Document - Haiti: Human rights held to ransom











H A I T Í


LOS DERECHOS HUMANOS SECUESTRADOS



































Agosto de 1992

Índice AI: AMR 36/41/92/s

Distr: SC/CC/CO/GR



SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 8DJ, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL, ESPAÑA





















H A I T Í




LOS DERECHOS HUMANOS SECUESTRADOS




AGOSTO DE 1992 RESUMEN Índice AI: AMR 36/41/92/s

Distr: SC/CC/CO/GR




Entre los días 20 de marzo y 3 de abril, una delegación de Amnistía Internacional visitó Haití. Allí, la delegación obtuvo pruebas de que, desde el golpe de Estado ocurrido el 30 de septiembre de 1991, siguen cometiéndose constantemente ejecuciones extrajudiciales, malos tratos de tal gravedad que constituyen torturas, y detenciones arbitrarias e ilegales. Además, la delegación pudo reunir pruebas sobre la práctica generalizada del chantaje a civiles por parte de las fuerzas de seguridad haitianas y de otras fuerzas que, al parecer, actúan en connivencia con ellas. La población se ve obligada a pagar dinero a cambio de no sufrir detenciones, torturas u otra clase de malos tratos, de mejorar sus condiciones de reclusión o sencillamente a cambio de su libertad.


Persiste el desorden generalizado. Las violaciones de derechos humanos forman parte de la vida diaria de casi todos los haitianos. Las fuerzas de seguridad y los miles de civiles que actúan en connivencia con ellas cometen los más diversos abusos con absoluta impunidad. Las antiguas estructuras represivas, que el gobierno depuesto había logrado desmantelar en parte, se han restituido. Las autoridades civiles carecen de la voluntad o el poder suficiente para impedir estos abusos, mientras los militares, que en la práctica son la única autoridad en numerosas zonas del país, son quienes encabezan claramente la represión. Tan sólo en un caso de violación de derechos humanos se ha detenido a los autores, a pesar de que en otros han sido identificados por la víctima o los testigos. La corrupción desenfrenada del sistema judicial y su connivencia con los poderes ejecutivo y militar impide a la población la posibilidad de obtener ante los tribunales una reparación del agravio sufrido. Así, el ciudadano corriente carece de cualquier otro recurso que no sea la simple denuncia a las organizaciones locales o internacionales de derechos humanos, y no tiene otra forma de protegerse que ocultarse o someterse al chantaje.


Desde el regreso de la delegación, sobre todo a partir de mediados de mayo, Amnistía Internacional ha venido recibiendo informes de violaciones de derechos humanos con creciente intensidad, tras los disturbios populares y las manifestaciones, cada vez más frecuentes, en contra del gobierno. Se han denunciado numerosos casos de detenciones, de malos tratos y de ejecuciones extrajudiciales. El nuevo primer ministro, Marc Bazin, juró su cargo el 19 de junio. Unos días antes de tomar posesión, prometió en el Senado de Haití "acabar con la represión y restablecer la libertad de prensa". No obstante, la represión continúa, y la oportunidad de buscar asilo al otro lado de las fronteras se ha visto frustrada por la actuación de las autoridades de EE UU, país al que intentaban huir la mayoría de los solicitantes de asilo, pero también por la respuesta negativa de otros países, como es el caso de Francia. Los haitianos aún viven en un estado permanente de terror, mientras sus opresores disponen de absoluta libertad para matar, torturar y aterrorizar a la población con total impunidad, y continúan recaudando dinero a costa de la represión.




PALABRAS CLAVE: DETENCIÓN ARBITRARIA1 / DETENCIÓN EN RÉGIMEN DE INCOMUNICACIÓN / TORTURA/MALOS TRATOS1 / HOSTIGAMIENTO1 / EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL / DESAPARICIONES / CONDICIONES PENITENCIARIAS / MUERTES BAJO CUSTODIA / MALA SALUD / TRATAMIENTO MÉDICO / EXTORSIÓN / REENCARCELAMIENTO / REPATRIACIÓN FORZADA1 / EE UU1 / FRANCIA / REPÚBLICA DOMINICANA / TRABAJOS FORZADOS / ACTIVISTAS POLÍTICOS1 / TRABAJADORES COMUNITARIOS1 / TRABAJADORES MANUALES / CAMPESINOS1 / TRABAJADORES ECLESIÁSTICOS / GRUPOS RELIGIOSOS / CLÉRIGOS - CATÓLICOS/

CIUDADANOS EXTRANJEROS / PROFESORES / ESTUDIANTES / MUJERES / NIÑOS /

TRABAJADORES DE AYUDA HUMANITARIA / PERIODISTAS / VENDEDORES AMBULANTES / PARLAMENTARIOS / LOCUTORES DE RADIO O TELEVISIÓN / ABOGADOS / REPRESENTANTES DE LOS GOBIERNOS LOCALES / FAMILIAS / HOMBRES/MUJERES DE NEGOCIOS / MILITARES COMO VÍCTIMAS / IMPUNIDAD1 / GOLPES DE ESTADO / MILITARES / POLICÍA / CIVILES ARMADOS / MISIONES / AI Y LOS GOBIERNOS / FOTOGRAFÍAS / DECLARACIONES DE LOS PRESOS /



Este informe resume un documento titulado Haití: Los derechos humanos secuestrados (Índice AI: AMR 36/41/92/s), publicado por Amnistía Internacional el 26 de agosto de 1992. Para obtener más detalles o emprender acciones al respecto deberá consultarse el documento completo.

ÍNDICE



Introducción1



Preocupaciones de Amnistía Internacional3


Detenciones arbitrarias e ilegales3


Tortura y malos tratos6


El negocio de la represión: la extorsión como alternativa a la

detención o los malos tratos10

Hostigamiento continuo14


Ejecuciones extrajudiciales16


"Desapariciones"16


Condiciones penitenciarias18


Los desplazados internos20


La situación de los refugiados y de los repatriados forzados21


La respuesta de las autoridades haitianas27



Últimos acontecimientos28


Detenciones arbitarias o ilegales y malos tratos29


Ejecución extrajudicial31



Conclusiones32



H A I T Í



LOS DERECHOS HUMANOS SECUESTRADOS





Introducción


En enero de 1992, Amnistía Internacional publicó el informe titulado Haití: La tragedia (Índice AI: AMR 36/03/92/s). En él se detallaba la situación de los derechos humanos en Haití tras el violento golpe militar ocurrido el 30 de septiembre de 1991, que derrocó al presidente Jean-Bertrand Aristide, elegido democráticamente. Desde la publicación del informe, Amnistía Internacional ha seguido recibiendo información acerca de graves violaciones de derechos humanos, entre las cuales figuran graves ejecuciones extrajudiciales, malos tratos de tal gravedad que constituyen torturas, y detenciones arbitrarias e ilegales. Entre los días 20 de marzo y 3 de abril, una delegación de Amnistía Internacional visitó Haití. Los delegados reunieron gran cantidad de pruebas que indicaban que las violaciones de derechos humanos, lejos de haber desaparecido, son constantes desde el golpe de Estado de septiembre de 1991.


Asimismo, la delegación reunió pruebas de que la extorsión a civiles por parte de las fuerzas de seguridad haitianas y de otras fuerzas que al parecer actúan en connivencia con ellas, es una práctica generalizada. Los ciudadanos se ven obligados a pagar dinero para no sufrir detenciones, torturas u otros malos tratos, para mejorar sus condiciones de reclusión o simplemente para obtener su libertad. Entre las víctimas de violaciones de derechos humanos se encuentran miembros y dirigentes de organizaciones populares, campesinos, sindicalistas, estudiantes, periodistas, miembros de la iglesia católica y, en general, cualquier sospechoso de apoyar el regreso al poder del depuesto presidente Aristide. Asimismo, existen numerosas pruebas de que las fuerzas de seguridad cometen violaciones generalizadas de derechos humanos contra la población civil sin ninguna razón política aparente.


La delegación de Amnistía Internacional mantuvo encuentros con víctimas de abusos o con los familiares de éstas, víctimas sobre cuyos casos la organización ya había llamado la atención. También se reunió con personas desplazadas en el interior del país a causa de la represión, con miembros de organizaciones de derechos humanos y periodistas, con miembros del clero y de grupos religiosos, y con varios abogados. También se entrevistó con oficiales militares y con el ex primer ministro de facto, Jean-Jacques Honorat.


Desde el regreso de la delegación, se han seguido cometiendo violaciones de derechos humanos. La violencia política aumentó a finales de mayo, momento en que los estudiantes protagonizaron manifestaciones y protestas contra el gobierno de facto. Como consecuencia de ello, volvió a a incrementarse la represión generalizada, indiscriminada y arbitraria. Muchos haitianos se hundieron en la desesperación al ver cómo se desvanecían sus esperanzas de recobrar el orden constitucional. La inseguridad ciudadana, que bajo la administración del presidente Aristide había descendido drásticamente, ha alcanzado niveles comparables a los anteriores a febrero de 1991. Como en el pasado, ha habido denuncias que indican que muchos de los actos de violencia perpetrados por hombres armados vestidos de civil, conocidos popularmente como zenglendos, fueron cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad o al menos con su complicidad. El embargo comercial y la extorsión generalizada contra gran parte de la población han incrementado las cotas, ya elevadísimas, de miseria. La constante represión, unida a los factores anteriormente expuestos han provocado un éxodo masivo de haitianos al exterior del país. Algunos han huido a la República Dominicana, donde, según informes, ha habido varios casos de detenciones e intimidaciones. Otras personas han escapado por mar en barcos fabricados por ellos mismos, prefiriendo arriesgar la vida en una peligrosa travesía hacia la península de Florida, en EE UU a soportar el clima de brutal represión que existe en Haití.



























Uno de los numerosos controles militares en las carreteras de Haití. Los registros exhaustivos de vehículos y pasajeros son frecuentes.


Preocupaciones de Amnistía Internacional


Tras el golpe de Estado de septiembre de 1991, las principales preocupaciones de Amnistía Internacional sobre Haití eran las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias e ilegales, la tortura y los malos tratos. Las víctimas eran personas partidarias del depuesto presidente Aristide o sopechosas de serlo. Durante la visita de la organización entre el 20 de marzo y el 3 de abril de 1992, la delegación supo que, aunque habían disminuido los informes sobre ejecuciones extrajudiciales, los casos de detenciones ilegales o arbitrarias, casi siempre acompañados de tortura o malos tratos, seguían siendo constantes. La represión en el medio rural se basaba en el restablecimiento de los infames chefs de section, o jefes de la policía rural. Destituidos muchos de ellos durante el mandato de Aristide, volvían a sus localidades con ánimos de venganza, haciéndose acompañar por decenas de tristemente famosos adjoints (ayudantes). Las autoridades siguen prohibiendo las reuniones de organizaciones populares y religiosas. Muchos de sus miembros han optado por esconderse, por temor de una posible persecución. El clima generalizado de terror se ve alimentado por los tiroteos nocturnos que tienen lugar en ciertas zonas de Puerto Príncipe. Según informes, en muchas ocasiones, los militares y sus cómplices civiles "entran" en una zona concreta, se meten en las casas y maltratan a sus residentes, llegando incluso a robarles sus pertenencias.



Detenciones arbitrarias e ilegales


Desde octubre de 1991, Amnistía Internacional ha recibido centenares de informes sobre detenciones arbitrarias o ilegales. La mayoría de ellas se llevaron a cabo sin orden judicial o fuera del horario previsto por la Constitución para detener a personas que no sean sorprendidas en flagrante. En muchos de los casos, se retuvo a los detenidos sin llevarlos ante las autoridades judiciales durante más de 48 horas, el límite previsto por la Constitución. Los dos casos siguientes ilustran el modo en que suelen llevarse a cabo las detenciones en Haití.

























































Marcas y cicatrices que este miembro de Leve Kempe tenía en la espalda y

las muñecas unas tres semanas después de recibir una fuerte paliza


Un delegado de Amnistía Internacional entrevistó a un miembro de Leve Kempe (Resistir), una organización popular. Según su testimonio, le detuvieron el 27 de febrero de 1992 en Savanne Pistache, cerca de Puerto Príncipe, poco después de haber mantenido una reunión en su domicilio con otros miembros de su organización. Un civil que había trabajado con la policía, se le acercó acompañado por hombres que describió como Tontons macoutes, nombre dado a la milicia civil duvalierista. El hombre le acusó de "estar esperando que volviera Aristide y quemara a la gente", y fue a buscar a un sargento del Servicio de Investigación de la Delincuencia Organizada (Service d'investigation et de recherches anti-gang, SIRA). Después le detuvieron y le llevaron al puesto policial de Marché Salomón, donde recibió graves golpes y permaneció retenido toda la noche. Al día siguiente le llevaron al Servicio de Investigación de la Delincuencia Organizada junto con otras nueve personas. Todos fueron compareciendo por turnos ante un teniente. Mientras uno de los detenidos estaba siendo interrogado por éste, un civil a sus espaldas le decía: "¿cuando vuelve tu papá?" (aludiendo al depuesto presidente Aristide). Golpearon al detenido en los oídos siguiendo el método del calotte marassa, que consiste en golpear los dos oídos a la vez, normalmente desde atrás, lo cual ocasiona un gran dolor a la víctima y provoca con frecuencia infecciones en los oídos. Además, le golpearon con porras y con culatas de rifle en la cabeza, las caderas, el pecho, las nalgas, las muñecas y la espalda. En un momento dado, sus torturadores prendieron una cerilla y se la acercaron a la barba diciendo "¡Vamos a quitártela entera!".


