Document - Suriname: important commitment to the International Criminal Court must not be marred by entering into an unlawful impunity agreement with the USA

Amnistía Internacional


Declaración pública


Índice AI: AMR 48/001/2005 (Público)

Servicio de Noticias 343/05

15 de diciembre de 2005

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR480012005


Surinam: No debe ponerse en peligro el importante compromiso contraído con la Corte Penal Internacional con la firma de un acuerdo ilegal de impunidad con Estados Unidos



Amnistía Internacional ha acogido hoy con satisfacción la declaración hecha por el presidente Ronald Venetiaan al Parlamento el pasado 6 de diciembre, cuando dijo que Surinam va a adherirse al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Este anuncio representa un importante compromiso de participación, junto con la gran mayoría de los países del mundo, en el esfuerzo internacional por poner fin a la impunidad de los peores delitos que conoce la humanidad: el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra.


El anuncio del presidente Venetiaan es la ultima de una serie de declaraciones positivas del gobierno de Surinam sobre su adhesión al Estatuto de Roma. Amnistía Internacional insta al gobierno a llevar a cabo el proceso lo antes posible.


No obstante, a la organización le preocupa que, a la vez que anunciaba la intención de Surinam de adherirse al Estatuto de Roma, el presidente Venetiaan dijera también que el país iba a firmar con Estados Unidos un acuerdo que tiene por objeto impedir que Surinam entregue a la Corte Penal a ciudadanos estadounidenses acusados de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.


Estados Unidos es el único Estado que se ha opuesto activamente a la Corte Penal Internacional. El gobierno del presidente Bush ha expresado reiteradamente su temor a que se utilice la Corte para entablar acciones judiciales por motivos políticos contra ciudadanos estadounidenses, y basándose en ello está pidiendo a gobiernos de todo el mundo que firmen este tipo de acuerdos de impunidad.


Sin embargo, mientras se lleva a cabo la campaña del gobierno para obligar a los Estados a firmar acuerdos de impunidad, en el Congreso estadounidense han ido aumentando las críticas a ella por considerarse que suscita innecesariamente el antagonismo de países amigos. Asimismo, Estados Unidos hizo el 23 de noviembre de 2005 un significativo intento dar marcha atrás en su postura de oposición a que otros Estados ratifiquen el Estatuto de Roma, al decir ante la Asamblea General de la ONU: “respetamos el derecho de otros Estados a hacerse Partes en el Estatuto de Roma, pero pedimos que ellos respeten también nuestra decisión de no hacernos”.


Amnistía Internacional ha analizado los acuerdos de impunidad y ha llegado a la conclusión de que son ilegales y violan el Estatuto de Roma y otros tratados internacionales, incluidos los Convenios de Ginebra y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, todos los cuales exigen que los presuntos autores de los delitos anteriormente mencionados sean puestos a disposición judicial. La Unión Europea también ha analizado estos acuerdos y ha llegado a la misma conclusión.


La mayoría de los demás Estados y de los expertos en derecho internacional no comparten el temor de Estados Unidos a que se entablen acciones judiciales por motivos políticos. Todo el mundo reconoce que las exhaustivas salvaguardias y garantías de juicio justo contenidas en el Estatuto de Roma impiden que se dé tal caso. De hecho, lo realizado por la Corte en sus primeros años de funcionamiento, en los que se han centrado en las peores situaciones de su competencia en que se están cometiendo crímenes contra el derecho internacional en gran escala –Darfur, Sudán; el norte de Uganda, y la República Democrática del Congo–, confirma que tal temor es infundado.


A pesar de la amenaza de Estados Unidos de retirar la ayuda militar y de otros tipos a los países que se nieguen a firmar acuerdos de impunidad, más de 50 Estados se han comprometido, negándose a firmarlos, a respetar el principio fundamental de que nadie debe gozar de impunidad por estos crímenes. Entre ellos figuran los estados de la Unión Europea y Argentina, Brasil, Canadá, Eslovenia, Japón, Malí, México, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú, Samoa, Santa Lucía, Sudáfrica, Suiza, Tanzania, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. En otros casos, cuando los gobiernos han firmado el acuerdo, los parlamentos nacionales se han negado a ratificarlo.


Amnistía Internacional pide al gobierno de Surinam que se comprometa plenamente con la justicia internacional negándose a firmar un acuerdo de impunidad con Estados Unidos. Al mismo tiempo, la organización insta a los miembros del Parlamento a que declaren que no ratificarán tal acuerdo ilegal si llega a firmarse.


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