Document - Mexico: Briefing to the UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination: 80th Session, February 2012

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Amnesty International Publications

Publicado originalmente en 2011 por Amnesty International Publications

International Secretariat

Peter Benenson House

1 Easton Street

London WC1X 0DW

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www.amnesty.org

© Amnesty International Publications 2011

Índice: AMR 41/081/2011

Idioma original: inglés.

Edición española a cargo de:

EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI)

Valderribas, 13.

28007 Madrid

España

Todos los derechos reservados. Esta publicación tiene derechos de autor, si bien puede ser reproducida por cualquier medio, sin pago de tasas, con fines educativos o para llevar a cabo acciones de protección y promoción de los derechos humanos, pero no para la venta. Los titulares de los derechos de autor solicitan que se les comuniquen los usos mencionados con el fin de evaluar sus efectos. Para la reproducción de este texto en cualquier otra circunstancia, su uso en otras publicaciones o su traducción o adaptación, deberá obtenerse el permiso previo por escrito de la editorial, y podrá exigirse el pago de una tasa.

índice

41. Migrantes en situación irregular: artículos 2, 5(b) y 6

62. Pueblos Indígenas �

72.1 Mortalidad materna y acceso a los SERVICIOS DE SALUD: ARTÍCULO 5(e)(iv) �

82.2 Acceso a la justicia e igualdad ante la ley: artículo 5(a) �

102.3 Celebración de consultas, consentimiento libre, previo e informado para la explotación de tierras indígenas e incumplimiento de resoluciones judiciales: artículo 26 y artículo 32 de la declaración �

112.4 Defensores y defensoras indígenas de los derechos humanos: Recomendación general 23, párrafo 4(e) �

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Amnistía Internacional somete la siguiente información a la consideración del Comité de Naciones Unidas (ONU) para la Eliminación de la Discriminación Racial (“el Comité”), con antelación al examen, por parte de este comité, de los informes periódicos decimosexto y decimoséptimo de México, presentados en virtud del artículo 9 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (“la Convención”). Este documento se centra en el incumplimiento por parte de México de la Convención en relación con dos grupos determinados de personas en México: los migrantes en situación irregular y los pueblos indígenas.

1. migrantes en situación irregular: artículos 2, 5(b) y 6

En abril de 2010, Amnistía Internacional publicó un informe titulado Víctimas invisibles: migrantes en movimiento en México.� El informe es fruto de dos años de investigación y documenta los abusos sistemáticos cometidos por bandas delictivas y funcionarios públicos contra migrantes en situación irregular que atraviesan México, en su mayoría procedentes de Centroamérica. En el informe, Amnistía Internacional concluye que decenas de miles de migrantes que viajan por México habitualmente caen víctimas de extorsión, malos tratos, secuestros, violación, asesinato y reclutamiento forzoso por las bandas delictivas.� Las mujeres y los niños migrantes son especialmente vulnerables. Las bandas delictivas, que a menudo actúan en connivencia con los funcionarios públicos, o con su aquiescencia, son responsables de la mayoría de estos abusos, pero la Policía Federal y los funcionarios de migración son también responsables de violaciones como el uso excesivo de la fuerza en el momento de detener a las personas. El hecho de que los gobiernos federal y estatales no aborden de forma efectiva los casos de xenofobia y discriminación contra migrantes en situación irregular significa que estas personas corren un mayor riesgo de sufrir abusos. A los migrantes se les niega habitualmente el acceso a justicia o a la protección, debido a que no pueden acceder a mecanismos adecuados de protección o presentación de denuncias. Los responsables de los abusos rara vez rinden cuentas de sus actos, lo que fomenta un clima de impunidad y tolerancia hacia los abusos cometidos contra las personas migrantes.

En agosto de 2010, se hallaron los cuerpos de 72 migrantes asesinados por una banda delictiva, en el municipio de San Fernando, estado de Tamaulipas. En abril de 2011, en el mismo municipio, se encontraron otros 183 cuerpos sin identificar. Se cree que algunas de las víctimas eran migrantes en situación irregular. Al parecer, habían caído víctimas de una banda delictiva que actuaba en connivencia con la policía municipal. Las investigaciones han dado lugar a la detención de al menos 80 presuntos miembros de la banda delictiva, entre ellos, 17 miembros de la policía local, pero no está claro cuántas de estas detenciones guardan relación con el secuestro y el homicidio de personas migrantes.

