Document - Haiti: Disarmament delayed, justice denied

[Embargado hasta el 28 de julio de 2005]Público

Amnistía Internacional

Haití

Desarme retrasado, justicia denegada

Público			Resumen
Índice AI: AMR 36/005/2005

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR360052005

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La violencia grave, la impunidad flagrante y la ausencia del Estado de derecho siguen siendo fenómenos generalizados en Haití. Pese a la presencia de una fuerza de mantenimiento de la paz de la ONU, la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), se han hecho escasos avances tangibles en materia de protección de los derechos humanos desde la asunción al poder del Gobierno de Transición a principios de marzo de 2004 y durante el año transcurrido desde la llegada al país de la MINUSTAH.

La proliferación de las armas ha intensificado la crisis política y el desarme se ha convertido en la cuestión principal y más acuciante en Haití. La consolidación de la paz, la seguridad y el Estado de derecho depende del éxito del desarme, la desmovilización y la reintegración de todos los grupos armados. Desde la asunción al poder del Gobierno de Transición no se ha hecho ningún esfuerzo serio para abordar la cuestión del desarme, pese al brusco aumento de la violencia y las muertes ocasionadas por armas de fuego. Las actividades delictivas de las bandas armadas siguen estando generalizadas. El Gobierno de Transición parece estar mostrando una mayor tolerancia hacia los ex militares y otros grupos ilegales vinculados a la ex oposición, mientras que persigue a los grupos armados a los que se atribuyen vínculos con el ex presidente Jean-Bertrand Aristide. Las actividades de la MINUSTAH se han visto restringidas por la falta de voluntad política del gobierno para adoptar una postura firme frente a estos grupos. En especial, el gobierno se ha abstenido de impedir que lleven a cabo actividades ilegales y cometan graves abusos contra los derechos humanos como homicidios, detenciones ilegítimas, reclusión de personas sin fundamento legal alguno, actos de intimidación de la población civil y amenazas de derrocar al Gobierno de Transición.

La fuerza policial tiene una dotación insuficiente de personal, y carece de equipo y formación adecuados pese al esfuerzo sostenido de la comunidad internacional para prestarle asistencia en sus programas de formación y profesionalización desde su creación en 1995. Los agentes de policía haitianos infringen de manera habitual las normas internacionales en su utilización de medios letales. Amnistía Internacional considera que faltan la voluntad política, los recursos y los mecanismos necesarios para determinar si los agentes de policía son responsables de violaciones de derechos humanos. Pese a las promesas formuladas por el primer ministro provisional, Gérard Latortue, no se ha creado una comisión independiente encargada de investigar los abusos policiales, y la administración de la justicia penal sigue siendo sumamente disfuncional. La independencia e imparcialidad de la judicatura se han visto puestas a prueba, especialmente en numerosos casos de carácter político. Los casos de detención preventiva a largo plazo siguen siendo la regla y no la excepción, y han causado una situación de hacinamiento en las prisiones, donde se recluye a las personas durante periodos prolongados sin darles la oportunidad de impugnar la legalidad de su detención.

Uno de los motivos de preocupación relativos a la aplicación del mandato de la MINUSTAH ha sido la tensión existente entre su función de protección de la población civil y la de asistencia a la Policía Nacional. Además, la ausencia de informes frecuentes, exhaustivos y públicos hace difícil determinar cuáles son las medidas adoptadas para proteger y promover los derechos humanos.

Los actos de violencia contra las mujeres son particularmente frecuentes en ausencia del Estado de derecho. Las mujeres son víctimas de la violencia aleatoria en los barrios pobres de la capital y las campañas de terror caracterizadas por violaciones, asesinatos, incendios y saqueos. Una gran proporción de las violaciones de derechos humanos que se cometen hoy en día contra los niños haitianos, especialmente actos de tortura y homicidios ilegítimos, son obra de agentes de policía en el curso de operaciones supuestamente destinadas a combatir la delincuencia.

Amnistía Internacional ve con honda preocupación el desprecio por la vida y la integridad física de las personas que reina en Haití y hace un llamamiento al Gobierno de Transición y a la MINUSTAH para que lleven a cabo investigaciones independientes y exhaustivas sobre todas las violaciones de derechos humanos cometidas en el país. Amnistía Internacional siente consternación frente al hecho de que el Gobierno de Transición no haya hecho un intento serio de trabajar conjuntamente con la MINUSTAH para establecer un programa auténtico y duradero de desarme, desmovilización y reintegración, paso esencial para restablecer el Estado de derecho en todo el país

Este texto resume el documento titulado Haití: Desarme retrasado, justicia denegada(Índice AI: AMR 36/005/2005), publicado por Amnistía Internacional en julio de 2005. Si desean más información o emprender acciones al respecto consulten el documento completo. En el sitio web http://www.amnesty.orgencontrarán una amplia selección de materiales de AI sobre éste y otros asuntos. Los comunicados de prensa de la organización pueden recibirse por correo electrónico solicitándolo en la dirección:

http://www.amnesty.org/email/email_updates.html

SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDON WC1X 0DW, REINO UNIDO

Traducción de Editorial Amnistía Internacional (EDAI), España

[Embargado hasta el 28 de julio de 2005]

Público

Amnistía Internacional

Haití

Desarme retrasado, justicia denegada

ÍNDICE

Introducción 1

1. El imperativo del desarme 4

2. La MINUSTAH, un año después 7

Garantizar la seguridad 8

Proteger a la población civil 9

Proteger y promover los derechos humanos 10

3. La Policía Nacional de Haití y los derechos humanos 11

Ejecuciones extrajudiciales y homicidios ilegítimos 15

Detenciones arbitrarias 17

4. Abusos contra los derechos humanos cometidos por bandas y grupos armados 18

Bandas armadas 18

Ex personal militar 18

Jefes de secciones rurales 19

5. La administración de justicia 20

Detención preventiva a largo plazo 21

6. Mujeres y niños amenazados con abusos 22

Violencia contra las mujeres 23

Violencia contra los niños 25

Conclusiones y recomendaciones 25

Recomendaciones al Gobierno de Transición 26

Recomendaciones a la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) 29

Recomendaciones a la comunidad internacional 31

Recomendaciones al Consejo de Seguridad de la ONU 31

Haití

Desarme retrasado, justicia denegada

Introducción

La población de Haití sigue sumida en una crisis de derechos humanos pese a la presencia en el país de una fuerza de mantenimiento de la paz de la ONU, la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH). De hecho, son escasos los avances realizados en materia de protección de los derechos humanos desde la asunción al poder del Gobierno de Transición a principios de marzo y durante el año transcurrido desde la llegada al país de la MINUSTAH. Los crímenes violentos, los enfrentamientos entre grupos armados y bandas delictivas y el uso ilegítimo de la fuerza por parte de la policía siguen cobrándose vidas de civiles a diario.

Los problemas que aquejan a Haití en la esfera de los derechos humanos podrían agravarse durante el periodo previo a las elecciones previstas para finales de 2005. Las detenciones arbitrarias por motivos políticos, los malos tratos, las ejecuciones extrajudiciales, los homicidios deliberados y arbitrarios de civiles, las violaciones, las amenazas de muerte y los actos de intimidación son moneda corriente y se cometen con impunidad. Todos estos abusos tienen lugar en un clima de creciente inseguridad y violencia delictiva endémica. Entre los presuntos responsables hay bandas armadas –algunas de las cuales están vinculadas al ex presidente Jean-Bertrand Aristide–, agentes de policía corruptos, ex rebeldes, miembros desmovilizados de las ex Fuerzas Armadas de Haití y miembros de bandas criminales.

En gran parte, la actual crisis es producto de la rebelión armada que derrocó al presidente Aristide en febrero de 2004 y de las disputas sobre la legitimidad del Gobierno de Transición encabezado por Gérard Latortue. Según los informes recibidos, cientos de personas han sido víctimas de homicidio desde el 30 de septiembre de 2004, en una escalada de la violencia política que se ha producido tras la celebración de una serie de manifestaciones organizadas por el partido Familia Lavalas, de Jean-Bertrand Aristide, para conmemorar el decimotercer aniversario del golpe militar que derribó al gobierno de Aristide en 1991. Se cree que muchos de los homicidios han sido obra de bandas armadas que, según se ha afirmado, apoyan a Aristide, y de agentes de la Policía Nacional de Haití. A estas bandas se les atribuyen numerosos homicidios, entre ellos homicidios de policías.

Las crisis políticas que han afectado reiteradamente a Haití tienen su origen en un cuadro prolongado de abusos contra los derechos humanos cometidos con impunidad. La crisis actual no es una excepción.

La violencia política se ha visto acompañada de una grave crisis humanitaria. Haití es el país más pobre de América y figura con el número 153 en el Índice de Desarrollo Humano de la ONU. La esperanza de vida al nacer para ambos sexos es de menos de 50 años, y la mortalidad infantil en 2002 era de 79 por cada 1.000 nacimientos. El analfabetismo es un fenómeno generalizado y casi dos tercios de la población viven por debajo del nivel nacional de la pobreza. Las tasas de analfabetismo y pobreza son más elevadas en las zonas rurales, donde residen aproximadamente dos tercios de la población de 8 millones de habitantes. Haití sufre, además, la prevalencia más elevada (5,6 por ciento) de VIH/sida fuera de la región subsahariana. El acceso a medicamentos antirretrovirales es insuficiente, ya que el sistema nacional de servicios de salud está infradotado.(1)

Ante esta terrible situación, la comunidad internacional se vio obligada a movilizar sus recursos. El 19 y 20 de julio de 2004, durante la Conferencia Internacional de Donantes sobre Haití celebrada en Washington, D.C., la comunidad internacional abordó la gigantesca tarea de la reconstrucción de Haití. Amnistía Internacional instó a los participantes a apoyar los planes sobre promoción y protección de los derechos humanos y asegurar la dotación de recursos adecuados para aplicarlos. La respuesta fue generosa y superó todas las expectativas. No obstante, las promesas formuladas sólo se han cumplido en forma parcial. Mientras tanto, los haitianos siguen enfrentándose a enormes problemas en todos los aspectos de su vida.

La proliferación de las armas ha intensificado la crisis política. En consecuencia, el desarme se ha convertido en la cuestión principal y más acuciante durante el periodo previo a las elecciones de octubre y noviembre de 2005 que deberían traducirse en el restablecimiento del sistema democrático.

En un informe de junio de 2004, Kofi Annan, secretario general de la ONU, llegó a la conclusión de que "[h]ace falta un esfuerzo a largo plazo y un compromiso internacional para restaurar las estructuras económicas y sociales y apoyar al Gobierno y al pueblo de Haití en su labor común de crear instituciones democráticas".(2) Este compromiso fue reiterado el 12 de enero de 2005 por el Consejo de Seguridad de la ONU, que expresó "su apoyo a la presencia de las Naciones Unidas en Haití durante el tiempo que sea necesario".(3)

Información general

A principios de 2004 se intensificó el descontento popular y cundieron las protestas contra el gobierno de Jean-Bertrand Aristide. La dura represión desatada contra los opositores fue llevada a cabo por agentes de policía y bandas armadas conocidas como chimèresque, según informes, están a sueldo del gobierno. El 5 de febrero estalló el conflicto en la ciudad de Gonaïves y la insurgencia se extendió rápidamente a otras regiones. La mayoría de los insurgentes eran oficiales de las ex Fuerzas Armadas de Haití, disueltas en 1995, miembros de la disuelta organización paramilitar Frente Revolucionario Armado por el Progreso de Haití (Front révolutionnaire pour l’avancement et le progrès d’Haïti, FRAPH) y miembros de una banda delictiva con sede en Gonaïves que se autodenominaba Ejército Caníbal (Armée cannibale). Los rebeldes armados actuaban bajo la dirección de Guy Philippe, ex director general de la Policía Nacional, y Louis-Jodel Chamblain, ex subjefe del FRAPH condenado por la comisión de abusos contra los derechos humanos.

El 29 de febrero, el presidente Aristide abandonó el país en circunstancias controvertidas mientras los rebeldes amenazaban con dirigirse a Puerto Príncipe. De inmediato, Boniface Alexandre, presidente de la Corte Suprema, prestó juramento como presidente provisional. Ese mismo día se desplegó en el país una Fuerza Multinacional Provisional (FMP) encabezada por Estados Unidos en el marco de una misión de tres meses de duración autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU. El 9 de marzo, Gérard Latortue fue nombrado primer ministro provisional.

En junio, la FMP fue sustituida por la MINUSTAH, fuerza encargada, entre otras cosas, de apoyar al Gobierno de Transición garantizando la seguridad y estabilidad y ayudando a las autoridades en el proceso de reforma de la Policía Nacional de Haití.

La violencia política aumentó espectacularmente en la capital después del 30 de septiembre, fecha en que los partidarios de Familia Lavalas celebraron una manifestación masiva. Según se afirmó, miembros de bandas armadas presuntamente vinculadas a Familia Lavalas y agentes de la Policía Nacional de Haití cometieron numerosos abusos, entre ellos la decapitación de tres policías. En octubre, agentes de la Policía Civil de la ONU (CIVPOL) y de la Policía Nacional de Haití comenzaron a realizar operaciones conjuntas en barrios pobres de la capital en un intento de poner freno a la violencia endémica, mientras en varias regiones del país soldados desmovilizados y ex rebeldes actuaban como autoridades de facto, lo cual representaba una grave amenaza para los derechos humanos.

