Document - JAMAICA: VIOLENCIA POLICIAL Y DE BANDAS EN LAS ZONAS URBANAS DEPRIMIDAS

JAMAICA: VIOLENCIA POLICIAL Y DE BANDAS EN LAS ZONAS URBANAS DEPRIMIDAS


«Cuando un policía viene a la comunidad, ve a toda persona como si fuera de una banda, como un ladrón, siempre haciendo algo malo. En ningún otro lugar de Jamaica que no sean los barrios pobres se mete la policía en tu casa abriendo la puerta de una patada […] pero no se puede entrar de ese modo en las casas para proteger la seguridad. Si no, ¿quién va a proteger a los buenos ciudadanos de la comunidad que respetan la ley?»


Mujer de una zona urbana deprimida de Kingston, octubre de 2007


Jamaica sufre una crisis de seguridad pública que afecta especialmente a las personas que viven en los barrios pobres de los centros urbanos, abandonados en gran medida por el Estado. La verdadera seguridad está supeditada al respeto por los derechos humanos, pues implica la protección de las personas frente a todo tipo de violencia. Las autoridades jamaicanas tienen un camino muy largo por delante para llegar a cumplir su deber de garantizar la protección y la seguridad de su ciudadanía.


Unos niños observan a un agente de policía desde detrás de un muro que ha servido de resguardo a hombres armados en un enfrentamiento entre bandas rivales, Kingston, diciembre de 2005 (© Brennan Linsley/AP/PA Photos)


Amnistía Internacional


Jamaica

Violencia policial y de bandas en las zonas urbanas deprimidas

Amnistía Internacional, abril de 2008 Índice AI: AMR 38/004/2008


Jamaica tiene una de las tasas de homicidio más altas del mundo. Asimismo, el índice de muertes a manos de la policía –principal organismo responsable del mantenimiento del orden público en el país– está entre los más elevados del continente americano. Según ha determinado Amnistía Internacional, muchas de estas muertes parecen ser ejecuciones extrajudiciales.


La gran mayoría de las víctimas vive en zonas desfavorecidas de los núcleos urbanos, cuyos habitantes, atrapados entre la violencia delictiva y la que ejerce la policía, ven cómo se les niega el acceso que debería brindarles el Estado a una protección efectiva de su derecho a la vida y a la seguridad.


Un alto porcentaje de las personas que viven sumidas en la pobreza en estas comunidades socialmente excluidas sufren niveles desproporcionadamente elevados de desempleo endémico, así como un acceso limitado al suministro de agua y electricidad.


El vacío que han dejado en estas comunidades los años de abandono por parte de las instituciones estatales ha sido ocupado por bandas organizadas. Como el Estado no ha solucionado el problema del desempleo crónico ni la falta de infraestructura básica, se han generado las condiciones ideales para que hayan prosperado las bandas de delincuentes. Los habitantes de estos barrios no tienen más remedio que dirigirse a las bandas para obtener un puesto de trabajo, educación o atención médica.


«Como el gobierno no emprende ninguna labor social en estas comunidades, los líderes que se ocupan de la pequeña delincuencia en sus zonas también abordan el problema de la escuela de todos los menores, atienden casos como el de la ancianita que no tiene para comer, asignan trabajos legales e ilegales, etc. Asumen la función del Estado en los niveles básicos.»

Monseñor Richard Albert, St. Catherine, vicario episcopal de St. Catherine, Jamaica, y presidente del Comité de Prevención del Delito de Spanish Town, octubre de 2007


Los líderes políticos reconocen que los sucesivos gobiernos han contribuido activamente a crear el caldo de cultivo de la violencia de bandas. El control de éstas es especialmente férreo en las zonas bajo el dominio absoluto de uno de los partidos políticos, conocidas como “bastiones”.


«El problema de la delincuencia que afecta a Jamaica se está abordando con hipocresía, porque no se pueden cortar las ramas del árbol de la delincuencia, no se le pueden quitar las hojas y los tallos si luego se riega la raíz, porque entonces el árbol dará [...] frutos que dejarán una sustancia amarga en el vientre de la nación.»


