Document - USA: A life in the balance - the case of Mumia Abu-Jamal

[FECHA DE PUBLICACIÓN: 17 de febrero del 2000]Público


Amnistía Internacional



ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Mumia Abu-Jamal: Una vida en juego




Febrero del 2000RESUMENÍNDICE AI: AMR 51/01/00/s


DISTR: SC/CC/CO/GR (04/00)



La declaración de culpabilidad y condena a muerte dictada contra Mumia Abu-Jamal ilustra muchos de los motivos de preocupación que Amnistía Internacional lleva planteando desde hace tiempo en relación con la aplicación de la pena capital en Estados Unidos. Aparte de oponerse incondicionalmente a la pena de muerte, la organización considera que su caso plantea serias dudas si se analiza a la luz de las normas internacionales que regulan la aplicación de la pena de muerte en el grupo cada vez más reducido de países que siguen recurriendo al homicidio judicial.


Muchas de las personas condenadas a muerte en Estados Unidos fueron condenadas en procesos que vulneraron las normas internacionales. Estas normas pretenden garantizar las más estrictas salvaguardias en aquellos países en los que se aplica esta pena irrevocable. Posiblemente el indicio más rotundo sobre el incumplimiento persistente de tales salvaguardias por Estados Unidos es el número de personas que han sido condenadas erróneamente en causas por delitos punibles con la muerte. Entre 1973 y 1999, 84 personas condenadas a muerte en tribunales estadounidenses quedaron posteriormente en libertad una vez que aparecieron pruebas sobre su inocencia, ocho de ellas solamente en 1999. Otros fueron ejecutados a pesar de que existían dudas sobre su culpabilidad. Ya no puede argumentarse, si pudo hacerse alguna vez, que el sistema de justicia penal estadounidense garantiza que no se producirán errores con consecuencias fatales en la aplicación de la pena capital. Si bien Amnistía Internacional no está en condiciones de adoptar postura alguna sobre si Mumia Abu-Jamal es culpable o inocente del delito por el que fue condenado a muerte, la organización ve con honda preocupación esta causa, de marcado carácter político, y cree que, en aras de la justicia, Mumia Abu-Jamal debe ser sometido a un nuevo juicio que excluya la posibilidad de una nueva condena a muerte.


Entre los motivos de preocupación de Amnistía Internacional están la deficiente defensa con la que contó Mumia Abu-Jamal en su juicio de 1982; el hecho de que el juez estuviera aparentemente mucho más preocupado por agilizar el juicio que por garantizar que se administrara justicia con imparcialidad y con las debidas garantías, la politización del proceso judicial y la posible parcialidad de los tribunales de apelación.


En este informe se analiza exhaustivamente el juicio de Mumia Abu-Jamal, incluso el contexto general y el ambiente imperante en la ciudad de Filadelfia en 1982, así como las posibles influencias políticas que pueden haber impedido hasta la fecha que los recursos presentados por Abu-Jamal se vieran imparcialmente y con las debidas garantías.


Los tribunales del estado de Pensilvania han desestimado las apelaciones de Mumia Abu-Jamal, que actualmente se encuentran ante la Corte Federal de Apelación del Tercer Circuito. Los tribunales federales de apelación representan la última oportunidad de Abu-Jamal para que se aborden y corrijan muchas de las cuestiones más preocupantes de esta causa. Sin embargo, la Ley Antiterrorista y de Pena de Muerte Efectiva de 1996 limita gravemente la capacidad de los tribunales federales de garantizar que en los procesos judiciales seguidos en los estados se respetan los derechos de los acusados consagrados en la Constitución de Estados Unidos y en las normas internacionales de derechos humanos. Amnistía Internacional ha optado por publicar este informe ahora, cuando la vida de Abu-Jamal está en juego.


Si bien Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte, la organización en modo alguno pretende minimizar o tolerar los delitos por los que fueron declaradas culpables las personas condenadas a muerte y ejecutadas. Amnistía Internacional tampoco pretende restar importancia al terrible sufrimiento padecido por las familias de víctimas de la violencia, como la familia del agente Daniel Faulkner.









Este texto resume el documento titulado Estados Unidos de América. Mumia Abu-Jamal: Una vida en juego (Índice AI: AMR 51/01/00/s), publicado por Amnistía Internacional en febrero del 2000. Si desean más información o emprender acciones al respecto, consulten el documento completo. En http://www.amnesty.org se puede acceder a un gran número de nuestros documentos sobre éste y otros asuntos y pueden recibir los comunicados de prensa de Amnistía Internacional por correo electrónico solicitándolos en http://www.amnesty.org/news/emailnws.htm. Para los documentos traducidos al español, consulten la sección «centro de documentación» de las páginas web de EDAI en: http//www.edai.org/centro/



SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 0DW,REINO UNIDO


TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA

[FECHA DE PUBLICACIÓN: 17 de febrero del 2000]Público


Amnistía Internacional



ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA


Mumia Abu-Jamal:

Una vida en juego

CAMPAÑA CONTRA LA PENA DE MUERTE EN ESTADOS UNIDOS



Este documento forma parte de la serie de informes que Amnistía Internacional ha publicado dentro de su campaña mundial contra la pena de muerte en Estados Unidos. Seguidamente enumeramos algunos de los principales informes publicados por la organización:



La pena de muerte en Texas: Injusticia letal (Índice AI: AMR 51/10/98/s, marzo de 1998)


«Una macabra cadena de montaje». Noticias sobre la pena de muerte en 1997. (Índice AI: AMR 51/20/98/s, abril de 1998)


En la página equivocada de la historia: Los niños y la pena de muerte en Estados Unidos (Índice AI: AMR 51/58/98/s, de octubre de 1998)


Errores fatales: Inocencia y pena de muerte en Estados Unidos (Índice AI: AMR 51/69/98/s, noviembre de 1998)


Matar la esperanza: La ejecución inminente de Sean Sellers (Índice AI: AMR 51/108/98/s, diciembre de 1998)


Prejuicios que matan: La dimensión racial de la pena de muerte en Estados Unidos (Índice AI: AMR 51/52/99/s, mayo de 1999)


Matar sin piedad: Los procedimientos de concesión de indulto en Texas (Índice AI: AMR 51/85/99/s, junio de 1999)


Es hora de intervenir por motivos humanitarios: La ejecución inminente de Larry Robison (Índice AI: AMR 51/107/99/s, julio de 1999)


Hablando claro: voces contra la pena de muerte (Índice AI: AMR 51/128/99/s, octubre de 1999)


Vergüenza en el siglo XXI: Está previsto que tres menores sean ejecutados en enero del 2000 (Índice AI: AMR 51/189/99/s, diciembre de 1999)


Más allá de la razón: La ejecución inminente de John Paul Penry (Índice AI: AMR 51/195/99/s, diciembre de 1999)


Failing the Future: Death Penalty Developments in 1998 and 1999. (Índice AI: 51/03/00, publicación prevista para marzo del 2000.)



Visite el sitio web de AI: www.amnesty.org. Para los documentos traducidos al español, consulten la sección «centro de documentación» de las páginas web de EDAI en: http//www.edai.org/centro/

ÍNDICE






Introducción1


El contexto: Filadelfia, una ciudad con tensiones raciales y brutalidad y corrupción policiales3


El delito: el asesinato del agente Daniel Faulkner4


El juez de la causa: ¿un árbitro independiente e imparcial de la justicia?5


La defensa: la asistencia letrada de Mumia Abu-Jamal durante el juicio7


El derecho a disponer de los recursos necesarios para gozar de una defensa jurídica adecuada10


¿Un jurado imparcial de ciudadanos comunes?11


Los argumentos jurídicos de la acusación: demasiadas cuestiones sin resolver13

La «confesión» de Mumia Abu-Jamal13


Los testigos del delito: declaraciones contradictorias y confusas15

Cynthia White y Veronica Jones15

Robert Chobert17

Mark Scanlan18

Los testigos ausentes18

Las pruebas balísticas19


La sentencia: ¿condenado a muerte por ejercer la libertad de expresión?20


La apelación ante la Corte Suprema de Pensilvania22


La Orden Fraternal de la Policía: al frente de la petición para que Mumia Abu-Jamal sea ejecutado24


Las condiciones de los pabellones de los condenados a muerte de Pensilvania27


Conclusión29

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Mumia Abu-Jamal: Una vida en juego


Introducción


Mumia Abu-Jamal lleva encarcelado diecisiete años en el pabellón de los condenados a muerte de Pensilvania. Su caso ha suscitado más controversia y ha recibido más atención tanto en el ámbito nacional como en el internacional que el de cualquier otro recluso condenado a muerte actualmente en Estados Unidos.


Mumia Abu-Jamal, de raza negra, fue condenado a muerte en julio de 1982 por el asesinato del agente de policía blanco Daniel Faulkner el 9 de diciembre de 1981. Mumia Abu-Jamal ha mantenido siempre que es inocente. Desde el juicio, las personas que piden su excarcelación o que lo sometan a un nuevo juicio han cuestionado la validez de buena parte de las pruebas utilizadas para declararlo culpable. Sin embargo, estos argumentos han sido rebatidos por miembros de la comunidad de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y sus partidarios, que han hecho campaña en favor de que Mumia Abu-Jamal sea ejecutado al tiempo que sostienen que su juicio fue imparcial y justo.


A la luz de las pruebas contradictorias e incompletas presentadas en este proceso, Amnistía Internacional no puede pronunciarse sobre la culpabilidad o inocencia de Mumia Abu-Jamal. La organización tampoco lo considera preso político, aunque con anterioridad expresó su preocupación por las actividades de un programa gubernamental de contraespionaje, entre cuyos objetivos parecía estar Abu-Jamal (véase recuadro en la página 20). Sin embargo, la organización ha expresado su preocupación debido a que, en sus intentos por lograr que lo condenaran a muerte, la acusación utilizó indebidamente las declaraciones políticas que le fueron atribuidas durante su adolescencia. En cualquier caso, la aplicación de la pena de muerte en Estados Unidos continúa siendo una cuestión sumamente politizada, que los representantes políticos elegidos en las urnas sancionan y apoyan por los presuntos beneficios políticos que les brinda. La politización del proceso de Mumia Abu-Jamal no sólo puede haber ido en detrimento de su derecho a un juicio justo, sino que también puede estar socavando su derecho a ser tratado imparcialmente en los tribunales de apelación.


Tras muchos años de estudio de la causa de Mumia Abu-Jamal y un examen exhaustivo de los documentos originales, incluida la transcripción completa del juicio, la organización concluyó que los procedimientos empleados para declarar culpable a Mumia Abu-Jamal y condenarlo a muerte conculcaron las normas mínimas internacionales sobre justicia procesal y el uso de la pena de muerte. Por ello, Amnistía Internacional considera que, en aras de la justicia, Mumia Abu-Jamal debe ser juzgado de nuevo (véase la conclusión).


Abu-Jamal presentó su primer recurso federal en octubre de 1999. Los tribunales federales representan la última oportunidad de Abu-Jamal para que se aborden y corrijan muchas de las cuestiones más preocupantes de esta causa. Sin embargo, como se trata más adelante, la Ley Antiterrorista y de Pena de Muerte Efectiva de 1996 limita gravemente la capacidad de los tribunales federales de garantizar que en los procesos judiciales seguidos en los estados se respetan los derechos de los acusados consagrados en la Constitución de Estados Unidos y en las normas internacionales de derechos humanos. Amnistía Internacional ha optado por publicar este informe ahora, cuando la vida de Abu-Jamal está en juego.


Mumia Abu-Jamal es una de las más de 3.500 personas condenadas a muerte en 37 estados y en aplicación de la legislación federal. Desde que se reanudaron las ejecuciones en 1977 hasta fines de 1999, el número de presos ejecutados en 30 estados ascendía a 598; sólo en 1999, el Estado ordenó la ejecución de 98 presos, la mayor cifra registrada desde los años cincuenta. Las autoridades estadounidenses han recurrido insistentemente a la pena capital y lo han hecho vulnerando repetidas veces las garantías mínimas internacionales. Entre las violaciones cometidas está la ejecución de discapacitados mentales, de delincuentes menores de edad y de personas que no contaron con una defensa adecuada en el juicio. La gran mayoría de las personas condenadas a muerte en Estados Unidos son pobres y proceden en un porcentaje desproporcionado de las minorías raciales y étnicas. El riesgo de condenas erróneas sigue siendo elevado, y desde 1973 se ha puesto en libertad a más de 80 presos condenados a muerte, tras aparecer pruebas sobre su inocencia. Muchos estuvieron a punto de ser ejecutados cuando los tribunales intervinieron en relación con sus reclamaciones sobre condenas injustas. Otros fueron ejecutados a pesar de que existían serias dudas sobre su culpabilidad.


Amnistía Internacional se opone incondicionalmente a la pena de muerte. Incluso en el supuesto de que un país pudiera crear un sistema judicial completamente justo y libre de prejuicios y errores, la pena capital seguiría vulnerando el derecho humano más fundamental. Cada condena a muerte y ejecución es una afrenta a la dignidad humana, la forma más extrema de castigo cruel, inhumano y degradante.