Amnistía Internacional reconoce que el gobierno mexicano ha acometido algunas reformas legales importantes, como la nueva ley sobre migración, que promueve el reconocimiento de los derechos de los migrantes, incluido el acceso a la justicia. Sin embargo, siguen sin someterse a consulta ni aprobación las leyes reglamentarias que permitirán la aplicación de estas reformas, y que deben promulgarse en un plazo de 180 días desde la fecha de aprobación de los proyectos de ley. � El gobierno también ha anunciado nuevas medidas, como la Estrategia Integral para la Prevención y el Combate al Secuestro de Migrantes, para coordinar la prevención del secuestro de migrantes entre diversos organismos y con las autoridades estatales.� No obstante, el gobierno no ha llevado a cabo una evaluación de estas iniciativas, y los defensores locales de los derechos de los migrantes han informado en repetidas ocasiones a Amnistía Internacional de que estas políticas no han dado lugar a cambios operativos en zonas donde existen elevados niveles de secuestros. Según las investigaciones de Amnistía Internacional, el gobierno federal y los gobiernos estatales, así como diversos organismos encargados de la migración, la investigación de delitos y la labor policial a menudo trabajan sin un liderazgo o una coordinación efectivos para combatir a las bandas delictivas que acechan a los migrantes. En consecuencia, no se han producido mejoras notables en la prevención y castigo de estos abusos, y rara vez se hace rendir cuentas a los funcionarios públicos implicados.

El gobierno tampoco ha aplicado medidas para recoger datos fiables sobre los abusos cometidos contra migrantes y las acciones emprendidas para hacer rendir cuentas a los responsables. No existe ninguna base de datos sobre migrantes desaparecidos que respalde las investigaciones y la identificación de cadáveres. En el informe Víctimas invisibles: migrantes en movimiento en México encontrarán información más detallada sobre las recomendaciones de Amnistía Internacional.

Amnistía Internacional ha recomendado al gobierno de México que:

Ponga en marcha medidas de protección para los migrantes en situación de riesgo y asegure que existen mecanismos efectivos de denuncia que garanticen el acceso a la justicia.

Ponga en marcha medidas para combatir la xenofobia y la discriminación contra las personas migrantes en México.

Garantice que todas las denuncias de abusos, independientemente de que su autor sea un agente estatal o no estatal, se investiguen de forma inmediata, imparcial y efectiva, para que los responsables comparezcan ante la justicia y las víctimas reciban protección y reparación.

Garantice el registro y la investigación exhaustiva y efectiva de todas las muertes violentas de migrantes irregulares, con el fin de establecer la identidad de la víctima y la causa de la muerte y, cuando existan pruebas, llevar a cabo una investigación completa de orden penal.

Cree una base de datos de ámbito nacional sobre migrantes desaparecidos;

Recoja y publique datos de ámbito nacional sobre abusos contra migrantes y sobre acciones emprendidas para llevar ante la justicia a los responsables;

2. pueblos Indígenas

En 2007, México fue uno de los 144 Estados que votaron a favor de la adopción, por parte de la Asamblea General, de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (“la Declaración”). La Declaración reconoce los derechos básicos a las tierras ancestrales, a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado. En junio de 2011, las reformas constitucionales que incorporaban expresamente a la Constitución mexicana los compromisos internacionales de México en materia de derechos humanos supusieron un importante avance en la protección jurídica de derechos reconocidos internacionalmente. En los últimos años, las reformas introducidas en los artículos 1 y 2 de la Constitución han reforzado las normas contra la discriminación y han promovido el reconocimiento de la naturaleza multiétnica del país, especialmente en lo que respecta a los derechos de los 10 millones de personas indígenas en México. No obstante, muchas de estas personas siguen viviendo en condiciones de extrema pobreza y marginación y sufren habitualmente una discriminación directa e indirecta. Por ejemplo, el Informe sobre Desarrollo Humano 2010 del Programa de la ONU para el Desarrollo destacó que, pese a las medidas adoptadas por el gobierno, los pueblos indígenas de México sufren una desigualdad social muy superior a la de cualquier otro grupo poblacional y tienen un acceso muy limitado a los servicios de salud, la educación, la seguridad social, la vivienda y otros servicios básicos.� Según la encuesta que realizó el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en 2010, las personas indígenas consideraban que la discriminación representaba el principal problema al que se enfrentaban.�

