Document - USA: Human rights, the missing ingredient for closing Guantánamo

Thirty-five years after the US Supreme Court gave the green light for executions to resume in the USA after nearly a decade without them, the death penalty has been bordering on the shambolic

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Índice: AMR 51/001/2013

8 de enero de 2013

Estados Unidos: Derechos humanos, �el ingrediente que falta para cerrar Guantánamo

Que Estados Unidos haya incumplido la promesa hecha por el presidente Barack Obama en su primer mandato de cerrar el centro de detención de Guantánamo es el resultado predecible de haber incumplido sus obligaciones internacionales jurídicamente vinculantes en materia de derechos humanos, o de no haber reconocido siquiera la existencia de tales obligaciones en este contexto.

En vez de estar celebrando este mes el tercer aniversario del cierre de Guantánamo, que es lo que habría pasado si se hubiera cumplido la promesa del presidente, las detenciones van a entrar en el 12º año y todavía hay 166 hombres recluidos, la mayoría sin cargos, de los cuales 6 se enfrentan a posibles condenas a muerte impuestas en juicios sin garantías ante comisiones militares.

Si no se adopta un cambio profundo y genuino de enfoque que aplique el derecho y los principios internacionales de derechos humanos, las detenciones de Guantánamo o una versión de ellas en otro lugar seguirán formando parte del paisaje jurídico de Estados Unidos durante el segundo mandato del presidente Obama, y más allá. Lo mismo ocurre con la ausencia continuada de rendición de cuentas y remedios por las violaciones de derechos humanos cometidas en el ámbito de la lucha antiterrorista.

En las últimas semanas, las instancias oficiales han invertido mucha energía en impedir que Estados Unidos se hunda en el llamado “abismo fiscal”, pero apenas han prestado atención, por no decir ninguna, al hecho de que el país cayera en un “abismo de derechos humanos” hace un decenio y que todavía no esté donde debe estar.

La afirmación recurrente de que Estados Unidos se cimenta en elevados principios de derechos humanos no se sostiene ante la realidad de las detenciones de Guantánamo, los juicios por comisión militar o la falta de rendición de cuentas y remedios por abusos cometidos en el pasado por personal estadounidense, como los actos de tortura y desaparición forzada, constitutivos de crímenes de derecho internacional.

Los principios internacionales de derechos humanos sucumbieron víctimas de lo que el gobierno de George W. Bush denominó la “guerra contra el terror” tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. La tortura, las detenciones secretas, las detenciones arbitrarias y las transferencias secretas de detenidos fueron algunas de las violaciones de derechos humanos que se sucedieron a continuación.

Aunque el presidente Obama puso fin a las técnicas de interrogatorio “mejoradas” empleadas por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y a las detenciones secretas prolongadas en centros conocidos como “lugares negros”, adoptó el paradigma de “guerra global” de su predecesor y aceptó la detención indefinida en virtud de este marco. Prometió que su gobierno cerraría el centro de detención de Guantánamo, pero, al no haber un marco de derechos humanos, , incluso aunque se hubiera logrado el objetivo de cerrar Guantánamo, simplemente se habría trasladado a otro lugar el régimen de detención indefinida de decenas de personas, en vez de ponerle fin.

Por otra parte, la aceptación general del paradigma de “guerra global” en los tres poderes del Estado federal estadounidense, la protección de funcionarios mediante disposiciones de inmunidad y el recurso continuado a la confidencialidad han contribuido a que tales poderes “del mismo rango” colaboren eficazmente para bloquear la rendición de cuentas y los remedios por los abusos cometidos en Guantánamo, tanto en los programas secretos de detención y entrega de la CIA como en otros ámbitos.

El gobierno de Obama ha echado la culpa de que no se haya cerrado el centro de detención de Guantánamo al Congreso, que en efecto se ha movilizado en repetidas ocasiones para poner obstáculos a los intentos de que Estados Unidos cumpla sus obligaciones de derechos humanos en este contexto. Las últimas medidas de bloqueo llegan en forma de disposiciones de la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA), que el presidente Obama ha firmado el 2 de enero de 2013 pese a expresar su oposición, al igual que hizo el año pasado al firmar la NDAA de 2012.

Sin embargo, el derecho internacional no acepta que un poder del Estado eche la culpa a otro por el incumplimiento de las obligaciones de derechos humanos del país. Cada uno de los poderes debe cumplir estas obligaciones.