Amnistía Internacional

Una delegación de Amnistía Internacional visitó Haití en marzo y abril de 2004. Las delegadas de la organización recibieron numerosos testimonios sobre graves abusos contra los derechos humanos perpetrados por agentes de la Policía Nacional de Haití, rebeldes y miembros de bandas armadas pertenecientes a tendencias políticas rivales en el contexto de la rebelión violenta de febrero de 2004. La información recogida durante esta visita fue publicada por Amnistía Internacional el 21 de junio de 2004 en un informe titulado Haití: Romper el ciclo de violencia. ¿Última oportunidad para Haití? (4)

En octubre y noviembre de 2004, una nueva delegación de Amnistía Internacional visitó Haití para ocuparse de los motivos de preocupación de la organización en torno a este país. La delegación visitó la capital, Puerto Príncipe, y las ciudades de Mirebalais, Hinche, Cap Haïtien, Gonaïves y Petite-Goâve. Los delegados se reunieron con autoridades gubernamentales, oficiales de la policía, altos cargos de la MINUSTAH, representantes de organizaciones de derechos humanos, víctimas y sus familiares, abogados defensores de los derechos humanos, activistas –entre ellos defensores de los derechos humanos de las mujeres– y miembros de grupos que se ocupan de la rehabilitación de las víctimas de abusos contra los derechos humanos. Los delegados observaron que la violencia grave, la impunidad flagrante y el quebrantamiento del Estado de derecho eran fenómenos generalizados en todo el país. Parte de los materiales utilizados para la redacción del presente informe fueron recogidos durante esta visita. Otros materiales son fruto de las labores de investigación en curso. Los casos citados son ejemplos ilustrativos de algunas de las constantes que Amnistía Internacional ha detectado en materia de violaciones de derechos humanos.

Amnistía Internacional publica este informe con el fin de señalar a la atención de la comunidad internacional los problemas que quedan sin resolver en torno a la situación de los derechos humanos en Haití. La organización también destaca los abusos graves cometidos por las bandas armadas, así como los reveses que ha sufrido la labor de la MINUSTAH en materia de protección de la vida de la población civil y restablecimiento del Estado de derecho. Amnistía Internacional espera que la información recogida en este informe aliente a la MINUSTAH a adoptar medidas adecuadas para impedir los abusos contra civiles desarmados. También tiene la esperanza de que el presente informe contribuya a un debate nacional que ayude a poner fin a la cultura de la impunidad y a una larga historia de abusos graves contra los derechos humanos.

1. El imperativo del desarme

La proliferación de armas y de grupos armados y el clima de impunidad que seguía prevaleciendo obstaculizaba el respeto de los derechos humanos.(5)

La misión no percibió claramente que todos los miembros del Gobierno de transición tuvieran interés en adoptar un enfoque global para el desarme, la desmovilización y la reintegración.(6)

La consolidación de la paz, la seguridad y el Estado de derecho depende del éxito del desarme, la desmovilización y la reintegración de todos los grupos armados. Todas las iniciativas encaminadas a restablecer el disfrute de los derechos humanos fundamentales deben fundarse en medidas eficaces de desarme, desmovilización y reintegración que, en consecuencia, deberán ser prioritarias tanto para el Gobierno de Transición como para la sociedad haitiana, la MINUSTAH y la comunidad internacional en general.

El control de las armas se ha transformado en una de las preocupaciones fundamentales desde que Jean-Bertrand Aristide fue reinstaurado como presidente en 1994 cuando una invasión militar encabezada por Estados Unidos derrocó al gobierno militar que lo había depuesto. Un número muy elevado de armas y armas pequeñas circula en Haití en manos de ex rebeldes, ex militares, miembros de bandas criminales –algunos de ellos afiliados a partidos políticos–, guardias de seguridad y civiles. Todos los haitianos tienen el derecho constitucional a portar armas de fuego siempre que obtengan la autorización pertinente de la policía, pero la circulación y posesión de armas (ilegítimas en la mayoría de los casos) se ha generalizado en el correr de los años.

Las investigaciones llevadas a cabo durante 2004 y principios de 2005 por el Estudio sobre Armas Pequeñas y Ligeras, proyecto con sede en Ginebra, indican que en Haití hay aproximadamente 170.000 armas pequeñas en manos de individuos, distintos grupos armados y bandas delictivas, organismos de seguridad y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.(7) De acuerdo con el Estudio sobre Armas Pequeñas y Ligeras, no existe en Haití un registro completo, preciso o actualizado sobre la tenencia de armas; el registro nacional de armas de fuego fue suspendido, aunque a principios de 2005 se expidieron algunas licencias para la tenencia de armas. Las estadísticas oficiales recogidas por el Estudio indican que en 2001 la Policía Nacional había registrado 20.300 armas de propiedad legítima de particulares.(8)

El despliegue público de armas por ex rebeldes y ex militares ha sido una práctica reiterada, tolerada por las autoridades y los funcionarios de la MINUSTAH. Pese a que los ex militares han amenazado frecuentemente con dar un golpe de Estado, hasta diciembre de 2004 el gobierno no adoptó ninguna medida convincente para desarmarlos u obligarlos a retirarse de los edificios públicos –incluidas comisarías de policía– que estaban ocupando.

Desde la asunción al poder del Gobierno de Transición a principios de marzo de 2004 no se ha hecho ningún esfuerzo serio para abordar la cuestión del desarme, a pesar del brusco aumento de la violencia y las muertes ocasionadas por armas de fuego. Resulta patente que el gobierno carece de la voluntad política de abordar seriamente la cuestión, pese a que cuenta con el apoyo de la MINUSTAH para la elaboración y aplicación de un programa de desarme, desmovilización y reintegración. El secretario general y el Consejo de Seguridad de la ONU han hecho reiterados llamamientos a las autoridades haitianas para que encaren la cuestión del desarme con la máxima urgencia, pero la aplicación de un programa integral de desarme, desmovilización y reintegración sigue pendiente.

La escasez de actividades de desarme, desmovilización y reintegración durante el año en que se ha contado con la presencia del contingente de la ONU podría tener un impacto muy negativo sobre el clima político que rodea las próximas elecciones, y la comunidad internacional debe ocuparse de esta cuestión. La peligrosa combinación de proliferación de armas, elevada tasa de desempleo (casi 60 por ciento) y desconfianza entre distintos sectores sociales y políticos ha contribuido al surgimiento de una situación sumamente inestable, que la presencia de la MINUSTAH sólo puede contrarrestar de manera parcial.

En 2004 se hicieron algunos esfuerzos limitados para alentar a los haitianos a desarmarse voluntariamente, pero la iniciativa carecía de un marco concreto que permitiera abordar las cuestiones más generales relativas al desarme. El Gobierno de Transición decidió que el 15 de septiembre se vencería el plazo para la entrega voluntaria de armas. Las autoridades plantearon la posibilidad de que después de esa fecha la policía, con la colaboración de la MINUSTAH, emprendiera acciones más enérgicas para desarmar a los grupos armados ilegales. Sin embargo, el vencimiento del plazo pasó casi desapercibido y se hizo patente que ni las autoridades haitianas ni la MINUSTAH habían establecido un marco coordinado que permitiera dar comienzo al proceso de desarme o que, si tal marco existía, no se había activado.

Además, parecía que las autoridades haitianas toleraban la existencia de algunos grupos armados ilegales, como los formados por ex rebeldes y ex militares y sus acólitos, mientras que perseguían a las bandas armadas a las que atribuían vínculos con Jean-Bertrand Aristide. En octubre y noviembre de 2004, los delegados de Amnistía Internacional presenciaron cómo el despliegue público de armas por parte de miembros de las ex Fuerzas Armadas de Haití, tanto en la capital como en otras ciudades, era tolerado por agentes de policía y funcionarios de la MINUSTAH. Durante el mismo periodo (antes del 20 de marzo de 2005, fecha en que la MINUSTAH llevó a cabo una operación que dio fin a la ocupación de la comisaría de Petite-Goâve), los delegados de Amnistía Internacional observaron cómo ex militares cumplían funciones de mantenimiento del orden sin que ello se cuestionara.

Al avanzar el año 2004, el Gobierno de Transición comenzó a enfrentarse a su ineficacia a la hora de llevar a cabo el desarme, la desmovilización y la reintegración, mientras la MINUSTAH se centraba en proyectos comunitarios de pequeña envergadura destinados a poner freno a la delincuencia y la circulación de armas. La experiencia de un proyecto anterior del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en la zona de Carrefour-Feuilles (en el suroeste de Puerto Príncipe) resultó muy útil para evaluar la respuesta de las comunidades afectadas. En el marco de ese proyecto se habían establecido contactos con la comunidad durante más de un año a fin de crear un clima de confianza, y se había conseguido que los miembros de la comunidad entregaran voluntariamente sus armas a cambio de beneficiarse con programas de microcréditos. A finales de 2004, la MINUSTAH estaba considerando la posibilidad de extender este proyecto piloto a otras zonas de la capital.

La capacidad del Gobierno de Transición para abordar la cuestión del desarme durante 2004 se vio restringida por la ausencia de autoridad estatal en la mayor parte del país. Durante la rebelión de febrero de 2004 se desintegraron los servicios públicos y la administración pública; los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley abandonaron sus tareas; las comisarías de policía, las prisiones y los juzgados fueron saqueados, incendiados y destruidos; y los delegados locales de distintas instancias administrativas se dieron a la fuga o fueron destituidos. En este vacío de autoridad estatal, los ex rebeldes y ex militares, arma en mano, se hicieron con el control de gran parte del país. Pese a este panorama, al finalizar el primer semestre de 2005 se hizo patente que el Gobierno de Transición carecía de la voluntad política de abordar la cuestión del desarme, la desmovilización y la reintegración de una manera integral y sistemática.

Los ex militares, alentados por su posición ventajosa, obligaron al Gobierno de Transición a acceder a sus exigencias de que se les proporcionara una compensación económica y se permitiera la integración a la Policía Nacional de quienes así lo desearan. Se creó el Departamento de Gestión para Militares Desmovilizados (Bureau de gestion des militaires démobilisés), al que se encargó ocuparse de las quejas de los miembros de las ex Fuerzas Armadas de Haití. Éstos pedían que se les pagaran los sueldos no percibidos desde su desmovilización en 1995 y que se hicieran efectivos los fondos correspondientes a las jubilaciones militares. El Gobierno de Transición acordó el pago de un total de 28 millones de dólares estadounidenses en tres plazos. No obstante, no se ha tomado medida alguna para asegurar que los ex militares entreguen sus armas ni se ha condicionado el pago final a la desmovilización total. Aunque muchos ex militares han expresado su deseo de desarmarse y desmovilizarse, no se ha llegado a un acuerdo entre las distintas facciones y muchos se han negado a entregar las armas.

El 3 de febrero de 2005, casi un año después del comienzo de la rebelión que derrocó al gobierno del presidente Aristide, el Gobierno de Transición aprobó finalmente un decreto presidencial mediante el que se creaba la Comisión Nacional de Desarme. Unas semanas después se nombraron miembros de la Comisión a representantes del gobierno y la sociedad civil. No obstante, a la fecha de redactarse este documento la Comisión carecía de un marco de aplicación para el plan de desarme, desmovilización y reintegración y no contaba con los fondos necesarios para efectuar y mantener la reintegración de los combatientes desmovilizados, elemento esencial del proceso de desarme, desmovilización y reintegración. En su informe de misión de abril de 2005, el Consejo de Seguridad de la ONU se refirió a la Comisión para expresar su preocupación por "su limitada jurisdicción y su actitud ambigua respecto de un enfoque cabal de la cuestión, que incluya en particular al antiguo personal militar".(9)

El 12 de marzo de 2005, un grupo de ex militares hicieron entrega simbólica de sus armas en Cap Haïtien, acto que señalaba su retorno a la vida civil. No obstante, durante la ceremonia oficial a la que asistieron, entre otros, el primer ministro Gérard Latortue y el representante especial del secretario general de la ONU Juan Gabriel Valdés, 325 soldados recién desmovilizados entregaron apenas siete armas destartaladas. Se teme que las armas se estén transfiriendo a otras facciones de ex militares o se estén almacenando. La muerte de dos dirigentes de los ex militares, Ramisinthe Ravix y René Jean Anthony (alias "Grenn Sonnen"), ocurrida el 8 de abril de 2005 durante enfrentamientos con miembros de la MINUSTAH y la Policía Nacional, podría tener consecuencias sobre el futuro del programa de desarme, desmovilización y reintegración de ex militares, ya que podría poner en peligro la unidad de este sector frente a la cuestión del desarme.

sa240 El éxito del desarme, la desmovilización y la reintegración depende también del desarrollo de las infraestructuras, los servicios públicos y las instituciones. El desarme y la desmovilización de los combatientes y su reintegración en la sociedad no pueden llevarse a cabo en un vacío político y jurídico. La Policía Nacional no podrá absorber a todos los candidatos que reúnan los requisitos necesarios para la desmovilización a menos que cuente con estrategias y programas a largo plazo que le permitan proporcionar formación y garantizar la profesionalización. La promoción del empleo sostenible y la formación debería ser una cuestión prioritaria en el marco de los programas de reintegración de los ex rebeldes y miembros de bandas y debería estar destinada a garantizar sus medios de vida.