Al oponerse a la pena de muerte, la organización en modo alguno pretende minimizar o tolerar los delitos por los que fueron declaradas culpables las personas condenadas a muerte y ejecutadas. Amnistía Internacional tampoco pretende restar importancia al terrible sufrimiento padecido por las familias de víctimas de la violencia. Sin embargo, el carácter irrevocable y la crueldad inherentes a la pena de muerte la hacen incompatible con las normas de comportamiento civilizado y una respuesta inapropiada e inaceptable frente a la delincuencia violenta.


El uso reiterado y creciente de la pena de muerte es una de las más graves violaciones de derechos humanos que Amnistía Internacional ha identificado y la ha planteado repetidas veces ante las autoridades estadounidenses. Entre los otros motivos de preocupación está la brutalidad policial a escala nacional, los abusos físicos y sexuales de los presos, las condiciones inhumanas y degradantes de reclusión y los malos tratos los solicitantes de asilo.1


El contexto: Filadelfia, una ciudad con tensiones raciales y brutalidad y corrupción policiales


El asesinato del agente Daniel Faulkner en 1981 y el juicio de Mumia Abu-Jamal al año siguiente tuvieron lugar en Filadelfia, una ciudad en la que existe una gran tensión entre las autoridades, predominantemente de raza blanca, y la comunidad afroamericana y otras minorías. Tanto antes como después, se han dado a conocer numerosos casos de brutalidad policial y de empleo de fuerza desproporcionada con consecuencias fatales; de corrupción de agentes de policía y de falsificación de pruebas contra presuntos delincuentes.2


En 1973, un juez del tribunal federal de primera instancia declaró que en Filadelfia los casos de abusos policiales eran tan frecuentes que no podían «considerarse como casos excepcionales y aislados» y que las autoridades de la ciudad «hacían muy poco o nada» por castigar o impedir estos abusos.


En 1979, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda contra Frank Rizzo, el entonces alcalde de Filadelfia, y otros responsables municipales por consentir la brutalidad policial. En la demanda se enumeraba una lista de 290 personas, en su mayoría pertenecientes a las minorías étnicas, que entre 1975 y 1979 habían sido víctimas de disparos hechos por la policía de la ciudad. Durante los ocho años que Frank Rizzo ocupó la alcaldía, los casos de disparos con resultado mortal por la policía de Filadelfia registraron un incremento anual del 20 por ciento. En 1980, el año siguiente a su salida del cargo, éstos disminuyeron en un 67 por ciento.3Al parecer, el alcalde Rizzo toleraba la conducta policial indebida. En 1978, ante un auditorio de setecientos agentes de policía, afirmó «aunque se equivoquen, les respaldaré».4


En 1978, una investigación llevada a cabo por el Subcomité sobre Delincuencia y Asuntos Penitenciarios de la Cámara de Representantes de Pensilvania halló que un número reducido aunque significativo de agentes de policía de Filadelfia incurrían frecuentemente en insultos y malos tratos a ciudadanos en un grado que el Subcomité consideraba «ilegal». La investigación concluyó que el nivel de abusos policiales había alcanzado a un grado de violencia homicida y que la policía de Filadelfia carecía del liderazgo necesario para controlar esta situación de desorden.


Asimismo, en 1978, la policía puso sitio a una casa ocupada por miembros de la organización MOVE.5Durante el intento de desalojo de los ocupantes se efectuó un disparo, lo que llevó a que la policía abriera fuego contra la casa (no se sabe si el primer disparo procedió de la policía o de la casa). Un agente de policía resultó herido de muerte. Posteriormente, los miembros de MOVE afirmaron que el agente había muerto abatido por los disparos efectuados por sus propios compañeros. Mientras los ocupantes se entregaban a la policía, las cámaras de televisión filmaron cómo un agente de policía golpeaba a Delbert Africa (todos los miembros de MOVE adoptan el apellido Africa) con la culata de un rifle y después lo arrastraba por el suelo mientras otros agentes le propinaban patadas. Al día siguiente, la policía demolió la casa con una excavadora, con lo que se destruyó el lugar del delito y se impidió el análisis de muchos de los sucesos acaecidos ese día.6Nueve miembros de MOVE fueron juzgados por asesinato en tercer grado, conspiración, intento de asesinato y agresión con daños físicos graves. Todos ellos fueron declarados culpables y condenados a penas de entre treinta y cien años de prisión.


Mumia Abu-Jamal estaba estrechamente vinculado a la organización MOVE. Es muy probable que los agentes que lo detuvieron, si bien no sabían quién era, le asociaran inmediatamente con la organización por sus trenzas, un estilo adoptado como parte de sus creencias por todos los miembros de MOVE. Abu-Jamal también había pertenecido al Partido de los Panteras Negras y estaba siendo vigilado por el Programa de Contraespionaje del FBI (véase recuadro en la página 20).7Antes de su detención, Abu-Jamal trabajaba como periodista y había escrito artículos en los que criticaba a las autoridades de Filadelfia. Para complementar sus ingresos, en el momento del delito trabajaba de taxista.


El delito: el asesinato del agente Daniel Faulkner


El 9 de diciembre de 1981, aproximadamente a las cuatro menos cinco de la madrugada, Daniel Faulkner, agente del Departamento de Policía de Filadelfia, dio el alto al automóvil que conducía William Cook, hermano de Mumia Abu-Jamal. Se produjo un altercado entre los dos hombres. Mumia Abu-Jamal, que conducía su taxi por la zona, vio el altercado entre su hermano y el agente de policía y salió de su vehículo. Minutos más tarde se presentaron varios agentes más en el lugar y encontraron que el agente Faulkner había fallecido como resultado de una herida de bala en la cabeza y otra en la espalda. Mientras, Mumia Abu-Jamal permanecía sentado cerca con una herida de bala en el pecho causada por la pistola del agente. El arma legal de Abu-Jamal fue encontrada a pocos metros de donde estaba sentado.


En la información aparecida en los medios de comunicación sobre la causa se hizo amplia referencia a la pertenencia de Abu-Jamal a MOVE y a su anterior militancia en el Partido de los Panteras Negras. Las constantes alusiones a las actividades políticas pasadas de Abu-Jamal hicieron que Joe Davidson, presidente de la Asociación de Periodistas Negros manifestara «nos inquietan las noticias denigrantes sobre las opiniones políticas y religiosas del señor Jamal. Como organización dedicada a la verdad y a la imparcialidad en el periodismo, seguiremos atentos al seguimiento informativo de este asunto. Esperamos que el señor Jamal sea juzgado en los tribunales y no en la prensa.»8Tras las investigaciones llevadas a cabo por las autoridades, las vistas preliminares de la causa comenzaron el 5 de enero de 1982. El 7 de junio de 1982 se inició en Filadelfia, en medio de una gran publicidad, el juicio de Mumia Abu-Jamal por cargos de asesinato y posesión de un instrumento de delito.


El juez de la causa: ¿un árbitro independiente e imparcial de la justicia?


«Los jueces resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo».9


Cuando un acusado elige ser juzgado por un jurado, la decisión última de la causa recae en sus miembros y no en los jueces. Sin embargo, el desarrollo general del juicio es responsabilidad del juez de la causa y los miembros del jurado esperan que el juez les oriente y les proporcione asesoramiento sobre las complejas cuestiones legales que se les plantean. Por tanto, cualquier atisbo de parcialidad por parte del juez puede tener hondas repercusiones en las deliberaciones del jurado.


El juicio de Mumia Abu-Jamal estuvo presidido por el juez Albert F. Sabo. Su historial de relaciones con la policía y con la comunidad de agentes de la ley ha suscitado dudas respecto a que fuera la persona más adecuada para presidir el juicio de una persona acusada de matar a un agente de policía. Albert Sabo fue sheriff adjunto del condado de Filadelfia durante dieciséis años antes de convertirse en juez en 1974. En su biografía oficial se indica que había sido miembro de la Asociación Nacional de Sheriffs, de la Orden Fraternal de la Policía (FOP) y que había estado vinculado a la Asociación de Jefes de Policía del Sureste de Pensilvania.10Como juez, la aplicación de la pena de muerte no le era ajena. Durante catorce años de actividad, en los juicios que presidió se condenó a muerte a 31 acusados, más que ningún otro juez que le conste a Amnistía Internacional. De los 31 condenados a muerte, 29 procedían de minorías étnicas.11


La conducta judicial del juez Sabo ha sido desde hace años motivo de preocupación para muchos miembros de la abogacía de Filadelfia. En una encuesta llevada a cabo en 1983 por el Colegio de Abogados de Filadelfia se puso de manifiesto que más de una tercera parte de los abogados que respondieron consideraban que el juez Sabo no estaba capacitado para su función. Al ser preguntado por la encuesta, el juez pareció revelar su prevención contra la defensa al manifestar que si él fuera abogado defensor «tampoco habría votado por mí».


En 1992, el Philadelphia Inquirer examinó 35 juicios por homicidio presididos por el juez Sabo.12La investigación concluyó que: «a través de sus comentarios, sus decisiones y sus instrucciones al jurado» el juez Sabo «favoreció a la acusación». En una causa, según el artículo publicado, el juez llegó a instar a la acusación a que aportara pruebas porque «sería útil para [lograr] la declaración de culpabilidad». El estudio del Inquirer sobre las actas judiciales demostraba que «la mayoría de los jueces que presiden juicios por delitos de homicidio en Filadelfia ven más causas por asesinato que el juez Sabo, pero en ellas se dictan menos penas de muerte. El artículo concluía: «la asignación de un juez, como la de un abogado, puede ser cuestión de vida o muerte para un presunto asesino. Se considera que algunos jueces, como el magistrado Albert F. Sabo, son más afines a la acusación, mientras que otros son considerados más favorables a la defensa. Un informe comparaba el sistema a una lotería».


A lo largo del juicio de Abu-Jamal, en el que se dirimía si iba a vivir o a morir, el juez Sabo parecía más preocupado por concluir el proceso lo antes posible que por asegurar su imparcialidad. Por ejemplo, durante la vista del 17 de junio, manifestó «No quiero verme retenido por engorrosos tecnicismos... ¿a mí que me importan? y «por lo que a mí respecta, puede esperar hasta el almuerzo. Hagan lo que quieran, pero hagan algo. Tengo un jurado esperando ahí dentro».


En 1995, los abogados de la defensa solicitaron al juez Sabo que se inhibiera de presidir una vista para determinar si el juicio original de Abu-Jamal había sido justo, basándose en «su incapacidad para dotar el proceso de... la apariencia de imparcialidad». El juez Sabo se negó. Durante la vista, fue claramente hostil con la defensa, hasta el punto de que un comentarista escribió: «durante la vista del recurso contra la sentencia condenatoria, objeto de atención internacional, que se prolongó del 26 de julio al 15 de agosto, y las conclusiones finales que se expusieron el 11 de septiembre, el juez Sabo dejó bien patente sus preferencias, mostrando parcialidad hacia la acusación y buscando intimidar abiertamente a Weinglass [abogado defensor], cuya conducta en la sala fue correcta en la misma medida que la de Sabo fue burda».13El 16 de julio de 1996, el Philadelphia Inquirer describió la conducción del proceso por el juez Sabo: «El comportamiento del juez fue inquietante desde el principio, y en las vistas de la semana pasada no dio impresión de imparcialidad a los presentes en la sala. En lugar de eso, dio la impresión, extremadamente perjudicial, de apresurarse y tratar con hostilidad indebida los argumentos de la defensa».


La defensa: la asistencia letrada de Mumia Abu-Jamal durante el juicio


«Las obligaciones de los abogados para con sus clientes son las siguientes: ... prestarles la asistencia en todas las formas adecuadas, y adoptar medidas jurídicas para proteger o defender sus intereses [...] prestarles asistencia ante los tribunales judiciales [...]»14


Los procedimientos relativos a la pena de muerte son un campo extremadamente complejo del derecho penal de Estados Unidos. Incluso los abogados con experiencia en juicios por delitos no punibles con la muerte puede que no representen debidamente a sus clientes. Amnistía Internacional ha documentado numerosos casos de presos condenados a muerte que en el juicio estuvieron representados por abogados defensores absolutamente incompetentes.15Su preocupación por estos casos lo comparten otros grupos internacionales de derechos humanos y organismos intergubernamentales. Por ejemplo, en 1996, la Comisión Internacional de Juristas, organización internacional no gubernamental que no adopta ninguna postura respecto a la pena de muerte en sí, publicó un informe sumamente crítico con el tipo de asistencia letrada que se proporcionaba a los presos condenados a la pena capital. Este informe concluía que si no se tomaban medidas sustanciales para remediar esta situación «la aplicación de la pena capital en los Estados Unidos seguirá siendo arbitraria y racialmente discriminatoria y no podrá garantizarse la posibilidad de un juicio justo para los delincuentes acusados de delitos punibles con la muerte».16El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (el órgano experto encargado de vigilar el cumplimiento por los países del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) también ha manifestado su preocupación por «la falta de medidas eficaces para garantizar que los acusados indigentes en asuntos penales graves, sobre todo en los tribunales estatales, estén representados por abogados competentes».17


En el momento del juicio de Mumia Abu-Jamal, el estado de Pensilvania no imponía requisitos mínimos a los abogados designados para representar a personas acusadas de delitos punibles con la muerte. No se requería que los abogados de estas causas aprobaran ningún examen especial ni que hubieran adquirido ninguna experiencia en la defensa de personas juzgadas por delitos graves.18


Mumia Abu-Jamal fue representado inicialmente por Anthony Jackson, un abogado designado por el tribunal. En una vista preliminar celebrada el 13 de mayo de 1982, Abu-Jamal solicitó al tribunal poder representarse personalmente porque estaba insatisfecho con la actuación de Jackson.19El juez Ribner, que presidió las vistas preliminares, atendió su petición, pero, haciendo caso omiso de las enérgicas objeciones de Abu-Jamal, designó a Jackson como abogado asesor. Jackson también protestó por su nombramiento como abogado asesor y manifestó que no sabía lo que acarreaba, a lo que el juez contestó: «Puede discutirlo con el señor Jamal». El tribunal no aclaró a Jackson su función como abogado asesor.


