Document - Nicaragua: Legal concern/Impunity, USA
PÚBLICO
Índice AI: AMR 43/001/2003/s
19 de junio de 2003
EXTRA 34/03
Preocupación jurídica / impunidad
NICARAGUA
Impunidad a cambio de ayuda: Estados Unidos y la justicia internacional
Está previsto que, en los próximos días, la Asamblea Nacional de Nicaragua debata la ratificación de un acuerdo bilateral con Estados Unidos que otorgaría impunidad a los ciudadanos estadounidenses acusados por la Corte Penal Internacional (CPI) de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, incluidos los cometidos en territorio nicaragüense.
Al pedir inmunidad para esos delitos, Estados Unidos se está declarando, en la práctica, por encima del derecho internacional y fuera del sistema de justicia internacional.
Nicaragua no ha firmado ni ratificado el Estatuto de Roma de 1998, que dispone el establecimiento de una CPI permanente encargada de investigar y procesar los casos de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. Sin embargo, según los informes, la semana pasada Nicaragua firmó un acuerdo con Estados Unidos en el que se compromete a no extraditar a soldados estadounidenses para que sean procesados por la CPI. La Asamblea Nacional debe dar su aprobación final a este acuerdo en un plazo de 15 días a partir de su firma. Queda más o menos una semana para que finalice ese periodo de 15 días.
Según los informes, hasta la fecha unos 38 Estados han firmado acuerdos similares, y 4 los han ratificado, la mayoría bajo intensas presiones de Estados Unidos. Sin embargo, la mayor parte de los Estados se han negado a establecer acuerdos de este tipo. Estados Unidos ha fijado el 1 de julio como fecha límite para la firma de todos los acuerdos; una vez pasada esa fecha, los países que no accedan a establecer los acuerdos perderán la ayuda militar estadounidense, a menos que el presidente de Estados Unidos dicte una exención de esta norma por motivos de seguridad nacional.
INFORMACIÓN GENERAL
Amnistía Internacional lleva casi 10 años trabajando en favor del establecimiento de la CPI, con la convicción de que se trata de un mecanismo esencial para poner fin a la impunidad por los delitos más graves conocidos por la humanidad. Nadie debe quedar impune de esos crímenes.
Amnistía Internacional, junto con la mayoría de la comunidad internacional, considera que la preocupación del gobierno estadounidense de que la CPI se utilice para iniciar procesamientos de motivación política contra ciudadanos estadounidenses es totalmente infundada. Las sólidas salvaguardias y las garantías procesales contenidas en el Estatuto de Roma garantizan que no se dé nunca una situación de ese tipo. Amnistía Internacional confía en que la CPI, con 18 de los jueces más cualificados y respetados de la comunidad internacional y un fiscal altamente cualificado y con gran experiencia, disipará la preocupación del gobierno estadounidense, haciéndolo cambiar de opinión en su debido momento.
Puede temerse que Estados Unidos tome medidas de represalia contra los Estados que se hayan negado a firmar esos acuerdos. Sin embargo, la Ley de Protección de Funcionarios y Personal Estadounidenses, del 2002, que autoriza la retirada de la ayuda militar, también establece que el presidente puede no aplicar esta norma en cualquier momento por motivos de «seguridad nacional». Eso significa que Estados Unidos no tiene ninguna obligación de poner fin a la ayuda militar si no se firma un acuerdo de impunidad.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente posible, en español o en su propio idioma:
- instando a los miembros de la Asamblea Nacional a negarse a ratificar el acuerdo bilateral con Estados Unidos que otorgaría impunidad a los ciudadanos estadounidenses acusados por la Corte Penal Internacional;
- señalando que los acuerdos de impunidad son ilegales, ya que comprometen a los Estados a violar su obligación legal, establecida por el derecho internacional (incluido el Estatuto de Roma), de llevar ante la justicia a los responsables de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra;
- pidiendo a los miembros de la Asamblea Nacional que compartan estas cuestiones con sus colegas.
LLAMAMIENTOS A: (envíen sus llamamientos por correo electrónico o fax, siempre que sea posible)
Dr. Pedro Joaquín Ríos Castellón
Presidente Bancada Liberal
Asamblea Nacional,Costado Norte
Palacio de Gobierno
Managua, Nicaragua
Fax: + 505 2 283 039
Correo-E.: prios@correo.asamblea.gob.ni
Tratamiento: Dear Sir / Estimado Señor
Ing. Edwin Castro Rivera
Presidente Bancada FSLN
Asamblea Nacional,Costado Norte
Palacio de Gobierno
Managua, Nicaragua
Fax: + 505 2 283 039
Correo-E.: ecastro@correo.asamblea.gob.ni
Tratamiento: Dear Sir / Estimado Señor
Ing. Jaime José Cuadra Somarriba
Presidente Bancada Azul y Blanco
Asamblea Nacional,Costado Norte
Palacio de Gobierno
Managua, Nicaragua
Fax: + 505 2 283 039
Correo-E.: jcuadra@correo.asamblea.gob.ni
Tratamiento: Dear Sir / Estimado Señor
Rev. Guillermo Osorno Molina
Presidente de Camino Cristiano
Asamblea Nacional,Costado Norte
Palacio de Gobierno
Managua, Nicaragua
Fax: + 505 2 283 039
Correo-E.: gosorno@correo.asamblea.gob.ni
Tratamiento: Dear Sir / Estimado Señor
Sr. Nelson Artola Escobar
Presidente Comisión de DDHH
Asamblea Nacional,Costado Norte
Palacio de Gobierno
Managua, Nicaragua
Fax: + 505 2 283 039
Correo-E.: nartola@correo.asamblea.gob.ni
Tratamiento: Dear Sir / Estimado Señor
COPIA A: los representantes diplomáticos de Nicaragua acreditados en su país.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE.