Document - Mexico: Briefing to the UN Committee on the Elimination of Discrimination Against Women

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Amnesty International Publications

Publicado originalmente en 2012 por Amnesty International Publications

International Secretariat

Peter Benenson House

1 Easton Street

London WC1X 0DW

Reino Unido

www.amnesty.org

© Amnesty International Publications 2012

Índice: AMR 41/041/2012

Idioma original: inglés.

Edición española a cargo de:

EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI)

Valderribas, 13.

28007 Madrid

España

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ÍNDICE�

41. Introducción

42. Violencia contra las mujeres (artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12; recomendación general 19) �

42.1 Perdura la violencia contra las mujeres pese a los avances legislativos �

52.2 Asesinatos de mujeres (artículos 2(c), 2(f), 5(a), 6; recomendación general 19) �

62.2.1 Ciudad Juárez y el estado de Chihuahua �

72.2.2. La sentencia del campo algodonero �

92.3 Defensores de los derechos humanos en riesgo (artículo 7) �

102.4 Violencia sexual (artículos 1, 2(c); recomendación general 19) �

112.4.1 Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú �

122.5 Torturas durante detenciones (artículos 1, 2(c); recomendación general 19) �

152.6 Mujeres migrantes irregulares en riesgo (artículos, 2, 3, 6, y 12) �

162.7 Aplicación e impacto de las medidas legislativas (artículo 2; recomendación general 19) �

183. Preocupación sobre el derecho a la salud sexual y reproductiva (artículos 5, 12 y 16) �

183.1 Salud materna de las mujeres indígenas �

193.2 Derecho a la salud sexual y reproductiva �

203.2.1. Juicio injusto contra mujeres acusadas de aborto o infanticidio �

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1. INTRODUCCIÓN

Amnistía Internacional presenta la siguiente información al Comité de las Naciones Unidas (ONU) para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (en adelante, el Comité) con antelación al examen, por parte de este comité, del séptimo y octavo informe periódico consolidado de México, presentado en virtud del artículo 18 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (en adelante, la Convención). Este documento refleja la investigación realizada por Amnistía Internacional sobre la discriminación contra la mujer en México, en particular en lo referido a la violencia contra las mujeres, las defensoras de los derechos humanos, las mujeres migrantes y el derecho a la salud sexual y reproductiva. Esta investigación suscita preocupación al respecto de la aplicación, por parte del Estado Parte, de los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12 y 16 de la Convención, en particular en lo relativo a la Recomendación General 19.

2. VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES (ARTÍCULOS 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12; RECOMENDACIÓN GENERAL 19)

2.1 PERDURA LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES PESE A LOS AVANCES legislativos

Durante el último decenio, el gobierno mexicano ha dado varios pasos importantes desde el punto de vista legislativo e institucional encaminados a incorporar a la legislación nacional la obligación de cumplir con los tratados internacionales de derechos humanos, a fin de ilegalizar la discriminación y consolidar el derecho a la igualdad de las mujeres con el respaldo de programas nacionales e instituciones de la mujer, a nivel federal y estatal.� Además, se han aprobado leyes a nivel federal y estatal sobre el acceso de la mujer a una vida libre de violencia (Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia) y se han hecho modificaciones graduales del Código Penal de algunos estados. En 2009, se creó la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), que fomenta las reformas a nivel estatal.� Varios estados han introducido la figura del feminicidio en sus códigos penales.

Pese a estos avances legislativos e institucionales, la violencia basada en el género continúa siendo un fenómeno generalizado y las cifras oficiales de feminicidios han crecido rápidamente en los últimos tres años. La incapacidad de las autoridades federales y estatales para garantizar la aplicación efectiva de muchos aspectos de la nueva legislación ha perpetuado la impunidad. La falta de una evaluación rigurosa de la aplicación y el impacto de la ley suscita preocupación acerca del compromiso que muchas autoridades han adquirido para garantizar su éxito. En 2008, Amnistía Internacional publicó un informe, México: La lucha de las mujeres por la seguridad y la justicia, con el fin de arrojar luz sobre la continuada incapacidad para hacer mejoras reales en el acceso a la justicia y la protección de las mujeres.� Pese a las averiguaciones y recomendaciones hechas por este Comité y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según las cuales México ha incumplido con las obligaciones contraídas en el tratado pertinente, los datos que se muestran a continuación sobre asesinatos y violencia sexual indican que la situación continúa siendo igualmente grave y que en los últimos años parece haber empeorado.

2.2 ASESINATOS DE MUJERES (ARTÍCULOS 2(C), 2(F), 5(a), 6; RECOMENDACIÓN GENERAL 19)

En noviembre de 2011, en un informe conjunto del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Comisión Especial para el Seguimiento de los Feminicidios, se analizaban los datos disponibles a nivel nacional sobre feminicidios de mujeres, llegándose a la conclusión de que en México habían sido asesinadas al menos 34.000 mujeres entre 1985 y 2009.� Se demostraba asimismo que, pese a que se denunciaban menos casos de los que realmente se producían, los asesinatos de hombres hasta 2007 se habían reducido, mientras que los asesinatos de mujeres se habían mantenido relativamente al mismo nivel. Desde 2007, los homicidios se han incrementado marcadamente dentro del contexto de inseguridad y violencia en México. Los datos de 2010, no incluidos en el informe, reflejan 2.418 asesinatos de mujeres y 23.285 de hombres; se trata del año en que más hombres y mujeres han sido asesinados hasta hoy�

El informe subraya los muchos defectos de que adolecen los distintos procedimientos de registro y documentación de asesinatos de mujeres, los cuales imposibilitan una evaluación más completa y fiable de la violencia de género real en México y socavan la adecuada investigación de los casos, en los cuales rara vez se realizan autopsias completas. El informe demuestra que el modo en que se recopilan los datos oficiales hace imposible determinar hasta qué punto los autores de feminicidios son detenidos, juzgados y condenados por los tribunales.� Además, concluye que la habitual no aplicación de procedimientos con perspectiva de género para registrar e investigar casos impide evaluar de manera más completa y fidedigna los patrones de la violencia contra las mujeres y los altos niveles de impunidad.

Pese a las limitaciones, los datos disponibles muestran que los feminicidios suelen caracterizarse por una violencia abiertamente misógina:

“La brutalidad con la que se asesina a las mujeres se documenta igualmente en el estudio, el que muestra el mayor uso de medios más crueles contra ellas, como ahorcamiento, estrangulamiento, sofocación, ahogamiento e inmersión, y de objetos cortantes tres veces más que en los asesinatos de hombres, así como una proporción también tres veces más elevada de envenenamiento y quemaduras con sustancias diversas o con fuego. En suma, una forma de morir directa y literalmente a manos de su agresor.”

2.2.1 Ciudad JuÁrez y el estado de Chihuahua

En 2004, el Comité concluyó una investigación enmarcada en el Protocolo Facultativo a la Convención sobre los patrones que seguían los asesinatos basados en el género y la impunidad en Ciudad Juárez�. Pese a las recomendaciones hechas por el Comité y otras organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, los asesinatos basados en el género siguen produciéndose. En el estado de Chihuahua, en el que se ha producido un brusco aumento en los casos de homicidios en general, una de cada 14 víctimas era mujer en 2008, mientras que en 2010 lo era una de cada 11.