2.1 Mortalidad materna y acceso a los SERVICIOS DE SALUD: ARTÍCULO 5(e)(iv)

En los últimos años, debido al empeño del gobierno en reducir la mortalidad materna, se han logrado importantes avances en la reducción de los niveles generales de muertes maternas evitables. En 2010, según datos sobre salud pública, el índice de mortalidad materna era de 51,5 por 100.000 nacidos vivos en todo México.� Sin embargo, en comparación con las mujeres no indígenas, entre las mujeres indígenas persisten unos niveles elevados de mortalidad materna, lo que indica claramente que muchas de estas mujeres se enfrentan a la desigualdad social y a un acceso limitado a servicios deficientes de salud.� En los tres estados con mayor población indígena (Chiapas, Guerrero y Oaxaca), el promedio de muertes maternas era de 82,5 por 100.000 nacidos vivos en 2010, muy por encima de la media nacional.� En 2009, el riesgo de muerte por maternidad era tres veces mayor en los municipios con una población indígena de más del 70 por ciento, frente a los municipios con una población indígena de menos del 40 por ciento.�

En el transcurso de la investigación sobre el terreno sobre salud materna realizada por una delegación de Amnistía Internacional en 2010 en Chiapas y Guerrero, tanto profesionales de la salud, como parteras, organizaciones de derechos de las mujeres indígenas y miembros de la comunidad señalaron una serie de factores que limitan el impacto de las medidas gubernamentales en lo que concierne a las comunidades indígenas. Entre otros factores figura el hecho de que a menudo no se garantiza la disponibilidad y accesibilidad de servicios de salud culturalmente aceptables y de buena calidad, que generen confianza y seguridad entre las personas indígenas. Las personas entrevistadas también afirmaron que muchas mujeres indígenas sufren discriminación cuando tratan de obtener atención sanitaria, lo que tiene un importante efecto disuasorio a la hora de acceder a los servicios de salud y consecuencias negativas para la consecución de mejoras en la salud de estas mujeres. Por ejemplo, en muchos centros de salud, el personal no habla ninguna lengua indígena y en la mayoría no existen servicios de traducción, de modo que las mujeres no entienden lo que les ocurre ni confían en el personal médico que trabaja en sus comunidades. Según las investigaciones de Amnistía Internacional, no suelen realizarse consultas efectivas, de buena fe, con las mujeres indígenas de las comunidades afectadas para garantizar que sus opiniones se tienen en cuenta en la formulación de políticas y planificación sobre la prestación de servicios de salud. El hecho de que no se garantice el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas, especialmente de las mujeres, a menudo impide que se establezca una relación más positiva entre los servicios de salud materna estatales y las mujeres indígenas en muchas de las regiones más empobrecidas del país.

2.2 AccesO A LA JUSTICIA E IGUALDAD ANTE LA LEY: artÍCULO 5(a)

Desde 2008, ha habido importantes reformas en el sistema de justicia penal,� entre otras, el mayor reconocimiento del derecho de las personas indígenas a contar con intérpretes y abogados que conozcan su lengua y su cultura en todos los procedimientos judiciales.� Sin embargo, en la gran mayoría de procedimientos judiciales en los que hay encausados, víctimas o testigos indígenas, no hay intérpretes ni abogados que hablen estas lenguas. En el ámbito federal, el número de abogados e intérpretes que hablan lenguas indígenas ha aumentado de forma progresiva, pero en las jurisdicciones estatales, donde se tramita la mayoría de los casos, estos servicios son sumamente escasos. Como consecuencia de ello, en muchos de los casos que ha examinado Amnistía Internacional, las personas indígenas se han visto a menudo obligadas a participar en todas las etapas de un procedimiento judicial sin contar con la debida asistencia y sin comprender la naturaleza del proceso. Por tanto, a los presuntos delincuentes indígenas se les impide con frecuencia defenderse de forma efectiva contra las acusaciones, lo que da lugar a juicios sin las debidas garantías y condenas injustas. Incluso cuando la presión nacional e internacional consigue una absolución o la retirada de cargos, Amnistía Internacional no conoce ningún caso en que una persona indígena haya obtenido reparación por haber sido detenida y procesada injustamente.