Horas después, a las 11 de la noche, una furgoneta le trasladó a la Penitenciaría Nacional con las otras nueve personas. Les acusaron de ser "los que iban a echar a perder el carnaval" (aludiendo a la celebración anual del carnaval). Les obligaron a permanecer descalzos sobre un suelo extremadamente desigual durante toda la detención, que duró hasta el 4 de marzo. Ese día, les llamaron a él, a los otros nueve detenidos y a otros cuatro más. Les dijeron que podían irse a casa a esperar a esperar que volviera "papá" porque el carnaval había terminado. Les devolvieron sus zapatos y pudieron irse. Cuando Amnistía Internacional interrogó al detenido unos 20 días después de su puesta en libertad, tenía fuertes dolores y dificultades respiratorias. Dijo que sólo podía dormir boca arriba a causa de los dolores. Tras su liberación, él, su esposa y sus dos hijos, de corta edad, se mudaron a un distrito más pobre de Puerto Príncipe.


Harry Nicolas, fontanero de 25 años, es miembro activo de diversas organizaciones populares, como el movimiento local de alfabetización y el comité vecinal. Fue detenido en Cap-Haitien, Departamento del Noreste, hacia las 2 de la tarde del día 29 de marzo de 1992, un día antes de que la delegación de Amnistía Internacional llegara a la zona. Según informes, un juez de paz acompañado de cuatro soldados se presentó en su casa y para efectuar un registro. Al parecer, llevaba ninguna orden judicial, tal como estipula la Constitución haitiana. Aunque parece ser que no encontraron ningún material que permitiera inculparle, aun así lo detuvieron y se lo llevaron a la prisión de Cap-Haitien.


Harry Nicolas había vuelto a Cap-Haitien tan sólo unos días antes, tras permanecer oculto seis meses aproximadamente a partir del golpe de Estado de septiembre de 1991. Ese mismo día había participado en una manifestación, según informes, pacífica, a favor de la Constitución haitiana. Fue puesto en libertad un mes después, al parecer sin cargo alguno. Posteriormente volvió a esconderse, y solicitó asilo en la embajada de EE UU. La solicitud le fue denegada.


El 21 de marzo de 1992, Dully Oxéva y Dérose Eranor, dos activistas campesinos de la zona de Thomonde, del Departamento Central, fueron detenidos por miembros de las Fuerzas Armadas haitianas en Mirebalais, donde permanecían ocultos. Poco después del golpe de septiembre de 1991, Dérose Eranor huyó a Thomonde cuando, según informes, unos soldados quemaron su granero y saquearon su casa. Tanto él como Dully Oxéva son miembros del Movimiento Campesino de Papaye (Mouvement Paysan de Papaye, MPP). El MPP ha sido en el pasado objeto de violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad, y también ha sido blanco de las nuevas autoridades. Los militares haitianos saquearon las oficinas del MPP tras el golpe, y desde entonces han detenido y maltratado a varios de sus miembros. Cuando Dully Oxéva y Dérose Eranor fueron detenidos, los golpearon duramente y posteriormente los recluyeron en el cuartel militar de Mirebalais. Según los testimonios obtenidos por los delegados de Amnistía Internacional en la zona, se reclamó a sus familias el pago de 50 dólares haitianos1(31 dólares estadounidenses) a cambio de su liberación. Parece ser que la liberación de los dos hombres se produjo el 23 de abril, pero los volvieron a detener y los pusieron en libertad de nuevo poco después. Parece ser que Dully Oxéva y Dérose Eranor se encuentran en un precario estado de salud como resultado de las palizas recibidas.


La delegación de Amnistía Internacional entrevistó también a otras víctimas de detenciones arbitrarias o ilegales. Mediante las conversaciones mantenidas con organizaciones de derechos humanos y con abogados, periodistas y trabajadores eclesiásticos, tuvo noticia de otros muchos casos de violaciones de derechos humanos. Entre éstos estaban los de:




- Un campesino al que detuvieron sin orden judicial en diciembre de 1991 junto con su hijo y su sobrino en Limbé, en el Departamento del Norte. Todos ellos recibieron fuertes palizas de gravedad. El campesino denunció que su domicilio había sido saqueado por el jefe de la policía rural de la localidad. Ahora ha abandonado la zona junto con su familia.


- Patrick Destin fue detenido el 23 de febrero de 1992 sin orden judicial en Pont-Sondé, en el Departamento de Artibonite. Al parecer recibió fuertes golpes de un soldado que vestía de civil y de un jefe de la policía rural.


- Frank Louis, detenido sin orden judicial el 10 de marzo de 1992 en Thiote, en el Departamento del Suroeste, fue objeto de graves palizas y permaneció recluido durante tres días. Según los informes, tuvo que pagar para recibir atención médica durante su estancia en prisión.


- Elvéus Elissaint y Dorzius Bennissé, ambos catequistas (trabajadores eclesiásticos laicos) y Piersaint Piersius, dirigente protestante, detenidos sin orden judicial el 17 de marzo de 1992, a causa, según parece, de su asistencia a dos reuniones con el padre Gilles Danroc, párroco de Verrettes. Los tres recibieron fuertes palizas y, según los informes, el jefe de la policía rural que los detuvo le rompió el rifle en la espalda a Elvéus Elissaint.



Tortura y malos tratos


Desde octubre de 1991, Amnistía Internacional ha recibido cientos de informes sobre torturas y malos tratos a civiles infligidos por militares, jefes de la policía rural y civiles que trabajan con ellos. Las fuertes palizas de gravedad se producen casi de forma automática tras la detención, y ocurren a diario en los centros de detención. También se han recibido informes de palizas en las calles, bien en el curso de manifestaciones o bien cuando las fuerzas de seguridad entran en un barrio concreto. Durante su estancia en Haití, los delegados de Amnistía Internacional interrogaron a víctimas de torturas y malos tratos, a sus familiares o a los médicos que las trataron.


Roosevelt Charles fue detenido el 13 de febrero de 1992. Coordinador del Partido Nacional Progresista Revolucionario de Haití (Parti National Progressiste Révolutionnaire Haïtien, PANPRA), para la región de Limbé, en el Departamento del Norte, era muy conocido como activista político, y las autoridades militares locales lo calificaban de "comunista". Aunque las versiones sobre los motivos de su detención difieren, todas coinciden en señalar que fue a causa de una disputa entre él y otro individuo que a continuación lo mandó detener. Cuando lo detuvieron, Roosevelt Charles intentó escapar, pero los soldados le atacaron con piedras y posteriormente le sometieron a una fuerte paliza. Más tarde contó a su familia que le pegaron todos los días que permaneció detenido. Según informes, antes de su liberación, que tuvo lugar ocho días más tarde, llegó a recibir 250 golpes con un palo. Tras recibir los diez primeros cayó al suelo, y el hombre que le estaba pegando dijo: "Ahora tendré que empezar otra vez" ("maintenant, je suis obligé de recommencer"). Roosevelt Charles tuvo que permanecer hospitalizado durante un mes aproximadamente tras su puesta en libertad. Según la información recabada por los delegados, desarrolló una infección a causa de los golpes recibidos en las nalgas, de tal gravedad que podría haber muerto si no hubiera recibido tratamiento. También sufrió un grave proceso de anemia. Después de permanecer dos semanas en el hospital, donde diariamente le desinfectaron y vendaron las heridas, empezó a curarse. No obstante, tuvo que ir a EE UU para someterse a un injerto de piel. Su familia ha abandonado la región de Limbé y está escondida por miedo a perder la vida.


La aplicación de torturas y los malos tratos no se limita a los detenidos. La organización pudo hablar con un joven profesor del Departamento Central que pertenece al Frente Nacional para el Cambio y la Democracia (Front National pour le Changement et la Démocratie, FNCD), Frente Nacional para el Cambio y la Democracia, coalición de partidos que apoyaba la candidatura del presidente Aristide. El profesor contó a Amnistía Internacional que el 21 de marzo, alrededor de las 9.45 de la mañana, un grupo de soldados del cuartel de la localidad, le apresaron a él y a un amigo estudiante cuando iban de camino a la escuela. Les pegaron con palos en los hombros y en las nalgas, y les obligaron a limpiar ciertos muros exteriores donde aparecían pintadas a favor de Aristide. Sin embargo, no les acusaron de haber sido los autores de las pintadas. Otros muchos fueron detenidos y maltratados en la misma zona.


Por otra parte, los delegados de Amnistía Internacional mantuvieron encuentros con algunas víctimas de torturas y de malos tratos cuyos casos ya se habían expuesto en el informe de enero. Estas personas dieron abundantes detalles de su sufrimiento. Entre ellas se encontraba Raymond Toussaint, miembro del Congreso Nacional de Movimientos Democráticos (Congrès National des Mouvements Démocratiques, KONAKOM), detenido sin orden judicial el 24 de octubre de 1991, al que maltrataron duramente y pusieron en libertad el 19 de noviembre; Dieulème Jean-Baptiste, detenido sin orden judicial el 6 de enero, gravemente maltratado y liberado dos días después; y algunos de los estudiantes detenidos y maltratados durante una concentración pacífica estudiantil en noviembre de 1991.


























El djak es una forma de malos tratos muy extendida en Haití. Se coloca un palo por debajo de las rodillas y sobre los brazos del preso, y después se le somete a golpes en distintas partes del cuerpo.






La delegación también se reunió también con otras víctimas de las que Amnistía Internacional había tenido noticias antes. Una de ellas era una mujer de alrededor de 20 años que trabajaba con sordos en un instituto de Puerto Príncipe. Fue detenida la mañana del 3 de diciembre de 1991 en el domicilio de su madre en Marchand Dessalines, en el Departamento de Artibonite. Su caso es bastante representativo del clima de ilegalidad e impunidad en el que actúan las fuerzas de seguridad y los civiles que cooperan con ellos.


Según su testimonio, fue detenida por impedir que una persona talara un árbol que había en el patio del domicilio de su madre. Al parecer, la persona en cuestión fue a buscar a un soldado, que se presentó en su casa con el hombre que había intentado talar el árbol y otro civil. El soldado le dijo que el comandante quería verla, pero ella se negó a acompañarle sin una orden judicial. Le golpearon en los brazos y en la espalda con los puños y las palmas de las manos. Al llegar al cuartel de la localidad, el comandante le preguntó quién era y de dónde procedía. "Es una lavalassienne" (perteneciente al Lavalas, movimiento político que apoyaba la candidatura del depuesto presidente Aristide), dijo el soldado. "Pegadla" dijo el comandante.


La mujer declaró lo siguiente a Amnistía Internacional:


"Yo estaba atónita, no creí que fueran a pegarme. Estaba realmente asustada. Me metieron a empujones en un pequeño patio. Había tres soldados. Me pegaron con una rigoise (una especie de látigo de piel) en la cara, en la cabeza. La rigoise me produjo cortes en la espalda... Mientras me pegaban yo intenté detener los golpes y me rompieron el brazo... Sí, me pegaron con un rigoise y con un gran palo de madera, y otro soldado me pegaba con las manos. Cuando se cansaron, me dejaron y vino otro, y el que me había detenido vino con su rigoise y me golpeó mucho. Luego me dejaron, y después de un buen rato me metieron en una celda. Me dolía mucho el brazo, la pierna, las caderas, y tenía la piel de la espalda en carne viva. Me dolía mucho este brazo, y todavía no lo tengo bien. Me hicieron muchas heridas, ¿ve? (mostró a un delegado unas manchas oscuras en los brazos y en las piernas). También tenía contusiones de los golpes que me dieron con el palo. Los soldados estaban delante... se reían de mí... Luego vino un hombre y les dijo que había dos hermanas mías protestando por lo que me había pasado. El comandante dijo que también deberían detenerlas a ellas... Fueron a mi casa, pero mis hermanas y mi prima habían huído. Registraron la casa e intentaron detener a otra mujer joven que había ido a ver a mi madre, pero les dijeron que no eran mis hermanas y las soltaron. Volvieron al cuartel.