Homicidios: Estado de Chihuahua

Año Total hombres mujeres

2010 6.421 5.826 (91%) 584 (9%)

2009 3.680 3.457 (94%) 218 (6%)

2008 2.604 2.424 (93%) 180 (7%)�

En Ciudad Juárez, los asesinatos y secuestros de mujeres han alcanzado niveles extremadamente alarmantes. Según organizaciones de derechos humanos, en 2010 fueron asesinadas 320 mujeres. Durante los tres primeros meses de 2012, se descubrieron al menos 13 cadáveres de mujeres jóvenes en el distrito de Valle de Juárez, a las afueras de la ciudad. Al parecer siete cadáveres pertenecían a jóvenes de entre 15 y 17 años que habían sido secuestradas en el centro de la ciudad y cuyo secuestro había sido denunciado. Las organizaciones de derechos humanos y los familiares de las víctimas han informado sobre el creciente número de mujeres secuestradas y desaparecidas en los últimos años. Amnistía Internacional considera motivo de preocupación que estas muertes puedan no estar siendo investigadas adecuadamente, lo que fomentaría la impunidad. En marzo, las autoridades estatales reconocieron que desde 1993 se habían producido 115 casos de mujeres desaparecidas que no habían sido resueltos.�

También en marzo de 2012, el gobierno estatal hizo públicos datos incorrectos en relación con el trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que había sido invitado por los gobiernos federal y estatal en 2005 para llevar a cabo un proyecto de identificación de restos de mujeres. Las autoridades estatales afirmaron que los expertos forenses internacionales no habían proporcionado información completa sobre los restos no identificados y que el estado solo conservaba 30 cadáveres no identificados de mujeres. Pero, tal como señaló en una carta hecha pública, el EAAF había redactado un informe completo sobre los restos de 50 de mujeres que seguían sin identificar cuando el Equipo concluyó su proyecto de asesoría en Ciudad Juárez en 2010.�

El incremento en el número de asesinatos y secuestros en Ciudad Juárez y la inadecuada respuesta proporcionada por las autoridades estatales apuntan inequívocamente hacia un patrón en el que persisten los asesinatos basados en el género y la negligencia de los responsables de proteger a la población y llevar a cabo las investigaciones. Las organizaciones de derechos humanos de Ciudad Juárez han expresado en repetidas ocasiones a Amnistía Internacional su temor de que los altos niveles de violencia generalizada de los últimos años en la ciudad hayan empujado a las autoridades municipales y estatales a reasignar recursos, lo cual habría tenido como consecuencia una menor capacidad para registrar e investigar las denuncias de secuestros y asesinatos basados en el género.

2.2.2. LA SENTENCIA del campo ALGODONERO

La sentencia de 2009 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el asesinato de tres mujeres jóvenes perpetrado en Ciudad Juárez en 2001 determinó que el Estado mexicano era responsable de una serie de violaciones de los tratados, entre ellas discriminación, negligencia en la protección de las vidas de las víctimas, negligencia a la hora de llevar a cabo una investigación eficaz y a la hora de responsabilizar a funcionarios públicos. La Corte ordenó a las autoridades federales, estatales y municipales que investigaran el caso de manera eficaz, que investigaran las amenazas y ataques contra los familiares, que mejorasen las medidas para combatir la violencia contra las mujeres, que establecieran protocolos estandarizados para la investigación de delitos basados en el género, que mejorasen la coordinación en la respuesta de emergencia ante denuncias de desaparición de mujeres (Protocolo Alba), que crearan una base de datos de ADN, que pusieran en marcha programas de capacitación y formación para policía, jueces y el público en general, y que proporcionasen asistencia médica e indemnizaciones a víctimas y familias.�

Según los abogados que representan a algunas de las víctimas, las medidas aplicadas por el gobierno para cumplir con la sentencia han sido insuficientes. No se ha avanzado en la investigación sobre los asesinatos de las jóvenes; los funcionarios públicos han evitado las sanciones penales por su actuación durante las primeras investigaciones, las investigaciones sobre las amenazas y los ataques contra familiares de las víctimas y defensores de los derechos humanos no han producido resultados; los actos simbólicos por parte del gobierno han sido ampliamente criticados por las familias por no considerar sus intereses y el patrón imperante de ataques basados en el género; se han anunciado protocolos estandarizados que no han sido consultados ni revisados por expertos independientes y no existe información sobre su aplicación; la aplicación del Protocolo Alba para la localización de mujeres desaparecidas se limita a una reducida parte de las mujeres y niñas desaparecidas cada año, lo que disminuye seriamente su impacto; la información en torno a la creación de una base de datos de mujeres desaparecidas y restos de cadáveres de mujeres no identificados es contradictoria, sin que existan pruebas fehacientes de que exista una base de datos fiable; es insuficiente la información sobre la formación y capacitación de funcionarios públicos responsables de las investigaciones preliminares y de los procedimientos judiciales, lo que impide evaluar su impacto en el desarrollo de competencia en materia de género y en la eliminación de estereotipos; los familiares han recibido indemnizaciones por orden judicial pero sigue sin estar garantizado el acceso a la atención médica continuada para las víctimas y los familiares.

Recomendaciones:

El gobierno de México debe aplicar íntegramente la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relativa al caso del Campo Algodonero y comprobar que se cumplen las recomendaciones del Comité en virtud del artículo 8 del Protocolo Facultativo sobre México,� con el fin de:

Garantizar una investigación efectiva y completa sobre los feminicidios del Campo Algodonero, incluida una revisión del caso por parte de especialistas que deberán consultar a los representantes de las víctimas para garantizar que los responsables son llevados ante la justicia;

Exigir responsabilidades a los funcionarios públicos por las irregularidades cometidas durante las investigaciones iniciales;

Asegurar que los protocolos de investigación de crímenes violentos contra mujeres sean sometidos al escrutinio de la sociedad civil y de expertos para garantizar su calidad y su competencia en materia de género; asegurar que dichos protocolos garantizan la implicación de los familiares de las víctimas y se complementan con la capacitación de funcionarios públicos, con recursos y con una aplicación y seguimiento rigurosos;

Garantizar que la base de datos de ADN de mujeres desaparecidas y restos de mujeres está operativa y genera regularmente información disponible para el público acerca de sus actividades y hallazgos;

Establecer mecanismos de búsqueda eficaces, coordinados y proactivos en todos los casos de denuncia de desaparición o secuestro de mujeres o niñas.

Proporcionar información acerca del alcance de los cursos de formación de funcionarios públicos sobre perspectiva de género y eficacia en la investigación, y aportar datos concretos sobre los mismos, incluida una evaluación completa del impacto de la capacitación impartida hasta el momento;

Proporcionar información detallada sobre el alcance y la evaluación del impacto de los cursos de formación sobre cómo combatir la discriminación, la violencia contra las mujeres y los estereotipos, y aportar datos concretos sobre los mismos;

Reforzar la recopilación y publicación de datos sobre todas las muertes violentas de mujeres para garantizar que los asesinatos basados en el género quedan efectivamente registrados y son debidamente investigados y documentados.