Por ejemplo, en abril de 2010, dos mujeres indígenas, Alberta Alcántara y Teresa González, fueron excarceladas después de que la Suprema Corte de Justicia anulara su condena. Las dos mujeres, ambas de la localidad de Santiago Mexquititlán, estado de Querétaro, habían pasado tres años en prisión injustamente acusadas de secuestrar a unos agentes de la Agencia Federal de Investigación y condenadas por ello. Amnistía Internacional las adoptó como presas de conciencia tras concluir que habían sido detenidas, procesadas y condenadas por ser mujeres indígenas sin recursos, que no podían defenderse frente a los cargos infundados presentados en su contra por la Procuraduría General de la República sobre la base de pruebas falsas.

En octubre de 2011, Alberto Patishtán y varios reclusos indígenas de otras prisiones del estado de Chiapas, comenzaron una huelga de hambre en protesta contra su detención y condena, que consideraban injustas. Según los registros judiciales que examinó Amnistía Internacional, una corte federal condenó en 2002 a Alberto Patishtán por homicidio sobre la base de la declaración de un solo testigo que inicialmente negó conocer a los agresores y posteriormente modificó su declaración para acusar a Alberto Patishtán. Las pruebas presentadas por la defensa demostraban que Alberto Patishtán estaba presente en otro lugar en el momento del ataque, y el juicio se vio empañado por otras irregularidades. Pese a los constantes esfuerzos por demostrar su inocencia, los tribunales han confirmado la condena. En 2010, su caso se remitió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Durante el tiempo que ha permanecido en prisión, Alberto Patishtán ha hecho campaña en favor de los derechos de los presos. En plena huelga de hambre para demostrar su inocencia, las autoridades federales lo trasladaron a una prisión federal en Sonora, a 2.000 kilómetros de distancia. En el nuevo centro de detención, se ha visto gravemente restringido su acceso a la asistencia letrada, a tratamiento médico y a su familia.

2.3 celebración de consultas, consentimiento libre, previo e informado para la explotación de tierras indígenas e incumplimiento de resoluciones judiciales: artículo 26 y artículo 32 de la declaración

Las comunidades indígenas están cada vez más sometidas a la presión de proyectos de infraestructura y de extracción de recursos que afectan a sus tierras comunales. El hecho de que no se respeten los mecanismos jurídicos existentes y los de los propios indígenas, como la legislación agraria y las prácticas de toma de decisiones comunitarias, ni se lleven a cabo procesos de consulta participativos, de buena fe, con todos los miembros de las comunidades afectadas, ha dado lugar a que se incumplan las normas de consulta que establece la Declaración. Asimismo, los pueblos indígenas deben dar su consentimiento informado a los proyectos de explotación que pudieran afectar de manera significativa a sus tierras y comunidades.

En abril de 2011, un tribunal agrario del estado de Guerrero volvió a fallar a favor de miembros de comunidades indígenas y campesinas que habían impugnado la legalidad de las medidas aprobadas para expropiar sus tierras y dar paso a la construcción de la presa hidroeléctrica de La Parota, en el estado de Guerrero.� La Comisión Federal de Electricidad y el gobierno estatal de Guerrero, que en repetidas ocasiones han reafirmado su decisión de seguir adelante con el proyecto, pese a la oposición de las comunidades afectadas, han hecho caso omiso de la prolongada campaña contra la presa llevada a cabo por las comunidades de campesinos e indígenas.� Es sumamente importante que se acate esta última decisión del tribunal agrario.

Las comunidades indígenas wixáritari de la zona centro-occidental de México también han expresado su preocupación por las concesiones mineras (más de 22) que se han otorgado a First Majestic Silver Corp, una empresa minera canadiense, para la explotación de yacimientos de plata en una reserva natural en Real de Catorce, estado de San Luís Potosí, donde se encuentran lugares sagrados de este pueblo indígena. Para estas concesiones sobre tierras indígenas, no se ha obtenido el consentimiento libre, previo e informado de la comunidad afectada, y su explotación va en contra de los compromisos adquiridos por México en virtud de la Declaración.

2.4 defensores y defensoras indígenas de los derechos humanos: RECOMENDACIÓN general 23, párrafo 4(e)

Los defensores y defensoras indígenas de los derechos humanos son objeto de acoso e intimidación cada vez más por su labor de defender los derechos de los pueblos indígenas.