Un rato después llegó mi padre. Se dirigió al comandante y le dijo que en su ausencia habían detenido a una de sus hijas... Casi le pegan... Pasadas una o dos horas me llevaron ante el tribunal. Me habían roto el vestido; me hicieron ir con el vestido completamente roto. Cuando llegué al tribunal, me acusaron de haber golpeado a un soldado y de perturbar el orden público... No dijeron que se había propuesto una campaña de deforestación... Hicieron otras acusaciones contra mí. Luego yo hice mi declaración ante el tribunal y me llevaron otra vez al cuartel, pero el juez había ordenado que me llevaran al hospital. El comandante no estaba de acuerdo, así que me quedé de pie todo el día. Alrededor de las 6 de la tarde decidieron enviarme al hospital, porque muchas personas del distrito habían venido a pedirle al comandante que me mandara allí".


La joven pasó toda la noche en el hospital gracias a la intervención de sus médicos, que fueron amenazados por los soldados. Pero volvió al cuartel a primera hora de la mañana siguiente, donde volvieron a encerrarla. Aquella tarde, el comandante la llamó a su presencia y le preguntó si trabajaba y cuánto dinero ganaba. Le explicó que podría salir en libertad si reconocía haber golpeado a un soldado, a lo que ella se negó. Le dijo: "Comandante, ya he recibido muchos golpes. Si quiere enviarme a Saint-Marc (la prisión de Saint-Marc), puede hacerlo". Al día siguiente se produjo su traslado. Al principio la enviaron al cuartel de Saint-Marc, donde los soldados se negaron a ver el certificado médico que explicaba que estaba enferma y la insultaron. Luego la llevaron a la prisión de Saint-Marc, donde la pidieron 70 gourdes (unos 10 dólares estadounidenses) para librarse de recibir más palizas. Un primo que estaba allí les dio el dinero a los soldados. Al día siguiente debía comparecer ante el fiscal, pero el soldado que la había acusado no se presentó. Por fin salió en libertad el 10 de diciembre, con un auto de comparecencia ante los tribunales pendiente para el 23 de diciembre, que se vio obligada a posponer debido a una cita con el médico. En el segundo auto de comparecencia, el soldado tampoco se presentó. Ni se presentó tampoco en las cuatro ocasiones siguientes. Cuando Amnistía Internacional entrevistó a la joven, aún tenía el brazo escayolado y, según los últimos informes recibidos, a finales de abril aún no se había recuperado.


Los delegados de Amnistía Internacional también visitaron a víctimas de malos tratos que se produjeron en el curso de incursiones militares y policiales en diversos barrios. Según su testimonio, en la zona de Bizoton 53, en Puerto Príncipe, un grupo compuesto por unos 50 militares de la base naval cercana y por policías de la comisaría de Lamentin 54 efectuaron una incursión en este barrio el 31 de diciembre por la tarde y durante los primeros días de enero. Algunas víctimas contaron que los militares pegaban a las personas en la calle o dentro de sus domicilios. En uno de los casos, llegaron a golpear a dos niños, de nueve y siete años de edad. Según informes, también golpearon a algunas mujeres en la espalda, el pecho, el estómago y la cintura con culatas de rifle y palos, además de someterlas al calotte marassa. Todas las víctimas entrevistadas aún padecían, a finales de marzo de 1992, las secuelas físicas de las palizas recibidas. La mayoría habían huido de sus hogares. Incidentes semejantes se han denunciado frecuentemente.


Los niños de la calle tampoco se libraron de recibir malos tratos de la policía de Puerto Príncipe. Uno de los delegados de Amnistía Internacional interrogó a un grupo de ellos en su visita a la ciudad. Según su testimonio, la policía de Puerto Príncipe va a los sitios donde duermen los niños por la noche, normalmente en las inmediaciones del cementerio de la ciudad, y les pegan para que se vayan a un lugar menos visible. Uno de los niños declaró que en los días inmediatamente posteriores al golpe de Estado, unos policías pertenecientes a la Cuarta Compañía de Policía, conocida como "Cafétéria", detuvieron a algunos de estos niños y les obligaron a limpiar la comisaría. Según declaraciones de reclusos de la Penitenciaría Nacional, allí retenían a los niños y los apaleaban. La delegación de Amnistía Internacional no consiguió visitar libremente Penitenciaría Nacional, pero sí pudo identificar al menos a dos niños, uno de ellos con la cabeza rapada, entre un grupo de presos que estaban sentados en el patio principal. Esto contraviene el Artículo 8(d) de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, de las Naciones Unidas, que establece que "Los detenidos jóvenes deben ser separados de los adultos". La Convención sobre los Derechos del Niño, de las Naciones Unidas, que Haití firmó en 1990 pero aún no ha ratificado, establece en su Artículo 37(c) que "Todo niño provado de libertad será tratado con la humanidad y respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana, y de manera que se tengan en cuenta las necesidades físicas, sociales, culturales morales y psicológicas de las personas de su edad. En particular, todo niño privado de libertad estará separado de los adultos, amenos que ellos e considere contrario al interés superior del niño,...". Sin embargo, no se autorizó a la delegación a hablar con el personal penitenciario sobre la situación de los niños detenidos. Anteriormente, los delegados habían comentado la cuestión de los niños de la calle que habían recibido malos tratos y también las pésimas condiciones penitenciarias que éstos padecen en la Penitenciaría Nacional con el primer ministro de facto, Jean-Jacques Honorat. "Los niños de la calle son traficantes de droga" ("Les enfants des rues sont des passeurs de drogue"), contestó Honorat.





























Niños de la calle en un centro diurno de Puerto Príncipe. Los que aparecen alzando la mano, dijeron que habían sido golpeados por la policía.



Muertes a consecuencia de malos tratos


Entre las víctimas se encontraba Jean-Luc Antoine, padre de dos niños pequeños, que, según informes, fue golpeado hasta morir por militares en Bainet, en el Departamento Suroccidental, a principios de marzo de 1992, después de ser detenido por un cabo por andar borracho por las calles. También en marzo, Woodly Gérard Jacques, ciudadano haitiano residente en EE UUU, murió, según informes, a causa de los malos tratos recibidos en el cuartel militar de Arcahaie. Al parecer, su cuerpo tenía un dedo roto, cortes y hematomas en la cara y señales de golpes en el abdomen. Tenía la oreja izquierda parcialmente mutilada, aparentemente por quemaduras, y en una de las nalgas tenía una gran herida rodeada de fuertes hematomas.



El negocio de la represión: la extorsión como alternativa a la detención o los malos tratos


Una forma de represión cada vez más habitual es la extorsión de dinero a los ciudadanos por parte de miembros de las fuerzas de seguridad, sobre todo en el medio rural, a cambio de no sufir detenciones o malos tratos, o para obtener mejores condiciones penitenciarias o la puesta en libertad. Esto viene ocurriendo tanto en casos políticos como en otros que no lo son. Uno de los efectos de la extorsión es que las víctimas se ven obligadas a vender todas sus posesiones - el ganado, la cosecha, el grano -, quedando absolutamente empobrecidos. Además, los delegados de Amnistía Internacional recabaron información sobre el cobro de "dinero de protección", pagado a los grupos de la milicia llamados "syndicats" en la Meseta Central, al parecer con la connivencia de los militares locales. En otros casos, concretamente en la séptima sección comunal de Limbé, en el Departamento del Norte, los campesinos detenidos denunciaron que el jefe de la policía rural local y los civiles que trabajaban con él habían saqueado sus domicilios.


Un oneroso caso de extorsión fue el de Aldajuste Pierre, presidente de la cooperativa Kosmika, formada por el MPP. Aldajuste Pierre, que vivía en Los Palis, cerca de Hinche, en el Departamento Central, fue detenido por unos soldados el 16 de octubre de 1991. Le dieron una fuerte paliza, a consecuencia de lo cual orinó sangre. Posteriormente fue trasladado al hospital militar de Hinche.


Más tarde le enviaron de regreso a la prisión y allí continuaron pegándole. Por fin salió en libertad el 14 de febrero, una vez que su familia pagó 1.800 dólares haitianos (unos 1.100 dólares estadounidenses), que, según informes, pudieron reunir gracias a las aportaciones de familiares y amigos y a la venta de casi todas sus posesiones. Aun así, según pudo saber Amnistía Internacional, cuando el comandante local de la unidad táctica, que a la sazón se encontraba fuera, se enteró de la liberación de Aldajuste Pierre, intentó detenerle otra vez. Aldajuste Pierre huyó de su casa y a principios de abril aún no había regresado.


Nada más salir en libertad, a Aldajuste Pierre tuvieron que tratarle en un dispensario médico local las heridas sufridas. Tenía los oídos gravemente infectados, y diversas úlceras en la piel. Le dijo a un asistente extranjero que al menos había recibido 375 golpes en una sola sesión. "A partir de entonces perdió la cuenta" explicó el asistente a la delegación de Amnistía Internacional.


En la misma zona, los delegados de Amnistía Internacional interrogaron a otro miembro del MPP. Permanecía oculto desde el golpe, y hacía muy poco que había vuelto a trabajar en su tierra, aunque no dormía en casa. Este hombre también denunció la práctica de extorsiones a los campesinos por parte de las autoridades locales en la zona.


"En algunos sitios es terrible, porque te piden dinero, dinero, dinero. Hoy es un sargento, otro día un "ayudante" (adjoint), al siguiente el jefe de la policía rural, y se han llegado a pagar hasta 200 dólares haitianos, lo que equivale a un año de trabajo. Hasta aquí, en Los Palis, la gente está pagando. Hay una pequeña fábrica de mandioca, y en ella también ha pagado la gente. En todas partes tienes que pagar... Siempre tienen un pretexto, por ejemplo que perteneces al MPP... Algunos macoutes te piden dinero y te dicen que vienen de parte del jefe de la policía rural; pero después hacen un trato para repartirse el dinero."


A principios de octubre de 1991, la sede del MPP fue asaltada y saqueada por soldados. Según los testimonios obtenidos por la delegación, los soldados se llevaron todo el dinero de la cooperativa de ahorro de los campesinos, que ascendía a decenas de miles de dólares haitianos, además de los ordenadores y otros materiales. "Lo que no pudieron llevarse lo destrozaron" explicó un religioso extranjero, "como la imprenta y el generador eléctrico". Los delegados de Amnistía Internacional vieron los destrozos causados por los militares. Podían verse papeles rotos de los archivos y la biblioteca del MPP tirados por todas partes, dentro y fuera de los edificios. Ni siquiera dejaron las puertas y las ventanas. Muchos campesinos perdieron sus ahorros.




























La sede del Mouvement Paysan de Papaye (MPP), unos meses después del ataque de los soldados.


Un campesino de Ravine Desroches, Séptima Sección Comunal de Limbé, describió el saqueo de su domicilio, ocurrido el 9 de diciembre de 1991, por el jefe de la policía rural local y unos 45 civiles. Se llevaron casi todas sus pertenencias y le detuvieron junto con su hijo y su sobrino. Los acusaron de "comunistas", los golpearon fuertemente y los mantuvieron recluidos durante varios días. Cuando la delegación le visitó, aún sufría las secuelas de los malos tratos recibidos. Amnistía Internacional ha sabido de otros casos semejantes, sobre todo en esta zona.























































Una de las listas entregadas a los delegados de Amnistía Internacional de personas detenidas y maltratadas. Las cantidades pagadas a las autoridades por cada una de ellas aparecen en la última columna de la derecha.