Dado que era obvio que Mumia Abu-Jamal no podía llevar a cabo investigaciones debido a que estaba encarcelado, su acceso a un abogado debidamente preparado, aunque fuera en calidad de «abogado asesor» era fundamental para garantizar un juicio justo. En una declaración jurada con fecha del 17 de abril de 1995, Jackson admitió no estar preparado para el juicio y haber «abandonado cualquier esfuerzo de preparación de la defensa» tres semanas antes que comenzara el juicio, tras obtener Mumia Abu-Jamal el derecho a representarse personalmente.


Durante la selección del jurado en el tercer día de juicio, a sugerencia del fiscal, el juez Sabo retiró a Mumia Abu-Jamal el permiso para defenderse personalmente, en teoría sólo durante el periodo de duración de la selección del jurado. El juez Sabo basó su decisión en la presunta lentitud de Abu-

Jamal al interrogar a los posibles miembros del jurado y en que el hecho de que, al ser una persona acusada de asesinato, atemorizaba y provocaba ansiedad a éstos. Sin embargo, el juez Sabo reconoció que «lo cierto es que no he reprendido al señor Jamal en ningún momento [de la selección del jurado].»


Jackson se opuso a la decisión y señaló al juez Sabo que «en mi caso anterior con usted, tardamos nueve días en seleccionar el jurado y, desde luego, no tuvo tanta publicidad como éste». Jackson señaló que en otra causa por homicidio se había tardado cinco semanas en seleccionar el jurado. También declaró que «en todas las causas por homicidio, especialmente en las causas por delitos punibles con la muerte... los jurados suelen expresar cierta aprensión, cierta intranquilidad, cierto temor en relación con todo el proceso». Estas objeciones fueron en vano, pues el juez Sabo siguió negando a Abu-

Jamal el derecho a representarse personalmente.


En el Philadelphia Inquirer se describió que la conducta de Abu-Jamal como abogado principal había sido «decidida y eficaz» y «contenida». Durante los dos primeros días del juicio, Abu-Jamal interrogó a 23 posibles miembros del jurado, logró impugnar a dos por motivos justificados (parcialidad), derrotó una recusación de la acusación por causa justificada y ejerció dos recusaciones sin causa (el derecho a excluir a una persona como miembro de un jurado sin necesidad de dar explicaciones).


Al examinar la transcripción del juicio, Amnistía Internacional no encontró ningún motivo que justificara revocar el derecho de Mumia Abu-Jamal a interrogar a los posibles miembros del jurado. En ningún momento del interrogatorio fue grosero o agresivo y sus interrogatorios eran de una duración similar a los de la acusación. Sus preguntas eran procedentes para la selección de un jurado imparcial. Las actas del proceso no respaldan en absoluto la retirada de Abu-Jamal en ese momento del juicio del derecho a representarse personalmente. Tampoco avalan el comentario del juez Sabo sobre que «ha demostrado a este tribunal que carece de la experiencia necesaria para llevar a cabo una selección de jurado».


Una vez que se eligió el jurado y comenzó el juicio propiamente dicho, Mumia Abu-Jamal recuperó el derecho a representarse. Sin embargo, las relaciones ya de por sí tensas entre el acusado y el juez Sabo se deterioraron rápidamente. Por los diálogos entre ambos hombres es evidente que Abu-

Jamal había llegado a la conclusión de que el tribunal iba a negarle un juicio justo. El juez Sabo rechazó sus reiteradas peticiones para que le representara John Africa, basándose en que Africa no era un abogado colegiado.20Mumia Abu-Jamal también solicitó que se permitiera a John Africa sentarse en la mesa de la defensa, de forma que pudiera proporcionar asesoramiento legal durante el juicio. La legislación de Pensilvania permitía esta solicitud, pero el juez Sabo la rechazó. Ante la insistencia de Abu-Jamal, que proporcionó ejemplos de otros jueces que habían permitido a personas ajenas a la abogacía sentarse en la mesa de los acusados, el juez Sabo declaró que si no existía un precedente legal, no le importaba lo que hubieran hecho otros jueces, y siguió negándose a aceptar la petición. El siguiente diálogo es ilustrativo de los que mantuvieron el juez Sabo y Mumia Abu-Jamal:


El juez Sabo: «Señor Jamal, a este tribunal le resulta bastante evidente que está intentando alterar deliberadamente su ordenado proceder. Le he advertido muchas veces que si continúa con esa actitud me veré obligado a retirarle como abogado en esta causa.


Mumia Abu-Jamal: Señor juez, sus advertencias carecen de sentido. Estoy luchando por mi vida. ¿Lo entiende? No estoy luchando para complacer al tribunal, ni para complacer al fiscal del distrito, estoy luchando por mi vida. Necesito contar con un abogado elegido por mí, alguien en quien confíe, a quien respete; no alguien a quien paga el mismo bolsillo que paga al fiscal del distrito, ni un abogado nombrado por el tribunal, ni un miembro del Colegio Estadounidense de Abogados, ni un funcionario judicial. Necesito a alguien en quien confíe y tenga fe. Sus advertencias carecen absolutamente de sentido para mí.


Poco después de este diálogo, el juez Sabo prohibió a Mumia Abu-Jamal que se representara en el tribunal y Jackson volvió a ser nombrado abogado principal, lo que motivó su protesta. Sin embargo, el juez Sabo rechazó su petición para ser retirado de la causa y lo amenazó con tomar medidas disciplinarias, incluso con encarcelarlo por desacato al tribunal, si no continuaba con la defensa.21De este modo, el acusado quedó representado por un abogado reacio a participar y poco preparado para el juicio, lo que en la práctica privó a Mumia Abu-Jamal de una asistencia letrada adecuada. Al día siguiente, tras varios diálogos en tono enojado entre el juez y el acusado, el primero expulsó al segundo de la sala del tribunal.


Durante el resto del juicio, Mumia Abu-Jamal fue expulsado de la sala en varias ocasiones. Su comportamiento en el juicio se tornó sumamente contrario y perjudicial para el desarrollo del proceso, no dejando al juez Sabo más opción que expulsarle de la sala para que el juicio pudiera proseguir. Sin embargo, aunque el comportamiento de Abu-Jamal justificara que se lo excluyera de muchas partes clave del juicio, ello no libra al juez que presidía el proceso de la obligación de llevar a cabo un juicio justo e imparcial y de garantizar que su exclusión vulnerara lo menos posible el derecho del acusado a participar en su propia defensa. En la práctica, Mumia Abu-Jamal fue juzgado in absentia durante buena parte del juicio.


El derecho a disponer de los recursos necesarios para gozar de una defensa jurídica adecuada


«Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a [...] obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos».22

El hecho de que Mumia Abu-Jamal no contara con una representación jurídica adecuada se vio agravado por la negativa del juez Ribner, el juez instructor, a proporcionar a la defensa los fondos necesarios para contratar a un investigador, un patólogo o un perito en balística. El tribunal rechazó las peticiones del abogado Jackson de contar con un segundo abogado para ayudar en la defensa23. En respuesta a las peticiones iniciales de fondos, el tribunal asignó 150 dólares para cada experto. En tres ocasiones, el abogado intentó que la cantidad se aumentara dado que había resultado imposible lograr que un experto examinara las pruebas por este precio, y en cada una de las ocasiones, se rechazó esta petición absolutamente razonable. El abogado Jackson explicó al juez Ribner que le estaba resultando difícil contratar a expertos si no garantizaba los fondos. El juez contestó que si le enviaba una factura desglosada de los servicios contratados, aprobaría los pagos siempre que los costes le parecieran razonables. El abogado señaló que ya se lo había dicho a los expertos pero que no estaban dispuestos a trabajar sin un anticipo, a lo que el juez contestó: «Díganles que el juez responsable del calendario judicial ha pedido que confíen en él».24


Era claramente insuficiente la cantidad asignada por el tribunal para sufragar los honorarios y gastos de Jackson en relación con la causa durante más de seis meses, pagar a un investigador para que localizara y entrevistara a testigos así como pagar los honorarios de los expertos para que analizaran las pruebas y declararan en el tribunal. La defensa no presentó ningún testimonio de un experto en balística o patología.25Sin embargo, la policía y el fiscal entrevistaron a más de cien testigos durante la investigación del delito. Sólo el análisis de estas declaraciones habría llevado a Jackson más tiempo del que disponía.


¿Un jurado imparcial de ciudadanos comunes?


Un elemento fundamental de un juicio justo es la selección de un jurado imparcial de ciudadanos comunes, que base su veredicto únicamente en las pruebas que le sean presentadas. Por lo general, cuando los procesos generan un elevado grado de controversia y de publicidad, los tribunales conceden un cambio de sede para garantizar que el jurado no ha estado expuesto a publicidad antes del juicio que pueda influir en sus deliberaciones. De las aproximadamente ochenta personas que componían la lista de candidatos al jurado, todas menos siete reconocieron que estaban familiarizadas con el caso a través de los medios de comunicación.


El jurado seleccionado (incluidos los cuatro suplentes26) estaba formado por 2 negros y 14 blancos. En aquella fecha Filadelfia tenía un 40 por ciento de población afroamericana; por consiguiente, cabría esperar que un jurado representativo de la composición étnica de la comunidad local hubiera incluido al menos a cinco miembros de raza negra.


La fiscalía utilizó 11 de sus 15 recusaciones sin causa para eliminar a candidatos afroamericanos del jurado. En 1986, en su fallo sobre la causa Batson contra Kentucky, la Corte Suprema de Estados Unidos decidió que la eliminación de los candidatos a jurados debía ser «neutral desde el punto de vista racial».27

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Al parecer, el tribunal dispensó un trato diferente a los miembros del jurado del juicio de Mumia Abu-Jamal según su raza. Jennie Dawley, de raza negra, fue el único miembro del jurado seleccionado mientras Abu-Jamal se ocupó personalmente de su defensa. Antes del inicio del juicio, Dawley solicitó poder llevar a su gato enfermo al veterinario por la tarde de modo que no interrumpiera el proceso judicial.28El juez Sabo rechazó la petición sin informar a la defensa. Jennie Dawley fue expulsada del jurado por no cumplir las instrucciones del tribunal. Sin embargo, cuando un miembro del jurado blanco solicitó permiso para presentarse a unas oposiciones para ingresar a la administración pública que coincidían con el horario del juicio, el juez Sabo accedió a su petición, suspendió temporalmente el juicio y encargó a un funcionario judicial que acompañara al miembro del jurado y se asegurara de que no tuviera acceso a ninguna información sobre el juicio.


Jennie Dawley fue sustituida por un suplente blanco, Robert Courchain. Al menos en cinco ocasiones durante la selección del jurado, Courchain afirmó que aunque lo intentaría, quizá fuera incapaz de dejar a un lado sus prejuicios sobre el caso. Por ejemplo, afirmó: «inconscientemente, no creo que pueda ser justo con ambas partes.» La defensa solicitó la retirada de Courchain «por causas justificadas» (es decir, que era incapaz de deliberar de forma imparcial), pero el juez rechazó la petición. Dado que el abogado Jackson había utilizado anteriormente la única recusación sin causa de la que disponía, ya no podía impedir que Courchain se convirtiera en suplente.


Jackson también permitió que formaran parte del jurado dos personas cuyas experiencias personales podrían predisponerlos en contra de Abu-Jamal. El miembro del jurado número 11 era amigo íntimo de un agente de policía que había sido disparado en servicio. Al ser preguntado, reconoció abiertamente que esta experiencia podría significar que sus sentimientos por su amigo podrían impedirle actuar de forma imparcial. El miembro número 15 (un suplente) era la esposa de un agente de policía en activo. Jackson no se opuso a que los dos formaran parte del jurado.

Los argumentos jurídicos de la acusación: demasiadas cuestiones sin resolver


En el juicio, los argumentos jurídicos de la acusación contra Abu-Jamal constaron de tres elementos:


-la «confesión» presuntamente realizada por Abu-Jamal en el hospital;


-tres testigos presenciales que declararon que vieron a Abu-Jamal cometer el delito;


-el hallazgo de la pistola de Abu-Jamal en el lugar del asesinato. Según la acusación, se trataba del arma homicida.


