Document - Suriname: After 25 Years, a chance for accountability and justice for the families of victims of the December 1982 extrajudicial killings

AMNISTÍA INTERNACIONAL

Declaración pública

Índice AI: AMR 48/001/2007 (Público)

Servicio de Noticias: 231/07

29 de noviembre de 2007

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR480012007

Surinam: Después de 25 años hay una oportunidad de que se rinda cuentas y se haga justicia a las familias de las víctimas de los homicidios extrajudiciales de 1982

Amnistía Internacional acoge con satisfacción que hoy, 29 de noviembre, se inicie en Surinam el juicio de 25 personas, entre ellas el ex jefe de Estado Desiré Delano (Desi) Bouterse, acusadas de asesinato y otros delitos relacionados por la ejecución extrajudicial de 15 personas después de torturarlas. El juicio, que tiene lugar un cuarto de siglo después de los homicidios, debería servir para conseguir una rendición de cuentas fundamental, al determinar judicialmente la culpabilidad o la inocencia de los acusados. Con este esfuerzo por remediar la larga impunidad, las familias de las víctimas tienen la oportunidad de conseguir cierto grado de justicia y reparación.

A la organización, sin embargo, le decepciona que no vaya a haber procesamiento ni rendición de cuentas por el crimen de tortura. También es motivo de honda preocupación que todos los acusados, tanto militares como civiles, vayan a ser juzgados por un tribunal militar, y no por un tribunal civil ordinario.

El caso se remonta a los sucesos del 8 de diciembre de 1982, cuando varias personas destacadas fueron detenidas por las autoridades militares, la mayoría de ellas en sus domicilios, tras unos presuntos disturbios en la capital, Paramaribo. Al día siguiente, 15 personas, entre ellas algunas de las detenidas y otras dos que ya estaban bajo custodia, fueron ejecutadas sumariamente en Fort Zeelandia, centro del ejército cercano a la Oficina del Gabinete surinamés, en Paramaribo. El 14 de diciembre de 1982, el teniente coronel Bouterse apareció en la televisión del país para informar de que 15 personas, detenidas bajo la sospecha de planear un golpe, habían sido tiroteadas cuando intentaban escapar. Sin embargo, los informes recibidos entonces por Amnistía Internacional indicaban que las víctimas presentaban disparos en la parte delantera de la cabeza o en el pecho. Testigos que posteriormente identificaron los cadáveres en una morgue de la ciudad afirmaron que las víctimas tenían grandes hematomas y cortes en la cara, las mandíbulas destrozadas, los dientes rotos, las extremidades fracturadas y múltiples heridas de entrada de bala en la cara, el pecho o el abdomen.¹

Entre las víctimas figuraban Cyril Daal, presidente de Moederbond, la mayor confederación de sindicatos de Surinam; Kenneth Gonçalvez, decano del Colegio de Abogados de Surinam; Bram Behr, Leslie Rahman y Frank Wijngaarde, periodistas; Jozef Slagveer, director de la agencia de noticias Informa; Andre Kamperveen, propietario de la emisora de radio ABC y ex ministro de Cultura y Deporte; Gerard Leckie, decano de la Universidad de Surinam; Suchrim Oemrawsingh, profesor universitario; y el empresario Robby Sohansingh. Según informes dos de las víctimas, Soerindre Rambocus y Jiwansingh Sheombar, eran ex oficiales del ejército que llevaban nueve meses presos bajo custodia militar, acusados de participar en un intento de golpe de Estado en marzo de 1982 y condenados en noviembre a largas penas de prisión. Las tres víctimas restantes, John Baboeram, Eddy Hoost y Harold Riedewald, eran sus abogados defensores.²

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó posteriormente su preocupación por las ejecuciones ilegales llevadas a cabo por agentes y autoridades del gobierno, afirmando: “De un modo especial ha alarmado a la Comisión las ejecuciones que tuvieron lugar en el presidio de Fort Zeelandia la noche del 8 de diciembre de 1982, en el que fueron asesinados, sin ningún tipo de proceso, quince prominentes ciudadanos surinameses. De acuerdo a las abrumadores evidencias de que dispone la Comisión, esas quince personas fueron brutalmente torturadas antes de ser ejecutadas y en su muerte participaron, directa y personalmente altas autoridades del Gobierno de Suriname.»