También se denunciaron casos de extorsión en las prisiones (véase el apartado sobre condiciones penitenciarias, más abajo). La delegación obtuvo muchos testimonios de primera mano e informes sobre esta práctica. Además le mostraron unas listas completas, elaboradas por activistas locales de derechos humanos en distintas partes del país, de personas detenidas o maltratadas, o ambas cosas, junto con las cantidades de dinero que habían tenido que pagar. En otros casos, los campesinos denunciaron que les habían quemado sus casas al negarse a pagar un "impuesto" a las autoridades locales. En Petit-Trou de Borgne, por ejemplo, alrededor de 120 casas fueron incendiadas a finales de enero. El jefe de la policía rural detuvo a un equipo de televisión extranjero que intentaba hacer un reportaje sobre el incidente; sus integrantes se libraron de la ejecución merced a una disputa entre el jefe de la policía rural que los había detenido y otro jefe de la policía la rural que afirmaba que el equipo se hallaba en territorio de su jurisdicción. Según los grupos locales de derechos humanos, muchos campesinos se niegan a denunciar que han sido víctimas de tales prácticas por parte de las autoridades locales, o se niegan a revelar la suma que han tenido que pagar por miedo a represalias.







































Tribunal Civil de Hinche. Una pintada contra el MPP y el embargo comercial puede leerse en la pared.



Hostigamiento continuo



Periodistas, sacerdotes, trabajadores extranjeros, miembros y dirigentes de organizaciones populares, todos denuncian haber sido objeto de amenazas, hostigamiento o intimidación. En muchos casos, las autoridades han dado órdenes de prohibirles que se reúnan o expresen sus opiniones libremente. En muchos de los ejemplos siguientes, el nombre de la víctima se ha omitido para su seguridad.


Una "animatrice" (organizadora) que trabaja para una organización no gubernamental extranjera que ayuda a un movimiento campesino y a un grupo de mujeres en el suroeste del país, contó a los delegados de Amnistía Internacional que todas las actividades que se realizaban en la zona se habían interrumpido tras el golpe debido a la persecución emprendida contra las organizaciones populares. En noviembre de 1991, el jefe de la policía rural, acompañado de soldados, fueron a su domicilio, al parecer, con intención de detenerla a ella y a un colaborador suyo. No estaban en casa, y huyeron a Puerto Príncipe, donde permanecieron más de dos meses. Ambos regresaron a la localidad a mediados de enero, donde recibieron un mensaje del jefe de la policía rural que decía: "Aristide no va a volver. Los organizadores no podrán volver a trabajar" ("Aristide ne sera pas de retour. Les animateurs ne pourront plus travailler"). En el momento de la visita de Amnistía Internacional, no habían vuelto a celebrarse reuniones, la mayoría de los jóvenes de la zona estaban escondidos y los habitantes de la localidad estaban demasiado asustados como para reunirse en grupos.


Su relato coincide con el que otra "animatrice" que trabajaba en el sureste hizo a la delegación. En noviembre, los militares fueron varias veces a buscarla a su domicilio. En otras ocasiones, le salieron al paso soldados, que le preguntaron si había organizado reuniones, a lo que ella siempre contestó que no. Más tarde, un miembro de las fuerzas armadas le dijo que su nombre aparecía en una lista de personas consideradas "comunistas", y se escondió porque temía por su seguridad personal. Varias semanas después, cuando se sintió más segura, volvió a su localidad, pero no ha podido reanudar su trabajo.


Los delegados de Amnistía Internacional interrogaron a numerosos organizadores religiosos y populares de las zonas rurales. En todas partes los relatos eran muy semejantes. Había de controles militares en las carreteras de casi todos los pueblos y aldeas, y a menudo se efectuaban registros de vehículos. Las reuniones estaban prohibidas, y en el caso de los grupos religiosos, las únicas permitidas ocasionalmente eran las que se celebraban para preparar la liturgia para la misa del día siguiente. Los sacerdotes afirmaban que eran objeto de una estrecha vigilancia. Además, varios sacerdotes, algunos de ellos extranjeros, dijeron haber recibido amenazas de muerte, e informaron de "visitas" de los militares a los rectorados locales de un modo claramente intimidatorio. En un caso ocurrido en el Departamento de Artibonite, detuvieron a un hombre durante un corto espacio de tiempo para interrogarle sobre sus vínculos con un sacerdote de la localidad. Elvéus Elissaint, Dorzius Bennisé y Piersaint Piersius fueron detenidos sin orden judicial y duramente golpeados el 17 de marzo, al parecer por haber asistido a dos reuniones con el párroco de Verrettes.


Los periodistas tampoco han escapado a la represión. El periodista Guy Delva, corresponsal de Voice of America en Puerto Príncipe, que se ha expresado abiertamente sobre las cuestiones de derechos humanos, recibió amenazas en diversas ocasiones. Según su testimonio, hombres armados vestidos de civil, miembros, al parecer, de las fuerzas de seguridad, fueron al distrito de Delmas, de Puerto Príncipe, donde reside el periodista, a finales de febrero de 1992, y preguntaron su dirección a algunos vecinos. Éstos se negaron a decir nada y los hombres armados se fueron. A la semana siguiente volvieron a presentarse unos hombres armados en el distrito buscando a Guy Delva, y de nuevo los vecinos les negaron su cooperación. Tras este incidente, Guy Delva dejó su domicilio y desde entonces no ha dormido allí. Contó a la delegación que desde diciembre de 1991 había recibido llamadas telefónicas en las que le decían que si no dejaba de difundir información le iban a "aplastar". Él cree que las amenazas estaban motivadas por los reportajes que estaba enviando fuera del país en relación con la ausencia de libertad de prensa y con casos de violaciones de los derechos humanos en Haití. Entre ellos figuraban los casos del periodista Jean-Mario Paul (véase más abajo y Haití: La tragedia, página 28) y el de Jean-Claude Museau, profesor que murió a consecuencia de malos tratos en enero de 1992. En marzo de 1992, Guy Delva y algunos otros periodistas extranjeros trataron de visitar a Jean-Mario Paul en la prisión de Petit-Goâve. El sargento de guardia les negó el permiso, e insultó a Guy Delva. Guy Delva fue golpeado por la policía de Puerto Príncipe a finales de mayo, cuando realizaba un reportaje sobre una manifestación estudiantil. Continúa la intimidación contra periodistas, y muchas emisoras de radio han interrumpido sus emisiones. Algunas las cerraron las autoridades militares, mientras que otras han optado por dejar de emitir noticias o simplemente por dejar totalmente de emitir, porque temen por su seguridad.








Ejecuciones extrajudiciales


Desde enero de 1992 han disminuido las denuncias de ejecuciones extrajudiciales. No obstante, la delegación de Amnistía Internacional reunió información sobre varios casos, lo cual sugiere que tal práctica sigue existiendo. Además, tuvieron noticia de que se habían encontrado cadáveres en las calles. Sin embargo, dado el incremento del número de crímenes callejeros, a veces era imposible saber si los cadáveres encontrados pertenecían a víctimas de ejecuciones extrajudiciales o a víctimas de los zenglendos. Parece ser que en varios casos se ha empleado un tipo de violencia criminal para disfrazar homicidios de motivación política.


Tal parece que fue el caso de la muerte de Albéric Frédérique, pequeño comerciante y campesino acomodado, muy conocido por defender los derechos de los campesinos más pobres. Según la información obtenida por la delegación, Albéric Frédérique fue abatido a tiros por civiles a principios de marzo en Cazales, en el Departamento de Artibonite. Parece ser que un subjefe de la policía rural de la localidad le envió un mensaje días antes de su muerte diciéndole que podía volver a su domicilio sin temer por su seguridad. Así lo hizo, pero dos días después le mataron. Según parece, Albéric Frédérique oyó llegar a los civiles armados e intentó escapar por la puerta trasera de su domicilio. Le dispararon por la espalda cuando escapaba. Según los informes, las autoridades locales dijeron que había sido víctima de un comando de zenglendos, pero los habitantes del lugar creen que lo mataron las autoridades o personas que actuaban en connivencia con ellas por defender a los campesinos pobres.


Astrel Charles, representante de Pignon, Departamento Norte, en la Cámara Baja del Parlamento, y miembro del Partido Nacional Agrícola e Industrial (Parti agricole et industriel national, PAIN), murió abatido a tiros el 15 de diciembre de 1991. Aquel día, Astrel Charles se encontraba, al parecer, visitando a unos familiares en Ranquitte. Cuando los habitantes de la localidad se enteraron de que estaba allí, fueron en su busca para quejarse de los abusos cometidos por el jefe local de la policía rural, que había sido destituido antes del golpe por Astrel Charles, pero que había vuelto a ocupar su puesto tras el golpe. Al parecer, Astrel Charles amonestó públicamente al jefe de la policía rural. Más tarde, cuando se dirigía a su casa, dos ayudantes (adjoints) del jefe de la policía rural intentaron detenerle. Según informes, Astrel Charles les explicó que no tenía nada contra ellos, y ellos dispararon sus armas al aire. El jefe de la policía rural, que se ocultaba detrás de un árbol, apareció entonces y le disparó. Más tarde se informó de que habían detenido al jefe de policía.


La cifra de ejecuciones extrajudiciales aumentó bruscamente a partir de mediados de mayo (véase el epígrafe de Acontecimientos recientes, pág. 28)


"Desapariciones"


Los delegados de Amnistía Internacional pudieron obtener más detalles sobre casos de "desapariciones" de los que ya había informado con anterioridad, así como de nuevos casos. Dada la situación que atraviesa el país, los grupos locales de derechos humanos han tenido serias dificultades a la hora de valorar si los casos más recientes denunciados como "desapariciones" eran en realidad de personas que se habían escondido sin comunicárselo a sus familiares tras haber sido detenidos y salir posteriormente en libertad. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, la ausencia de noticias sobre el paradero de los denunciados como "desaparecidos", dio paso a la preocupación. Este fue concretamente el caso de algunos estudiantes detenidos tras una concentración pacífica en la Facultad de Ciencias de Puerto Príncipe el 12 de noviembre de 1991, y también el de unos 20 estudiantes de Cap-Haitien detenidos, según informes, en enero de 1992 tras participar en una manifestación contra el director de su Lycée (instituto de enseñanza media).


Sin embargo, en otros casos la "desaparición" se produjo claramente tras la detención o el secuestro. A principios de octubre de 1991, Amnistía Internacional tuvo noticia de la detención y posterior "desaparición" de Jean-Robert Jean-Baptiste, de cuarenta años de edad, vicedelegado del gobierno para el Departamento del Suroeste, y miembro del Frente Nacional para el Cambio y la Democracia (Front National pour le Changement et la Démocratie, FNCD). Durante su visita a Haití, los delegados hablaron con su familia, que declaró que Jean-Robert Jean-Baptiste había "desaparecido" el 1 de octubre de 1991 tras abandonar su domicilio de Carrefour, Puerto Príncipe. Su familia dijo que supuestos testigos les habían dado distintas versiones de la "desaparición". Aun así, todos coincidían en señalar que los autores de la detención eran agentes de la 46 Compañía de Policía, del área de Lamentín de Puerto Príncipe. Unos dijeron que le habían obligado a entrar

en una furgoneta a punta de pistola y se lo habían llevado; otros, que le matado a tiros en el mismo lugar de la detención y se habían llevado el cadáver. Pero una persona que había estado detenida en la comisaría de Lamentin dijo haberle visto allí, también detenido. La familia explicó a la delegación que todos sus esfuerzos por localizarle, incluidas visitas al hospital, al depósito de cadáveres y a varias comisarías de policía, no habían dado ningún resultado. La policía negaba insistentemente que estuviera bajo su custodia. Jean-Robert Jean-Baptiste tiene siete hijos, entre ellos tres pequeños de once, nueve y ocho años. En abril, unos días después de haberse entrevistado con los delegados de Amnistía, parece ser que el domicilio de la esposa de Jean-Robert Jean-Baptiste fue registrado por cuatro civiles armados. Al parecer, la familia se ha escondido.


Por otra parte, los delegados de Amnistía Internacional obtuvieron más información sobre la "desaparición" de Félix Lamy, director de Radio Galaxie. Siete hombres sin identificar lo secuestraron en diciembre de 1991, tras entrar por la fuerza en la emisora de radio después de la emisión de una noticia sobre una posible rebelión en el seno de las fuerzas armadas. De nuevo, las versiones sobre lo ocurrido al "desaparecido" difieren unas de otras. Una de ellas señalaba que en cierto momento le llevaron a la Cuarta Compañía de la Policía de Puerto Príncipe, conocida como la Cafétéria, en un delicado estado de salud, y que murió poco después. Según otra versión, ya ingresó cadáver en la comisaría. Una versión más indicaba que le habían matado en la comisaría de policía de Portail Saint Joseph de Puerto Príncipe. La verificación de estas denuncias resultó imposible, y las autoridades no han hecho el más mínimo esfuerzo por investigar su secuestro y posterior "desaparición".