2. La MINUSTAH, un año después

En junio de 2005 se cumplió el primer aniversario del despliegue de la MINUSTAH en Haití. El despliegue, que comenzó lentamente en junio de 2004, había cobrado impulso a finales de 2004. En mayo de 2005 habían ocupado sus puestos 6.211 de los 6.700 militares autorizados por el Consejo de Seguridad y 1.413 del total previsto de 1.622 miembros de la CIVPOL.(10) En junio de 2005 se seguía esperando al resto del contingente; en su informe del 13 de mayo de 2005, Kofi Annan, secretario general de la ONU, propuso que se ampliara el componente militar de la misión a 7.500 efectivos.

Brasil asumió el mando de las fuerzas militares de la MINUSTAH en virtud de haber enviado más de 1.200 soldados. Argentina, Uruguay y Chile también han enviado un importante número de efectivos. El chileno Juan Gabriel Valdés es el representante especial del secretario general de la ONU en Haití y jefe de misión.

En su Resolución 1542 del 30 de abril de 2004, el Consejo de Seguridad de la ONU encargó a la MINUSTAH, entre otras cosas:

· Establecer un entorno seguro y estable en el que se pueda desarrollar el proceso político y constitucional en Haití ayudando al Gobierno de Transición a extender la autoridad del Estado a todas las zonas del país, establecer un proceso de diálogo y reconciliación nacional y organizar, supervisar y llevar a cabo elecciones libres y limpias.

· Ayudar al Gobierno de Transición en la supervisión, reestructuración y reforma de la Policía Nacional de Haití mediante el examen de los antecedentes y la formación, supervisión y asesoramiento de los agentes de policía.

· Prestar asistencia al Gobierno de Transición y a la Policía Nacional de Haití mediante programas amplios de desarme, desmovilización y reintegración, así como mediante medidas destinadas a restablecer el Estado de derecho, la seguridad y el orden público.

· "Proteger a los civiles, en la medida de sus posibilidades, […] sobre los cuales se cierna una amenaza inminente de ataque físico",(11) y apoyar al Gobierno de Transición y a las organizaciones no gubernamentales de Haití en sus esfuerzos por promover y proteger los derechos humanos y asegurar la responsabilidad individual por los abusos cometidos contra los derechos humanos y el resarcimiento de las víctimas.

· Vigilar la situación de los derechos humanos, incluida la situación de los refugiados y las personas desplazadas que regresan, y presentar informes al respecto.

El mandato de la MINUSTAH pone especial énfasis en la necesidad de apoyar al Gobierno de Transición, pero la inacción de las autoridades haitianas a la hora de ocuparse de varios asuntos clave como el desarme, la desmovilización y la reintegración, el restablecimiento del Estado de derecho y la exigencia de rendición de cuentas individual por los abusos cometidos contra los derechos humanos podría ser perjudicial para los esfuerzos emprendidos por la MINUSTAH en estas esferas. Además, las deficientes relaciones entre el Gobierno de Transición y la sociedad civil podrían obstaculizar los esfuerzos encaminados a establecer un proceso de diálogo y reconciliación nacional y proteger y promover los derechos humanos.

A la luz de la actual situación de los derechos humanos en Haití, la MINUSTAH ha sido criticada por su inhabilidad para emprender acciones enérgicas destinadas a prevenir los abusos contra los derechos humanos, especialmente los perpetrados por agentes de la Policía Nacional.(12) Funcionarios de la MINUSTAH manifestaron a la delegación de Amnistía Internacional que la misión no está dotada de las facultades ejecutivas necesarias para emprender actividades independientes en la esfera policial y cumplir plenamente con ciertas disposiciones concretas de su mandato, especialmente en materia de la protección de los civiles sobre los que se cierna una amenaza inminente. El apoyo del que puede disfrutar la MINUSTAH entre la población haitiana se desvanece cada vez que se hace público un abuso presuntamente cometido con impunidad por agentes de la policía. Ese apoyo también se ha ido debilitando entre los habitantes de los barrios marginales y los partidarios de Familia Lavalas –que actualmente constituye la principal fuerza política de Haití– debido a que la MINUSTAH tiene la obligación de prestar asistencia a la Policía Nacional, cuyos agentes siguen cometiendo abusos generalizados contra miembros de ambos sectores.

Garantizar la seguridad

Se han realizado algunos avances en los esfuerzos por crear un entorno seguro en el que se pueda garantizar la ayuda humanitaria. Ésta se ha vuelto especialmente importante desde las inundaciones que sufrió Gonaïves en septiembre de 2004. No obstante, todavía queda mucho por hacer, ya que las amenazas contra la población civil, en especial en la capital, han persistido e incluso aumentado desde marzo de 2005. Los delitos comunes, incluidos los secuestros de civiles y los ataques armados contra civiles, siguen sembrando el pánico entre la población y amenazan con perjudicar las próximas elecciones. El número de secuestros llevados a cabo para pedir rescate va en aumento y por primera vez, a principios de mayo, un grupo de funcionarios civiles de la MINUSTAH fueron tomados como rehenes.

En su informe de fecha 25 de febrero de 2005, el secretario general de la ONU describe mejoras en la situación de seguridad de Haití.(13) El secretario general observa que "la situación ha mejorado considerablemente desde finales de noviembre de 2004; gracias al aumento de su dotación militar y de policía civil, la MINUSTAH, en cooperación con la Policía Nacional de Haití (PNH), pudo realizar con éxito operaciones de seguridad y sentar las bases para una mayor estabilidad". No obstante, la situación seguirá siendo inestable mientras no se haya finalizado el proceso de desarme, desmovilización y reintegración y desplegado un número suficiente de agentes de policía.

Una de las dificultades a las que se sigue enfrentando la MINUSTAH es la falta de poder e información militares para proteger las zonas donde la violencia afecta a los haitianos día a día. Esto ocurría, y hasta cierto punto sigue ocurriendo, en los barrios marginales de Puerto Príncipe como Cité Soleil, Bel-Air, Martissant, Delmas y Village de Dieu. Los civiles son las víctimas cotidianas de bandas armadas y operaciones policiales represivas. Aunque la MINUSTAH mantiene una presencia mínima en estas zonas, el impacto de su presencia militar se circunscribe a las calles principales en las que están desplegadas sus patrullas. En el laberinto de pequeños callejones que se extiende por todo el barrio de Cité Soleil, la población civil sigue sufriendo graves abusos como homicidios, violaciones, incendios y saqueos cometidos con impunidad por las bandas armadas. En otros barrios marginales de la capital, la seguridad se ve amenazada tanto por las bandas armadas locales como por las operaciones que lleva a cabo la policía en ausencia de sus homólogos de la MINUSTAH/CIVPOL.

El 20 de marzo de 2005, la MINUSTAH sufrió sus primeras pérdidas durante una serie de operaciones emprendidas con el fin de recuperar el control estatal sobre dos comisarías de policía en Petite-Goâve y Terre-Rouge. Las comisarías estaban ocupadas por ex militares desde noviembre de 2004 y no había presente en ellas ningún agente de policía. Los ex militares cumplían ilegítimamente tareas de mantenimiento del orden público. En noviembre, la delegación de Amnistía Internacional recibió informes sobre actos de intimidación, hostigamiento y represalia dirigidos contra partidarios de Familia Lavalas. El juez de paz de Petite-Goâve dependía de los ex militares para la realización de detenciones y la entrega de citaciones. Los ex militares tenían bajo custodia a cuatro personas en la comisaría ocupada. Se registraban situaciones similares en diferentes zonas del país donde los ex militares contaban con nutridos contingentes pese a la presencia de la MINUSTAH.

Proteger a la población civil

Los informes recibidos durante la fase inicial del despliegue de la MINUSTAH indicaban que se había puesto un énfasis excesivo en la protección del personal y los bienes de la MINUSTAH y otras delegaciones de la ONU en Puerto Príncipe y Gonaïves en detrimento de la protección de la población civil. Según los informes, algunos contingentes de la MINUSTAH se abstuvieron de prestar ayuda a civiles que eran hostigados o amenazados abiertamente por agentes de policía o delincuentes, pese a que, en algunos casos, se encontraban cerca del lugar de los hechos. Esto puede haber sido fruto de un malentendido sobre las reglas de intervención o de un cumplimiento estricto de la disposición de su mandato en la que se establece que debe protegerse a los civiles "sobre los cuales se cierna una amenaza inminente de ataque físico, sin perjuicio de las obligaciones del Gobierno de transición y de las autoridades policiales". No obstante, según informes, el 4 de marzo de 2005 un contingente militar de la MINUSTAH se interpuso entre manifestantes partidarios de Familia Lavalas y agentes de la Policía Nacional desplegados para controlar a la multitud. La maniobra de la MINUSTAH fue elogiada por los manifestantes pero creó tensiones entre los funcionarios de la misión y las autoridades gubernamentales, que la calificaron de infracción del mandato de la misión. El incidente tuvo lugar unos días después de la muerte de al menos una persona a manos, según informes, de la policía durante una manifestación pacífica vigilada por personal de la MINUSTAH.

En algunas ocasiones han surgido tensiones entre la función de protección de la población civil y la de asistencia a la Policía Nacional. La primera incentivaba al personal de la misión a entablar una relación conciliatoria con los residentes de barrios pobres y granjearse su confianza, pero esta estrategia podía inhibir el apoyo pleno a las operaciones policiales en esos barrios. Según informes, algunas fuerzas de la MINUSTAH patrullan activamente algunas zonas de la capital y entablan buenas relaciones con los civiles.

Proteger y promover los derechos humanos

Uno de los más graves motivos de preocupación en torno a la aplicación del mandato de la MINUSTAH ha sido la ausencia de informes frecuentes, exhaustivos y públicos durante los primeros 10 meses por parte del representante especial del secretario general de la ONU y del jefe de la CIVPOL. La ausencia de informes públicos ha hecho difícil saber cuáles son las medidas que se han adoptado para proteger y promover los derechos humanos. En abril de 2005 no se había publicado prácticamente ningún documento que contuviera información pormenorizada sobre las medidas adoptadas en la esfera de los derechos humanos con arreglo al mandato de la MINUSTAH establecido en la Resolución 1542 del Consejo de Seguridad.

En noviembre de 2004 Amnistía Internacional instó a las autoridades haitianas a emprender una investigación exhaustiva, independiente e imparcial sobre las denuncias de violaciones de derechos humanos atribuidas a agentes de policía, incluidos los informes sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales en Fort National (véase el capítulo 3). Amnistía Internacional acogió positivamente el anuncio de un portavoz de la CIVPOL, en noviembre de 2004, acerca del inicio de una investigación sobre las ejecuciones presuntamente llevadas a cabo en Fort National. No obstante, no se ha hecho público ningún dato sobre los avances de esta investigación. Tampoco se han publicado las conclusiones de la investigación realizada sobre el homicidio de al menos siete presos de la Penitenciaría Nacional a manos de la policía en diciembre de 2004.

Amnistía Internacional considera que deben hacerse públicos los resultados de tales investigaciones a fin de garantizar el máximo impacto sobre la población de Haití y los perpetradores de abusos contra los derechos humanos, ya se trate de agentes del Estado o de civiles. Los informes deben difundirse tanto en el ámbito nacional como en el internacional.

Amnistía Internacional ha recomendado en reiteradas ocasiones que las operaciones de mantenimiento de la paz publiquen informes frecuentes y exhaustivos sobre sus actividades y los resultados de sus investigaciones, especialmente en la esfera de los derechos humanos. La organización teme que el silencio transmita un mensaje de tolerancia de los abusos. La publicación por la MINUSTAH de información sobre los abusos contra los derechos humanos perpetrados por agentes estatales y no estatales contribuiría al combate contra la impunidad y a la toma de conciencia sobre cuestiones de derechos humanos en Haití. La amplia difusión de esta información entre la comunidad nacional e internacional transmitiría el mensaje inequívoco de que la misión está comprometida con la defensa de los derechos humanos y el combate contra la impunidad.

3. La Policía Nacional de Haití y los derechos humanos

Lè yo rentre nan zon la, tout moun viktim.

(Cuando ellos [los policías] llegan, todos se convierten en víctimas.)(14)

La misión consideró asombroso que algunas autoridades provisionales afirmaran que el Estado no cometía violaciones de los derechos humanos.(15)

Las normas internacionales que regulan el uso de la fuerza y de armas de fuego establecen de forma inequívoca que los medios letales sólo deben utilizarse como último recurso en respuesta a un peligro inminente de muerte o lesiones graves y únicamente cuando se hayan agotado todas las demás medidas.(16) Sin embargo, el uso periódico de medios letales por los agentes de policía haitianos constituye un desacato de estas disposiciones, así como una infracción de las leyes nacionales y del código interno de ética policial de 1995, incluido el lema policial "Protéger et servir"(proteger y servir).