En esta coyuntura, adoptar un enfoque de derechos humanos –donde los tres poderes del Estado deben colaborar, no bloquear– significa abandonar los juicios ante comisiones militares en favor de juicios con las debidas garantías ante tribunales civiles ordinarios, dejar en libertad a los detenidos que Estados Unidos no tiene intención de procesar –en territorio estadounidense o en otro lugar seguro– y garantizar plena rendición de cuentas y acceso a remedios por las violaciones de derechos humanos. Asimismo, las autoridades estadounidenses deben abstenerse de imponer la pena de muerte a ninguna persona, con independencia de la instancia ante la cual sea juzgada.

Cuando tomó posesión de su cargo por primera vez, el presidente Obama se comprometió a resolver el problema de las detenciones de Guantánamo y a cerrar el centro de detención estadounidense en Cuba antes del 22 de enero de 2010. Ese mes, el gobierno anunció que 48 de los detenidos de Guantánamo no podían ser procesados ni liberados, sino que debían permanecer en detención militar indefinida sin cargos ni juicio penal en virtud de la interpretación unilateral y viciada que hacía Estados Unidos de las leyes de la guerra. El gobierno también impuso una suspensión de la repatriación de detenidos yemeníes, que constituyen casi la mitad de los detenidos de Guantánamo.

La muerte reciente de un detenido yemení –por suicidio, según la información recibida– que llevaba más de 10 años en detención indefinida sin cargos ni juicio ha servido de recordatorio de la crueldad de este régimen de detención.

En los 11 años de detenciones en Guantánamo, 7 de los casi 800 hombres que han estado recluidos en la base han sido condenados por una comisión militar, 5 como resultado de acuerdos previos al juicio en los que se declararon culpables a cambio de la posibilidad de salir del centro de detención. De ellos, 4 han sido repatriados. Sólo un detenido de Guantánamo ha sido transferido a un tribunal federal de la jurisdicción civil ordinaria de Estados Unidos para ser juzgado. Actualmente cumple una condena de cadena perpetua.

Hay 6 detenidos susceptibles de recibir una condena a muerte tras haber sido juzgados por una comisión militar que no cumple las normas internacionales sobre garantías procesales. Los 6 acusados permanecieron bajo custodia secreta de la CIA antes de ser trasladados a Guantánamo a principios de septiembre de 2006. Todos fueron sometidos a desaparición forzada por Estados Unidos, crimen de derecho internacional por el que nadie ha comparecido ante la justicia. Al menos a 2 de estos detenidos se les aplicó una técnica de tortura conocida como water boarding, que es efectivamente un simulacro de ejecución mediante un ahogamiento interrumpido. De nuevo, nadie ha sido llevado ante la justicia por la tortura y otros malos tratos infligidos a estos hombres y a otros recluidos en el marco del programa de la CIA.

A lo largo de este mes está previsto que se celebren nuevas actuaciones preliminares en la causa de los 5 acusados del “11 de septiembre” (el 7 de enero se aplazó una vista preliminar prevista para mediados de enero en la causa del sexto acusado). Las autoridades estadounidenses siguen clasificando como altamente confidencial la información sobre dónde estuvieron recluidos los detenidos bajo custodia de la CIA y qué trato recibieron. El mes pasado, el juez militar que presidía el juicio contra los 5 hombres acusados de participar en los atentados del 11 de septiembre emitió una medida cautelar para impedir la divulgación de tales datos durante el juicio, supuestamente por motivos de seguridad nacional.

No debe ocultarse nunca ni a las víctimas ni a la opinión pública información relativa a violaciones graves de derechos humanos o del derecho internacional humanitario por motivos de seguridad nacional.

El respeto y el cumplimiento del derecho y los principios de derechos humanos son los ingredientes que faltaban en el esfuerzo del gobierno de Obama de poner fin a las detenciones de Guantánamo antes del 22 de enero de 2010 o durante el resto de su mandato. Esto es lo que debe cambiar en el segundo mandato del presidente Obama, cuyo comienzo está previsto para el 21 de enero de 2013, 10 días después del 11º aniversario del inicio de estas tristemente conocidas detenciones en la base naval.

MÁS INFORMACIÓN

Truth, justice and the American way? http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/099/2012/en

Guantánamo: A decade of damage to human rights, http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/103/2011/en

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