Document - Mexican Supreme Court’s resolution on Atenco– the route to justice?

AMNISTÍA INTERNACIONAL

DECLARACIÓN PÚBLICA

Indice AI: AMR 41/008/2009

17 de febrero de 2009

La resolución de la Suprema Corte de México sobre Atenco: ¿Un paso hacia la justicia?

Amnistía Internacional considera positivo que la Suprema Corte de Justicia reconozca que hubo graves violaciones de derechos humanos cometidas en San Salvador Atenco en mayo de 2006, y que haya instado a que se amplíen las investigaciones para establecer las responsabilidades de los directamente implicados. Ahora es esencial que el gobierno del presidente Felipe Calderón asuma la responsabilidad de garantizar justicia y reparaciones a las víctimas en el caso de Atenco.

La resolución de la Suprema Corte viene después de dos años de haber abierto una investigación no jurisdiccional sobre el operativo policial para reprimir una manifestación en San Salvador Atenco el 3 y 4 de mayo 2006. El operativo resultó en la detención de más de 200 personas y centenares de denuncias de abusos, incluso de violencia sexual como forma de tortura contra más de 26 mujeres arrestadas. Los responsables por los abusos no han sido llevados ante la justicia ni las víctimas han recibido reparaciones.

Sin embargo, la organización considera que la resolución de la Suprema Corte, al descartar por adelantado la supuesta responsabilidad de altos funcionarios federales y estatales, no se encuentra de conformidad con las obligaciones de México según el derecho internacional de los derechos humanos. Según el derecho convencional, México está obligado a investigar a los funcionarios que presuntamente ordenen, instiguen, induzcan el uso de la tortura o la cometan directamente y a quienes, pudiendo impedirla, no lo hagan.

La resolución parece ignorar el valioso trabajo de la comisión investigadora y el informe presentado por el ministro Gudiño al plenario de la Corte, en los se que concluye que aún sin evidencia de que altos funcionarios hubieran ordenado los abusos, podrían estar implicados por no haber tomado medidas para pararlos al estar informados de que se estaban produciendo, y por el fracaso rotundo en asegurar la investigación creíble y efectiva de los abusos. Estos dos principios son conformes con el derecho internacional de derechos humanos para determinar la responsabilidad de los superiores y deberían ser retomados por las instancias investigativas.

Amnistía Internacional también lamenta que la resolución no reconozca la calidad y cantidad de información recabada por la comisión investigadora para establecer las violaciones de derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales, tales como la tortura. Por el contrario, la Corte se limita a referir a la violaciones de las garantías individuales y no hace ningún reconocimiento explicito de los tratados internacionales en la materia que son vinculantes para el Estado mexicano.

Además, la organización esta preocupada por la propuesta incluida en la resolución de elaborar los criterios generales del uso de la fuerza por parte del Estado solamente a base de los principios constitucionales de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez. Si se desea evitar otras situaciones como Atenco en el futuro, es esencial que estos procedimientos estén elaborados e implementados a base de los estándares internacionales indicados en el Informe de ministro Gudiño, entre ellos la proporcionalidad, la necesidad y la rendición de cuentas.

A pesar de las limitaciones de la resolución de la Corte, Amnistía Internacional considera que el gobierno de presidente Calderón debe mostrar liderazgo para asegurar que las investigaciones penales de todos los responsables por las violaciones de derechos humanos empiecen a realizarse de forma imparcial y eficaz. El compromiso expreso al más alto nivel es esencial para lograr justicia, verdad y reparaciones para todos y todas las víctimas, tanto para las mujeres que sufrieron la tortura, incluyendo la violencia sexual, como para las personas que han sido sentenciadas en procesos deficientes.

Información complementaria

El 3 y 4 de mayo 2006 más de 2.500 policías federales, estatales y municipales participaron en un operativo para terminar con protestas lideradas por la organización campesina Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) en Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México. El operativo policial resultó en la detención de 207 personas, la muerte de dos personas, decenas de manifestantes y policías lesionados y varios policías retenidos como rehenes. Amnistía Internacional publicó el informe Violencia contra las Mujeres y Denegación de Justicia en el Estado de México (AMR 41/02/2006) documentado la violencia sexual sufrida por las detenidas. En febrero de 2006, al aceptar la petición del ministro Gudiño, la Suprema Corte ejerció su facultad constitucional de ordenar una investigación de “hechos que constituyan una violación a alguna garantía individual”.

FIN/