Bunny Wailer, artista reggae del grupo Bob Marley and The Wailers, octubre de 2007


Mural del Centro por la Paz de la Zona Este, comunidad de Burgher, Kingston Oriental, 14 de octubre de 2007 ( © Amnistía Internacional )


PREJUICIOS EN LA ACTUACIÓN POLICIAL


«La conducta abusiva y el uso excesivo de la fuerza por miembros de la policía y del ejército […] han contribuido a generar un sentimiento creciente de alienación en un sector de la sociedad, que siente que se le niega la justicia. En consecuencia, han surgido sistemas “judiciales” paralelos, respaldados por dons y “líderes de zona” no oficiales, así como una justicia parapolicial y medios arbitrarios de hacer cumplir la ley en la comunidad.»


Gobierno de Jamaica, National Security Policy for Jamaica: Towards a Secure & Prosperous Nation, mayo de 2006, capítulo 2.2


Los miembros propiamente dichos de las bandas de delincuentes son tan sólo un porcentaje muy reducido de la población de las zonas urbanas deprimidas, pero el estigma de la delincuencia o del potencial delictivo no se limita a esta minoría. Comunidades enteras son víctimas de los prejuicios generalizados de la sociedad, que se reflejan en el trato que tales comunidades reciben de la policía.


Son muchas las voces que denuncian que algunos agentes de policía tratan como delincuentes a todos los habitantes de las zonas urbanas deprimidas. Casi todas las personas de estos barrios describen experiencias de abusos y violencia policiales persistentes y una falta general de respeto por sus comunidades.


Se han recibido informes reiterados de discriminación y homicidio a manos de las fuerzas de seguridad. En muchas ocasiones es posible que estas muertes hayan sido consecuencia del uso legítimo de la fuerza. Sin embargo, en los casos en los que había indicios sólidos de muerte por disparos intencionados, e incluso de ejecución extrajudicial, las familias de las víctimas han encontrado obstáculos a veces insuperables para acceder a la justicia.


Los errores de las investigaciones, la corrupción y el deficiente sistema judicial garantizan la impunidad de los agentes implicados, y también impiden que se enjuicie a muchos de los responsables de delitos violentos. La cifra de asesinatos investigados y resueltos por la policía es sumamente baja, al igual que el índice de procesamientos y condenas.


Entre 2000 y 2007, la policía mató a 1.422 personas e hirió a otras 1.115.


Oficina de Investigaciones Especiales


En 2005 fueron víctimas de homicidio 1.674 personas, más que nunca.


Policía de Jamaica


Un vehículo blindado patrulla por un barrio de Kingston, julio de 2001.

© REUTERS/Kimberley White


André Thomas


«El 29 de septiembre de 2007, alrededor de la una de la madrugada, oí cuatro disparos que me despertaron, así que me levanté. Unos hombres me disparaban desde el otro lado de la calle y me gritaban: “Laborista, os vamos a matar a todos”. No llegaron a herirme y se marcharon. Le dije a mi hijo André, de 19 años, que estaba con unos amigos delante de una tienda, que volviera a casa porque quedarse en la calle era peligroso. Siempre que se disparan tiros aparece el mismo tipo de policía. No sé si trabaja en colaboración con los hombres de las bandas, pero siempre aparece la misma policía corrupta. André dijo que no estaba haciendo nada, por lo que no tenía que levantarse. Me alejé y oí a mi hijo gritar: “¿Por qué me golpean?” Corrí hacia donde estaba y oí [decir] a una mujer: “Oh, Señor, la policía ha matado al chiquito”. André yacía en un charco de sangre, y cuatro agentes estaban de pie junto a él. André estaba consciente. Lo llevé en brazos al todoterreno de la policía y les dije que lo llevaran al hospital. Tenía un disparo en una pierna y otro en una mano. La policía me advirtió que yo no podía montar con mi hijo en el vehículo porque iba manchado de sangre y porque no había sitio. Cuando llegué al hospital público, André estaba muerto. El médico me explicó que tenía heridas por todo el cuerpo: en la pierna, en el abdomen, una en medio del estómago y otra en la espalda. Cuando yo lo dejé, sólo tenía dos heridas. Sé que lo asesinaron. Lo que realmente me duele es que se lo llevaran en el todoterreno y le abrieran un agujero en todo el estómago.»


