto de Seguridad Nacional, Unión Estadounidense para la Defensa de las Libertades Civiles, de Delores Nelson, coordinadora de Información y Privacidad, Agencia Central de Inteligencia, 13 de mayo de 2009.

132 ACLU et al v. US Department of Defense et al, declaración de Wendy M. Hilton, agente de revisión de la información, CIA, tribunal federal de primera instancia del distrito sur de Nueva York, 29 de enero de 2010, y declaración suplementaria de Wendy M. Hilton, 8 de abril de 2010.

133 Íbid.

134 ACLU et al v. Department of Defense et al. Memorando y orden. Tribunal federal de primera instancia del distrito sur de Nueva York, 22 de octubre de 2010.

135 Consejo de Derechos Humanos, Resolución 9/11. El derecho a la verdad (18 de septiembre de 2008).

136 Asamblea General de la ONU, Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, adoptados mediante la resolución 60/147 de la Asamblea General, de 16 de diciembre de 2005, artículo 22.b (“Principios Básicos de la ONU sobre Reparación”).

137 En virtud de una nueva política emitida por el fiscal general Holder en septiembre de 2009, “si el Fiscal General concluye que sería adecuado defender la invocación del privilegio [del secreto de Estado] en un caso, y que la invocación de dicho privilegio impide la concesión de demandas particulares, pero el caso suscita denuncias creíbles de conducta indebida del gobierno, el Departamento [de Justicia] remitirá esas denuncias a la Inspección General del departamento o agencia correspondiente para su ulterior investigación, y notificará sin demora esa remisión a la dirección del departamento o agencia en cuestión”. Memorandum for Heads of Executive Departments and Agencies. Policies and procedures governing invocation of the state secrets privilege, 23 de septiembre de 2009, §4.C, http://www.justice.gov/opa/documents/state-secret-privileges.pdf. Amnistía Internacional no tiene noticia de que se hayan remitido los casos de Khaled el Masri o la demanda Jeppesen (véase supra), en los que existen pruebas de que Estados Unidos ha cometido delitos de derecho internacional.

138 USA v. Ghailani, suplemento a la opinión sobre la moción del acusado para que se desestimen los cargos por presunta privación de un juicio rápido, tribunal federal de primera instancia del Distrito Sur de Nueva York, 12 de julio de 2010.

139 USA v. Ghailani, opinión, tribunal federal de primera instancia para el distrito sur de Nueva York, 12 de julio de 2010.

140 USA v. Ghailani. Declaración jurada de Ahmed Khalfan Ghailani, Nueva York, 27 de abril de 2010.

141 Véase USA v. Ghailani, memorando de derecho en oposición a la moción del acusado Ahmed Khalfan Ghailani para que se desestime la acusación debido a la negación de su derecho constitucional a un juicio rápido, tribunal federal de primera instancia del Distrito Sur de Nueva York, diciembre de 2009.

142 Íbid.

143 USA v. Ghailani, memorando de derecho presentado por el gobierno en respuesta a la moción del acusado Ahmed Khalfan Ghailani para que se desestime la acusación en base a la conducta indignante del gobierno, tribunal federal de primera instancia del Distrito de Nueva York, 23 de abril de 2010.

144 Presidente Barack Obama, discurso del Estado de la Unión, 25 de enero de 2011, http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/01/25/remarks-president-state-union-address

145 En sus memorias, el ex presidente George W. Bush afirma que “había pedido a las máximas autoridades jurídicas del gobierno estadounidense que examinaran los métodos de interrogatorio, y ellos me habían asegurado que no constituían tortura”. Decision Points, op. cit., pág. 171. Véase también Jack Goldsmith, The Terror Presidency, op. cit., pág. 146 (“El objetivo del gobierno era llegar justo hasta el límite de lo que la ley [de Estados Unidos] sobre la tortura prohibía, explotar cada laguna imaginable […]”).

146 Véase, por ejemplo, la Observación general nº 31 (2004) del Comité de Derechos Humanos, relativa a la índole de la obligación jurídica general impuesta a los Estados Partes en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (“Al igual que sucede con la insuficiencia a la investigación, la falta de sometimiento a la justicia de los autores de esas violaciones podía de por sí constituir una violación separada del Pacto. Esas obligaciones surgen, en particular, con respecto a las violaciones reconocidas como delictivas con arreglo al derecho interno o al derecho internacional, como la tortura o los tratos crueles, inhumanos o degradantes similares (art. 7), la ejecución sumaria y arbitraria (art. 6) y la desaparición forzosa (artículos 7 y 9 y, frecuentemente, 6) […] En consecuencia, cuando funcionarios públicos o agentes del Estado han cometido violaciones de los derechos del Pacto a que se hace referencia en el presente párrafo, los Estados Partes no pueden eximir a los autores de su responsabilidad personal, como ha ocurrido con determinadas amnistías […] y las inmunidades e indemnizaciones jurídicas anteriores. Además, ninguna posición oficial justifica que personas que pueden ser acusadas de responsabilidad por esas violaciones queden inmunes de responsabilidad jurídica.”) El Comité de Derechos Humanos también ha subrayado que toda persona que viole el artículo 7 del PIDCP, “ya sea alentando, ordenando o perpetrando actos prohibidos”, debe rendir cuentas de sus actos: Observación general nº 20 (1992), párr. 13.

147 US human rights commitments and pledges, Oficina de Asuntos relativos a Organizaciones Internacionales, Departamento de Estado de Estados Unidos, 27 de abril de 2009, http://www.state.gov/documents/organization/121976.pdf

148 Response of the United States of America to Recommendations of the United Nations Human Rights Council, Harold Hongju Koh, asesor jurídico del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ginebra, Suiza, 9 de noviembre de 2010, http://www.state.gov/s/l/releases/remarks/150677.htm

149 Véase USA: Another door closes on accountability. US Justice Department says no prosecutions for CIA destruction of interrogation tapes, 10 de noviembre de 2010, http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/104/2010/en

150 Sri Lanka war crimes accountability, the Tamil perspective. Cable con fecha de 15 de enero de 2010, http://213.251.145.96/cable/2010/01/10COLOMBO32.html

151 Véase Europe: Open secret: Mounting evidence of Europe's complicity in rendition and secret detention, 15 de noviembre de 2010, http://www.amnesty.org/en/library/info/EUR01/023/2010/en

152 Comentarios ante la sesión de alto nivel del Consejo de Derechos Humanos, Esther Brimmer, secretaria adjunta, Oficina de Asuntos relativos a Organizaciones Internacionales, Departamento de Estado de Estados Unidos, 14 de septiembre de 2009.

153 Diálogo interactivo sobre el examen periódico universal de Estados Unidos: Declaración de apertura de la delegación estadounidense. Esther Brimmer, secretaria adjunta, Oficina de Asuntos relativos a Organizaciones Internacionales, Departamento de Estado de Estados Unidos, 5 de noviembre de 2010, http://www.state.gov/p/io/rm/2010/150485.htm

































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