Uno de los principales desafíos a los que se enfrentó el Gobierno de Transición era el de garantizar el respeto a los derechos humanos y su protección, ya que la Policía Nacional de Haití había sido responsable de numerosas violaciones de derechos humanos durante el gobierno anterior. Amnistía Internacional había documentado un cuadro de uso de fuerza excesiva y había formulado recomendaciones a las autoridades haitianas con el fin de que se hiciera rendir cuentas a la policía de sus violaciones de la ley.

Este desafío es especialmente importante dada la creciente inseguridad creada por las oleadas de violencia política y crimen organizado que se han desatado sobre la capital y otras zonas del país. Es frecuente que los agentes de policía tengan que combatir contra bandas fuertemente armadas y mejor equipadas que ellos. Varios policías han muerto durante estos enfrentamientos.

La fuerza policial tiene una dotación insuficiente de personal, y carece de equipo y formación adecuados pese al esfuerzo sostenido de la comunidad internacional para prestarle asistencia en sus programas de formación y profesionalización desde su creación en 1995. La intensa politización existente durante el gobierno de Aristide, unida al alto grado de corrupción en el seno de la Policía Nacional, han sido responsables, en parte, de la deficiente actuación policial. Continúan recibiéndose denuncias sobre graves violaciones de derechos humanos cometidas por la policía.

Durante sus conversaciones con los representantes de Amnistía Internacional, muchos residentes de los barrios menos privilegiados de la capital describieron a la policía no como una fuerza protectora sino como algo que inspiraba temor, similar a una fuerza hostil. Progenitores y amigos de personas muertas a manos de la policía expresaron su angustia por el hecho de ser blanco de la policía únicamente debido a sus opiniones políticas o condición social. En los barrios pobres de la capital, los miembros de las bandas –en su gran mayoría, hombres jóvenes y niños– sobreviven mediante actividades delictivas. Los informes indican que, cuando llevan a cabo operaciones en esas zonas, las fuerzas policiales persiguen a los hombres jóvenes por considerarlos delincuentes en potencia ("bandits") y que muchos mueren como consecuencia del excesivo uso de la fuerza por parte de la policía.

En numerosos casos, los informes policiales sobre enfrentamientos o "tiroteos" con los "bandidos" son cuestionados por los testigos de los hechos. Amnistía Internacional considera que la frecuencia del empleo de medios letales y la ausencia de investigaciones prontas, exhaustivas y eficaces apuntan a un cuadro de homicidios ilegítimos o ejecuciones extrajudiciales.

Entre estos casos está el de la muerte de al menos 11 personas en Fort National y Carrefour Péan en octubre de 2004. Hasta la fecha, los resultados de las investigaciones no se han hecho públicos y no se han exigido responsabilidades a nadie. La información de primera mano –incluidas declaraciones de testigos– recogida por los delegados de Amnistía Internacional indica que, contrariamente a las declaraciones oficiales, en estos hechos estuvieron involucrados agentes de la Policía Nacional.

Amnistía Internacional siente honda preocupación por el hecho de que las autoridades provisionales sean incapaces de impedir las violaciones graves de los derechos humanos por parte de la policía. La organización ha planteado este y otros motivos de preocupación directamente a las autoridades haitianas, conjuntamente con el representante especial del secretario general de la ONU en Haití y el jefe de la CIVPOL, con la esperanza de que se investiguen las denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales y otras graves violaciones de derechos humanos y se haga rendir cuentas a los responsables.

Algunos agentes de policía usan pasamontañas, hecho que algunos civiles y defensores de los derechos humanos consideran intimidante. Los delegados de Amnistía Internacional observaron que los policías no exhibían ningún tipo de insignia o identificación personal salvo, de vez en cuando, el logotipo policial. De este modo, resulta prácticamente imposible identificar a un agente por su rango, nombre o número. En consecuencia, es frecuente que las víctimas de abusos policiales carezcan de los medios de identificar a sus agresores, lo cual representa un grave obstáculo a la hora de presentar quejas oficiales contra agentes de la policía. Por lo general, las víctimas se ven obligadas a pedir a organizaciones no gubernamentales nacionales o internacionales que planteen su caso a las autoridades, pero las posibilidades de resarcimiento son sumamente limitadas.

Amnistía Internacional considera que faltan la voluntad política, los recursos y los mecanismos necesarios para determinar si los agentes de policía son responsables de violaciones de derechos humanos. Pese a las promesas formuladas por el primer ministro provisional, Gérard Latortue, no se ha creado una comisión independiente encargada de investigar los abusos policiales. Los enjuiciamientos en casos de ejecución extrajudicial, malos tratos y otros abusos contra los derechos humanos siguen siendo puramente teóricos. Con harta frecuencia, las investigaciones fallan a la hora de determinar la identidad del presunto autor de los abusos y no se ajustan a las disposiciones de las normas internacionales. No se protege la escena de los tiroteos, y las pruebas forenses y de balística quedan contaminadas, se retiran del lugar o desaparecen. Habitualmente, las víctimas de muerte por arma de fuego son llevadas al depósito de cadáveres del Hospital Universitario Estatal de Haití, pero no se confeccionan informes de la autopsia.(17) Algunos progenitores de las víctimas se abstienen de acudir al depósito de cadáveres por temor a sufrir represalias o porque no pueden costear la suma necesaria para llevarse el cadáver a los efectos de darle una sepultura adecuada. Según informes, los cadáveres que no han sido reclamados se entierran, junto con los residuos del hospital, en Titanyen, terreno baldío situado al norte de Puerto Príncipe.(18) Se ha afirmado que a algunos cadáveres los transportan directamente del lugar del crimen a Titanyen, con lo cual las víctimas "desaparecen".

La legislación haitiana y las obligaciones del Estado

La Constitución de Haití garantiza el derecho a la vida.(19) También define a la policía como una fuerza armada que actúa bajo la dirección del Ministerio de Justicia y ha sido "establecida con el fin de garantizar el orden público y el cumplimiento de la ley y proteger la vida y los bienes de los ciudadanos".(20)

Según los informes disponibles, los agentes de policía actúan guiados por el Código Deontológico (conjunto de reglas o deberes éticos de carácter interno) aprobado en 1995. La infracción de las disposiciones del Código puede acarrear sanciones disciplinarias o penales.

Cuando esté autorizado por la ley a hacer uso de la fuerza y, en especial, a utilizar armas, el funcionario policial sólo podrá hacer un uso estrictamente necesario de ellas, que guarde proporción con el objetivo que desea alcanzar.

Artículo 9 del Código Deontológico de 1995.(21)

El Código Penal de Haití contiene disposiciones acerca del combate de la violencia por agentes estatales:

Cuando un funcionario del Estado o de los servicios públicos, o un administrador, o un responsable o agente del gobierno o de la policía, o un ejecutor de órdenes o sentencias judiciales, o un comandante en jefe o subcomandante de la fuerza pública, haya, sin motivo legítimo, usado u ordenado el uso de medios violentos contra una persona en el ejercicio de sus funciones o en relación con su ejercicio, será castigado de acuerdo con la naturaleza o la gravedad de los actos de violencia cometidos […].(22)

Artículo 147 del Código Penal

Cuando los abusos cometidos por agentes estatales tengan como consecuencia la muerte de una persona, el Código Penal prescribe como castigo la cadena perpetua con trabajos forzados, máxima pena prevista en la legislación haitiana desde la abolición de la pena de muerte.(23)

Haití ha suscrito varios tratados internacionales de derechos humanos, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Al hacerlo, se ha comprometido a respetar las libertades fundamentales y los derechos humanos proclamados en estos tratados, incluido el derecho a la vida, la libertad y la seguridad de la persona. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por Haití en 1977, también contiene disposiciones relativas al derecho a la vida.

Amnistía Internacional ve con preocupación que en varios casos las fuerzas de seguridad han contravenido leyes nacionales e internacionales que prohíben la privación arbitraria de la vida y han actuado fuera de los límites establecidos por las normas internacionales que regulan el uso de medios letales. Los principios relativos al uso de armas de fuego contra las personas están recogidos en el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley y los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.

La responsabilidad del gobierno en relación con las ejecuciones extrajudiciales se explica en detalle en la Observación general del Comité de Derechos Humanos sobre el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos:

La protección contra la privación arbitraria de la vida […] es de importancia capital. El Comité considera que los Estados Partes no sólo deben tomar medidas para evitar y castigar los actos criminales que entrañen la privación de la vida, sino también evitar que sus propias fuerzas de seguridad maten de forma arbitraria. La privación de la vida por las autoridades del Estado es una cuestión de suma gravedad. Por consiguiente, la ley debe controlar y limitar estrictamente las circunstancias en que dichas autoridades pueden privar de la vida a una persona

La conducta de los agentes de la Policía Nacional no parece haberse ajustado a las disposiciones del artículo 3 del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, que establece que la fuerza sólo podrá usarse "cuando sea estrictamente necesario". En el comentario oficial sobre el Código de Conducta se indica que el uso de la fuerza debe ser "excepcional" y que sólo podrá utilizarse la fuerza con dos propósitos: la "prevención de un delito" y "para efectuar la detención legal de delincuentes o de presuntos delincuentes o para ayudar a efectuarla". El Código de Conducta establece que el grado de fuerza utilizado debe guardar proporción con el objetivo que se ha de lograr, es decir que la fuerza sólo debe utilizarse "en la medida que lo requiera" el desempeño de las tareas de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Los Principios Relativos a una Eficaz Prevención e Investigación de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias, de la ONU, tratan, entre otras cosas, de la investigación de las ejecuciones extrajudiciales y de los procedimientos judiciales necesarios para enjuiciar a los responsables. Los Principios también establecen el derecho de los familiares y las personas que dependían de las víctimas a recibir una compensación justa y suficiente. (24)

Amnistía Internacional siente preocupación por el hecho de que ninguno de estos códigos o principios sea respetado por la Policía Nacional o aplicado adecuadamente por las autoridades de Haití.

Ejecuciones extrajudiciales y homicidios ilegítimos

Las ejecuciones extrajudiciales no han cesado, y la policía sigue negando que se cometan. Amnistía Internacional ha planteado a las autoridades varios casos en los que la organización cree que es posible que se haya hecho un uso excesivo de la fuerza durante operaciones destinadas a hacer cumplir la ley. Entre ellos están los siguientes:

· Según los informes recibidos, el 27 de octubre de 2004 cuatro hombres jóvenes fueron ejecutados sumariamente en plena luz del día en el barrio periférico de Carrefour Péan, en Puerto Príncipe. Según los testimonios recogidos por Amnistía Internacional en el lugar de los hechos, unos 15 agentes de policía llegaron a la zona en cinco vehículos policiales a eso de las once de la mañana. Dos de los vehículos fueron estacionados en forma perpendicular a la pared. Los cuatro jóvenes fueron llevados al espacio que quedaba entre los dos vehículos y asesinados a tiros. A uno de ellos le habían atado las manos a la espalda. Poco después de marcharse los vehículos, la policía llegó al lugar en otro vehículo y disparó indiscriminadamente contra algunas casas de una calle adyacente. En varias casas se observaban agujeros de bala y algunas balas todavía estaban incrustadas en las paredes. Los cuatro cadáveres quedaron expuestos en la calle; la policía sólo los recogió dos días después. Ni los vecinos ni Amnistía Internacional conocen la identidad de las víctimas. Las autoridades niegan que se haya llevado a cabo esta operación.

· En noviembre de 2004, según los informes recibidos por Amnistía Internacional, un grupo de policías vestidos de civil pertenecientes a la Compañía de Intervención y Mantenimiento del Orden (Compagnies d’intervention et de maintien de l’ordre, CIMO) –unidad especial de la Policía Nacional de Haití–, algunos de los cuales ocultaban el rostro con pasamontañas, dieron muerte a no menos de seis personas en Village de Dieu, barrio pobre de Puerto Príncipe. Las autoridades no han reconocido que se haya producido este incidente y niegan que se haya llevado a cabo esta operación. No se ha identificado formalmente a todas las víctimas.

· El 14 de enero de 2005, en Village de Dieu, unos agentes de policía llevaron a cabo una operación cuyo objetivo era prevenir las actividades de "bandidos" armados en la zona. Según informes, la policía dio muerte a dos jóvenes. De acuerdo con los informes, Abdias Jean, periodista que investigó el incidente, murió a manos de los mismos agentes. Hasta la fecha no se ha hecho rendir cuentas a nadie por estos homicidios.