Philbert Thomas, Grants Pen, Kingston, octubre de 2007 ( © Privado )


Jamaica es Estado Parte en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), en virtud del cual tiene la obligación de respetar, proteger y hacer realidad el derecho a la vida, la integridad, la seguridad y la dignidad de las personas. El PIDESC establece el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados (artículo 11); al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental (artículo 12), y a la educación (artículo 13). Asimismo, la Constitución jamaicana garantiza el derecho a la vida, la libertad, la seguridad de la persona y la protección de la ley.

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La zona urbana deprimida de Majesty Gardens, Kingston, 2 de octubre de 2007. Muchos hogares de estas comunidades carecen de infraestructura básica, como canalización de agua potable o alcantarillado

© Amnistía Internacional

LA LEY DE LAS BANDAS


«Si tienes una pistola, no estás segura, porque los malhechores atacan a las personas que saben que tienen un arma. Si no tienes pistola, no estás segura, porque cualquiera puede matarte, incluida la policía. E incluso si no has hecho nada, tampoco estás segura, porque si alguien cercano a ti les ha hecho algo a las bandas y no lo encuentran, vienen a por ti.»


Mujer de un “bastión” de Kingston


Según los informes, la violencia se recrudece especialmente durante los enfrentamientos entre bandas rivales que pugnan por hacerse con el control de una comunidad o un territorio. Cuando eso ocurre, los habitantes de la zona se convierten en rehenes, bloqueados literalmente por las barricadas.


Los enfrentamientos perturban el funcionamiento de la enseñanza, ya sea porque se cierran las escuelas o porque los menores están tan traumatizados que tienen miedo a salir de casa. También afectan a la vida laboral de los residentes, que no pueden salir de la comunidad para llegar a sus lugares de trabajo porque el transporte deja de funcionar. Incluso puede resultar difícil acceder a servicios básicos como la atención a la salud o el suministro de agua potable.


«En época de “guerra” no podíamos beber agua limpia porque teníamos que ir a la comunidad de al lado a recogerla de los depósitos, pero no podíamos cruzar por esa zona porque era demasiado peligroso: la banda veía a cualquier persona procedente de nuestra comunidad como una amenaza […] Por la noche teníamos que dormir en el suelo, todos, los niños, la abuela, todos. Nos cubríamos con el colchón porque a veces las balas podían llegar al interior de las casas y matarnos.»


Mujer de una zona urbana deprimida de Kingston, octubre de 2007


Los hombres jóvenes y los niños son los más expuestos a sufrir violencia. Los miembros de las bandas reclutan a niños incluso de tan sólo 12 años. Les ordenan hacer pequeñas tareas, a lo que no se pueden negar por miedo a represalias contra ellos o contra sus familias.


Las mujeres de estos barrios también sufren mucha violencia. Numerosas mujeres relataron a Amnistía Internacional que si un miembro de una banda quería tener relaciones sexuales con una mujer, ésta no podía negarse, pues se exponía a que la castigaran a ella y a toda su familia. Muchas explicaban que tenían que criar solas a sus hijos e hijas, ya que sus parejas habían huido o habían muerto en los enfrentamientos entre las bandas.


Quienes denuncian ante la policía los abusos cometidos por las bandas se arriesgan a sufrir represalias. Una de las «normas» que se repetían en los testimonios ofrecidos a Amnistía Internacional por personas de todas las comunidades era que si los miembros de las bandas descubrían a informantes de la policía, los mataban.


Una mujer contó a Amnistía Internacional que el hijo de su vecina, de 12 años, recibió el encargo de una banda de ir a otra comunidad a llevar una pistola. En el camino le robaron. Como sabía que lo matarían si volvía sin la pistola y sin el dinero, se escapó. A la mañana siguiente mataron a su madre.


Cartel pintado a mano, colocado en una calle de una zona urbana deprimida de Kingston, 4 de octubre de 2007 ( © Amnistía Internacional )


VIOLENCIA E IMPUNIDAD POLICIALES


A lo largo de los años, la investigación de Amnistía Internacional ha puesto de manifiesto numerosos casos donde los datos indican de forma abrumadora que la policía cometió homicidios ilegítimos. En muchos de esos casos se repiten el modo en que se empleó la fuerza letal, los intentos de ocultar pruebas, el «código de silencio» de las fuerzas de seguridad y la ausencia de investigaciones prontas, exhaustivas y eficaces.