La «confesión» de Mumia Abu-Jamal


«Se pueden tener pruebas testificales, pruebas circunstanciales, pruebas periciales e incluso pruebas grabadas en vídeo; pero una confesión expresa de culpabilidad [...] es la prueba más contundente que puede presentarse contra él y servirá indudablemente como la llave que cierre la puerta de la prisión y de impulso para que se utilice la silla eléctrica o, en estos tiempos más civilizados, la inyección letal.» Juez Overstreet, Corte de Apelaciones en lo Penal, de Texas.29


Durante el juicio, el jurado oyó la declaración de la guardia de seguridad del hospital Priscilla Durham y del agente de policía Gary Bell.30Según ambos testigos, poco antes de recibir tratamiento para la herida de bala, Mumia Abu-Jamal dijo: «Disparé a ese hijo de puta, y espero que el hijo de puta se muera».


En 1995, en una vista ante el tribunal de apelación, el agente de policía Gary Wakshul, también afirmó haber oído la declaración. Sin embargo, el agente Wakshul, que iba en el vehículo policial que llevó a Mumia Abu-Jamal al hospital, había escrito en su informe que «estuvimos con el varón en el [hospital] Jefferson hasta que nos relevaron. Durante ese tiempo, el varón de raza negra no hizo ningún comentario».


Ninguno de los numerosos agentes de policía que había en la habitación del hospital y en sus proximidades en ese momento afirmaron haber oído la declaración que Abu-Jamal presuntamente hizo en voz alta. Los médicos que trataron a Abu-Jamal en el hospital declararon en su testimonio que estuvieron con él desde el momento que llegó, que estaba «débil ... a punto de desmayarse», y que no le oyeron hacer ninguna declaración que pudiera interpretarse como una confesión.


Ninguno de los tres testigos de la presunta confesión informó sobre lo que afirmaban haber oído hasta febrero de 1982, más de dos meses después del suceso. Informaron de la presunta declaración incriminatoria durante los interrogatorios a que les sometió la Unidad de Asuntos Internos de la Policía. Los interrogatorios tuvieron lugar tras denunciar Abu-Jamal que sufrió malos tratos al ser detenido.31El agente Wakshul afirmó que su tardanza en informar sobre la confesión se debió al «trauma emocional» que le había provocado el asesinato del agente Faulkner. Los otros dos testigos declararon que no creían que el arrebato de Abu-Jamal fuera lo suficientemente importante para informar a la policía.


Sin embargo, en su declaración durante el juicio, Priscilla Durham afirmó que había informado de los hechos al supervisor del hospital al día siguiente y que se había redactado una nota manuscrita de su declaración. Al oír este testimonio, el fiscal envió a un agente al hospital para intentar recuperar el informe del supervisor sobre la declaración de Durham. El agente regresó del hospital con una declaración mecanografiada sin firmar, que Priscilla Durham negó haber visto antes. A pesar de que se halló que no era el documento original, que la testigo no lo había visto antes y que su autenticidad no se había verificado, el juez Sabo lo admitió como prueba y expuso la siguiente conjetura: «Se llevaron la declaración manuscrita y mecanografiaron esto». Estos hechos no eran obvios y, por consiguiente, el juez no estaba en condiciones de hacer dicha deducción.


Gary Wakshul, el agente que anotó en su informe que «durante ese tiempo el varón de raza negra no hizo ningún comentario», no declaró en el juicio. Cuando el abogado de la defensa intentó citarle como testigo, se supo que estaba de vacaciones, a pesar de que en el informe de una investigación policial se señalaba que a Wakshul no se le permitía tomarse vacaciones durante el juicio. La defensa solicitó que se averiguara el paradero del agente Wakshul o que se suspendiera temporalmente el juicio para poder localizarlo. El juez Sabo rechazó la petición y le comentó a Mumia Abu-Jamal que «tú y tu abogado la habéis pifiado».


En ningún momento se informó al jurado acerca de la existencia del informe redactado por el agente Wakshul sobre la detención de Mumia Abu-Jamal, en el que se contradecía claramente que el presunto asesino hubiera «confesado» haber matado al agente Faulkner. Por consiguiente, al jurado lo dejaron sin motivos para dudar del testimonio de los dos testigos que afirmaron haber oído la confesión.


La posibilidad de que durante más de dos meses dos agentes de policía y una guardia de seguridad se hubieran olvidado o dejado de informar sobre la confesión de un sospechoso de haber matado a otro agente de policía no resulta creíble. Como también es escasamente creíble la afirmación de Priscilla Durham de que había creído que la «confesión» de Mumia Abu-Jamal era lo suficientemente importante para informar de ella a su supervisor (que a su vez consideró que era lo suficientemente importante para que se hiciera una copia mecanografiada de la versión original manuscrita), pero no para notificársela a la policía.


En una conversación con un investigador de Amnistía Internacional, uno de los miembros del actual equipo defensor de Mumia Abu-Jamal declaró que varios miembros del jurado habían manifestado a los investigadores de la defensa que no sólo habían tenido en cuenta la «confesión» de Abu-Jamal para decidir su culpabilidad sino también para condenarlo a muerte, dado que la declaración le presentaba como agresivo y cruel. Sin embargo, los miembros del jurado se negaron a realizar ninguna declaración pública al respecto. Persiste el temor de que una «confesión» posiblemente inventada haya sido uno de los factores que más contribuyó a que el jurado condenara a muerte a Mumia Abu-Jamal.


Los testigos del delito: declaraciones contradictorias y confusas


Durante el juicio, tres testigos declararon que Abu-Jamal se había acercado al agente Faulkner, le había disparado por la espalda y que después le había vuelto a disparar en la cabeza cuando éste yacía en el suelo, dándole muerte al instante (aunque sólo un testigo, Cynthia White, afirmó haber presenciado los hechos exactamente como se han descrito anteriormente). Ninguno de los testigos declaró que Faulkner disparó a Abu-Jamal mientras caía al suelo, conforme mantenía la acusación, a pesar de que se les hizo esta pregunta concreta. La acusación también mantuvo que en las proximidades del lugar del delito sólo estaban Abu-Jamal, su hermano William Cook y el agente Faulkner.


En los años transcurridos desde el juicio, los abogados de la defensa han puesto en duda la veracidad de buena parte de estos testimonios.


La naturaleza complicada de las numerosas acusaciones y contradenuncias y el hecho de que varios testigos se retractaran de sus declaraciones y testimonios hacen que sea imposible llegar a conclusiones definitivas sobre la fiabilidad de cualquiera de los testigos basándose sólo en las actas del proceso. La acusación y la policía alegan que los testimonios presentados en el juicio eran veraces y no obtenidos mediante coacción, y que a otros testigos del delito no se los llamó a declarar porque no tenían nada pertinente que añadir.


Sin embargo, los abogados de Abu-Jamal alegaron que varios testigos modificaron sus declaraciones originales en relación con lo que habían visto la noche del delito tras ser coaccionados o amenazados por la policía, o tras recibir algún tipo de «incentivo» por parte de ésta. Si se comparan las declaraciones que hicieron a la policía inmediatamente después de producirse los disparos con el testimonio que prestaron durante las vistas preliminares y en el juicio, se verá que los testigos clave modificaron notablemente las descripciones de lo que vieron de forma que respaldaba la versión de los hechos de la acusación.


Cynthia White y Veronica Jones


Cynthia White era una prostituta que la noche del asesinato estaba ejerciendo su actividad en esa zona. En el juicio declaró que había visto a Mumia Abu-Jamal acercarse al agente Faulkner, dispararle por la espalda y volverle a disparar en la cabeza cuando el agente yacía en el suelo.


Antes del juicio, White hizo cuatro declaraciones escritas y una declaración grabada en cinta para la policía. Durante uno de los interrogatorios afirmó que la persona que efectuó los disparos contra Faulkner medía menos de 1,72 metros. Abu-Jamal mide 1,84 metros. En su primera comparecencia en la vista preliminar, declaró que Abu-Jamal llevaba la pistola en la mano izquierda. Tres días más tarde declaró que no estaba segura de con qué mano sujetaba la pistola. En el juicio negó saber en qué mano llevaba el arma. Durante el juicio, afirmó que se había equivocado al dibujar inicialmente un esquema de los hechos y que había colocado incorrectamente a los sujetos antes de la llegada de Abu-Jamal.


Existen pruebas que demuestran que Cynthia White recibió un trato preferencial por parte de la acusación y la policía. En el momento del juicio, estaba cumpliendo una condena de dieciocho meses por ejercer la prostitución en Massachusetts. Con anterioridad había sido detenida 38 veces por ejercer la prostitución en Filadelfia; tres de los cargos formulados contra ella seguían pendientes en el momento de celebrarse el juicio. Pocos días después de la muerte del agente Faulkner fue detenida dos veces (el 12 y el 17 de diciembre). Según los abogados defensores actuales de Abu-Jamal no hay constancia de que White haya sido procesada en relación con estos cargos.


En 1987, un detective relacionado con el procesamiento de Abu-Jamal declaró en favor de que se concediera la libertad bajo fianza a White en una vista por cargos de robo, agresión con daños físicos graves y posesión de armas ilegales. A pesar de que el juez señaló que White no había comparecido ante el tribunal en 17 ocasiones diferentes y que su historial estaba repleto de detenciones y condenas, la acusación aceptó que se le permitiera firmar su propia fianza y el juez la dejó en libertad. Según la información recibida por Amnistía Internacional, White no compareció ante el tribunal por estos cargos y las autoridades no han logrado localizarla desde entonces. En 1997, en una vista de apelación, el fiscal afirmó que Cynthia White había fallecido y presentó un certificado de defunción expedido en 1992 con el nombre de Cynthia Williams. Afirmó que las huellas dactilares de la fallecida coincidían con las de White. Sin embargo, un examen de las huellas de White y Williams demostró que no coincidían y en estos momentos las pruebas sobre la muerte de White distan mucho de ser concluyentes.


Una segunda prostituta, Veronica Jones, presenció la muerte del agente Faulkner y declaró como testigo de descargo. Veronica Jones afirmó que la policía le había ofrecido «incentivos» para que declarara que había visto a Abu-Jamal matar a Faulkner y manifestó que «ellos [la policía] intentaron convencerme para que dijera lo que había dicho la otra chica [White]. No podía hacerlo». Jones después declaró que «ellos [la policía] nos dijeron que podríamos trabajar en la zona [como prostitutas] si les decíamos [que Abu-Jamal había sido el autor de los disparos]».


Sin embargo, el juez Sabo hizo retirarse al jurado durante este testimonio y decidió que las declaraciones de Veronica Jones eran pruebas inadmisibles. Por consiguiente, el jurado se quedó sin conocer las alegaciones de que agentes de policía habían ofrecido «incentivos» a cambio de que se prestara testimonio contra Abu-Jamal. En su testimonio ante el jurado, Jones se retractó de la primera declaración que hizo a la policía según la cual había visto a dos hombres sin identificar abandonar el lugar del delito. Sorprendentemente, el abogado Jackson no había entrevistado a su propio testigo (una práctica habitual) aunque la acusación sí había interrogado a Jones antes del juicio.


En 1996, Veronica Jones declaró en una vista de apelación que cambió su versión de los hechos tras recibir la visita de dos agentes de policía en la prisión, donde permanecía recluida por cargos de robo y agresión. Mientras la interrogaba, el fiscal anunció al tribunal que había una orden de detención pendiente contra Jones por pagar cheques sin fondos y señaló que sería detenida cuando concluyera su testimonio.


Jones describió en una declaración jurada su reunión con los agentes de policía vestidos de civil:


Me dijeron que si declaraba contra Jamal y lo identificaba como el autor de los disparos no tendría que preocuparme de los cargos por delitos graves que tenía pendientes...Los detectives me amenazaron recordándome que podía ser condenada a una larga pena de prisión, de quince años.... Sabía que si ayudaba a la defensa de Jamal de cualquier forma permanecería recluida muchos años.


Tras el juicio de Abu-Jamal, Veronica Jones fue condenada a una pena condicional de dos años por los cargos que pesaban contra ella.


En enero de 1997 se presentó otra ex prostituta que había ejercido su actividad en la zona del lugar del crimen en 1981. En una declaración jurada Pamela Jenkins manifestó que conocía a Cynthia White, quien le había manifestado que temía a la policía, que estaban intentando convencerla para que dijera algo sobre el asesinato de Faulkner y que la habían amenazado de muerte. Jenkins era la amante y la informante de Tom Ryan, agente de policía de Filadelfia. En su declaración, Jenkins afirmó que Ryan «quería que cometiera perjurio y que dijera que había visto a Jamal disparar contra el agente de policía». En 1996, Tom Ryan y otros cinco agentes del mismo distrito fueron encarcelados tras ser condenados por manipular pruebas, robarles dinero a detenidos y redactar informes falsos. Muchos presos a los que habían implicado los agentes quedaron en libertad. Jenkins fue la principal testigo de cargo en los juicios de estos agentes.