En noviembre de 2009, dos hombres armados dispararon y mataron a Mariano Abarca, activista indígena que se oponía a una mina de barita gestionada por una empresa canadiense, Blackfire Exploration, en el municipio de Chicomuselo, estado de Chiapas.� Anteriormente había sido objeto de amenazas y acoso por su campaña contra la mina. La investigación de este homicidio sigue abierta.

En agosto de 2010, tras una intensa campaña de presión nacional e internacional, el activista de los derechos de los indígenas y preso de conciencia Raúl Hernández fue absuelto por falta de pruebas y excarcelado de la prisión de Ayutla, estado de Guerrero. Llevaba más de dos años en prisión acusado de asesinato. Tras quedar en libertad, Raúl Hernández y otros miembros de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa, (OPIM) recibieron amenazas y sufrieron intimidación.�

Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú son dos mujeres indígenas que llevaron sus casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y lograron que resolviera a su favor en agosto de 2010. La Corte declaró a México responsable de una serie de violaciones de derechos humanos, entre ellas, la violación que sufrieron ambas a manos de miembros del ejército en 2002 y el trato discriminatorio al que fueron sometidas por parte de las autoridades.� Han sido objeto de repetidas amenazas y acoso durante su larga lucha por la justicia.� La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado trasladar este tipo de causas del fuero militar al sistema de justicia ordinario y adoptar diversas medidas de reparación. Hasta la fecha, el gobierno ha incumplido gran parte de los elementos sustantivos de la sentencia, incluida la reforma del Código de Justicia Militar encaminada a excluir los casos de violaciones de derechos humanos.

El 13 de enero de 2010, José Ramón Aniceto y Pascual Agustín, dos activistas comunitarios indígenas nahua fueron detenidos y acusados de robar un automóvil. A pesar de que las declaraciones de los testigos de la acusación se contradecían, los dos hombres fueron declarados culpables y condenados a siete años de prisión por un tribunal del estado de Puebla. En noviembre de 2010, el Tribunal Superior del Estado de Puebla desestimó su recurso, pero rebajó su condena a 6 años. La demanda de amparo interpuesta sigue pendiente de resolución.�

Como respuesta a las situaciones documentadas más arriba, Amnistía Internacional ha recomendado al gobierno de México que:

Aborde las desigualdades en el acceso de las mujeres indígenas a servicios de salud materna de buena calidad y culturalmente adecuados;

Garantice un proceso completo de consultas con las mujeres indígenas para asegurar que sus puntos de vista se tienen en cuenta a la hora de formular políticas y planificar acerca de los servicios de salud materna;

Garantice que las mujeres indígenas que sufren violencia tienen acceso a la justicia, a la protección, y a los servicios de salud y sociales;

Proporcione intérpretes y abogados defensores debidamente capacitados a las personas indígenas y a otras personas acusadas de delitos en todas las jurisdicciones, con el fin de garantizar su derecho a una defensa efectiva y a un juicio imparcial;

Garantice que el ejército, la policía, la fiscalía y los funcionarios judiciales no someten a los presuntos delincuentes, víctimas y testigos de origen indígena a un trato discriminatorio, y que defienden sus derechos;

Pida la revisión de casos en los que presuntos delincuentes indígenas hayan denunciado la denegación de un juicio justo, con el fin de garantizar que se respetan plenamente sus derechos y no son privados de libertad de forma injustificada;

Garantice que los pueblos indígenas gozan del derecho a un consentimiento libre, previo e informado en lo que respecta a los proyectos económicos o de infraestructura y explotación de recursos que puedan tener un impacto sobre sus tierras;

Acate la decisión del Tribunal Unitario Agrario (360/2010) que deja sin efectos jurídicos el acuerdo obtenido de forma ilegal para iniciar la expropiación de tierras y construir la presa hidroeléctrica de La Parota;

Garantice que las personas indígenas que trabajan para defender los derechos de las comunidades indígenas no son objeto de persecución por su trabajo, brindándoles medidas de protección, realizando investigaciones efectivas, y estableciendo programas de formación obligatorios para funcionarios, como jueces, fiscales y agentes de policía;

Garantice que se aplican plenamente las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo.

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México

INFORMACIÓN PARA EL COMITÉ DE LA ONU PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL

80 periodo de sesiones, febrero de 2012

Amnistía Internacional es un movimiento mundial, formado por 3 millones de simpatizantes, miembros y activistas de más de 150 países y territorios, que hacen campaña para acabar con los abusos graves contra los derechos humanos.