Cuando los homicidios policiales tienen lugar en circunstancias controvertidas, las autoridades tal vez admitan que han sido cometidos por agentes encargados de hacer cumplir la ley, pero subrayan que han sido justificados. La explicación oficial de los homicidios perpetrados por la policía sigue un esquema muy similar en casi todos los casos: por lo general se aduce que una patrulla de la policía se cruzó con unos hombres que se comportaban de manera sospechosa y que, al pedirles explicaciones, sacaron sus armas y abrieron fuego contra los agentes. La policía devolvió entonces los disparos y mató a uno de los hombres o a varios, mientras que los otros escaparon.


La credibilidad de estas explicaciones se ve socavada por su sorprendente uniformidad y por los numerosos casos en que se contradicen con las declaraciones de testigos presenciales.


Además, ante el hecho de que un porcentaje tan alto de disparos policiales causen muertes surgen más dudas sobre la credibilidad de las explicaciones oficiales. Es frecuente que las pruebas forenses también contradigan las afirmaciones de que la persona en cuestión murió en un tiroteo.


Las dos instituciones a cargo de investigar los disparos policiales en Jamaica son la Oficina de Investigaciones Especiales y la Oficina de Denuncias contra la Policía. Las organizaciones de derechos humanos de Jamaica han documentado numerosas irregularidades en las investigaciones realizadas por ambas oficinas, como por ejemplo: los investigadores se demoran –en ocasiones varios días– en visitar el lugar de los hechos, con lo que se pierden pruebas fundamentales; se mueven prematuramente los cadáveres, con lo que no se conserva intacto el lugar de los hechos; no se recogen pruebas, como muestras para analizar, prendas de ropa o declaraciones, y no se llevan a cabo autopsias adecuadas ni completas.


Los procesamientos de agentes de policía y soldados implicados en violaciones de derechos humanos que llegan a buen término son escasos, pese a que cada año se entablan centenares de acciones civiles que dan lugar al pago de indemnizaciones a las familias. El director de la Fiscalía goza de poder absoluto para decidir si enjuicia o no un caso, y se ha mostrado reacio a procesar a policías. En los últimos siete años, sólo un agente de policía ha sido declarado culpable de asesinato.


«Los jóvenes se esconden de la policía, porque les dice: “no huyas de la policía si no tienes nada que ocultar”, pero si le haces caso y te quedas sentado, te matan.»

Pacificador comunitario de Kingston Occidental, octubre de 2007


Carretera bloqueada por miembros de bandas de una comunidad de Trench Town, Kingston, 14 de octubre de 2007 ( © Amnistía Internacional )

SEGURIDAD HUMANA


El Estado de Jamaica tiene la obligación de respetar, proteger y hacer realidad los derechos humanos a la vida, la integridad, la seguridad y la dignidad de todas las personas que viven bajo su jurisdicción. El derecho internacional de los derechos humanos establece que las autoridades deben proteger activamente los derechos de las personas y les prohíbe el abuso de poder.


«Así, por ejemplo, un Estado Parte en el que un número importante de individuos está privado de alimentos esenciales, de atención primaria de salud esencial, de abrigo y vivienda básicos o de las formas más básicas de enseñanza, prima facie no está cumpliendo sus obligaciones en virtud del Pacto.»


Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, Observación general 3, párr. 10


Las personas que viven en comunidades excluidas socialmente y divididas por la violencia y la pobreza han visto cómo el Estado les niega la seguridad humana. Las autoridades jamaicanas no han ejercido la diligencia debida a la hora de hacer frente a la violencia de las bandas armadas, por un lado, y de obligar a rendir cuentas a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que cometen violaciones de derechos humanos, por el otro. Cabe destacar sobre todo que Jamaica carece de una política de seguridad pública eficaz, integral y a largo plazo. La impunidad generalizada por los abusos cometidos crea una situación que facilita las violaciones de derechos humanos. Todos estos factores han contribuido a la actual crisis de seguridad pública.