Condiciones penitenciarias


Desde hace años, Amnistía Internacional viene expresando su preocupación por las condiciones penitenciarias que imperan en Haití. Las condiciones en que se encuentran los reclusos de la Penitenciaría Nacional, así como los de las prisiones de Saint-Marc, Gonaives, Cap-Haitien y otros centros de detención, han sido descritas por antiguos reclusos como muy duras. Son frecuentes las denuncias de palizas y de malos tratos. Casi todos los reclusos han sufrido desnutrición y la falta de tratamiento médico, y muchos han muerto como consecuencia de ello.


Durante su reunión con el primer ministro de facto Jean-Jacques Honorat, los delegados de Amnistía Internacional solicitaron una visita a la Penitenciaría Nacional. Honorat respondió a la delegación que tendría autorización para visitar todas las instalaciones de la prisión y para hablar con reclusos. La delegación acordó con él realizar la visita a la mañana siguiente. Al llegar a la Penitenciaría Nacional, les llevaron directamente a ver a unos jóvenes encarcelados por haber ocupado la embajada canadiense en diciembre de 1991, presos por los cuales Amnistía Internacional no había, al parecer, expresado ninguna preocupación ni había pedido ver específicamente. En cambio, no se les permitió visitar ninguna otra zona de la prisión ni pudieron hablar libremente con los reclusos. Tampoco les dejaron hablar de sus preocupaciones con las autoridades penitenciarias, que alegaron que sólo tenían orden de permitirles el acceso a los presos que ya habían visto. La delegación se negó a efectuar la visita en esos términos. Igual de infructuosos resultaron sus intentos de obtener una autorización escrita para visitar a Jean-Mario Paul en la cárcel militar de Petit-Goâve.


A pesar de la negativa de facto del gobierno a permitir el acceso a los centros de detención, la delegación de Amnistía Internacional pudo obtener información sobre las condiciones penitenciarias imperantes en otros centros de detención del país. Raymond Toussaint, detenido en octubre y duramente maltratado, describió las condiciones que tuvo que soportar en la prisión de Saint-Marc. Su traslado a esta prisión se produjo tras pasar una corta temporada en el cuartel militar de Saint-Marc, donde fue objeto de insultos y palizas. Ya en la prisión, pudo evitar seguir recibiendo malos tratos pagando el dinero que las autoridades penitenciarias piden normalmente a los presos cuando llegan a la prisión para que no les golpeen. Le encerraron en una celda donde había entre 75 y 80 reclusos más. Esta celda carecía de ventilación, y los reclusos estaban obligados a hacer sus necesidades allí. El olor era insoportable. A los 35 minutos de permanecer allí le sacaron. "Tendrás que pagar para que te llevemos a otra celda" ("Ici tu dois payer pour etre transporté dans une autre salle"), le dijo el Chef de carré, preso que lleva mucho tiempo en la prisión y que goza de algunos privilegios, como el de poder quedarse con parte del dinero extraído a los presos. Raymond Toussaint pagó 15 dólares haitianos por su traslado a otra celda mejor. Al día siguiente le llevaron al cuartel para interrogarle, donde otra vez volvieron a pegarle duramente. Luego lo devolvieron a su celda de la prisión en vez de retenerle en el cuartel, merced al pago de 100 dólares haitianos (75 dólares estadounidenses) que su padre logró "negociar".


Dos días más tarde, contrajo una grave infección de oídos debida a los malos tratos recibidos. Pidió que le llevaran al hospital, pero le dijeron que hacía falta una orden por escrito del fiscal para hacerlo. Después de pasar cinco días con fuertes dolores y fiebre, otro recluso le aconsejó que comprara cierto medicamento, que sus familiares obtuvieron posteriormente. Según el testimonio de Raymond Toussaint, había que pagar para todo. Su familia tenía que pagar cada vez que quería verle o ayudarle en algo. Los reclusos tenían que pagar para ir al lavabo y para obtener agua o cualquier otra cosa que necesitaran. Finalmente, Raymond Toussaint salió en libertad el 19 de noviembre, previo pago de 100 dólares haitianos para que el soldado encargado firmara la orden de libertad. En total, Toussaint calculó que su encarcelamiento le había costado a su familia alrededor de 1.500 dólares haitianos (940 dólares estadounidenses). Otros ex reclusos de la prisión de Saint-Marc hicieron denuncias semejantes, que confirmaban el relato de Raymond Toussaint.


Según informaciones obtenidas por la delegación, las condiciones penitenciarias de otros centros de detención siguen siendo extremadamente duras, con falta de higiene, graves malos tratos y corrupción oficial.


Los desplazados internos


Decenas de millares de haitianos son refugiados en su propio país. Muchas de las personas que escaparon de las provincias se refugiaron en Puerto Príncipe, y a la inversa, los residentes de esta ciudad que huyeron buscaron refugio en las provincias. Muchas de estas personas desplazadas tenían una actividad política, participaban en campañas de alfabetización o formaban parte de organizaciones populares antes de huir de sus domicilios por miedo a represalias tras producirse el golpe de Estado de 1991. Otros desplazados huyeron después de que les saquearan o quemaran las casas, o les destruyeran las cosechas y les mataran los animales, o recibieran amenazas o la "visita" de los militares. Pero muchos escaparon tras haber sido víctimas de violaciones de derechos humanos.


A finales de enero y principios de febrero, muchas de las personas desplazadas que habían estado viviendo al aire libre en las montañas, con dificultades para obtener comida, empezaron a regresar a sus lugares de origen. Algunos, como Harry Nicolas, Dully Oxéva, Dérose Eranor y Albéric Frédérique, cuyos casos ya se han descrito anteriormente, fueron sometidos inmediatamente a violaciones de derechos humanos por los militares. Algunos sólo volvían por el día a trabajar en los campos, pero preferían no dormir en sus domicilios. Otros permanecieron ocultos, pues era evidente que las autoridades seguían buscándoles. Amnistía Internacional no ha podido determinar el número de personas desplazadas, pero las organizaciones locales de derechos humanos han establecido que al menos 200.000 personas han abandonado sus hogares desde septiembre de 1991.


Un periodista haitiano de Puerto Príncipe hizo para Amnistía Internacional una descripción de cómo vivía desde que se vio obligado a abandonar la localidad del sureste en la que residía:


"Vivo escondido, moviéndome constantemente; nunca me quedo más de dos o tres días en la misma casa... la vida es muy dura aquí y no tengo trabajo, no puedo ejercer de periodista, que es mi profesión. Así que tal vez... vuelva. Me han dicho que es peligroso, que si vuelvo me matarán. Han contado un montón de historias para eliminar a la gente. Dicen que tengo un depósito de armas, que siempre llevo un Colt encima, y una Taurus (una pistola) en la bolsa... Así pueden justificar sus abusos... si me matan, me meterán una Taurus en la bolsa y dirán: 'Mirad, todos sabían que llevaba una Taurus en la bolsa'... Vivo gracias a la solidaridad de mis amigos. Antes podía ganarme la vida, no tenía lujos, pero me ganaba la vida. Ahora tal vez vuelva a las montañas o me dirija a una embajada si esto no cambia. En cualquier caso, no estoy seguro de qué voy a hacer, sigo la evolución de la situación, lo que va a salir de esto, si la crisis va a durar, si durará un mes, dos meses, tres meses. Si aún estoy vivo".


Muchos de los desplazados en el interior del país expresaron también su miedo a que les hayan seguido hasta sus escondites y puedan estar bajo vigilancia. Un líder de una organización popular del Departamento de Artibonite dijo que en varias ocasiones hombres de su área habían ido al distrito de Puerto Príncipe donde vive su hermano, preguntando a los vecinos si le conocían y diciendo que tenían "un mensaje" para él. Éste líder popular había cambiado varias veces de domicilio, y estaba intentando salir del país cuando la delegación de Amnistía Internacional habló con él.





Situación de los refugiados y de los repatriados forzados


Desde el golpe de septiembre de 1991, decenas de miles de haitianos han huido de su país, pero miles han sido repatriados forzosamente por las autoridades estadounidenses. Son muchos los factores que se han combinado para provocar este éxodo masivo. En primer lugar, está la pésima situación de los derechos humanos en el país. Por otra parte, cada vez hay menos esperanzas de que el depuesto presidente Aristide recupere al poder, o de que pueda encontrarse una solución a la crisis política. También ha influido la desesperada situación económica que atraviesa el país, empeorada por el embargo comercial y las continuas extorsiones practicadas por los mandos militares y sus colaboradores. Varios miles de personas han cruzado la frontera del país con la República Dominicana, mientras que otros se echaron al mar en barcos innavegables, al parecer con la esperanza de alcanzar las costas estadounidenses.


El gobierno de EE UU ha respondido a este éxodo masivo adoptando una serie de medidas, como la de repatriar forzosamente a los haitianos solicitantes de asilo tras realizar un precipitado examen de sus solicitudes a bordo de un guardacostas estadounidense. Otros haitianos recibieron bastante más atención en la base naval estadounidense de Guantánamo. Pero durante todo el período de éxodo masivo, el gobierno estadounidense se ha negado constantemente a cumplir plenamente su obligación jurídica internacional de proteger a los refugiados. Hace poco empezó a repatriar a todos los haitianos solicitantes de asilo sin hacer siquiera un intento rápido de identificar a los que pudieran correr el riesgo de sufrir violaciones de derechos humanos si volvían a Haití, lo cual constituye una grave violación de la normativa internacional. Esta acción no sólo entraña una grave amenaza para la seguridad de muchos haitianos, que a su regreso al país bien podrían ser objeto de graves violaciones de derechos humanos, sino que, además, demostrando un claro desprecio por la normativa internacional referente al trato a los refugiados, amenaza con socavar el régimen internacional cuidadosamente diseñado para proteger a los que huyen de tales violaciones.


Respecto a la situación de los que han huido a la República Dominicana, a los delegados de Amnistía Internacional supieron que algunas de las personas que habían cruzado la frontera fueron detenidas por las fuerzas de seguridad dominicanas y obligadas a trabajar en los batèyes (campos de caña de azúcar). Tal es el caso de Prosper Thérismé, abogado del MPP de unos treinta años de edad, que escapó a la República Dominicana en enero. Le capturaron las autoridades dominicanas y le obligaron a trabajar en los campos de caña de azúcar del área de Los Cocos.


El caso de los que escapan por mar están regulados en virtud de un acuerdo bilateral entre los gobiernos de EE UU y Haití, que entró en vigor en septiembre de 1981. Mediante este acuerdo, las autoridades estadounidenses han podido, estando fuera de sus aguas territoriales, interceptar a los haitianos que intentan llegar a EE UU y devolverlos a Haití. En los 10 años transcurridos entre septiembre de 1981 y septiembre de 1991, unos 20.000 haitianos fueron interceptados en virtud de este acuerdo. Tras el golpe de septiembre de 1991, en los ocho meses transcurridos entre octubre de 1991 y el momento de concluirse este reportaje, junio de 1992, prácticamente se ha duplicado el número de haitianos - unos 38.000 - interceptados por los guardacostas estadounidenses.


El 18 de noviembre, el Departamento de Estado de EE UU anunció que sólo se permitiría llegar a EE UU para presentar una solicitud de asilo a los haitianos con posibilidades de obtenerlo. Los demás, exceptuando a los que consiguieran refugio provisional en otros países de la región, serían repatriados a Haití. La declaración añadía que el gobierno estadounidense no creía que los solicitantes de asilo repatriados fueran a sufrir persecución alguna en Haití. Entre el 18 y el 19 de noviembre, las autoridades estadounidenses repatriaron forzosamente a Haití a más de 500 solicitantes de asilo. Desde entonces hasta fines de enero de 1992, una serie de decisiones judiciales impidieron que el gobierno estadounidense repatriara forzosamente a ningún solicitante de asilo haitiano más interceptado en el mar. Sin embargo, el 31 de enero de 1992, la Corte Suprema de EE UU emitió una decisión que permitía repatriar forzosamente a estos solicitantes de asilo a Haití.


Desde principios de diciembre de 1991 hasta fines de mayo de 1992, a los haitianos interceptados en el mar los trasladaban a un campamento de la base naval estadounidense de Guantánamo, en Cuba, donde agentes del Servicio de Inmigración y Naturalización (Immigration and Naturalization Service, INS) estadounidense les entrevistaban para decidir si tenían posibilidades de obtener asilo en EE UU. Según informes, de los aproximadamente 38.000 interceptados desde octubre de 1991, las solicitudes de unos 11.000 se han considerado "plausibles". A la mayoría de ellos se les autorizado a seguir el viaje a EE UU para presentar su solicitud de asilo, exceptuando a los que resultaron seropositivos, a los que no se permite la entrada en EE UU, y, según parece, tendrán que presentar sus solicitudes de asilo en Guantánamo pues no se permite la entrada de este tipo de afectados a EE UU. Más de 27.000 han sido repatriados a Haití. De éstos, alrededor de 12.000 fueron interceptados durante el mes de mayo.