2.3 DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS EN RIESGO (ARTÍCULO 7)

Las mujeres activistas de los derechos humanos son víctimas de cada vez más ataques por su trabajo contra la violencia basada en el género y por arrojar luz sobre las violaciones de los derechos humanos producidas en el contexto de la crisis de seguridad pública en México. En diciembre de 2010, Marisela Escobedo, madre de Ruby Frayre, víctima de asesinato, fue asesinada a tiros a las puertas del Palacio de Gobierno de la ciudad de Chihuahua tras una prolongada protesta contra el gobierno estatal por no procesar y condenar a la persona que había asesinado a su hija.� El coraje y la determinación de Marisela Escobedo y la presión que ejerció sobre las autoridades estatales para que cumpliesen con su obligación de llevar ante la justicia a los responsables del asesinato de su hija, perpetrado en 2008, se habían convertido en un símbolo de la lucha por la justicia emprendida por las madres de las mujeres desaparecidas y asesinadas. La liberación poco tiempo antes de un hombre presuntamente responsable de la muerte de su hija puso de relieve la incapacidad de la policía, de la fiscalía y de los jueces para garantizar a las víctimas el acceso a la justicia y empujó a Marisela Escobedo a continuar con su protesta. Al menos dos individuos se vieron implicados en el asesinato de Marisela Escobedo, pero a ninguno de ellos se les ha exigido responsabilidades y, a raíz de su activismo, los familiares de Marisela se han visto obligados a trasladarse a Estados Unidos en busca de seguridad.

Otras defensoras de los derechos humanos de Ciudad Juárez se han enfrentado a amenazas y ataques y se han visto obligados a abandonar la ciudad. Algunas de ellas son Cipriana Jurado,� Marisela Ortiz, María Luz García Andrade,� y Norma Andrade,� de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, que se vio obligada a abandonar Ciudad Juárez en diciembre de 2011 tras resultar herida por arma de fuego a las puertas de su casa. En febrero de 2012 también fue atacada en Ciudad de México, donde se había trasladado en busca de seguridad.�

Recomendaciones:

Condenar públicamente todas las amenazas, ataques y campañas de difamación contra mujeres defensoras de los derechos humanos;

Aplicar la reciente legislación y establecer un mecanismo de protección para las personas que defienden los derechos humanos con el fin de garantizar que todas las que estén en riesgo reciban protección eficaz;

Investigar y llevar ante la justicia a las personas responsables de amenazas y acoso de mujeres defensoras de los derechos humanos y otras personas que trabajan para combatir la violencia y la discriminación contra las mujeres.

2.4 VIOLENCIA SEXUAL (ARTÍCULOS 1, 2(c); RECOMENDACIÓN GENERAL 19)

La violencia sexual y la violación siguen siendo generalizadas. En 2009, se presentaron ante la fiscalía 14.829 denuncias por violación. Ese mismo año hubo 3.462 enjuiciamientos y 2.795 sentencias condenatorias.� Según encuestas realizadas a nivel nacional, solo una minoría de mujeres informan a las autoridades sobre incidentes violentos. Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) de 2006, entre el 61 y el 79 por ciento de las mujeres no denunciaba los casos de violencia.� La Encuesta Nacional sobre Violencia contra las Mujeres de ese mismo año dio a conocer que solo el 12 por ciento de las mujeres que recibían atención médica tras ser víctimas de violencia pedían ayuda a la justicia.� Otros estudios realizados a nivel nacional sugieren que tan solo el 15 por ciento de los delitos son denunciados.� En consecuencia, teniendo en cuenta que al menos el 80 por ciento de las mujeres no denuncian los casos de violación, puede estimarse que en 2009 se cometieron más de 74.000 violaciones, de lo que se deduce que solo en uno de cada 21 casos de violación los autores del crimen son condenados. Amnistía Internacional no tiene conocimiento de la existencia de pruebas que demuestren que el número de violaciones está disminuyendo o que los enjuiciamientos y sentencias condenatorias están incrementándose.

2.4.1 Inés Fernández Ortega Y Valentina Rosendo Cantú

Las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2010 a favor de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, dos mujeres indígenas violadas por miembros del ejército en Guerrero en 2002, concluyeron que las mujeres habían sido violadas por miembros del ejército, que el estado no había investigado el caso de manera eficaz, que las mujeres habían sido discriminadas y que se les había negado el acceso a la justicia y la reparación. La sentencia, que es vinculante en México, dictaba una serie de medidas que debían ser aplicadas por el estado mexicano, entre ellas: una investigación completa y eficaz, sensibilizada con las cuestiones culturales y de género, por parte de las autoridades civiles y cuyo objetivo sea llevar a los autores del delito ante la justicia; la investigación de los funcionarios públicos responsables de la ineficaz investigación del caso; actos públicos en los que altos cargos del gobierno reconozcan la responsabilidad internacional del estado en lo referido a las violaciones de los derechos humanos, de acuerdo con el deseo de ambas mujeres; indemnización y asistencia para tratamientos médicos y becas educativas. La sentencia también exigía: cambios legales que garanticen que todas las presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas sean investigadas e instruidas exclusivamente por autoridades civiles y no militares; que los cargos públicos responsables de obstaculizar las investigaciones iniciales sean llevados ante la justicia; nuevos protocolos estandarizados para la investigación y tratamiento de casos de violencia sexual contra las mujeres, de acuerdo con las pautas marcadas por el Protocolo de Estambul y la Organización Mundial de la Salud�; capacitación permanente de funcionarios públicos sobre cómo investigar eficazmente denuncias de violencia sexual e instituciones más sólidas para atender adecuadamente a las mujeres víctimas de violencia sexual, y facilitar recursos destinados a crear un centro para asistir y consolidar el acceso a la educación a las mujeres y niñas indígenas de la comunidad de la víctima.�

Según la organización que representa a las mujeres, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el estado solo ha cumplido parcialmente con la sentencia. Las investigaciones acerca de la violación se han transferido por fin a la jurisdicción civil pero no existe información acerca de los progresos realizados. Ningún funcionario público ha sido llevado ante la justicia por obstruir la investigación inicial. Se han celebrado eventos públicos positivos para reconocer la responsabilidad del estado, pero deben aún materializarse algunos de los compromisos adoptados por las autoridades federales, estatales y municipales durante los mismos; un ejemplo es un centro comunitario y residencia de niñas indígenas que permita a estas continuar sus estudios. Las autoridades han proporcionado ciertos apoyos educativos y de otro tipo a las víctimas y a sus familias, pero aún deben abordarse o introducirse cambios estructurales. El gobierno ha sido incapaz de garantizar que se reforme la jurisdicción militar para que se excluyan las violaciones de los derechos humanos. El gobierno federal ha anunciado un nuevo protocolo a nivel federal y estatal al respecto de la atención e investigación de la violencia sexual, pero las víctimas y sus familiares deben aún ser consultados sobre el protocolo legalmente aprobado.