Ejemplo de caso: Homicidios en Fort National Al parecer, el 26 de octubre de 2004 trece jóvenes murieron como consecuencia de disparos policiales efectuados a sangre fría en el barrio de Fort National, en Puerto Príncipe. No se han encontrado todos los cadáveres ni se han esclarecido todos los detalles, pero Amnistía Internacional conoce los nombres de nueve víctimas, a saber: Réginald François; Wilfrid Pierre; "Jean Jean", de 25 años; Laura, de 17 años; Francisco; Jephté; Fanfan Versius, de 22 años; Enzo; y Ricardo. Los homicidios tuvieron lugar por la tarde, cuando cuatro vehículos policiales y una ambulancia llegaron a la calle Estimé, en Fort National. Según informes, los ocupantes de los vehículos policiales llevaban uniformes de color negro con la inscripción "POLICÍA" en la espalda y se cubrían el rostro con pasamontañas. Algunos adoptaron posiciones de combate en la calle y otros penetraron en uno de los estrechos callejones típicos de los barrios más pobres de Puerto Príncipe. Según declaraciones de testigos, la policía penetró en el domicilio de Ti Richard. Éste no se encontraba allí, pero estaban presentes otras 13 personas a las que, según se afirmó, los agentes obligaron a tumbarse en el suelo para después disparar contra ellas sin que mediara provocación alguna y sin ningún otro motivo aparente. Los cuerpos de cuatro de las víctimas fueron encontrados posteriormente en el depósito de cadáveres del Hospital Universitario Estatal de Haití. Los demás cuerpos nunca han sido hallados y se cree que fueron llevados a Titanyen, un vertedero de residuos de las afueras de Puerto Príncipe donde con frecuencia se abandonan cadáveres. Pese a la existencia de numerosos testigos y otras pruebas, el director departamental de la policía, Renan Étienne, afirmó que no había ordenado la realización de ninguna operación en Fort National el 26 de octubre. El 28 de octubre, una portavoz de la policía declaró que se había "comunicado con las unidades policiales que llevaron a cabo operaciones ese día, pero no se informó de ningún incidente en Fort National, y no se produjo ninguna actividad policial en este barrio".(25)

Entre otros casos de posibles ejecuciones extrajudiciales y homicidios ilegítimos ocurridos en 2005 están los siguientes:

· El 5 de enero, Jimmy Charles fue detenido por soldados de la MINUSTAH, que lo entregaron a la Policía Nacional. Ésta lo condujo a la comisaría del Servicio de Investigación de la Delincuencia Organizada de Puerto Príncipe. Posteriormente quedó en libertad, pero el 14 de enero su cadáver, acribillado de balas, apareció en el depósito de cadáveres del Hospital Universitario Estatal de Haití.

· El 30 de enero, a Wilken Bosse, de 17 años, lo arrastraron fuera de su casa en Corridor Bassia y lo mataron a tiros en la calle; al parecer, sus agresores eran agentes de policía. A las cinco de la mañana del mismo día, a Rodrigue Bonin (también conocido como "La Rivière"), de 46 años, lo sacaron de su casa y le dispararon dos tiros en la cabeza; según se afirmó, los agresores eran policías. Wilken Bosse murió en el hospital el 4 de febrero.

· El 4 de febrero, un niño de 14 años, Jeff Joseph, fue víctima de homicidio cuando se dirigía a un comercio de la calle San Fil, en Bel-Air. De acuerdo con los informes, los responsables eran agentes de policía.

· El 5 de febrero, Steve Blemy, de 21 años, murió, según informes, a manos de policías que llevaban uniformes de color negro, en la calle Fontforts, en Bel-Air, Puerto Príncipe.

· El 28 de febrero, unos agentes de policía abrieron fuego contra una manifestación pacífica de partidarios de Familia Lavalas en Bel-Air, Puerto Príncipe, causando la muerte de al menos una persona.

· El 27 de abril, según indican los informes, unos policías dispararon indiscriminadamente contra una manifestación pacífica de partidarios de Familia Lavalas cerca de la sede de la ONU en Puerto Príncipe, dando muerte a no menos de cinco personas y causando lesiones a varias más, de las cuales cuatro murieron posteriormente como consecuencia de las heridas sufridas. Las víctimas, una mujer y ocho hombres, fueron: Reginald Colon, de 32 años; Stevenson St-Cloud, de 21; James Lahens; Mackenzie André; Roland Gustave; Nelson Auguste; "Ti Jelé"; Claudine Joseph; y Delage Mesnel.

Detenciones arbitrarias

Las autoridades policiales y judiciales de Haití tienen una larga tradición de practicar detenciones como medida preventiva sin que medie ninguna acusación y sin base legal alguna. Los detenidos pueden permanecer privados de libertad durante periodos prolongados. En muchos casos los obligan a pagar una suma de dinero a cambio de su libertad o de que los hagan comparecer ante un juez a fin de que éste decida si su detención es legítima. En su gran mayoría, los detenidos no pueden sufragar los honorarios de un abogado.(26)

La legislación haitiana establece que la detención puede practicarse en el curso de la ejecución de una orden dictada por una autoridad judicial o cuando se atrapa a una persona en el momento de cometer un delito. Pese a estas claras disposiciones, es frecuente que se practiquen detenciones sin que se cumpla ninguno de estos dos requisitos.

Los partidarios de Familia Lavalas han sido blanco de redadas policiales en los barrios pobres de la capital, donde este partido cuenta con un fuerte apoyo. En otras zonas en las que la presencia policial es más reducida, los partidarios de Familia Lavalas suelen ser detenidos por ex militares y attachés(auxiliares civiles armados).

Cientos de personas siguen privadas de libertad sin que, en su gran mayoría, hayan sido acusadas formalmente. En algunos casos se retiene a los detenidos pese a que las autoridades judiciales han ordenado directamente su puesta en libertad.

4. Abusos contra los derechos humanos cometidos por bandas y grupos armados

Desde principios de 2004 ha venido aumentando espectacularmente la violencia de las bandas y grupos armados en la capital, paralizando, en algunas ocasiones, las actividades económicas en el centro de la ciudad.

Esta violencia es obra de distintos grupos armados participantes en la rebelión que derrocó a Jean-Bertrand Aristide y las bandas armadas que apoyaban al ex presidente. Entre dichos grupos están el Ejército Caníbal, que cambió su nombre por el de Frente de Resistencia de Artibonite (Front de résistance de l’Artibonite); los ex militares reagrupados bajo el liderazgo de Louis-Jodel Chamblain y Guy Philippe en el Frente de Resistencia del Norte (Front de résistance du Nord); y las bandas armadas conocidas como chimères, leales a Jean-Bertrand Aristide. Todos han sido responsables de numerosos abusos contra los derechos humanos. Amnistía Internacional siente honda preocupación por el hecho de que estos grupos y bandas sigan armados y en actividad, y continúen cometiendo abusos contra los derechos humanos impunemente.

Bandas armadas

Desde el 30 de septiembre de 2004 se han venido poniendo en evidencia las actividades delictivas de las bandas armadas, especialmente durante las manifestaciones celebradas para conmemorar el 13er aniversario del golpe militar que derrocó a Jean-Bertrand Aristide en 1991. Por esas fechas se produjo una oleada de incidentes violentos cuyos autores, según se afirmó, eran miembros de bandas armadas partidarias de Aristide. Las autoridades actuaron con prontitud para poner freno a la delincuencia y la violencia en el centro de Puerto Príncipe mediante operaciones policiales a gran escala.

No obstante, la intervención policial no garantizó la seguridad de los comerciantes y otros ciudadanos en las zonas afectadas sino que, por el contrario, las operaciones de la policía se vieron empañadas por la comisión de graves violaciones de derechos humanos, entre ellas detenciones arbitrarias, malos tratos y homicidios ilegítimos.

La guerra que se libraba entre distintas bandas parece haber disminuido tras el homicidio, el 31 de marzo de 2005, de Thomas Robinson, alias "Labanye", a manos de miembros de una banda rival. Thomas Robinson controlaba el barrio de Boston, en Cité Soleil, y, según informes, mantenía vínculos tanto con la ex oposición a Jen-Bertrand Aristide como con el gobierno actual. Pese a ello, la población de Cité Soleil en especial sigue siendo víctima de abusos contra los derechos humanos cometidos por las bandas que controlan la zona. Causa honda preocupación la incidencia de actos de violencia contra las mujeres en este barrio marginal (véase el capítulo 6).

Ex personal militar

El Gobierno de Transición y la MINUSTAH parecen estar dando muestras de una mayor tolerancia hacia los miembros de las ex Fuerzas Armadas de Haití y los miembros de otros grupos ilegales. En particular, no han actuado para impedir que estos grupos desarrollen actividades ilegales y cometan abusos contra los derechos humanos como homicidios ilegítimos, detenciones arbitrarias, reclusión de personas sin fundamento legal alguno, actos de intimidación y amenazas de derrocar al gobierno.

Las tensiones entre el gobierno y los ex militares siguen representando una amenaza para el restablecimiento de la democracia y de una paz duradera. Los informes indican que ha ido en aumento el resentimiento que sienten los ex militares debido a la compensación otorgada recientemente a los soldados desmovilizados en 1995. Los que fueron desmovilizados antes de aprobarse el decreto sobre desmovilización también solicitaron compensación, solicitud que fue denegada por el gobierno. Debido a ello, amenazan con oponerse a cualquier programa de desarme, desmovilización y reintegración.

Se calcula que el número de miembros desmovilizados del ex ejército haitiano que se han reagrupado en facciones armadas oscila entre los 3.000 y 5.000 en todo el país. Los ex militares afirman que el número es más elevado y que no todos los hombres que portan armas formaban parte del ejército en 1995. Los delegados de Amnistía Internacional observaron que muchos de los presuntos ex militares eran demasiado jóvenes para estar alistados en el ejército en 1995.

Los ex militares fueron vistos esporádicamente patrullando las calles de Puerto Príncipe, portando armas y vestidos con uniforme de faena. Según los informes recibidos, ni los agentes de policía ni el personal militar de la MINUSTAH los interceptó, pese a que sus actividades no estaban autorizadas por la ley y, en consecuencia, su tenencia de armas era ilegítima. La tolerancia del gobierno ha hecho posible que los ex militares compitan con la policía, consolidando así su presencia y autoridad en el ámbito local. En varios municipios, los ex militares eran las autoridades de facto, dado que la policía estuvo ausente de esas zonas desde febrero de 2004. Amnistía Internacional observó que los ex militares trabajaban activamente en la emisión de "órdenes de detención", el mantenimiento de la seguridad y la aprehensión y reclusión ilegales de miembros de la comunidad.

En última instancia, la responsabilidad de estos abusos recae en el gobierno (por no tomar medidas para desarmar a estos grupos y disolverlos, así como para procesar a los responsables de los abusos) y en la MINUSTAH (porque su mandato exige que proteja a los civiles y ayude a establecer y mantener el orden público). De acuerdo con la Plataforma de Organizaciones Haitianas de Derechos Humanos (Plateforme d’organisations haïtiennes des droits humains, POHDH), en julio de 2004 entre el 60 y el 70 por ciento de los abusos contra los derechos humanos de los que se tuvo noticia fueron perpetrados por ex militares. Pese a esta información y a los casos documentados por la Plataforma, las autoridades no han hecho rendir cuentas de sus actos a ninguno de los responsables.

Amnistía Internacional espera que el Gobierno de Transición esclarezca su política sobre la cuestión de los ex militares y que ello tenga como resultado el cese de los abusos contra los derechos humanos y de las actividades ilegales y, a su vez, garantice un aumento de la seguridad en Haití.

Jefes de secciones rurales

La siniestra reputación de los jefes de secciones rurales (chefs de section) y sus attachésse ha forjado a través de numerosos informes sobre abusos, extorsión, homicidios y otras violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen de Duvalier y el gobierno militar de 1991-1994.(27) Disueltos a principios de 1991 y nuevamente en 1995 por el presidente Aristide, estos jefes han reanudado sus actividades en varias zonas del país, especialmente en el departamento Central. Aprovechando el vacío de autoridad que ha reinado en algunas zonas desde la partida de Jean-Bertrand Aristide, varios jefes de sección han sido restituidos en su cargo por ex jefes militares o se han reintegrado ellos mismos con la aprobación de los ex jefes.

Según informes, había jefes de sección "en posesión del cargo" en algunas comunas del departamento Central, a saber: Ranquitte, Savanette, Belladère, Thomonde, región de Grand-Bois, Las Cahobas, Source Carbajal y Cerca Carbajal.(28) Los informes indican que también han estado actuando fuera del departamento Central, en comunas como las de Chantal (departamento Meridional), Trou du Nord, Milot, Grande Rivière du Nord, Plaine du Nord, Pignon, Accul du Nord, La Victoire y Sainte Suzanne. En estas comunidades no hay presencia de la fuerza policial ni de otros representantes del Estado.

La mayoría de los jefes de sección se hicieron con el control de secciones en las que los delegados elegidos al Consejo Administrativo de la Sección Comunal (Conseil d’administration de la section communale) habían abandonado sus cargos por temor a las represalias o simplemente habían sido destituidos cuando el Gobierno de Transición asumió el poder. Según informes recibidos de zonas remotas, rara vez se ve a personal policial o de la MINUSTAH fuera de las capitales de departamento, por lo cual la mayoría de las secciones distantes de los principales centros urbanos quedan privadas de autoridad estatal y a merced de las bandas armadas ilegales.

5. La administración de justicia

El Gobierno de Transición ha reiterado su compromiso de prevenir y castigar las violaciones de derechos humanos en Haití. No obstante, los delitos como homicidios ilegítimos, detenciones arbitrarias e ilegales, malos tratos de presos y muertes bajo custodia siguen siendo frecuentes y sus autores quedan impunes. Las autoridades han respondido a estos hechos con una tendencia a justificar las acciones policiales y desacreditar a las víctimas, calificándolas sistemáticamente de "bandidos".