Robert Chobert


Robert Chobert acababa de dejar a un pasajero y su taxi estaba aparcado cuando vio el incidente. Sin duda alguna fue el testigo de cargo que estuvo más cerca del lugar de los hechos, pues su taxi estaba aparcado a un par de metros de distancia del vehículo policial de Faulkner y a unos quince metros de donde tuvieron lugar los disparos. Según su testimonio y sus declaraciones, estaba escribiendo en su cuaderno de trabajo cuando oyó el primer disparo y miró. Tuvo que mirar por encima o más allá del automóvil de Faulkner, con la luz roja de la sirena accionada, para poder ver lo que pasaba y vio al autor de los disparos sólo de perfil. Chobert declaró en el juicio que vio caer a Faulkner y a Abu-Jamal «de pie a su lado efectuando más disparos contra él». Durante el turno de interrogatorio del abogado Jackson, Chobert afirmó: «Sé quien disparó al poli, y no voy a olvidarlo».


Sin embargo, en la primera declaración que hizo a la policía, de la que no fue informada el jurado, Chobert afirmó que el autor de los disparos «aparentemente se dio a la fuga», según el informe que redactó el 10 de diciembre de 1981 el inspector Giordano, que se encontró con Chobert al llegar al lugar de los hechos unos cinco minutos después de producirse los disparos. Giordano escribió: «[Un] varón blanco de la multitud afirmó que vio efectuar los disparos a un negro miembro de MOVE que aparentemente [sic] se dio a la fuga. Cuando se le preguntó que quería decir [sic] con [sic] un miembro de MOVE, el varón blanco afirmó, “su pelo, su pelo” refiriéndose aparentemente [sic] a sus trenzas.»


También hay discrepancias entre la descripción hecha por Chobert sobre la ropa y el peso del autor de los disparos y los de Abu-Jamal.


Durante el juicio, con el fin de cuestionar la credibilidad de Chobert, Jackson intentó introducir como prueba las condenas que le habían sido impuestas por conducir en estado de embriaguez (dos veces) y el intento de incendio deliberado de un colegio, por lo que se encontraba en libertad condicional. El juez Sabo se negó a permitir que la defensa diera a conocer al jurado las condenas impuestas a Chobert.


El jurado también se quedó sin saber que la noche de la muerte de Faulkner, Chobert había estado conduciendo su taxi sin licencia de conducir; que se la habían retirado, que aún no la había recuperado en el momento del juicio y que la policía nunca había presentado cargos por este delito. Según la declaración que Chobert realizó en la apelación de 1995, en el juicio le había preguntado al fiscal si le «podía ayudar a averiguar el modo de recuperar mi licencia», que era «importante» para él porque «es el modo que tengo de ganarme la vida». Según Chobert, el fiscal le dijo que «lo estudiaría».


Durante las conclusiones finales que el fiscal dirigió al jurado, hizo hincapié en el testimonio de Chobert y les dijo a los miembros del jurado que podían «confiar» en Chobert porque «sabe lo que vio». El fiscal dio a entender que Chobert hizo su declaración sin que nadie le influyera, al decir al jurado: «¿Creen que alguien podría conseguir que dijera algo que no es verdad? No puedo criticar a este hombre en absoluto. ¿Qué motivos podría tener Robert Chobert para inventar la historia?». Sin embargo, las revelaciones posteriores sugieren que Chobert tenía motivos importantes para congraciarse con las autoridades corroborando su versión de los hechos.


Mark Scanlan


En una de sus declaraciones iniciales a la policía, Scanlan declaró varias veces que no sabía si el autor de los disparos contra Faulkner había sido Abu-Jamal o su hermano: «No sé quien tenía la pistola. No sé quien la disparó». También identificó erróneamente a Abu-Jamal como el conductor del vehículo al que Faulkner había dado el alto y se encontraba a unos cuarenta metros del lugar. En el esquema que Scanlan dibujó para la policía se indicaba que Abu-Jamal estaba frente a Faulkner cuando se produjo el primer disparo, lo que contradecía la tesis de la acusación según la cual el agente de policía había recibido el primer disparo en la espalda. En el juicio, Scanlan admitió que la noche en cuestión había estado bebiendo y que «con los tres hombres delante del automóvil la situación era confusa.»


Los testigos ausentes


Los abogados de Abu-Jamal también alegan que la defensa no pudo investigar a varios testigos presenciales debido a la falta de recursos y a que la acusación no les dio a conocer el paradero de éstos. Según las investigaciones llevadas a cabo por el actual equipo de defensa, se ha localizado a numerosos testigos que afirman haber visto huir del lugar de los hechos a otros hombres sin identificar. Dado que este informe se ocupa fundamentalmente de si el juicio de Abu-Jamal fue imparcial o no, Amnistía Internacional no ha analizado las declaraciones de estos posibles testigos. En octubre de 1999, la defensa presentó un expediente de apelación ante el tribunal federal en el que se resumían estas alegaciones.32


William Cook, hermano de Abu-Jamal y testigo de la muerte de Faulkner, no declaró para ninguna de las partes del juicio. Cook fue condenado en otro proceso por agredir a Faulkner. Hizo una declaración a la policía la noche del suceso y otra en 1995 a los abogados de Abu-Jamal. Sin embargo, Amnistía Internacional no ha podido ver ninguna de estas declaraciones. Los partidarios de Abu-Jamal han alegado que en 1982 Cook fue intimidado por la policía y temía ser acusado en relación con el suceso, por lo que estaba demasiado atemorizado para declarar. En la vista de 1995 se le citó para que declarara pero no compareció, al parecer, debido a su temor a la policía y a ser detenido en el tribunal por cargos ajenos al proceso. En su escrito de denegación de la apelación interpuesta en 1995, el juez Sabo estableció conclusiones negativas sobre el hecho de que Cook no estuviera dispuesto a declarar. A pesar de los numerosos intentos que ha llevado a cabo, el equipo de defensa no ha podido localizar a Cook desde 1995.



Las pruebas balísticas


Aunque la pistola de Abu-Jamal había gastado las cinco balas, la policía no llevó a cabo ninguna prueba para comprobar si el arma se había disparado recientemente. La prueba es relativamente sencilla: se huele la pistola para comprobar si conserva olor a pólvora, que se mantiene durante unas cinco horas después de dispararse. Para agravar este error, la policía tampoco examinó las manos de Abu-Jamal para comprobar si había sustancias químicas en ellas y si había disparado una pistola hacía poco tiempo.


Sin embargo, la policía parecía ser consciente de la importancia de llevar a cabo pruebas forenses básicas. Según el testimonio de Arnold Howard durante las vistas de 1995, después de ser detenido por su presunta implicación en el suceso, la policía examinó sus manos para comprobar si había efectuado algún disparo hacía poco tiempo. Howard había sido detenido porque el agente Faulkner llevaba encima su impreso de solicitud de permiso de conducir.


Como se ha señalado en la página 10, el tribunal se negó a conceder suficientes fondos para que la defensa pudiera obtener testigos periciales. Como resultado, no se presentó al jurado ningún testimonio pericial que se opusiera a la afirmación del fiscal según la cual Abu-Jamal había disparado al agente Faulkner y que éste murió por disparos hechos con el arma de Abu-Jamal.


Según la acusación, el agente Faulkner se volvió y disparó contra Abu-Jamal mientras caía al suelo tras recibir un disparo. Por consiguiente, la bala que hirió a Abu-Jamal debería haber seguido una trayectoria horizontal o hacia arriba. Sin embargo, según los informes médicos, la trayectoria general de la bala fue hacia abajo. Durante el juicio, al médico que le extrajo la bala a Abu-Jamal (que reconoció su falta de experiencia forense) le preguntaron por qué «la trayectoria de la bala había sido descendente» y éste dio como posible explicación la «caída» y el «rebote» de la bala.


En 1992, un patólogo forense contratado por el equipo de defensa de Abu-Jamal examinó los informes médicos y concluyó que:


Por estos motivos, no parece que haya razones para dar por supuesto que un rebote fue la causa de la trayectoria descendente de la bala por el cuerpo. Es más probable que la bala siguiera una trayectoria descendente por el cuerpo por las posiciones del señor Jamal y del autor del disparo. Entre las posturas posibles están que el autor del tiro disparara de pie contra el señor Jamal mientras éste yacía en el suelo o que el autor disparara de pie en una trayectoria horizontal mientras el señor Jamal se doblaba sobre la cintura.


Ninguna de estas posturas coincide con la tesis de la acusación. La conclusión del patólogo forense fue que «dado que estoy en desacuerdo tanto con las conclusiones del pesquisidor sobre la causa de la muerte como con la argumentación del doctor Coletta sobre un posible rebote... la defensa del señor Jamal hubiese necesitado, y le habría convenido, el testimonio de un patólogo forense capacitado».


También hubo contradicciones entre las conclusiones iniciales sobre la bala extraída del cuerpo de Faulkner. El pesquisidor escribió primero en sus notas que la bala era de «calibre 44» (la pistola de Abu-Jamal era de calibre 38 por lo que era imposible que hubiera disparado la bala). Posteriormente el pesquisidor explicó que este dato discrepante, que no se dio a conocer al jurado, «había aparecido en los informes pero no era una conclusión oficial». En el juicio, el pesquisidor declaró que la bala coincidía con las de la pistola de Abu-Jamal aunque las pruebas no fueron concluyentes respecto a si realmente procedía de este arma. El tribunal admitió al pesquisidor como perito en balística. Sin embargo, durante la vista de 1995, el juez Sabo alegó que el pesquisidor no era un «perito en balística» y que la conclusión inicial según la cual la bala era de calibre 44 no era más que la «suposición de un lego».


En una causa en que la base jurídica de la acusación sobre el delito se apoya en una secuencia específica de hechos que implican un tiroteo, la recopilación de pruebas balísticas es fundamental, al igual que la capacidad de la defensa para presentar su propio testimonio pericial sobre el significado de dichas pruebas. El hecho de que la policía no analizara ni la pistola, ni las manos ni la ropa de Abu Jamal para comprobar si había pruebas de disparos recientes es profundamente preocupante. Al jurado se le exigió, sin poder conocer ni valorar dichas pruebas, que llegara a un veredicto basándose fundamentalmente en los testimonios contradictorios y variables de una lista limitada de testigos presenciales.


La sentencia: ¿condenado a muerte por ejercer la libertad de expresión?


«Todas las personas son iguales ante la ley [...] A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por [...] opiniones políticas o de cualquier índole».33


Tras pronunciarse un veredicto de culpabilidad en una causa punible con la muerte, la mayoría de los tribunales estadounidenses deben celebrar una vista de determinación de condena, durante la cual la acusación y la defensa presentan pruebas y testimonios en favor y en contra de una condena de muerte. Si el jurado concluye que los factores agravantes que respaldan la ejecución pesan más que los factores atenuantes en favor de la indulgencia, deben imponer la pena capital. Según la legislación de Pensilvania basta con que un solo miembro del jurado no esté de acuerdo con esa conclusión para que no se pueda imponer la pena de muerte.


Al igual que ocurrió en buena parte del juicio de Mumia Abu-Jamal, la fase de determinación de condena se aceleró y duró menos de dos horas. Por su parte el jurado tardó menos de tres horas y media en deliberar sobre la condena que debía imponerse a Abu-Jamal. 34


Aunque Abu-Jamal ocupó el estrado de los testigos durante la vista de determinación de condena, limitó su declaración a objetar varios aspectos del juicio que creía que habían sido injustos y perjudiciales para él y a proclamar su inocencia. Si bien su decisión de realizar esta declaración pudo haber perjudicado sus posibilidades de ser condenado a cadena perpetua, la defensa que el abogado Jackson hizo de Abu-Jamal en esta fase crucial fue prácticamente inexistente. No llamó a ningún testigo de conducta y carácter, a pesar de que podía haber citado a un representante del estado por Filadelfia que habría atestiguado la «positiva influencia que Abu-Jamal ejercía sobre la comunidad» y «su defensa de la necesidad de que las diferentes comunidades étnicas y raciales trabajen en harmonía».35Jackson en ningún momento debatió con la madre y la hermana de Jamal una estrategia para presentar los factores atenuantes, a pesar de que ambas mujeres estaban dispuestas a declarar en su favor.

Durante la vista de determinación de condena, la acusación utilizó en su contra las presuntas convicciones políticas y las declaraciones que Mumia Abu-Jamal había hecho años atrás. Jamal hizo esas declaraciones hacía doce años y no tenían ninguna relación con la causa. La acusación trajo a colación unos comentarios atribuidos a Abu-Jamal citados en un artículo periodístico de cuando tenia 16 años y era miembro del Partido de los Panteras Negras. Entre ellas la siguiente cita de Mao Tse Tung «el poder político surge del cañón de una pistola». Mientras interrogaba a Abu-Jamal sobre sus declaraciones, el fiscal sugirió que el comentario «podría indicar si si es o no un verdugo o si se apoya ese tipo de acciones».


Durante su recapitulación ante el jurado, el fiscal se refirió a las presuntas declaraciones políticas que Mumia Abu-Jamal hizo de adolescente como argumento en favor de la pena de muerte, pues de ellas se desprendía que el acusado sentía desde hacía tiempo deseos de matar a un agente de policía. El fiscal dio claramente a entender que las declaraciones de Mumia Abu-Jamal indicaban que era capaz de matar a un agente de policía:



Cualquier persona puede mantener la filosofía que desee. Eso está muy bien. En eso consiste este país. Pero, una cosa que no puede tolerarse es el desacato constante a la autoridad y el quebrantamiento diario de la ley. Eso simplemente no se permite.