Campamento de refugiados en la base naval estadounidense de Guantánamo, Cuba, diciembre de 1991

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El Artículo 33 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de Naciones Unidas, que EE UU está obligado a cumplir, prohibe la repatriación forzada de cualquier persona a un país en el que se exponga a sufrir graves violaciones de derechos humanos. Con el fin de garantizar que a esas personas se les identifica adecuadamente y se les protege efectivamente de la repatriación forzada, es fundamental que el gobierno estadouniderse conceda a todos los solicitantes de asilo el acceso a un procedimiento completo y justo que establezca el fundamento de sus solicitudes. Los solicitantes de asilo que fueron trasladados a Guantánamo fueron sometidos a una "criba" para decidir si tenían posibilidades de obtener el asilo, en cuyo caso se les permitiría entrar en EE UU para presentar su solicitud allí. Amnistía Internacional reconoce que en virtud de los procedimientos seguidos en Guantánamo, un elevada proporción (en algunos momentos de hasta el 39%) de los solicitantes de asilo pasaron la "criba" (se consideró que tenían posibilidades de obtener asilo). Sin embargo, a la organización le preocupa lo inadecuado de estos procedimientos. En concreto, y según la información de que dispone Amnistía Internacional, los solicitantes de asili no tuvieron la oportunidad de contar con un asesoramiento jurídico adecuado ni con una revisión eficaz en caso de una respuesta negativa, contrariamente a lo previsto por la normativa internacional. A la vista de estas preocupaciones, Amnistía Internacional pidió permiso a las autoridades estadounidenses para enviar una delegación a Guantánamo para observar los procedimientos de "criba" y entrevistar a haitianos solicitantes de asilo y a los agentes encargados de efectuar la criba. La petición fue denegada.


Muchos de los que han huído de Haití son niños; algunos escaparon junto con sus familias, pero otros lo hicieron sin ir acompañados de sus padres o de familiares cercanos. Tal como se explicó anteriormente en este informe, los niños no han escapado a la represión ejercida contra los adultos en Haití, y Amnistía Internacional cree que muchos de estos menores se exponen a sufrir violaciones de derechos humanos si vuelven a Haití. A comienzos de junio, 270 menores no acompañados por adultos habían pasado la "criba"; alrededor de 950 no lo habían conseguido. Quedaron retenidos en el Campo de McCalla, en Guantánamo, tras ser separados de los adultos de sus extensas familias o de los amigos con los que viajaban muchos de ellos. Posteriormente, los repatriaron a Haití. A Amnistía Internacional le preocupa que los casos de estos niños fueran siguiendo los mismos procedimientos inadecuados que se emplean con los adultos, y también que, según informes fidedignos, se incumplió la normativa del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) a la hora de valorar los casos de estos niños.


Además de las preocupaciones acerca de la fiabilidad del procedimiento de criba en sí mismo, también constituye una preocupación para Amnistía Internacional el que, según informes, se han cometido graves errores administrativos en Guantánamo. Debido a estos errores, algunos haitianos que habían pasado "la criba" fueron repatriados junto con los rechazados. En abril de 1992, el director de Asuntos de Ayuda Económica al Exterior del Departamento General de Contraloría de EE UU (General Accounting Office, GAO) declaró ante el Subcomité sobre Legislación y Seguridad Nacional y el Comité sobre Operaciones Gubernamentales de la Cámara de Representantes estadounidense. Afirmó que la GAO había encontrado algunas "deficiencias en los procedimientos administrativos que siguieron a las entrevistas, como son los numerosos errores en la base de datos del del INS, que se emplea para registrar a los individuos que deben volver a Haití y a los que pueden ir a EE UU. Averiguamos que por causa de estas deficiencias, al menos se ha repatriado a 54 haitianos por error... Otros siete como mínimo regresaron voluntariamente a su país ignorando que los habían considerado aptos para solicitar asilo en EE UU y podían viajar a aquel país para que se decidiera sobre su caso... Finalmente, hemos descubierto que a un grupo de haitianos, posiblemente unos 100, se les dio motivos para pensar que podrían viajar a EE UU para que se estudiaran sus casos y luego han sido o pronto serán repatriados a Haití... creemos que nuestras cifras pueden restarle importancia al problema. En el momento de efectuar nuestra visita a Guantánamo, el 29 de marzo de 1992, los funcionarios del INS aún no habían acabado de poner en orden sus registros, por lo que aún podrían salir casos semejantes..."


A finales de mayo, el presidente Bush emitió un decreto por el cual todos los haitianos interceptados en el mar debían ser repatriados; poco después, se anunció el cierre del campamento de Guantánamo. Esta decisión niega a los solicitantes de asilo la posibilidad de que sus casos puedan ser estudiados, y va en contra del Artículo 14.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que afirma que "En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país".

























Este grupo de solicitantes de asilo fue interceptado por un guardacostas estadounidense y repatriado a Haití sin un examen previo de sus solicitudes de asilo. Mayo de 1992.

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El gobierno estadounidense mantiene que los haitianos solicitantes de asilo son en su mayoría "emigrantes económicos" y que no hay indicio alguno de que las personas repatriadas por EE UU hayan sido objeto de detención o de castigo. Además, afirma que las medidas adoptadas recientemente eran necesarias para proteger las vidas de los haitianos, que ponían en riesgo sus vidas huyendo de su país en barcos innavegables. Sin embargo, Amnistía Internacional siente preocupación porque la medida más reciente del gobierno estadounidense ha ocasionado la repatriación forzada de numerosos solicitantes de asilo a un país donde, como muestra este informe, muchos de ellos se exponen a sufrir graves violaciones de sus derechos humanos. Esto supone una clara violación del principio de no repatriación forzada (non-refoulement), reconocido internacionalmente, y de las obligaciones contraídas por EE UU en virtud del Artículo 33 de la Convención de Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados, de las Naciones Unidas.


Algunas personas han hecho varios intentos de huir, o han intentado llegar de nuevo a EE UU después de su repatriación forzada. 42 solicitantes de asilo devueltos a Haití por las autoridades estadounidenses a mediados de noviembre volvieron a escapar del país. En la entrevista que les hicieron las autoridades estadounidenses la segunda vez, alegaron que habían sido objeto de graves violaciones de sus derechos humanos a su regreso a Haití. A continuación, los funcionarios del INS consideraron que 41 de estos solicitantes tenían posibilidades de obtener el asilo. Entre los detalles de algunos de estos casos, publicados en la prensa, hay denuncias de hostigamiento, detenciones y palizas a su regreso a Haití. Algunos solicitantes de asilo dijeron que los habían interrogado en los muelles a su llegada, y que la información que dieron fue usada para detenerles al volver a sus casas. Otro solicitante de asilo denunció que se había ejecutado extrajudicialmente a algunos de los solicitantes a su regreso.


El gobierno estadounidense declaró que la embajada de su país en Haití había investigado las denuncias relacionadas con los repatriados en noviembre, y que los funcionarios de la embajada "no habían podido hallar información alguna que pudiera corroborar la historia". Amnistía Internacional desconoce qué casos afirman haber investigado los funcionarios de la embajada de EE UU, ni ha podido obtener información detallada sobre sus métodos de investigación y posteriores conclusiones.


La propia Amnistía Internacional tampoco ha logrado obtener detalles precisos sobre las denuncias de estos 42 solicitantes de asilo. Sin embargo, la información obtenida se corresponde con otros informes que la organización ha recibido acerca de la situación de los derechos humanos en Haití. Por consiguiente, Amnistía Internacional continuará sintiendo preocupación por estas denuncias hasta que no sean investigadas adecuadamente por un organismo independiente e imparcial.


Según la experiencia de los delegados de Amnistía Internacional, es imposible seguir de forma eficaz la suerte que han corrido los solicitantes de asilo repatriados por las autoridades estadounidenses. Durante su visita de dos semanas a Haití, los delegados intentaron en repetidas ocasiones averiguar el paradero de algunos de ellos. Pero no consiguieron entrar en contacto directo con ellos, ni tampoco los trabajadores eclesiásticos ni los miembros de organizaciones de derechos humanos locales pudieron hacerlo, a pesar de sus reiterados esfuerzos.


Son varios los factores que contribuyen a que sea casi imposible verificar la suerte que han corrido estos solicitantes de asilo repatriados. Uno de ellos, tal vez el principal, es que, debido al clima actual de terror, intimidación y represión que impera en las zonas rurales, muchos de los repatriados no parecen haber regresado a las zonas del país en las que vivían antes. Muchos han decidido permanecer escondidos por temor a represalias. Una organización de derechos humanos que actúa en el Departamento de Artibonite contó a la delegación que se habían puesto en contacto con distintas secciones comunales pidiendo que los repatriados se pusieran en contacto con ellos, pero hasta el momento ninguno lo había hecho. En varios casos, las personas que decían conocer a algún solicitante de asilo repatriado preferían no actuar como contacto, por miedo a represalias contra ellos o contra los propios solicitantes de asilo. La delegación también era consciente de que, dada su condición de extranjeros en la localidad, sus intentos de encontrar a los repatriados podría llamar la atención sobre ellos, y hacer que corrieran el riesgo de sufrir algún tipo de medida represiva. Además, aunque hubieran conseguido entrevistar a alguno de los repatriados, los delegados consideraron, basándose en experiencias anteriores, que había muchas posibilidades de que las entrevistas conseguidas se vieran afectadas por la fuerte vigilancia extraoficial que existe por todo el país, o incluso por la oposición de las autoridades locales. A pesar de todo, hubo denuncias reiteradas de violaciones de derechos humanos contra los solicitantes de asilo repatriados durante la visita de la delegación.


Por todo ello, Amnistía Internacional siente preocupación porque, habida cuenta de la situación actual de los derechos humanos en Haití, la repatriación forzada de los solicitantes de asilo a este país sin examinar previamente los motivos de su solicitud mediante un procedimiento completo y justo los pone en grave peligro de sufrir las graves violaciones de derechos humanos descritas anteriormente.


El gobierno de EE UU ha afirmado que los haitianos que teman por la integridad de sus derechos humanos pueden solicitar asilo a los funcionarios de los consulados estadounidenses en Haití, y que las autoridades estadounidenses han tomado medidas para establecer facilidades al efecto en Puerto Príncipe. Aun así, Amnistía Internacional no cree que tales medidas puedan, dada la situación actual, garantizar que los que corren más peligro puedan ponerse en contacto con las autoridades estadounidenses, y menos aún de recibir su protección. Las autoridades haitianas han establecido un clima de terror tan generalizado que muchos temen hacer el menor movimiento. Los delegados fueron testigos de ese miedo cuando los contactos les llamaban por teléfono pero se negaban a dar sus nombres o a reunirse con ellos en el hotel, por temor a que la línea telefónica estuviera intervenida o que pudieran seguirles o identificarles. Por tanto, es probable que aquellos que corren más peligro no se atrevan a exponerse llamando por teléfono o yendo al consulado estadounidense. Un funcionario de la embajada de EE UU dijo, según informes de la prensa internacional, que los que se encontraban en peligro "siempre pueden dirigirse por escrito" a la embajada estadounidense. Dejando completamente al margen el propio factor del miedo, resulta una sugerencia bastante poco práctica. Haití tiene un elevado índice de analfabetismo y es difícil imaginarse, por ejemplo, a un campesino escribiendo, desde su escondite en las montañas, una carta que pudiera convencer a las autoridades estadounidenses de que le prestasen protección.


Además, al menos tres solicitantes de asilo con motivos razonables para temer por su seguridad, denunciaron a Amnistía Internacional que se habían sentido intimidados por los funcionarios consulares estadounidenses que los entrevistaron. En los tres casos les fueron denegadas sus peticiones. Según informes, a dos de estos solicitantes los admitieron condicionalmente como refugiados, aunque luego la decisión cambió al conocerse su condición de seropositivos por los resultados de sus reconocimientos médicos. También rechazaron la solicitud de Harry Nicolas, miembro de una organización popular y de alfabetización, a pesar de haber sido detenido ilegalmente y de haber estado recluido durante un mes aproximadamente, después de permanecer siete meses escondido (véase pág.5)***.