Recomendaciones:

El gobierno de México debe acelerar la plena aplicación de las sentencias dictadas al respecto de los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, y debe en particular:

Emprender una investigación exhaustiva e imparcial bajo jurisdicción civil sobre la violación de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, llevar a los responsables ante la justicia y juzgar a los funcionarios públicos responsables de negligencia durante la investigación inicial;

Reformar la jurisdicción militar para que excluya todas las violaciones de los derechos humanos, incluida la violación;

Cumplir con los compromisos adoptados para desarrollar infraestructuras comunitarias educativas y de apoyo a las mujeres jóvenes indígenas;

Garantizar que el protocolo de asistencia e investigación en casos de violencia sexual contra las mujeres anunciado por el gobierno es consultado con ambas mujeres, con sus representantes y con grupos de mujeres, y cerciorarse de que está en línea con las mejores prácticas a nivel internacional y de que es aplicado como procedimiento vinculante por las autoridades federales y estatales;

Informar sobre el resultado de los programas de capacitación y formación para profesionales de la salud y miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad estatales con el fin de garantizar que todos los incidentes de violencia sexual son tomados en serio, incluyéndose la investigación de todas las denuncias, el procesamiento de los presuntos autores y su condena en caso de ser declarados culpables.

2.5 TORTURAS DURANTE DETENCIONES (ARTÍCULOS 1, 2(c); RECOMENDACIÓN GENERAL 19)

Amnistía Internacional encuentra preocupante la impunidad con la que actúan funcionarios públicos responsables de torturas y malos tratos de mujeres, muestras de los cuales son la violación y otras formas de abuso sexual. La carencia a nivel nacional de canales eficaces que permitan condenar a los autores y proporciona reparación a las víctimas está empujando a varias de ellas a buscar reparación a nivel regional a través del sistema interamericano. La falta de rendición de cuentas en el sistema federal mexicano hace que las distintas instancias gubernamentales se culpen entre sí por la pertinaz impunidad en los casos de violencia contra las mujeres cometida por agentes gubernamentales o actores no estatales.

La tortura y los malos tratos (incluidas la violación y otras formas de abuso sexual) de mujeres manifestantes detenidas en San Salvador Atenco, en el estado de México, en mayo de 2006, no han sido castigados.� Más de 200 personas que se manifestaban, de las cuales 47 eran mujeres, fueron detenidas en una operación policial federal, estatal y municipal. En la operación se hizo un uso excesivo de la fuerza y a las personas detenidas les infligieron malos tratos. Al menos 26 mujeres denunciaron haber sido agredidas sexualmente por parte de la policía estatal mientras eran trasladadas a prisión. Un agente de policía fue acusado de un delito de actos libidinosos y otros fueron acusados de abuso de autoridad. Pese a calificarlos de delitos menos graves, todos los agentes de policía fueron absueltos por los tribunales por falta de pruebas. El gobierno federal ha intentado culpar al gobierno estatal por no llevar ante la justicia a los funcionarios públicos responsables, pero no ha tomado medidas por su parte para presentar cargos y no cumplió con la recomendación del Comité expuesta anteriormente sobre el caso. � La Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) puso en marcha una investigación, pero se declaró incompetente en 2009 y trasladó sus resultados a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, que no emprendió acciones legales contra los autores de los crímenes, como había ocurrido con la investigación inicial. La negativa del gobierno estatal a cumplir con sus obligaciones legales e internacionales relativas a los derechos humanos demuestra cómo en ocasiones se permite que la impunidad impere, pues el gobierno federal alega no tener capacidad para garantizar el cumplimiento de dichas obligaciones. Los delitos menores de que se acusa a algunos agentes (actos libidinosos y abuso de autoridad) no pueden compararse con el de los agentes estatales responsables de agresiones sexuales, equivalentes a actos de tortura, contra mujeres detenidas como represalia por su participación en las manifestaciones. La ineficacia de la investigación de los fiscales del estado de México también ha desvirtuado el resultado de los procesos judiciales, garantizando las absoluciones y las decisiones de no enjuiciamiento.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación han llevado a cabo investigaciones según las cuales se habrían cometido graves violaciones de los derechos humanos, entre ellas discriminación y torturas en forma de agresiones sexuales contra mujeres detenidas, y publicaron una serie de recomendaciones para que los autores de esos crímenes sean llevados ante la justicia y las víctimas sean reparadas. No obstante, las autoridades estatales y federales no han cumplido con dichas recomendaciones, a pesar de haberlas aceptado en un principio. Ni la Comisión Nacional de Derechos Humanos ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación han hecho una evaluación del cumplimiento de sus recomendaciones. A la luz de la incapacidad evidente de garantizar a las víctimas el acceso a la justicia, nueve de esas mujeres han presentado su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que lo ha admitido formalmente.�

En un reciente caso que se puso en conocimiento de Amnistía Internacional, el 2 de febrero de 2011, Miriam Isaura López Vargas fue detenida sin motivo en Ensenada, estado de Baja California, y presuntamente torturada por miembros del ejército en una base militar en Tijuana, mientras era interrogada por un fiscal federal de la jurisdicción civil. Miriam Isaura fue sometida a abusos sexuales, intentos de asfixia, posturas dolorosas y amenazas para obligarla a firmar una confesión con el fin de implicar a otros miembros del ejército en casos de connivencia con el crimen organizado. El 9 de febrero fue trasladada al Centro Nacional de Arraigo (centro de detención preventiva sin cargos) de la Procuraduría General de la República en Ciudad de México sin haber declarado antes ante un juez. Estuvo recluida en arraigo hasta el 26 de abril, fecha en que fue acusada y fue trasladada a prisión preventiva acusada de cargos relacionados con el narcotráfico. Durante el arraigo se le negó el acceso a un abogado y a tratamiento médico adecuado. La causa de la fiscalía terminó perdiendo fuerza y un juez federal ordenó la liberación de Miriam Isaura en septiembre de 2011. En el momento en que se redacta este texto, no hay información disponible sobre la investigación puesta en marcha a raíz de la denuncia de tortura presentada por Miriam Isaura, pero se sabe que ha disfrutado de cierta protección oficial tras haber recibido al parecer amenazas anónimas en relación con su denuncia. En 2010, tras su visita a México, el Subcomité para la Prevención de la Tortura resaltó los casos de mujeres que habían sido víctimas de torturas y malos tratos durante su detención, especialmente en arraigo.�

En octubre de 2011, Margarita González Carpio fue sometida a graves abusos por su antiguo compañero sentimental, un alto cargo de la policía federal de Santiago de Querétaro. Los funcionarios federales y estatales se negaron en un primer momento a tomar medidas para protegerla o investigar las acusaciones de abusos. Después de que el caso suscitara interés nacional e internacional, se abrió una investigación. No obstante, Margarita sigue oculta y no hay información disponible sobre el progreso de la investigación ni sobre las medidas tomadas contra el agresor.