Dado que Mumia Abu-Jamal no había sido condenado con anterioridad por ningún delito ni tenía antecedentes de participación en actos de violencia por motivos políticos, este razonamiento fue sumamente perjudicial e incorrecto.


La Corte Suprema de Estados Unidos ha decidido que la utilización por parte de la acusación de las convicciones políticas de un acusado durante la fase de determinación de condena vulnera la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos: el derecho a la libertad de expresión. En la causaDawson contra Delaware (1992), la Corte Suprema falló que la acusación había vulnerado los derechos constitucionales de Dawson al informar durante la fase de determinación de condena que Dawson era miembro de una «banda penitenciaria formada por racistas blancos» (la Hermandad Aria). «No importa la etiqueta que se de a la prueba presentada ... al admitirse la prueba sobre su pertenencia a la Hermandad Aria se violaron los derechos que la Primera Enmienda reconoce al acusado [...] porque esta prueba sólo demostraba las creencias abstractas de Dawson», falló la Corte Suprema.


Amnistía Internacional cree que cualquier riesgo de que se hubiera ejercido una influencia indebida sobre el jurado en favor de la pena de muerte es inaceptable y debería constituir motivo para anular la condena a muerte dictada contra Abu-Jamal.


La apelación ante la Corte Suprema de Pensilvania


Mumia Abu-Jamal recurrió contra su condena ante la Corte Suprema de Pensilvania por primera vez en 1989. En su recurso citó varios errores e irregularidades cometidos en los procedimientos judiciales. La apelación fue desestimada en su totalidad.


La Corte no consideró que el fiscal había cometido un error al referirse en su recapitulación ante el jurado a la filiación y las declaraciones políticas pasadas de Mumia Abu-Jamal. La Corte desestimó el recurso y falló que «castigar a una persona por expresar sus opiniones o por asociarse con determinadas personas es muy diferente de permitir ... que [se analicen] pruebas sobre el carácter [del acusado] cuando la investigación sobre este aspecto es pertinente». La Corte Suprema de Delaware citó, y produjo literalmente, el fallo de la Corte Suprema de Pensilvania en el recurso de Abu-Jamal para rechazar la apelación formulada por David Dawson, preso condenado a muerte en Delaware. Por lo que parece, la Corte Suprema de Estados Unidos, a través de su posterior fallo en la causa de Dawson contra Delaware, pone en entredicho los argumentos de la Corte Suprema de Pensilvania.


La Corte Suprema de Pensilvania también rechazó la afirmación de Mumia Abu-Jamal respecto a que el fiscal había actuado indebidamente cuando intentó minimizar la responsabilidad del jurado en la imposición de la pena de muerte haciendo referencia al prolongado proceso de apelación y les manifestó:


Señoras y señores, no se les pide que maten a nadie. Se les requiere que se atengan a la ley. La misma ley que les menciono constantemente con estas palabras, ley y orden. Debo señalarles que es la misma ley que durante seis meses ha ofrecido garantías al acusado. La misma ley que le permitirá presentar apelación tras apelación...[a causa de] esta misma ley ...nadie ha muerto en Pensilvania desde 1962.


En una causa anterior presidida también por el juez Sabo (El estado contra Baker), el mismo fiscal, Joseph McGill, en su recapitulación ante el jurado, también describió el prolongado proceso de apelación de los presos condenados a muerte. En 1986, la Corte Suprema de Pensilvania anuló la condena a muerte contra Baker, basándose en que estas explicaciones «minimizaban el sentido de responsabilidad de un jurado a la hora de dictar un veredicto de muerte»36Sin embargo, la Corte después anuló este precedente en 1989 al ratificar la condena a muerte dictada contra Abu-Jamal, aunque lo volvió a establecer en 1990, en la causa El estado contra Beasley, y ordenó «que se suprimieran todos los comentarios sobre el proceso de apelación en todos los juicios futuros». Estos precedentes contradictorios dejan la inquietante sensación de que la Corte se inventó un nuevo criterio de procedimiento para aplicar en un solo caso: el de Mumia Abu-Jamal.


En la apelación de Abu-Jamal también se argumentaba que al retirarle al acusado el permiso para representarse a sí mismo, se estaban vulnerando sus derechos constitucionales. En su respuesta la Corte Suprema afirmó: «El tribunal observó en el momento de la selección del jurado que varios posibles miembros se sintieron claramente impresionados por el interrogatorio del apelante. Asimismo, el apelante se negó a seguir los procedimientos establecidos durante la selección del jurado». La transcripción del juicio no avala esta conclusión.


La Corte también sostuvo que Abu-Jamal no tenía el derecho garantizado a representarse personalmente, dado que los acusados indigentes no tienen derecho a ser asistidos por un abogado de su elección:


«Si bien la Constitución garantiza al acusado el derecho a asistencia letrada, dicho derecho sólo le proporciona el derecho a elegir, a cuenta propia, a cualquier abogado que desee. Mientras que, como en este caso, si el acusado es indigente, el derecho es a recibir asistencia letrada pero no a ser defendido gratuitamente por un abogado de su elección». (La cursiva aparece en el original.)


Asimismo, la Corte Suprema de Pensilvania rechazó la alegación formulada por Abu-Jamal respecto a que el hecho de que el tribunal no llamara a comparecer al agente Wakshul para que prestara declaración equivalía a una violación del derecho del acusado a llamar a testigos que podrían ayudar a demostrar su inocencia. La Corte basó su decisión en los siguientes puntos: la afirmación de Wakshul en el sentido de que no informó de la confesión debido a que la muerte de Faulkner le había afectado emocionalmente le había resultado creíble al juez Sabo, y los jueces de la Corte Suprema no tenían motivo para dudar de dicha conclusión; la versión de los hechos de Wakshul era independiente de la declaración de Priscilla Durham; el hecho de que Jackson no citara a declarar a Wakshul con antelación, lo que hubiera garantizado su comparecencia en el tribunal, no equivalía a «asistencia letrada ineficaz» porque fue Abu-Jamal quien decidió llamar a los testigos en el último minuto y el testimonio de Wakshul le habría perjudicado al confirmar la versión de los otros dos testigos sobre la «confesión».


Al no obligar a declarar al agente Wakshul, los tribunales privaron a la defensa de la oportunidad de interrogar a un testigo clave cuyo informe inicial sobre la conducta de Abu-Jamal en el hospital era absolutamente contradictorio con sus declaraciones posteriores. Sin escuchar la declaración jurada de este testigo, el jurado no estaba en condiciones de valorar adecuadamente la credibilidad de un elemento esencial de la argumentación de la acusación: la presunta «confesión» de Abu-Jamal. Como se ha mencionado anteriormente, la reacción del jurado a la presunta confesión pudo desempeñar un papel esencial en sus deliberaciones durante ambas fases del juicio.


En octubre de 1998, la Corte Suprema de Pensilvania rechazó el último recurso presentado por Abu-Jamal ante un tribunal estatal. La causa ha sido trasladada al sistema de justicia federal para la última fase de revisión por un tribunal de apelación.


También se ha expresado preocupación por los fuertes vínculos existentes entre miembros de la Corte Suprema de Pensilvania y la comunidad local de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, así como por la participación previa de un miembro de la Corte en el procesamiento de Mumia Abu-

Jamal. Tanto estas preocupaciones no aclaradas como las decisiones tomadas por la Corte sobre la apelación de Abu-Jamal han dejado la desafortunada impresión de que es posible que la Corte Suprema no haya sido capaz de decidir imparcialmente esta controvertida causa.


Con anterioridad al fallo emitido en 1998 por la Corte Suprema sobre la apelación de Abu-Jamal, sus abogados solicitaron que el juez Ron Castille se abstuviera de participar en las deliberaciones. El juez Castille es ex fiscal de distrito de Filadelfia que se había opuesto a las anteriores apelaciones de Abu-

Jamal; como fiscal de distrito, su nombre apareció en los escritos de apelación que defendían expresamente la postura de que el juicio de Abu-Jamal había sido imparcial y que las pruebas contra él eran irrefutables. La Orden Fraternal de la Policía (FOP) apoyó abiertamente su elección a la Corte Suprema. Al negarse a inhibirse, el juez Castille hizo la siguiente declaración:


He podido apreciar que la misma Orden Fraternal de la Policía que me ha apoyado en anteriores procesos electorales también apoyó al señor John P. Flaherty, presidente de la Corte, al señor juez Ralph Cappy, al señor juez Russell M. Nigro y a la señora juez Sandra Schultz Newman. Si el apoyo de la Orden Fraternal de la Policía constituye la base para una recusación, la práctica totalidad de la Corte tendría que declinar participar en esta apelación.


La negativa de un juez a inhibirse de unos procedimientos en los que anteriormente intervino como abogado de una de las partes constituye una grave vulneración de la ética judicial. Amnistía Internacional lamenta profundamente la decisión del juez Castille, especialmente teniendo en cuenta los numerosos motivos de preocupación que han surgido en esta causa por la aparente falta de imparcialidad judicial durante el juicio.


La Orden Fraternal de la Policía: al frente de la petición para que Mumia Abu-

Jamal sea ejecutado


«Si no les gusta, pueden unirse a él [Abu-Jamal]. Convertiremos la silla eléctrica en un sofá eléctrico. Nuestra postura al respecto no tolerará ninguna clase de ambigüedad, ninguna demora ni ninguna otra cosa.» Richard Costello, presidente de la Orden Fraternal de Policía de Filadelfia. 37


La Orden Fraternal de la Policía de Filadelfia siempre ha apoyado la ejecución de Abu-Jamal.38La organización también ha reaccionado con hostilidad frente a las peticiones de numerosas personalidades que han pedido que Abu-Jamal vuelva a ser juzgado. En agosto de 1999, en la asamblea general bienal de la Orden se aprobó una resolución en la que se pedía el boicot a todas las personas y empresas que habían expresado su apoyo a la puesta en libertad de Abu-Jamal. Un portavoz de la organización manifestó: «Es una equivocación permitir que empresas y personas se beneficien del asesinato de un agente que hizo el mayor de los sacrificios al intentar proteger y servir a los ciudadanos de su comunidad. Y no descansaremos hasta que Abu-Jamal arda en el infierno.» La Orden Fraternal de la Policía tiene fuertes vínculos con los jueces del estado que fallaron las apelaciones de Abu-Jamal (véase infra). En 1994, el representante del estado por Pensilvania Mike McGeehan hizo las siguientes declaraciones: «Deseo que Mumia Abu-Jamal muera. No me importa cuantos tipos de Hollywood le apoyen, vamos a verle morir en Pensilvania.»39


9ddddPdd@ddddPdd@9La aplicación de la pena de muerte en Estados Unidos es una cuestión sumamente politizada y muchos políticos y funcionarios judiciales consideran que apoyar la pena capital está bien visto por el electorado; cabe reseñar que la mayoría de los jueces y fiscales de los estados deben concurrir a elecciones para obtener o mantener sus cargos.40Cuando la judicatura forma parte del proceso político, el apoyo o la oposición de la comunidad de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley a los candidatos puede influir notablemente en el resultado de las elecciones a cargos judiciales y en las decisiones de los funcionarios elegidos en las causas por delitos punibles con la muerte.


En Pensilvania los jueces de la Corte Suprema son elegidos. Dada la naturaleza politizada de la pena de muerte en Estados Unidos, Amnistía Internacional continúa expresando su preocupación por el apoyo político que algunos miembros de la Corte Suprema de Pensilvania reciben de una comunidad de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley tan rotundamente a favor de la ejecución de Mumia Abu-Jamal.41


Algunos miembros de la Corte han recibido un apoyo importante y amplio por parte de la comunidad de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley: el presidente de la Corte, el juez John P. Flaherty, recibió el Premio de la Justicia concedido por la Asociación de Sheriffs de Pensilvania; el juez Ralph J. Cappy (que redactó la resolución en la que se rechazó la solicitud de nuevo juicio para Abu-Jamal) ha recibido el premio «Hombre del Año» concedido por la Orden Fraternal de la Policía del estado de Pensilvania; el juez Ronald D. Castille fue galardonado con el «Premio al Servicio Público Distinguido» por la Asociación de Detectives de Condado y del Estado de Pensilvania, el «Premio Layman» por la Asociación de Jefes de Policía de Pensilvania y el premio «Hombre del Año» por la Orden Fraternal de la Policía Grupo Número 5 (Filadelfia), y la juez Sandra Schultz Newman fue homenajeada por la Asociación de Jefes de Policía del Sureste de Pensilvania por su «dedicado liderazgo y destacada contribución a la comunidad y a la aplicación de la ley».