No cabe duda de que la omisión de las autoridades a la hora de abordar la cuestión de la impunidad en el pasado ha tenido como resultado la continuación de los abusos contra los derechos humanos y la prolongación del conflicto. No se alcanzará una paz duradera a menos que los responsables de delitos tipificados en las leyes nacionales y en el derecho internacional sean obligados a rendir cuentas y que se proporcione resarcimiento a las víctimas.

Las normas internacionales garantizan varios derechos que salvaguardan a las personas durante la investigación de un delito. Entre ellos están la presunción de inocencia; la prohibición de la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes; la prohibición de que se obligue a un individuo a confesarse culpable o a declarar contra sí mismo; y el derecho de disfrutar de representación letrada.

El artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos reza:

Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

Además, los Estados Partes en la Convención se comprometen a desarrollar las posibilidades de recurso judicial y a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.

La administración de la justicia penal en Haití sigue siendo sumamente disfuncional. La independencia e imparcialidad de la judicatura se han visto puestas a prueba, especialmente en numerosos casos con matices políticos.

La debilidad del poder judicial es motivo de grave preocupación. Amnistía Internacional ha recibido informes sobre una serie de detenciones que podrían tener connotaciones políticas. Los retrasos a la hora de hacer comparecer a los detenidos ante un juez y la ausencia de supervisión judicial son hechos habituales en la administración de justicia. Se han practicado detenciones sobre la base de una única denuncia y sin que se llevara a cabo una investigación preliminar. Con frecuencia, las citaciones para la comparecencia ante un juez (mandat d’améner) emitidas por los jueces de paz se traducen en la aprehensión seguida de un periodo prolongado de detención preventiva.

Amnistía Internacional siente preocupación por el elevado número de detenciones arbitrarias y los casos de malos tratos durante la aprehensión y la reclusión; el acceso restringido a abogados, familiares y atención médica adecuada; y la falta de medios a disposición de los detenidos para que puedan impugnar la legitimidad de su detención.

Detención preventiva a largo plazo

Los casos de detención preventiva a largo plazo siguen siendo la regla y no la excepción en Haití. Las prisiones están abarrotadas de personas detenidas arbitrariamente y recluidas durante periodos prolongados sin que se les permita impugnar la legitimidad de su detención.

La legislación haitiana prohíbe la detención arbitraria y por tiempo indefinido, y exige que todas las personas detenidas sean llevadas ante un juez dentro de un plazo de 48 horas. (29)Este plazo legal suele ser ignorado.

Ejemplo de caso: el ex primer ministro Yvon Neptune El caso más conocido de detención preventiva a largo plazo es el del ex primer ministro Yvon Neptune. Éste se entregó a la policía el 27 de junio de 2004 tras ser acusado por una organización de derechos humanos local de ser el organizador del homicidio de una serie de activistas de la oposición, cometido como represalia el 11 de febrero de 2004 en el barrio de Saint-Marc, en La Scierie. Transcurrió casi un año antes de que lo hicieran comparecer ante un juez y lo acusaran formalmente. El 9 de julio de 2004 sus abogados presentaron una petición en la que impugnaban la competencia de los jueces de Saint-Marc sobre la base de que Yvon Neptune no recibiría un juicio justo. Seis meses después, la Corte Suprema (Cour de cassation) denegó la petición debido a que no se había pagado la suma mínima exigida para la presentación de peticiones. El 19 de febrero de 2005, cinco hombres armados se hicieron con el control de la Penitenciaría Nacional, en Puerto Príncipe, donde estaba recluido Yvon Neptune. Los hombres dejaron libres a casi 500 presos y se llevaron a Yvon Neptune. Éste se puso en contacto con la MINUSTAH y se presentó nuevamente ante las autoridades. El 22 de abril, Yvon Neptune fue llevado a Saint-Marc a fin de que compareciera ante un juez de instrucción. Según informes, esta medida no fue comunicada a sus abogados que, en consecuencia, no pudieron acompañarlo. La vista judicial no llegó a celebrarse debido a que el juez no acudió al juzgado. Poco después, Yvon Neptune fue transferido a un anexo de la Penitenciaría Nacional, donde permanece bajo custodia. Neptune llevó a cabo una huelga de hambre para protestar por los retrasos y pedir su libertad. El 1 de mayo le comunicaron que podía ser transferido a un hospital de la República Dominicana por motivos de salud, pero se negó a abandonar Haití. Finalmente, el 25 de mayo, Yvon Neptune compareció ante un juez de instrucción de Saint-Marc. Amnistía Internacional considera que a Yvon Neptune se le ha denegado el disfrute de numerosos derechos, entre ellos el de igualdad ante la ley, el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a ser procesado sin dilación indebida y el derecho a ser oído públicamente y con justicia por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido por la ley. La organización también considera que Yvon Neptune ha sido detenido debido a sus opiniones políticas y que se trata de un preso de conciencia del Gobierno de Transición. Amnistía Internacional insta a las autoridades judiciales y al Gobierno de Transición a que devuelvan la libertad a Yvon Neptune mientras se espera la iniciación de su juicio, que deberá celebrarse de acuerdo con las normas internacionales de imparcialidad procesal.

6. Mujeres y niños amenazados con abusos

En épocas de conflicto y violencia política, es frecuente que las mujeres y los niños sean los más afectados. Esto es exactamente lo que ha ocurrido en Haití. El conflicto que azotó a todo el país a principios de 2004 se ha visto sucedido por la violencia aleatoria con un trasfondo político, pero en ambos contextos las mujeres han sido víctimas de abusos contra los derechos humanos.

Es difícil documentar pormenorizadamente los abusos contra los derechos humanos infligidos a las mujeres, incluidos la violación y otros abusos sexuales y la violencia en el ámbito familiar. Sólo una pequeña proporción de estos abusos se denuncia a las organizaciones de mujeres y de derechos humanos, ya que las víctimas temen por su vida o tienen miedo de que sus agresores las hagan objeto de represalias. En casi todos los casos los responsables eluden el castigo. La mayoría de las supervivientes que se han entrevistado con Amnistía Internacional han dicho que denunciar sus casos a la policía no sólo era inútil sino que, además, podía poner en peligro su seguridad. Son escasísimos los casos de violación u otros actos de violencia contra las mujeres que se hayan hecho públicos en la prensa local.

De modo parecido, los niños de la calle se ven sumamente expuestos a la violencia política y las consecuencias del conflicto armado. Se calcula que 3.000 niños viven en las calles de Puerto Príncipe, gravemente marginados por el resto de la población, y no es raro que se conviertan en blanco de los grupos parapoliciales.

Violencia contra las mujeres

La violencia contra las mujeres es particularmente intensa en ausencia del Estado de derecho, como ocurre en gran parte del territorio de Haití. Las mujeres son víctimas de la violencia aleatoria en los barrios pobres de la capital y las campañas de terror caracterizadas por violaciones, asesinatos, incendios y saqueos. Como jefas de la mayoría de las familias haitianas, las mujeres también son las más afectadas por la inseguridad que reina de modo creciente en el país, lo cual tiene repercusiones directas sobre las actividades económicas del sector informal en el que la mayoría de ellas se gana el sustento.

Se han recibido denuncias de violaciones por motivos políticos durante la rebelión armada de febrero de 2004 y poco después de ella. La elevada incidencia de este tipo de violencia contra las mujeres constituye un grave motivo de preocupación. Se persigue a las mujeres porque se cree que sus esposos u otros familiares son simpatizantes del partido Familia Lavalas.

Tanto los testimonios directos de supervivientes recogidos por Amnistía Internacional como los informes en poder de la organización indican que los actos de agresión contra las mujeres forman parte de un cuadro sistemático que incluye actos de extrema violencia.(30) Habitualmente, las mujeres y las niñas son atacadas en su casa o en la casa de familiares o amigos. La agresión suele ser obra de grupos de hombres fuertemente armados que irrumpen en las casas y someten a sus víctimas a violaciones en grupo y otras formas de violencia sexual. A menudo, los hombres van enmascarados para ocultar su identidad. Es frecuente que la violación se cometa en presencia de los hijos u otros familiares de la víctima.

La mayoría de las mujeres que han sido objeto de actos de violencia sexual no tienen a dónde ir y se ven obligadas a quedarse en su casa, que es a menudo donde tuvo lugar el atentado. Otras, por temor o debido a la presión de sus esposos o compañeros, se ven obligadas a abandonar su hogar. Se han recibido denuncias sobre casos en que el esposo ha echado de la casa a la esposa tras haber sido ésta violada, por temor a que se haya infectado de VIH u otras enfermedades de transmisión sexual.

Ejemplo de caso: Violación a manos de agresores desconocidos Durante la noche del 22 de septiembre de 2004, en Delmas 17, Puerto Príncipe, cuatro hombres armados y encapuchados que vestían de civil acudieron al domicilio de Jane (nombre ficticio). El esposo de Jane no se encontraba allí, pero su hijo pequeño y tres de sus amigas dormían en la casa. Pese a que estaba embarazada de ocho meses, la obligaron a tumbarse cabeza abajo junto con las otras tres mujeres. Los hombres les dieron golpes y puntapiés y les pisaron la espalda antes de violarlas. Al niño, que presenció la agresión, lo amordazaron con un pañuelo. Los hombres se llevaron todas las posesiones de Jane, incluidas las ropas de sus hijos. Jane fue al hospital en varias ocasiones pero no consiguió que le hicieran un reconocimiento médico para certificar la condición en la que se encontraba tras la agresión sufrida. Posteriormente dio a luz a un bebé que, según informes, sufre graves trastornos de salud. Jane no puede costear el tratamiento médico que necesita su bebé. De acuerdo con los informes, su esposo, al regresar, la echó de la casa porque había sido violada y "podía tener infecciones". Jane dijo a Amnistía Internacional que ella también se sentía "humillada y aterrorizada" y no iba a denunciar el hecho a la policía.

Muchas mujeres no pueden identificar a sus agresores porque éstos ocultan su identidad con una máscara. No obstante, algunas mujeres han afirmado que sus agresores eran miembros de bandas que controlaban el barrio o de bandas rivales que habían penetrado en la zona. Éste parece ser el caso en Cité Soleil, donde bandas de diferentes afiliaciones políticas llevan más de un año enfrentándose sin que las autoridades hayan tomado prácticamente ninguna medida para impedirlo. Amnistía Internacional ve con preocupación que las mujeres de Cité Soleil están sumamente expuestas en este contexto de violencia y desorden generalizados. La organización sigue recibiendo informes que indican que los miembros de las bandas violan a las mujeres y las someten a otras formas de violencia con total impunidad.

La legislación haitiana establece que la violación es un delito punible con la cárcel. Sin embargo, el índice de condenas por violación es muy bajo. Uno de los motivos es la inacción de las autoridades a la hora de procesar a los presuntos autores, especialmente cuando se trata de agentes estatales. Esto contribuye a la perpetuación de la violencia contra las mujeres. Éstas no pueden obtener resarcimiento y, en la mayoría de los casos, no reciben tratamiento médico adecuado ni apoyo psicológico alguno de las instituciones públicas. Ello se debe, en parte, a la escasez de recursos que sufre el sistema de salud pública, problema que se ve agravado por los elevados índices de pobreza.

Las mujeres que trabajan en el sector informal, principalmente como vendedoras callejeras, se enfrentan a la amenaza constante de la violencia indiscriminada de los "bandidos" armados que crean un clima de terror, situación que rara vez es abordada por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Ejemplo de caso: Violación a manos de presuntos agentes de policía El 9 de julio de 2004, entre las once de la noche y la medianoche, tres hombres que llevaban pasamontañas y ropa de color negro violaron y golpearon a Mary (nombre ficticio) en su domicilio de Delmas 33, Puerto Príncipe. Mary estaba embarazada de tres meses. Según se afirmó, los hombres eran agentes de la Policía Nacional que habían ido a buscar al esposo de Mary, ex empleado del Palacio Nacional durante la presidencia de Jean-Bertrand Aristide. Mary fue llevada al Hospital Universitario Estatal de Haití de Puerto Príncipe, donde recibió tratamiento y un certificado médico en el que se constataba "posible violencia sexual e infección genital". Tras la agresión, Mary pasó más de dos semanas sin poder caminar y tuvo que abandonar Puerto Príncipe. Su esposo todavía estaba oculto cuando Amnistía Internacional se entrevistó con ella. Mary dijo que le daba mucho miedo denunciar el incidente a la policía.