Recomendaciones:

Garantizar que cualquier funcionario público acusado de violencia contra las mujeres es sometido a una investigación completa, expeditiva e imparcial, y que es llevado ante la justicia; la ausencia de tal investigación deberá poner en marcha los procedimientos penales y disciplinarios pertinentes;

En relación con Atenco, aclarar por qué el gobierno no cumplió con las recomendaciones hechas por el Comité en 2006 y por qué no atendió a los resultados de las investigaciones hechas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación ni a la persistente impunidad en el caso;

Establecer obligaciones claras a nivel federal y estatal para cumplir con las normas internacionales de derechos humanos, incluida la erradicación de la violencia contra las mujeres y la discriminación, y que el no cumplimiento de dichas normas tenga graves consecuencias para las autoridades pertinentes;

Reforzar la coordinación y la rendición de cuentas en todas las instancias gubernamentales mexicanas a fin de garantizar de manera efectiva la investigación, el enjuiciamiento y el castigo de la violencia contra las mujeres, especialmente cuando hay implicados funcionarios públicos;

Proporcionar información pública sobre los resultados de la formación y la capacitación en todas las instancias gubernamentales para combatir la discriminación y la violencia contra las mujeres.

2.6 MUJERES MIGRANTES IRREGULARES EN RIESGO (ARTÍCULOS, 2, 3, 6, Y 12)

Decenas de miles de migrantes irregulares, procedentes fundamentalmente de América Central, cruzan México cada año para alcanzar los Estados Unidos con el objetivo de escapar de la pobreza y la violencia. Según defensores de los derechos humanos que gestionan albergues a lo largo de las rutas de tránsito, cada vez más niñas y mujeres emprenden ese viaje. Los migrantes se enfrentan a una peligrosa travesía durante la que corren el riesgo de sufrir abusos por parte de la policía, los funcionarios de inmigración, las fuerzas de seguridad y, sobre todo, de las bandas criminales, que cada vez más escogen a migrantes como víctimas de secuestros, extorsiones, trata y asesinatos. En 2011, la Comisión Nacional de Derechos Humanos determinó que unos 11.000 migrantes habían sido secuestrados a lo largo de un periodo de seis meses. Las bandas responsables a menudo actúan en connivencia con las autoridades. La masacre de 72 migrantes secuestrados en San Fernando, estado de Tamaulipas, en 2010, es el caso más representativo, pero el secuestro y asesinato de migrantes sigue siendo recurrente. Los gobiernos federal, estatal y municipal se muestran una y otra vez incapaces de aplicar medidas efectivas para impedir y castigar los abusos contra los migrantes, quedando estos expuestos a graves violaciones de los derechos humanos.

Las mujeres migrantes son especialmente vulnerables a la violencia sexual y a la trata de personas. Resulta complicado obtener pruebas fidedignas sobre los niveles de violencia sexual, pero la investigación llevada a cabo por Amnistía Internacional a partir de entrevistas con mujeres migrantes, defensores de los derechos de las personas migrantes, así como estudios académicos sugieren que 6 de cada 10 mujeres migrantes son víctimas de ese tipo de violencia durante su viaje.� Las autoridades han eliminado los obstáculos legales para que las mujeres migrantes reciban atención médica de urgencia, han proporcionado determinados servicios para las víctimas de agresiones sexuales y han reforzado la legislación para combatir la trata de seres humanos, pero estas medidas no han bastado para reducir los abusos, garantizar a las mujeres el acceso efectivo a la justicia y a la atención médica ni para que estas superen el miedo a ser detenidas y deportadas si piden ayuda. Por ejemplo, las organizaciones de derechos humanos locales han hecho hincapié sobre los obstáculos que desde hace tiempo impiden el acceso a la atención médica debido a que los profesionales de la salud no han sido formados en los cambios legislativos.� Es fundamental evaluar el impacto de las medidas aplicadas y que se tomen otras con el fin de reducir las barreras que dificultan la protección de los derechos de las mujeres migrantes. En abril de 2011, el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares recomendó: “Particular atención debería prestarse a facilitar el acceso a la justicia a las mujeres migrantes que hayan sido víctimas de agresión sexual.”�

Recomendaciones:

Garantizar que todos los migrantes que hayan sobrevivido a agresiones sexuales tengan acceso a atención médica y psicológica adecuada. Deberá hacerse un esfuerzo para desarrollar mecanismos que permitan recoger denuncias de agresiones sexuales y, siempre que sea posible, llevar a cabo investigaciones criminales efectivas que no incidan en la victimización de la sobreviviente ni obstaculicen el acceso a los servicios.

Proporcionar capacitación y formación a cargos públicos y profesionales médicos sobre los derechos de las mujeres migrantes, incluido el acceso a los servicios;

Revisar y evaluar el impacto de las medidas aplicadas para identificar y proteger a las niñas y mujeres víctimas de trata, y de otras medidas recientes encaminadas a reducir la discriminación y los abusos contra las mujeres migrantes y a mejorar su acceso a los servicios.

2.7 APLICACIÓN E IMPACTO DE LAS MEDIDAS LEGISLATIVAS (ARTÍCULO 2; RECOMENDACIÓN GENERAL 19)

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia aprobada en 2007 significó un paso adelante para la creación de un marco jurídico nacional que reconozca y aborde las diferentes formas de violencia contra las mujeres. La adopción de leyes similares a nivel estatal ha sido también positiva, pero la aplicación de dichas leyes adoptadas en 28 estados es a menudo endeble y vaga, y siembra dudas sobre las responsabilidades concretas de cada autoridad. Según la CONAVIM, muchos códigos penales estatales siguen presentando carencias.

Las organizaciones de derechos humanos y de mujeres han puesto el acento en los graves obstáculos que existen a la hora de activar la “alerta de violencia de género” prevista en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual debería poner en marcha una batería de respuestas institucionales coordinadas cuando se dan casos de feminicidio en un área concreta del país.� En tres ocasiones el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres ha ignorado injustificadamente las solicitudes de activación del mecanismo de alerta, pese a que la sociedad civil ha presentado pruebas convincentes de los numerosos secuestros y asesinatos de mujeres no resueltos en los estados de Oaxaca, México y Nuevo León. En consecuencia, esas autoridades estatales que no han impedido ni castigado los graves casos documentados de violencia basada en el género, entre los que se incluyen violaciones y asesinatos, no se han visto sometidas a presiones ni a supervisión. La dificultad a la hora de utilizar este mecanismo suscita serias preocupaciones acerca del compromiso de las autoridades federales y estatales en cuanto a la utilización de todos los medios disponibles en la lucha contra la violencia basada en el género.

El Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, creado en virtud del artículo 44 de la Ley General, sigue sin estar operativo y no ha publicado informes ni datos sobre los progresos o resultados del proyecto.

Pese a la creación de la CONAVIM y del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el gobierno se ha mostrado incapaz de cumplir con las disposiciones de la Ley General, que exige la publicación de un Diagnóstico Nacional sobre la violencia contra las mujeres y las niñas.

