Document - Trinidad and Tobago: First Execution in 10 Years Threatened


AU: 198/09 Índice: AMR 49/001/2009 TRINIDAD Y TOBAGO Fecha: 23 de julio de 2009


ACCIÓN URGENTE

SE AMENAZA CON LA PRIMERA EJECUCIÓN EN 10 AÑOS

Un preso de Trinidad y Tobago corre peligro inminente de ser ejecutado, pese a no haber agotado todas sus apelaciones.

Está previsto que Ronald Tiwarie comparezca ante un Comité Asesor sobre la Facultad del Indulto (conocido normalmente como “comité de gracia”) el 28 de julio. Por ley, no debería comparecer ante uno de estos comités, ya que aún no ha agotado todas sus apelaciones: está a la espera de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos responda a una petición presentada por sus abogados el 1 de abril. La suya sería la primera ejecución llevada a cabo en el país desde 1999. El 3 de abril, la Comisión pidió a las autoridades de Trinidad que “se abstengan de ejecutar la condena de muerte hasta que [la Comisión] haya tenido oportunidad de emitir su decisión sobre la petición del demandante”. Los abogados de Ronald Tiwarie presentaron también una moción de constitucionalidad el 16 de julio ante el Tribunal Supremo, pidiendo que suspendiera toda vista del comité de gracia hasta que la Comisión Interamericana hubiera examinado la petición, y afirmando que cualquier vista de un comité de gracia en estos momentos violaría el derecho constitucional de Ronald Tiwarie a no verse privado de la vida salvo mediante el debido proceso legal, conforme garantiza la Constitución de Trinidad. Las normas y el derecho internacional establecen de forma inequívoca que no puede llevarse a cabo una ejecución mientras el condenado disponga de apelaciones. Sin embargo, en una vista celebrada el 23 de julio, el Tribunal Supremo declinó suspender la reunión del comité de gracia, alegando que dicho comité está facultado para otorgar el indulto, y aplazó la vista ante el propio Tribunal hasta después de la reunión del comité del 29 de julio. Aunque, tras la reunión del comité, el Tribunal Superior podría anular la decisión de llevar a cabo la ejecución, las autoridades de Trinidad ya han ejecutado anteriormente a presos mientras los tribunales nacionales examinaban aún sus apelaciones.

Ronald Tiwarie fue condenado a muerte el 4 de agosto de 2004 por el asesinato de su cuñada, muerta el 8 de marzo de 2001.El próximo 4 de agosto cumplirá cinco años en el “corredor de la muerte”: según una resolución de 1993 del Comité Judicial del Consejo Privado de la Corona (el tribunal de más alta instancia de la mayoría de las naciones del Caribe de habla inglesa), una demora de más de cinco años para ejecutar una condena de muerte constituye trato cruel e inhumano. Es posible que las autoridades de Trinidad traten ahora de garantizar que Ronald Tiwarie es ejecutado antes de que expire el plazo de cinco años.

ESCRIBE INMEDIATAMENTE, en inglés o en su propio idioma:

  • manifestando su apoyo a las víctimas de la delincuencia violenta y sus familiares;

  • pidiendo a las autoridades que suspendan la vista de Ronald Tiwarie ante el comité de gracia, prevista para el 28 de julio, que violaría tanto los derechos constitucionales de Ronald Tiwarie como el derecho y las normas internacionales sobre la pena capital, ya que todavía tiene pendiente una apelación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos;

  • expresando honda preocupación por esta aparente intención de reanudar el uso de la pena de muerte en Trinidad y Tobago tras 10 años sin ejecuciones, e instando a las autoridades a no dar este paso;

  • subrayando que no se ha demostrado que la pena de muerte tenga un efecto disuasorio sobre la delincuencia violenta superior al de otras penas.

ENVÍA LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2009, A:

Primer Ministro

The Rt. Honourable Patrick Manning,

The Office of the Prime Minister

White Hall, Queen Park West

Port of Spain

Trinidad y Tobago

Fax: +1 868 622 2241

Tratamiento: Dear Prime Minister / Sr. Primer Ministro



Fiscal General

The Hon. John Jeremie

Ministry of the Attorney General

Cabildo Chambers

25-27 St Vincent Street

Port-of-Spain

Trinidad y Tobago

Fax: +1 868 625 0470

Correo-e.: ag@ag.gov.tt

Tratamiento: Dear Attorney General / Sr. Fiscal General


Y copia a:

Ministro de Seguridad Nacional

Minister of National Security

Senator The Hon. Martin Joseph

Ministry of National Security

31-33 Abercromby St

Port of Spain, Trinidad y Tobago

Fax: +1 868 623 7817

Correo-e.: mns@tstt.net.tt

Envía también copia a la representación diplomática acreditada en su país. Consulta con la oficina de tu Sección si vas a enviar los llamamientos después de la fecha antes indicada.