En cualquier caso, la presentación de una solicitud de asilo en una embajada no puede proporcionar las garantías fundamentales que se obtendrían con un procedimiento de asilo fuera de territorio haitiano, establecido de conformidad con las obligaciones contraidas por el gobierno estadounidense en virtud de la normativa internacional referente a la protección de los refugiados; en concreto, el derecho de todo solicitante de asilo a recibir un asesoramiento jurídico adecuado y, si se rechaza su solicitud de asilo, el derecho a que se realice una revisión eficaz de su caso. Por consiguiente, ninguna medida tomada por el gobierno estadounidense para que los solicitantes de asilo soliciten protección a sus funcionarios consulares en Haití no puede considerarse en modo alguno como un sustituto satisfactorio del derecho a solicitar y a disfrutar del asilo, que se les ha negado en la práctica merced a la actuación de las autoridades estadounidenses, que interceptan y repatrian sumariamente a aquellos que abandonan el país por vía marítima.


También preocupa a Amnistía Internacional el trato que reciben los haitianos solicitantes de asilo por parte de las autoridades francesas. En noviembre de 1991, cinco haitianos fueron detenidos a su llegada al aeropuerto Charles de Gaulle y estuvieron retenidos durante varios días; se les notificó que iban a ser repatriados a Puerto Príncipe. Gracias a la intervención de unos abogados y de una organización francesa que trabaja en favor de los refugiados, a cuatro de ellos se les reconoció la condición de refugiados y obtuvieron asilo en Francia. Además, Amnistía Internacional ha recibido información de varios casos en los que las autoridades francesas no han autorizado la entrada de haitianos en el país, y los ha enviado a terceros países sin hacer un examen previo de sus solicitudes de asilo y, por lo que se sabe, sin asegurarse siquiera de que esos terceros países les ofrecerían una protección eficaz y duradera contra una repatriación forzada a Haití.


Desde hace algunos años, Francia viene exigiendo un visado de entrada a los haitianos. Amnistía Internacional siente preocupación por las medidas adoptadas en los últimos meses por este país y también por Suiza para restringir aún más la entrada de haitianos. Amnistía Internacional reconoce que los gobiernos están en su derecho de controlar la inmigración y la entrada en su territorio, pero les pide que, al hacerlo, garanticen a las personas que desean pedir asilo la posibilidad de hacerlo, y que las restricciones que impongan a la entrada en su país, como el requerimiento de visado o cualquier otra medida restrictiva, no impidan a los solicitantes acceder al procedimiento de asilo. En los meses siguientes al golpe de septiembre de 1991, muchos haitianos que pretendían solicitar asilo viajaron allí pasando por Suiza, país que no les exigía presentar un visado. En febrero de 1992, Suiza impuso restricciones de entrada a los haitianos y más tarde, el 1 de julio, empezó a exigir visado; en marzo, la propia Francia impuso la obligatoriedad de portar un visado de tránsito para todos los haitianos que viajaran hacia otros destinos transbordando en los aeropuertos de Francia. Según informes, en febrero Air France dio instrucciones a sus oficinas de Puerto Príncipe que cumplieran las nuevas restricciones de entrada impuestas por Suiza, y unos días después no se permitió embarcar en un vuelo de la Air France a 90 haitianos que viajaban hacia Zurich pasando por París. A Amnistía Internacional le preocupa que semejantes medidas se hayan adoptado en un momento en que se están cometiendo graves violaciones de derechos humanos en Haití y muchos haitianos abandonan el país por su propia seguridad.



La respuesta de las autoridades haitianas


Los delegados de Amnistía Internacional celebraron una reunión de dos horas con el entonces primer ministro de facto Honorat, ex director ejecutivo del Centro Haitiano de Derechos y Libertades Públicas (Centre Haïtien des droits et des libertés publiques, CHADEL), y defensor a ultranza del respeto a las leyes durante su etapa como director de la mencionada institución. Explicaron las preocupaciones de la organización surgidas a continuación del golpe. El primer ministro Honorat no negó que se cometieran violaciones de derechos humanos, pero afirmó que su gobierno no había ordenado detenciones ni homicidios. Los delegados señalaron que las fuerzas de seguridad seguían cometiendo graves violaciones de derechos humanos, y que se podía seguir considerando al gobierno responsable de las mismas. El primer ministro Honorat señaló que el sistema judicial era ineficaz y que estaba plagado de corrupción, además de carecer de personal adecuadamente cualificado. Al preguntarle sobre las medidas previstas por el gobierno para acabar con las violaciones de derechos humanos, sobre todo las cometidas en las zonas rurales por los jefes de la policía rural, el entonces primer ministro de facto contestó que eso constituía un "problema estructural", y que "incluso si los sustituyeramos por el propio Jesucristo, éste sería igual de represivo" ("même si on les remplaçait avec Jésus Christ, il serait répréssif"). Los delegados hablaron también del elevado índice de torturas y malos tratos. El primer ministro Honorat negó que existiera la tortura en Haití. Las palizas, un hecho habitual en los centros de detención, no son tortura, dijo, sino simplemente "sévices" (crueldad física), aun en aquellos casos en que el resultado de tales tratos ocasione la muerte. El primer ministro Honorat intentó convencer a Amnistía Internacional de que no se reprimía a la oposición, y llegó a decir que cualquiera podía llevar fotografías del presidente Aristide. Las pruebas recabadas con anterioridad y durante la visita de Amnistía Internacional al país indicaban que lo que decía era lo contrario a la verdad.



Visita a Petit-Goâve


Poco después de llegar a Haití, los delegados se dirigieron a la localidad suroccidental de Petit-Goâve, donde se hallaba detenido el periodista Jean-Mario Paul. Jean-Mario Paul, de unos veinticinco años, trabajaba para la emisora privada Radio Antilles Internationale, en Grande-Goâve. Asimismo colaboraba con organizaciones populares, como Komilfo, que ayudó a fundar, pero que posteriormente abandonó, y con la Coordinadora de Organizaciones Democráticas (Coordination d'organisations démocratiques, COD). Su hermana, Magdaline Paul, había sido nombrada juez de paz de Grand-Goâve a comienzos de septiembre de 1991. A Jean-Mario Paul, cuya casa familiar de Grand-Goâve quemaron a principios de octubre, lo detuvieron el 9 de noviembre y lo acusaron de haber prendido fuego al puesto militar y al juzgado de la localidad. Tanto él como otras personas allegadas a él negaron reiteradamente las acusaciones. Jean-Mario Paul fue objeto de graves torturas y en dos ocasiones requirió tratamiento hospitalario. Amnistía Internacional sentía honda preocupación por su estado de salud.


Al llegar al cuartel, los miembros de la delegación les dijeron que el comandante no estaba y que no podían efectuarse visitas sin su autorización. Los delegados pidieron hablar con el oficial al mando, pero obtuvieron misma respuesta. Fueron entonces a casa del fiscal para pedirle su autorización para visitar a Jean-Mario Paul, autorización que el fiscal redactó y firmó. Los delegados volvieron al cuartel, pero de nuevo se les impidió la entrada debido a la ausencia del comandante.


La delegación solicitó entonces un permiso escrito al primer ministro Honorat para visitar la prisión, y a pesar de que el primer ministro aseguró que bastaba con una orden verbal suya para que las visitas a la prisión pudieran efectuarse libremente, en la práctica estas visitas requerían la autorización de las autoridades militares. Por ese motivo, la delegación de Amnistía Internacional no pudo ver a Jean-Mario Paul.



Últimos acontecimientos


Desde que la delegación de Amnistía Internacional salió de Haití, han seguido llegando de forma sistemática informaciones sobre abusos contra los derechos humanos. Se ha denunciado un gran número de detenciones ilegales y arbitrarias, de nuevo acompañadas en su mayoría de tortura o de malos tratos graves. Desde mediados de mayo hasta principios de junio (momento de redactarse este informe), la respuesta a las protestas populares ha sido una represión cada vez mayor -ejecuciones extrajudiciales, detenciones, hostigamientos e intimidación- sobre todo contra los estudiantes y los residentes de los distritos pobres. A continuación se reseñan algunos ejemplos de graves violaciones de los derechos humanos que han tenido lugar durante abril, mayo y principios de junio.



Detenciones arbitrarias o ilegales y malos tratos


Clemencia Ascanio, monja venezolana, fue detenida junto con dos mujeres dominicanas, al encontrar los militares en el autobús en que viajaban varias cajas de calendarios con la fotografía impresa del anterior presidente Aristide. Estas detenciones tuvieron lugar el 27 de abril en Mallepasse, en el Departamento del Oeste, cerca de la frontera con la República Dominicana, de donde venía el autobús. Llevaron a todos los pasajeros al destacamento militar de Croix-des-Bouquets. La mayoría salieron en libertad cuando acusaron a la hermana Clemencia de ser la responsable de llevar los calendarios. Dos días después, las tres mujeres comparecieron en el parquet (fiscalía), en Puerto Príncipe. Uno de sus abogados, el abogado Julien, que las acompañó al parquet, estuvo a punto de ser detenido sin orden judicial por agentes del Servicio de Investigación de la Delincuencia Organizada en presencia del fiscal, después de anunciar uno de los agentes que iban a detener al abogado. Tuvo que intervenir el fiscal para impedir la detención, según informes en el momento en que iban a esposar al abogado Julien. Finalmente, las tres mujeres salieron en libertad sin cargos el 2 de mayo.


A Moléon Lebrun, dirigente de Asociación de Jóvenes Campesinos de Bois de Lance (Association de Jeunes Paysans de Bois de Lance), Asociación de Jóvenes Campesinos de Bois de Lance, una rama de la Federación de Jóvenes de Limonade (Fédération de Jeunes de Limonade), le detuvieron sin orden judicial y le golpearon el 28 de abril, tras producirse una manifestación en Bois de Lance, Segunda Sección de Limonade, en el Departamento del Norte. Hubo otras cinco detenciones además de la suya: Marc Magloire, Jean Magloire, Appolis Lebrun, Jean Luma e Yves Lebrun. Otras cinco personas fueron detenidas con él, previo pago, según informes, de 600 dólares haitianos cada uno. Moléon Lebrun, al que, según parece, le pidieron que pagara 800 dólares haitianos a cambio de su libertad, permaneció detenido. Más tarde lo trasladaron a la prisión de Cap-Haitien en muy malas condiciones de salud debido a los malos tratos recibidos en Limonade. Según los informes, se le negó el acceso a un médico o a un abogado.


Patrick Morisseau, conocido como Eric, profesor y miembro del Comité de Jóvenes de Carrefour Péan (Komite Jèn Kafou Peyan, KJKP), fue detenido el 25 de mayo de 1992 en Puerto Príncipe. Además, es simpatizante de Lavalas, frente político de apoyo al destituido presidente Aristide. Según informes, le detuvieron policías fuertemente armados cerca de la zona de Delmas 4, sin orden judicial. Se había escondido porque, según informes, las fuerzas de seguridad habían emprendiendo una operación en la zona tras el homicidio de un soldado en la noche del 23 de mayo. Parece que, al detenerle, le golpearon; posteriormente le trasladaron al Servicio de Investigación de la Delincuencia Organizada, donde permaneció detenido hasta su puesta en libertad el 10 de junio. Según informes, a Claire Edouard, madre de Patrick Morisseau, la mataron en su domicilio la noche del 26 de mayo, un día después de la detención de su hijo. Algunos vecinos han denunciado que fueron las fuerzas de seguridad quienes la mataron, que les obligaron a todos a salir de sus casas para presenciar el asesinato como medio de intimidación.


Evans Paul, alcalde electo de Puerto Príncipe, que ya había sido detenido y brutalmente golpeado en octubre de 1991 en el aeropuerto de Puerto Príncipe, volvió a ser objeto de una breve detención en el mismo aeropuerto el 27 de mayo. Estaba a punto de salir de Haití para asistir a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo en Río de Janeiro, Brasil. Según informes, a Evans Paul le comunicaron que había una orden una orden oficial que le prohibía abandonar el país. Inmediatamente se vio rodeado de soldados y civiles armados, que intentaron llevárselo. No obstante, se produjo la intervención de diplomáticos extranjeros, y le pusieron en libertad algunas horas más tarde.