La falta de cumplimiento de los elementos fundamentales de la ley y la falta de evaluación de su aplicación y efectividad suscitan serias preocupaciones acerca del compromiso de las autoridades a la hora de garantizar que las medidas aplicadas tienen una influencia real en las vidas de niñas y mujeres.

Recomendaciones:

Es prioritario que el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres comience a funcionar. Este deberá publicar datos sobre los tipos de violencia contra las mujeres, el grado de dicha violencia y las medidas aplicadas para llevar a los autores ante la justicia y para proteger a las víctimas;

Llevar a cabo una revisión y evaluación plena, imparcial y pública del impacto de la Ley General en la reducción de la violencia contra las mujeres y de la impunidad;

Revisar y modificar los procedimientos para garantizar la aplicación efectiva del mecanismo de alerta contra feminicidios dispuesto por la Ley General en casos en que la sociedad civil o las agencias gubernamentales aporten pruebas sobre un patrón de feminicidios e impunidad en áreas específicas del país;

Garantizar que las autoridades federales y estatales, habiendo consultado a la sociedad civil, diseñan y aplican políticas conjuntas efectivas a fin de eliminar la violencia basada en el género y la impunidad, en línea con sus compromisos sobre derechos humanos. Entre tales políticas deberán incluirse la búsqueda inmediata y eficaz de niñas y mujeres desaparecidas; la puesta en marcha de investigaciones fundamentadas en la competencia en materia de género y las mejores prácticas; la reforma de los códigos penales y capacitación jurídica para combatir la discriminación y los estereotipos sobre las mujeres víctimas de violencia, así como el procesamiento de los funcionarios públicos que no cumplan con los procedimientos y la legislación competentes en materia de género. Proporcionar informes periódicos sobre el rendimiento del programa confeccionados a partir de un análisis de su efectividad basado en pruebas.

3. preocupación sobre el derecho a la salud sexual y reproductiva (artículos 5, 12 y 16)

3.1 salud materna de las mujeres indígenas

El interés del gobierno en reducir la mortalidad materna ha producido avances importantes en los últimos años, reduciéndose el número total de casos de mortalidad materna evitable. En 2010, según datos del sistema de salud pública, se produjeron 51,5 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos en México.� No obstante, el lento e irregular ritmo en la reducción de las muertes maternas ha llevado a los responsables del sistema de salud pública a reconocer que México no cumplirá con su Objetivo de Desarrollo del Milenio, fijado en 22 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos para 2015.� Uno de los principales factores es el elevado nivel de mortalidad materna entre las mujeres indígenas en comparación con las no indígenas, lo que refleja la desigualdad social, la discriminación y el limitado acceso a una atención médica de calidad que sufren muchas comunidades indígenas.� En los tres estados con mayor población indígena, Chiapas, Guerrero y Oaxaca, se produjeron en 2010 de media 82,5 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos, cifra sensiblemente superior a la media nacional.� En 2009, el riesgo de muerte materna en los municipios con más de un 70 por ciento de población indígena triplicaba el de los municipios con menos de un 40 por ciento de población indígena.�

Durante la investigación sobre el terreno llevada a cabo por Amnistía Internacional sobre mortalidad materna en 2010 en los estados de Chiapas y Guerrero, los profesionales de la salud, comadronas, organizaciones de derechos de las mujeres indígenas y miembros de la comunidad identificaron una serie de factores que limitan el impacto de las medidas gubernamentales encaminadas a reducir la mortalidad materna en el caso de las mujeres indígenas. Entre ellos figuran la frecuente falta de garantías de acceso a instalaciones médicas adecuadas lo suficientemente cercanas a las comunidades para que las mujeres indígenas no se vean obligadas a hacer largos y costosos viajes en busca de atención médica básica; la falta de garantías de que dichos servicios sean culturalmente adecuados y aceptables para las mujeres indígenas y de que la atención médica proporcionada sea de la mayor calidad; las actitudes discriminatorias con que se topan las mujeres indígenas al solicitar atención médica a algunos profesionales de la salud; y la falta de intérpretes, ya que muchos servicios de salud solo están disponibles en español, idioma que muchas mujeres indígenas no entienden. Todo ello merma el impacto de los esfuerzos por conseguir que las mujeres de las comunidades indígenas se sientan confiadas y seguras a la hora de obtener atención médica materna en el momento apropiado.

Amnistía Internacional también ha comprobado que es frecuente no consultar de manera efectiva y de buena fe a las mujeres indígenas de las comunidades afectadas para garantizar que sus opiniones son tenidas en cuenta en el diseño de políticas y en la planificación de la atención médica. La falta de procesos sólidos de consulta a las comunidades indígenas, en particular a las mujeres indígenas, impide a menudo desarrollar políticas que aborden de manera efectiva los obstáculos que dichas mujeres encuentran a la hora de acceder a servicios de salud de calidad, así como el establecimiento de una relación más positiva entre los servicios de salud materna públicos y las mujeres indígenas en muchas de las regiones más desfavorecidas del país.

Recomendaciones:

Consultar de manera efectiva a las mujeres indígenas para garantizar su pleno ejercicio del derecho a la atención médica y emplear los resultados de dicha consulta en el diseño de una estrategia de atención médica para estas comunidades;

Garantizar la disponibilidad de servicios de traducción en idiomas que las mujeres indígenas que necesitan atención médica entiendan;

Garantizar el acceso a servicios de atención de la salud materna de calidad y culturalmente adecuados para todas las mujeres.

3.2 DERECHO A LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

El aborto sigue siendo delito en todos los estados salvo en el Distrito Federal, que lo ha despenalizado y proporciona acceso a un servicio de aborto seguro hasta el fin de la decimosegunda semana de embarazo. En todos los demás estados, el aborto es legal en casos de violación y en algunos casos en los que la vida de la mujer embarazada está en peligro. En unos pocos estados el aborto es también legal en casos de malformaciones severas de carácter letal, y en un estado es legal cuando existen razones socioeconómicas para interrumpir el embarazo. No obstante, la mayoría de estados no ha regulado el acceso al aborto legal, lo que dificulta en la práctica que las mujeres puedan acceder a un servicio de aborto legal y seguro. Muchos de estos estados siguen tratando todos los tipos de aborto como si fueran ilegales, aunque las sanciones penales se aplican selectivamente. Amnistía Internacional cree que esta forma de acceder a los servicios de aborto legal estigmatiza a las mujeres que quedan embarazadas tras una violación y constituye un obstáculo más al que deben enfrentarse para garantizarse un servicio de aborto legal y seguro.

Muchos estados detienen y procesan a niñas y mujeres por haber abortado ilegalmente.� Las cifras de las mujeres detenidas a nivel nacional por buscar u obtener un aborto ilegal no son claras, debido a la falta de transparencia con que los estados tratan estos datos y porque algunos casos se instruyen como infanticidios u homicidios y no como abortos.