La corrupción generalizada de la policía y de otras instituciones sigue socavando la capacidad del Estado de proporcionar seguridad a toda su ciudadanía. Los dirigentes políticos jamaicanos han reconocido su propia responsabilidad en esta crisis por haber creado y perpetuado un sistema político que se vale de los líderes de las bandas para obtener apoyo electoral, así como de la corrupción y la delincuencia organizada. Por ello es preciso que se les haga rendir cuentas de sus actos. Las víctimas de violaciones de derechos humanos de las zonas urbanas deprimidas de Jamaica ya no pueden esperar más tiempo.


El derecho internacional de los derechos humanos establece normas sobre el modo en que la policía puede ejercer legítimamente sus atribuciones. Estas normas reconocen que la policía desempeña una importante función social, a veces en situaciones peligrosas.


El Código de Conducta de la ONU para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley y los Principios Básicos de la ONU sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley son las normas principales que abordan el uso de la fuerza y las armas de fuego por parte de la policía, y muchas de sus disposiciones han sido incorporadas a los reglamentos internos de la policía de Jamaica. Las normas internacionales estipulan que las armas de fuego se utilizarán sólo en caso de que resulten insuficientes medidas menos extremas y sea estrictamente inevitable para proteger la vida humana. Los agentes deberán guiarse en todo momento por los principios de necesidad y proporcionalidad para el empleo de la fuerza, y deberán esforzarse lo máximo posible por detener, y no matar, al presunto delincuente. Del mismo modo, nunca deberán emplearse medios letales como alternativa a la detención. [end of box]


Camión quemado en una zona urbana deprimida de Kingston, octubre de 2007

© Amnistía Internacional


RECOMENDACIONES


Amnistía Internacional pide al gobierno jamaicano que elabore un plan integral de seguridad pública para la protección de los derechos humanos, que dé prioridad a:


  • la reducción inmediata de los homicidios y de las muertes a manos de la policía en las zonas deprimidas de los núcleos urbanos;


  • la reforma de la policía para que represente, atienda y rinda cuentas a toda la comunidad y respete y proteja los derechos humanos;


  • la aplicación sin más demora de las recomendaciones del grupo especial sobre la reforma del sistema de justicia;


  • la creación de un órgano totalmente independiente que vigile la posible conducta indebida de la policía y las denuncias de violación de derechos humanos;


  • la lucha contra la corrupción.


Amnistía Internacional también pide a los gobiernos de otros países que apoyen y promuevan la creación y aplicación del plan de seguridad pública.

ACTÚEN YA

Escriban a las autoridades de Jamaica para pedirles que procedan a:


elaborar un plan integral de seguridad pública destinado a proteger los derechos humanos, que dé prioridad a la reducción inmediata de los homicidios y de las muertes a manos de la policía en las zonas deprimidas de los núcleos urbanos.


ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS A:


Primer ministro de Jamaica:

The Rt Hon Bruce Golding

Prime Minister

Office of the Prime Minister

Jamaica House

1 Devon Road

Kingston 6, Jamaica


Fax: +1 876 929 0005


Si desean más información, consulten el informe de Amnistía Internacional «Que se maten entre ellos»: Seguridad pública en las zonas urbanas deprimidas de Jamaica (AMR 38/001/2008), en el que está basado el presente resumen.


Amnistía Internacional es un movimiento mundial, formado por más de 2,2 millones de personas de más de 150 países y territorios, que hacen campaña en favor de los derechos humanos.


Nuestra visión es la de un mundo en el que todas las personas disfrutan de todos los derechos humanos proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en otras normas internacionales de derechos humanos. Realizamos labores de investigación, acción, defensa y movilización para poner fin a los abusos graves contra estos derechos. Amnistía Internacional es independiente de todo gobierno, ideología política, interés económico y credo religioso.


Nuestro trabajo se financia en gran medida con las contribuciones de nuestra membresía y con donativos.


Mural de August Town, Kingston, 3 de octubre de 2007

© Amnistía Internacional


Amnistía Internacional

Secretariado Internacional

Peter Benenson House

1 Easton Street, London WC1X 0DW

Reino Unido

www.amnesty.org


Índice AI: AMR 38/004/2008

Abril de 2008


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