ACCIÓN URGENTE

SE AMENAZA CON LA PRIMERA EJECUCIÓN EN 10 AÑOS

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Las últimas ejecuciones en Trinidad y Tobago tuvieron lugar en junio y julio de 1999, cuando 10 hombres fueron ahorcados. Anteriormente, el país había ejecutado a presos cuyas vías legales de apelación aún no se habían agotado. En 1994, Glen Ashby fue ejecutado mientras dos tribunales examinaban sus apelaciones. Uno de los tribunales dictó una suspensión de la ejecución al mismo tiempo que se llevaba a cabo el ahorcamiento. El 22 de junio de 1999, Anthony Briggs fue ejecutado tras una orden, emitida el 25 de mayo de 1999, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establecía que la vida de Anthony Briggs “se preserve hasta que la Corte [...] emita una decisión sobre este asunto”.

El mundo se está apartando del uso de la pena de muerte: 139 países han abolido ya esta pena en la ley o en la práctica, y sólo 25 llevaron a cabo ejecuciones en 2008. Trinidad y Tobago, no obstante, junto con las otras 11 naciones del Caribe de habla inglesa (Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, y Santa Lucía) votaron el 18 de diciembre de 2008 contra la resolución 63/168 de la Asamblea General de la ONU, en la que se pide una moratoria mundial de las ejecuciones. El Caribe de habla inglesa constituyó casi una cuarta parte de los países que votaron contra la moratoria.


La ejecución de Charles Elroy Laplace en San Cristóbal y Nieves en diciembre de 2008 fue la primera llevada a cabo en el Caribe de habla inglesa desde el año 2000. Con ella, se ha desatado el temor de que otras naciones del Caribe de habla inglesa sigan su ejemplo mientras aumenta la presión sobre los gobiernos de la región para que den la apariencia de estar haciendo frente a la delincuencia violenta. En mayo de 2007, el primer ministro de Trinidad y Tobago manifestó públicamente que deseaba que se reanudaran los ahorcamientos, diciendo que creía que “la pena capital es un elemento fundamental de la lucha contra la delincuencia”. En enero de 2009, el primer ministro culpó a las restricciones impuestas por las resoluciones del Comité Judicial del Consejo Privado de la Corona de las demoras en llevar a cabo las ejecuciones.

Trinidad y Tobago sufre altos niveles de delincuencia violenta: en 2008 se informó de 545 homicidios, un aumento del 39 por ciento respecto a 2007. Los estudios científicos han concluido sistemáticamente que no existen pruebas de que la pena de muerte tenga un efecto disuasorio más efectivo que el de otras penas. El estudio de investigación más reciente sobre la relación entre la pena de muerte y los índices de homicidio, llevado a cabo por la ONU en 1988 y actualizado en 1996 y 2002, concluyó que “las investigaciones no han proporcionado pruebas científicas de que las ejecuciones tengan un efecto disuasorio superior al de la cadena perpetua”.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte por considerarla una violación del derecho a la vida y el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante. La organización reconoce que los gobiernos tienen el deber de hacer frente a la delincuencia violenta, pero considera que la pena de muerte es, por naturaleza, inefectiva y arbitraria, y que no actúa como elemento disuasorio efectivo frente a la delincuencia. La aplicación de la pena de muerte conduce inevitablemente a contradicciones y errores, fallos inevitables agravados por la discriminación, la conducta indebida de la fiscalía y una asistencia letrada inadecuada. Es una pena que embrutece a cuantos participan en el proceso de las ejecuciones, y a la sociedad en su conjunto. La organización cree que el aumento de la delincuencia que afecta a gran parte del Caribe sólo se resolverá emprendiendo reformas urgentes en la policía y el sistema judicial, no con homicidios a manos del Estado.


Para más información sobre la campaña de Amnistía Internacional para abolir la pena de muerte en el mundo, visita: http://www.amnesty.org/es/death-penalty


AU: 198/09 Índice: AMR 49/001/2009 Fecha de emisión: 24 de julio de 2009

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