En 2011, la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó por escaso margen un recurso judicial cuyo fin era invalidar las enmiendas hechas a las constituciones de los estados de Baja California y San Luis Potosí, que junto con otros 15 habían promulgado el derecho a la vida desde el momento de la concepción. Siete de los 11 ministros de la Suprema Corte alegaron que las enmiendas eran inconstitucionales y restringían sin razón el derecho a la salud reproductiva de las mujeres. No obstante, esa mayoría era insuficiente para que prosperase el recurso y, en consecuencia, las enmiendas a las constituciones estatales no fueron invalidadas.

A Amnistía Internacional le preocupa que al dar luz verde a esas enmiendas constitucionales se ponga en peligro el derecho a la salud reproductiva de las mujeres y se sienten potencialmente las bases para incidir en la criminalización de las mujeres que buscan o consiguen abortar. Amnistía Internacional cree que la decisión de no invalidar las enmiendas constitucionales tendrá consecuencias muy negativas, al consolidar las barreras para el acceso a un servicio de aborto legal para mujeres y niñas víctimas de violaciones en México, especialmente aquellas de menos recursos o marginadas de algún otro modo.

Esto es especialmente cierto en los estados que no han aprobado aún o no han aplicado normativas efectivas sobre el acceso a un servicio de aborto legal para víctimas de violación. En 2009, el gobierno federal publicó los procedimientos médicos oficiales para la prevención y la atención de la violencia sexual y en el ámbito familiar contra las mujeres (NOM-046-SSA2-2005)�, los cuales incorporaban la obligación de ofrecer un servicio de aborto a las víctimas de violación. No obstante, periódicamente se informa de que tales procedimientos no se están siguiendo de manera efectiva.�

3.2.1. juicio injusto contra mujeres acusadas de aborto o infanticidio

En los últimos años, Amnistía Internacional ha investigado varios casos de mujeres que han sido procesadas y condenadas a largas penas de prisión por cargos de infanticidio en tribunales estatales de Guanajuato, Baja California y Guerrero. Las mujeres fueron acusadas de poner fin a la vida del feto intencionadamente en las fases avanzadas del embarazo, ocultando en algunos casos los restos. En varios casos se ignoraron las pruebas de aborto espontáneo y de la inestabilidad mental de la acusada, aceptándose por el contrario las pruebas poco fidedignas aportadas por la acusación, según las cuales el feto estaba vivo y tenía existencia autónoma cuando su madre lo mató, y habría respirado durante unos momentos tras el nacimiento y antes de ser asesinado.� El hecho de que jueces y fiscales no garanticen la adecuada defensa de las acusadas –que a menudo provienen de entornos pobres o desfavorecidos– y la inexistencia de garantías procesales han suscitado serias preocupaciones sobre la discriminación contra las mujeres y la las sentencias condenatorias infundadas. En mayo de 2011, Lesley Karina Zamora, de Mexicali, Baja California, salió de prisión preventiva a raíz de un recurso tras pasar dos años encarcelada. Había sido condenada por homicidio agravado en razón de parentesco y condenada a 23 años sobre la base de las poco fidedignas pruebas forenses mencionadas anteriormente, según las cuales había matado a su hijo tras el nacimiento. Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos apoyaron los esfuerzos que estaban haciendo sus abogados para hacer notar que se le había negado el acceso a una defensa eficaz durante su juicio y que las pruebas de la acusación, basadas en tests poco fidedignos realizados sobre tejido pulmonar, habían sido aceptadas por el tribunal sin la evaluación adecuada, mientras que las pruebas de aborto espontáneo habían sido desestimadas sin justificación. En un caso similar, una joven indígena de 25 años del estado de Guerrero sigue encarcelada en Chilpancingo, a la espera del resultado de una revisión de su caso por parte del poder judicial federal. La joven está recluida desde 2006 y fue condenada a 22 años de prisión por homicidio agravado en razón de parentesco. Según la información estudiada por Amnistía Internacional, la acusación ignoró las pruebas que demostraban que había abortado espontáneamente y falseó pruebas para acusarla de asesinato premeditado. El resultado de la apelación está pendiente.

Recomendaciones:

Garantizar la eliminación de cualquier obstáculo legal al acceso a la atención médica en el área reproductiva para todas las mujeres;

Velar por que los gobiernos federal y estatales garanticen que todas las mujeres embarazadas tras una violación o una relación incestuosa pueden acceder a un servicio de aborto legal y seguro, debiéndose publicar procedimientos vinculantes que garanticen el cumplimiento de este derecho en todos los estados;

Proporcionar capacitación e información pública sobre dichos procedimientos y sobre los procedimientos médicos NOM-046, y publicar las evaluaciones sobre su aplicación.

Garantizar que todas las mujeres cuyos hijos o hijas mueran durante el embarazo o poco después de nacer no son sometidas a procesos y sentencias condenatorias injustas e infundadas, salvaguardando su derecho a la no discriminación, a la igualdad ante la ley, a la presunción de inocencia y al acceso a una defensa legal eficaz.

Revisar las normas sobre pruebas de muerte fetal y de recién nacidos a fin de aplicar las buenas prácticas internacionales y excluir pruebas forenses poco fidedignas.

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México

INFORMACIÓN PARA EL COMITÉ DE LA ONU PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER

52º periodo de sesiones, julio de 2012

Amnistía Internacional es un movimiento mundial, formado por 3 millones de simpatizantes, miembros y activistas de más de 150 países y territorios, que hacen campaña para acabar con los abusos graves contra los derechos humanos.

Nuestra visión es la de un mundo en el que todas las personas disfrutan de todos los derechos humanos proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en otras normas internacionales de derechos humanos.

Somos independientes de todo gobierno, ideología política, interés económico y credo religioso. Nuestro trabajo se financia en gran medida con las contribuciones de nuestra membresía y con donativos.

� 1996, Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Intrafamiliar; 1997, decreto para reformar el Código Civil y el Código Penal, que se refiere a la violencia intrafamiliar y la violación; 2003, Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; 2006, Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; 2007, Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; 2012, reforma constitucional en materia de derechos humanos.

� � HYPERLINK "http://www.conavim.gob.mx/es/CONAVIM/Legislativa" �http://www.conavim.gob.mx/es/CONAVIM/Legislativa�

� México: La lucha de las mujeres por la seguridad y la justicia. Violencia familiar en México, índice AI: 41/021/2008, http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR41/021/2008/es

� Feminicidio en México. Aproximaciones, tendencias y cambios, 1985-2009, 1ª edición, 2011, D.R. © ONU Mujeres, Entidad de de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, ISBN 978 1-936291-65-6, impreso y hecho en México, p. 31, � HYPERLINK "http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/00_feminicMx1985-2009.pdf" �http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/00_feminicMx1985-2009.pdf�

� Consúltense las tasas de mortalidad en la base de datos del sitio web del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México � HYPERLINK "www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/proyectos/continuas/vitales/bd/mortalidad/MortalidadGeneral.asp?s=est&c=11144" ��www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/proyectos/continuas/vitales/bd/mortalidad/MortalidadGeneral.asp?s=est&c=11144�

� Feminicidio en México. Aproximaciones, tendencias y cambios, 1985-2009, p. 69.

� Ibíd., 71

� Informe sobre México publicado por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en virtud del artículo 8 del Protocolo Facultativo a la Convención y respuesta del Gobierno de México, CEDAW/C/2005/OP.8/MEXICO.