En caso de que algunos de estos miembros de la Corte votara en favor de las apelaciones de Abu-Jamal, estos fuertes vínculos con una organización muy influyente que está presionando para que Abu-Jamal sea ejecutado pueden acarrear una reacción de graves consecuencias políticas por parte de los medios de comunicación y de otros políticos, lo cual pondría en peligro su futuro en el tribunal.42



Mumia Abu-Jamal ya ha agotado todos los recursos estatales y su causa se ha planteado ante los tribunales federales. De conformidad con la Ley Antiterrorista y de Pena de Muerte Efectiva, ratificada por el presidente Clinton en 1996, los tribunales federales de apelación deben respetar las conclusiones de los tribunales estatales de apelación salvo en circunstancias excepcionales.43No está claro si las restricciones de esta ley son aplicables a casos juzgados con anterioridad a su promulgación. Puede que los tribunales federales que van a revisar las apelaciones de Mumia Abu-Jamal se vean limitados por las decisiones de dudosa validez tomadas por los tribunales inferiores, incluso a la hora de pronunciarse sobre cuestiones clave que fueron examinadas de forma precipitada o insatisfactoria por los tribunales estatales.


Las actas de este proceso indican un conjunto de hechos que comprometieron el derecho de Abu-

Jamal a recibir un juicio justo, como irregularidades en la investigación policial y la presentación de sus argumentos por la fiscalía, la posible coacción o exclusión de testigos clave, la aparente parcialidad judicial y el hecho de que el estado no proporcionara los medios necesarios para una defensa adecuada. Tras un proceso de apelación que ha durado varios años, no se han abordado estas preocupaciones fundamentales, ni tampoco es seguro que los tribunales federales estén facultados para conceder reparación.


Las condiciones de los pabellones de los condenados a muerte de Pensilvania


El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas ha instado a los Estados Miembros que mantienen la pena de muerte a «que apliquen plenamente las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos con objeto de reducir en lo posible el sufrimiento de los reos condenados a la pena capital a fin de evitar que se exacerben esos sufrimientos».44


En 1997, el secretario general de Amnistía Internacional, Pierre Sané, visitó los pabellones de los condenados a muerte en Texas y Pensilvania. En ambas prisiones fue testigo de las espantosas condiciones y regímenes que padecen los presos.45


En la Institución Penitenciaria Estatal de Greene el secretario general se reunió con los presos condenados a muerte Mumia Abu-Jamal y Scott Blystone. En la conferencia de prensa posterior a la visita, Pierre Sané describió el centro penitenciario del siguiente modo: «el pabellón de los presos condenados a muerte de Pensilvania parece un depósito de cadáveres. Todo es de alta tecnología y no se ve a ningún ser humano. A partir del momento en que los presos llegan, el estado intenta matarlos de forma lenta, mecánica y deliberada, primero espiritualmente y después físicamente.»


Scott Blystone describió a la delegación la intensa tensión que supone ser preparado para la ejecución, un proceso que tanto él como Abu-Jamal sufrieron en 1995:


Ellos [los guardias] llegan a tu celda y sabes que hay orden [de ejecución] porque son muy amables. Te esposan, te colocan el cinturón y los grilletes. Nadie habla, y puedes oírte los latidos del corazón. Te llevan a una celda de observación, que son celdas rodeadas de paredes de plexiglás para insonorizarlas. Hay una cámara delante de tu celda para observarte las veinticuatro horas del día. Estas ahí vivo y te preguntan dónde tienen que enviar el cadáver. Tras sobrevivir a una orden de ejecución, me sentí como si hubiera perdido el alma, acaban con una parte de tu persona.


Tanto Mumia Abu-Jamal como Scott Blystone informaron a la delegación de que los malos tratos a los reclusos por parte de los guardias penitenciarios de Institución Penitenciaria Estatal de Greene eran generalizados y frecuentes. Hace mucho tiempo que Amnistía Internacional expresa su preocupación por el trato dispensado a los presos. En mayo de 1998, se despidió a cuatro guardias de la Institución Penitenciaria Estatal de Greene y al menos a otros 21 se les degradó, suspendió del servicio o reprendió por el trato que dispensaban a los reclusos.


La Institución Penitenciaria Estatal de Greene está enclavada en una zona rural predominantemente blanca; el 93 por ciento del personal es blanco. Sin embargo, la mayoría de los reclusos son afroamericanos o hispanos de zonas urbanas, lo que provoca un elevado grado de tensión racial y de denuncias de malos tratos por motivos raciales. En un artículo periodístico redactado tras el despido de los guardias en el que se reproducían declaraciones tanto de guardias como de presos, se 9ddddPdd@ddddPdd@9informaba de casos reiterados de racismo y violencia a manos de los funcionarios penitenciarios.46Entre los hechos denunciados estaban los brutales golpes propinados a los presos por los guardias que después escribían KKK (es decir, Ku Klux Klan) con la sangre de los reclusos; las palizas propinadas por los guardias a determinados presos por orden de los superiores para «cambiar su actitud», y guardias que echaban salivazos de tabaco en la comida de los presos.


A pesar de las garantías recibidas del Departamento de Prisiones de Pensilvania (en respuesta a una carta sobre malos tratos a las mujeres condenadas a muerte en la Institución Penitenciaria Estatal de Muncy) respecto al trato profesional que los guardias penitenciarios dispensaban a los presos, Amnistía Internacional sigue recibiendo denuncias de los presos. Por ejemplo, en septiembre de 1999, la organización recibió denuncias pormenorizadas sobre abusos racistas contra los presos de la Institución Penitenciaria Estatal de Greene, entre ellos relatos de presos que se negaban a comer la comida servida por un turno concreto de guardias que colocaban artículos «no comestibles» entre los alimentos.


El 13 de octubre de 1999, el gobernador Ridge de Pensilvania firmó la orden de ejecución de Abu-Jamal para el 2 de diciembre de 1999. Amnistía Internacional cree que la orden de ejecución se firmó únicamente por motivos políticos dado que el gobernador debía saber que Abu-Jamal tenía previsto presentar un recurso en el plazo de dos semanas que aplazaría inmediatamente la ejecución. En una declaración, Amnistía Internacional comparó la decisión del gobernador con un acto de tortura: «La orden de ejecución sólo sirve para llevar a Mumia Abu-Jamal a la celda de observación, causándole un sufrimiento innecesario. Esto es hacer política con la vida de un hombre. Que un responsable público inflija un sufrimiento innecesario a un preso constituye tortura».


Conclusión


«Sólo podrá ejecutarse la pena capital de conformidad con una sentencia definitiva dictada por un tribunal competente, tras un proceso jurídico que ofrezca todas las garantías posibles para asegurar un juicio justo, equiparables como mínimo a las que figuran en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos [...]»47


Dada la naturaleza irreversible de la pena capital, las normas internacionales de derechos humanos exigen el máximo de garantías en los procesos por delitos punibles con la muerte al cada vez más reducido número de países que recurren a esta pena.


El juicio de Mumia Abu-Jamal se celebró en un ambiente de animosidad y tensión, en buena parte dirigida contra el acusado. Como afirmó el juez en la primera vista preliminar: «Sé que hay ciertos casos que tienen tendencias explosivas entre el público, y este es uno de ellos». Esa animosidad ha perdurado los diecisiete años transcurridos desde el juicio, especialmente en la comunidad de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. En 1995, al enterarse del aplazamiento de la ejecución de Mumia Abu-Jamal, James Green, agente de policía de Filadelfia manifestó: «Te da que pensar. Quizá debimos haberle ejecutado en el cruce de la calle núm. 13 con Locust [el lugar del delito] donde él ejecutó a Danny Faulkner.»48


La campaña del todo impropia que la comunidad de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley está llevando a cabo en favor de la ejecución de Mumia Abu-Jamal es sólo uno de los motivos de preocupación de Amnistía Internacional en relación con el proceso.


Muchas de las deficiencias que Amnistía Internacional ha señalado en el proceso de Mumia Abu-

Jamal son un reflejo de sus inquietudes más amplias respecto a la aplicación de la pena de muerte en todo el país. La preocupación sobre la posible parcialidad judicial no se limita a Pensilvania y los recursos asignados a los acusados indigentes son absolutamente inadecuados en muchas jurisdicciones. La conducta policial indebida se ha citado en muchos casos y el peligro de condenas injustas en juicios por delitos punibles con la muerte sigue siendo alarmantemente elevado. 49


A Amnistía Internacional le sigue preocupando el hecho de que la relación entre la judicatura de Pensilvania y la comunidad de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley provoca la desafortunada impresión de que la justicia transcurre por un camino que no conduce más que a la ejecución de Mumia Abu-Jamal. Por ejemplo, al desestimar los recursos del apelante, la Corte Suprema de Pensilvania parece haber hecho caso omiso de sus propios precedentes.


Los partidarios de la ejecución de Abu-Jamal mantienen que recibió un juicio justo y que fue condenado por un jurado legítimo de ciudadanos comunes. El sistema acusatorio en Estados Unidos sólo podrá ser justo si la defensa y la acusación gozan de un acceso razonable a los recursos necesarios para presentar su versión de los hechos, y si el juez que preside la causa es realmente neutral. Los jurados sólo pueden valorar con exactitud los hechos si les ofrecen una visión completa, lo que incluye todas las explicaciones e interpretaciones contradictorias de los hechos, y se pone en su conocimiento los posibles motivos de parcialidad de los testigos. Es evidente que estos factores estaban ausentes en el juicio de Abu-Jamal.


Durante el juicio de Mumia Abu-Jamal el jurado fue privado de buena parte de la información clave sobre la muerte del agente Faulkner.


Hay otros factores en este juicio que hacen que la condena sea fundamentalmente errónea, como la asistencia letrada inadecuada, la abierta hostilidad del juez de la causa y la aparente parcialidad judicial durante la revisión de la apelación.


Basándose en su análisis de la transcripción del juicio y otros documentos originales, Amnistía Internacional considera que numerosos aspectos de esta causa incumplieron claramente las normas mínimas internacionales que garantizan la justicia procesal. Por consiguiente, Amnistía Internacional cree que, en aras de la justicia, Mumia Abu-Jamal debe ser juzgado de nuevo. El juicio debería respetar plenamente las normas internacionales de justicia procesal y no debería permitir que volviera a dictarse una condena a muerte. La organización también recomienda que el nuevo juicio tenga lugar en una sede neutral donde el proceso no haya polarizado tanto a la opinión pública como en Filadelfia. Por último, las autoridades deberían permitir que destacados juristas de fuera de Estados Unidos acudieran como observadores del proceso para garantizar que el nuevo juicio cumple en todos los sentidos las garantías universalmente reconocidas en materia de derechos humanos.

Sólo para miembros de AIÍndice AI: AMR 51/01/00/s

Distr: SC/CC/CO/GR

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Amnistía Internacional

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ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Mumia Abu-Jamal: Una vida en juego





ACCIONES RECOMENDADAS


Asegúrense de que todas las personas pertinentes de la Sección han recibido copia de este documento y que se archiva debidamente para consultas futuras. Este documento debe utilizarse en las respuestas a las numerosas preguntas que algunas Secciones han recibido sobre el caso de Mumia Abu-

Jamal y como ejemplo de los numerosos motivos de preocupación que AI siente en relación con los juicios por delitos punibles con la pena capital en Estados Unidos. Las Secciones también pueden enviar copias, con una carta de presentación en la que resuman nuestras preocupaciones sobre el caso, a la embajada de Estados Unidos en su país. La fecha de embargo de este documento es el 17 de febrero del 2000. Con anterioridad el SI publicará un comunicado de prensa y un documento de preguntas y respuestas.




DISTRIBUCIÓN POR EL SI


El SI ha enviado este documento directamente a: todas las Secciones, coordinadores de campañas, la RAR de Estados Unidos y Canadá, los coordinadores de Expedientes de Acción sobre la pena de muerte en Estados Unidos, y la Red Internacional de Pena de Muerte. En marzo del 2000, también se enviará al gobernador y al fiscal general de Pensilvania y a otras autoridades estatales y federales específicas.

1Para más información véase el documento de AI titulado Derechos para todos, Índice AI: AMR 51/35/98/s, ISBN 84-86874-50-5, publicado en octubre de 1998.

2Por ejemplo, en 1995, seis agentes de policía de Filadelfia se declararon culpables de los cargos de colocación de drogas ilegales a sospechosos, del robo de más de cien mil dólares y de la falsificación de informes. La investigación sobre la actuación de estos agentes ha llevado a la excarcelación de centenares de acusados cuyas condenas fueron anuladas por los tribunales de apelación. También en 1995, otros dos agentes de policía de Filadelfia fueron condenados a penas de prisión de entre cinco y diez años por manipular pruebas contra unos jóvenes. Desde 1993, la ciudad de Filadelfia ha pagado aproximadamente 27 millones de dólares en más de 230 demandas contra la policía por conducta indebida.

3Above the Law: Police and Excessive Use of Force, Jerome H. Skolnick and James J. Fyfe, publicado por The Free Press.

4Frank Rizzo: The Last Big Man in Big City America, S.A. Paolantonio, publicado por Camino Books.