Según informes, el 30 de mayo se produjo la detención de varias personas en la ciudad de Les Cayes. Al parecer, muchas de ellas recibieron golpes. La mayoría fueron puestas en libertad. Entre los detenidos se encontraba Rémy Amazan, director de un colegio, y Frantz Guillit, ayudante del alcalde de Les Cayes durante el gobierno de Aristide. Parece ser que las detenciones se practicaron en represalia por un ataque a un puesto militar perpetrado ese mismo día en la localidad cercana de Camp Perrin por hombres no identificados que portaban pancartas con la inscripción "Démocratie ou la mort" ("Democracia o la muerte"). Algunas personas, entre las que se encontraban Rémy Amazan y Frantz Guillit, fueron trasladadas el 31 de mayo a centros de detención de Puerto Príncipe, y salieron libres algunos días después.


Los sacerdotes tampoco escaparon a las represalias de las fuerzas de seguridad en Les Cayes. El 1 de junio, un grupo de soldados registró el domicilio del obispo Verrier, obispo de Les Cayes, buscando, según informes, a "unos sacerdotes armados que se ocultaban allí" ("des pères qui se cachent avec des armes"). Horas antes ese mismo día, el padre Denis Verdier, director de la oficina regional de Cáritas de Les Cayes, fue detenido junto con su chófer en la localidad de Les Cayes por miembros de las fuerzas armadas. Según la información recibida por Amnistía Internacional, el padre Verdier y su chófer fueron golpeados en el transcurso de su detención. Testigos del incidente declararon que les rompieron la ropa a los dos hombres y les condujeron al cuartel militar de Les Cayes. El padre Verdier pertenece a la Fraternidad de Sacerdotes del Sur (Fraternité des Pères du Sud), y ha expresado públicamente su oposición al golpe de Estado de septiembre de 1991. El 2 de junio, el padre Sony Décoste, otro sacerdote católico romano del distrito de Les Cayes, fue detenido en la localidad de Torbeck, aproximadamente a 30 kilómetros al este de Les Cayes. El mismo día, las fuerzas de seguridad detuvieron también al hermano Jean-Baptiste Casséus, de la orden del Sagrado Corazón (Sacré Coeur), en Les Cayes. Los tres sacerdotes fueron puestos en libertad algunos días después.


También se han cometido abusos contra sacerdotes de otros departamentos. El 2 de junio, el padre Marcel Bussels, ciudadano belga y sacerdote, fue puesto bajo custodia sin orden judicial después de efectuarse, según informes, un registro de la rectoría de Ballan, cerca de Cap-Haïtien, en el norte de Haití, a cargo de soldados que iban acompañados de un juez de paz. Cuando el padre Bussels solicitó la orden de registro, los soldados le contestaron que no la necesitaban y procedieron al registro de la rectoría, del convento de las monjas y de la iglesia. Los militares saquearon el domicilio del padre Bussels, y destruyeron o robaron la mayor parte de su contenido. Todos sus archivos y ficheros, que contenían informes de reuniones, libros de direcciones relacionadas con sus ocupaciones religiosas, y todos los papeles relacionados con su participación en el Movimiento de Ballan por el Honor y el Respeto (Mouvement Honneur et Respect Ballan), fueron eliminados. Según informes, en el interrogatorio a que fue sometido durante su detención, parece ser que los miembros de las fuerzas armadas dijeron que iban a buscar a los que colaboraban con el padre Bussels utilizando la información obtenida en su domicilio. Desde entonces, algunos de sus asociados están escondidos por miedo a las represalias, y a Amnistía Internacional le preocupa su seguridad. En noviembre de 1991, el padre Bussels se escondió después que unos soldados le dispararon cuando llevaba en coche a un hombre enfermo que había salido del hospital. También dijo haber recibido en repetidas ocasiones amenazas directas de las fuerzas armadas o de los que trabajaban con ellas.


El padre Gilles Danroc, ciudadano francés que se ocupa de la coordinación de la Comisión Nacional de Justicia y Paz, y que ha desempeñado una función muy activa en las organizaciones populares del Departamento de Artibonite, fue detenido sin orden judicial el 6 de junio. Le detención se produjo cuando daba una clase de catecismo en la parroquia de La Chapelle, pequeña población de la zona valle central del valle de Artibonite. Catorce de sus parroquianos fueron detenidos al mismo tiempo que él. El padre Danroc y otras siete personas salieron en libertad al día siguiente merced a la intervención del cónsul francés y la del obispo de Gonaives, monseñor Emmanuel Constant. El resto salió en libertad el 8 de junio. Tres hombres habían sido detenidos en marzo de 1992 acusados de asistir a reuniones organizadas por el padre Danroc.



Ejecución extrajudicial


Georges Izméry, hermano de un destacado partidario del depuesto presidente Aristide, fue abatido a tiros el 28 de mayo. Estaba cruzando la Grand Rue, avenida principal de Puerto Príncipe, cerca de la tienda de la que eran propietarios él y su hermano, Antoine Izméry, cuando un hombre sin identificar empezó a insultarle y luego le disparó. Según el testimonio de su hermano, algunos transeúntes corrieron a contar el incidente a la madrastra de Georges Izméry. La mujer se presentó en el lugar y al parecer encontró a la policía uniformada rodeando el cadáver. Según los informes, no le permitieron acercarse a Georges Izméry ni pudo ver si aún estaba con vida. Según informes, finalmente una furgoneta gris llevó a Georges Izméry al hospital, y luego enviaron su cuerpo al depósito de cadáveres. Según parece, no permitieron al médico de la familia que viera el cadáver. El depósito estaba vigilado por soldados.


Algunas fuentes de Puerto Príncipe creen que el verdadero objetivo de este atentado era Antoine Izméry. Antoine Izméry fue detenido en enero de 1990 por fuerzas del general Prosper Avril durante una campaña de represión contra la oposición democrática. Luego permaneció detenido durante casi un mes en octubre de 1991. Según informes, el 25 de octubre de 1991, los soldados saquearon el domicilio de Georges Izméry y amenazaron a su familia. A mediados de diciembre de 1991, el nombre de Antoine Izméry encabezaba una lista negra de los tonton macoutes difundida a través una emisora pirata. A comienzos de abril de 1992, la policía registró los domicilios de los dos hermanos.


La marcha fúnebre de Georges Izméry, celebrada el 2 de junio, fue interrumpida por un grupo de policías fuertemente armados, que al menos detuvieron y golpearon al menos a diez personas. Cuando la marcha empezó a convertirse en una manifestación antigubernamental, en la que algunos de los participantes entonaban la consigna "Aristide o la muerte", se produjo la intervención de la policía uniformada y de hombres vestidos de civil, que según informes, empezaron a efectuar disparos al aire y capturaron al menos a ocho hombres y a dos mujeres. Según testigos presenciales, a cuatro de estos hombres les golpearon con culatas de rifle, palos y una manguera de goma hasta que sangraron por la cabeza. Después se los llevaron en un vehículo. Un policía le quitó la cámara de vídeo a una periodista alemana y, según informes, la amenazó con detenerla si no se la entregaba. También varios reporteros gráficos fueron ahuyentados por policías, que les apuntaron con sus armas automáticas y les ordenaron no hacer fotos.


Desde mediados de mayo, a medida que fue organizándose la oposición a las autoridades de facto y los estudiantes empezaron a manifestarse casi a diario contra el régimen, creció la represión por parte de la policía, el dejército y de sus colaboradores civiles. Según informes, se detuvo a un número indeterminado de estudiantes, siendo algunos de ellos objeto de disparos durante las manifestaciones celebradas en las escuelas, centros de enseñanza secundaria y facultades de Puerto Príncipe. A muchos de ellos los golpearon durante las manifestaciones. Los periodistas que intentaban realizar reportajes sobre estos incidentes fueron intimidados, detenidos e incluso golpeados. Además, Amnistía Internacional recibió decenas de informes sobre ejecuciones extrajudiciales cometidas en las últimas dos semanas de mayo y a principios de junio. Según estos informes, militares uniformados y fuerzas policiales, acompañados de hombres fuertemente armados que vestían de civil, hicieron incursiones nocturnas en algunos barrios, como Delmas, Carrefour, Cité Soleil y Waney. Según informes, los militares disparaban al aire para intimidar a los residentes, en ocasiones entraban en sus casas y en algunos casos les robaron sus pertenencias. A veces disparaban directamente a las casas. El 25 de mayo, una abuela y sus dos nietos, una niña de 11 años y un niño de dos, resultaron heridos de bala mientras dormían en su domicilio de Delmas 4. La abuela dijo que al menos habían matado a tres personas aquella noche. El 27 de mayo, también en Delmas 4, Rodolphe Lominy fue, según los informes, abatida a tiros en su domicilio por un grupo de soldados uniformados. Según los informes, estaba hablando con dos mujeres cuando el grupo militar llegó y les disparó. Mataron a Rodolphe Lominy e hirieron a las dos mujeres, que, según los mismos informes, fueron acosadas por los soldados durante su traslado al Hospital General y posteriormente amenazadas.


Asimismo, la organización ha obtenido información acerca de la aparente ejecución extrajudicial de al menos tres miembros del ejército. Los homicidios tuvieron lugar poco antes de que los soldados solicitaran públicamente la dimisión del presidente de facto Joseph Nérette, en un comunicado emitido por Radio Soleil, la emisora de radio católica, el 25 de mayo. El 21 de mayo un sargento, que, al parecer, era conocido como simpatizante de Lavalas, fue abatida a tiros por un grupo de civiles fuertemente armados en la calle St.Martin, cerca del distrito de Carrefour Péan. La noche del 23 de mayo, el cabo Augustin Silvaire y su primo, civil, fueron abatidos a tiros, en el domicilio de Silvaire, en Puerto Príncipe. Según informes, un soldado, Alexi Vicaine, murió en el área de la calle St.Martin esa misma noche en circunstancias semejantes. Algunos relatos de los homicidios indicaban que los autores eran militares uniformados. Según fuentes militares citadas por la prensa, las víctimas murieron a manos de hombres armados con ametralladoras Uzi. Otros dos soldados recibieron heridas de bala la noche del 23 de mayo a causa de los disparos realizados por un grupo semejante de hombres armados en su domicilio del cuartel militar.



Conclusiones


Los ejemplos de violaciones de derechos humanos descritos en este informe tan sólo constituyen una parte de lo que los delegados pudieron comprobar durante su visita al país. Persiste el desorden generalizado. Los abusos contra los derechos humanos están presentes en la vida diaria de casi todos los haitianos. Las fuerzas de seguridad y los miles de civiles que actúan en connivencia con ellas perpetran los más diversos abusos con absoluta impunidad. Las antiguas estructuras represivas, que el gobierno depuesto había logrado desmantelar en parte, se han restituido. Las autoridades civiles carecen de la voluntad o el poder suficiente suficiente para impedir estos abusos, mientras que los militares, que en la práctica son la única autoridad en numerosas partes del país, son quienes encabezan claramente la represión. Tan sólo en uno de los casos de violación de derechos humanos se ha detenido a los autores, a pesar de que en muchos casos éstos han sido identificados por la víctima o los testigos. La corrupción desenfrenada del sistema judicial y su connivencia con el poder ejecutivo y el militar impide a la población obtener en los tribunales una reparación de los atropellos sufridos. Así, el ciudadano ordinario no dispone de otro recurso que la simple denuncia a las organizaciones locales o internacionales de derechos humanos, ni de otra forma de protección que ocultarse o someterse al chantaje.


Desde el regreso de la delegación, y sobre todo a partir de mediados de mayo, Amnistía Internacional ha seguido recibiendo informes de violaciones de derechos humanos con creciente intensidad, tras los disturbios públicos y las manifestaciones, cada vez más frecuentes, en contra del gobierno. Se han denunciado numerosos casos de detenciones, malos tratos y ejecuciones extrajudiciales. El nuevo primer ministro, Marc Bazin, juró su cargo el 19 de junio. Unos días antes de tomar posesión, prometió en el Senado de Haití acabar con la represión y restablecer la libertad de prensa" ("faire cesser la répression et rétablir la liberté de la presse"). No obstante, la represión continúa, y la oportunidad de buscar asilo al otro lado de las fronteras se ha visto frustrada por las medidas tomadas por las autoridades de EE UU. Los haitianos viven inmersos en el miedo, mientras que los opresores disponen de absoluta libertad para matar, torturar y aterrorizar a la población con total impunidad, y continúan recaudando dinero por medio de la represión.



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1El gourde es la moneda haitiana. A cinco gourdes suelen llamarlos "un dólar". Un dólar haitianao equivale aproximadamente a 0'70 dólares estadounidenses. Setenta gourdes equivalen a 14 "dólares haitianos".

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