� � HYPERLINK "http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/registros/vitales/mortalidad/default.aspx" �http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/registros/vitales/mortalidad/default.aspx�

� � HYPERLINK "http://www.lapoliciaca.com/nota-roja/protestan-ante-fiscalia-este-dia-internacional-de-la-mujer-por-las-juarenses-desaparecidas/" �http://www.lapoliciaca.com/nota-roja/protestan-ante-fiscalia-este-dia-internacional-de-la-mujer-por-las-juarenses-desaparecidas/�

� � HYPERLINK "http://www.scribd.com/doc/83501804/Carta-de-respuesta-EAAF-a-funcionario-de-CD-Juarez" �http://www.scribd.com/doc/83501804/Carta-de-respuesta-EAAF-a-funcionario-de-CD-Juarez�

� Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México. Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C. Nº 205, párr. 602.

� HYPERLINK "http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_205_esp.pdf" �http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_205_esp.pdf�

� CEDAW/C/2005/OP/8/MEXICO, 27 de enero de 2005

� � HYPERLINK "http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR41/092/2010/es" �http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR41/092/2010/es�

� � HYPERLINK "http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR41/005/2010" ��http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR41/005/2010�/es

� � HYPERLINK "http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR41/014/2011/es" ��http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR41/014/2011/es�

� � HYPERLINK "http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR41/080/2011/es" �http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR41/080/2011/es�

� � HYPERLINK "http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR41/008/2012/es" �http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR41/008/2012/es�

� Consulta interactiva de datos, Judiciales en materia penal, Delitos de los procesados (2009-2010), Delitos de los sentenciados (2009-2010), � HYPERLINK "http://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/proyectos/bd/consulta.asp?p=11017&c=15274&s=est&cl=4%23" �http://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/proyectos/bd/consulta.asp?p=11017&c=15274&s=est&cl=4#�

� Avances en la equidad de género, INMUJERES, p. 197

� HYPERLINK "http://www.conapo.gob.mx/publicaciones/sdm/sdm2009/11.pdf" �http://www.conapo.gob.mx/publicaciones/sdm/sdm2009/11.pdf�

� Encuesta Nacional sobre Violencia contra las Mujeres, 2006, Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, � HYPERLINK "http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/ENVIM_2006.pdf" �http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/ENVIM_2006.pdf�, p. 69

� � HYPERLINK "http://www.icesi.org.mx/documentos/publicaciones/cuadernos/cuaderno_8.pdf" �http://www.icesi.org.mx/documentos/publicaciones/cuadernos/cuaderno_8.pdf�, p. 82

� Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Serie de Capacitación Profesional nº 8, Protocolo de Estambul: Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Nueva York y Ginebra, 2001. (� HYPERLINK "http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training8Rev1sp.pdf" �http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training8Rev1sp.pdf�)

Organización Mundial de la Salud, Guidelines for medico-legal care for victims of sexual violence, Ginebra, 2003

� HYPERLINK "http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/violence/med_leg_guidelines/en/index.html" �http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/violence/med_leg_guidelines/en/index.html�

� Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Fernández-Ortega y otros vs. México. Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010. Serie C. Nº 215;Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Rosendo-Cantú y otra vs. México. Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010. Serie C. Nº 216

� � HYPERLINK "http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR41/028/2006/es" �http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR41/028/2006/es�

� “garantice que la encargada de la Fiscalía Especial para la atención de delitos relacionados con actos de violencia contra las mujeres cuente con la autoridad necesaria, así como con recursos humanos y financieros suficientes, para permitirle cumplir su mandato de forma independiente e imparcial”, Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: México CEDAW/C/MEX/CO/6, 25 de agosto de 2006, párrs. 14 y 15

� Informe No. 158/11, Petición 512-08, Mariana Selvas Gómez, � HYPERLINK "http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/admisibilidades.asp#inicio" �http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/admisibilidades.asp#inicio�

� Informe sobre la visita a México del Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, CAT/OP/MEX/1, mayo de 2010, párr. 266

� México: Víctimas invisibles. Migrantes en movimiento en México, Índice: AMR 41/014/2010, publicado: 28 de abril de 2010, � HYPERLINK "http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR41/014/2010" �http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR41/014/2010�/es.

� � HYPERLINK "http://www.cimacnoticias.com.mx/site/12052503-LA-OTRA-RUTA-MIGRAT.49813.0.html" �http://www.cimacnoticias.com.mx/site/12052503-LA-OTRA-RUTA-MIGRAT.49813.0.html�

� Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, CMW/C/MEX/CO/2, mayo de 2011, párr. 26

� Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, arts. 24-26, � HYPERLINK "http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV.pdf" �http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV.pdf�

� Ibíd., artículo quinto transitorio.

� Datos obtenidos del Observatorio de Mortalidad Materna, agencia conjunta creada a instancias de la sociedad civil, el gobierno y la comunidad internacional y que estudia la mortalidad materna: � HYPERLINK "http://www.omm.org.mx" �http://www.omm.org.mx�

� HYPERLINK "http://www.omm.org.mx/images/stories/MM_2002_2010.xls" �http://www.omm.org.mx/images/stories/MM_2002_2010.xls�

� � HYPERLINK "http://www.informador.com.mx/jalisco/2012/359329/6/reconocen-no-se-cumpliran-metas-del-milenio-en-mortalidad-materna.htm" �http://www.informador.com.mx/jalisco/2012/359329/6/reconocen-no-se-cumpliran-metas-del-milenio-en-mortalidad-materna.htm�

� En 2009, la tasa de mortalidad materna era de 62,2 por cada 100.000 nacidos vivos para el total de la población, pero los estados con mayor población indígena presentaron tasas significativamente más altas de muertes maternas, entre ellos Guerrero, con una tasa de 107,8.

Observatorio de Mortalidad Materna, � HYPERLINK "http://www.omm.org.mx/images/stories/MM_2002_2010.xls" �http://www.omm.org.mx/images/stories/MM_2002_2010.xls�

� Ibíd.

� � HYPERLINK "http://www.undp.org.mx/IMG/pdf/Informe_Completo.pdf" �http://www.undp.org.mx/IMG/pdf/Informe_Completo.pdf�, p. 66

� � HYPERLINK "http://www.hchr.org.mx/Documentos/comunicados/2010/08/CDP180810.pdf" �http://www.hchr.org.mx/Documentos/comunicados/2010/08/CDP180810.pdf�

� Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005, Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención

� � HYPERLINK "http://www.cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=65444&seccion=Principa" �http://www.cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=65444&seccion=Principa�

� En “Proof of separate existence” (“Prueba de existencia autónoma”), los autores critican la utilización de “pruebas hidrostáticas” en el tejido pulmonar de niños prematuros o recién nacidos fallecidos como prueba de vida y existencia independientes de la madre. Saukko, Pekka; Knight, Bernard. Knight´s Forensic Pathology. 3ª edición. Reino Unido: Hodder Arnold, 2004. pp. 445-447. ISBN 978-0-340-76044-4

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