El Comité de Derechos Humanos de la ONU halló también “[...] que las víctimas fueron privadas arbitrariamente de la vida en contravención del párrafo 1 del artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.» El Comité instó al gobierno a tomar medidas efectivas “(I) para investigar los homicidios de diciembre de 1982; (II) para llevar ante la justicia a todas las personas que fueran responsables de la muerte de las víctimas; (III) para pagar indemnizaciones a los familiares; y (IV) para garantizar que el derecho a la vida se protege debidamente en Surinam.”³

Desiré Delano (Desi) Bouterse Bouterse ha negado los cargos de responsabilidad en los homicidios diciendo que sólo acepta la responsabilidad de haber sido jefe de gobierno y de las fuerzas armadas en el momento en que se produjeron. Esta versión de los hechos contradice la del testimonio documentado del único sobreviviente de la masacre, el sindicalista y líder del Partido Laborista de Surinam Fred Derby, que murió en mayo de 2001. Los funcionarios judiciales de Surinam continuaron trabajando en este procesamiento a lo largo de 2001, pero informaron de que habían recibido amenazas. Los informes de la prensa indican que, según los informes recibidos, al mes de junio de 2002, más de 160 personas habían comparecido en relación con este caso en Surinam. En agosto de 2001, Surinam había presentado una solicitud de asistencia jurídica al gobierno holandés para que se le permitiera celebrar vistas sobre este caso en los Países Bajos y recibir apoyo de expertos. En mayo de 2002, investigadores surinameses se desplazaron a los Países Bajos para entrevistarse con los testigos que no estaban dispuestos a prestar declaración en Surinam. Según informes, los investigadores oyeron las declaraciones de más de 40 personas en los Países Bajos. Se permitió a los abogados de Bouterse estar presentes en las vistas, lo que, según algunos informes, podría haber influido en que determinadas personas modificaran su testimonio por miedo a represalias

Amnistía Internacional ha recibido informes según los cuales entre las 25 personas acusadas en el proceso, 17 eran miembros de las fuerzas armadas en el momento de los homicidios, la noche del 8 de diciembre de 1982. Según los informes, las actas de acusación se centran en el asesinato, la participación en asesinato, la complicidad en asesinato y, en el caso del oficial de mayor graduación juzgado, en la incitación o petición de asesinato según están tipificados en el código penal, pero no en la tortura ni la agresión.⁴Según los informes, dado que la mayoría de los acusados, incluido el principal, Desiré Delano (Desi) Bouterse, estaban en el ejército en el momento en que se cometieron los delitos, el fiscal general, que también es fiscal militar (Auditeur-Militair), determinó que debían ser juzgados en consejo de guerra. Los acusados deberán comparecer ahora ante un tribunal militar formado por tres miembros, aunque, según los informes, éste estará presidido por un juez civil acompañado de dos oficiales del ejército.

La decisión de juzgar a los acusados en consejo de guerra no se ajusta a las normas internacionales. Como se reconoce en el artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la garantía institucional fundamental de un juicio justo es que la decisión sea tomada por “un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley”. Los tribunales militares sólo deben entender de delitos militares, relativos a casos de disciplina en las fuerzas armadas o daños a los bienes del ejército. Todos los delitos comunes cometidos por personal militar, incluidas las violaciones de derechos humanos y los crímenes tipificados por el derecho internacional, deben ser juzgados en tribunales civiles y de acuerdo a los procedimientos penales ordinarios.⁵

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