5La organización MOVE se formó en Filadelfia a principios de los años setenta. El grupo sigue las enseñanzas de Africa. En su manifiesto se dice: «La labor de MOVE es impedir que las industrias envenenen el aire...y poner fin al esclavización de la vida...el fin de la revolución de John Africa es enseñar a la gente lo corrupto, podrido y vergonzosamente esclavizador que es este sistema...y sentar el ejemplo de revolución que la gente pueda seguir cuando se den cuenta de lo oprimida, reprimida y engañada que ha estado por este sistema y este gobierno y vea la necesidad de librarse de este sistema canceroso como lo ha hecho MOVE.» (Cita tomada de 25 Years on the MOVE, publicado por MOVE.)

6Un incidente similar tuvo lugar en 1985, durante un enfrentamiento entre la policía y miembros de MOVE. El sitio concluyó cuando desde un helicóptero de la policía se arrojó una bomba incendiaria contra la casa que se cobró la vida de 11 de sus ocupantes, entre ellos seis niños (sólo sobrevivieron dos personas). La bomba también provocó un incendio que destruyó más de 60 casas de la zona, mayoritariamente negra. En 1995, un jurado federal concedió a los miembros de MOVE una indemnización por valor de 1,5 millones de dólares tras decidir que al arrojar la bomba la ciudad de Filadelfia había vulnerado su derecho constitucional a ser protegidos contra las incautaciones y los registros no justificados.

7El Programa de Contraespionaje (COINTELPRO) constituye desde hace tiempo motivo de preocupación para Amnistía Internacional. En 1981, la organización solicitó que se creara una comisión que investigara las operaciones del FBI que consideraba que habían socavado la imparcialidad de los juicios de varios miembros del Partido de los Panteras Negras y del Movimiento Indígena Americano. Amnistía Internacional también pidió que Geronimo ji Jaga Pratt volviera a ser juzgado cuando surgieron las pruebas de que el COINTELPRO había pretendido «neutralizarlo». Pratt fue puesto en libertad en 1998, tras veintisiete años de reclusión, una vez que su condena fue anulada en apelación debido a las nuevas pruebas que demostraban que el testigo clave de la acusación era un informante de la policía (hecho que negó al testificar).

8Philadelphia Inquirer, 10 de diciembre de 1981.

9Principio 2 de los Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura. Aprobados por el Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Milán del 26 de agosto al 6 de septiembre de 1985, y confirmados por la Asamblea General en sus resoluciones 40/32, del 29 de noviembre de 1985, y 40/146, del 13 de diciembre de 1985.

10Véase la página 23 para más información sobre la Orden Fraternal de la Policía.

11Sólo 15 de los 124 presos condenados a muerte que había en Filadelfia en octubre de 1998 eran blancos. Los estudios sobre la aplicación de la pena de muerte en Estados Unidos han concluido reiteradamente que la raza del acusado y de las víctimas pueden ser un factor clave a la hora de determinar quién va a ser condenado a muerte. Uno de estos estudios concluyó que, incluso teniendo en cuenta las diferencias entre los casos, era mucho más probable que las personas negras de Filadelfia acusadas de asesinato fueran condenadas a la pena capital que otros acusados por delitos similares (D. Baldus, et al., Race Discrimination and the Death Penalty in the Post Furman Era: An Empirical and Legal Overview, with Preliminary Findings from Philadelphia, Cornell Law Review, Volumen 83, septiembre de 1998.).

12What price justice?: Poor defendants pay the cost as courts save money on murder trials, publicado el 13 septiembre de 1992.

13Guilty and Framed, Stuart Taylor, Jr. The American Lawyer, publicado en diciembre de 1995.

14Principio 13 de los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados, aprobados por consenso en el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente en 1990 y respaldados por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

15Por ejemplo, George McFarland fue juzgado y condenado a muerte en Texas en 1991. El abogado que lo representó en el juicio se dormía constantemente. Al ser preguntado sobre el hecho de que el abogado se durmiera, el juez explicó que no vulneraba el derecho constitucional de asistencia letrada de McFarland porque «la Constitución no dice que el abogado tenga que estar despierto». Para más información véase Is Fairness Irrelevant? The Evisceration of Federal Habeas Corpus Review and Limits on the Ability of State Courts to Protect Fundamental Rights, Stephen B. Bright Washington

and Lee Law Review, Vol. 54, Núm. 1 (Invierno de 1997).

16Comisión Internacional de Juristas: Administration of the death penalty in the United States. Report of a Mission. Junio de 1996. Para más información véase el documento de AI titulado Estados Unidos de América: «Una macabra cadena de montaje». Noticias sobre la pena de muerte en 1997. Índice AI: AMR 51/20/98/s, publicado en abril de 1998.

17Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Estados Unidos, Doc. ONU CCPR/C/79/Add.50, 7 de abril de 1995, párrafo 23. Estados Unidos firmó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos el 5 de octubre de 1977, y lo ratificó el 8 de junio de 1992. En 1997, el relator especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias declaró, tras la visita que realizó a Estados Unidos en 1997, que era «inquietante la falta de asistencia letrada y de representación jurídica en el caso de muchos acusados susceptibles de ser condenados a la pena capital.» Doc. ONU E/CN.4/1998/68/Add.3

18A pesar de que posteriormente se introdujeron requisitos sobre la competencia de los abogados designados, la aplicación de la pena de muerte en Pensilvania sigue siendo un importante motivo de preocupación para Amnistía Internacional y otras organizaciones. En 1997, el Colegio de Abogados de Filadelfia aprobó una resolución en la que se pedía una suspensión general de la aplicación de la pena capital. En la resolución se citaba «el importante riesgo de que la pena de muerte continúe imponiéndose de forma arbitraria, caprichosa y discriminatoria» y pedía que la suspensión continuará hasta que «pudiera garantizarse que la pena de muerte se aplica imparcialmente y con las garantías debidas y que el riesgo de que se ejecute a personas inocentes se reduzca al máximo»

19El artículo 14(3)(d) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Estados Unidos en 1992 afirma: «Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: ... (d)A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elección...»

20En 1981, John Africa se representó con éxito en un juicio contra los cargos federales de posesión ilegal de armas.

21El juez Sabo también sancionó a los abogados que representaron a Abu-Jamal en la vista de 1995. Impuso una multa a uno de ellos y mandó encarcelar a otro durante un breve periodo. En Estados Unidos es extremadamente infrecuente que los jueces sancionen a los abogados.

22Artículo 8 (2) (f) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Estados Unidos la ha firmado pero no la ha ratificado.

23Un buen número de estados, como California, proporcionan dos abogados en las causas por delitos punibles con la muerte. En su documento Guidelines for the Appointment and Performance of Counsel in Death Penalty Cases (Directrices para la designación y actuación de la defensa en causas punibles con la muerte), el Colegio Estadounidense de Abogados especifica: «En las causas en las que se solicite la pena de muerte, deben asignarse dos abogados competentes».

24Vista preliminar del 1 de abril de 1982. El juez responsable del calendario judicial fija la fecha del juicio y supervisa la asignación de fondos para los abogados de la defensa para que contraten expertos, etc.

25Amnistía Internacional ha constatado muchos casos en Estados Unidos en los que los estados asignaron recursos lastimosamente insuficientes a los abogados defensores en causas punibles con la muerte. Los fondos asignados por la ciudad de Filadelfia para gastos legítimos de defensa en causas punibles con la muerte son particularmente

insuficientes. En 1992, el Centro de Información

sobre la Pena de Muerte publicó el informe titulado Justice on the Cheap: The Philadelphia Story. En él se detallaban muchos ejemplos de recursos insuficientes en juicios por delitos punibles con la muerte en Filadelfia, y llegaba a la conclusión de que «cualquier intento de igualdad ante la justicia se ve totalmente socavado» y que «la justicia se está convirtiendo cada vez más en otro bien disponible sólo para los pocos que pueden permitírselo». Pueden solicitar el informe en la siguiente dirección: DPIC, 1320 Eighteenth Street, NW, Washington DC, USA o en el sitio web: www.essential.org/dpic

26Los suplentes se utilizan en el caso de que un miembro del jurado no pueda participar en las deliberaciones a causa de enfermedad, conducta indebida, etc.

27Batson contra Kentucky. Para más información véase el documento de AI titulado Prejuicios que matan: la dimensión racial de la pena de muerte en Estados Unidos, Índice AI: AMR 51/52/99/s, publicado en mayo de 1999.

28El jurado fue «aislado» durante el juicio (alojado en un hotel y sin poder tener contacto con el mundo exterior).

29Voto particular discrepante en la causa del ciudadano mexicano Cesar Fierro.

30El agente Bell era el compañero de trabajo de Daniel Faulkner y su «mejor amigo». Priscilla Durham, que al principio negó conocer a Faulkner, admitió posteriormente que había hablado con él en varias ocasiones, a veces mientras tomaban un café.

31La denuncia formulada por Abu-Jamal de que fue golpeado brutalmente por la policía no fue admitida. Sin embargo, varios agentes admitieron durante el juicio que lo golpearon «accidentalmente» la cabeza contra un poste y que lo dejaron caer bocabajo mientras lo llevaban a la furgoneta policial.

32El expediente de la apelación puede encontrarse en: http://mojo.calyx.net/~refuse/mumia/101699petition.html

33Artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

34La transcripción de la vista de determinación de condena puede encontrarse en la siguiente dirección web: http://mojo.calyx.net/~refuse/mumia/082599july3trans.html

35Declaración jurada del ex representante de estado David P. Richardson, con fecha de mayo de 1995.

36En la causa El estado contra Holcomb de 1985, la Corte Suprema también decidió que: «el estado sólo puede presentar pruebas sobre las circunstancias agravantes según se establece en la legislación sobre pena de muerte». Según la legislación, entre las circunstancias agravantes no se incluyen las convicciones o comentarios políticos del acusado.

37Transcripción de una entrevista realizada en Channel 10 (WCAU), el 14 de julio de 1990.

38La Orden Fraternal de la Policía es la mayor organización de profesionales de las fuerzas de orden público de Estados Unidos y cuenta con más de 283.000 miembros.

39Citado en The Philadelphia Daily News, del 2 de junio de 1994.

40Véase también Judges and the Politics of Death: Deciding Between the Bill of Rights and the Next Election in Capital Cases, por Stephen B. Bright y Patrick J. Keenan (Boston University Law Review, Volumen 75, Número 3, mayo de 1995). También pueden solicitarlo en el sitio web: http://www.schr.org/reports/index.html

41El Comité expresa su preocupación por las repercusiones que el actual sistema de elección de jueces puede tener, en algunos Estados, sobre el respeto de los derechos previstos en el artículo 14 del Pacto [Internacional de Derechos Civiles y Políticos] y acoge con satisfacción los intentos de varios Estados de adoptar un sistema de elección basado en el mérito [...] El Comité recomienda que se reconsidere el sistema vigente de varios Estados de nombrar a los jueces mediante elecciones, a fin de sustituirlo por un sistema basado en el mérito y decidido por un órgano independiente». Observaciones finales del Comité de Derechos de las Naciones Unidas. CCPR/C/79/Add.50, párrafos 23 y 36.

42Amnistía Internacional ha documentado numerosos casos en que los jueces han sido criticados por el electorado o no han conseguido ser reelegidos por haber fallado a favor de la apelación de un preso condenado. Por ejemplo, tras recibir ataques por haber anulado la condena a muerte dictada contra Richard Odom, la juez Penny White no logró ser reelegida a la Corte Suprema de Tennessee. Para más información véase el documento titulado Estados Unidos: Noticias sobre la pena de muerte en 1996, Índice AI: AMR 51/01/97/s. En octubre de 1999, el Senado estadounidense rechazó el nombramiento de Ronnie White como juez de distrito federal propuesto por el presidente Clinton. Todos los senadores republicanos votaron contra White y citaron lo que percibían como su reticencia a confirmar condenas de muerte. Un senador afirmó que: «durante su mandato [en la Corte Suprema de Misuri], ha votado en contra de la pena de muerte en muchas más ocasiones que ningún otro juez». (Los Angeles Times, 5 de octubre de 1999).

43Para más información sobre esta ley, véase el documento de AI titulado Estados Unidos: Noticias sobre la pena de muerte en 1996, Índice AI: AMR 51/01/97/s, publicado en marzo de 1997.

44Resolución 1996/15 del ECOSOC, aprobada el 23 de julio de 1996.

45Para información sobre la visita del secretario general a los pabellones de los condenados a muerte de Texas, véase el documento titulado Injusticia letal: la pena de muerte en Texas, Índice AI: AMR 51/10/98/s, publicado en marzo de 1998.

46«Firings and charges have shaken up SCI Greene», Pittsburgh Post-Gazette, del 11 de agosto de 1998.

47Párrafo 5 de las Salvaguardias para Garantizar la Protección de los Derechos de los Condenados a la Pena de Muerte, aprobadas por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas en la resolución 1984/50 del 25 de mayo de 1984 y confirmadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 39/118, adoptada por consenso el 14 de diciembre de 1984.

48Citado en el New York Times del 8 de agosto de 1995. Amnistía Internacional expresó su consternación por el hecho de que un agente de policía pudiera respaldar abiertamente la posibilidad de un ejecución extrajudicial.

49Pueden encontrar documentación sobre estas denuncias en las publicaciones enumeradas en la página interior de la portada de este informe.

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