Ejemplo de caso: Violación a manos de presuntos miembros de bandas D.P. (se omite el nombre completo), de 19 años, fue violada en su domicilio la noche del 13 de septiembre de 2004. Aproximadamente a las once de la noche, cinco hombres que llevaban capuchas y ropa de color negro forzaron su entrada en la casa de D.P. en Cité Soleil, Puerto Príncipe, y la violaron en presencia de sus hermanos, a los que mantuvieron tumbados en el suelo a punta de pistola. Los agresores amenazaron a D.P. con matarla si denunciaba el hecho. Temiendo por su vida, los dos hermanos abandonaron la casa y desde entonces viven en las calles de Puerto Príncipe. D.P. cree que sus agresores son miembros de la banda local que controla la zona de Brooklyn, en Cité Soleil. Tras el atentado, D.P. no recibió ningún tratamiento médico ni apoyo psicológico, ya que no podía costear una visita médica. Cuando se entrevistó con Amnistía Internacional, todavía sufría dolores en la región pélvica. D.P. dijo que otras mujeres del barrio habían sufrido agresiones similares.

Violencia contra los niños

Los niños que viven en la calle están especialmente expuestos a la violencia. En Haití, estos niños sufren una discriminación profunda y suelen ser blanco de violencia indiscriminada y represión policial. Amnistía Internacional ha recibido varios informes preocupantes sobre casos de hostigamiento, malos tratos, "desaparición" y ejecución extrajudicial de niños de la calle y otros menores de edad.

Una gran proporción de las violaciones de derechos humanos que se cometen hoy en día contra los niños haitianos, especialmente actos de tortura y homicidios ilegítimos, son obra de agentes de policía en el curso de operaciones supuestamente destinadas a combatir la delincuencia. En este contexto se califica indiscriminadamente a los niños de delincuentes a fin de justificar las acciones policiales emprendidas en su contra, que en muchos casos entrañan violaciones graves de los derechos humanos.

El número y la envergadura de estas violaciones podría ser mucho mayor de lo que indican las cifras disponibles. Los expertos en este campo afirman que muchos casos no son denunciados debido a la falta de testigos, a que muchas víctimas o sus familiares viven en los márgenes de la sociedad y a que, teniendo escasos vínculos familiares, las víctimas tienden a permanecer anónimas y son olvidadas. Muchas víctimas y sus familiares se abstienen de presentar denuncias debido a que están atemorizadas o no creen que podrán obtener justicia.

La policía también es responsable de otros tipos de violaciones de derechos humanos de las que se hace objeto a los niños, como la detención arbitraria y los malos tratos bajo custodia. En estos casos, y especialmente en los casos de tortura, se cometen los abusos durante interrogatorios sobre operaciones delictivas o sobre el paradero de delincuentes buscados.

Conclusiones y recomendaciones

El desafío que plantea la necesidad de invertir el proceso de erosión de los derechos humanos fundamentales de los haitianos es enorme y exige un compromiso sostenido del Gobierno de Transición y la comunidad internacional.

Los agentes de la Policía Nacional de Haití siguen deteniendo arbitrariamente, maltratando y dando muerte ilegítimamente a los ciudadanos y haciendo uso excesivo de la fuerza contra ellos de un modo habitual. La deficiente actuación de la policía a la hora de enfrentar la delincuencia, el elevado grado de corrupción que, según informes, existe en su seno y las violaciones de derechos humanos cometidas a diario por las fuerzas de seguridad plantean más amenazas graves a la paz y la estabilidad del país y crean un grado aún más elevado de desconfianza hacia las fuerzas de seguridad entre la población haitiana.

Amnistía Internacional exhorta al Gobierno de Transición a romper este ciclo letal de violaciones de derechos humanos dando prioridad al respeto y la protección de los derechos humanos en todas las medidas que se adopten para reformar la Policía Nacional.

Amnistía Internacional ve con honda preocupación el desprecio por la vida y la integridad física de las personas que reina en Haití y reitera su llamamiento al Gobierno de Transición y a la MINUSTAH para que lleven a cabo investigaciones independientes y exhaustivas sobre todas las violaciones de derechos humanos cometidas en el país.

Amnistía Internacional considera que el Gobierno de Transición está fallando a la hora de comprometerse pública y firmemente a proteger los derechos humanos y poner fin al ciclo de la impunidad. Los autores de graves violaciones de derechos humanos siguen deambulando en libertad por todo el país.

Amnistía Internacional siente consternación frente al hecho de que el Gobierno de Transición no haya hecho un intento serio de trabajar conjuntamente con la MINUSTAH para establecer un programa auténtico y duradero de desarme, desmovilización y reintegración, paso esencial para restablecer el Estado de derecho en todo el país.

Recomendaciones al Gobierno de Transición

Amnistía Internacional es consciente de que los objetivos de algunas de estas recomendaciones sólo podrán alcanzarse a medio o largo plazo. No obstante, con el apoyo de la MINUSTAH y la comunidad internacional, el Gobierno de Transición debe tratar de echar los cimientos de un cambio positivo y efectivo.

1. Condenar todas las violaciones de derechos humanos

Condenar todas las formas de abuso contra los derechos humanos y dar muestras de su oposición total a ellos. Transmitir a todos los agentes estatales y no estatales el mensaje inequívoco de que no se tolerarán los abusos contra los derechos humanos en ninguna circunstancia. Mostrar su compromiso con la instauración del respeto por los derechos humanos en Haití y cooperar con la MINUSTAH y la comunidad internacional en esta tarea.

2. Poner en práctica un programa integral de desarme, desmovilización y reintegración

Adoptar de inmediato medidas efectivas para desarrollar, aplicar y supervisar un programa integral y sostenible de desarme, desmovilización y reintegración. En cada una de las fases de dicho programa, solicitar la ayuda e integrar la experiencia especializada de la comunidad internacional y el personal de la MINUSTAH. Aplicar el programa de desarme, desmovilización y reintegración de una manera imparcial a todos los grupos armados y a todos los civiles que posean armas. Establecer una comisión independiente compuesta de representantes de la sociedad civil, incluidos los medios de comunicación, encargada de inspeccionar y supervisar el proceso de desarme, desmovilización y reintegración y presentar públicamente informes periódicos sobre los avances de dicho proceso.

3. Poner fin a las detenciones arbitrarias

Adoptar medidas eficaces para poner fin a la práctica generalizada de la detención arbitraria introduciendo de inmediato las siguientes salvaguardias prácticas:

· todas las detenciones deben ser registradas y supervisadas;

· debe hacerse comparecer a los detenidos ante un juez con prontitud; la Constitución de Haití establece que los detenidos deben ser puestos en libertad a menos que se los haga comparecer ante un juez dentro de un plazo de 48 horas;

· debe permitirse que los detenidos tengan acceso a abogados y médicos de su elección a partir del momento de la aprehensión;

· debe permitirse que todos los detenidos impugnen, si así lo desean, la legitimidad de su detención;

· los jueces deben tomar medidas para asegurarse de que los detenidos no han sido sometidos a tortura o malos tratos, y deben iniciar investigaciones criminales en los casos en que se hayan denunciado actos de tortura o malos tratos;

· debe instituirse un sistema de visitas de inspección periódicas e independientes, realizadas sin previo aviso y sin restricciones, a todos los centros de detención, incluidas las prisiones gestionadas por la Administración Penitenciaria Nacional y las comisarías de policía; dichas visitas podrían encomendarse a organizaciones no gubernamentales independientes a las que debería darse pleno acceso a todos los lugares de detención;

· deben proporcionarse de inmediato a familiares, abogados y juzgados datos precisos sobre la detención de toda persona y su lugar de reclusión, incluidos datos sobre transferencias y puesta en libertad;

· los presos deben ser puestos en libertad de una manera que haga posible la verificación fiable del hecho y que garantice su seguridad.

4. Garantizar juicios prontos e imparciales

Garantizar que todos los detenidos, incluidos los presos políticos, sean sometidos sin dilación a un juicio justo en el que se respeten todos los derechos de la defensa, incluido el derecho de apelación ante una autoridad judicial superior e independiente. Devolver la libertad a todos los presos políticos detenidos indefinidamente sin cargos ni juicio o sometidos a detención preventiva durante periodos prolongados a menos que se los vaya a someter a un juicio pronto e imparcial. Garantizar que los juicios se celebren de conformidad con las normas internacionalmente reconocidas de imparcialidad procesal, incluido el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que Haití es Estado Parte.

5. Poner fin a la tortura y los malos tratos

Adoptar medidas inmediatas para poner fin a la tortura y los malos tratos, incluida la falta de cuidados médicos para los presos y las condiciones penitenciarias que representan una amenaza para la vida. Introducir salvaguardias adecuadas para prevenir estos abusos, incluido el acceso pleno e inmediato de todos los presos a abogados, familiares y asistencia médica.

6. Prevenir las ejecuciones extrajudiciales

Adoptar medidas inmediatas para impedir la comisión de ejecuciones extrajudiciales, conforme a los Principios Relativos a una Eficaz Prevención e Investigación de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias, de la ONU. Entre dichas medidas deben incluirse las siguientes:

· condenar pública y enérgicamente las ejecuciones extrajudiciales;

· incorporar a la legislación nacional la prohibición explícita de las ejecuciones extrajudiciales y garantizar que se castigarán mediante penas adecuadas en cuya imposición se tenga en cuenta la gravedad del delito cometido;

· asegurar que los jefes de las fuerzas de seguridad mantengan un control estricto en la línea de mando a fin de garantizar que sus subalternos no lleven a cabo ejecuciones extrajudiciales;

· garantizar que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sólo harán uso de la fuerza cuando sea estrictamente necesario y únicamente en el grado mínimo que exijan las circunstancias; los medios letales sólo podrán utilizarse cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida;

· proteger las pruebas forenses hasta que se haya practicado una autopsia adecuada a cargo de un médico que posea las cualificaciones pertinentes y sea capaz de actuar con imparcialidad.

7. Prevenir las violaciones de derechos humanos contra las mujeres

Debe ponerse especial énfasis en la necesidad de que las mujeres tomen conciencia de los derechos que las asisten y que la sociedad haitiana en general sea consciente de su deber de respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales de las mujeres. El análisis de las cuestiones relativas a los derechos humanos de las mujeres debe incorporarse a todos los programas de educación y formación a nivel nacional.

El Gobierno de Transición debe adoptar medidas especiales para asegurar el respeto de la Declaración de la ONU sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Entre estas medidas deberá incluirse la prohibición inequívoca de la violencia basada en el género, tanto en público como en privado. El Gobierno de Transición debe dar prioridad a la elaboración de proyectos de ayuda para el desarrollo destinados a asegurar el disfrute de los derechos humanos, especialmente en el caso de las mujeres y las niñas.

8. Investigar los abusos

Todos los informes y denuncias sobre violaciones de derechos humanos deben ser investigados de manera pronta, imparcial y eficaz por un organismo que sea independiente de los presuntos responsables de dichos abusos y que esté dotado de las facultades y los recursos necesarios para realizar las investigaciones. Deben hacerse públicos tanto los métodos como los resultados de sus investigaciones. Los denunciantes, los testigos y otras personas en situación de riesgo deben ser protegidos de la intimidación y las represalias.

9. Llevar a juicio

Los autores de violaciones de derechos humanos deben ser procesados. Este principio debe aplicarse a todos los presuntos responsables, con independencia del tiempo transcurrido desde la comisión del delito. Los juicios deben ser justos y celebrarse de conformidad con las normas internacionales. No deben aprobarse medidas legislativas que eximan a los responsables de ser procesados o condenados.

10. Establecer el principio de la responsabilidad individual

La prohibición de las violaciones de derechos humanos debe reflejarse en la formación de los agentes estatales, incluidos los agentes de policía, los funcionarios judiciales y los guardias penitenciarios. Debe comunicarse a estos agentes que tienen el derecho y el deber de negarse a obedecer cualquier orden de participar en una violación de los derechos humanos.

11. Proporcionar reparación

Las víctimas de abusos contra los derechos humanos y las personas que dependían de una víctima fallecida deberán tener derecho a obtener reparación justa y adecuada del Estado, incluida la compensación económica.

12. Brindar formación adecuada

Debe asegurarse que los programas de formación de todos los agentes de policía y guardias penitenciarios incluyan la cuestión de la prohibición de la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones de derechos humanos. Los programas de formación deben basarse en las normas internacionales relativas al trato de los reclusos y al uso de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, entre ellas el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley; los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley; los Principios Relativos a una Eficaz Prevención e Investigación de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias; y las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, todos ellos de la ONU.

Recomendaciones a la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH)

La MINUSTAH debe continuar prestando asistencia en la esfera de la reconstrucción y formación de la Policía Nacional de Haití y otros organismos encargados de hacer cumplir la ley y asegurarse de que en estos esfuerzos se incluya formación sobre las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario. A fin de garantizar el restablecimiento del buen gobierno, el Estado de derecho y el respeto por los derechos humanos en Haití, es esencial reconstruir y proporcionar formación a una fuerza policial profesional y responsable.

1. Protección de la población civil

Elaborar con carácter de urgente una estrategia para la protección de los civiles en las operaciones conjuntas con la Policía Nacional de Haití. Asegurar que miembros del componente de derechos humanos de la MINUSTAH participen activamente en la planificación y ejecución de dichas operaciones.

2. Garantías de que no habrá "testigos silenciosos" internacionales

Todos los miembros del personal de la MINUSTAH, incluidos los que participan en operaciones militares, civiles y de ayuda humanitaria, deben presentar, por conductos claros y adecuados, informes sobre cualquier violación de los derechos humanos que hayan presenciado y cualquier denuncia seria que hayan recibido. La ONU debe adoptar medidas adecuadas, entre ellas medidas preventivas, para abordar todos los casos de violaciones de derechos humanos denunciados, ya sea su autor un agente estatal o un agente no estatal.