Nuestra visión es la de un mundo en el que todas las personas disfrutan de todos los derechos humanos proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en otras normas internacionales de derechos humanos.

Somos independientes de todo gobierno, ideología política, interés económico y credo religioso. Nuestro trabajo se financia en gran medida con las contribuciones de nuestra membresía y con donativos.

Amnesty International

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� Índice AI: AMR 41/014/2010, en � HYPERLINK "http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR41/014/2010/es" ��http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR41/014/2010/es�

� En febrero de 2011, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos publicó un informe que proporcionaba una actualización sobre los secuestros de migrantes y concluía que más de 11.000 migrantes habían sido víctimas de secuestro en un periodo de seis meses en 2010: Informe Especial sobre Secuestro de Migrantes en México, 22 de febrero de 2011, en � HYPERLINK "http://www.cndh.org.mx/ " ��http://www.cndh.org.mx/�

� � HYPERLINK "http://cencos.org/node/27510" ��http://cencos.org/node/27510�

� Estrategia Integral para la Prevención y el Combate al Secuestro de Migrantes, �HYPERLINK "http://mision.sre.gob.mx/oi/images/stories/boletines2/31_DGDH201.pdf"��http://mision.sre.gob.mx/oi/images/stories/boletines2/31_DGDH201.pdf�

� � HYPERLINK "http://www.undp.org.mx/IMG/pdf/Informe_Completo.pdf" ��http://www.undp.org.mx/IMG/pdf/Informe_Completo.pdf�

� HYPERLINK "http://www.eluniversal.com.mx/nacion/181286.html" ��http://www.eluniversal.com.mx/nacion/181286.html�

� Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, ENADIS 2010, página 54 (CONAPRED), �HYPERLINK "http://www.conapred.org.mx/redes/userfiles/files/Enadis-2010-RG-Accss-002.pdf"��http://www.conapred.org.mx/redes/userfiles/files/Enadis-2010-RG-Accss-002.pdf�

� � HYPERLINK "http://www.omm.org.mx/images/stories/MM_2002_2010.xls" ��http://www.omm.org.mx/images/stories/MM_2002_2010.xls�

� En 2009, el índice de mortalidad materna era de 62,2 por 100.000 para toda la población, pero los estados con una elevada proporción de población indígena registraron índices de mortalidad materna muy superiores, como Guerrero, con 107,8. Observatorio de Mortalidad Materna, http://www.omm.org.mx

� � HYPERLINK "http://www.omm.org.mx/images/stories/MM_2002_2010.xls" ��http://www.omm.org.mx/images/stories/MM_2002_2010.xls�

� � HYPERLINK "http://www.undp.org.mx/IMG/pdf/Informe_Completo.pdf" ��http://www.undp.org.mx/IMG/pdf/Informe_Completo.pdf�, página 66

� Reforma Constitucional en materia de Justicia Penal y Seguridad Pública, � HYPERLINK "http://www.diputados.gob.mx/cedia/biblio/archivo/SAD-07-08.pdf" ��http://www.diputados.gob.mx/cedia/biblio/archivo/SAD-07-08.pdf�

�Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Art 2, A, VIII (“tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura”)

� E/C.12/MEX/CO/4. 9 de junio de 2006, párrafo 10, 28

� México: Derechos humanos en peligro. Proyecto Presa La Parota, AMR 41/029/2007, � HYPERLINK "http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR41/029/2007/es" ��http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR41/029/2007/es�

� AU: 321/09 Índice: AMR 41/062/2009, � HYPERLINK "http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR41/062/2009/es" ��http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR41/062/2009/es�

� Más información sobre la AU: 63/10 Índice: AMR 41/039/2011, � HYPERLINK "http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR41/039/2011/es" ��http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR41/039/2011/es�

� � HYPERLINK "http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_215_esp.pdf" ��http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_215_esp.pdf�

� � HYPERLINK "http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR41/005/2008/es" ��http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR41/005/2008/es� � HYPERLINK "http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR41/010/2011/es" ��http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR41/010/2011/es�

� � HYPERLINK "http://centroprodh.org.mx/prodh/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=21&Itemid=142&lang=es" ��http://centroprodh.org.mx/prodh/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=21&Itemid=142&lang=es�

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