3. Responsabilidad individual, investigación y justicia

Debe establecerse explícitamente el principio de la responsabilidad individual por las violaciones de derechos humanos pasadas y presentes. La MINUSTAH debe ayudar al Gobierno de Transición a implantar mecanismos adecuados para garantizar que las denuncias sobre violaciones de derechos humanos sean investigadas de manera sistemática, exhaustiva e independiente. La misión debe asegurar que todos los autores de violaciones de derechos humanos sean llevados ante la justicia.

4. Vigilancia eficaz e independiente del respeto a los derechos humanos

Los observadores de los derechos humanos deben llevar a cabo investigaciones, comprobar si se está cumpliendo con las obligaciones contraídas en materia de derechos humanos y tomar medidas correctivas en los casos de violaciones de derechos humanos. Debe dárseles amplio acceso a todos los sectores de la sociedad y a las instituciones pertinentes, y debe garantizarse la plena protección de todas las personas que estén en contacto con ellos.

5. Informes públicos y frecuentes

A fin de garantizar la eficacia, seguridad y credibilidad de la MINUSTAH y su personal, deben presentarse con frecuencia informes públicos y exhaustivos sobre sus actividades y los resultados de sus investigaciones. Los informes deben difundirse tanto en el ámbito nacional como en el internacional.

6. Observadores de la policía civil internacional

Los agentes de la policía civil internacional deben vigilar, supervisar y proporcionar formación a la fuerzas de seguridad nacionales y comprobar si observan las normas internacionales de derechos humanos y justicia penal. Los observadores policiales deben cooperar plenamente con cualquier componente o mecanismo de derechos humanos y deben, a su vez, haber recibido formación sobre las normas internacionales de derechos humanos y justicia penal y respetarlas en todo momento. Deben, asimismo, presentarse informes públicos y exhaustivos sobre sus actividades.

7. Medidas para la protección de los derechos humanos a largo plazo

La MINUSTAH debe prestar asistencia para el establecimiento de instituciones nacionales permanentes, independientes y eficaces encargadas de velar por la protección a largo plazo de los derechos humanos y el restablecimiento del Estado de derecho. Entre dichas instituciones se contarán un poder judicial independiente y un sistema imparcial de administración de justicia penal. La misión podrá alentar a las autoridades a que creen otros mecanismos que contribuyan a reforzar el respeto por los derechos humanos, como defensores del pueblo o comisiones nacionales. Tales mecanismos deberán ser imparciales, independientes y competentes, y deberán estar dotados de las facultades y recursos necesarios para que su labor sea eficaz. Deberán, asimismo, ajustarse a las directrices internacionales y nunca se utilizarán como sustituto de un sistema judicial independiente e imparcial.

8. Programas de educación en derechos humanos y asistencia técnica

Deben ofrecerse programas de educación pública y formación sobre las normas de derechos humanos y los procedimientos de presentación de denuncias a todos los sectores, especialmente a la judicatura, los abogados y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Deben ofrecerse además otros programas de asistencia técnica, incluida la asistencia en materia de redacción de proyectos de ley en consonancia con las normas internacionales y el apoyo a las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos de Haití. Dichos programas no deberán utilizarse como sustituto de las actividades de vigilancia en la esfera de los derechos humanos a cargo de un componente de observadores especializados.

9. Respeto a los derechos humanos de las mujeres

Deben adoptarse medidas para garantizar la consideración y el respeto por las necesidades específicas de las mujeres en la situación actual de Haití. El personal encargado del mantenimiento de la paz debe recibir información sobre las tradiciones culturales locales y debe respetar la dignidad inherente a las mujeres y los derechos de éstas en todo momento. Los equipos de derechos humanos deben contar con miembros expertos en la cuestión de la violencia contra las mujeres, incluidos la violación y otros abusos sexuales.

Recomendaciones a la comunidad internacional

1. Mantener en Haití una presencia efectiva de observadores de los derechos humanos, dotada de recursos adecuados, durante todo el tiempo que sea necesario

La ONU debe prestar una atención constante y enérgica a los problemas que aquejan a Haití en la esfera de los derechos humanos. El componente de derechos humanos de la MINUSTAH debe desempeñar un papel decisivo a la hora de observar y hacer públicos los abusos contra los derechos humanos y fomentar el respeto por los derechos humanos y la protección de éstos. La presencia de la MINUSTAH durante la fase de transición al gobierno democrático y el periodo posterior sigue siendo esencial, y debe dotarse a la misión de suficientes recursos humanos y económicos. La comunidad internacional debe estar dispuesta a condenar públicamente las violaciones de derechos humanos durante el proceso de transición y con posterioridad a él y a asegurar que se pongan en práctica en su totalidad y sin dilación las recomendaciones formuladas en lo relativo a la reforma institucional. Las medidas adoptadas con vistas a la protección de los derechos humanos deben ser revisadas de forma periódica, reforzadas si es necesario, y evaluadas adecuadamente al finalizar la misión.

2. Garantizar la independencia estructural y política del componente de derechos humanos

Asegurar que las disposiciones relativas al componente de derechos humanos de la MINUSTAH sean explícita y estructuralmente independientes de los aspectos políticos de la misión.

3. Contribuir a la reconstrucción y consolidación del sistema judicial

La rebelión armada causó la destrucción casi total del sistema judicial. Los edificios de los tribunales han sido incendiados o destruidos. La protección a largo plazo de los derechos humanos depende de la existencia de un sistema judicial efectivo, reforzado por una judicatura independiente, imparcial, accesible y dotada de recursos adecuados. La comunidad internacional debe contribuir a la reconstrucción de un sistema judicial eficaz en Haití. Pero es necesario que esta iniciativa vaya acompañada de una política resuelta del gobierno encaminada a hacer rendir cuentas de sus actos a los responsables de abusos contra los derechos humanos.

Recomendaciones al Consejo de Seguridad de la ONU

El Consejo de Seguridad de la ONU debe instar al Gobierno de Transición de Haití a adoptar de inmediato las siguientes medidas:

· poner en práctica todas las recomendaciones pendientes formuladas por el experto independiente, Louis Joinet, entre ellas la garantización del respeto a la independencia del poder judicial y la restricción del uso de la fuerza por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley conforme a las normas internacionales;

· crear mecanismos que garanticen que todas las denuncias sobre violaciones de derechos humanos serán investigadas de manera exhaustiva e independiente y que los presuntos responsables serán enjuiciados ante tribunales civiles mediante procedimientos que se ajusten a las normas internacionales sobre garantías procesales;

· proporcionar resarcimiento, incluida compensación, a las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familiares;

· garantizar a todos los ciudadanos de Haití el disfrute del derecho a la libertad de expresión y asociación, sin temor de convertirse en víctimas de hostigamiento, detención, tortura, malos tratos, reclusión arbitraria o ejecución extrajudicial.

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(1) Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Human Development Report for Haiti, 2003. Disponible (en inglés) en: http://hdr.undp.org/statistics/data/cty/cty_f_HTI.html.

(2) Doc. ONU E/2004/80. Consejo Económico y Social, Programa a largo plazo en apoyo de Haití, Informe del Secretario General, 16 de junio de 2004, párr. 44.

(3) Doc. ONU S/PRST/2005/1. Consejo de Seguridad de la ONU, Declaración del Presidente al Consejo de Seguridad, 12 de enero de 2005.

(4) Índice AI: AMR 36/038/2004.

(5) Doc. ONU S/2004/908. Informe del Secretario General sobre la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití, 18 de noviembre de 2004, párr. 41.

(6) Doc. ONU S/2005/302. Informe sobre la Misión del Consejo de Seguridad en Haití, 13 a 16 de abril de 2005, 6 de mayo de 2005.

(7) Robert Muggah, Securing Haiti’s Transition: Reviewing Human Insecurity and the Prospects for Disarmament, Demobilization and Reintegration, Estudio sobre Armas Pequeñas y Ligeras, 2005.

(8) La Policía Nacional de Haití fue creada en 1995 y, desde entonces, es la única fuerza de seguridad legal. A principios de 1995, tras el derrocamiento del gobierno militar de facto a raíz de la invasión estadounidense, Jean-Bertrand Aristide regresó del exilio y firmó un decreto presidencial mediante el cual se disolvían y desmovilizaban las Fuerzas Armadas de Haití que lo habían apartado del poder el 30 de septiembre de 1991.

(9) Doc. ONU S/2005/302. Informe sobre la Misión del Consejo de Seguridad en Haití, 13 a 16 de abril de 2005, 6 de mayo de 2005, párr. 27.

(10) Doc. ONU, S/2005/313. Informe del Secretario General sobre la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití, 13 de mayo de 2005. Disponible en:

http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/341/54/PDF/N0534154.pdf?OpenElement.

(11) Resolución 1542 (2004) del Consejo de Seguridad de la ONU, disponible en http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/333/01/PDF/N0433301.pdf?OpenElement. Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas: Acción en caso de amenazas a la paz, quebrantamientos de la paz o actos de agresión.

(12) Véanse, por ejemplo, el informe del Centro para el Estudio de los Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Miami titulado Haiti. Human Rights Investigation: November 11-21, 2004 (disponible en: www.law.miami.edu/cshr/CSHR_Report_02082005_v2.pdf); y el informe de Harvard Law Student Advocates for Human Rights, Cambridge, Massachusetts, y Centro de Justiça Global, Río de Janeiro y São Paulo, Brasil, titulado Keeping the Peace In Haiti? (disponible en: www.law.harvard.edu/programs/hrp/CAP/Text/Haiti_English_Final.pdf).

(13) Véanse los informes del secretario general sobre la MINUSTAH de fecha noviembre de 2004 (Doc. ONU S/2004/908) y febrero de 2005 (Doc. ONU S/2005/124).

(14) Entrevista de Amnistía Internacional con una víctima de la represión policial en Bel-Air, octubre de 2004.

(15) Doc. ONU S/2005/302. Informe sobre la Misión del Consejo de Seguridad en Haití, 13 a 16 de abril de 2005, párr. 42.

(16) Entre estas normas están el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley y los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.

(17) Según los informes recibidos, en Haití hay sólo dos médicos forenses capacitados para practicar autopsias; uno de ellos es portavoz de la Policía Nacional.

(18) En 2004, durante varios meses consecutivos, se presentaron problemas para la inhumación de cadáveres debido a que la cámara de refrigeración del depósito estaba averiada; según informes, los cadáveres en descomposición fueron apilados en estacionamientos de autos.

(19) En su preámbulo, la Constitución define el derecho a la vida como "inalienable e imprescriptible". Asimismo, en su artículo 19 se establece: "El Estado tiene la obligación absoluta de garantizar el derecho a la vida, a la salud y al respeto de la persona humana a todos los ciudadanos sin distinción alguna, conforme a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre".

(20) Constitución de Haití, artículo 269.

(21) Ministerio de Justicia, Dirección General de la Policía Nacional, Code de Deontologie. Disponible en: http://www.un.org/rights/micivih/livrets/codepol.htm.

(22) Código Penal de Haití, artículo 147.

(23) Código Penal de Haití, artículos 247 y 249.

(24) El Programa de 14 puntos de Amnistía Internacional para la prevención de las ejecuciones extrajudiciales (Índice AI : POL 35/03/93), basado en estos principios, está disponible (en inglés) en: http://web.amnesty.org/pages/aboutai-recs-executions-eng.

(25) Haïti Progrès, 3 al 9 de noviembre de 2004, p.1.

(26) Según Louis Joinet, experto independiente de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Haití, en este país hay solamente 750 abogados. Fuente: Situación de los derechos humanos en Haití. Informe presentado por el Experto Independiente, Sr. Louis Joinet. Doc. ONU E/CN.4/2005/123, 24 de enero de 2005. Disponible en:

http://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G05/104/48/pdf/G0510448.pdf?OpenElement

(27) Los attachés eran esbirros civiles a los que se reconocía porque llevaban sombreros verdes y garrotes. Se reagruparon bajo las órdenes de los jefe de sección.

(28) El territorio de Haití está dividido administrativamente en nueve departamentos, que se dividen a su vez en "arrondissements", y éstos en comunas, compuestas por secciones comunales. Durante el régimen de Duvalier y el gobierno de facto, cada sección comunal tenía un "jefe" que actuaba como autoridad encargada de hacer cumplir la ley y rendía cuentas a los jefes militares regionales. Estos "jefes", conocidos también como "policías rurales", tenían poder absoluto sobre sus "circunscripciones".

(29) El artículo 26 de la Constitución de Haití establece: "[N]inguna persona podrá ser mantenida en reclusión durante más de cuarenta y ocho horas a menos que haya comparecido ante un juez que haya determinado si la detención es legítima y la haya confirmado mediante una decisión bien fundada" .

(30) Véase Médicos Sin Fronteras, Caught in Haiti’s cross-fire. Disponible en: http://www.doctorswithoutborders-usa.org/news/2005/04-01-2005.cfm